“A COMUNEROS LES DISPARARON POR LA ESPALDA”
Entrevista/Beatriz Merino. La defensora del Pueblo sostuvo que los resultados de la necropsia practicada a los dos comuneros de Huancabamba son claros y la Fiscalía debe investigar este hecho.
María Elena Castillo.
Ustedes, en la Defensoría del Pueblo, están investigando la muerte de dos comuneros en Huancabamba ¿Qué pasó realmente?
De inmediato enviamos una comitiva, presidida por el defensor del Pueblo de Piura. Ayer hemos remitido un oficio al fiscal de Huancabamba. Hemos podido recabar una serie de informaciones, entre ellas las necropsias de los dos ciudadanos muertos, Cástulo Correa y Vicente Romero.
Abogados de derechos humanos afirman que les dispararon por la espalda y en situación de total indefensión…
En el caso del señor Cástulo Correa aparece una herida por arma de fuego, con orificio de entrada de 0.5 centímetros de diámetros y la trayectoria del proyectil es de atrás hacia adelante, y de abajo hacia arriba. En el caso del señor Vicente Romero, la necropsia dice herida por arma de fuego, también con un orificio de entrada de 0.5 y la trayectoria es de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo.
¿Qué quiere decir eso?
En palabras sencillas esto quiere decir que les han disparado por la espalda. El Ministerio Público debe evaluar estas pruebas.
Entiendo que el general Walter Rivera, de Piura, ha declarado que es inverosímil que los comuneros murieran como consecuencia de tiros por la espalda y ha señalado que quizás los propios comuneros han dado muerte a sus compañeros. Por el bien de la institución policial, de la legalidad y la verdad, el Ministerio Público y el juez evaluarán estas pruebas y nos dirán lo que ocurrió en verdad ese día en Cajas Canchaque.
La policía acusa a los campesinos de una emboscada y los comuneros a la policía de haberlos atacado. ¿Cuál es la verdad?
Hay dos versiones y corresponde al Ministerio Público investigar. Nosotros nos hicimos presentes para evitar más actos de violencia, para que haya un debido proceso. Hemos estado en las primeras declaraciones ante el fiscal. Vamos a seguir mirando este tema con gran atención.
¿Cuál ha sido la conclusión de la Defensoría?
En la necropsia está muy claro de que los disparos se habrían producido por la espalda. La Defensoría ha tratado de proporcionar un espacio para que se restablezcan el diálogo y la tranquilidad en la zona y para que las autoridades, jueces y fiscales impartan justicia.
También está el caso del Escuadrón de la muerte, en Trujillo…
El Estado está encargado de hacer cumplir la ley y proteger al ciudadano. Jamás debe incurrir en un acto que viola la ley y menos aún de ataque a una persona, sin respetar el debido proceso, así cometa un delito. Nosotros nombramos un equipo de la Defensoría del Pueblo.
¿Cuánto han avanzado?
Hemos pedido al Ministerio Público copia de todas las investigaciones archivadas entre julio del 2007 y del 2009; al presidente de la Corte Superior de La Libertad, copia de los procesos penales concluidos entre esas mismas fechas; al jefe de la división médico legal de La Libertad, las necropsias de personas fallecidas por proyectiles de arma de fuego atribuidas a efectivos policiales; al jefe de la Tercera Dirección Territorial de la Policía, información sobre los enfrentamientos e informes policiales por fallecimiento de personas a causa de armas de fuego y arma blanca.
¿Están colaborando?
Hasta este momento hemos recabado copia de seis investigaciones penales concluidas que estamos evaluando. La Diterpol de Trujillo nos ha alcanzado el informe sobre enfrentamientos entre personal policial con delincuentes comunes. En su oportunidad alcanzaremos a las autoridades pertinentes, y a toda la sociedad, el resultado de la evaluación.
¿Y el caso de Bagua? Hay problemas con el informe de la comisión investigadora…
En realidad sí se han logrado determinados avances. Por ejemplo, la mesa de los decretos legislativos cuestionados ha terminado con una propuesta de Ley Forestal y Fauna Silvestre; la de derecho a la consulta ha terminado con una propuesta conjunta, aunque hay algunas observaciones que espero puedan ser levantadas; la mesa número cuatro ha aprobado un plan de desarrollo amazónico, en el que están los temas de la agenda histórica de la amazonía, como educación, salud, propiedad de la tierra, recursos naturales. Falta la mesa número uno, de la comisión investigadora.
