DESLIZAMIENTO EN RODEOPAMPA ES POR DEFORESTACIÓN EN LA ZONA
Según Carlos Balarezo, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) de Lambayeque, indica que el deslizamiento de tierra en la comunidad de Rodeopampa, se debe a la deforestación con fines de ganar terrenos agrícolas, lo que origina el debilitamiento de las laderas de los cerros de la zona.
Ahora con el acumulamiento de las aguas en la gran laguna, causará el debilitamiento del cerro Rodeopampa, lo que ocasionaría un nuevo desastre, advirtió.
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) previno que no existe un mapa de riesgo a nivel nacional que alerte sobre posibles derrumbes, aludes, aluviones, deslizamientos de tierra y huaicos, a pesar de que diversas ciudades de país corren ese peligro.
“El estudio geofísico de los suelos no es competencia del INDECI, pues ello es estudiado e investigado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP)”, precisó al expresar que es responsabilidad de los gobiernos regionales coordinar con el IGP los estudios específicos en los suelos de su ciudad.
“Las localidades alto andinas siempre son las más afectadas con las lluvias y huaicos. Son las autoridades de esas ciudades quienes deben prevenir un desastre natural de ese tipo”, comentó.
Refirió que “el trabajo del INDECI es alertar a las autoridades sobre qué lugares, según las oportunidades en que ha ocurrido un desastre, son los más propensos a sufrir otro similar”.
“No puede haber un mapa de peligro, pues son eventualidades que ocurren por procesos dinámicos externos (lluvias) e internos (geofísicos de la tierra), los cuales son difíciles de prever”, anotó.
Mientras tanto, hoy arribará a esta ciudad de Cutervo un equipo de geólogos procedente de la empresa Yanacocha, con la finalidad de evaluar la zona.
Estos profesionales estarán en San Luis de Lucma hoy viernes, en horas de la mañana, en compañía de las autoridades de esta provincia encabezadas por el alcalde Wilson Delgado Olivera.
Diario Panorama Cajamarquino 26/02/2010
ESTADO PIERDE TRAS BENEFICIO A ANTAMINA
Tributos. Se dejará de recaudar US$ 270 millones por impuesto a la renta. La compañía señala que beneficio tributario permitirá expandir sus operaciones del año 2023 al 2027 y pagar mayores impuestos por US$ 1,890 millones.
La actuación del gobierno viene siendo criticada debido al caso Antamina, en el que se permitió que la minera acceda al beneficio tributario de la reinversión de utilidades (para el periodo 2009-2013). Tras ello el Estado dejará de recaudar US$ 270 millones por Impuesto a la Renta (IR). La mitad de esa cifra correspondía al canon de Áncash.
Si bien este beneficio ya no se encuentra en la actual legislación, la empresa apeló al convenio de estabilidad tributaria firmado en la década de los noventa.
En contraparte los representantes de la minera señalan que a cambio del beneficio se extenderán las operaciones de la empresa del 2023 hasta el 2027, lo cual generará un mayor pago de IR por un monto de US$ 1,890 millones.
“Si bien en los primeros años el canon a distribuir será menor, a partir del 2014 este empezará a crecer. A cualquier empresa si se le presenta la posibilidad de usar un beneficio tributario lo va a usar. Pero esto es legal”, señaló el gerente de Asuntos Corporativos de Antamina, Gonzalo Quijandría.
La compañía Antamina tiene previsto invertir US$ 1,288 millones para el periodo 2009-2013.
Se pudo renegociar
Según José De Echave, especialista en temas mineros, la empresa hubiera podido realizar esta inversión sin necesidad de aplicar el beneficio tributario debido a las grandes utilidades registradas en los últimos años.
“El gobierno debió sentarse a renegociar el convenio de estabilidad con la minera. Pero no hubo ninguna iniciativa de ese tipo”, apuntó el especialista.
En ello coincide Victoria Espinoza, la alcaldesa de Chimbote, uno de los municipios que sufrirán una reducción en el canon para este año. “Aquí tenemos múltiples necesidades y el gobierno no se puede dar el lujo de desperdiciar estos recursos. Ahora buscamos una adecuada compensación”, subrayó.
Compensarán la rebaja del canon
Antamina ofreció a los gobiernos regionales y locales de Áncash compensar la rebaja del canon entre los años 2010 y 2013 debido al beneficio tributario. Para este año estima una menor entrega del canon por US$ 15 millones (ver infografía).
