RENAMA PROPONDRÁ ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL LA ZONA DE LA CORDILLERA MISHAHUANGA


Por su alto valor en biodiversidad y recursos hídricos y por ser una de las importantes cabeceras de cuenca entre Cajamarca y Lambayeque; la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente RENAMA viene trabajando en la elaboración del expediente de la propuesta del Área de Conservación Regional ACR “Reserva Ecológica Paisajística Cordillera Mishahuanga”. Para lo cual durante junio y lo que va de julio se viene desarrollando el estudio de caracterización física, biológico, socioeconómico y cultural abarcando zonas de las provincias de Chota y Cutervo.

De las especies de flora encontradas dentro del Área de estudio en las visitas preliminares, varias se encuentran en alguna categoría de conservación (DS 043- 2004 – AG), debido a las amenazas a las que se enfrentan. El queñual (Polylepis racemosa) y el “lloque” (Kageneckia lanceolata) aparecen como especies en peligro crítico (CR).

Según la lista actual de Categorización de fauna silvestre (DS 034-2004-AG), el “cóndor andino” (Vultur gryphus) y el “oso de anteojos” (Tremarctos ornatus) se encuentran como especies En peligro (EN). Junto con estas especies, se encuentra en situación de Peligro crítico (CR) el “pinchaque” (Tapirus pinchaque). Además, merecen particular atención las especies que se encuentran en la situación de Casi amenazado (NT) el “puma” (Puma concolor). Otro de los casos particulares es el de Xenodacnis parina “azulito andino”, pues se trata de un especialista de bosques de Polylepis sp, por lo que es urgente tomar decisiones y medidas de protección para estos hábitats naturales.

El equipo consultor ha venido desarrollando reuniones de coordinación con las autoridades, organizaciones de base y población en general; quienes han mostrado su interés y apoyo a la propuesta de ACR.

El área propuesta como Área de Conservación Regional “Mishahuanga” se encuentra ubicada entre las cuencas altas de Motupe, Chancay – Lambayeque y Chamaya incluyendo el divortium acuarium, específicamente entre los distritos de Miracosta, San Juan de Licupis, y Querocoto de la provincia de Chota y distrito de Querocotillo provincia de Cutervo, abarca una superficie de 23903 ha. aproximadamente.

Diario Panorama Cajamarquino 26.07.2011

EXIGEN ANULAR AUDIENCIA PÚBLICA DE TANTAHUATAY


Vidal García Efus, alcalde del distrito de Chugur, refirió que el actual gobierno de Alan García y su ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, nunca supo escuchar al pueblo, por lo que abrigan la esperanza de que el nuevo presidente de la República, Ollanta Humala, anule la supuesta audiencia pública realizada por la empresa Coymolache en Hualgayoc.

“El Ministerio de Energía y Minas aducía que una audiencia pública no se puede anular y que es una información cualquiera, por cierto, tratándonos de desviar”, sostuvo.

“Tenemos recursos de gran fundamento para declarar nula la audiencia: las personas que asistieron a la cita no radican en el distrito de Chugur, sino en los distritos de Lajas (Chota), Ninabambama (Santa Cruz) y otros lugares, datos que corrobora el RENIEC”, agregó.

Asimismo, dijo que esperan una Ordenanza Regional declarando zona intangible por la cantidad de recursos con los que se cuenta en la zona, esto habría sido un compromiso del presidente regional Gregorio Santos con el pueblo de Chugur.

Afirmó que la Municipalidad Distrital de Chugur contrató los servicios de tres médicos veterinarios para repotenciar la actividad ganadera con inseminación artificial, de preferencia en las zonas altas, además trabajan en el programa “Viviendas Saludables” y también para sacar a flote la actividad ganadera.

Diario Panorama Cajamarquino 26.07.2011

REORDENAMIENTO MINERO REDUCIRÍA CONFLICTOS

Minería. El Ingemmet otorga concesiones mineras sin evaluación. José De Echave, director de Cooperacción, señaló que se requiere modificar el sistema de otorgamiento de las concesiones en minería.

El reordenamiento de las concesiones mineras permitiría reducir los conflictos sociales en torno a esta actividad, afirmó el director ejecutivo de Cooperacción, José De Echave.

Pero lejos de emprender este mapeo que determine dónde es prudente permitir la actividad minera y dónde no, en los últimos seis meses se duplicaron las concesiones a las empresas extractivas.

A principios de año, el área concesionada ascendía a 11 millones 572 hectáreas, pero hasta junio la cifra se incrementó a 24 millones de hectáreas, que equivalen a un 18,91% del territorio nacional.

Pero más grave aún es cómo se otorgan estas concesiones. De Echave explica que en la actualidad el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) las otorga sin ningún tipo de evaluación de lo que ocurre en el territorio asignado. De este modo, en ocasiones se afecta los procesos productivos, zonas de preservación o planes de desarrollo regionales. Por ello, sostiene que es capital mejorar la comunicación entre las autoridades regionales y nacionales.

“Hoy ocurre que el Perú está dividido en cuadrículas y basta que éstas estén vacías para que se le otorgue a una empresa minera que lo solicite. No hay ningún tipo de evaluación previa de qué está pasando en esa cuadrícula en determinada zona del país”, recalcó.

De Echave señala que el incremento de los conflictos sociales –crecieron de 82 en el 2006 a 217 este año, mayoritariamente socioambientales– se debe, entre otros motivos, a este proceso de entrega de concesiones mineras inconsultas.

Una posición similar manifestó el presidente de la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía, Pedro Martínez, quien abogó porque el próximo gobierno de Gana Perú emprenda un reordenamiento de las concesiones mineras.

Un reciente informe de Apoyo Consultoría precisa que los conflictos socioambientales comprometen al menos US$ 9,000 millones de inversión en la minería en los próximos cinco años.

De Echave añade que además del reordenamiento de las concesiones se requiere aprobar la Ley de Consulta previa, entre otras medidas necesarias para reducir los conflictos en torno de la minería.

Las regiones con más conflictos
El Observatorio de Conflictos Mineros hace el monitoreo de cinco regiones del país. Según los mapas de concesiones Apurímac es la región que más territorio tiene concesionado: 56,52%; le sigue Cajamarca con 48,47%; Piura: 27,48% ; Junín: 24,68%; y Cusco: 18,12%.

El director de Promoción Minera del MEM, Henry Luna, manifestó que el 10% del territorio peruano con potencial minero requiere ser explorado, pero que solo el 0,78% del territorio se encuentra actualmente ocupado por unidades en operación minera y que el 0,27% está en actividad de exploración minera. En definitiva, solo el 1,05% está ocupado por la minería.

Diario La República-Lima 26.07.2011

DENUNCIAN ACCIÓN DE INTERMEDIARIOS EN ACUERDOS SOBRE “MERCADO DE CARBONO” EN UCAYALI


Según el Consejo Directivo Nacional (CDN) de Aidesep una organización no gubernamental (ONG) estaría convenciendo a las comunidades shipibas de suscribirse “acuerdos” por 10 años para los “servicios ambientales o Redd”.

En el supuesto negocio, la ONG “Alianza para la captura de carbono como solución al cambio climático” ofrecería US$ 100 por hectárea y miles de dólares por año, a cambio de entregarle sus títulos de propiedad.

Para llevar a cabo su cometido, la organización habría contratado los servicios de un abogado que trabaja en la Tercera Fiscalía superior de Ucayali, a tiempo completo.

Las comunidades shipibas involucradas serían las de Ahuaypa, Caco Macaya, Colonia del Caco, Amaquiria, Nazaret del Pozo, Utucuro, Samaria, Belén y Vista Alegre, de la cuenca del río Caco, Iparía, Ucayali.

Frente a tal noticia, el CDN y el equipo técnico sobre “Redd+ Indígena” de Aidesep constató que los ofrecimientos de dinero por carbono/servicios ambientales no tienen seriedad ni seguridad, pues falta definir las reglas nacionales e internacionales.

Si esas reglas son definidas de manera inconveniente para las empresas, ellas pueden terminar cambiando los acuerdos o las promesas que ahora hacen.

La ONG mencionada tiene la ficha de Registros públicos de Ucayali N° 11054236, y tiene como directora a Linda Davidson Karo. Fue creada en este mismo año, por lo cual es improbable que tenga fondos suficientes.

