CONFLICTO MINERO YA OCASIONÓ 7 MUERTES
Huancabamba. Tan solo en este año y en un mes murieron cinco personas. Dirigente de las rondas campesinas de Huancabamba llegó al Congreso para denunciar el caos que viven y pedir el cese de la persecución policial.
Elízabeth Prado.
Manuel Guerrero Zurita, vicepresidente de las rondas campesinas de Huancabamba, dijo en el Congreso de la República que desde el arribo de empresas mineras a esta provincia piurana ya se han producido siete muertes, sin que los culpables hayan sido identificados.
“Hasta la fecha tenemos 7 muertos, 28 torturados y 30 denunciados por terrorismo”, afirmó el dirigente rondero, para luego lamentar “la tragedia que se vive en el norte del Perú por defender el páramo de neblina y el medio ambiente en general, que en Piura parece ser un delito”.
A la desaparición de Remberto Herrera Racho en el año 2004 y de Melanio García Gonzales en el 2005, se añadió la muerte de Luis Gómez Vílchez, de Joel Severino Zapata, y de Eduardo Ramírez Montero, el primero de noviembre del presente año. Un es después, el 2 de diciembre, fallecieron Cástulo Correa Huayama y Vicente Romero Ramírez. Es decir, cinco fallecidos en solo un mes. Guerrero Zurita también denunció que las autoridades judiciales, policiales y políticas de Huancabamba han terminado parcializándose con la empresa minera Río Blanco.
“Nosotros hemos demostrado ante la justicia que los comuneros denunciados por terrorismo no loson. Ahora queremos denunciar a quienes hicieron esa falsa acusación, pero las autoridades compe tentes no nos entregan el documento que necesitamos para iniciar la demanda”, reclamó.
Asimismo, Manuel Guerrero señaló que el burgomaestre de Huancabamba ha cedido el local del comedor estudiantil para que la Policía Nacional tenga una sede más en el lugar.
“El día que se hizo la necropsia de los restos de los comuneros de Cajas-Canchaque tuve una reunión con el alcalde para tratar este atentado, pero después lo vi bebiendo licor con los jefes de la Policía Nacional”, objetó el rondero y pidió al Ejecutivo que dé solución al caos en que viven.
Mesa de diálogo
Manuel Guerrero aseguró que las comunidades de esta provincia están dispuestas a entablar un diálogo con el Ejecutivo. “La mesa de diálogo se inició y se quebró con el ministro Jorge del Castillo en Ayabaca. Después se intentó proseguir el diálogo con el ministro Yehude Simon pero tampoco prosperó”, explicó Manuel Guerrero. Luego refirió que Jorge del Castillo no aceptó darle validez a la decisión que tomó el 90 por ciento de la población de rechazar la actividad minería, en una consulta popular.
“Ahora pedimos a las autoridades que investiguen lo que está pasando en Huancabamba, que la muerte de los dos comuneros de Cajas-Canchaque no termine archivada como las anteriores”, manifestó. En tanto, la congresista nacionalista Marisol Espinoza dijo que el ministro del Interior, OctavioSalazar, aún no cumple con informar sobre las circunstancias en que Cástulo Correa y Vicente Romero fueron baleados. Asimismo exigió el cambio del fiscal Martín Rijalva por mostrar parcialización en este caso.
EL DATO
ATENTADO. Durante la agresión que sufriera el campamento minero de la empresa Río Blanco Cooper el 1° de noviembre pasado fallecieron tres de sus trabajadores: Eduardo Ramírez, Luis Gómez y Joel Severino. Los atacantes quemaron el 80% de la sede y no se llevaron ocho armas, dos antenas parabólicas y un generador eléctrico que allí había. Nada se ha aclarado aún.
Diario La República-Lima 15/12/2009
POSTERGAN 5 DÍAS MÁS LA ENTREGA DEL INFORME SOBRE SUCESOS DE BAGUA
Pugna. Posiciones distintas en el interior de la comisión no permiten ponerse de acuerdo. Los comisionados desconocieron el contenido del informe final que salió a luz la semana pasada.
La entrega del documento con el informe final que la Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua debió presentar hoy fue postergada por cinco días más, según informó Jesús Manasés, presidente de este grupo de trabajo.