El plan de compensación para este año asciende a US$ 24 millones. Gonzalo Quijandría señaló que de este monto US$ 8 millones serán financiados por recursos propios de Antamina y el saldo restante vía obras de infraestructura a través del Fondo Voluntario de la compañía. “La compensación será mayor pues con los municipios coordinamos proyectos que demandarán mayores recursos”, apuntó.
Diario La República-Lima 26/02/2010
OIT: ESTADO PERUANO DEBE DETENER EXTRACCIONES EN LA AMAZONÍA
Una serie de observaciones envió la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al Estado Peruano, con respecto al cumplimiento del Convenio 169, entre las que se exige el cese de las explotaciones en terrenos de la Amazonía.
Así lo informó la presidenta del Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas de la Comunidad Andina, Marleni Canales, quien saludó este hecho e hizo una llamado al Estado a cumplir con lo que recomienda la OIT.
Recordó que, el año pasado, el organismo internacional ya había formulado recomendaciones al Perú, pero éstas no fueron tomadas en cuenta por el régimen de turno. Ante ello, las organizaciones nacionales que representan a diversas comunidades indígenas solicitaron, por medio de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), a la OIT volver a enviar un pliego de observaciones al Perú.
La sexta observación - precisó Canales - está relacionada al uso de los recursos naturales y la aplicación de políticas extractivas en las zonas indígenas. En tal sentido, la OIT sostiene que en base a los artículos 2, 6, 7 y 15 del Convenio 169, se debe suspender las actividades de exploración y explotación de recursos naturales en tanto no se asegure la participación y consulta de los pueblos afectados.
Canales señaló que el gobierno debe detener todos los trabajos que se hacen en las zonas en discusión, ya que ninguna fue consultada antes a las comunidades nativas. “De no hacerlo, las comunidades pueden ir a las instancias nacionales o a las internacionales”, dijo.
Sobre los hechos ocurridos en Bagua el año pasado, la OIT señala que se instale una verdadera comisión que sea imparcial y que pueda hacer una investigación seria, ya que “los resultados arrojados por la comisión oficialista no fueron consideradas imparciales”.
Así mismo, la OIT establece que las causas de todo lo ocurrido en Bagua y de los conflictos ambientales y socioculturales que se viven en el país son por la implementación de los tratados de libre comercio y las políticas de explotación del gobierno.
Del mismo modo, las recomendaciones tienen cuatro puntos relacionados a la consulta y participación de las comunidades indígenas y nativas en los espacios donde se toman decisiones.
“Invocamos a la sociedad en general y a las autoridades de que armonicen la norma internacional a la norma nacional. El gobierno no ha tomado el mismo interés de armonizar con la norma nacional como con la misma velocidad e interés que cuando se trata de una norma internacional. Lo que pasa es que no hay voluntad política”, acotó.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 26/02/2010
MINERÍA-PERÚ: GOBIERNO APURA LEY PARA DESPLAZAR POBLACIONES
Dos décadas atrás, cientos de comunidades peruanas se desplazaban huyendo de la guerra interna (1980-2000). Hoy el gobierno impulsa un proyecto de ley urgente para reubicar pueblos enteros asentados en lugares de grandes riquezas minerales o energéticas.
El proyecto de ley que el Poder Ejecutivo de Perú envió al Congreso legislativo con carácter de urgencia prevé la reubicación de las comunidades que se encuentren en zonas en las que se planifican proyectos de desarrollo de "interés público o primordial".
El texto está a estudio de dos comisiones legislativas, cuyos miembros informaron a IPS que en la primera semana de marzo, cuando se reinicie la legislatura, se establecerán las fechas para debatirlo y luego se elaborará un dictamen para su posterior votación en el pleno del parlamento unicameral. La Comisión de Justicia envió el proyecto a la Defensoría del Pueblo y a otros especialistas para que emitan su opinión, mientras la Comisión de la Mujer espera una opinión técnica de la de Pueblos Indígenas.
"La iniciativa busca facilitar las inversiones mineras y de las centrales hidroeléctricas, que se están incrementando en terrenos de comunidades y pueblos indígenas", dijo la congresista Gloria Ramos.
"Es un proyecto con nombre propio que debe ser analizado con cuidado para garantizar los derechos de las poblaciones reubicadas", añadió Ramos, quien presidió la comisión multipartidaria conformada para dar respuesta a los reclamos indígenas a raíz de los conflictos que se agudizaron desde 2008.
