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27 de junio de 2009

EX JEFES POLICIALES DESVIRTÚAN LA VERSIÓN DE CABANILLAS


Según los generales en situación de retiro Luis Montoya y José Tisoc, el ministro es quien ordena las operaciones. Dicen que el plan operativo y la orden de operación deben ser aprobados por el titular del sector.

La ministra había asegurado que la orden de desalojar la Curva del Diablo la dio el director de la PNP. (Yael Rojas)

Dos ex directores generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) pusieron en cuestión ayer la defensa ensayada por la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, quien, durante la interpelación del jueves último en el Congreso, evadió su responsabilidad en el fallido operativo policial en Bagua. Ante el Pleno del Parlamento, la titular del sector dijo que quien ordenó el desalojo de la zona denominada Curva del Diablo fue el director general de la Policía, “en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales”.

Según el general (r) PNP Luis Montoya Villanueva, “en estos casos las órdenes vienen del aparato político, del ministro del sector o, incluso, del propio presidente de la República. Ahora, si el director general ve que una operación puede generar costos sociales elevados, debe decírselo al ministro; pero, claro, eso ocurre cuando el director general tiene pantalones y opina, no cuando agacha la cabeza”.

Por su parte, el general (r) PNP José Tisoc Lindley indicó que “toda actividad de esa magnitud debe ser consultada con el ministro y, si se planifica un operativo, este también tiene que contar con la autorización del ministro”.

EL PROCEDIMIENTO. Ambos ex jefes máximos de la Policía explicaron a este diario que, antes de un operativo, el alto mando de la Policía elabora dos documentos: el Plan General de Operación y la Orden de Operación. El primero es diseñado por la Dirección de Operaciones Policiales (Direop) y establece el número de efectivos, armas, transporte, entre otros factores, necesarios para la acción. Este documento debe ser aprobado por el director general y, luego, por el ministro. El segundo lo elaboran los jefes de la zona que van a ejecutar la operación, pero también requiere de la aprobación de la Direop, del director general y, por supuesto, del ministro del Interior.

Este procedimiento se siguió en operativos exitosos como el de Santa Anita, el del Alto Huallaga –con las protestas cocaleras–, Corral Quemado versión 2008 e, incluso, en situaciones difíciles como las de llave, Andahuaylas y Moquegua. Según Tisoc y Montoya, es imposible que en el caso de Bagua no se haya procedido de esta manera.

Diario Perú 21-Lima 27/06/2009





SIGUE BÚSQUEDA DE NATIVOS


El asesor legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Juan José Quispe, confirmó ayer la desaparición de nativos indígenas, entre los que se hallarían inclusive apus, que se enfrentaron a la policía en la “Curva del Diablo”, y adelantó que a más tardar el 15 de julio dará a conocer la cifra exacta de los nativos que se encuentran en esa condición.

La información fue contrastada por LA PRIMERA con otras fuentes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la Defensoría del Pueblo, que señalaron que la lista preliminar existente consigna a 61 personas cuyo paradero se desconoce hasta el momento, se han sumado otro grupo de desaparecidos que no cuentan con Documento Nacional de Identidad (DNI) y varios menores de edad, que no han retornado a sus respectivas comunidades.

Sigue investigación
“Lo que sucede es que el cruce de informaciones sobre posibles desaparecidos demora porque las comunidades indígenas están muy alejadas entre sí y en zonas inhóspitas. En algunas ya se ha podido determinar casos y en otras todavía no. Pero para mediados de julio tendremos el número exacto de desaparecidos”, subrayó Juan José Quispe.

Diario La Primera-Lima 27/06/2009





LOBBIES Y CONFLICTOS SOCIALES


Por Alberto Adrianzén M. (*)

Las respuestas tanto del Presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, como de la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, durante la interpelación, demuestran la incapacidad del poder para entender lo que viene ocurriendo en el país. La falta de ideas es tan obvia que han tenido que recurrir una vez más a dos viejos argumentos: a) el complot internacional de los “antisistema”; y b) que la solución a los conflictos se logra cuando se negocia directamente con los que demandan y al margen de intermediarios ya que estos, dice Simon, “anteponen temas políticos”.

Si se observa bien, ambos argumentos apuntan a lo mismo: negarle a los que demandan la posibilidad de hacer política. Ya sea porque son unos simples “títeres” de algún líder o país conspirador (y si es “chavista”, mejor), o, simplemente, porque la política es mala. Lo que dice Simon luego de un curso veloz de “conflictología” es bastante elocuente: “Lo que he aprendido después de veinte horas de diálogo con las comunidades, es que cuando ellos hablan con voz propia, y demuestran sus necesidades que son justas, no hay dificultades, pero cuando alguien los suplanta a ellos y antepone temas políticos, allí están las dificultades”.

