SE DEBE CONSULTAR A LA POBLACIÓN DE HUALGAYOC PARA QUE DÉ LICENCIA A MINERÍA
Para que la actividad minera crezca en la provincia de Hualgayoc es necesario contar con la licencia social de la población de las zonas influenciadas con la exploración y explotación.
Así se resumiría la posición del consejero regional de la citada jurisdicción, Domitilo Vásquez, con respecto a esta actividad: “Más que politizarse esto de la actividad minera (en un año electoral) yo creo que hay una demanda”.
“La población en varios lugares están demandando que no se otorgue la concesión (minera) a esa población como el caso de Vista Alegre donde hubo algunos muertos” dijo.
“Este criterio no debe volver a ocurrir en otros lugares –añadió-, es decir, no podemos esperar de que haya muertes en otros lugares para evitar de que (se dé) a esa concesión la autorización para exploración o explotación”.
Esta autoridad también mencionó que las autoridades en este tema tienen una importante responsabilidad que asumir: “Eso es lo que hay que evitar y como autoridad creo que hay que ser serios y responsables y no otorgar concesiones o permisos de operaciones de manera abierta, sin previamente establecer una consulta y una autorización social a la población”.
Consultado sobre los intereses políticos que se estarían gestando gracias al rechazo a la minería en la zona dijo: “Los procesos electorales se avecinan y ahí se van a establecer algunos debates (…) Algunos consideran que no deben existir concesiones, que es discutido, y otros consideran que debe establecerse definitivamente una minería responsable”.
“Todo esto debe pasar fundamentalmente por todo respeto y una consideración a la población existente en la zona” finalizó Domitilo Vásquez no revelando aun sus aspiraciones políticas que tiene. Solo atinó a decir “como aspiraciones políticas tengo que cumplir hasta el 31 de diciembre el mandato que me ha sido otorgado y fundamentalmente en eso estoy abocado”.
Diario Panorama Cajamarquino 13/03/2010
LA TÍA MARÍA Y LA GLOCALIZACIÓN
El proyecto de explotación de la mina de cobre Tía María por la Southern Corporation, en la Región Arequipa, es hoy el punto más elevado de la discusión acerca de la viabilidad de los proyectos mineros cuando existe un conflicto central: el uso del agua para las operaciones de la mina en una cuenca con tradición agrícola.
Si bien el problema debiera dilucidarse técnicamente (en primer lugar, con el Estudio de Impacto Ambiental, EIA), la cuestión es que existe una enorme desconfianza de los agricultores y de la población frente a las propuestas de la empresa minera.
Esta se origina en hechos reales comprobados, como los enormes pasivos ambientales mineros, así como en el trato prepotente, amparado por el poder político de turno a nivel nacional y, a veces, también, regional y local. Un claro ejemplo fue Cerro Quilish en el 2004, en Cajamarca, donde finalmente Yanacocha tuvo que reconocer sus errores y rescindió su permiso de exploración para ese proyecto.
En Islay, en setiembre del año pasado, se realizó una consulta vecinal donde el 80% de la población opinó contra Tía María. Pero esa consulta no es vinculante y ahora se viene la consulta del EIA, que el Ministerio de Energía y Minas ha postergado para el 19 de abril.
Aquí hay un primer conflicto de intereses: el MEM repite todos los días que existe una cartera de proyectos mineros por US$ 35,471 millones, lo cual es “muy positivo”. Pero, a la vez, es el MEM quien tiene la responsabilidad de conducir todas las etapas del EIA, hasta su aprobación. No, pues. El Ministerio del Ambiente debería conducirlo (como en nuestros países vecinos), pero no le han transferido esas facultades.
Vayamos a la discusión de las tres alternativas para el agua. Una es el uso del agua del acuífero: se afirma que todos los años se van al mar 47 millones de metros cúbicos (con o sin mina), mientras que la mina solo usaría 7 millones de m3. Otro es la construcción de la represa de Paltiture de 40 millones de m3: 7 millones serían para la mina y el resto para los agricultores. La tercera es una planta desalinizadora de agua de mar, la misma que se bombearía por tuberías hacia la mina (ésta tiene el visto bueno del gobierno regional y de la mayoría de los expertos).