Supuestamente, actuaría como intermediaria para usar los “acuerdos” con las comunidades para buscar fondos de empresas o entidades internacionales, sin que se sepa qué se negocia, ni a que precio.

La vicepresidenta de Aidesep, Daysi Zapata, hizo un llamado “a las comunidades de la cuenca del río Caco a no apresurarse en este tema Redd+, ya que los bosques comunales no se van a desaparecer y los negociantes del carbono tendrán que volver necesariamente ya que dependen de esos bosques”.

“Es necesario más calma, prudencia e informarse más ampliamente sobre este tema. Aidesep plantea una alternativa de “Redd+ Indígena” que protege los derechos colectivos y corrige los problemas y confusiones que contienen las presiones sobre “Redd+””.

Finalmente, señaló la necesidad de que estas comunidades y la mencionada ONG coordinen con Aidesep sobre el tema, para que se respete el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado.

Servindi-Lima 26.07.2011

Consideran un atentando contra la ecología la Ley 29760 que promueve proyectos hidroenergéticos en el Amazonas.
RECHAZAN TRASVASE DEL RÍO MARAÑÓN


Alcalde de Iquitos rechaza normas contra la ecología.

Por los graves riesgos que ocasionará a la ecología de los pueblos amazónicos, el alcalde de Maynas en Loreto, Charles Zevallos Eyzaguirre, rechazó rotundamente la aplicación de la Ley 29760 que fuera promulgada “entre gallos y medianoche” por el gobierno saliente en el que se declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución del Proyecto de Trasvase del Río Marañón y el represamiento y la derivación del río Huallaga para fines hidroenergéticos y agrícolas.

“Para los pueblos de la Amazonía, esta Ley representa un grave atentado contra sus vidas, sus costumbres y el equilibrio ecológico”, consideró el alcalde iquiteño, quien opinó que las inversiones son necesarias en nuestro país, pero “debe tenerse en cuenta que sobre la vida y la salud de los peruanos amazónicos no se puede pasar sin consultar. Debe tomarse en cuenta el efecto nocivo que tendrá la aplicación de esta Ley que más que favorecer a los peruanos beneficiará a otros intereses transnacionales”.

En un primer proyecto se pretendía represar solamente el río Marañón pero ahora se busca contener las aguas del Huallaga con lo que se represaría dos afluentes muy importantes que tiene el Amazonas, “eso es grave” comentó el alcalde Charles Zevallos Eyzaguirre. “Los que alientan este proyecto dicen que no se pretende reducir el caudal del agua que tienen los ríos, pero lo que no dicen es que reduce radicalmente la masa de nutrientes que fluye a través del río que alimenta la vida de los peces y otras especies además de las poblaciones ribereñas”, dijo el alcalde de Maynas.

Esta situación podría promover la demanda de los gobiernos locales de la región Loreto para que el nuevo gobierno de Ollanta Humala efectúe una revisión y proceda a modificar o a derogar esta Ley.

Diario La Primera-Lima 26.07.2011

PUEBLO KICHWA DE ALTO NAPO DENUNCIA FALTA DE CONSULTA EN CONCESIÓN DEL LOTE 117


Mediante un pronunciamiento, la organización Kichwaruna Wankurina del Alto Napo (Orkiwan) denunció la falta de consulta a su pueblo, por parte de Petrobras y el Estado peruano, en relación a la concesión del Lote 117.

Orkiwan denuncia que el Estado peruano desconoció su derecho fuindamental a ser consultados en la concesión que dio al Consorcio Petrobras, conformado por Petrobras Energía Perú S.A., Ecopetrol del Perú S.A. e Index North Perú LTD, sucursal del Perú.

En el año 2006, Perupetro S.A. licitó el Lote 117 a Petrobras Energía Perú, en el territorio ancestral de los pueblos Kichwa, Sekoya y Witoto; en los distritos de Teniente Manuel Clavero, Putumayo, Torres Causana y el Napo.

Además, el territorio concesionado también abarcaba la Zona Reservada Güeppi, y todo ellos fue hecho sin mediar un proceso de consulta según el Convenio sobre Pueblos Indígenas N° 169, de la Organización Internacional del Trabajo, denunciaron.

Por otro lado, señalaron que la Zona Reservada Güeppi aún no ha sido categorizada como se ha planteado en el proceso de Categorización de 2007, como fue acordado con los pueblos indígenas.

Por ello, solicitaron al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Perú (SERNANP) iniciar el proceso de categorización de la Zona Reservada en cuestión.

Asimismo, declararon no estar de acuerdo con el procedimiento realizado por Perupetro S.A. en su comunidad, puesto que viola en derecho de información y consulta previa.

Finalmente, anunciaron una serie de acuerdos con Perupetro, a los que llegaron los pasados 20 y 21 de julio, en Monterrico Angoteros y Cabo Pantoja, entre las que recalcaron que ninguna decisión es válida unilateralmente sin el acuerdo de todas las comunidades.

“Año del Centenario de Machu Picchu para el mundo”
Pronunciamiento

La Organización Kichwaruna Wankurina del Alto Napo (ORKIWAN) hace de conocimiento al Presidente de la República del Perú, Dr. Alan G. L. García Pérez, al Presidente Electo de la República Ollanta Humala Tasso, Al Congreso de la República, al Consejo de Ministros, Al Presidente del Gobierno Regional de Loreto, a las demás autoridades y a la Opinión Pública, en relación al Lote 117 concesionada por el Estado peruano al Consorcio PETROBRAS (PETROBRAS ENERGIA PERU S.A., ECOPETROL DEL PERU S.A. e INPEX NORTH PERU LTD, SUCURSAL DEL PERU), lo siguiente:

1. Que, el Estado peruano ha pasado por alto nuestro derecho fundamental de todo pueblo indígena ha ser consultado: en el año 2006 PERUPETRO S.A. ha licitado el Lote 117 a la Empresa PETROBRAS ENERGÍA PERÚ S.A., la misma que ocupa los territorios ancestrales de los pueblos Kichwas, Siekoyas y Witotos, dentro de los distritos de Teniente Manuel Clavero, Putumayo, Torres Causana y el Napo, además de ocupar la Zona Reservada Güeppi, esto se hizo sin mediar el proceso de consulta previa, de buena fe, libre e informada que gozamos gracias al Convenio 169 OIT ratificada en 1993 por nuestro país mediante Resolución Legislativa N° 26253 y que está consagrada en los artículos 6, 7 y 14 del mencionado convenio.

2. Que, la Zona Reservada Güeppi aún no ha sido categorizada como se ha planteado en el proceso de Categorización del 2007, la misma que fue aceptada por los pueblos indígenas: La Zona Reservada Güeppi ha sido creada en el año 1997, mediante D.S. N° 003-97-AG, con el objetivo de conservar la diversidad biológica, ecosistemas, áreas paisajísticas y poblaciones no disturbadas de flora y fauna silvestres representativos de la selva baja del nororiente del país y por encontrarse en el denominado “Refugio del Pleistoceno Napo – Putumayo”. Asimismo, ya se dieron tres procesos para la categorización en los años 1998, 2004 y finalmente en el 2007, la misma que fue liderada por la Jefatura de la Zona Reservada de Güeppi, proponiendo la creación del Parque Nacional Güeppi, Las Reservas Comunales HUIMEKI y AIRO PAI, que fueron aceptadas por las comunidades indígenas.

3. Que, pedimos al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Perú – SERNANP, inicie el proceso de categorización de la Zona Reservada Güeppi: Como mencionamos en el punto 2, no aceptamos la propuesta presentada por el SERNANP mediante Oficio N° 326-2009-SERNANP-J de fecha 15 de septiembre de 2009, en la cual declara que NO EXISTE UNA ACREDITACION FORMAL DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONSULTA, por lo que OPINA que debe crearse una Zona Reservada, con la cual nuestros pueblos NO ESTAN DE ACUERDO.

4. Que, el Pueblo indígena Kichwa Napuruna no está de acuerdo con el procedimiento realizado por PERUPETRO S.A. en nuestra comunidad, por cuanto viola el derecho de información y consulta previa: Con fecha 29 de junio de 2011, PERUPETRO S.A. nos alcanza oficio señalándonos reunión para PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA QUE OPERARA EL LOTE 117, CONSORCIO PETROBRAS para el día 20 de julio de 2011 en la localidad de Angoteros – río Napo, cabe señalar que no se dio el proceso de consulta a los pueblos interesados, no se brindó información oportuna a las comunidades sobre el Lote 117.