Sería bueno preguntarle qué entiende primero por hablar “con voz propia” y segundo por qué asocia palabras como suplantación, temas políticos y dificultades. En realidad, lo que Simon está diciendo es que toda representación política de una de las partes del conflicto (me refiero del lado de aquellos que demandan) es siempre negativa, porque, finalmente, “politiza” el conflicto. La idea de que el pueblo es una suma de “sindicatos” o de “demandantes” y que no merece una representación política (es decir, una identidad política), es el viejo discurso fujimorista y/o autoritario. Al poder le conviene negociar uno por uno cada conflicto (es el triángulo sin base de Julio Cotler); que los demandantes no junten sus demandas, y menos que alguien los represente y que tengan una identidad política. En este contexto Simon antes que un Gandhi que recorre el país proclamando paz y amor, es un pacificador colonial y un padrino al mismo tiempo.

Hoy se habla de éxito en la selva y en Andahuaylas. Cuál éxito, uno se pregunta. Firmar un acta, crear una mesa de diálogo o lograr una tregua que seguramente durará poco tiempo, a estas alturas no es ningún éxito, ya que repite el viejo patrón de comportamiento de los últimos gobiernos. Y es que el problema de nuestro sistema político es que no tiene formas de resolver o de dirimir los conflictos porque aquellos que demandan carecen de representación (e identidad) política. Cuando eso sucede, los desacuerdos no se pueden dirimir mediante formas que la institucionalidad ha ido creando con el tiempo. En estos contextos los conflictos son inacabados, eternos.

Por eso los gobiernos firman actas y crean mesas de diálogo como una manera de mecer o de patear el problema hacia delante; es decir, de no resolver los conflictos y las demandas. Y por eso, también, estamos sujetos-como hoy se demuestra en algunos casos- al chantaje de minorías (incluyo a los lobbies) capaces de generar grandes crisis políticas. Confundir la solución momentánea de un conflicto (otros dirían mecida) con la pacificación, es un error político.

De ahí que los conflictos estallen cada cierto tiempo (son casi estacionales) porque el gobierno no cumple con sus promesas o con las actas firmadas o con las famosas mesas de diálogo. Lo que viene sucediendo, como lo señaló Mirko Lauer en una de sus columnas, es que los instrumentos (mesas de diálogo o actas) para resolver los conflictos sociales en el país se han agotado. Por eso, lo que hace Simon es repetir un viejo libreto. No hay ninguna novedad. Emplea los viejos mecanismos de “solución” que no son solución. Es el “señor” que “escucha” al pueblo. Un Gan-dhi “bamba”.

Lo que vienen mostrando estos conflictos, además, es que los lobbies y los lobistas son los culpables, en gran medida, de lo que está sucediendo hoy. Simon, en lugar de responsabilizar a la oposición por los sucesos de Bagua, le debería preguntar a su ministra de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, por qué mintió, como afirma El Comercio, al decir que la derogación de los DL sobre la selva ponía en peligro el TLC con EEUU y cómo fue el “contrabando legislativo” en la fabricación de estos mismos decretos. O al ministro de Energía, por qué hoy los peruanos nos quedamos sin gas.

Sospecho que la respuesta sería la misma: los lobbies. Hoy el Estado peruano está colonizado por estos lobbies. Ellos presionan y sacan leyes que, por lo general, no favorecen a la población. Sin embargo, estos últimos conflictos estarían mostrando que ese Estado servicial con lobbies y lobistas, está en crisis. Y eso es una buena noticia para la democracia y para el país.

Diario La República-Lima 27/06/2009





Acreedores no aceptan “propuesta” de Doe Run y sostienen que se necesitan 100 millones como mínimo para que siga funcionado.
LLEGÓ A SU HORA CERO


Situación se agrava en el complejo de La Oroya.

DETALLE

Doe Run planteó el miércoles una inyección de 31 millones de dólares de capital fresco por parte del accionista mayoritario y pidió al gobierno una extensión de 30 meses del PAMA. Además, ofreció pagar sólo un tercio de la deuda, comprometiéndose a cancelar la diferencia en tres años.

El gerente general de la minera El Brocal, una de las acreedoras más importantes de Doe Run Perú, Ysaac Cruz, manifestó ayer que es inaceptable y poco serio el plan de rescate que presentó la firma el miércoles, y manifestó que dicha propuesta ha sorprendido a los acreedores, ya que nunca fue presentada en ninguna de las reuniones que han mantenido con la empresa.

