MADRE DE DIOS Y LA MINERÍA
La semana pasada se conoció el Decreto de Urgencia por el que se declara de necesidad pública y de ejecución prioritaria el ordenamiento de la minería aurífera en Madre de Dios.
La medida impulsada por el ministro Antonio Brack ha generado un debate que puede ser útil para Madre de Dios y para el resto del país. A continuación sugerimos algunos aspectos a tomar en cuenta:
– La iniciativa podría ser un primer paso para corregir lo que desde el Estado se ha venido desordenando. Como se sabe la política de entrega de concesiones mineras en el Perú ha sido caótica; se han entregado, y se siguen entregando, concesiones sin mayor criterio, en zonas que deberían ser protegidas. Un ejemplo precisamente de Madre de Dios: en la Reserva Nacional Tambopata, zona protegida, se han entregado 27 concesiones tituladas y 58 denuncios mineros están en trámite.
–Se necesita reforzar las estrategias que apunten a ordenar nuestro territorio. Al suspenderse la entrega de derechos mineros en una zona se abre un debate sobre el catastro no minero: hasta el momento solamente en este catastro estaban incluidas las áreas naturales protegidas, las de protección del Instituto Nacional de Cultura y también zonas urbanas.
–Algunos consideran que el catastro no minero es insuficiente y que se debería iniciar un debate serio para ordenar el territorio: apuntar a procesos de zonificación económica y ecológica, que con la rigurosidad del caso protejan zonas que están destinadas a prestar servicios ambientales o en las que se desarrollan actividades económicas que por diferentes motivos podrían no ser compatibles con la minería.
– La minería artesanal y en pequeña escala (MAPE) es una realidad que se ha venido expandiendo en casi todo el país. Es urgente que se revise el marco legal de la MAPE para adaptarlo a las actuales circunstancias, tomando en cuenta aspectos sociales y ambientales.
–En la misma línea es urgente fortalecer la capacidad de gestión de los gobiernos regionales para fomentar y supervisar las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal. A partir de la mejora de la capacidad de los gobiernos regionales se podrían implementar un conjunto de programas de control y fiscalización.
–Se deben iniciar experiencias de protección de ecosistemas ya afectados con la participación de pobladores. Por ejemplo, es urgente la recuperación ambiental de las microcuencas de Huepetuhe y Caychive en Madre de Dios y que en estos procesos se incluyan programas de reforestación con especies nativas asociadas, el retiro de sedimentos de los ríos, entre otras medidas.
–Finalmente, allí donde se considere que puede haber actividad minera en pequeña escala, se deben promover mejoras tecnológicas: por ejemplo, se debe promover la investigación y difusión de técnicas de beneficio del oro sin mercurio; aprender de las mejores experiencias en el Perú y en el extranjero; vinculándose además a los circuitos que hoy en día promueven los productores en el sistema de Comercio Justo de Oro para la minería artesanal y en pequeña escala.
Estas y otras medidas podrían ser el inicio de un proceso de ordenamiento del crecimiento de la minería en sus diferentes estratos, con mecanismos de regulación que sean efectivos en lo ambiental y en lo social. Esperemos que sea así.
Diario La República-Lima 25/02/2010
POBLADORES DE TICACO DEBATIRÁN POSIBLE INSTALACIÓN DE MINERA NEWMONT
Los residentes de Ticaco en la provincia de Tacna viajarán este viernes hasta su localidad para realizar una asamblea en la que se debatirá las medidas a tomar en torno a las pretensiones de la minera Newmont, de instalarse en el distrito.
La convocatoria fue hecha por el presidente de los Residentes Ticaqueños enb Tacna, Williams Ticona Gutiérrez. El dirigente dijo que se tomó conocimiento que la minera tiene la intención de comprar chacras y predios en Ticaco, para poner en marcha el proyecto.
El objetivo de los residentes es impedir que la transnacional realice las compras y obligarla, de esta manera, a que se retiren de su jurisdicción. La caravana con destino a Ticaco, se iniciará hoy desde las 13:00 horas y partirán desde la zona de la salida a Tarata.