5. Finalmente, nuestros pueblos en reunión con PERUPETRO S.A. llevada a cabo el 20 y 21 de julio de 2011 en la localidad de Monterrico Angoteros y Cabo Pantoja respectivamente, llegamos a la siguientes conclusiones:

* Nuestros pueblos son pobres pero llevan nuestras riquezas.
* Queremos que respeten nuestras tierras y nos consulten previo a tomar cualquier decisión sobre la misma.
* NO queremos que se repita la historia de otros pueblos como en el Corrientes, Pastaza, Marañón, así como con nuestros hermanos Kichwas del Ecuador.
* Que el Estado peruano respete nuestra forma de “buen vivir” o “vivir bien”: SUMAK KAWSANA o ALLI KAWSA.
* Las EMPRESAS PETROLERAS ingresan como “Ovejas” y después se convierten en “Lobos”.
*NO SOMOS TERRORISTAS, NO SOMOS PERUANOS DE SEGUNDA CATEGORÍA, NO SOMOS PRIMITIVOS, NO SOMOS PERROS DEL HORTELANO.
* El pueblo indígena kichwa napuruna, no es una comunidad, sino todas las comunidades que están afiliada y hermanada con la Organización Kichwaruna Wankurina del Alto Napo – ORKIWAN. En consecuencia, NINGUNA DECISIÓN ES VÁLIDA UNILATERALMENTE SINO EL ACUERDO DE TODAS LAS COMUNIDADES.

¡BASTA YA DE ENGAÑOS, BASTA YA DE CALIFICATIVOS: DEFENDEMOS NUESTRO TERRITORIO PARA EL FUTURO DE NUESTROS HIJOS Y DESCENDIENTES!

¡DERECHO A LA CONSULTA PREVIA SI, PETROLERAS NO!.

¡VIVAN LOS PUEBLOS INDÍGENAS, VIVA LA LIBERTAD, SOMOS LIBRES SEAMOSLO SIEMPRE!

Angoteros, 21 de julio de 2011

Atentamente;
Enrique Coquinche Coquinche, Presidente ORKIWAN
Alipio Coquinche Noteno, Apu de Monterrico Angoteros
Adolfo Coquinche Siquihua. Apu de Humandi
Damaso Coquinche Noteno, Apu de Santa María de Angoteros
Carlos Sandoval Condo, Apu de Santa María de Chingana
Humberto Oraco Coquinche, Apu de Túpac Amaru
Nicanor Ashanga Panduro, Apu de Yarina Llacta
Samuel Grefa Salazar, Apu de Tempestad
Huvencio Coquinche, Apu de Samuna Bula – Camunguy
Ricardo Oraco, Apu de la Comunidad de cedro Isla
Glober Noteno Coquinche, Apu de la comunidad de Vencedores del río Napo

Servindi-Lima 26.07.2011

POBLACIÓN SE MOVILIZA EN DEFENSA DE MANGLARES EN PIURA


Lugareños salieron a las calles para defender autoridad municipal.

Cientos de pobladores del distrito de Vice, realizaron una marcha por las calles de Piura, en rechazo a la denuncia presentada por la empresa petrolera Olympic contra la Municipalidad de dicha localidad, por un supuesto atentado a la libertad de empresa.

Encabezados por el exalcalde, Armando Arévalo Zeta, y el actual burgomaestre, Agustín Eche Temoche, la movilización partió del Parque Infantil, siguió por la calle Junín, avenida Sánchez Cerro, calle Tacna y llegó hasta la sede del Poder Judicial, para exigir respeto por el medio ambiente y protección a los manglares de San Pedro.

Los pobladores denunciaron también que la empresa ha hecho pública una Ficha Registral N° 004749PE11021412, en la cual se señala al Fundo Sol Sol como propietario de 20 mil hectáreas, que involucran a las poblaciones de los distritos de Vice, Becará, Letirá, convirtiéndolas en propiedad privada. Luego de una reunión con los jueces de LA PRIMERA Sala Civil, el burgomaestre y abogado de la Municipalidad, continuaron la marcha a la sede de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, donde reclamaron mayor transparencia y rapidez en la inscripción de los terrenos.

El abogado de la Municipalidad de Vice, Martín Salazar, reveló que el Tercer Juzgado Civil, admitió la medida cautelar que presentaron contra la denuncia que les hizo la empresa Olympic, luego que el año pasado, el alcalde y la población bloquearon los trabajos de la citada petrolera que optó por retirarse.

Además, reveló que el pasado 10 de junio se realizó la vista de la causa donde presentaron sus alegatos, por lo que se espera que el próximo 26 de julio se lleve a cabo la Audiencia Pública con ambas partes. El abogado agregó que también se dirigieron a la Sunarp, porque según dijo, la empresa Olympic quiere registrar el fundo Sol Sol con documentos y planos fraguados, por lo que exigieron a los funcionarios de dicha entidad, evitar registrar cualquier terreno a favor de la petrolera.

Diario La Primera-Lima 25.07.2011

RED MUQUI PROPONE UNA AGENDA MÍNIMA PARA ENCARAR LOS CONFLICTOS MINEROS


La Red Muqui propuso hoy una agenda mínima, que aborde los aspectos sociales, ambientales y económicos pendientes que están detrás de las numerosas protestas ciudadanas que se han registrado en los últimos meses.

La Red Muqui, que está constituida por una amplia articulación de asociaciones civiles, sostiene que el adecuado tratamiento de dicha agenda permitiría modificar el escenario actual y “construir un nuevo contrato social y ambiental” sobre las actividades extractivas.

En el nuevo escenario la minería asumiría un “nuevo rol”, en el marco de un “desarrollo sostenible e inclusivo, respetuoso de los derechos de las poblaciones y comunidades vecinas a los proyectos u operaciones mineras”.

Entre los lineamientos de políticas públicas propuestos está recuperar capacidad de regulación pública, contar con una verdadera autoridad ambiental, ordenar el uso del territorio y efectuar cambios sustantivos en la política de concesiones y en la Ley Minera.

Asimismo, promulgar la ley de consulta previa a los pueblos indígenas, aprobada por el Congreso de la República en mayo del 2010, a fin de que se permita implementar plenamente el Convenio 169 de la OIT, vigente desde 1995, y que fue suscrito por el Perú en 1994.

También se propone una reforma tributaria y fiscal que permita un reparto equitativo de la renta minera entre empresas y Estado y abordar como política de Estado la problemática de la minería informal, artesanal y en pequeña escala.

Finalmente, se plantea invertir en la reconversión y diversificación productiva de las zonas dedicadas a la minería, con actividades que promuevan el desarrollo sostenible y sean respetuosas del ambiente, las fuentes de agua, los lugares con valor religioso y cultural y los recursos naturales.