Ha sido cuestionada por algunos de sus miembros pues no es clara en determinar la responsabilidad de las muertes de Bagua…
No quisiera adelantar una opinión sobre este informe, porque el presidente de la comisión ha señalado que lo están revisando. Lo que sí quiero decir es que espero que este informe respete las normas esenciales del debido proceso que, como que todo lo que se afirma esté sustentado, documentado, o como que las partes aludidas hayan podido hacer su descargo, ejercicio de su derecho de defensa.
“No se queman legajos ni planes operativos”
Los juicios por violaciones de DDHH tampoco avanzan…
No hay ninguna razón para no entregar la información, y existe porque hay normas que impiden que se quemen los legajos de personal y los planes operativos. Las fuerzas armadas democráticas deben tener muy claro que se trata de hechos cometidos por algunas personas que deshonraron el uniforme. La institución tiene la obligación de darles a los fiscales la información que necesitan para identificar a los responsables.
Pero no entregan nada…
Creo que es un mal entendido espíritu de cuerpo. Porque nada le da más prestigio, dignidad y fortaleza a una institución que excluir de sus filas a las personas que las deshonraron. Yo estoy segura de que eventualmente tendrá que ser quebrado ese falso espíritu de cuerpo y tendrán que dar sus archivos al Ministerio Público.
Diario La República-Lima 16/12/2009
AMENAZAN DE MUERTE A FISCAL QUE ACUSÓ A GENERALES POR BAGUAZO
Por haber denunciado a dos Generales de la policía Nacional que intervinieron en el lamentable desalojo de os nativos en la curva del diablo, donde fallecieron 34 personas entre indígenas y policías el pasado 5 de junio, la ex fiscal de la provincia de Utcubamba, Luz Marlene Rojas Méndez viene recibiendo constantes amenazas de muerte.
Rojas Méndez denunció que el pasado 7 de diciembre personas extrañas ingresaron en la madrugada a su despacho de la segunda fiscalía provincial mixta de Chachapoyas, y le dejaron un sobre con excrementos y una carta amenazándola de atentar contra su vida o la de su familia
Indico haber sido intimidada en más de sesenta llamadas y mensajes de texto a su celular. Además le envían pasquines y excremento humano a su centro de trabajo con la finalidad de alterar su salud emocional y crearle zozobra en su vida y trabajo
Diario La República-Lima 16/12/2009
BAGUAZO SIN RESPONSABLES POLÍTICOS
Preinforme. Señala a los instigadores, a la policía, pero no al ejecutivo. No se dice nada de la participación del Ministerio del Interior. Miembro de la comisión responde que ellos no son jueces.
Un preinforme impreciso sobre los violentos y luctuosos hechos del 5 de junio pasado en la Curva del Diablo y que no señala responsabilidades en el ámbito político, es el que hasta el momento obra en manos de los miembros de la Comisión nombrada por el Ejecutivo para investigar la que constituye una de las crisis políticas más agudas del gobierno actual.
El documento señala quiénes habrían supuestamente azuzado a la violencia (congresistas nacionalistas, dirigentes del Sutep y otros gremios) y hasta acusa a los misioneros de Jaén de acompañar y promover acciones ilegales que terminaron en la muerte de policías, pero no precisa qué autoridades del gobierno central tuvieron responsabilidad en los hechos.
Sobre el particular solo se dice de modo genérico que “el presidente de la República se excedió en la promulgación de una serie de decretos, varios de ellos no consultados a los indígenas de acuerdo con el Convenio 189 de la OIT y la Convención Internacional de Promoción y Protección de la Diversidad Cultural de la Unesco, que el Perú aprobó en el 2006”.