Los lugareños temen que con la incursión de la actividad minera en su jurisdicción se contamine el medio ambiente y se ponga en riesgo la actividad agrícola, que es su principal fuente de sustento.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 25/02/2010
URGE IMPLEMENTAR REGISTRO OFICIAL DE COMUNIDADES NATIVAS Y CAMPESINAS
A la fecha, no existe un registro oficial de las comunidades nativas y campesinas, lo que impide que éstas tengan acceso a servicios de salud, carreteras y educación, y ni que decir al crédito.
Así lo señaló Laureano del Castillo, coordinador del Grupo Alpa, el cual desarrolló un monitoreo denominado "Políticas Públicas Aplicadas a Comunidades Campesinas 2008-2009".
El también abogado del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) recordó que, hasta hace algunos años, hubo una Dirección de Comunidades Nativas; empero, ésta fue desaparecida durante el régimen de Alberto Fujimori.
Posteriormente, se implementaron la Comisión Nacional de Pueblos Andinos y Amazónicos (CONAPA) y luego el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA); sin embargo, ninguno de dichos entes cumplió su labor a cabalidad.
Adicionalmente, se encuentra el incumplimiento del Ejecutivo con respecto al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el cual sanciona el derecho a consulta de las comunidades sobre el uso de sus tierras ancestrales.
Indicó que este problema obedece a que el Estado no tiene claro qué hacer con las comunidades y, en el peor de los casos, ni siquiera tiene interés por ellas ni la problemática que enfrentan.
"Ahora hay muchos intereses de explotación en la selva, de madera, petróleo, gas (...) la selva, que durante siglos se vio como un lugar despoblado, ahora es objeto de apetitos y este gobierno le abre las puertas a las transnacionales", opinó.
En tan sentido, señaló que las protestas registradas en junio del 2009 en Bagua (Amazonas) se dieron porque justamente las comunidades sintieron que sus territorios estaban amenazados.
Del Castillo criticó la labor del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) que lejos de avanzar en la titulación de las comunidades, promueve la entrega de títulos individuales. "Es más fácil para una empresa negociar con individuos antes que con comunidades", expresó.
A esto, se suma la propuesta para modificar la Ley de Desplazamiento Forzoso, pues -según dijo- con ésta se generan mejores condiciones para que los inversionistas se instalen en nuestra Amazonía.
Finalmente, advirtió que la reciente jornada de protestas desarrollada en el nororiente ratifica el descontento de las comunidades, que ven que a ocho meses del "Baguazo", las cosas siguen igual.
"Se instaló un grupo nacional de coordinación que derivó en mesas de trabajo, que vieron las protestas, los decretos y el plan de desarrollo integral. Lo cierto es que hubo propuestas, disensos, pero no soluciones (...) los decretos legislativos, salvo cuatro, siguen vigentes", acotó.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 25/02/2010
DICTAMEN SOBRE CONSULTA PREVIA ESTARÍA LISTO ANTES DE ABRIL
A finales de marzo debe estar listo el dictamen de la Ley de Consulta Previa a las Comunidades Indígenas, señaló la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso, Elizabeth León.
En diálogo con CNR, León Minaya consideró que este plazo debe cumplirse rápidamente, porque la población de las comunidades indígenas se encuentra impaciente por este tema que lleva bastante tiempo sin solución.
“Entendemos que hay diversos puntos controversiales y empezaremos el debate el 2 de marzo para consensuar los artículos que generan polémicas y esperamos terminar a fines de marzo, para que pase al Pleno al debate final”, señaló.
León reveló que revisarán el documento emitido por la Mesa de Trabajo con las Comunidades Amazónicas, presidida por el ministro de Agricultura, Aldofo De Córdoba, y buscarán dialogar con los representantes de las comunidades amazónicas.
“Es difícil recoger las expectativas de todos, pero buscaremos recoger las opiniones de los principales representantes de las comunidades amazónicas y de la sierra”, enfatizó la legisladora ayacuchana, quien hizo un llamado para promover el diálogo y no repetir los escenarios de protesta.
La integrante de Bloque Popular también se refirió al proyecto de ley remitido por el Ejecutivo que modifica el artículo 8 de la Ley de Desplazamiento Interno, favoreciendo el desplazamiento de poblaciones en beneficio de la ejecución de proyectos de inversión.
“Hemos recibido el proyecto con sorpresa, porque el gobierno nos saca la vuelta con algo que estamos promoviendo que es el diálogo y el tema de la consulta previa para la ejecución de proyectos”, lamentó.
