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26 de junio de 2009

Bloquean vías en Puno, mientras en Cusco dirigentes de Sicuani evalúan fracaso de reunión con Simon. La Oroya se calma, pero Juliaca se enciende.
SIGUEN CONFLICTOS SOCIALES


En compás de espera la situación en Cusco. Las tensiones no descienden.

SIGUE EL PEDIDO

El dirigente de La Oroya explicó que continúa la decisión del sindicato de interponer una medida cautelar al Poder Judicial para solicitar la administración judicial del Complejo Metalúrgico de La Oroya. “Esa fue una decisión del sindicato de trabajadores y estará interponiéndose en Lima, pero queremos escuchar también la versión de la empresa”, refirió, dejando en compás de espera las nuevas acciones.

El viaje de Yehude Simon, previo a la interpelación, no apaga los incendios sociales que siguen remeciendo el país. Mientras los representantes del Ejecutivo y del Gobierno Regional del Cusco justificaron ayer su fracaso en las negociaciones con los dirigentes campesinos de la provincia de Canchis, surgen nuevas protestas en otras zonas. Más vías en Puno fueron bloqueadas y ahora es Juliaca la ciudad que concentra las mayores tensiones.

Exigiendo la derogatoria del Decreto Legislativo 29338, Ley de Recursos Hídricos, la Federación Departamental de Campesinos de Puno reafirmó la paralización de diversas provincias de este departamento. Diversos piquetes de pobladores obstaculizan las carreteras a la zona oriente de la región Puno, provincia de Huancané, impidiendo el acceso vehicular del transporte público y de productos con la ciudad de Juliaca, que ya empieza a sentir el desabastecimiento.

Según informó Ideeleradio, la vía Juliaca-Cusco también se encuentra bloqueada, pero en la ciudad de Juliaca, tanto el comercio como la movilización de vehículos era estable hasta la tarde de ayer pero los ánimos se vienen caldeando, hasta la espera de alguna modificación por parte de los dirigentes.

De otro lado, el dirigente del Frente de Defensa de los Intereses de la provincia de Canchis (Cusco), Alejo Valdez, informó que continúan en reunión con sus bases con el fin de evaluar si levantan la huelga indefinida que acatan desde hace 15 días y dar una tregua al Ejecutivo para solucionar su plataforma de lucha. “Se instaló una mesa de diálogo con el presidente del Consejo de Ministros; sin embargo, no se firmó ningún acta al no llegar a un acuerdo en la solución que el Ejecutivo plantea a nuestra plataforma de lucha en relación a la anulación del proyecto hidroeléctrico Sallca Pucará y las concesiones mineras”, dijo. Hasta el cierre, no se decide el desbloqueo de las vías. Por su parte, el presidente regional de Cusco, Hugo Gonzales Sayán, hizo una invocación a los comuneros en huelga a deponer su medida de fuerza para establecer una mesa de diálogo.

Justifican fracaso
De otro lado, el ministro de Trabajo, Jorge Villasante, quien participó en la mesa de diálogo de la ciudad de Sicuani, junto con el premier Yehude Simon y el ministro de Agricultura, Carlos Leyton, dijo a LA PRIMERA que el diálogo fracasó debido a “sectores intransigentes” que buscan desestabilizar al gobierno.

Asegura que una prueba de esta “estrategia” es que el pliego de reclamos de los comuneros de Canchis incluía propuestas ajenas a reclamos sociales, como la derogatoria de la Ley de Carrera Pública Magisterial.

Mientras, el dirigente del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de La Oroya (STMLO), Máximo Lagos, confirmó que la Carretera Central ya se encuentra totalmente desbloqueada desde ayer, en acatamiento al acuerdo de suspender por 30 días el paro indefinido de los trabajadores de Doe Run Perú (DRP) y la sociedad civil de La Oroya, pero la lucha no cesa.

Diario La Primera-Lima 26/06/2009





YEHUDE SIMON Y MECHE CABANILLAS ESQUIVARON SUS RESPONSABILIDADES


Ministra dijo que el comando policial decidió intervención en bagua. Premier reveló que, en la víspera, el Consejo de Ministros determinó que había que “poner orden” en Curva del Diablo, pero con un costo mínimo.