No se dice nada, sin embargo, sobre la responsabilidad que podría tener la entonces ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, pese a que sí se señala responsabilidad en el alto mando policial. “Si el escuadrón del general Muguruza salía a las 6 am, como estaba planificado (...), no se hubieran concentrado los nativos en la parte alta del cerro, cercando al comandante Carpio y sus hombres, y se hubiera evitado la toma del mayor Bazán y su escuadrón”, se indica.
El presidente de la comisión, Jesús Manasés, dijo que “los comisionados no son jueces” y, por ello, el informe no establece responsabilidades.
Amenazan de muerte a fiscal
La ex fiscal de la provincia de Utcubamba (Amazonas) Luz Marlene Rojas Méndez, quien denunciara a los generales Luis Muguruza y Javier Uribe por el desalojo en la llamada “Curva del Diablo”, informó que ha recibido amenazas contra su vida y la de su familia por medio de escritos, mensajes de texto y llamadas telefónicas .
Rojas, quien actualmente se desempeña como adjunta de la Fiscalía Provincial Mixta de Chachapoyas, precisó que el 7 de diciembre personas desconocidas ingresaron a su oficina y dejaron una carta con amenazas. Indicó que estos sucesos se iniciaron desde que ordenó la investigación de los generales y un grupo de oficiales que participaron en el desalojo del 5 de junio que dejó como saldo 34 personas muertas entre policías y nativos.
Diario La República-Lima 16/12/2009
MISIONEROS DE JAÉN RECHAZAN ACUSACIONES SOBRE VIOLENCIA EN LA SELVA
El obispo del Vicariato Apostólico San Francisco Javier de Jaén, monseñor Santiago García, rechazó la información propalada por un diario nacional, donde se acusa a los misioneros de la provincia cajamarquina de impulsar la violencia en la selva.
El martes, el diario "El Comercio" publicó en su portada un titular donde, en base al informe preliminar de la comisión del Ejecutivo sobre los acontecimientos de Bagua, se afirmaba que los misioneros de Jaén promovieron la violencia en las protestas de junio.
"Yo sé que esto no es una afirmacion de El Comercio; simplemente dice que el borrador del informe dice que acusan (a los misioneros). Pero al ponerlo como titular en primera página, da pie que muchas personas que no se fijan en detalles lo tomen así", declaró monseñor García de la Rasilla a Radio Marañón.
Empero, el religioso reafirmó que las acusaciones contenidas en el informe del gobierno carecen de veracidad y negó que los misioneros de su vicariato hayan impulsado hechos de violencia de tipo alguno.
"Quiero afirmar que eso no es verdad (...) para decir eso, tendría que haber pruebas, y en ese informe, en el párrafo del que se habla, no da ninguna prueba de que sea eso verdad", subrayó.
Monseñor García indicó que si bien ha participado directamente en muchos momentos del conflicto, "ni por educación ni por apoyo social hemos hecho algo absolutamente ilegal como pone el informe, y por tanto, no es verdad".
:: Aguarunas condenan informe
Ayer, el Consejo Aguaruna Huambisa, que representa a los pueblos awajún y huambisa de las cinco cuencas de las provincias de Bagua y Condorcanqui, emitió un pronunciamiento donde también condena las acusaciones contra los misioneros de Jaén.
En el texto, rechazan el pasaje del informe donde se señala que los religiosos "promovido, apoyado y acompañado medidas y normas legales e ilegales que terminaron con la muerte de policias y nativos"
"Esta información es falsa y contraria a la realidad de lo sucedido en esta justa protesta indígena", reza el pronunciamiento.
De igual modo, respaldan la labor de los misioneros de Jaén, "quienes durante esta lucha prestaron un apoyo humanitario invalorable a favor de nuestros hermanos indígenas y aportaron para la construcción de la paz social".
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 16/12/2009
PODER DE DECISIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ESTÁ EN MANOS DEL CONGRESO
El Pleno del Congreso decidirá esta mañana si aprueba o no el informe que recomienda la incorporación de la consulta previa a los pueblos indígenas en la reglamentación del Legislativo.
La votación del informe que propone la consulta previa en la reglamentación del Congreso fue pospuesta para hoy, luego que la Representación Nacional debatiera el martes en el Pleno los pormenores de la iniciativa.