En ese sentido, consideró que es increíble que el Estado “sea el promotor del desplazamiento de poblaciones (…) me parece absurdo cuando lo que le toca al Estado es proteger a las poblaciones desplazadas”.
Así mismo expresó su confianza en que el proyecto pueda pasar por su comisión, pese a ser remitido con carácter de urgencia, para evitar que esta propuesta gubernamental prospere.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 24/02/2010
Experto denuncia que beneficiará a Inambari y otras hidroeléctricas brasileñas.
PROYECTO DE DESPLAZAMIENTOS FORZADOS CON NOMBRE PROPIO
Según dijo Cabieses son obras de mucho interés para Brasil ya que parte de la energía que generen las hidroeléctricas –toda, según dijo- se exportará a ese país. Brasil está haciendo mucha presión e invirtiendo grandes sumas para que salgan estos proyectos, anotó.
El proyecto que ha presentado con carácter de urgencia el Ejecutivo para permitir desplazamientos forzados cuando se trate de grandes proyectos está dirigido a facilitar el desarrollo de mega-obras que generan gran oposición de las poblaciones por su grave impacto ambiental y social, como las seis hidroeléctricas que Brasil pretende instalar en el Perú, señaló Hugo Cabieses, experto en temas amazónicos.
“¿Por qué la urgencia?”, preguntó el especialista, quien manifestó su seguridad de que la iniciativa enviada al Congreso con las firmas del presidente Alan García y el premier Javier Velásquez, busca evitar que la población se movilice y proteste como lo ha venido haciendo hasta ahora.
Como se ha denunciado, el proyecto remitido el 4 de febrero al Congreso busca modificar al artículo 8º de la Ley Nº 28223, Ley sobre desplazamientos internos, para introducir como causal de desplazamiento forzado de poblaciones el que se produce “a causa de proyectos de desarrollo en gran escala justificados por un interés público superior o primordial (…)”.
El proyecto indica también que la autoridad competente para autorizar dicho desplazamiento será el titular del ministerio de la Mujer, después que lo hagan las instancias de cada sector que adecuarán sus procedimientos para resolver con la “mayor celeridad posible” la calificación de los promotores o ejecutores de proyectos.
Mega proyectos
Cabieses dijo que si se aprueba un proyecto de esta naturaleza sería inconstitucional, pues va en contra de la exigencia de consulta previa a las poblaciones nativas como lo establece el Convenio 169 de la OIT, aprobado en el año 1993, que es vinculante para nuestro país.
Entre los proyectos “de desarrollo” que podrían ser beneficiados con esta norma está la Hidroeléctrica de Inambari, obra sumamente controversial y absurda según algunos expertos, que ha motivado una fuerte oposición de las poblaciones de los departamentos de Puno, Cusco y Madre de Dios. Cabieses dijo que otro gran proyecto que el gobierno busca empujar y que tiene la oposición de las comunidades nativas fundamentalmente es la Hidroeléctrica de Paquitzapango en Junín. Así también contratos petroleros que están en fase de exploración y explotación, a pesar que no han concluido los estudios de impacto ambiental y socio cultural.
En este rubro están también tres carreteras que unirán al Perú con Brasil, como son la Multimodal del norte, la Carretera IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) del centro y la Interoceánica del sur.
Diario La Primera-Lima 24/02/2010
EL PODER EJECUTIVO, A TRAVÉS DEL MEM, CEDE A MINERA ESTATAL CHINA SHOUGANG PARTE SUPERFICIAL DEL TERRITORIO PERUANO
El Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Energía y Minas en acta firmada el 19 de febrero del presente año, entregó de manera inconstitucional el uso y aprovechamiento de suelo a la empresa estatal china Shougang, luego de "negociar" con dicha empresa, la cesión de terrenos a favor de las empresas CF Industries Perú S.A.C. y Orica Nirtatos Perú S.A. para el desarrollo de una Zona Geográfica denominada para la Instalación de un Complejo Petroquímico de Desarrollo Descentralizado en el área de la Bahía de san Juan de Marcona, en un acto antinacional que atenta contra la soberania de nuestra nación, pues, desde el año 1993 fecha en que la empresa minera Shougang se instaló en Marcona sólo tenía la facultad de Concesión Minera, es decir, la administración temporal de los recursos naturales (mineros) que se encuentran comprendidos en el subsuelo que era y es la naturaleza de su actividad económica.
