DEFENSORÍA DEL PUEBLO EMITE NUEVO INFORME SOBRE PROBLEMAS SOCIALES A NIVEL NACIONAL.
La Defensoria del Pueblo emitió nuevo informe sobre conflictos sociales registrados en el último mes de mayo.
Indicó que en dicho mes hubo un total de 255 conflictos sociales, de los cuales 172 se encuentran activos (67%), en tanto que 83 se hallan en estado latente (33%).
Además se da cuenta de 41 acciones colectivas de protesta en todo el ámbito nacional y de tres acciones de violencia subversiva.
Asimismo se informa acerca de seis conflictos resueltos durante de mayo: tres de ellos son conflictos laborales (dos en la Libertad y uno en Ica); dos socioambientales (en Apurímac y Lambayeque); y uno se refiere a Asuntos de Gobierno Local (vacancia de Alcalde en San Román, Puno).
La solución de cuatro de estos casos fue el resultado de procesos de diálogo que culminaron con la suscripción de acuerdos aceptados por las partes.
En lo referente a los siete nuevos casos, dos de ellos son conflictos socioambientales (Áncash y Cajamarca), uno se debe a una demarcación territorial (Cajamarca), otro es comunal (Apurímac), y uno es laboral (La Libertad).
Además, uno se suscitó por asuntos de Gobierno Local (Ancash) y otro por asuntos de Gobierno Nacional (conflicto que abarca las regiones de Puno, Cusco, Madre de Dios y Arequipa).
Por otra parte, el reporte da cuenta de siete conflictos sociales reactivados (cinco casos socioambientales, un caso por asuntos de Gobierno Local, y un conflicto comunal).
Con relación a la tipología, el Reporte precisa que, del total de conflictos registrados, 132 casos (el 51%) son socioambientales.
A éstos se suman 36 casos correspondientes a asuntos de Gobierno Local (14%), en tanto que 25 casos son de naturaleza laboral (9%).
De igual modo se brindan detalles de 15 conflictos sociales que han perdido su condición de activos para transformarse en latentes (seis conflictos socioambientales, cinco comunales, dos laborales, uno por Asuntos de Gobierno Regional y otro por Asuntos de Gobierno Local).
También se eliminaron del registro total siete casos latentes, al no producirse hechos que demostrasen el interés de los actores involucrados en mantener activas sus diferencias.
Cabe destacar que, durante el mes de mayo, 93 casos continuaron siendo tratados mediante procesos de diálogo (el 54% del número de casos activos).
Además, se produjeron avances importantes: en el caso de la Comunidad Andrés Avelino Cáceres de Cuncashca (Ancash), donde se aceptó la propuesta de la empresa Barrick Misquichilca para habilitar una vía de acceso directo a la comunidad; y en el caso de Morococha (Junín), donde la empresa Chinalco Perú se comprometió a realizar talleres informativos sobre temas técnicos del proceso de reasentamiento.
El Reporte Nº 75 de Conflictos Sociales registra un total de 177 actuaciones defensoriales, de las cuales 156 corresponden a acciones de supervisión preventiva y 20 de intermediación. Se realizó una acción de defensa legal.
Finalmente, anunció que el 17 de junio se realizará un paro de 24 horas, convocado por organizaciones sociales de las regiones de Cusco, Puno, Madre de Dios y Arequipa, oponiéndose a la exportación del Gas de Camisea, entre otras demandas.
Diario El Clarín-Cajamarca 11/06/2010
SINDICATOS DE SPCC ROMPEN TRATO DIRECTO CON MINERA
Los sindicatos unificados de Ilo, Toquepala y Cuajone rompieron el trato directo que sostenían desde hace cuatro meses con la minera Southern Perú Copper Corporation (SPCC).
Pablo Ramírez, secretario general del citado gremio, adelantó a través de Radio Altamar que la próxima semana convocarán a asambleas conjuntas en las bases antes citadas, de modo que las comisiones negociadoras informen sobre el avance de su pliego de reclamos.
Así mismo, el dirigente minero señaló que ingresarán a una etapa de conciliación en donde tendrá que invertir el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), pues los trabajadores no están de acuerdo con la propuesta de SPCC.
En ese sentido, Ramírez detalló que los sindicatos plantearon un incremento del 14% anual en sus remuneraciones, mientras que la empresa propone un aumento del 5% anual por un máximo de tres años
"Nosotros iniciamos estas negociaciones con un pliego de 59 cláusulas, que se han reducido a 18. Lamentablemente, la minera no ha movido sus cifras", declaró el dirigente, quien además acuso a Southern Perú de negociar con "sindicatos paralelos".