El propósito de la norma es "preparar las condiciones" para la construcción de cinco centrales hidroeléctricas en el marco del memorando de entendimiento entre Perú y Brasil, sostuvo el analista Santiago Pedraglio en una columna de opinión publicada en el diario Perú 21.
Las concesiones otorgadas a las empresas mineras crecieron en más de 70 por ciento en los últimos años, empujadas por el alto precio internacional de los minerales.
Varios de estos proyectos, en etapa de exploración, se ejecutan en terrenos donde viven comunidades. En otros casos, han crecido tanto que terminan afectado a poblaciones aledañas, planteando la necesidad de trasladar a pueblos enteros.
Entre los casos más notorios figura la compañía de capitales chinos Chinalco, con una concesión en el distrito de Morococha, en la región centroandina de Junín, donde un cerro, al pie del cual viven centenares de personas, constituye la fuente del mineral de cobre.
Otro caso es de la empresa peruana Volcán, en la ciudad de Cerro de Pasco, en la sierra sur, donde unas 11.000 familias podrían ser reubicadas porque la extracción mineral en el corazón de la urbe ha afectado la salud humana y las viviendas, rajadas por las detonaciones de la mina.
Ramos dijo a IPS que el parlamento debería agotar todos los esfuerzos para aprobar en primer lugar la ley general de consulta para que las comunidades y pueblos indígenas puedan decidir sobre asuntos que los afectan.
Así lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que el Estado peruano ratificó en 1993.
"La iniciativa debe ser sometida a un proceso de consulta urgente para evitar cualquier conflicto", señaló a IPS Asunta Santillán, coordinadora del programa social indígena de la organización no gubernamental Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
El proyecto presentado al Congreso el 4 de febrero propone modificar el artículo 8 de la ley 28.223 sobre desplazamientos forzados e incorporar un inciso para resolver con la mayor "celeridad posible" la calificación de los promotores o ejecutores de estos proyectos de inversión.
Además, el proyecto señala que si "el desplazamiento se produjese a causa de proyectos de desarrollo en gran escala justificados por un interés público superior o primordial, la autoridad competente para autorizar dicho desplazamiento será el titular del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Mindes)".
Aunque la norma señala que en caso de desplazamiento de comunidades nativas y campesinas, "se cumplirá lo dispuesto por las normas nacionales e internacionales sobre la materia", la especialista de DAR advirtió que, como los procedimientos deben realizarse rápidamente, se corre el riesgo de que la consulta sólo sea un trámite administrativo.
Mientras, la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso elabora un primer dictamen sobre el proyecto de ley de consulta a partir de una propuesta de la Defensoría del Pueblo, de una de las mesas de diálogo que conformó el gobierno después de la masacre de junio del año pasado en la Amazonia y de un dictamen legislativo.
Pedraglio estimó que el proyecto del Ejecutivo amplía el concepto de "desplazados" que estaba restringido a quienes fueron obligados a escapar por la violencia o violaciones a los derechos humanos durante el conflicto entre la guerrilla y fuerzas del Estado, entre 1980 y 2000.
El encargado de la dirección general de desplazados y cultura de paz del Mindes, Lizandro Tovar, dijo a IPS que en el contexto de crecimiento económico de Perú y de otros países de América Latina "se hace necesario regular este tipo de desplazamientos internos por actividades económicas, al ser un tema nuevo que exige proteger los derechos de las poblaciones".
"Los desplazamientos sólo se darán en caso de proyectos de interés primordial, porque aquellos que no están justificados son considerados como delitos de lesa humanidad", agregó Tovar.
¿Y cuáles son los criterios para determinar qué proyecto debe prevalecer ante la permanencia de un pueblo en su lugar de origen? El texto señala que la decisión recae en los titulares de los sectores que regulan las actividades de esos proyectos de desarrollo.
La norma propuesta no especifica quién asumirá los costos del desplazamiento, y ese es el problema no resuelto con Volcán en Cerro de Pasco, dijo a IPS Gladys Huamán, de la no gubernamental Centro Labor.
Para la activista, el dueño de la empresa debe asumir los gastos como parte de su inversión.
Para la reubicación de Cerro de Pasco hay varios aspectos a considerar: existe una ley y un reglamento específicos para esta ciudad así como una comisión multisectorial.