Con esta acción antipatriótica se hace visible un grave atentado de este gobierno encabezado por el presidente Alan García Pérez contra el fundamento constitucional sobre el aprovechamiento de los recursos naturales (Art. 66º de la Constitución Política del Perú, y Ley General de Minería), colisionando de esta manera con el principio de la soberanía nacional (Art. 54º Constitución Política del Perú), con la única finalidad de extremar el irracional modelo económico neoliberal –ahora subordinado a los intereses económicos del imperio chino- para ir en sentido contrario a los grandes intereses de nuestra nación.
La FNTMMSP advierte a todos los trabajadores del Perú, y a la clase política nacional que con este grave suceso que se ha consumado con la firma del ACTA DE ENTENDIMIENTO entre el MINISTERIO DE ENERGÍA y MINAS, y la EMPRESA MINERA ESTATAL CHINA SHOUGANG, el país entra en una etapa de desnaturalización del marco jurídico nacional, y denuncia las graves consecuencias que para la integridad territorial del Estado Peruano conllevará este nefasto acuerdo.
Asimismo, la FNTMMSP, denuncia que la empresa estatal minera china Shougang, desde que llegó al Perú sólo ha pervertido el orden social y desarrollado estrategias empresariales corruptas que han atentado contra el derecho sindical y laboral de más de 1300 trabajadores (obreros y empleados) en la base minera de Marcona.
Es preocupante el proceder de las autoridades del Ministerio de Energía y Minas, que en tiempo record y de manera subrepticia han concluido en un acuerdo que a partir de ahora pone en riesgo la estabilidad social en la localidad de Marcona, esto mientras las autoridades locales y de la región venían buscando mecanismos legales y constitucionales para encontrar una solución integral al conflicto que existe entre la empresa china Shougang, el Pueblo de Marcona y de la Provincia de Nasca en la Región Ica.
Rebanadas de Noticias-Lima 24/02/2010
La semana pasada se conoció el Decreto de Urgencia por el que se declara de necesidad pública y de ejecución prioritaria el ordenamiento de la minería aurífera en Madre de Dios.
La medida impulsada por el ministro Antonio Brack ha generado un debate que puede ser útil para Madre de Dios y para el resto del país. A continuación sugerimos algunos aspectos a tomar en cuenta:
– La iniciativa podría ser un primer paso para corregir lo que desde el Estado se ha venido desordenando. Como se sabe la política de entrega de concesiones mineras en el Perú ha sido caótica; se han entregado, y se siguen entregando, concesiones sin mayor criterio, en zonas que deberían ser protegidas. Un ejemplo precisamente de Madre de Dios: en la Reserva Nacional Tambopata, zona protegida, se han entregado 27 concesiones tituladas y 58 denuncios mineros están en trámite.
–Se necesita reforzar las estrategias que apunten a ordenar nuestro territorio. Al suspenderse la entrega de derechos mineros en una zona se abre un debate sobre el catastro no minero: hasta el momento solamente en este catastro estaban incluidas las áreas naturales protegidas, las de protección del Instituto Nacional de Cultura y también zonas urbanas.
–Algunos consideran que el catastro no minero es insuficiente y que se debería iniciar un debate serio para ordenar el territorio: apuntar a procesos de zonificación económica y ecológica, que con la rigurosidad del caso protejan zonas que están destinadas a prestar servicios ambientales o en las que se desarrollan actividades económicas que por diferentes motivos podrían no ser compatibles con la minería.
– La minería artesanal y en pequeña escala (MAPE) es una realidad que se ha venido expandiendo en casi todo el país. Es urgente que se revise el marco legal de la MAPE para adaptarlo a las actuales circunstancias, tomando en cuenta aspectos sociales y ambientales.
–En la misma línea es urgente fortalecer la capacidad de gestión de los gobiernos regionales para fomentar y supervisar las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal. A partir de la mejora de la capacidad de los gobiernos regionales se podrían implementar un conjunto de programas de control y fiscalización.