Jorge Loayza.

El premier Yehude Simon reveló que en el Consejo de Ministros previo al 5 de junio se determinó que había que “poner orden” en la Curva del Diablo, mientras que la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, dijo que con la “decisión del gabinete” el comando de la Policía Nacional –y no ella– decidió la fecha y hora del operativo que costó la vida de 24 policías y 10 nativos.

El jefe del gabinete estuvo doce horas ante el pleno del Congreso. En la mañana respondió por la intervención de la Sunat en Panamericana TV, y en la tarde por el operativo de Bagua.

Según Simon, le iba a tomar pocos segundos señalar quién dio la orden, pero luego dijo que el tema era más profundo y dio un largo discurso en el que trató de explicar las causas del conflicto amazónico.

También culpó a cierto sector de la oposición por informar mal a los nativos.

Al final, Simon reveló que antes del operativo, en el Consejo de Ministros, se dijo que había que poner orden en la Curva del Diablo “pero con el costo mínimo”.

“Debemos reconocer que la Policía Nacional tenía que cumplir con su deber de desbloquear la vía. En el Consejo de Ministros se habló del agotamiento del diálogo y de cómo miles de peruanos exigían orden. Se dijo que en función a la Constitución y las normas hay que hacer los esfuerzos para poder poner orden en nuestro país”, acotó.

A su turno la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, indicó que de acuerdo con las normas establecidas, el comando policial tuvo que determinar cómo y cuándo intervenir, por lo cual dijo que no era posible que una autoridad política manipule esa decisión.
También señaló –con documentos en mano– que la Policía Nacional solicitó y recibió ayuda de las Fuerzas Armadas durante los más de cincuenta días de conflicto.

Pidió al Pleno que el director general de la Policía, José Sánchez Farfán, y el jefe de Dinoes, Luis Muguruza, puedan informar al pleno, pero la oposición lo rechazó.

Luego el pleno se enfrascó en un largo debate donde el más atacado fue Simon, sobre todo por la bancada nacionalista y el bloque fujimorista, que pidieron su renuncia.

Igual posición tuvieron los congresistas de Unidad Nacional, Bloque Popular y Alianza Parlamentaria. Cuando las críticas se dirigieron a Cabanillas, esta dijo: “Soy responsable de lo que me señalan la Constitución y las normas”.

El oficialismo defendió a sus ministros, pero resaltando logros del gobierno y culpando a fuerzas de Bolivia y Venezuela.
Luego de seis horas de debate y ante una serie de ataques de los nacionalistas, el premier dijo, dirigiéndose a ellos: “Acá hay responsabilidad compartida, pero nosotros (el gobierno) no tenemos responsabilidad con los muertos. Tienen responsabilidad los que metieron cizaña”.

“La Sunat es autónoma”

1] En cuanto a la interpelación sobre la intervención de Panamericana TV por la Sunat, el premier dijo que ni el presidente Alan García ni los ministros tuvieron injerencia en dicha decisión, pues aseguró que dicha institución es autónoma. Además, garantizó que el canal 7 no está parcializado con el partido de gobierno.

2] Los congresistas de la mayoría de bancadas no aceptaron la versión del jefe del gabinete y sostuvieron que la decisión sí fue del Ejecutivo y tuvo por intención usar ese medio de comunicación para fines políticos gobiernistas.

Diario La República-Lima 26/06/2009





CABANILLAS SE LAVÓ LAS MANOS EN RESPONSABILIDAD DE BAGUA


Grupos de oposición presentaron dos mociones de censura contra el premier y la ministra. Simon plantea que comisión independiente investigue responsabilidades en 'Baguazo’.

La ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, evitó asumir directamente su responsabilidad por los sucesos ocurridos el 5 de junio en Bagua durante el desbloqueo de la carretera Fernando Belaunde Terry, en la denominada Curva del Diablo, que dejó el saldo trágico de 24 policías y 10 nativos muertos.