La Southern dice que está dispuesta a avalar cualquiera de ellas. Pero aquí volvemos al principio: la población desconfía de la empresa. ¿Cómo superar la desconfianza? Con diálogo, más diálogo y aún más diálogo. Pero núcleos de la derecha ya están diciendo que detrás de la desconfianza están los agitadores y las ONG antimineras. ¿Qué proponen? Una “solución” violenta.
Lo que la derecha no entiende es que la viabilidad de los proyectos mineros en el siglo XXI se enfrenta a problemas sociales y ambientales ignorados hasta hace unos años. Dicho de otra manera, la creciente conciencia mundial para preservar el medio ambiente y los derechos de los pobladores determina que las industrias extractivas (incluye a los hidrocarburos) cumplan con exigentes estándares globales, que también son exigidos a nivel local. La palabrita que lo identifica se llama “glocalización”.
Para terminar, no hemos tratado aquí el tema de la necesaria modernización de la ley minera (que ya se ha dado en casi todo el mundo) para introducir una fórmula que permita que el Estado capte las sobreganancias mineras por los altos precios de los minerales que han llevado a que Southern obtenga US$ 5,351 millones de utilidades netas del 2004 al 2008(1). El gobierno dijo que no podía modificar los contratos existentes. Pero no ha modernizado la ley para los proyectos que recién empiezan, justo cuando se necesita elevar la presión tributaria (2). Volveremos sobre el tema.
Diario La República-Lima 13/03/2010
NATIVOS PLANTEAN ALIANZA CON GOBIERNO Y PRIVADOS PARA EXPLOTACIÓN RACIONAL DE RECURSOS
Representantes de 181 comunidades aguarunas y awajún plantearon una alianza con el Gobierno y la empresa privada, que les garantice trabajo, superación y participación de los beneficios de la explotación racional de sus recursos.
Al respecto, Roberto Orrego, representante de Federación de Comunidades Nativas Aguarunas del Río Nieva (FECONARIN), señaló su deseo de acceder a los beneficios de la modernidad.
“Queremos ver que nuestros hijos gocen de nuestra tierra enriquecida, por caminos que interconecten pueblos y comunidades, ver a nuestros niños nutridos con una mejor alimentación, y a nuestros jóvenes estudiando en los colegios adecuados a nuestra cultura.”
Así mismo, Orrego rechazó a aquellos sectores que se han apropiado de sus derechos a la información, al acceso de las oportunidades, a aquellos que han monopolizado con discursos de confrontación contra el Estado.
Añadió que ellos son un grupo de hombres y mujeres inteligentes, con gran sed de progreso, de educación y de bienestar.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 13/03/2010
DESTITUYEN A EX FISCAL DEL "BAGUAZO"
La Oficina de Control Interno de la Fiscalía de Amazonas separó a la fiscal Luz Marleny Rojas Méndez, quien acusó al general PNP Luis Muguruza como uno de los responsables de las muertes ocurridas el 5 de junio del 2009 en la Curva del Diablo (Bagua).
Rojas Méndez fue la primera fiscal que tuvo en sus manos el caso denominado "Baguazo", en lo que respecta a la muerte de civiles en la ciudad de Bagua Grande, y elevó su investigación al juez de Utcubamba, Francisco Miranda Caramutti, para que abra el juicio respectivo en primera instancia.
Luz Marleny Rojas denunció en su momento que por esta acción fue víctima de amenazas de desconocidos y hasta la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, la convocó a Lima para reprenderle y advertirle que su carrera en el Ministerio Público llegaba a su fin. Echaíz ordenó iniciarle un proceso interno en la Fiscalía de Amazonas.
Macedonio Arenas, jefe de la Oficina de Control Interno de la Fiscalía de Amazonas, y quien firmó la destitución de Rojas Méndez, ha sido cuestionado por ejercer como abogado privado, lo cual contraviene la ley 29623 del Ministerio Público.
Luego que la ex fiscal presentó la denuncia contra Muguruza, fue trasladada a Chachapoyas y su investigación volvió a la Fiscalía de Utcubamba, donde su colega Olga Bobadilla ha ratificado la denuncia contra los policías.