El informe, elaborado por la Comisión Especial Multipartidaria Encargada de Evaluar y Recomendar las Soluciones a la Problemática de los Pueblos Indígenas, sugiere la implementación de la Consulta Previa contenida en el artículo 6 del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
Para tal fin, la comisión recomienda crear una Comisión Especial Multipartidaria Permanente que analice previamente todos los proyectos de ley que atañen a las comunidades indígenas antes que pasen a las comisiones ordinarias.
“Los mecanismos que incorporen la consulta previa en los procedimientos legislativos será determinado por la Comisión de Constitución y Reglamento del Parlamento”, detalló Gloria Ramos, presidenta de la comisión que elaboró el informe.
En tanto, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicas y Afroperuanos dictaminará las iniciativas legislativas a fin de establecer una Ley Marco de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas para todos los sectores del Estado.
El documento exhorta al Ejecutivo, “desarrollar e implementar políticas y mecanismos de dialogo intercultural oportuno entre el Estado y los pueblos indígenas”. Así mismo, exhorta a los ministerios adecuar su normatividad al convenio 169 de la OIT.
Solicita, a su vez, al Instituto de Desarrollo de Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA), la creación de un “Padrón Oficial de Organizaciones Representativas de los Pueblos Indígenas”.
:: No es un instrumento para eximir responsabilidades
Entre las objeciones presentadas durante el debate del informe que implementa la consulta previa a la reglamentación de Congreso, se halla la que expuso el congresista de la bancada fujimorista, Rolando Souza. El parlamentario aseguró que el contenido del informe podría eximir de responsabilidad a quienes estén involucrados en los sucesos de Bagua.
Mientras, Javier Bedoya (Unidad Nacional) rechazó que una comisión especial como la que se pretende crear para analizar los proyectos de ley referidos a los pueblos indígenas, pueda revisar los proyectos antes de pasar a las comisiones ordinarias.
“Se ha desnaturalizado la función parlamentaria, poniendo un sesgo previo, un paso previo por el cual todos los proyectos de ley deban pasar antes que a las comisiones dictaminadoras”, expresó Bedoya Vivanco.
Frente a estos cuestionamientos, la congresista Gloria Ramos aseguró que el fin del informe es dar viabilidad a la consulta previa. Negó que el espíritu del análisis sea “avalar acciones contra el Estado o los derechos de las personas”.
Ramos recordó que el informe fue presentado en mayo de este año, antes que ocurrieran los hechos luctuosos de Bagua (5 de junio). “Quizás, si se hubiese aprobado la consulta previa para que los pueblos indígenas tuvieran la opción de elegir su modelo de desarrollo, no hubiese pasado lo de Bagua”, acotó.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 16/12/2009
SE ARCHIVARON 180 INVESTIGACIONES SOBRE VIOLACIÓN DE DDHH
Defensa no apoyó. Ministerio no entregó información sobre los militares involucrados. El encubrimiento a militares y el abandono de la lucha contra la corrupción se intensificaron.
El Ministerio Público se vio obligado a archivar 180 investigaciones sobre violación de derechos humanos debido a la poca sensibilidad y falta de sentido de justicia mostrada por el Ministerio de Defensa, que se ha negado a brindar información y documentación sobre los militares involucrados en violación de derechos humanos en las zonas de emergencia.
Así lo manifestó Germán Vargas, de la Asociación Paz y Esperanza, en una conferencia sobre las víctimas de la violencia organizada por el Movimiento “Para que no se repita”.
También señaló que en los últimos tres años la voluntad de encubrir a los militares implicados en violación de derechos humanos se ha intensificado, y la lucha contra la corrupción prácticamente fue abandonada.
En tanto, Javier Azpur, de Propuesta Ciudadana, lamentó que el gobierno haya paralizado el trabajo del Consejo de Reparaciones restringiéndole el presupuesto.
Dijo que con la implementación de un plan nacional de reparaciones y entendiendo que la reparación individual es un derecho y no una dádiva, el Estado garantizará justicia para miles de víctimas.
El dato
Sin pesar. Germán Vargas dijo que durante los funerales de las víctimas de Putis “el gobierno no presentó sus condolencias, lo que dice de su valoración ética”.