En su explicación ante el Pleno del Congreso de la República, que la interpeló por estos sucesos, Cabanillas informó que la orden para el desalojo partió del director de la Policía Nacional, José Sánchez Farfán, y que fue ejecutada por el general PNP Javier Uribe, jefe del comando de operaciones en dicha zona.

“El general Sánchez Farfán informó que el operativo de desalojo se llevaría a cabo el viernes 5 de junio”, refirió la ministra. Asimismo, indicó que dicha orden fue previamente decidida en el Consejo de Ministros.

Cabanillas reiteró que no fue su función supervisar los detalles del operativo y que, como una funcionaria civil, respetó las atribuciones especializadas de la Policía. “Tengo la conciencia tranquila. El ministro no es un mariscal de campo. Soy responsable política dentro del marco constitucional; no soy irresponsable”, subrayó.

Por su parte, el premier Yehude Simon sostuvo que en el incidente de Bagua se inmolaron efectivos policiales “para evitar una masacre que los intereses desestabilizadores querían provocar”. Al término de su exposición, que duró siete horas, el primer ministro planteó que una comisión independiente, formada por miembros de la sociedad civil, investigue las responsabilidades políticas y administrativas del 'Baguazo’.

Las explicaciones de ambos, sin embargo, no impidieron que la oposición suscribiera dos mociones de censura pidiendo la cabeza de los dos integrantes del gabinete ministerial. Las firmaron legisladores del Partido Nacionalista, del fujimorismo, de Alianza Parlamentaria, del Bloque Popular y de Unidad Nacional.

Durante el debate, las críticas de la oposición fueros duras. El vocero nacionalista, Fredy Otárola, opinó que la ministra se había 'lavado las manos’ al culpar al comando de la Policía y que tanto ella como Simon serían pasibles de una demanda penal.

A su turno, el fujimorista Carlos Raffo cuestionó la conducta del premier e indicó que era muy tarde para sermones porque los 34 muertos eran el resultado del fracaso de sus negociaciones. “Nos ha puesto delante los cadáveres de la Policía para tapar su fracaso”, añadió.

Por el lado del Apra, Mauricio Mulder atribuyó gran parte de la responsabilidad de lo sucedido en la selva a “grupúsculos” que manipulan a las comunidades nativas para desestabilizar la democracia. Añadió que “los enemigos del Perú seguirán buscando muertos” y que todo obedece a una escalada política que se daría en julio y en setiembre para cercar Lima.

CASO PANAMERICANA. Por la mañana, el primer ministro respondió a los cuestionamientos por la intervención de la Sunat en Panamericana Televisión y por la utilización indebida de la señal de Canal 7 a favor del vocero de la bancada oficialista, Aurelio Pastor. Ante la representación parlamentaria, Simon descartó la intervención gubernamental en la medida cautelar adoptada sobre el Canal 5, y aseguró que esta fue una decisión autónoma de la Sunat y de la cual –dijo– tanto él como su gabinete tomaron conocimiento a través de los medios de comunicación. En ese contexto, rechazó que el propósito real de la intervención responda a un afán del Ejecutivo de direccionar la línea editorial del referido medio de comunicación.

Sus palabras, sin embargo, no convencieron a la oposición.

Diario Perú 21-Lima 26/06/2009





:: Familiares de civiles fallecidos denuncian a efectivos policiales
APRODEH: FISCALÍA DEBE INVESTIGAR A POLICÍAS POR SUCESOS EN BAGUA


La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), junto con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), denunció ante la Fiscalía de la Nación que las pesquisas iniciadas por la muerte de diez civiles por los sucesos en Bagua (Amazonas) están a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP), pese a que los investigados son miembros de la misma institución.

“La investigación no la debe hacer la Policía Nacional porque son los denunciados”, declaró el abogado de Aprodeh, Juan José Quispe. “Quizás algunos miembros de la PNP hayan participado en el desalojo, por lo que no procede que se encarguen de la investigación”.