La nueva acusación fiscal de Olga Bobadilla dio la razón a su colega Rojas Méndez, en el sentido de acusar por homicidio y lesiones a los generales Luis Muguruza y Javier Uribe y los demás oficiales que dirigieron los operativos en la Curva del Diablo.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 12/03/2010
Para que la actividad minera crezca en la provincia de Hualgayoc es necesario contar con la licencia social de la población de las zonas influenciadas con la exploración y explotación.
Así se resumiría la posición del consejero regional de la citada jurisdicción, Domitilo Vásquez, con respecto a esta actividad: “Más que politizarse esto de la actividad minera (en un año electoral) yo creo que hay una demanda”.
“La población en varios lugares están demandando que no se otorgue la concesión (minera) a esa población como el caso de Vista Alegre donde hubo algunos muertos” dijo.
“Este criterio no debe volver a ocurrir en otros lugares –añadió-, es decir, no podemos esperar de que haya muertes en otros lugares para evitar de que (se dé) a esa concesión la autorización para exploración o explotación”.
Esta autoridad también mencionó que las autoridades en este tema tienen una importante responsabilidad que asumir: “Eso es lo que hay que evitar y como autoridad creo que hay que ser serios y responsables y no otorgar concesiones o permisos de operaciones de manera abierta, sin previamente establecer una consulta y una autorización social a la población”.
Consultado sobre los intereses políticos que se estarían gestando gracias al rechazo a la minería en la zona dijo: “Los procesos electorales se avecinan y ahí se van a establecer algunos debates (…) Algunos consideran que no deben existir concesiones, que es discutido, y otros consideran que debe establecerse definitivamente una minería responsable”.
“Todo esto debe pasar fundamentalmente por todo respeto y una consideración a la población existente en la zona” finalizó Domitilo Vásquez no revelando aun sus aspiraciones políticas que tiene. Solo atinó a decir “como aspiraciones políticas tengo que cumplir hasta el 31 de diciembre el mandato que me ha sido otorgado y fundamentalmente en eso estoy abocado”.
Diario Panorama Cajamarquino 13/03/2010
LA TÍA MARÍA Y LA GLOCALIZACIÓN
El proyecto de explotación de la mina de cobre Tía María por la Southern Corporation, en la Región Arequipa, es hoy el punto más elevado de la discusión acerca de la viabilidad de los proyectos mineros cuando existe un conflicto central: el uso del agua para las operaciones de la mina en una cuenca con tradición agrícola.
Si bien el problema debiera dilucidarse técnicamente (en primer lugar, con el Estudio de Impacto Ambiental, EIA), la cuestión es que existe una enorme desconfianza de los agricultores y de la población frente a las propuestas de la empresa minera.
Esta se origina en hechos reales comprobados, como los enormes pasivos ambientales mineros, así como en el trato prepotente, amparado por el poder político de turno a nivel nacional y, a veces, también, regional y local. Un claro ejemplo fue Cerro Quilish en el 2004, en Cajamarca, donde finalmente Yanacocha tuvo que reconocer sus errores y rescindió su permiso de exploración para ese proyecto.
En Islay, en setiembre del año pasado, se realizó una consulta vecinal donde el 80% de la población opinó contra Tía María. Pero esa consulta no es vinculante y ahora se viene la consulta del EIA, que el Ministerio de Energía y Minas ha postergado para el 19 de abril.
Aquí hay un primer conflicto de intereses: el MEM repite todos los días que existe una cartera de proyectos mineros por US$ 35,471 millones, lo cual es “muy positivo”. Pero, a la vez, es el MEM quien tiene la responsabilidad de conducir todas las etapas del EIA, hasta su aprobación. No, pues. El Ministerio del Ambiente debería conducirlo (como en nuestros países vecinos), pero no le han transferido esas facultades.
Vayamos a la discusión de las tres alternativas para el agua. Una es el uso del agua del acuífero: se afirma que todos los años se van al mar 47 millones de metros cúbicos (con o sin mina), mientras que la mina solo usaría 7 millones de m3. Otro es la construcción de la represa de Paltiture de 40 millones de m3: 7 millones serían para la mina y el resto para los agricultores. La tercera es una planta desalinizadora de agua de mar, la misma que se bombearía por tuberías hacia la mina (ésta tiene el visto bueno del gobierno regional y de la mayoría de los expertos).