–Se deben iniciar experiencias de protección de ecosistemas ya afectados con la participación de pobladores. Por ejemplo, es urgente la recuperación ambiental de las microcuencas de Huepetuhe y Caychive en Madre de Dios y que en estos procesos se incluyan programas de reforestación con especies nativas asociadas, el retiro de sedimentos de los ríos, entre otras medidas.
–Finalmente, allí donde se considere que puede haber actividad minera en pequeña escala, se deben promover mejoras tecnológicas: por ejemplo, se debe promover la investigación y difusión de técnicas de beneficio del oro sin mercurio; aprender de las mejores experiencias en el Perú y en el extranjero; vinculándose además a los circuitos que hoy en día promueven los productores en el sistema de Comercio Justo de Oro para la minería artesanal y en pequeña escala.
Estas y otras medidas podrían ser el inicio de un proceso de ordenamiento del crecimiento de la minería en sus diferentes estratos, con mecanismos de regulación que sean efectivos en lo ambiental y en lo social. Esperemos que sea así.
Diario La República-Lima 25/02/2010
POBLADORES DE TICACO DEBATIRÁN POSIBLE INSTALACIÓN DE MINERA NEWMONT
Los residentes de Ticaco en la provincia de Tacna viajarán este viernes hasta su localidad para realizar una asamblea en la que se debatirá las medidas a tomar en torno a las pretensiones de la minera Newmont, de instalarse en el distrito.
La convocatoria fue hecha por el presidente de los Residentes Ticaqueños enb Tacna, Williams Ticona Gutiérrez. El dirigente dijo que se tomó conocimiento que la minera tiene la intención de comprar chacras y predios en Ticaco, para poner en marcha el proyecto.
El objetivo de los residentes es impedir que la transnacional realice las compras y obligarla, de esta manera, a que se retiren de su jurisdicción. La caravana con destino a Ticaco, se iniciará hoy desde las 13:00 horas y partirán desde la zona de la salida a Tarata.
Los lugareños temen que con la incursión de la actividad minera en su jurisdicción se contamine el medio ambiente y se ponga en riesgo la actividad agrícola, que es su principal fuente de sustento.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 25/02/2010
URGE IMPLEMENTAR REGISTRO OFICIAL DE COMUNIDADES NATIVAS Y CAMPESINAS
A la fecha, no existe un registro oficial de las comunidades nativas y campesinas, lo que impide que éstas tengan acceso a servicios de salud, carreteras y educación, y ni que decir al crédito.
Así lo señaló Laureano del Castillo, coordinador del Grupo Alpa, el cual desarrolló un monitoreo denominado "Políticas Públicas Aplicadas a Comunidades Campesinas 2008-2009".
El también abogado del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) recordó que, hasta hace algunos años, hubo una Dirección de Comunidades Nativas; empero, ésta fue desaparecida durante el régimen de Alberto Fujimori.
Posteriormente, se implementaron la Comisión Nacional de Pueblos Andinos y Amazónicos (CONAPA) y luego el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA); sin embargo, ninguno de dichos entes cumplió su labor a cabalidad.
Adicionalmente, se encuentra el incumplimiento del Ejecutivo con respecto al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el cual sanciona el derecho a consulta de las comunidades sobre el uso de sus tierras ancestrales.
Indicó que este problema obedece a que el Estado no tiene claro qué hacer con las comunidades y, en el peor de los casos, ni siquiera tiene interés por ellas ni la problemática que enfrentan.
"Ahora hay muchos intereses de explotación en la selva, de madera, petróleo, gas (...) la selva, que durante siglos se vio como un lugar despoblado, ahora es objeto de apetitos y este gobierno le abre las puertas a las transnacionales", opinó.
En tan sentido, señaló que las protestas registradas en junio del 2009 en Bagua (Amazonas) se dieron porque justamente las comunidades sintieron que sus territorios estaban amenazados.
Del Castillo criticó la labor del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) que lejos de avanzar en la titulación de las comunidades, promueve la entrega de títulos individuales. "Es más fácil para una empresa negociar con individuos antes que con comunidades", expresó.
A esto, se suma la propuesta para modificar la Ley de Desplazamiento Forzoso, pues -según dijo- con ésta se generan mejores condiciones para que los inversionistas se instalen en nuestra Amazonía.