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La Red Muqui le propone al país…
Una agenda mínima para encarar los conflictos mineros

En los últimos meses, los conflictos en torno a la minería no han cesado de aumentar, ejemplos de ello son: Tía María en la provincia arequipeña de Islay; Chugur en Cajamarca y los enfrentamientos en la Cordillera del Cóndor en la frontera con Ecuador; la paralización en Apurímac en el entorno del proyecto Las Bambas y el paro en Puno contra el proyecto Santa Ana y la política de concesiones mineras.Frente a este contexto es urgente que el país defina una agenda mínima, que aborde los aspectos sociales, ambientales y económicos pendientes que están detrás de las numerosas protestas ciudadanas que se han registrado. La Red Muqui propone los siguientes lineamientos de políticas públicas para superar esta situación de conflictividad y afectación de derechos de poblaciones enteras:

* El país necesita recuperar capacidad de regulación pública. El Estado peruano debe asumir su rol y representar legítimamente el interés público, protegiendo los derechos al desarrollo de todos los peruanos y peruanas.
* En materia ambiental, necesitamos contar con una verdadera autoridad que tenga autonomía, capacidades, competencias, recursos y decisión política. Esta nueva autoridad ambiental debe impulsar una gestión transectorial, que evalúe con independencia los estudios de impacto ambiental; que revise los límites de emisión y los estándares de calidad ambiental; que fortalezca la fiscalización, la descentralice e que interactúe con las autoridades regionales y locales.
* Igualmente es urgente ordenar el uso del territorio, discutir en serio dónde sí y dónde no conviene que se desarrollen actividades extractivas. Para ello se debe implementar una política de ordenamiento territorial (OT) y aprobar la normatividad correspondiente que le dé a los planes de OT un carácter obligatorio para toda medida o acto del sector público y privado; respetando las atribuciones de los Gobiernos Regionales y Locales.
* Compartimos la demanda de producir cambios sustantivos en la política de concesiones y en la Ley Minera, que se han convertido en fuente permanente de conflictos. Desde Lima se concesiona gran parte del país, sin ningún tipo de interacción y consulta con las instancias regionales y locales, menos aun, con las poblaciones y comunidades, y sin considerar los procesos económicos y de planificación territorial de las regiones.
* Se necesita promulgar la ley de consulta previa a los pueblos indígenas, aprobada por el Congreso de la República en mayo del 2010, a fin de que se permita implementar plenamente el Convenio 169 de la OIT, vigente desde 1995, y que fue suscrito por el Perú en 1994.
* Se requiere realizar una reforma tributaria y fiscal que permita un reparto equitativo de la renta minera entre empresas y Estado. Ello supone la eliminación del óbolo minero, la incorporación del impuesto a las sobreganancias, el incremento y la obligatoriedad de las regalías, la creación de impuestos ambientales para los contaminadores, entre otras posibilidades.
* Se debe abordar como política de Estado la problemática de la minería informal, artesanal y en pequeña escala, que ante la falta de otras oportunidades de trabajo se viene expandiendo por casi todas las regiones del país, generando en un gran número de casos, impactos sociales y ambientales negativos, explotación de trabajo infantil y graves problemas de salud pública.
* Los excedentes generados por la minería deben reorientarse a otras actividades productivas, generadoras de empleo intensivo que potencien el mercado interno, y a la mejora de servicios sociales y ambientales. Es necesario invertir en la reconversión y diversificación productiva de las zonas dedicadas a la minería, con actividades que promuevan el desarrollo sostenible y sean respetuosas del ambiente, las fuentes de agua, los lugares con valor religioso y cultural y los recursos naturales.

Esta agenda mínima permitiría modificar el escenario actual y apuntar a Construir un nuevo contrato social y ambiental en torno a las actividades extractivas, que otorgue un nuevo rol a la minería dentro de un desarrollo sostenible e inclusivo, respetuoso de los derechos de las poblaciones y comunidades vecinas a los proyectos u operaciones mineras.

Lima, 01 de junio de 2011

Red Muqui

Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh); Asociación Marianista de Acción Social (AMAS) – La Libertad; Asociación Proyecto Amigo – La Libertad; Centro Andino de Educación y Promoción J. María Arguedas (CADEP) – Cusco; Centro Labor – Pasco; Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES); CooperAcción; Fe y Derechos Humanos (FEDERH) – Puno; Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ); Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES) – Cajamarca; Grupo Propuesta Ciudadana; Grupo para la Promoción del Desarrollo de los Andes (ANDES) – Pasco; Instituto Natura – Chimbote; Instituto Sur Andino de Investigación y Acción Solidaria (I.S.A.I.A.S.) – Puno; Oficina de Derechos Humanos y Medio Ambiente – Puno; Pastoral Social de la Dignidad Humana (Pasdih) – Junín; Pastoral Social del Vicariato Apostólico San Francisco Javier – Jaén; Red Regional Agua y Desarrollo de Piura – Piura; Red Uniendo Manos Perú; Vicaría de la Solidaridad de Sicuani – Cusco; Vicaría de la Pastoral Minera de Pasco

Servindi-Lima 22.07.2011

Un total de 524 solicitudes de concesiones mineras esperan consulta popular en esa región.
DEFENSORÍA REPORTA VEINTE CONFLICTOS SOCIALES EN PUNO


Según la Defensoría del Pueblo, en el departamento de Puno se cuentan con más de 20 conflictos sociales; no obstante, solamente 9 de ellos considerados prioritarios están siendo revisados por la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros, que se supone es el ente encargado de velar por la resolución de éstos.

En la región Puno, informa el documento, se registran sólo 9 problemas sociales, uno menos que Cajamarca, lo que ubica esta región en el segundo lugar del ranking total. Las cifras de Puno son las siguientes: 6 conflictos sociales en seguimiento, uno en tratamiento y dos en prevención; los otros 13 que considera la Defensoría del Pueblo no están calificadas como prioritarias.

Del mismo modo, detalla que el ministerio que más trabajo tiene por la resolución de estos conflictos es el de energía y Minas, pues cuenta con 52 problemas que le atañen. Tras de él, se halla el Ministerio de Agricultura, con 6 conflictos; mientras que 15 tocan a los demás ministerios. Asimismo, 17 les corresponden a los gobiernos regionales; 3 a los locales y 2 al Congreso de la República.

Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, al 30 de junio de este año, se registra 217 conflictos sociales, 139 de los cuales se encuentran activos (64%) y 78 en estado latente (36%); asimismo, se destaca también que se han generado, el último mes, seis nuevos conflictos.

Por otro lado, se sabe que unas 524 solicitudes de concesiones mineras continúan en trámites en la región Puno, ya que previamente deben someterse a la consulta popular.

El director regional de energía y Minas, Julio Misme Medina, informó que esta institución tiene por trámite 226 solicitudes para pequeña minería y 298 para minería artesanal, sumando en total 524 documentos.

Diario La Primera-Lima 22.07.2011

PIDEN DIÁLOGO EFECTIVO PARA EVITAR CONFLICTOS SOCIALES


Propuesta. Indígenas y campesinos. Demandan que Indepa sea reactivado y se convierta en un espacio de diálogo permanente.

Alberto Pizango, de Aidesep, y Antolín Huáscar, de la Confederación Nacional Agraria, señalaron que un real diálogo entre la población afectada por la minería y el próximo gobierno evitará la generación de conflictos sociales y facilitará la solución de los que ya existen.

“Si el nuevo gobierno repite el estilo de diálogo puesto en práctica por el actual gobierno, entonces los problemas no solo permanecerán, sino que también aumentarán”, expresó el líder amazónico Alberto Pizango

Respecto al nuevo gabinete, indicó que es potestad del presidente electo conformarlo, y que los pueblos nativos solo esperan que Ollanta Humala cumpla su palabra en cuanto a mayor inclusión social y mejor distribución de la riqueza.

En tanto, el dirigente campesino Antolín Huáscar demandó la reactivación del Indepa para que se convierta en espacio de diálogo permanente entre las organizaciones nativas y el Ejecutivo en cuanto a ejecución de políticas públicas.

“Nosotros recomendamos la promulgación de la Ley de Consulta para solucionar los conflictos. Solo falta entendimiento y un diálogo con resultados”, consideró.

El dato
Propuestas. Andinos y amazónicos acordaron solicitar al gobierno de Ollanta Humala la atención de 5 ejes temáticos: territorialidad y derechos colectivos, educación y salud intercultural, Ley de Consulta, calentamiento global y cambio climático y seguridad alimentaria.

Diario La República-Lima 22.07.2011

“ESTAMOS EN CONTRA DE LA INVERSIÓN CONTAMINANTE”


Entrevista/Ricardo Giesecke. Próximo ministro del Ambiente considera prioritario consultar a la gente para aprobar proyectos de inversión y evitar el nacimiento de más conflictos.

El gobierno que termina ha sido un defensor a ultranza de la inversión privada, en especial la dirigida a la explotación de recursos naturales, lo que ha generado mucho conflictos...

El país está metido en una conflictividad enorme, la gente está muy fastidiada porque no se le toma en cuenta. Por tanto, es prioridad de este gobierno aprobar la ley de la Consulta Previa.

La norma está esperando en el Congreso...

Y hay que insistir sobre esa norma para su promulgación.

¿El resultado de la consulta debe ser vinculante?
La consulta debe ser vinculante, no necesariamente el resultado porque pueden haber muchos resultados y posiciones.

Otro tema que quedó pendiente tras la tragedia de Bagua fue la aprobación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre...