En el marco de las investigaciones que realiza el Ministerio Público para determinar responsabilidades penales tras los sucesos de Bagua se encuentran procesados 84 civiles. Dentro de estas diligencias, la Fiscalía Provincial Mixta de Utcubamba también inició de oficio una investigación en contra de algunos efectivos policiales por los delitos de homicidio y lesiones.

Esta denuncia fue archivada provisionalmente al no haberse individualizado a los presuntos autores. Por ello, el pasado 19 de junio, un grupo de civiles e indígenas heridos y también familiares de civiles fallecidos presentaron ante el Ministerio Público una nueva denuncia.

Sin embargo, los denunciantes fueron notificados el 22 de junio por personal de la División de Investigación Homicidios de la Dirincri-Lima para declarar al día siguiente en el local de la policía en Bagua.

Este hecho ha motivado que la FIDH, junto con Aprodeh, dirija una carta a la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, para pedir que la investigación sea trasladada a la Fiscalía, tal y como establece el articulo Nº 159 de la Constitución.

“Ante la irresponsabilidad del Ministerio Público de correr el trasladado de la investigación a sabiendas que los denunciados son miembros de la PNP, lo que ahora se debería hacer es que la división de investigación criminal remita las denuncias a la fiscalía para que de acuerdo a ley sea la Fiscalía la que realice la investigación y no la PNP”, consideró Juan José Quispe.

:: Irregularidades en los autos de instrucción de los procesados

Aprodeh, junto con la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) han asumido de oficio la defensa de los 84 civiles procesados por los sucesos de Bagua.

Al respecto, Aprodeh considera que “han metido a todos en el mismo saco” y que han considerado autores intelectuales a todos los líderes de la zona, bien sean nativos, dirigentes de la CGTP o de organizaciones de base.

Según Aprodeh y la FIDH, los autos de instrucción presentan “gruesas fallas”. “No hay una adecuada tipificación del ilícito penal en el auto de apertura de instrucción, lo que es inconstitucional”, señaló el letrado.

Otra de las irregularidades señaladas es el hecho de que los autos de instrucción no están documentados, tal y como establece la Constitución.

“Por el hecho de ser dirigentes los están poniendo como autor intelectual”, denuncia. “ ¿Cómo se puede iniciar un proceso si no hay una motivación de por qué se está procesando a una persona por los delitos por los que se les está abriendo instrucción?”, se preguntó.

En virtud de estos hechos, Aprodeh considera que el auto de apertura de instrucción presenta “gruesas falencias jurídico penales y constitucionales”.

“Esto hace pensar que todo ha sido muy a la ligera y que se ha querido procesar a personas por presión•”, acotó.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 26/06/2009





LA OROYA VUELVE A LA NORMALIDAD, PERO FUTURO DE DOE RUN NO SE DEFINE


Trabajadores escucharon propuesta de empresa y evalúan próximas acciones judiciales. Mientras, representante de los acreedores sugiere ir a Indecopi.

Luego del paro de tres días en La Oroya, las actividades en esta ciudad se reiniciaron con normalidad, pero la situación de la minera Doe Run aún no se define. Por un lado, la empresa presentó una propuesta a los acreedores y el gobierno para reiniciar actividades; por otro, los trabajadores evalúan solicitar su administración judicial.

Ayer, representantes de los sindicatos y el presidente de Doe Run, Carlos Huayhua, dialogaron sobre la nueva oferta de la empresa, la cual se basa en una inyección de 31 millones de dólares.

Esta propuesta fue rechazada por el facilitador del diálogo, el congresista Jorge del Castillo, quien explicó que se trata de “un cambio de versión”, pues durante las negociaciones con el gobierno Doe Run ofreció más dinero y otras cosas.

Del Castillo explicó que en primera instancia la empresa necesita garantizar el financiamiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y para ello debe invertir casi 55 millones de soles.

Otra opción es la sugerida por un representante de los acreedores, Roque Benavides, quien dijo que se puede acudir a Indecopi para garantizar la recuperación de las deudas.

El dato
Huelga. La Federación Minera del Perú anunció que los trabajadores, unos mil 126, de la Minera Sogan, en la localidad de Marcona, ingresarán a una huelga indefinida desde el 30 de junio.

