DE ECHAVE: AUTORIDADES NO SACAN LECCIONES DE CONFLICTOS SOCIALESEl especialista en temas de minería, Jose De Echave consideró preocupante que las autoridades nacionales no aprendan de los actos de violencia producto de los conflictos mineros en las comunidades.
A través de CNR, De Echave calificó de "contradictorio" el reciente anuncio del viceministro de Energía y Minas, Fernando Gala, respecto al adelanto de inversiones en el sector minero.
“La verdad no se entiende, es sumamente contradictorio porque además la situación no ha cambiado; (la crisis) es más aguda y los mecanismos no se modifican, en el sentido que los proyectos mineros y las concesiones se entregan sin que las poblaciones estén enteradas”, aseveró.
Días atrás, Gala informó que en la región Piura se identificaron 140 zonas mineras, de las cuales 55 están ubicadas en la provincia de Ayabaca. En ese contexto, el economista refirió que es contraproducente que no se avance en cuanto a consulta a las comunidades.
“El Ministerio de Energía y Minas (MEM) acaba de aprobar un plan de exploración a la empresa Afrodita y las comunidades huampis y awajún nuevamente están en situación de incertidumbre tras los sucesos en Bagua. No sacamos lecciones, no implementamos correctivos”, enfatizó.
Finalmente, De Echave recordó que Perú firmó el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) referido al derecho a consulta de las comunidades. Por lo cual también consideró una mala señal la resistencia del Congreso para aprobar el informe que dispone una serie de recomendaciones orientadas a establecer ese derecho como un instrumento de gestión estatal.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 17/12/2009COMUNEROS DE HUANCABAMBA FUERON BALEADOS MIENTRAS HUÍANPor la espalda. Peritaje muestra trayectoria de disparos de la policía. Según experto forense Carlos Bacigalupo, los orificios de bala revelan que la policía tenía el dominio de la situación.
María Elena Castillo.
Los protocolos de necropsia de los cadáveres de los campesinos asesinados el 2 de diciembre pasado en el caserío Cajas Canchaque, Huancabamba, revelan que la policía les disparó por la espalda y cuando se encontraban huyendo, lo que significa que los efectivos del orden se encontraban en una situación de superioridad.
Los documentos señalan que los comuneros Vicente Romero Ramírez y Cástulo Correa Huayama recibieron impactos de bala de “atrás hacia delante”, y con orificios de entrada en las costillas inferiores al de los hoyos de salida.
En el caso de Romero Ramírez, el proyectil ingresó por la región escapular derecha, a la altura de la séptima costilla, y salió entre la 4ta. y 5ta. costilla derecha.
En el caso de Correa Huayama, se observa el orificio de entrada a la altura del “tercio inferior de la región escapular derecha” (entre la 6ta. y la 8va. costilla) y el de salida a la altura de la tercera costilla derecha.
El perito forense del Centro Andino de Investigaciones Antropológico-Forenses (CENIA), Carlos Bacigalupo, explicó que estas características indican que ambos impactos se produjeron cuando los comuneros estaban de espaldas y con una trayectoria de abajo hacia arriba.
MIENTRAS CORRÍAN
Tras examinar los protocolos, el experto forense concluyó que “las víctimas se hallaban en plano superior al tirador, delante de éste y de espaldas a él”; pero además agregó que los fallecidos tenían “el tórax inclinado hacia delante, en una posición similar a la que se adopta cuando uno corre”.
Esta afirmación desmiente la versión policial que argumenta que los campesinos los atacaron y ellos dispararon para defenderse, pues demuestra más bien que la agresión se efectuó cuando los comuneros escapaban, tal como han afirmado vecinos y testigos de los hechos.
Bacigalupo señaló que las lesiones recibidas por los comuneros fueron de gravedad, pues “es muy posible que, a pesar que ambas personas hubieran recibido asistencia médica oportuna, las lesiones serían igual de necesidad mortal”.
Determinó además que, en base a la posición de las víctimas y los efectivos policiales, éstos estaban en una situación de superioridad y dominio de la situación.
Diario La República-Lima 17/12/2009“A ESE INFORME NO SE LE PUEDE DAR IMPORTANCIA”Entrevista/Santiago García de la Rasilla. El obispo de Jaén niega que los misioneros de esa zona hayan azuzado la violencia durante el llamado “Baguazo”. Además, cuestiona el preinforme de la Comisión.