“Doe Run debe a sus acreedores 110 millones de dólares, pero pretende pagarles sólo 30 millones para que se les siga proveyendo mineral. Además, pide beneficios tributarios y la extensión del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), lo que es inaceptable y poco serio”, afirmó.

En ese sentido, manifestó que ante la actual situación, la viabilidad de las operaciones de Doe Run está en peligro, y señaló que la única solución pasa por inyectar capital fresco de trabajo de por lo menos de 100 millones de dólares, además de buscar financiación para el cumplimiento del PAMA.

Mala administración
Para el analista de temas mineros José de Echave, la crisis que actualmente afronta la empresa es el resultado de una mala administración y poca transparencia en sus movimientos bancarios, ya que, agregó, una empresa que ha tenido utilidades durante los últimos tres años, no puede alegar que no tiene dinero para cumplir con sus obligaciones.

“Esta empresa ha entrado en este mal momento financiero por los malos manejos. Sin embargo, pese a que están en un grave problema, no quieren meter manos a los bolsillos, pretendiendo que el Estado se haga cargo”, concluyó.

De otro lado, indicó que la situación de inestabilidad que actualmente viven los trabajadores es única y exclusivamente responsabilidad de la empresa y sus malos manejos.

Diario La Primera-Lima 27/06/2009





ACUSAN A MINERA RÍO BLANCO DE CREAR ORGANIZACIONES "PARALELAS" EN PIURA


La empresa minera Río Blanco crea organizaciones “paralelas” en la sierra de Piura, para generar conflictos ya que no ha logrado la aceptación de la población, opinó la subdirectora de la ONG Cooper Acción, Julia Cuadros.

Cuadros Falla dijo que esta situación forma parte de una estrategia de la minera que opta por la creación de organizaciones paralelas que cumplan el rol de provocar a la población y de esta manera acallar los reclamos de la misma, tal como ocurrió cuando se constituyó el Frente por la Unidad de Segunda y Cajas.

Recordemos que este frente fue el que denunció por terrorismo y otros delitos a 35 líderes y defensores de los derechos humanos; denuncia que careció de fundamentos y que fue finalmente archivada por el Poder Judicial.

De la misma manera, la minera estaría actuando en coordinación con ONG Integrando, la cual ha sido cuestionada por generar conflictos entre los mismos pobladores de la zona.

Además, se ha creado una organización de rondas paralela a la ya existente, la cual tendría la finalidad de generar enfrentamientos entre los comuneros.

En tanto, los representantes de la Central Única Provincial de Rondas Campesinas de Huancabamba emitieron un pronunciamiento público donde denuncian la conformación de una organización rondera paralela.

Recordaron que fueron elegidos democráticamente el 7 de julio del 2008 y ratificados en consejo extraordinario del 5 de abril del presente año, que tuvo como veedor al máximo representante de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas, Daniel Idrogo.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 26/06/2009





Si la empresa metalúrgica concreta la propuesta económica
TRABAJADORES DE DOE RUN DESISTIRÍAN DE PEDIR ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA


Los trabajadores de la fundición de La Oroya están evaluando la propuesta emitida a través de un comunicado por Doe Run. Así lo informó Roiberto Guzmán, secretario general del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de La Oroya.

Aunque la decisión de presentar ante el Poder Judicial una medida cautelar que permitiría a los trabajadores asumir la administración de la compañía se mantiene, de concretarse la propuesta técnica presentada por Doe Run ésta pondría fin a las pretensiones de los empleados.

En diálogo con la CNR, el dirigente informó que tras conocer el comunicado de Doe Run dirigieron una carta a la empresa pidiendo que oficialice la propuesta, tras lo cual los representantes de la compañía convocaron a los trabajadores para darles mayores alcances de las medidas que tienen previsto implementar para reiniciar los trabajos.

Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas en La Oroya los convocó también a una reunión hoy para explicar la situación y escuchar las propuesta de los trabajadores.

Luego de la paralización que hicieran los trabajadores del complejo metalúrgico y la tregua de 30 días que le dieran al gobierno y la empresa, el último jueves Doe Run emitió un comunicado afirmando que no está en bancarrota. El mismo escrito propone inyectar más de 30 millones de dólares a la compañía. Doe Run aseguró poder amortizar la deuda con sus proveedores en tres años más. También pidió la prórroga del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) por 30 meses más.

Frente a ello, y mientras no haya una respuesta oficial de parte de los acreedores y los trabajadores, el futuro de la fundición es incierto.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 26/06/2009