La Southern dice que está dispuesta a avalar cualquiera de ellas. Pero aquí volvemos al principio: la población desconfía de la empresa. ¿Cómo superar la desconfianza? Con diálogo, más diálogo y aún más diálogo. Pero núcleos de la derecha ya están diciendo que detrás de la desconfianza están los agitadores y las ONG antimineras. ¿Qué proponen? Una “solución” violenta.
Lo que la derecha no entiende es que la viabilidad de los proyectos mineros en el siglo XXI se enfrenta a problemas sociales y ambientales ignorados hasta hace unos años. Dicho de otra manera, la creciente conciencia mundial para preservar el medio ambiente y los derechos de los pobladores determina que las industrias extractivas (incluye a los hidrocarburos) cumplan con exigentes estándares globales, que también son exigidos a nivel local. La palabrita que lo identifica se llama “glocalización”.
Para terminar, no hemos tratado aquí el tema de la necesaria modernización de la ley minera (que ya se ha dado en casi todo el mundo) para introducir una fórmula que permita que el Estado capte las sobreganancias mineras por los altos precios de los minerales que han llevado a que Southern obtenga US$ 5,351 millones de utilidades netas del 2004 al 2008(1). El gobierno dijo que no podía modificar los contratos existentes. Pero no ha modernizado la ley para los proyectos que recién empiezan, justo cuando se necesita elevar la presión tributaria (2). Volveremos sobre el tema.
Diario La República-Lima 13/03/2010
NATIVOS PLANTEAN ALIANZA CON GOBIERNO Y PRIVADOS PARA EXPLOTACIÓN RACIONAL DE RECURSOS
Representantes de 181 comunidades aguarunas y awajún plantearon una alianza con el Gobierno y la empresa privada, que les garantice trabajo, superación y participación de los beneficios de la explotación racional de sus recursos.
Al respecto, Roberto Orrego, representante de Federación de Comunidades Nativas Aguarunas del Río Nieva (FECONARIN), señaló su deseo de acceder a los beneficios de la modernidad.
“Queremos ver que nuestros hijos gocen de nuestra tierra enriquecida, por caminos que interconecten pueblos y comunidades, ver a nuestros niños nutridos con una mejor alimentación, y a nuestros jóvenes estudiando en los colegios adecuados a nuestra cultura.”
Así mismo, Orrego rechazó a aquellos sectores que se han apropiado de sus derechos a la información, al acceso de las oportunidades, a aquellos que han monopolizado con discursos de confrontación contra el Estado.
Añadió que ellos son un grupo de hombres y mujeres inteligentes, con gran sed de progreso, de educación y de bienestar.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 13/03/2010
DESTITUYEN A EX FISCAL DEL "BAGUAZO"
La Oficina de Control Interno de la Fiscalía de Amazonas separó a la fiscal Luz Marleny Rojas Méndez, quien acusó al general PNP Luis Muguruza como uno de los responsables de las muertes ocurridas el 5 de junio del 2009 en la Curva del Diablo (Bagua).
Rojas Méndez fue la primera fiscal que tuvo en sus manos el caso denominado "Baguazo", en lo que respecta a la muerte de civiles en la ciudad de Bagua Grande, y elevó su investigación al juez de Utcubamba, Francisco Miranda Caramutti, para que abra el juicio respectivo en primera instancia.
Luz Marleny Rojas denunció en su momento que por esta acción fue víctima de amenazas de desconocidos y hasta la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, la convocó a Lima para reprenderle y advertirle que su carrera en el Ministerio Público llegaba a su fin. Echaíz ordenó iniciarle un proceso interno en la Fiscalía de Amazonas.
Macedonio Arenas, jefe de la Oficina de Control Interno de la Fiscalía de Amazonas, y quien firmó la destitución de Rojas Méndez, ha sido cuestionado por ejercer como abogado privado, lo cual contraviene la ley 29623 del Ministerio Público.
Luego que la ex fiscal presentó la denuncia contra Muguruza, fue trasladada a Chachapoyas y su investigación volvió a la Fiscalía de Utcubamba, donde su colega Olga Bobadilla ha ratificado la denuncia contra los policías.
La nueva acusación fiscal de Olga Bobadilla dio la razón a su colega Rojas Méndez, en el sentido de acusar por homicidio y lesiones a los generales Luis Muguruza y Javier Uribe y los demás oficiales que dirigieron los operativos en la Curva del Diablo.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 12/03/2010