Diario La República-Lima 26/06/2009





RECHAZAN PLAN DE DOE RUN


Roque Benavides asegura que mantienen la posibilidad de acudir al Indecopi.

Los acreedores de Doe Run, a quienes la refinería les debe más de US$100 millones, no han renunciado a la posibilidad de llevar el caso al Indecopi.

Roque Benavides, gerente general de Minas Buenaventura, señaló que esta opción se mantiene en pie, pero admitió que acudir a un proceso concursal “tomaría mucho tiempo”.

Benavides también comentó que el propio Indecopi viene evaluando esa situación. Sin embargo, un vocero de dicho organismo aclaró que, de acuerdo con la Ley Concursal, solo los acreedores o el propio deudor pueden solicitar que se inicie ese trámite. Así, aseguró que la entidad no actuaría de oficio en dicho problema.

De otro lado, el ejecutivo de Buenaventura rechazó la propuesta de Doe Run de inyectar US$31 millones a la compañía para pagar un tercio de la deuda a los proveedores y que el saldo sea abonado en tres años.

“No me gusta. Yo he vendido un chocolate y a mí me pagan el precio del chocolate; no me pueden cambiar los términos. Yo necesito que a mí me paguen porque tengo la responsabilidad de cuidar las finanzas de una empresa en la que tienen invertidos sus ahorros cuatro millones de afiliados de las AFP”, enfatizó.

En tanto, el gerente general de Doe Run, Juan Carlos Huyhua, presentó al sindicato de trabajadores la propuesta de la refinería. Así, aseguró que la compañía está dispuesta a terminar con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). “Además, tenemos en proyecto las actividades de post-PAMA, que comprenden la modernización del complejo metalúrgico de La Oroya y que, se estima, superarán los US$108 millones de inversión”, indicó el ejecutivo.
Como se informó, el plan de los trabajadores es pedir la administración judicial de la minera.

Diario Perú 21-Lima 26/06/2009





CANCHIS DA TREGUA DE TRES DÍAS AL EJECUTIVO


Dirigentes del Comité de Lucha advierten que reiniciarán paro si no se solucionan demandas. Receso permitirá que población se abastezca de alimentos. En Puno, pobladores empiezan a manifestar rechazo al aislamiento forzado.

Corresponsales.

Los dirigentes del Comité de Lucha de Canchis otorgaron al Ejecutivo una tregua de 72 horas, que empieza hoy a las cero horas, para que presente las alternativas de solución a sus demandas.

El acuerdo fue adoptado por 200 dirigentes reunidos en asamblea en el distrito de San Pablo, a una hora de Sicuani. Se advirtió que si hasta el próximo lunes el Ejecutivo no entrega una propuesta que cubra las expectativas de los canchinos, estos reiniciarán el paro indefinido.

“El gobierno ya conoce nuestra forma de pensar y las demandas que planteamos en la mesa de diálogo del miércoles”, dijo el presidente del Comité de Lucha de Canchis, Alejo Valdez, quien destacó que con este acuerdo Canchis cumple con dar una tregua al gobierno en aras de encontrar soluciones, como lo solicitó el premier, a quien hoy darán a conocer su decisión.
En la reunión los dirigentes se reafirmaron en demandar la nulidad de las concesiones mineras en el Cusco y de la concesión de la hidroeléctrica Sallca Pukara, así como la derogación de la Ley de Recursos Hídricos y de la norma que criminaliza las protestas sociales.

Entrampado
Simon dijo el miércoles que no se puede declarar la nulidad de las concesiones mineras porque son compromisos asumidos por el Estado, y sobre Salcca Pukara propuso que concluya el estudio de impacto ambiental y luego será la comunidad quien decida si procede o no.

Respecto a la supuesta injerencia boliviana en las protestas denunciada por Simon y otros personajes del gobierno, el dirigente Alejos dijo que esta no existe en la dirigencia del Comité de Lucha de Canchis, pero admitió que las organizaciones que la integran evalúan presuntas infiltraciones de intereses extranjeros a través de ONGs.