Finalmente, advirtió que la reciente jornada de protestas desarrollada en el nororiente ratifica el descontento de las comunidades, que ven que a ocho meses del "Baguazo", las cosas siguen igual.
"Se instaló un grupo nacional de coordinación que derivó en mesas de trabajo, que vieron las protestas, los decretos y el plan de desarrollo integral. Lo cierto es que hubo propuestas, disensos, pero no soluciones (...) los decretos legislativos, salvo cuatro, siguen vigentes", acotó.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 25/02/2010
DICTAMEN SOBRE CONSULTA PREVIA ESTARÍA LISTO ANTES DE ABRIL
A finales de marzo debe estar listo el dictamen de la Ley de Consulta Previa a las Comunidades Indígenas, señaló la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso, Elizabeth León.
En diálogo con CNR, León Minaya consideró que este plazo debe cumplirse rápidamente, porque la población de las comunidades indígenas se encuentra impaciente por este tema que lleva bastante tiempo sin solución.
“Entendemos que hay diversos puntos controversiales y empezaremos el debate el 2 de marzo para consensuar los artículos que generan polémicas y esperamos terminar a fines de marzo, para que pase al Pleno al debate final”, señaló.
León reveló que revisarán el documento emitido por la Mesa de Trabajo con las Comunidades Amazónicas, presidida por el ministro de Agricultura, Aldofo De Córdoba, y buscarán dialogar con los representantes de las comunidades amazónicas.
“Es difícil recoger las expectativas de todos, pero buscaremos recoger las opiniones de los principales representantes de las comunidades amazónicas y de la sierra”, enfatizó la legisladora ayacuchana, quien hizo un llamado para promover el diálogo y no repetir los escenarios de protesta.
La integrante de Bloque Popular también se refirió al proyecto de ley remitido por el Ejecutivo que modifica el artículo 8 de la Ley de Desplazamiento Interno, favoreciendo el desplazamiento de poblaciones en beneficio de la ejecución de proyectos de inversión.
“Hemos recibido el proyecto con sorpresa, porque el gobierno nos saca la vuelta con algo que estamos promoviendo que es el diálogo y el tema de la consulta previa para la ejecución de proyectos”, lamentó.
En ese sentido, consideró que es increíble que el Estado “sea el promotor del desplazamiento de poblaciones (…) me parece absurdo cuando lo que le toca al Estado es proteger a las poblaciones desplazadas”.
Así mismo expresó su confianza en que el proyecto pueda pasar por su comisión, pese a ser remitido con carácter de urgencia, para evitar que esta propuesta gubernamental prospere.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 24/02/2010
Experto denuncia que beneficiará a Inambari y otras hidroeléctricas brasileñas.
PROYECTO DE DESPLAZAMIENTOS FORZADOS CON NOMBRE PROPIO
Según dijo Cabieses son obras de mucho interés para Brasil ya que parte de la energía que generen las hidroeléctricas –toda, según dijo- se exportará a ese país. Brasil está haciendo mucha presión e invirtiendo grandes sumas para que salgan estos proyectos, anotó.
El proyecto que ha presentado con carácter de urgencia el Ejecutivo para permitir desplazamientos forzados cuando se trate de grandes proyectos está dirigido a facilitar el desarrollo de mega-obras que generan gran oposición de las poblaciones por su grave impacto ambiental y social, como las seis hidroeléctricas que Brasil pretende instalar en el Perú, señaló Hugo Cabieses, experto en temas amazónicos.
“¿Por qué la urgencia?”, preguntó el especialista, quien manifestó su seguridad de que la iniciativa enviada al Congreso con las firmas del presidente Alan García y el premier Javier Velásquez, busca evitar que la población se movilice y proteste como lo ha venido haciendo hasta ahora.
Como se ha denunciado, el proyecto remitido el 4 de febrero al Congreso busca modificar al artículo 8º de la Ley Nº 28223, Ley sobre desplazamientos internos, para introducir como causal de desplazamiento forzado de poblaciones el que se produce “a causa de proyectos de desarrollo en gran escala justificados por un interés público superior o primordial (…)”.
El proyecto indica también que la autoridad competente para autorizar dicho desplazamiento será el titular del ministerio de la Mujer, después que lo hagan las instancias de cada sector que adecuarán sus procedimientos para resolver con la “mayor celeridad posible” la calificación de los promotores o ejecutores de proyectos.