"Además los pobladores son gente de ciudad y comuneros, por lo que el proceso de consulta no solo se rige según el Convenio 169. ¿Cómo se hará para articular estas normas ya dadas con el nuevo proyecto de ley del Ejecutivo?", se preguntó Huamán.
"Tenemos que hacer que las normas sean concordantes", respondió Tovar. Para los expertos, la clave es un debate transparente en el parlamento.
http://www.ipsenespanol.net/nota.asp?idnews=94768
IPS 25/02/2010
MINEROS DENUNCIAN QUE GOBIERNO ENTREGÓ A EMPRESA CHINA TERRITORIO PERUANO
Gremio de trabajadores señaló que Shougang solo tenía autorización para administrar recursos naturales y no ceder terrenos. Sindicato afirma que se viola la Constitución
Jueves 25 de febrero de 2010 - 06:02 pm
La Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú denunció que el Poder Ejecutivo cedió a la empresa china Shougang Hierro Perú parte del territorio peruano, lo que constituiría una violación a la Constitución.
Según el sindicato, el acuerdo entre el Ministerio de Energía y Minas y la compañía, donde se cedió una parte de su concesión minera para viabilizar el desarrollo de la industria petroquímica en San Juan de Marcona (Ica), es “un acto antinacional que atenta contra la soberania de nuestra nación”.
El pacto fue firmado el pasado 19 de febrero.
De acuerdo a la referida federación, Shougang solo tenía facultad para administrar los recursos naturales pero no para ceder terrenos.
Con el acuerdo, las petroquímicas CF Industries y Orica Nitratos tienen el camino libre para ejecutar sus proyectos, en los que invertirán US$2.500 millones y US$500 millones.
PREOCUPACIÓN
Al respecto, para los trabajadores mineros se han violado los artículos 54º y 66º de la Carta Magna.
“Es preocupante el proceder de las autoridades del Ministerio de Energía y Minas, que, en tiempo récord y de manera subrepticia, han concluido en un acuerdo que a partir de ahora pone en riesgo la estabilidad social en la localidad de Marcona”, señaló el sindicato mediante un comunicado .
La vocera del Partido Nacionalista, Marisol Espinoza, indicó que el caso supondría una falta grave del Gobierno y adelantó que se podría iniciar una investigación.
Diario El Comercio-Lima 25/02/2010
Según Carlos Balarezo, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) de Lambayeque, indica que el deslizamiento de tierra en la comunidad de Rodeopampa, se debe a la deforestación con fines de ganar terrenos agrícolas, lo que origina el debilitamiento de las laderas de los cerros de la zona.
Ahora con el acumulamiento de las aguas en la gran laguna, causará el debilitamiento del cerro Rodeopampa, lo que ocasionaría un nuevo desastre, advirtió.
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) previno que no existe un mapa de riesgo a nivel nacional que alerte sobre posibles derrumbes, aludes, aluviones, deslizamientos de tierra y huaicos, a pesar de que diversas ciudades de país corren ese peligro.
“El estudio geofísico de los suelos no es competencia del INDECI, pues ello es estudiado e investigado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP)”, precisó al expresar que es responsabilidad de los gobiernos regionales coordinar con el IGP los estudios específicos en los suelos de su ciudad.
“Las localidades alto andinas siempre son las más afectadas con las lluvias y huaicos. Son las autoridades de esas ciudades quienes deben prevenir un desastre natural de ese tipo”, comentó.
Refirió que “el trabajo del INDECI es alertar a las autoridades sobre qué lugares, según las oportunidades en que ha ocurrido un desastre, son los más propensos a sufrir otro similar”.
“No puede haber un mapa de peligro, pues son eventualidades que ocurren por procesos dinámicos externos (lluvias) e internos (geofísicos de la tierra), los cuales son difíciles de prever”, anotó.
Mientras tanto, hoy arribará a esta ciudad de Cutervo un equipo de geólogos procedente de la empresa Yanacocha, con la finalidad de evaluar la zona.
Estos profesionales estarán en San Luis de Lucma hoy viernes, en horas de la mañana, en compañía de las autoridades de esta provincia encabezadas por el alcalde Wilson Delgado Olivera.
Diario Panorama Cajamarquino 26/02/2010
ESTADO PIERDE TRAS BENEFICIO A ANTAMINA
Tributos. Se dejará de recaudar US$ 270 millones por impuesto a la renta. La compañía señala que beneficio tributario permitirá expandir sus operaciones del año 2023 al 2027 y pagar mayores impuestos por US$ 1,890 millones.