La decisión del Frente de Defensa llega en forma oportuna y les da un respiro a la población de Sicuani y a los transportistas que empezaron a expresar su desacuerdo con el paro porque en los 16 días ha generado desabastecimiento y mantenía paralizada la ciudad.

Anoche empezaron a circular algunos vehículos en Sicuani, y hoy todo vuelve a la normalidad, al menos temporalmente.

Puno sigue bloqueado
1] Por segundo día consecutivo, los campesinos de la región Puno paralizaron sus actividades para protestar en contra del gobierno de Alan García y pedir la derogación de la Ley de Recursos Hídricos.

2] Ayer tampoco hubo actos de violencia, pero las vías que unen a Juliaca –la ciudad más comercial de Puno– con otras provincias y con la región Cusco siguen bloqueadas por cientos de campesinos. Lo mismo ocurre con la vía Interoceánica. A raíz del paro que culmina hoy, en varias localidades no se realizan las ferias semanales.

Diario La República-Lima 26/06/2009





CAMPESINOS DE CANCHIS DAN TREGUA DE 72 HORAS


Esperan que, en ese lapso, el Ejecutivo anule concesiones mineras; si no, retomarán paro.

Van cediendo. Los campesinos de la provincia de Canchis le dieron una tregua de 72 horas al Ejecutivo para que deje de lado el proyecto hidroenergético Salqa Pucará y para que se anulen y suspendan las concesiones mineras en esa jurisdicción, exigencias a las que no se les encontró una salida el último miércoles, durante el diálogo entre los campesinos y el premier Yehude Simon en Sicuani. Se supo que, en el marco de la tregua, las carreteras serían reabiertas hoy y que los mercados atenderían normalmente.
Sin embargo, para el presidente regional Hugo Gonzales, es muy difícil anular las concesiones mineras ya que, afirma, no se pueden borrar “de un plumazo” acuerdos previamente firmados. “Recién en noviembre pasado, mi despacho autorizó que las mineras solo podrán explotar en esa provincia si tienen la aprobación de las comunidades, pero esto no es retroactivo”, sostuvo.

Cabe señalar que el desabastecimiento de productos ya se comenzaba a sentir en Sicuani debido al bloqueo de las vías. Además, los escolares ya habían perdido varios días de clases, pues los colegios habían suspendido sus labores por temor a desmanes de los campesinos, quienes diariamente realizaban marchas.

De otro lado, el Frente Único de Defensa de los Intereses de la Provincia de Chumbivilcas, apoyado por otros gremios de la zona, inició un paro indefinido en demanda de la electrificación total de la provincia, el asfaltado de las diferentes carreteras, la derogatoria de la Ley de Recursos Hídricos y la anulación de las concesiones mineras en el sitio.

Según se supo, en las próximas horas, los representantes de los campesinos estarían alcanzando su plataforma de lucha al gobierno regional, así como el pedido para que autoridades del Ejecutivo viajen a la zona.

AMENAZA EN PUNO. Mientras tanto, en Puno, la situación no es mejor debido a que la vía que une esta región con el Cusco continúa bloqueada por los integrantes de la Federación Departamental de Campesinos de Puno, quienes realizan un paro de 72 horas desde el último miércoles. Algunos puentes y carreteras en Azángaro, Moho y Sandia también están cerrados y los manifestantes amenazan con iniciar un paro indefinido, la próxima semana, si no se resuelven sus demandas.

Diario Perú 21-Lima 26/06/2009





EMPRESA MINERA PRETENDE EXPLORAR Y EXPLOTAR HIERRO EN ENTORNO DE CHAN CHAN


Mapsa S.A. afirma que no sabía que su pedido afectaba restos preíncas. Pretensiones mineras todavía están en trámite

La noticia conmocionó a más de un trujillano: una empresa minera pretende explorar y explotar hierro en la zona de amortiguamiento de Chan Chan.

Según información presentada por Carlos Smith Escobedo, representante del Instituto Inca Perú, en los registros del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico existe un pedido de derecho minero sobre tierras que rodean el santuario prehispánico.