Mega proyectos
Cabieses dijo que si se aprueba un proyecto de esta naturaleza sería inconstitucional, pues va en contra de la exigencia de consulta previa a las poblaciones nativas como lo establece el Convenio 169 de la OIT, aprobado en el año 1993, que es vinculante para nuestro país.
Entre los proyectos “de desarrollo” que podrían ser beneficiados con esta norma está la Hidroeléctrica de Inambari, obra sumamente controversial y absurda según algunos expertos, que ha motivado una fuerte oposición de las poblaciones de los departamentos de Puno, Cusco y Madre de Dios. Cabieses dijo que otro gran proyecto que el gobierno busca empujar y que tiene la oposición de las comunidades nativas fundamentalmente es la Hidroeléctrica de Paquitzapango en Junín. Así también contratos petroleros que están en fase de exploración y explotación, a pesar que no han concluido los estudios de impacto ambiental y socio cultural.
En este rubro están también tres carreteras que unirán al Perú con Brasil, como son la Multimodal del norte, la Carretera IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) del centro y la Interoceánica del sur.
Diario La Primera-Lima 24/02/2010
EL PODER EJECUTIVO, A TRAVÉS DEL MEM, CEDE A MINERA ESTATAL CHINA SHOUGANG PARTE SUPERFICIAL DEL TERRITORIO PERUANO
El Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Energía y Minas en acta firmada el 19 de febrero del presente año, entregó de manera inconstitucional el uso y aprovechamiento de suelo a la empresa estatal china Shougang, luego de "negociar" con dicha empresa, la cesión de terrenos a favor de las empresas CF Industries Perú S.A.C. y Orica Nirtatos Perú S.A. para el desarrollo de una Zona Geográfica denominada para la Instalación de un Complejo Petroquímico de Desarrollo Descentralizado en el área de la Bahía de san Juan de Marcona, en un acto antinacional que atenta contra la soberania de nuestra nación, pues, desde el año 1993 fecha en que la empresa minera Shougang se instaló en Marcona sólo tenía la facultad de Concesión Minera, es decir, la administración temporal de los recursos naturales (mineros) que se encuentran comprendidos en el subsuelo que era y es la naturaleza de su actividad económica.
Con esta acción antipatriótica se hace visible un grave atentado de este gobierno encabezado por el presidente Alan García Pérez contra el fundamento constitucional sobre el aprovechamiento de los recursos naturales (Art. 66º de la Constitución Política del Perú, y Ley General de Minería), colisionando de esta manera con el principio de la soberanía nacional (Art. 54º Constitución Política del Perú), con la única finalidad de extremar el irracional modelo económico neoliberal –ahora subordinado a los intereses económicos del imperio chino- para ir en sentido contrario a los grandes intereses de nuestra nación.
La FNTMMSP advierte a todos los trabajadores del Perú, y a la clase política nacional que con este grave suceso que se ha consumado con la firma del ACTA DE ENTENDIMIENTO entre el MINISTERIO DE ENERGÍA y MINAS, y la EMPRESA MINERA ESTATAL CHINA SHOUGANG, el país entra en una etapa de desnaturalización del marco jurídico nacional, y denuncia las graves consecuencias que para la integridad territorial del Estado Peruano conllevará este nefasto acuerdo.
Asimismo, la FNTMMSP, denuncia que la empresa estatal minera china Shougang, desde que llegó al Perú sólo ha pervertido el orden social y desarrollado estrategias empresariales corruptas que han atentado contra el derecho sindical y laboral de más de 1300 trabajadores (obreros y empleados) en la base minera de Marcona.
Es preocupante el proceder de las autoridades del Ministerio de Energía y Minas, que en tiempo record y de manera subrepticia han concluido en un acuerdo que a partir de ahora pone en riesgo la estabilidad social en la localidad de Marcona, esto mientras las autoridades locales y de la región venían buscando mecanismos legales y constitucionales para encontrar una solución integral al conflicto que existe entre la empresa china Shougang, el Pueblo de Marcona y de la Provincia de Nasca en la Región Ica.
Rebanadas de Noticias-Lima 24/02/2010