La actuación del gobierno viene siendo criticada debido al caso Antamina, en el que se permitió que la minera acceda al beneficio tributario de la reinversión de utilidades (para el periodo 2009-2013). Tras ello el Estado dejará de recaudar US$ 270 millones por Impuesto a la Renta (IR). La mitad de esa cifra correspondía al canon de Áncash.
Si bien este beneficio ya no se encuentra en la actual legislación, la empresa apeló al convenio de estabilidad tributaria firmado en la década de los noventa.
En contraparte los representantes de la minera señalan que a cambio del beneficio se extenderán las operaciones de la empresa del 2023 hasta el 2027, lo cual generará un mayor pago de IR por un monto de US$ 1,890 millones.
“Si bien en los primeros años el canon a distribuir será menor, a partir del 2014 este empezará a crecer. A cualquier empresa si se le presenta la posibilidad de usar un beneficio tributario lo va a usar. Pero esto es legal”, señaló el gerente de Asuntos Corporativos de Antamina, Gonzalo Quijandría.
La compañía Antamina tiene previsto invertir US$ 1,288 millones para el periodo 2009-2013.
Se pudo renegociar
Según José De Echave, especialista en temas mineros, la empresa hubiera podido realizar esta inversión sin necesidad de aplicar el beneficio tributario debido a las grandes utilidades registradas en los últimos años.
“El gobierno debió sentarse a renegociar el convenio de estabilidad con la minera. Pero no hubo ninguna iniciativa de ese tipo”, apuntó el especialista.
En ello coincide Victoria Espinoza, la alcaldesa de Chimbote, uno de los municipios que sufrirán una reducción en el canon para este año. “Aquí tenemos múltiples necesidades y el gobierno no se puede dar el lujo de desperdiciar estos recursos. Ahora buscamos una adecuada compensación”, subrayó.
Compensarán la rebaja del canon
Antamina ofreció a los gobiernos regionales y locales de Áncash compensar la rebaja del canon entre los años 2010 y 2013 debido al beneficio tributario. Para este año estima una menor entrega del canon por US$ 15 millones (ver infografía).
El plan de compensación para este año asciende a US$ 24 millones. Gonzalo Quijandría señaló que de este monto US$ 8 millones serán financiados por recursos propios de Antamina y el saldo restante vía obras de infraestructura a través del Fondo Voluntario de la compañía. “La compensación será mayor pues con los municipios coordinamos proyectos que demandarán mayores recursos”, apuntó.
Diario La República-Lima 26/02/2010
OIT: ESTADO PERUANO DEBE DETENER EXTRACCIONES EN LA AMAZONÍA
Una serie de observaciones envió la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al Estado Peruano, con respecto al cumplimiento del Convenio 169, entre las que se exige el cese de las explotaciones en terrenos de la Amazonía.
Así lo informó la presidenta del Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas de la Comunidad Andina, Marleni Canales, quien saludó este hecho e hizo una llamado al Estado a cumplir con lo que recomienda la OIT.
Recordó que, el año pasado, el organismo internacional ya había formulado recomendaciones al Perú, pero éstas no fueron tomadas en cuenta por el régimen de turno. Ante ello, las organizaciones nacionales que representan a diversas comunidades indígenas solicitaron, por medio de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), a la OIT volver a enviar un pliego de observaciones al Perú.
La sexta observación - precisó Canales - está relacionada al uso de los recursos naturales y la aplicación de políticas extractivas en las zonas indígenas. En tal sentido, la OIT sostiene que en base a los artículos 2, 6, 7 y 15 del Convenio 169, se debe suspender las actividades de exploración y explotación de recursos naturales en tanto no se asegure la participación y consulta de los pueblos afectados.
Canales señaló que el gobierno debe detener todos los trabajos que se hacen en las zonas en discusión, ya que ninguna fue consultada antes a las comunidades nativas. “De no hacerlo, las comunidades pueden ir a las instancias nacionales o a las internacionales”, dijo.
Sobre los hechos ocurridos en Bagua el año pasado, la OIT señala que se instale una verdadera comisión que sea imparcial y que pueda hacer una investigación seria, ya que “los resultados arrojados por la comisión oficialista no fueron consideradas imparciales”.
Así mismo, la OIT establece que las causas de todo lo ocurrido en Bagua y de los conflictos ambientales y socioculturales que se viven en el país son por la implementación de los tratados de libre comercio y las políticas de explotación del gobierno.