“Estamos revisando bien todos los testimonios, informes y documentos que recogimos en la zona del conflicto y tratamos de llegar a un consenso”, refirió.
En tanto, los miembros de esta comisión informaron, mediante un comunicado, que desconocen “cualquier documento que haya sido alcanzado a terceros en nombre de ésta”.
De este modo, los cinco comisionados: Jesús Manasés, Pilar Mazzetti, Susana Pinilla, Ricardo Álvarez y Manuel Bernales, restaron valor al documento que apareció la semana pasada y que contenía las conclusiones respecto a lo que sucedió en Bagua, las mismas que la hermana Maricarmen Gómez denunció como sesgadas.
La clave
PREOCUPACIÓN. Alberto Pizango lamentó las discrepancias dentro de la comisión y dijo que tenía esperanzas en que se aclare lo que pasó en Bagua.
Diario La República-Lima 15/12/2009
SE RESPETARÁ Y CUMPLIRÁ RESULTADOS DE MESA DE DIÁLOGO
Presidente del Consejo de ministros propuso una agenda de paz y desarrollo a los apus y nativos con los que se reunió en Chiriaco
El presidente del Consejo de Ministros Javier Velásquez Quesquén, manifestó que el gobierno aceptará y hará cumplir los resultados y acuerdos que emita la Mesa Nacional de Diálogo, que ve el caso de Bagua
Asimismo, dijo que se respetará la disposición contemplada en el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que dispone que se consulte a las comunidades indígenas sobre las decisiones que se adopten en relación a sus tierras. “La agenda del pasado que es de incomprensión tenemos que cerrarla, y debemos de abrir la del futuro que se basa en la integración y el entendimiento con todas las comunidades nativas y amazónicas”, precisó.
Durante la reunión de trabajo que sostuvo con las autoridades locales de Chiriaco-Imaza, así como los apus de la zona, anunció la ejecución de una serie de obras de desarrollo en beneficio de la población de esta parte del país.
Asimismo, que quienes tienen la responsabilidad de conducir el futuro del Perú deben entender que esta es otra realidad y aclaró que por ello decidieron bien quienes crearon el convenio 169 de la OIT
De otro lado Velásquez Quesquén quién propuso una agenda de paz y desarrollo a los Apus y nativos de la localidad, desterrando el odio y el enfrentamiento entre los peruanos afirmando que los sucesos del pasado 5 de junio nunca más se deben volver a repetir
No obstante advirtió que aún cuando su visita a Chiriaco es para escuchar a los pobladores, no se puede establecer agendas con herencias de muertes ni de violencia
Diario La República-Lima 15/12/2009
LEY SOBRE LEVANTAMIENTO DE CADAVERES DE FFAA Y PNP ES UN RETROCESO
La ley que faculta a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a proceder con el levantamiento de los cadáveres de sus efectivos caídos en zonas de emergencia elimina garantías para la justicia, afirmó el ex ministro del Interior, Fernando Rospigliosi.
A través de la CNR, Rospigliosi Capurro indicó que normas como ésta mellan la imagen de la institución policial.
“Es un problema muy importante, porque desgraciadamente hay una fuerte desconfianza en las fuerzas del orden. Hemos visto en el "escuadrón de la muerte" de Trujillo como se falsean las evidencias; entonces, eso (la norma) podría dar lugar a muchas suspicacias”, declaró.
Sin embargo, remarcó que en zonas alejadas de país y en donde hay conflicto interno es muy difícil que una autoridad judicial acuda con prontitud para disponer el recojo de los efectivos fallecidos.
“También hay que reconocer que cuando se producen enfrentamiento en el Alto Huallaga o el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE) hay mucha dificultad para que un fiscal entre a una zona de combate. Son casos excepcionales; pero por eso puede generalizarse. Siempre que sea posible, tiene que intervenir el fiscal”, remarcó.
Cito por ejemplo, los recientes actos de violencia en Huancabamba (Piura), como un caso en donde esta norma generaría controversias. “Esto aumenta el desprestigio de la institución”, finalizó.