Diario La República-Lima 16/12/2009
Entrevista/Beatriz Merino. La defensora del Pueblo sostuvo que los resultados de la necropsia practicada a los dos comuneros de Huancabamba son claros y la Fiscalía debe investigar este hecho.
María Elena Castillo.
Ustedes, en la Defensoría del Pueblo, están investigando la muerte de dos comuneros en Huancabamba ¿Qué pasó realmente?
De inmediato enviamos una comitiva, presidida por el defensor del Pueblo de Piura. Ayer hemos remitido un oficio al fiscal de Huancabamba. Hemos podido recabar una serie de informaciones, entre ellas las necropsias de los dos ciudadanos muertos, Cástulo Correa y Vicente Romero.
Abogados de derechos humanos afirman que les dispararon por la espalda y en situación de total indefensión…
En el caso del señor Cástulo Correa aparece una herida por arma de fuego, con orificio de entrada de 0.5 centímetros de diámetros y la trayectoria del proyectil es de atrás hacia adelante, y de abajo hacia arriba. En el caso del señor Vicente Romero, la necropsia dice herida por arma de fuego, también con un orificio de entrada de 0.5 y la trayectoria es de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo.
¿Qué quiere decir eso?
En palabras sencillas esto quiere decir que les han disparado por la espalda. El Ministerio Público debe evaluar estas pruebas.
Entiendo que el general Walter Rivera, de Piura, ha declarado que es inverosímil que los comuneros murieran como consecuencia de tiros por la espalda y ha señalado que quizás los propios comuneros han dado muerte a sus compañeros. Por el bien de la institución policial, de la legalidad y la verdad, el Ministerio Público y el juez evaluarán estas pruebas y nos dirán lo que ocurrió en verdad ese día en Cajas Canchaque.
La policía acusa a los campesinos de una emboscada y los comuneros a la policía de haberlos atacado. ¿Cuál es la verdad?
Hay dos versiones y corresponde al Ministerio Público investigar. Nosotros nos hicimos presentes para evitar más actos de violencia, para que haya un debido proceso. Hemos estado en las primeras declaraciones ante el fiscal. Vamos a seguir mirando este tema con gran atención.
¿Cuál ha sido la conclusión de la Defensoría?
En la necropsia está muy claro de que los disparos se habrían producido por la espalda. La Defensoría ha tratado de proporcionar un espacio para que se restablezcan el diálogo y la tranquilidad en la zona y para que las autoridades, jueces y fiscales impartan justicia.
También está el caso del Escuadrón de la muerte, en Trujillo…
El Estado está encargado de hacer cumplir la ley y proteger al ciudadano. Jamás debe incurrir en un acto que viola la ley y menos aún de ataque a una persona, sin respetar el debido proceso, así cometa un delito. Nosotros nombramos un equipo de la Defensoría del Pueblo.
¿Cuánto han avanzado?
Hemos pedido al Ministerio Público copia de todas las investigaciones archivadas entre julio del 2007 y del 2009; al presidente de la Corte Superior de La Libertad, copia de los procesos penales concluidos entre esas mismas fechas; al jefe de la división médico legal de La Libertad, las necropsias de personas fallecidas por proyectiles de arma de fuego atribuidas a efectivos policiales; al jefe de la Tercera Dirección Territorial de la Policía, información sobre los enfrentamientos e informes policiales por fallecimiento de personas a causa de armas de fuego y arma blanca.
¿Están colaborando?
Hasta este momento hemos recabado copia de seis investigaciones penales concluidas que estamos evaluando. La Diterpol de Trujillo nos ha alcanzado el informe sobre enfrentamientos entre personal policial con delincuentes comunes. En su oportunidad alcanzaremos a las autoridades pertinentes, y a toda la sociedad, el resultado de la evaluación.
¿Y el caso de Bagua? Hay problemas con el informe de la comisión investigadora…
En realidad sí se han logrado determinados avances. Por ejemplo, la mesa de los decretos legislativos cuestionados ha terminado con una propuesta de Ley Forestal y Fauna Silvestre; la de derecho a la consulta ha terminado con una propuesta conjunta, aunque hay algunas observaciones que espero puedan ser levantadas; la mesa número cuatro ha aprobado un plan de desarrollo amazónico, en el que están los temas de la agenda histórica de la amazonía, como educación, salud, propiedad de la tierra, recursos naturales. Falta la mesa número uno, de la comisión investigadora.