Ana Núñez.
El preinforme de la Comisión que investiga el “Baguazo” acusa a los misioneros de Jaén de apoyar acciones ilegales que terminaron en la muerte de policías...
Que lo demuestren. Eso es algo que no tiene ningún fundamento. Son acusaciones absolutamente absurdas y falsas. El mismo consejo aguaruna-huambisa lo ha dicho. Es una cosa totalmente gratuita que no sé de dónde la han sacado.
¿Cuál fue la relación que tenían los misioneros con la gente de la zona durante la protesta contra los decretos legislativos?
Yo soy obispo de Jaén, de todo Condorcanqui, y por tanto es mi gente... Yo conozco a muchos de los líderes y participé con Salomón Awananch en una conversación con el general Uribe. He estado con ellos... sí, sí... porque es mi gente.
¿Ustedes apoyaban la protesta de los indígenas contra los Decretos Legislativos...?
La causa de los indígenas es totalmente justa y eso no tiene discusión. Nuestra participación se dio porque, al ser nuestra gente, teníamos que ayudar en el sentido humanitario. Lo que hemos hecho en Jaén (y lo que se hizo en Bagua) fue ayudar con víveres y, después de los hechos del 5 de junio, apoyar en el hospital; cosas totalmente humanitarias de ayuda a quienes estaban sufriendo...
Según el documento, ustedes instigaron a la violencia...
Pero ese es un documento muy poco serio al que, en verdad, no le doy ninguna importancia. No aporta ninguna prueba. La metodología no es seria y un profesor de castellano le pondría cero a la redacción del documento.
Y el día mismo, el 5 de junio, ¿no alentaron a los indígenas a radicalizar su protesta?
Por favor, si la noche anterior yo estuve junto al dirigente de toda la movilización hablando con el general Uribe, que estaba al mando del operativo policial, tratando de ayudar en el diálogo...
O sea, incluso usted estuvo mediando para buscar una solución pacífica al conflicto...?
Sí, sí, sí... el 4 de junio estuve personalmente en la estación número 7 conversando con el general Uribe, buscando una solución. Eso nadie lo puede negar. Hasta ese momento, no había ninguna orden de desalojo. La orden vino de Lima, a las 5 y media del día siguiente.
¿Y ese fue el detonante de la crisis del 5 de junio?
Los Apus tuvieron una reunión en la que me negué a participar y, según me contaron, decidieron retirarse, pero para ello necesitaban tiempo. Yo no he visto el documento y por ello no puedo dar fe, pero a mí me han dicho que hicieron un acta en la que se comprometían a retirarse. Entonces, les tomó por sorpresa que a las 5 y 30 viniera toda esa invasión. Porque no fue que los nativos emboscaran a la Policía. Eso es totalmente falso. La Policía entró a la Curva del Diablo, donde había gente que había pasado la noche ahí.
“No existe grabación sobre el mayor Bazán”
El preinforme de la Comisión habla también sobre una supuesta grabación que ustedes habrían editado para encubrir a los victimarios del mayor Bazán.
Ni el vicariato ni la gente que trabaja en medios de comunicación con nosotros ha hecho esa grabación. Yo ese DVD no lo he visto. Yo he conversado cinco o seis veces por lo menos con el papá y el hermano del mayor desaparecido y ninguna de esas veces me han hablado de ese DVD. Ellos han venido, además, a pedirme si puedo encontrar pistas en los indígenas...
¿Y no las han hallado?
No, no hay ninguna información. Por lo menos de mi parte, no. Ellos han recorrido todo el río, han ido al Cerro Colorado, a la parte de atrás de la Curva del Diablo y a todos los sitios en los que les dije podría estar el cuerpo del mayor, pero no...
Diario La República-Lima 17/12/2009PROVOCACIÓN A INDÍGENAS AWAJÚN Y WAMPÍS CON LA APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA EN CORDILLERA DEL CÓNDOREl 11 de noviembre leíamos con preocupación en el diario La República el pedido del presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, al sector privado para "articular un plan de acción que confronte en el terreno de las ideas y comunicaciones las posiciones antimineras que se presentan en el país".
El premier se reunió con representantes de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y propuso un replanteamiento al modelo de concesiones para informar a la población acerca de los beneficios (léase para los comisionistas y transnacionales) de la inversión privada.