Smith explicó que en los mapas que posee se consignan dos pedidos de parte de la empresa minera Mapsa S.A., la cual solicita el derecho minero en las zonas de amortiguamiento de la ciudadela. Dichas solicitudes estarían bajo la denominación de Iron Sea 15 (lote 1302) y Iron Sea 16 (lote 1303), ambas de mil hectáreas de extensión en las zonas periféricas del complejo arqueológico.

Según dijo, aunque las pretensiones mineras todavía están en trámite, debían denunciar lo que ocurre en Chan Chan porque ello violenta la Ley del Patrimonio Cultural y es preciso llamar la atención para impedir que se concreten. “Lo mismo, agregó, pasa con otros tantos casos que se extienden a lo largo de la costa liberteña y que afectarían zonas arqueológicas como El Brujo”.

El director del INC-La Libertad, Enrique Sánchez Maura, señaló que sería imposible que un derecho minero sea aprobado bajo el aval de su entidad. Precisó que se enteraron de esta situación hace unos días.

El subgerente administrativo de Mapsa S.A., Carlos Navarro, dijo que no sabían si alguno de los 521 pedidos de derecho minero en el país presentados ante el Ministerio de Energía y Minas atenta contra zonas arqueológicas. No obstante, admitió la posibilidad de que alguno de sus pedidos pudiera abarcar la zona de amortiguamiento de Chan Chan.

Diario El Comercio-Lima 26/06/2009





¿CUÁNDO SE JODIÓ EL GOBIERNO?


Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe


Pero aún no está jodido, debe enmendar rumbo.

Para muchos, como varias autoridades políticas del gobierno o no pocos empresarios, en el último mes se produjo un cambio súbito e imprevisto en la perspectiva del país. De creer que la senda del progreso era imparable, los hechos de Bagua y otras regiones han significado casi como una ‘vuelta a la normalidad’.

Las últimas semanas debieran haber recordado a todos, empezando por el presidente Alan García –quien suele hablar de la “envidia” que nos tienen en el exterior– que, a pesar del avance evidente en las condiciones económicas del país, aún tenemos una pobreza extendida y un sistema político bastante incapaz de procesar las demandas sociales con acierto.

Ahora tenemos un país polarizado por la responsabilidad de un gobierno enredado y confundido que se sigue aferrando a versiones preparadas para demostrar que sus problemas obedecen a una conspiración internacional y de la ultraizquierda contra la democracia, en lugar de reconocer que son consecuencia de una antigua dificultad para enfrentar la pobreza, el atraso y el resentimiento de un amplio sector de la población que no logra engancharse a la locomotora del progreso.

Esa es la tesis planteada por algunos medios de prensa en coincidencia con el gobierno, como quedó evidenciado durante la interpelación al gabinete presidido por Yehude Simon.

Ayer, en RPP, le pregunté al presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, Hans Flury, por el motivo del cambio súbito de la perspectiva nacional y, sin dejar de reconocer la existencia de sectores que –como siempre– apuestan por el extremismo, respondió dándole una importancia medular en los problemas actuales al atraso y la mecida que los gobiernos suelen aplicar a las poblaciones a las que –como la de Andahuaylas– les prometen cosas que nunca cumplen.

Para responder al título de esta columna, que alude a la frase famosa de Conversación en La Catedral, este gobierno se jodió al no ponerle igual entusiasmo a los temas de inclusión social como sí lo ha hecho –con acierto– a la promoción de la inversión privada. El otro factor que ayudó a detonar la explosión social es la arrogancia exhibida por el presidente García y algunos ministros, la cual está en el corazón mismo de la teoría ‘perro del hortelano’, y en la forma como se expuso.

Esto no significa que el gobierno ‘ya esté jodido’ pues, sin duda, todavía está a tiempo de enmendar el rumbo. Ello pasa por la formación de un nuevo gabinete –pues, al margen del resultado de la interpelación, el actual ya no da más– con una actitud nueva que promueva consenso y no más polarización. Pero un error del presidente en su designación podría tener consecuencias graves. Que Dios lo ilumine cuando decida.

Diario La República-Lima 26/06/2009