Ha sido cuestionada por algunos de sus miembros pues no es clara en determinar la responsabilidad de las muertes de Bagua…
No quisiera adelantar una opinión sobre este informe, porque el presidente de la comisión ha señalado que lo están revisando. Lo que sí quiero decir es que espero que este informe respete las normas esenciales del debido proceso que, como que todo lo que se afirma esté sustentado, documentado, o como que las partes aludidas hayan podido hacer su descargo, ejercicio de su derecho de defensa.
“No se queman legajos ni planes operativos”
Los juicios por violaciones de DDHH tampoco avanzan…
No hay ninguna razón para no entregar la información, y existe porque hay normas que impiden que se quemen los legajos de personal y los planes operativos. Las fuerzas armadas democráticas deben tener muy claro que se trata de hechos cometidos por algunas personas que deshonraron el uniforme. La institución tiene la obligación de darles a los fiscales la información que necesitan para identificar a los responsables.
Pero no entregan nada…
Creo que es un mal entendido espíritu de cuerpo. Porque nada le da más prestigio, dignidad y fortaleza a una institución que excluir de sus filas a las personas que las deshonraron. Yo estoy segura de que eventualmente tendrá que ser quebrado ese falso espíritu de cuerpo y tendrán que dar sus archivos al Ministerio Público.
Diario La República-Lima 16/12/2009
AMENAZAN DE MUERTE A FISCAL QUE ACUSÓ A GENERALES POR BAGUAZO
Por haber denunciado a dos Generales de la policía Nacional que intervinieron en el lamentable desalojo de os nativos en la curva del diablo, donde fallecieron 34 personas entre indígenas y policías el pasado 5 de junio, la ex fiscal de la provincia de Utcubamba, Luz Marlene Rojas Méndez viene recibiendo constantes amenazas de muerte.
Rojas Méndez denunció que el pasado 7 de diciembre personas extrañas ingresaron en la madrugada a su despacho de la segunda fiscalía provincial mixta de Chachapoyas, y le dejaron un sobre con excrementos y una carta amenazándola de atentar contra su vida o la de su familia
Indico haber sido intimidada en más de sesenta llamadas y mensajes de texto a su celular. Además le envían pasquines y excremento humano a su centro de trabajo con la finalidad de alterar su salud emocional y crearle zozobra en su vida y trabajo
Diario La República-Lima 16/12/2009
BAGUAZO SIN RESPONSABLES POLÍTICOS
Preinforme. Señala a los instigadores, a la policía, pero no al ejecutivo. No se dice nada de la participación del Ministerio del Interior. Miembro de la comisión responde que ellos no son jueces.
Un preinforme impreciso sobre los violentos y luctuosos hechos del 5 de junio pasado en la Curva del Diablo y que no señala responsabilidades en el ámbito político, es el que hasta el momento obra en manos de los miembros de la Comisión nombrada por el Ejecutivo para investigar la que constituye una de las crisis políticas más agudas del gobierno actual.
El documento señala quiénes habrían supuestamente azuzado a la violencia (congresistas nacionalistas, dirigentes del Sutep y otros gremios) y hasta acusa a los misioneros de Jaén de acompañar y promover acciones ilegales que terminaron en la muerte de policías, pero no precisa qué autoridades del gobierno central tuvieron responsabilidad en los hechos.
Sobre el particular solo se dice de modo genérico que “el presidente de la República se excedió en la promulgación de una serie de decretos, varios de ellos no consultados a los indígenas de acuerdo con el Convenio 189 de la OIT y la Convención Internacional de Promoción y Protección de la Diversidad Cultural de la Unesco, que el Perú aprobó en el 2006”.
No se dice nada, sin embargo, sobre la responsabilidad que podría tener la entonces ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, pese a que sí se señala responsabilidad en el alto mando policial. “Si el escuadrón del general Muguruza salía a las 6 am, como estaba planificado (...), no se hubieran concentrado los nativos en la parte alta del cerro, cercando al comandante Carpio y sus hombres, y se hubiera evitado la toma del mayor Bazán y su escuadrón”, se indica.