Del mismo modo, las recomendaciones tienen cuatro puntos relacionados a la consulta y participación de las comunidades indígenas y nativas en los espacios donde se toman decisiones.
“Invocamos a la sociedad en general y a las autoridades de que armonicen la norma internacional a la norma nacional. El gobierno no ha tomado el mismo interés de armonizar con la norma nacional como con la misma velocidad e interés que cuando se trata de una norma internacional. Lo que pasa es que no hay voluntad política”, acotó.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 26/02/2010
MINERÍA-PERÚ: GOBIERNO APURA LEY PARA DESPLAZAR POBLACIONES
Dos décadas atrás, cientos de comunidades peruanas se desplazaban huyendo de la guerra interna (1980-2000). Hoy el gobierno impulsa un proyecto de ley urgente para reubicar pueblos enteros asentados en lugares de grandes riquezas minerales o energéticas.
El proyecto de ley que el Poder Ejecutivo de Perú envió al Congreso legislativo con carácter de urgencia prevé la reubicación de las comunidades que se encuentren en zonas en las que se planifican proyectos de desarrollo de "interés público o primordial".
El texto está a estudio de dos comisiones legislativas, cuyos miembros informaron a IPS que en la primera semana de marzo, cuando se reinicie la legislatura, se establecerán las fechas para debatirlo y luego se elaborará un dictamen para su posterior votación en el pleno del parlamento unicameral. La Comisión de Justicia envió el proyecto a la Defensoría del Pueblo y a otros especialistas para que emitan su opinión, mientras la Comisión de la Mujer espera una opinión técnica de la de Pueblos Indígenas.
"La iniciativa busca facilitar las inversiones mineras y de las centrales hidroeléctricas, que se están incrementando en terrenos de comunidades y pueblos indígenas", dijo la congresista Gloria Ramos.
"Es un proyecto con nombre propio que debe ser analizado con cuidado para garantizar los derechos de las poblaciones reubicadas", añadió Ramos, quien presidió la comisión multipartidaria conformada para dar respuesta a los reclamos indígenas a raíz de los conflictos que se agudizaron desde 2008.
El propósito de la norma es "preparar las condiciones" para la construcción de cinco centrales hidroeléctricas en el marco del memorando de entendimiento entre Perú y Brasil, sostuvo el analista Santiago Pedraglio en una columna de opinión publicada en el diario Perú 21.
Las concesiones otorgadas a las empresas mineras crecieron en más de 70 por ciento en los últimos años, empujadas por el alto precio internacional de los minerales.
Varios de estos proyectos, en etapa de exploración, se ejecutan en terrenos donde viven comunidades. En otros casos, han crecido tanto que terminan afectado a poblaciones aledañas, planteando la necesidad de trasladar a pueblos enteros.
Entre los casos más notorios figura la compañía de capitales chinos Chinalco, con una concesión en el distrito de Morococha, en la región centroandina de Junín, donde un cerro, al pie del cual viven centenares de personas, constituye la fuente del mineral de cobre.
Otro caso es de la empresa peruana Volcán, en la ciudad de Cerro de Pasco, en la sierra sur, donde unas 11.000 familias podrían ser reubicadas porque la extracción mineral en el corazón de la urbe ha afectado la salud humana y las viviendas, rajadas por las detonaciones de la mina.
Ramos dijo a IPS que el parlamento debería agotar todos los esfuerzos para aprobar en primer lugar la ley general de consulta para que las comunidades y pueblos indígenas puedan decidir sobre asuntos que los afectan.
Así lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que el Estado peruano ratificó en 1993.
"La iniciativa debe ser sometida a un proceso de consulta urgente para evitar cualquier conflicto", señaló a IPS Asunta Santillán, coordinadora del programa social indígena de la organización no gubernamental Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
El proyecto presentado al Congreso el 4 de febrero propone modificar el artículo 8 de la ley 28.223 sobre desplazamientos forzados e incorporar un inciso para resolver con la mayor "celeridad posible" la calificación de los promotores o ejecutores de estos proyectos de inversión.
Además, el proyecto señala que si "el desplazamiento se produjese a causa de proyectos de desarrollo en gran escala justificados por un interés público superior o primordial, la autoridad competente para autorizar dicho desplazamiento será el titular del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Mindes)".