La ley Nº 29472 autoriza a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional el levantamiento de los cadáveres de los efectivos que fallezcan en las zonas alejadas de emergencia, a donde no puedan llegar los representantes del Ministerio Público.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 15/12/2009
LEY SOBRE LEVANTAMIENTO DE CADÁVERES DE EFECTIVOS FFAA Y PNP VULNERA LABOR FISCAL
La ausencia de un fiscal en el levantamiento de cadáveres dentro de zonas de emergencia deslegitima a dichas autoridades y al acto mismo, pues su presencia salvaguarda y garantiza realizar dicha acción dentro de lo establecido, sostuvo el abogado penalista Luis Lamas.
A través de CNR, Lamas Puccio comentó los alcances de la ley Nº 29472 que autoriza a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional el levantamiento de los cadáveres de los efectivos que fallezcan en las zonas alejadas de emergencia, a donde no puedan llegar los representantes del Ministerio Público.
El letrado indicó que la presencia de las autoridades judiciales es fundamental, pues este verifica la conformidad de la escena del crimen, elemento básico para el enjuiciamiento de los posibles responsables en caso de muertes violentas.
Manifestó que, sin importar si la persona es militar o civil, es indispensable la presencia de los fiscales para no viciar ni generar suspicacias respecto a un crimen; además para evitar que inescrupulosos alteren las evidencias.
“Lo más conveniente hubiera sido es que un fiscal ad hoc especializado en temas antisubversivos y terroristas fuera verificado en su trabajo para salvaguardar la cadena de custodia”, aseveró.
La norma, promulgada el lunes, precisa que el recojo de cadáveres por parte de los miembros de las FFAA y PNP se realizará de manera excepcional cuando existan dificultades que impidan la presencia del fiscal.
Esto se da mediante la incorporación de un tercer párrafo en el artículo 239 del Código Procesal Penal de 1991 y en el numeral 2 del artículo 195 del Código Procesal Penal de 2004, según lo publicado ayer en el boletín de Normas Legales del diario oficial "El Peruano".
El dispositivo precisa además que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional procederán al acto de levantamiento de cadáver dejando constancia de dicha diligencia y dando cuenta al representante del Ministerio Público dentro de las 24 horas más al término de la distancia de ser el caso.
Añade que la entrega de los cadáveres deberá hacerse en forma inmediata, bajo responsabilidad. Precisa, sin embargo, que para el levantamiento de cadáveres civiles, se requiere la respectiva delegación del fiscal.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 15/12/2009
AIDESEP Y APUS ANALIZARÁN INFORME SOBRE BAGUA ESTE FIN DE SEMANA
El informe que presentará la comisión que investiga los sucesos ocurridos en Bagua serán analizadas por los apus de las distintas etnias de la Amazonía peruana y Aidesep este fin de semana, informó Leandro Calvo, líder de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte (ORPIAN).
Fue al comentar el documento que presentará este 15 de diciembre, la Comisión Investigadora de los sucesos de Bagua.
“No podemos dejar un espacio de un mes o tres meses tenemos que agarrarlo ‘caliente’ para ver hasta dónde terminamos con esta actividad, porque si mañana presentan el informe éste luego llegará al despacho de Aidesep y ellos convocarán a una reunión de consejo ampliado donde se va a evaluar con los apus”, expresó en Ideeleradio.
“Posiblemente sea entre el 17 ó 18 de diciembre porque no podemos pensar en Navidad o Año Nuevo mientras seguimos teniendo este problema porque aún no está resuelto y ello es una preocupación”, subrayó.
Señaló que por el momento no puede precisar el lugar donde se realizaría esta reunión. Sin embargo, adelantó que ya se está coordinando con los distintos líderes amazónicos para analizar este tema.
Para el vocero indígena del pueblo wambis de la provincia de Condorcanqui refirió que las comunidades nativas mantienen su total esperanza en que se pueda esclarecer lo que ocurrió en la Curva del Diablo y la Estación 6 de Petroperú, a través del informe final de la Comisión Investigadora de los Sucesos de Bagua.
“El pueblo en general está esperando que haya un mayor resultado a favor de las comunidades indígenas, tanto para el país y para el mundo”, declaró.
Leandro Calvo evitó pronunciarse sobre la posible reacción de los pueblos indígenas si el informe no esclarece este suceso. Sin embargo, precisó que lo importante y elemental en este momento es encontrar un entendimiento entre el Gobierno Central y el movimiento indígena.
Finalmente, reveló que los pueblos indígenas están cansados de que las autoridades miren a las etnias con una “doble cara”.