El presidente de la comisión, Jesús Manasés, dijo que “los comisionados no son jueces” y, por ello, el informe no establece responsabilidades.
Amenazan de muerte a fiscal
La ex fiscal de la provincia de Utcubamba (Amazonas) Luz Marlene Rojas Méndez, quien denunciara a los generales Luis Muguruza y Javier Uribe por el desalojo en la llamada “Curva del Diablo”, informó que ha recibido amenazas contra su vida y la de su familia por medio de escritos, mensajes de texto y llamadas telefónicas .
Rojas, quien actualmente se desempeña como adjunta de la Fiscalía Provincial Mixta de Chachapoyas, precisó que el 7 de diciembre personas desconocidas ingresaron a su oficina y dejaron una carta con amenazas. Indicó que estos sucesos se iniciaron desde que ordenó la investigación de los generales y un grupo de oficiales que participaron en el desalojo del 5 de junio que dejó como saldo 34 personas muertas entre policías y nativos.
Diario La República-Lima 16/12/2009
MISIONEROS DE JAÉN RECHAZAN ACUSACIONES SOBRE VIOLENCIA EN LA SELVA
El obispo del Vicariato Apostólico San Francisco Javier de Jaén, monseñor Santiago García, rechazó la información propalada por un diario nacional, donde se acusa a los misioneros de la provincia cajamarquina de impulsar la violencia en la selva.
El martes, el diario "El Comercio" publicó en su portada un titular donde, en base al informe preliminar de la comisión del Ejecutivo sobre los acontecimientos de Bagua, se afirmaba que los misioneros de Jaén promovieron la violencia en las protestas de junio.
"Yo sé que esto no es una afirmacion de El Comercio; simplemente dice que el borrador del informe dice que acusan (a los misioneros). Pero al ponerlo como titular en primera página, da pie que muchas personas que no se fijan en detalles lo tomen así", declaró monseñor García de la Rasilla a Radio Marañón.
Empero, el religioso reafirmó que las acusaciones contenidas en el informe del gobierno carecen de veracidad y negó que los misioneros de su vicariato hayan impulsado hechos de violencia de tipo alguno.
"Quiero afirmar que eso no es verdad (...) para decir eso, tendría que haber pruebas, y en ese informe, en el párrafo del que se habla, no da ninguna prueba de que sea eso verdad", subrayó.
Monseñor García indicó que si bien ha participado directamente en muchos momentos del conflicto, "ni por educación ni por apoyo social hemos hecho algo absolutamente ilegal como pone el informe, y por tanto, no es verdad".
:: Aguarunas condenan informe
Ayer, el Consejo Aguaruna Huambisa, que representa a los pueblos awajún y huambisa de las cinco cuencas de las provincias de Bagua y Condorcanqui, emitió un pronunciamiento donde también condena las acusaciones contra los misioneros de Jaén.
En el texto, rechazan el pasaje del informe donde se señala que los religiosos "promovido, apoyado y acompañado medidas y normas legales e ilegales que terminaron con la muerte de policias y nativos"
"Esta información es falsa y contraria a la realidad de lo sucedido en esta justa protesta indígena", reza el pronunciamiento.
De igual modo, respaldan la labor de los misioneros de Jaén, "quienes durante esta lucha prestaron un apoyo humanitario invalorable a favor de nuestros hermanos indígenas y aportaron para la construcción de la paz social".
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 16/12/2009
PODER DE DECISIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ESTÁ EN MANOS DEL CONGRESO
El Pleno del Congreso decidirá esta mañana si aprueba o no el informe que recomienda la incorporación de la consulta previa a los pueblos indígenas en la reglamentación del Legislativo.
La votación del informe que propone la consulta previa en la reglamentación del Congreso fue pospuesta para hoy, luego que la Representación Nacional debatiera el martes en el Pleno los pormenores de la iniciativa.