Y creo que no puede salir tal como está porque no ha sido validada por las organizaciones de la sociedad civil. Estaríamos generando otro “Baguazo”.

Usted señaló que el Ministerio del Ambiente no había podido hacer fiscalización por dispersión de funciones...

Creo que en este tema hay que hacer un reordenamiento. En el caso de la fiscalización, ya existe la OEFA (que recibe las denuncias ambientales en todo el país), pero hay que darle organicidad. En cuanto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, debería funcionar como la Contraloría General de la República, es decir, que todas las oficinas sectoriales ambientales dependen funcionalmente del Minam.

La Ley de Consulta, así como una correcta evaluación de proyectos mineros y la fiscalización, ¿evitarían otro “Baguazo”?
Por lo menos sentaríamos las bases para que no se sigan generando conflictos socioambientales. Y creo que es un imposible que se dé otro Baguazo en un gobierno que está diseñado para trabajar con la gente y para la gente.

¿Y cómo enfrentar el problema de la pequeña minería?
Tenemos problemas con los organismos de fiscalización ambiental que no están diseñados para la minería informal. Por ejemplo, si usted le deja la fiscalización al sector minero, ellos tratan solo con la minería formal y dejan el tema al gobierno regional. Como le dije, tiene que haber un reordenamiento en este aspecto.

En su artículo “El Perro del Hortelano” Alan García dijo que bajo el disfraz de medioambientalista se esconde el anticapitalista que rechaza la inversión privada...

Estamos contra la inversión mal hecha y contaminante. No se trata de invertir y dejar los pasivos. La inversión es buena si paga lo que sea necesario para no dejar huella negativa. No son negociables temas que afecten la salud.

“El gobierno, y no el MEF, dictará las pautas”

Cómo encuentra el Minam. ¿Le dejan bombas de tiempo?
Este es un sector joven que no ha podido hacer reformas claves. Creo que no se ha podido hacer más porque no ha habido voluntad política. Hacer más era ir en contra de las inversiones.

Su designación como ministro se voceaba desde hace más de una semana y, pese a algunas maniobras, se mantuvo...

Como dice la Biblia, muchos son llamados, pocos los escogidos.

Ni una denuncia logró desembarcarlo del gabinete...

Se trató de una mentira que pretendió perjudicarme.

Se cuestiona que Humala vaya a cumplir con la promesa de inclusión social tras confirmarse al ministro de Economía...

El MEF no va a dictar las pautas, sino el gobierno. Vamos a cumplir con la inclusión y vamos a gobernar para la mayoría.

Diario La República-Lima 22.07.2011

REPSOL BARRERÁ 5.000 KM2 DE RESERVAS COMUNALES

El lote 57 de Repsol YPF proyecta hacer sombra a las operaciones gasíferas de Pluspetrol en el Complejo Camisea. Uniendo mediante gasoductos los lotes 57,56 y 88 Repsol y Pluspetrol ampliarán en los próximos meses la frontera gasífera en las entrañas de la selva que separa los ríos Tambo y Urubamba.

A la perforación iniciada de varios pozos exploratorios, se le añaden la apertura de miles de kilómetros de líneas sísimicas y el tendido de varios gasoductos para conectar todos los pozos a la planta separadora de gas en Camisea.

El primer pozo exploratorio de Repsol en el lote 57, el Kinteroni I, ha dado resultados positivos, como se presencia en las llamas gigantes de una foto colgada en la radio de la Comunidad Nativa Nuevo Mundo. En esta comunidad machiguenga, Repsol ha construido una mini ciudad como campo base y ha tendido una trama de relaciones clientelares con sus habitantes.

Cuadricular la selva
Como señala sus Estudio de Impacto Ambiental, Repsol pretende concluir en 2011 su ambicioso proyecto de exploración sísimica 3D en el interior de las Reservas Comunales Ashanika y Machiguenga, así como la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Otuquis.(1)

En total, nada menos que 2.360 Km2 de bosque amazónico será afectado por el tamizado de una matriz de líneas sísmicas que se cruzan perpendicularmente cada 240 metros. Una cuadrícula atroz para los ecosistemas. Pretender que la fauna no seá impactada por este barrido sistemático de la floresta, con el denso tendido de caminos y zonas de descarga para helicópteros, pecaría de interés o ingenuidad.

Si el resultado de esta lustrosa campaña fuera negativa, Repsol informa – a modo de amenaza en un afiche colgado en la oficina comunal de Nuevo Mundo- que ejecutará una nuva campaña de prospección sísimica 2D, con la apertura de 892 kilómetros lineales de sendas sísmicas.
23 pozos en las cabeceras

A parte de la plataforma Kinteroni I, con 2 hectáreas de selva sepultadas bajo un manto de cemento y 3 bocas dep ozo a punto de escupir gas, en 2011 Repsol pretende construir este año 2 pozos más: el Mashira GX y el Mapi LX y hasta 2022 serían un total de 23. Entre ellos, 10 pozos en la comunidad kakinte de Tsojora, 3 en Poyeni, uno en Nuevo Mundo y otro en un lugar inhóspito de la Reserva Comunal Machiguenga.

Ya es muy conocida la extraña obstinación que describen los pozos hidrocarburíferos para contaminar los recursos hídricos en ecosistemas tropicales. A modo de ejemplo, sólo empezar, Repsol ya tuvo un accidente “inesperado” por unas lluvias “inusuales”, que provocaron el derrumbe de lodos sobre una motobomba del pozo Kinteroni. Bernabé Gómez, monitor machiguenga del Equipo de Monitoreo Medioambiental Comunitario de Nuevo Mundo, informó al equipo de Alerta Amazónica que este derrumbe, producido el 15 de diciembre de 2010, provocó un vertido de diesel a las aguas del arroyo Huitricaya.

A estas alturas del partido, cualquier nueva perforación en la selva genera gran desconfianza sobre cuánto tiempo las aguas de los arroyos de la zona seguirán siendo limpias y cristalinas. Porque aparte de los ríos tributarios Tambo y Uurbamba, una docena de cursos fluviales menores serán afectados por la perforación de los 23 pozos. Por los vertidos, o por el bombeo de agua necesario para la perforación de pozos a 2 kilómetros de profundidad. Entre los ríos amenzados por la perforación de pozos en sus cabeceras, destacamos el río Cheni, Erite, Poyeni, Mapayo, Sepa, Sensa, Huitricaya y Mapaya.

Gasoductos que acortan el camino hacia el mar
Para facilitar la exportación del gas perforado en las comunidades kakintes y machiguengas, se construirá desde Kinteroni I, un tubo de 16 pulgadas y 14,5 km hasta la estación de Repsol en la Comunidad Nativa de Nuevo Mundo. Ahí se le sumará el flujo proveniente de Mipaya ( pozo de Pluspetrol en el lote 56) para conectarlo a otro pozo , el Pagoneri A, con un ducto de 42 kilómetros.

Desde allá, se conducirá el gas a la plata de Malvinas ( Camisea) por tres gasoductos, dos de Pluspetrol ya existentes, y un nuevo ducto de 22 kilómetros que construirá Repsol en los próximos meses. Para todo este proyecto de desarrollo Repsol ha proyectado 202 millones de dólares.(2)
Vulnerabilidad para el pueblo Kakinte

El pueblo Kakinte, de la familia etnolingüística Arawak, está conformado por aproximadamente mil personas, ubicadas en 6 comunidades alejadas del distrito de Río Tambo: Taini, Tsoroja, Quitepampani, San Luis de Corinto, Maseka y Mangariari.

El aislamiento geográfico, la falta de información oportuna e independiente, la presión territorial de otros pueblos y la falta de titulación de tres de sus comunidades han ocasionado una débil negociación con Repsol YPF, la empresa que convertirá sus territorios en un rentable negocio gasífero.

En el 2006 el pueblo kakinte solicitó una compensación por el ingreso de la empresa a sus territorios obteniendo un pago efectivo y donación de teléfono satelital, un local comunal y algunas casas de cemento. Pero “ Lamentablemente, la compensación no ha servido para asuntos de fondo como el fortalecimiento de la identidad cultural de los kakinte, la educación bilingüe intercultural, ni para fortalecer la seguridad territorial de las comunidades, especialmente las no tituladas” – informaba Servindi en 2010.(3)

La desinformación, mal información y las ofertas compensatorias a corto plazo, juegan a favor de Repsol YPF en su irreversible intervención de los territorios comunales de los pueblos ashanikas, kakintes y machiguengas. Mientrastanto, el desarrollo gasífero avanza como una infrenable apisonadora cultural.