“Este problema es absolutamente ideológico. Un proceso de esta naturaleza no se responde con balas, sino que hay que darle una respuesta ideológica a las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que con apoyo de medios de comunicación y algunas autoridades locales venden a la población ideas como que apoyar la inversión minera es estar en contra del país”, dijo Velásquez Quesquén.
Es una lástima que la respuesta gubernamental siempre sea con balas y no con diálogo como acabamos de ver recientemente en Huancabamba.
Javier Velásquez Quesquén sigue el guión gubernamental de declaraciones de Alan García que “las malas prácticas mineras” son cosa del pasado cuando vemos los desastres de Ananea, Inambari, Majaz, La Oroya, Yanacocha, Guacamayo, Carabaya, Huancabamba, o tantos otros, algunos propiciados por empresarios del entorno palaciego.
Siguen despojando a los indígenas de su protagonismo, de que piensen por sí mismos y de que haya una mano o varias que mueven sus designios. Hernando de Soto, ideólogo gubernamental, en una entrevista concedida !cómo no¡ al diario Correo volvía también a exponer esta falsedad racista tras la cual se esconden los artífíces de la política del "Perro del hortelano".
"El plan de inversiones en minería asciende a US$ 25 mil millones. Beneficiará principalmente a la población más pobre en el Perú, dijo Velásquez, quien reiteró la intención del gobierno de establecer una base militar en Río Blanco (Huancabamba), pero criticó a los opositores, de quienes dijo consideran que se quiere militarizar la zona" dijo Velásquez Quesquén.
No dudamos que hay un plan militar para Río Blanco, pero no creo que les sirva de algo militarizar el Cenepa, ya que la historia reciente y pasada nos enseña que los pueblos Awajún y Wampis son normalmente pacíficos, hospitalarios y amistosos, pero también pueden pasar a la defensa armada frente a ataques o injusticias que amenacen a sus familias.
http://amazonasindigena.blogspot.com/2009/12/provocacion-indigenas-awajun-y-wampis.htmlAmazonas Indígena 17/12/2009APRUEBAN ACTIVIDAD MINERA EN CORDILLERA DEL CÓNDOR Y PROVOCAN A INDÍGENAS AWAJÚN-WAMPISLa asociación Cooperacción expresó ayer su precupación por la decisión del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) de autorizar el inicio de exploraciones mineras en la Cordillera del Cóndor, territorio ancestral de los pueblos Awajun y Wampis.
La decisión adoptada de espalda a las comunidades y sin su consulta ni consentimiento puede considerarse una provocación, más aún cuando las heridas del conflicto de Bagua no se han cerrado y la mesa de diálogo no avanza de manera consistente, indicó un vocero de CooperAcción.
El MINEM aprobó la semana pasada la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero Afrodita a pesar que los pueblos indígenas han expresado reiteradamente su rechazo a dicha actividad por poner en riesgo la contaminación de sus fuentes naturales de agua.
La actividad minera impactaría de forma negativa las tierras de las comunidades y los recursos hídricos contenidos en los ríos Sawiensa, Comaina, Marañón y Amazonas. Del mismo modo, afectaría el Parque Nacional Ichigkat Muja, la Reserva Comunal Tuntanain y la Zona Reservada Santiago-Comaina.
La Cordillera del Cóndor, ubicada en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, se ubica en la frontera con Ecuador y se viene llenando de concesiones mineras a pesar que la Constitución Política prohibe actividades de empresas extranjeras en los 50 km. de la línea de frontera.
Como lo denunció el periodista César Hildebrandt “el señor Carlos Ballón, asesor del doctor Alan García en temas de minería, miembro principalísimo del equipo que diseñó el plan minero del gobierno aprista, es el hombre que, en nombre de la corporación canadiense que vicepreside, está detrás de la compra de la mina Afrodita” (Ver: El búfalo del hortelano, por César Hildebrandt).
Cabe indicar que la Cordillera del Cóndor, una zona sensible debido a que fue escenario del conflicto armado entre Perú y Ecuador es también una zona de especial riqueza en biodiversidad por lo que hace años el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) sustentó tecnicamente la necesidad de crear el Parque Nacional Ichigkat Muja.
Sin embargo, el área original de la propuesta de Parque Nacional fue recortada por el Estado para favorecer la entrega de concesiones mineras a un pequeño puñado de supuestos testaferros que estarían favoreciendo a personajes vinculados al entorno presidencial.