El informe, elaborado por la Comisión Especial Multipartidaria Encargada de Evaluar y Recomendar las Soluciones a la Problemática de los Pueblos Indígenas, sugiere la implementación de la Consulta Previa contenida en el artículo 6 del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
Para tal fin, la comisión recomienda crear una Comisión Especial Multipartidaria Permanente que analice previamente todos los proyectos de ley que atañen a las comunidades indígenas antes que pasen a las comisiones ordinarias.
“Los mecanismos que incorporen la consulta previa en los procedimientos legislativos será determinado por la Comisión de Constitución y Reglamento del Parlamento”, detalló Gloria Ramos, presidenta de la comisión que elaboró el informe.
En tanto, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicas y Afroperuanos dictaminará las iniciativas legislativas a fin de establecer una Ley Marco de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas para todos los sectores del Estado.
El documento exhorta al Ejecutivo, “desarrollar e implementar políticas y mecanismos de dialogo intercultural oportuno entre el Estado y los pueblos indígenas”. Así mismo, exhorta a los ministerios adecuar su normatividad al convenio 169 de la OIT.
Solicita, a su vez, al Instituto de Desarrollo de Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA), la creación de un “Padrón Oficial de Organizaciones Representativas de los Pueblos Indígenas”.
:: No es un instrumento para eximir responsabilidades
Entre las objeciones presentadas durante el debate del informe que implementa la consulta previa a la reglamentación de Congreso, se halla la que expuso el congresista de la bancada fujimorista, Rolando Souza. El parlamentario aseguró que el contenido del informe podría eximir de responsabilidad a quienes estén involucrados en los sucesos de Bagua.
Mientras, Javier Bedoya (Unidad Nacional) rechazó que una comisión especial como la que se pretende crear para analizar los proyectos de ley referidos a los pueblos indígenas, pueda revisar los proyectos antes de pasar a las comisiones ordinarias.
“Se ha desnaturalizado la función parlamentaria, poniendo un sesgo previo, un paso previo por el cual todos los proyectos de ley deban pasar antes que a las comisiones dictaminadoras”, expresó Bedoya Vivanco.
Frente a estos cuestionamientos, la congresista Gloria Ramos aseguró que el fin del informe es dar viabilidad a la consulta previa. Negó que el espíritu del análisis sea “avalar acciones contra el Estado o los derechos de las personas”.
Ramos recordó que el informe fue presentado en mayo de este año, antes que ocurrieran los hechos luctuosos de Bagua (5 de junio). “Quizás, si se hubiese aprobado la consulta previa para que los pueblos indígenas tuvieran la opción de elegir su modelo de desarrollo, no hubiese pasado lo de Bagua”, acotó.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 16/12/2009
SE ARCHIVARON 180 INVESTIGACIONES SOBRE VIOLACIÓN DE DDHH
Defensa no apoyó. Ministerio no entregó información sobre los militares involucrados. El encubrimiento a militares y el abandono de la lucha contra la corrupción se intensificaron.
El Ministerio Público se vio obligado a archivar 180 investigaciones sobre violación de derechos humanos debido a la poca sensibilidad y falta de sentido de justicia mostrada por el Ministerio de Defensa, que se ha negado a brindar información y documentación sobre los militares involucrados en violación de derechos humanos en las zonas de emergencia.
Así lo manifestó Germán Vargas, de la Asociación Paz y Esperanza, en una conferencia sobre las víctimas de la violencia organizada por el Movimiento “Para que no se repita”.
También señaló que en los últimos tres años la voluntad de encubrir a los militares implicados en violación de derechos humanos se ha intensificado, y la lucha contra la corrupción prácticamente fue abandonada.
En tanto, Javier Azpur, de Propuesta Ciudadana, lamentó que el gobierno haya paralizado el trabajo del Consejo de Reparaciones restringiéndole el presupuesto.
Dijo que con la implementación de un plan nacional de reparaciones y entendiendo que la reparación individual es un derecho y no una dádiva, el Estado garantizará justicia para miles de víctimas.
El dato
Sin pesar. Germán Vargas dijo que durante los funerales de las víctimas de Putis “el gobierno no presentó sus condolencias, lo que dice de su valoración ética”.
Diario La República-Lima 16/12/2009