Aunque la norma señala que en caso de desplazamiento de comunidades nativas y campesinas, "se cumplirá lo dispuesto por las normas nacionales e internacionales sobre la materia", la especialista de DAR advirtió que, como los procedimientos deben realizarse rápidamente, se corre el riesgo de que la consulta sólo sea un trámite administrativo.
Mientras, la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso elabora un primer dictamen sobre el proyecto de ley de consulta a partir de una propuesta de la Defensoría del Pueblo, de una de las mesas de diálogo que conformó el gobierno después de la masacre de junio del año pasado en la Amazonia y de un dictamen legislativo.
Pedraglio estimó que el proyecto del Ejecutivo amplía el concepto de "desplazados" que estaba restringido a quienes fueron obligados a escapar por la violencia o violaciones a los derechos humanos durante el conflicto entre la guerrilla y fuerzas del Estado, entre 1980 y 2000.
El encargado de la dirección general de desplazados y cultura de paz del Mindes, Lizandro Tovar, dijo a IPS que en el contexto de crecimiento económico de Perú y de otros países de América Latina "se hace necesario regular este tipo de desplazamientos internos por actividades económicas, al ser un tema nuevo que exige proteger los derechos de las poblaciones".
"Los desplazamientos sólo se darán en caso de proyectos de interés primordial, porque aquellos que no están justificados son considerados como delitos de lesa humanidad", agregó Tovar.
¿Y cuáles son los criterios para determinar qué proyecto debe prevalecer ante la permanencia de un pueblo en su lugar de origen? El texto señala que la decisión recae en los titulares de los sectores que regulan las actividades de esos proyectos de desarrollo.
La norma propuesta no especifica quién asumirá los costos del desplazamiento, y ese es el problema no resuelto con Volcán en Cerro de Pasco, dijo a IPS Gladys Huamán, de la no gubernamental Centro Labor.
Para la activista, el dueño de la empresa debe asumir los gastos como parte de su inversión.
Para la reubicación de Cerro de Pasco hay varios aspectos a considerar: existe una ley y un reglamento específicos para esta ciudad así como una comisión multisectorial.
"Además los pobladores son gente de ciudad y comuneros, por lo que el proceso de consulta no solo se rige según el Convenio 169. ¿Cómo se hará para articular estas normas ya dadas con el nuevo proyecto de ley del Ejecutivo?", se preguntó Huamán.
"Tenemos que hacer que las normas sean concordantes", respondió Tovar. Para los expertos, la clave es un debate transparente en el parlamento.
http://www.ipsenespanol.net/nota.asp?idnews=94768
IPS 25/02/2010
MINEROS DENUNCIAN QUE GOBIERNO ENTREGÓ A EMPRESA CHINA TERRITORIO PERUANO
Gremio de trabajadores señaló que Shougang solo tenía autorización para administrar recursos naturales y no ceder terrenos. Sindicato afirma que se viola la Constitución
Jueves 25 de febrero de 2010 - 06:02 pm
La Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú denunció que el Poder Ejecutivo cedió a la empresa china Shougang Hierro Perú parte del territorio peruano, lo que constituiría una violación a la Constitución.
Según el sindicato, el acuerdo entre el Ministerio de Energía y Minas y la compañía, donde se cedió una parte de su concesión minera para viabilizar el desarrollo de la industria petroquímica en San Juan de Marcona (Ica), es “un acto antinacional que atenta contra la soberania de nuestra nación”.
El pacto fue firmado el pasado 19 de febrero.
De acuerdo a la referida federación, Shougang solo tenía facultad para administrar los recursos naturales pero no para ceder terrenos.
Con el acuerdo, las petroquímicas CF Industries y Orica Nitratos tienen el camino libre para ejecutar sus proyectos, en los que invertirán US$2.500 millones y US$500 millones.
PREOCUPACIÓN
Al respecto, para los trabajadores mineros se han violado los artículos 54º y 66º de la Carta Magna.
“Es preocupante el proceder de las autoridades del Ministerio de Energía y Minas, que, en tiempo récord y de manera subrepticia, han concluido en un acuerdo que a partir de ahora pone en riesgo la estabilidad social en la localidad de Marcona”, señaló el sindicato mediante un comunicado .
La vocera del Partido Nacionalista, Marisol Espinoza, indicó que el caso supondría una falta grave del Gobierno y adelantó que se podría iniciar una investigación.
Diario El Comercio-Lima 25/02/2010