Notas:
(1) Repsol Perú, Estudio de Impacto Ambiental exploración sísmica 3D , perforaci{on de pozos exploratorios y exploración sísmica 2D en el lote 57, 2010
(2) Repsol Perú, Estudio Impacto Ambiental Proyecto Dearrollo Area Sur del Campo Kinteroni , 2011
(3) Proponen Plan de Emergencia para pueblo Kakinte en extrema situación de vulnerabilidad.

Servindi-Lima 22.07.2011

DECRETO SUPREMO Nº 010-2011-MINAM ATENTA CONTRA EL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE


El 15 de junio del presente año el Ministerio de Energía y Minas emitió el Decreto Supremo Nº 010-2011-MINAM, que modifica los plazos de presentación de los instrumentos de gestión ambiental de las empresas minero-metalúrgicas, vulnerando de forma directa diversos derechos constitucionales y resoluciones del Tribunal Constitucional peruano.

Para empezar, el Decreto Supremo Nº 010-2011-MINAM (1), cambia lo establecido en el Decreto Supremo Nº 023-2009-MINAM, de fecha 19 de diciembre del 2009, que regulaba la implementación del Estándar de Calidad Ambiental (ECA) (2) para el agua, permitiendo que las empresas que desarrollaran actividades que necesitaran planes de manejo de gestión ambiental, tuvieran no más de un año (hasta diciembre del 2010) para implementar dentro de sus planes el ECA para el agua.
“[la norma] está atentando drásticamente contra los derechos constitucionales, como el derecho al medio ambiente sano, a la salud y a la vida, pues beneficia a aquellas empresas que vierten los desechos líquidos de sus actividades en los ríos, mares y pozos subterráneos del territorio nacional”

Igualmente, el D. S. Nº 010-2011-MINAM modifica el Decreto Supremo Nº 010-2010, emitido el 21 de agosto del 2010, que aprobaba los Límites Máximos Permisibles (LMP) (3) para las descargas de efluentes líquidos (4) de las actividades minero-metalúrgicos, otorgando a los particulares que realicen estas actividades un plazo no mayor de 3 años a partir de su vigencia (hasta el 2013) para presentar un plan que garantice el cumplimiento de los LMP del agua.

Lo que busca el Decreto Supremo Nº 010-2011-MINAM es ampliar el plazo para que los particulares que realicen las actividades económicas minero-metalúrgicas puedan implementar en sus planes de gestión ambiental los ECA y LMP y el tratamiento de agua por la descarga de efluentes líquidos de las actividades económicas antes señaladas hasta el 2015. También se busca aplicar dicha norma a los privados que no hayan presentado hasta la fecha ningún plan de gestión ambiental.

El D. S. Nº 010-2011-MINAM está permitiendo que las empresas que realizan actividades mineras y metalúrgicas no adecúen sus prácticas de tratamiento y preservación del agua hasta el 2015. Luego, no es una norma que busque regularizar a los privados que están en proceso de implementación de sus planes de gestión ambiental, en materia de tratamiento del agua, sino que ampara también a los que no han realizado aún sus planes de gestión ambiental y su plan de tratamiento de descargas de efluentes.

Esta norma está atentando drásticamente contra los derechos constitucionales, como el derecho al medio ambiente sano, a la salud y a la vida, pues beneficia a aquellas empresas que vierten los desechos líquidos de sus actividades en los ríos, mares y pozos subterráneos del territorio nacional.

Si entendemos que el cuidado del agua guarda una estrecha relación con la preservación del medio ambiente, el hecho de que se viertan residuos sólidos y líquidos contaminados en los ríos y mares implica una seria afectación del derecho constitucional al medio ambiente. Según el artículo 2º inciso 22 de la Constitución, “Toda persona tiene derecho (…) a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida“.

En base a lo dispuesto por la Constitución, el TC ha interpretado que: “(…) la Constitución no sólo garantiza que el hombre se desarrolle en un medio ambiente equilibrado, sino también alude a que ese ambiente debe ser “adecuado para el desarrollo de la vida humana”, lo que se traduce en la obligación del Estado, pero también de los propios particulares, de mantener las condiciones naturales del ambiente a fin de que el ser humano viva en condiciones ambientalmente dignas (5)”

El D. S. Nº 0010-2011-MINAM vulnera el principio de prevención que se encuentra en la Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611) y reconoce en el artículo VI de su Título Preliminar: “La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. Cuando no sea posible eliminar las causas que la generan, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación, que correspondan”. (6) La cristalización del principio de prevención se encuentra en la acción que el Estado debe adoptar para prevenir daños al medio ambiente que, en la actualidad, son potenciales.
“esta ampliación del plazo tendría la intención de beneficiar a ciertas empresas que, de por sí, no habían estado cumpliendo con lo establecido en la normativa nacional y mucho menos respetando los derechos constitucionales reconocidos por la Constitución y desarrollados por el TC”

Este principio se concretiza mediante los estudios sobre el medio ambiente, como los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), así como los instrumentos de gestión ambiental como los Límites Máximos Permisibles (LMP) y el Estándar de Calidad Ambiental (ECA). Estos últimos están siendo desnaturalizados por el D. S. Nº 0010-2011-MINAM, al aplazar su efectividad hasta el 2015, permitiendo que las empresas mineras-metalúrgicas sigan atentando contra el medio ambiente, vertiendo sus desperdicios líquidos a los ríos, mares y pozos subterráneos de agua.

Además, entendemos que el derecho a vivir en un medio ambiente sano tiene relación con la salud de las personas, siendo la salud un derecho constitucional (7). Si entendemos que el derecho al medio ambiente sano y el derecho a la salud convergen en el derecho a vivir una vida digna, es difícil sustentar una motivación que nos permita entender las razones que hacen posible la emisión del D. S. Nº 010-2011-MINAM por parte del Ejecutivo.

Es por ello que concluimos que el D. S. Nº 010-2011-MINAM es inconstitucional. Esta norma permite que se viertan en los ríos, mares y pozos subterráneos de agua los efluentes líquidos, contaminando el recurso del agua, afectando de manera directa los derechos al medio ambiente sano, a la salud y a la vida.

Además, este decreto supremo no está debidamente fundamentado. Si su finalidad es lograr que las empresas minero-metalúrgicas cumplan con los LMP y ECA del agua, esta norma desnaturaliza las mismas, puesto que sus antecesoras ya se encontraban regulando dichas materias (aunque de manera morosa y cumpliendo tardíamente lo dispuesto por el TC en sentencias anteriores a su promulgación).

Por lo tanto, esta ampliación del plazo tendría la intención de beneficiar a ciertas empresas que, de por sí, no habían estado cumpliendo con lo establecido en la normativa nacional y mucho menos respetando los derechos constitucionales reconocidos por la Constitución y desarrollados por el TC. Lo que sería más gravoso, puesto que si esta es la razón de la emisión de la norma analizada, se podría entender que el gobierno saliente quiere dejarle a la administración entrante un gravísimo problema ambiental y de salubridad, de forma adrede.

Notas:

(1) Ver: www.minam.gob.pe/index.php?option=com_docman&task…39

(2) El Estándar de Calidad Ambiental (ECA) es la medida que establece el nivel de concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente. Según el parámetro en particular a que se refiera, la concentración o grado podrá ser expresada en máximos, mínimos o rangos. En: Art. 31 Ley General del Ambiente – Ley Nº 28611

(3) El Límite Máximo Permisible (LMP) es en concreto, la medida de la concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan al efluente líquido de actividades minero metalúrgicas, y que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. Su cumplimiento es exigible legalmente por el Ministerio del Ambiente y los organismos que conforman el sistema de gestión ambiental. En: 3.4. D. S. Nº 010-2010-MINAM / Art. 32 Ley General del Ambiente – Ley N° 28611

(4) Los efluentes líquidos son residuos líquidos o residuos líquidos mezclados con sólidos, que resultan de la combinación de los líquidos o desechos arrastrados por el agua, procedentes de las viviendas, instituciones y establecimientos comerciales e industriales, que alteran la calidad del agua y afectan a sus receptores.