Para Cooperacción la aprobación del MINEM crea “incertidumbre, preocupación y malestar” a las comunidades Awajun-Wuampis, uno de los núcleos de la movilización indígena amazónica contra los decretos legislativos que afectaban sus derechos colectivos.
Servindi-Lima 17/12/2009PERÚ: ¿POR QUÉ LA SANGRE SIGUE LLEGANDO AL RÍO EN HUANCABAMBA?Por La Otra Mirada
El pasado 2 de diciembre, un contingente policial se enfrentó a un grupo de comuneros del caserío Cajas Canchaque, ubicado en el distrito de El Carmen de La Frontera, en Huancabamba, Piura. Estos campesinos reclamaban por la detención arbitraria de algunos de sus compañeros, quienes eran acusados de formar parte de un violento ataque a un campamento propiedad de la empresa minera Río Blanco Cooper S.A. (ex Minera Majaz S.A.).
El enfrentamiento con la policía acabó con la vida de 2 comuneros y lo más terrible es que, según información que recoge el diario La República, la necropsia realizada a los comuneros asesinados revela que recibieron disparos por la espalda. ¿Por qué tanta violencia? ¿Qué hay detrás de estas absurdas muertes?
El último reporte de la Defensoría del Pueblo (noviembre 2009) identifica este conflicto socioambiental, donde la población rechaza la presencia ilegal de la empresa Río Blanco Cooper. El conflicto en esta zona es de vieja data.
Recordemos que en 2007 se llevó a cabo una consulta popular en los distritos de El Carmen de La Frontera, Ayabaca y Pacaipampa, donde más del 94% de los votantes se declaró en contra de Río Blanco. El gobierno desconoció la validez de dicha consulta, aunque un informe de la Defensoría del Pueblo de 2006 decía que esta empresa estaba ocupando territorio sin contar con el acuerdo previo de los propietarios. Esta consulta popular y los resultados del informe de la Defensoría también fueron avalados por un informe del Parlamento.
En 2008, OSINERGIM evaluó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de exploración minera “Río Blanco – Programa de Exploraciones 2008 – 2010” y concluyó que esta empresa debía levantar una serie de observaciones para no desaprobar la evaluación. A pesar de ello, esta minera siguió operando y, ahora, se encuentra alistando un nuevo EIA para iniciar la fase de explotación.
Sin embargo, este año se supo que en la Alta Corte de Inglaterra, la compañía Monterrico Metals (anterior accionista principal de la Minera Majaz S.A.) enfrenta una demanda millonaria por daños y perjuicios contra un grupo de comuneros que fueron secuestrados y torturados por miembros de seguridad de la Minera Majaz y algunos efectivos policiales. ¿Cómo es posible que se permita a Río Blanco seguir operando con estos antecedentes? ¿De quién es la responsabilidad?
El gobierno ha anunciado la posibilidad de instalar bases militares para proteger los asentamientos mineros, pues suponen que la violencia se debe a la presencia de narcotraficantes que quieren proteger su negocio y por la presión de sectores “antimineros”.
¿Será esta una lectura responsable de lo que ocurre en Huancabamba? Para el economista José de Echave (1), especialista en conflictos mineros, entender así el problema deja de lado dos temas fundamentales: 1) Que Río Blanco Cooper no ha cumplido con los estándares ambientales y sociales necesarios para operar en Huancabamba y 2) Que la mayoría de pobladores no quieren que la zona se convierta en un distrito minero.
Desde que se originó este conflicto en 2004, han muerto 7 personas, 28 han sido torturadas y 30 han sido denunciados por terrorismo. Ni los ex premieres Jorge del Castillo y Yehude Simon pudieron lograr algún avance con las mesas de diálogo.
CONACAMI (2), en representación de los pobladores de la zona, ha formalizado el pedido de investigación sobre estos sucesos, entregando toda la documentación pertinente tanto al Congreso como al Ministerio del Interior y a la Defensoría del Pueblo.
De Echave, por su parte, señala que decretar medidas extremas, como la militarización de la zona, paralizaría cualquier posibilidad de diálogo. Esperamos que el gobierno tome cartas en el asunto de manera responsable para que no llegue más sangre al río.
Servindi-Lima 17/12/2009