Diario La República-Lima 14/12/2009
Huancabamba. Tan solo en este año y en un mes murieron cinco personas. Dirigente de las rondas campesinas de Huancabamba llegó al Congreso para denunciar el caos que viven y pedir el cese de la persecución policial.
Elízabeth Prado.
Manuel Guerrero Zurita, vicepresidente de las rondas campesinas de Huancabamba, dijo en el Congreso de la República que desde el arribo de empresas mineras a esta provincia piurana ya se han producido siete muertes, sin que los culpables hayan sido identificados.
“Hasta la fecha tenemos 7 muertos, 28 torturados y 30 denunciados por terrorismo”, afirmó el dirigente rondero, para luego lamentar “la tragedia que se vive en el norte del Perú por defender el páramo de neblina y el medio ambiente en general, que en Piura parece ser un delito”.
A la desaparición de Remberto Herrera Racho en el año 2004 y de Melanio García Gonzales en el 2005, se añadió la muerte de Luis Gómez Vílchez, de Joel Severino Zapata, y de Eduardo Ramírez Montero, el primero de noviembre del presente año. Un es después, el 2 de diciembre, fallecieron Cástulo Correa Huayama y Vicente Romero Ramírez. Es decir, cinco fallecidos en solo un mes. Guerrero Zurita también denunció que las autoridades judiciales, policiales y políticas de Huancabamba han terminado parcializándose con la empresa minera Río Blanco.
“Nosotros hemos demostrado ante la justicia que los comuneros denunciados por terrorismo no loson. Ahora queremos denunciar a quienes hicieron esa falsa acusación, pero las autoridades compe tentes no nos entregan el documento que necesitamos para iniciar la demanda”, reclamó.
Asimismo, Manuel Guerrero señaló que el burgomaestre de Huancabamba ha cedido el local del comedor estudiantil para que la Policía Nacional tenga una sede más en el lugar.
“El día que se hizo la necropsia de los restos de los comuneros de Cajas-Canchaque tuve una reunión con el alcalde para tratar este atentado, pero después lo vi bebiendo licor con los jefes de la Policía Nacional”, objetó el rondero y pidió al Ejecutivo que dé solución al caos en que viven.
Mesa de diálogo
Manuel Guerrero aseguró que las comunidades de esta provincia están dispuestas a entablar un diálogo con el Ejecutivo. “La mesa de diálogo se inició y se quebró con el ministro Jorge del Castillo en Ayabaca. Después se intentó proseguir el diálogo con el ministro Yehude Simon pero tampoco prosperó”, explicó Manuel Guerrero. Luego refirió que Jorge del Castillo no aceptó darle validez a la decisión que tomó el 90 por ciento de la población de rechazar la actividad minería, en una consulta popular.
“Ahora pedimos a las autoridades que investiguen lo que está pasando en Huancabamba, que la muerte de los dos comuneros de Cajas-Canchaque no termine archivada como las anteriores”, manifestó. En tanto, la congresista nacionalista Marisol Espinoza dijo que el ministro del Interior, OctavioSalazar, aún no cumple con informar sobre las circunstancias en que Cástulo Correa y Vicente Romero fueron baleados. Asimismo exigió el cambio del fiscal Martín Rijalva por mostrar parcialización en este caso.
EL DATO
ATENTADO. Durante la agresión que sufriera el campamento minero de la empresa Río Blanco Cooper el 1° de noviembre pasado fallecieron tres de sus trabajadores: Eduardo Ramírez, Luis Gómez y Joel Severino. Los atacantes quemaron el 80% de la sede y no se llevaron ocho armas, dos antenas parabólicas y un generador eléctrico que allí había. Nada se ha aclarado aún.
Diario La República-Lima 15/12/2009
POSTERGAN 5 DÍAS MÁS LA ENTREGA DEL INFORME SOBRE SUCESOS DE BAGUA
Pugna. Posiciones distintas en el interior de la comisión no permiten ponerse de acuerdo. Los comisionados desconocieron el contenido del informe final que salió a luz la semana pasada.
La entrega del documento con el informe final que la Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua debió presentar hoy fue postergada por cinco días más, según informó Jesús Manasés, presidente de este grupo de trabajo.
“Estamos revisando bien todos los testimonios, informes y documentos que recogimos en la zona del conflicto y tratamos de llegar a un consenso”, refirió.