(5) STC. Nº 0964-2002-AA/TC, f. j. 9

(6) El TC ha establecido sobre el principio de prevención que “(…) este principio de prevención se desprende de la faz prestacional inherente al derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado, lo que ha sido concretizado por el legislador ordinario. En tal sentido, es ineludible el deber del Estado de prevenir adecuadamente los riesgos ante los cuales se encuentra el ecosistema, así como los daños que se pueden causar al ambiente como consecuencia de la intervención humana, en especial en la realización de una actividad económica. Más aún, el principio de prevención obliga al Estado a ejecutar acciones y adoptar medidas técnicas que tengan como fin evaluar los posibles daños que se pueda ocasionar al medio ambiente”. En:STC. Nº 01206-2005-AA/TC, f. j. 6. También en la sentencia recaída en el Exp. 0048-2004-AI/TC, fundamento 18.

(7) El derecho a la salud se encuentra reconocido en el artículo 7.º de la Constitución, según el cual todas las personas tienen el “derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa”

Servindi-Lima 22.07.2011

MINERA MAJAZ INDEMNIZA A 33 CAMPESINOS POR MUERTE Y TORTURAS EN CAMPAMENTO MINERO

Monterrico Metals Plc., empresa británica propietaria de Río Blanco Copper S.A., antes llamada Minera Majaz S.A. aceptó indemnizar a 32 campesinos torturados en la sede del campamento minero y a los familiares de un campesino muerto entre el 1 y 3 de agosto de 2005.

La empresa aceptó indemnizar a los campesinos para que los demandantes den por concluida la demanda interpuesta en junio de 2009, ante las Altas Cortes Británicas contra Monterrico Metals Plc., en su condición de casa matríz de Río Blanco Copper S.A.

La Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz) considera que Monterrico Metals Plc., aunque no admite expresa responsabilidad en los hechos, aceptó pagar la indemnización porque consideran que las víctimas tienen una sólida demanda.

Fedepaz, quién patrocina a los comuneros, sostuvo que existen numerosas pruebas de los delitos de lesa humanidad cometidos. Entre estos, más de 80 testimonios que indican la responsabilidad de la empresa, más de 50 fotografías que muestran a las víctimas con graves lesiones en la sede del campamento minero, entre otras.
Los hechos

En aquella ocasión centenares de campesinos de las provincias de Huancabamba y Ayabaca en Piura, así como de San Ignacio en Cajamarca, ubicados en la parte norte del Perú, fueron duramente reprimidos luego de realizar una marcha pacífica de sacrificio al campamento ubicado en las alturas de Piura.

En los actos de violencia provocados por la empresa participaron funcionarios y trabajadores de la Empresa Minera Majaz S.A. (hoy Río Blanco Copper S.A.) y de la empresa de seguridad Forza.

La marcha se realizó con la finalidad de sensibilizar a las autoridades públicas y a los funcionarios de la empresa minera respecto a sus desatendidos pedidos de diálogo.

Los comuneros desaprobaban el proyecto minero dentro de sus tierras comunales por que afectaría su forma de vida y desarrollo fundamentados en actividades sostenibles como la agricultura, la ganadería, el turismo ecológico y la agro-exportación.

Los efectivos policiales y miembros del equipo de seguridad de Forza no solo reprimieron con violencia a los pacíficos comuneros sino que además secuestraron a un grupo de campesinos, a quienes sometieron a torturas y malos tratos por casi cuatro días dentro del campamento minero.
La demanda

Los comuneros realizaron la demanda con el patrocinio de la Fedepaz y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. FEDEPAZ, a través del Centro Legal de Defensores del Medio Ambiente (EDLC por su sigla en inglés) logró interesar al estudio de abogados británico Leigh Day & Co. para representar a las víctimas, quién se consternó por la gravedad de los hechos.

En junio de 2009 los tribunales británicos ordenaron inmovilizar los activos de Monterrico Metals Plc, con la finalidad de prever el pago efectivo de la indemnización. El 16 de octubre de 2009 una jueza británica confirmó la inmovilización por tratarse de una “causa probable”.

Luego de la etapa del acopio de pruebas el juicio estaba previsto iniciarse en octubre de 2011 pero que ya no proseguirá debido a la decisión de Monterrico Metals Plc de aceptar pagar las indemnizaciones demandadas por las víctimas.
Sanción penal para los respopnsables

FEDEPAZ expresó su satisfacción por el reconocimiento logrado gracias a la eficaz e imparcial actuación de la justicia británica y que aún no se ha encontrado en el Perú.

Esperan que se imponga una sanción penal justa contra todos aquellos policías, funcionarios y trabajadores de la empresa minera y de seguridad, con responsabilidad en los graves crímenes que cometieron contra humildes comuneros que lo único que buscaban era defender su modo de vida.

A pesar del tiempo transcurrido aún se desarrolla actualmente una investigación penal preparatoria para juicio oral contra dos coroneles y doce sub-oficiales de la Policía Nacional. Asimismo, se investiga a otros generales y oficiales de la policía, funcionarios y trabajadores de la empresa Majaz y de Forza.

Mediante una nota de prensa Fedepaz consideró además necesario mejorar los marcos normativos del sector minero para que las empresas se vean obligadas a respetar los derechos de las personas y especialmente de los pueblos indígenas.

Servindi-Lima 21.07.2011

EL GOBIERNO DE GARCÍA DEJA 117 CONFLICTOS AMBIENTALES


La vicepresidenta electa Marisol Espinoza afirmó que el Gobierno del presidente Alan García le deja a la siguiente gestión 117 conflictos registrados por temas medioambientales.

Señaló que todo el país está concesionado, sobre todo la zona de la selva y la cordillera. “Incluso el mar también lo han concesionado”, dijo tras añadir que muchas de las zonas dadas en concesión no han sido explotadas y que la Amazonía se encuentra en una emergencia ambiental.

“El 90% de la madera en la selva es de tala ilegal y esto genera deforestación”, anotó.

Denunció que muchas de las concesiones que ha otorgado el Estado se han basado en información falsa. “El 95% de las concesiones obtienen permisos con información falsa”, dijo.

Además, criticó que del total del presupuesto del Ministerio de Agricultura el 85% sea utilizado en gasto corriente.

“Son 938 millones los que se usan para pagar personal”, manifestó tras resaltar que en dicho ministerio se ha dado un incremento de más de 4.290 trabajadores.

Asimismo, Espinoza calificó de un caso gravísimo que el Ministerio de Agricultura haya hecho un pago adelantado de S/.1,05 millones para la rehabilitación del edificio Cahuide con la presentación de una carta fianza falsa.

DATO
Gana Perú también cuestionó que el gobierno no haya transferido a Agrobanco los S/.100 millones que ordenaba el Decreto Legislativo 995-2008.

Diario Panorama Cajamarquino 21.07.2011

POBLADORES DE LA RAMADA SOLICITAN SOLUCIÓN DEFINITIVA AL PROBLEMA DEL AGUA


Para que sus demandas solicitadas desde el año 2002 sean escuchadas, un grupo de pobladores del caserío Las Manzanas perteneciente al centro poblado La Ramada llegaron a Cajamarca para reunirse con autoridades.

Como manifestó el presidente de esta comunidad, Santos Yopla Cueva, lo que se busca es que “a través de las autoridades hagamos prevalecer nuestros derechos y hacer cumplir las normas para hacer prevalecer nuestros derechos”.

Dijo que desde hace varios años el agua de los manantiales de Rumi Rumi, Perga Perga y Cuyoc es desviada a favor de la empresa minera Yanacocha. Según su versión, de los 4 litros por segundo que existe de caudal les estarían quitando las tres cuartas partes.

“(Eso) está demostrado y lo saben todas las autoridades”, expresó señalando que el recurso hídrico es utilizado por su comunidad para la actividad agrícola utilizándola para regar aproximadamente 50 hectáreas.

En otro momento, Yopla Cueva señaló que “la población crece y necesitamos más agua”. Asimismo informó que la solución a esta controversia se halla en el despacho Luis Felipe Castañeda León, director de la Autoridad Nacional de Agua (ANA).