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 10/06/2010
FACULTADES PARA LEGISLAR EN MATERIA POLICIAL Y MILITAR AGRAVARÍA PERSECUCIÓN DE LÍDERES INDÍGENAS
“Con la carta blanca otorgada por el Congreso para que el Ejecutivo legisle sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas y la policía nacional se agravaría el proceso de criminalización de la protesta social y la persecusión a líderes indígenas”, advirtió hoy la parlamentaria ayacuchana Juana Huancahuari.
“La alianza oficialista (Apra, UN, fujimorismo) le ha dado facultades a un gobierno que carece de una política de diálogo seria y de buena fe con las comunidades, con 255 conflictos sociales en el mes de mayo, y 1500 dirigentes sociales con procesos judiciales, de los cuales casi 600 son líderes indígenas”, agregó.
En una votación ajustada, 43 a favor, 40 en contra y 3 abstenciones, el Congreso otorgó facultades al Ejecutivo para que en 60 días legisle sobre seguridad, empleo legítimo de la fuerza, defensa nacional, orden interno, terrorismo, tráfico ilícito de drogas, crimen organizado, entre otros.
La exposición de motivos hace hincapié en la necesidad indispensable de dotar a las fuerzas del orden de un marco normativo para los conflictos internos denominados “conflictos de tercera generación”, en la cual la autoridad del Estado es cuestionada por grupos organizados (Nicaragua, Guatemala y el Salvador).
A los decretos legislativos 982, 983, 988, 989 entre otros, promulgados en 2007, se suma ahora esta ley orientada a arrasar con los que se oponen a la política del “perro del hortelano” con miras a dejar el campo abierto para que la inversión privada pueda apropiarse de los recursos naturales.
Mario Palacios, de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú afectadas por la Minería (Conacami), señaló que las organizaciones han planteado una demanda de inconstitucionalidad de los cuatro decretos legislativos del 2007.
“Los pueblos amazónicos y andinos somos objeto de persecusión mediante denuncias e incursiones policiales en nuestros territorios, con procesos judiciales que el sistema occidental nos impone, cuyos mecanismos desconocemos y que constituyen un eslabón más de la larga cadena que soportamos hace 517 años” indicó.
Servindi-Lima 10/06/2010
La Defensoria del Pueblo emitió nuevo informe sobre conflictos sociales registrados en el último mes de mayo.
Indicó que en dicho mes hubo un total de 255 conflictos sociales, de los cuales 172 se encuentran activos (67%), en tanto que 83 se hallan en estado latente (33%).
Además se da cuenta de 41 acciones colectivas de protesta en todo el ámbito nacional y de tres acciones de violencia subversiva.
Asimismo se informa acerca de seis conflictos resueltos durante de mayo: tres de ellos son conflictos laborales (dos en la Libertad y uno en Ica); dos socioambientales (en Apurímac y Lambayeque); y uno se refiere a Asuntos de Gobierno Local (vacancia de Alcalde en San Román, Puno).
La solución de cuatro de estos casos fue el resultado de procesos de diálogo que culminaron con la suscripción de acuerdos aceptados por las partes.
En lo referente a los siete nuevos casos, dos de ellos son conflictos socioambientales (Áncash y Cajamarca), uno se debe a una demarcación territorial (Cajamarca), otro es comunal (Apurímac), y uno es laboral (La Libertad).
Además, uno se suscitó por asuntos de Gobierno Local (Ancash) y otro por asuntos de Gobierno Nacional (conflicto que abarca las regiones de Puno, Cusco, Madre de Dios y Arequipa).
Por otra parte, el reporte da cuenta de siete conflictos sociales reactivados (cinco casos socioambientales, un caso por asuntos de Gobierno Local, y un conflicto comunal).
Con relación a la tipología, el Reporte precisa que, del total de conflictos registrados, 132 casos (el 51%) son socioambientales.
A éstos se suman 36 casos correspondientes a asuntos de Gobierno Local (14%), en tanto que 25 casos son de naturaleza laboral (9%).
De igual modo se brindan detalles de 15 conflictos sociales que han perdido su condición de activos para transformarse en latentes (seis conflictos socioambientales, cinco comunales, dos laborales, uno por Asuntos de Gobierno Regional y otro por Asuntos de Gobierno Local).
También se eliminaron del registro total siete casos latentes, al no producirse hechos que demostrasen el interés de los actores involucrados en mantener activas sus diferencias.