En tanto, los miembros de esta comisión informaron, mediante un comunicado, que desconocen “cualquier documento que haya sido alcanzado a terceros en nombre de ésta”.
De este modo, los cinco comisionados: Jesús Manasés, Pilar Mazzetti, Susana Pinilla, Ricardo Álvarez y Manuel Bernales, restaron valor al documento que apareció la semana pasada y que contenía las conclusiones respecto a lo que sucedió en Bagua, las mismas que la hermana Maricarmen Gómez denunció como sesgadas.
La clave
PREOCUPACIÓN. Alberto Pizango lamentó las discrepancias dentro de la comisión y dijo que tenía esperanzas en que se aclare lo que pasó en Bagua.
Diario La República-Lima 15/12/2009
SE RESPETARÁ Y CUMPLIRÁ RESULTADOS DE MESA DE DIÁLOGO
Presidente del Consejo de ministros propuso una agenda de paz y desarrollo a los apus y nativos con los que se reunió en Chiriaco
El presidente del Consejo de Ministros Javier Velásquez Quesquén, manifestó que el gobierno aceptará y hará cumplir los resultados y acuerdos que emita la Mesa Nacional de Diálogo, que ve el caso de Bagua
Asimismo, dijo que se respetará la disposición contemplada en el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que dispone que se consulte a las comunidades indígenas sobre las decisiones que se adopten en relación a sus tierras. “La agenda del pasado que es de incomprensión tenemos que cerrarla, y debemos de abrir la del futuro que se basa en la integración y el entendimiento con todas las comunidades nativas y amazónicas”, precisó.
Durante la reunión de trabajo que sostuvo con las autoridades locales de Chiriaco-Imaza, así como los apus de la zona, anunció la ejecución de una serie de obras de desarrollo en beneficio de la población de esta parte del país.
Asimismo, que quienes tienen la responsabilidad de conducir el futuro del Perú deben entender que esta es otra realidad y aclaró que por ello decidieron bien quienes crearon el convenio 169 de la OIT
De otro lado Velásquez Quesquén quién propuso una agenda de paz y desarrollo a los Apus y nativos de la localidad, desterrando el odio y el enfrentamiento entre los peruanos afirmando que los sucesos del pasado 5 de junio nunca más se deben volver a repetir
No obstante advirtió que aún cuando su visita a Chiriaco es para escuchar a los pobladores, no se puede establecer agendas con herencias de muertes ni de violencia
Diario La República-Lima 15/12/2009
LEY SOBRE LEVANTAMIENTO DE CADAVERES DE FFAA Y PNP ES UN RETROCESO
La ley que faculta a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a proceder con el levantamiento de los cadáveres de sus efectivos caídos en zonas de emergencia elimina garantías para la justicia, afirmó el ex ministro del Interior, Fernando Rospigliosi.
A través de la CNR, Rospigliosi Capurro indicó que normas como ésta mellan la imagen de la institución policial.
“Es un problema muy importante, porque desgraciadamente hay una fuerte desconfianza en las fuerzas del orden. Hemos visto en el "escuadrón de la muerte" de Trujillo como se falsean las evidencias; entonces, eso (la norma) podría dar lugar a muchas suspicacias”, declaró.
Sin embargo, remarcó que en zonas alejadas de país y en donde hay conflicto interno es muy difícil que una autoridad judicial acuda con prontitud para disponer el recojo de los efectivos fallecidos.
“También hay que reconocer que cuando se producen enfrentamiento en el Alto Huallaga o el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE) hay mucha dificultad para que un fiscal entre a una zona de combate. Son casos excepcionales; pero por eso puede generalizarse. Siempre que sea posible, tiene que intervenir el fiscal”, remarcó.
Cito por ejemplo, los recientes actos de violencia en Huancabamba (Piura), como un caso en donde esta norma generaría controversias. “Esto aumenta el desprestigio de la institución”, finalizó.
La ley Nº 29472 autoriza a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional el levantamiento de los cadáveres de los efectivos que fallezcan en las zonas alejadas de emergencia, a donde no puedan llegar los representantes del Ministerio Público.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 15/12/2009
LEY SOBRE LEVANTAMIENTO DE CADÁVERES DE EFECTIVOS FFAA Y PNP VULNERA LABOR FISCAL
La ausencia de un fiscal en el levantamiento de cadáveres dentro de zonas de emergencia deslegitima a dichas autoridades y al acto mismo, pues su presencia salvaguarda y garantiza realizar dicha acción dentro de lo establecido, sostuvo el abogado penalista Luis Lamas.
A través de CNR, Lamas Puccio comentó los alcances de la ley Nº 29472 que autoriza a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional el levantamiento de los cadáveres de los efectivos que fallezcan en las zonas alejadas de emergencia, a donde no puedan llegar los representantes del Ministerio Público.
El letrado indicó que la presencia de las autoridades judiciales es fundamental, pues este verifica la conformidad de la escena del crimen, elemento básico para el enjuiciamiento de los posibles responsables en caso de muertes violentas.
Manifestó que, sin importar si la persona es militar o civil, es indispensable la presencia de los fiscales para no viciar ni generar suspicacias respecto a un crimen; además para evitar que inescrupulosos alteren las evidencias.
“Lo más conveniente hubiera sido es que un fiscal ad hoc especializado en temas antisubversivos y terroristas fuera verificado en su trabajo para salvaguardar la cadena de custodia”, aseveró.
La norma, promulgada el lunes, precisa que el recojo de cadáveres por parte de los miembros de las FFAA y PNP se realizará de manera excepcional cuando existan dificultades que impidan la presencia del fiscal.
Esto se da mediante la incorporación de un tercer párrafo en el artículo 239 del Código Procesal Penal de 1991 y en el numeral 2 del artículo 195 del Código Procesal Penal de 2004, según lo publicado ayer en el boletín de Normas Legales del diario oficial "El Peruano".
El dispositivo precisa además que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional procederán al acto de levantamiento de cadáver dejando constancia de dicha diligencia y dando cuenta al representante del Ministerio Público dentro de las 24 horas más al término de la distancia de ser el caso.
Añade que la entrega de los cadáveres deberá hacerse en forma inmediata, bajo responsabilidad. Precisa, sin embargo, que para el levantamiento de cadáveres civiles, se requiere la respectiva delegación del fiscal.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 15/12/2009
AIDESEP Y APUS ANALIZARÁN INFORME SOBRE BAGUA ESTE FIN DE SEMANA
El informe que presentará la comisión que investiga los sucesos ocurridos en Bagua serán analizadas por los apus de las distintas etnias de la Amazonía peruana y Aidesep este fin de semana, informó Leandro Calvo, líder de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte (ORPIAN).
Fue al comentar el documento que presentará este 15 de diciembre, la Comisión Investigadora de los sucesos de Bagua.
“No podemos dejar un espacio de un mes o tres meses tenemos que agarrarlo ‘caliente’ para ver hasta dónde terminamos con esta actividad, porque si mañana presentan el informe éste luego llegará al despacho de Aidesep y ellos convocarán a una reunión de consejo ampliado donde se va a evaluar con los apus”, expresó en Ideeleradio.
“Posiblemente sea entre el 17 ó 18 de diciembre porque no podemos pensar en Navidad o Año Nuevo mientras seguimos teniendo este problema porque aún no está resuelto y ello es una preocupación”, subrayó.
Señaló que por el momento no puede precisar el lugar donde se realizaría esta reunión. Sin embargo, adelantó que ya se está coordinando con los distintos líderes amazónicos para analizar este tema.
Para el vocero indígena del pueblo wambis de la provincia de Condorcanqui refirió que las comunidades nativas mantienen su total esperanza en que se pueda esclarecer lo que ocurrió en la Curva del Diablo y la Estación 6 de Petroperú, a través del informe final de la Comisión Investigadora de los Sucesos de Bagua.
“El pueblo en general está esperando que haya un mayor resultado a favor de las comunidades indígenas, tanto para el país y para el mundo”, declaró.
Leandro Calvo evitó pronunciarse sobre la posible reacción de los pueblos indígenas si el informe no esclarece este suceso. Sin embargo, precisó que lo importante y elemental en este momento es encontrar un entendimiento entre el Gobierno Central y el movimiento indígena.
Finalmente, reveló que los pueblos indígenas están cansados de que las autoridades miren a las etnias con una “doble cara”.
Diario La República-Lima 14/12/2009