Cabe destacar que, durante el mes de mayo, 93 casos continuaron siendo tratados mediante procesos de diálogo (el 54% del número de casos activos).
Además, se produjeron avances importantes: en el caso de la Comunidad Andrés Avelino Cáceres de Cuncashca (Ancash), donde se aceptó la propuesta de la empresa Barrick Misquichilca para habilitar una vía de acceso directo a la comunidad; y en el caso de Morococha (Junín), donde la empresa Chinalco Perú se comprometió a realizar talleres informativos sobre temas técnicos del proceso de reasentamiento.
El Reporte Nº 75 de Conflictos Sociales registra un total de 177 actuaciones defensoriales, de las cuales 156 corresponden a acciones de supervisión preventiva y 20 de intermediación. Se realizó una acción de defensa legal.
Finalmente, anunció que el 17 de junio se realizará un paro de 24 horas, convocado por organizaciones sociales de las regiones de Cusco, Puno, Madre de Dios y Arequipa, oponiéndose a la exportación del Gas de Camisea, entre otras demandas.
Diario El Clarín-Cajamarca 11/06/2010
SINDICATOS DE SPCC ROMPEN TRATO DIRECTO CON MINERA
Los sindicatos unificados de Ilo, Toquepala y Cuajone rompieron el trato directo que sostenían desde hace cuatro meses con la minera Southern Perú Copper Corporation (SPCC).
Pablo Ramírez, secretario general del citado gremio, adelantó a través de Radio Altamar que la próxima semana convocarán a asambleas conjuntas en las bases antes citadas, de modo que las comisiones negociadoras informen sobre el avance de su pliego de reclamos.
Así mismo, el dirigente minero señaló que ingresarán a una etapa de conciliación en donde tendrá que invertir el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), pues los trabajadores no están de acuerdo con la propuesta de SPCC.
En ese sentido, Ramírez detalló que los sindicatos plantearon un incremento del 14% anual en sus remuneraciones, mientras que la empresa propone un aumento del 5% anual por un máximo de tres años
"Nosotros iniciamos estas negociaciones con un pliego de 59 cláusulas, que se han reducido a 18. Lamentablemente, la minera no ha movido sus cifras", declaró el dirigente, quien además acuso a Southern Perú de negociar con "sindicatos paralelos".
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 10/06/2010
FACULTADES PARA LEGISLAR EN MATERIA POLICIAL Y MILITAR AGRAVARÍA PERSECUCIÓN DE LÍDERES INDÍGENAS
“Con la carta blanca otorgada por el Congreso para que el Ejecutivo legisle sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas y la policía nacional se agravaría el proceso de criminalización de la protesta social y la persecusión a líderes indígenas”, advirtió hoy la parlamentaria ayacuchana Juana Huancahuari.
“La alianza oficialista (Apra, UN, fujimorismo) le ha dado facultades a un gobierno que carece de una política de diálogo seria y de buena fe con las comunidades, con 255 conflictos sociales en el mes de mayo, y 1500 dirigentes sociales con procesos judiciales, de los cuales casi 600 son líderes indígenas”, agregó.
En una votación ajustada, 43 a favor, 40 en contra y 3 abstenciones, el Congreso otorgó facultades al Ejecutivo para que en 60 días legisle sobre seguridad, empleo legítimo de la fuerza, defensa nacional, orden interno, terrorismo, tráfico ilícito de drogas, crimen organizado, entre otros.
La exposición de motivos hace hincapié en la necesidad indispensable de dotar a las fuerzas del orden de un marco normativo para los conflictos internos denominados “conflictos de tercera generación”, en la cual la autoridad del Estado es cuestionada por grupos organizados (Nicaragua, Guatemala y el Salvador).
A los decretos legislativos 982, 983, 988, 989 entre otros, promulgados en 2007, se suma ahora esta ley orientada a arrasar con los que se oponen a la política del “perro del hortelano” con miras a dejar el campo abierto para que la inversión privada pueda apropiarse de los recursos naturales.
Mario Palacios, de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú afectadas por la Minería (Conacami), señaló que las organizaciones han planteado una demanda de inconstitucionalidad de los cuatro decretos legislativos del 2007.
“Los pueblos amazónicos y andinos somos objeto de persecusión mediante denuncias e incursiones policiales en nuestros territorios, con procesos judiciales que el sistema occidental nos impone, cuyos mecanismos desconocemos y que constituyen un eslabón más de la larga cadena que soportamos hace 517 años” indicó.
Servindi-Lima 10/06/2010