“Este problema está en el ANA (…) Él tiene que ver este problema y estamos a la expectativa de su opinión pero mucho se tarda; son dos años y no resuelven”, agregó agregando que vienen organizándose para exigir una solución definitiva.

Diario Panorama Cajamarquino 21.07.2011

SANTOS YOPLA: NO PEDIMOS DINERO, EXIGIMOS AGUA PARA PODER VIVIR

Nuevamente el tema del agua sale a la palestra y se ubica como prioridad en la agenda de conflictos sociales.

Yanacocha y la comunidad La Ramada se han enfrascado en un serio problema por el tema de agua. Parece que la convivencia entre minería y agricultura, sencillamente nunca se va a dar.

Santos Yopla Cueva, dirigente de la comunidad La Ramada dialogó con Diario El Mercurio respecto de la difícil situación que atraviesa esta zona, y del enfrentamiento con la empresa minera Yanacocha

¿Tienen un problema con la empresa Yanacocha?
Sí. Un problema bastante grave, nos quieren quitar nuestra agua, y no estamos dispuestos a perder nuestra vida, nuestro terreno, ese canal ha sido utilizado por nuestros padres, nuestros abuelos.

¿De qué canal específicamente?
Somos pobladores beneficiados con el canal La Ramada.
¿Cuántos beneficiados?
Más de doscientos cincuenta.
¿El agua la utilizan para vivir y para la agricultura?
Así es. Por años hemos podido mantener nuestros hogares con la agricultura, ahgora ya no tenemos agua.

¿Qué pretende la empresa?
Quitarnos legalmente el derecho al agua.

¿Cómo?
La comunidad tiene una resolución en la cual se le reconoce el derecho al agua, está emitida en el año 1989. Ahora la empresa minera Yanacocha tiene otra resolución de la autoridad y se desconoce o pretende desconocer nuestro derecho sobre el agua del canal. Nos han robado el agua por años

¿Les han robado agua? ¿Pueden demostrarlo?
Sí. Hemos con comisiones oficiales, con especialistas, se ha verificado, se ha levantado actas, hay todo un expediente en el cual se demuestra que nuestro canal tenía una capacidad de cuatro litros de agua por segundo, pero ahora solo de un litro de agua por segundo.

¿Yanacocha desvía el agua?
Sí, lo desvía de los manantiales que alimentan este canal.

¿Qué manantiales?
Rumi-rumi, Perga-perga y Cuyoc. Todo lo digo lo tenemos demostrado con documentos. Lo que pretende la minera es quitarnos legalmente el derecho sobre el agua.
¿Perdería todas sus hectáreas de cultivo?
Así es.
¿Han dialogado con la minera?
Sí. Pero ellos insisten en quedarse legalmente con el agua que nos corresponde. Hemos vivido y crecido en la zona, esa agua nos pertenece, no tiene derecho. Muchos dicen que pedimos dinero, lo que exigimos es agua para poder vivir. Eso deben entender los empresarios, que la gente d elas comunidades vive de su tierra, de sus animales, no quiere cambiar su forma de vida, quiere respeto.

¿Han presentado el caso ante la Autoridad del Agua?
Sí, precisamente esperamos que se pronuncie sobre nuestro caso. Ya son años los que venimos peleando para que el agua del canal La ramada se respete, pero son muchas las formas como se intenta desconocer nuestros derechos.

Diario El Mercurio-Cajamarca 21.07.2011

MONTERRICO METALS (EX-MAJAZ) ACEPTA INDEMNIZAR A VÍCTIMAS DE TORTURA

Demandantes peruanos por torturas indemnizados por Monterrico

Los procedimientos legales iniciados por 33 peruanos contra Monterrico Metals PLC del Reino Unido se han resuelto mediante el pago de indemnizaciones sin haberse admitido la responsabilidad. El juicio ante el Tribunal Superior de Londres estaba programado por 10 semanas a partir de octubre con aproximadamente 80 testigos de los Demandantes. Los Demandantes alegaron el uso de torturas de parte de la policía peruana luego de una protesta en la mina de cobre Río Blanco de Monterrico (cerca de Ecuador) en agosto de 2005. La mina es de una subsidiaria peruana de Monterrico, Río Blanco Copper SA ("RBC"). RBC pertenece (a través de 2 compañías de las Islas Caimán) a Monterrico.

Ex empleados de la mina y otras personas proporcionaron testimonios. Los demandantes reclamaban que Monterrico era cómplice de torturas/maltratos, alegando lo siguiente (lo cual es negado en su integridad por Monterrico): El gerente del campo minero, Román Tirado, quien se refirió a los manifestantes como miembros terroristas de "Sendero Luminoso", incitó a la policía a atacarlos y a maltratarlos; algunos empleados y el contratista de la seguridad de la mina, Forza [actualmente propiedad de Securitas (Suecia)], participaron en el maltrato (incluso capturando, golpeando e insultando a los manifestantes, entregando sacos y sogas para detenerlos y transportando las municiones de la policía); la compañía falló en prevenir el maltrato ocurrido durante 2-3 días en las instalaciones de la mina; el Sr. Tirado dio instrucciones a los empleados de trasladar lejos de allí el cuerpo de Melanio García (un manifestante que había sido asesinado).

Río Blanco era el principal activo de Monterrico. El director fundador de Monterrico y Director de Operaciones, Ray Angus (ingeniero australiano), también era el Director General de RBC en Perú. Testigos afirmaron que Angus estuvo en contacto regular con Mr. Tirado durante los incidentes. Los demandantes alegaron que Monterrico controlaba la operación peruana y que RBC era, en efecto, la misma entidad jurídica que Monterrico.

Las fotografías tomadas durante el incidente mostraban a los manifestantes encapuchados, esposados y heridos. Los demandantes alegaron (si bien Monterrico lo niega) que fueron golpeados, abusados, amenazados (incluso de violación y muerte), dos mujeres fueron abusadas sexualmente, a todos se les forzó a ingerir comida podrida y se les detuvo en una plataforma húmeda para la matanza de animales. Cinco demandantes fueron heridos con arma de fuego; uno de ellos perdió un ojo. Los psiquiatras del ilustre Hospital Maudsley confirmaron que la mayoría de los accionantes aún sufren de trastornos por estrés postraumático (PTSD, por sus siglas en inglés), algunos muy severo. La demandante Elizabeth Cunya Novillo declaró: "Los tres días de detención fueron de los peores de mi vida. Cuando me pegaron, todo mi mundo cambió... fue como si un tornado hubiese destruido todo". Otro accionante, Senesio Jiménez, afirmó: "Cuando llegamos para dialogar, nos botaron a golpes y balazos, nos torturaron en nuestra propia tierra. A veces al campesino lo tratan como un animal sin derecho a vivir, no tienen compasión. Pensé que no había ninguna esperanza de justicia. Todos los días me acuerdo de los golpes y el abuso. No puedo olvidarlo. Cuando trabajo, esos pensamientos no se van. Tengo desesperación que mi tierra vaya a desaparecer.

No hemos visto pruebas que sugieran que la compañía haya reclamado por la conducta de la policía o investigado el maltrato de los manifestantes. Pero a los demandantes se los acusó penalmente por la manifestación (y otros asuntos no relacionados), presuntamente la compañía apoyó esos procesos.

Los demandantes también alegaron que el incidente formó parte de la estrategia de la compañía diseñada para reprimir la oposición, con inclusión de: Un ataque (en abril de 2006) organizado por RBC a la comunidad campesina de Segunda Cajas, por aproximadamente 80 personas con palos y piedras lo que derivó en el uso de fuerza excesiva por parte de la policía contra los campesinos; varios otros incidentes provocativos y violentos organizados por la compañía entre enero y abril de 2006 para intimidar a los opositores de la mina y justificar el establecimiento local de presencia policial. Monterrico lo niega en su totalidad.

En septiembre de 2006, RBC expresó por escrito a las comunidades sus: "disculpas más sentidas por las actitudes y los conflictos ocurridos en el pasado entre ciertos miembros de su personal y trabajadores, y algunas familias, organizaciones y líderes comunitarios de las provincias de Huancabamba y Ayabaca. Se ha reprendido seriamente a las personas relacionadas con estos conflictos y se las ha desvinculado permanentemente de nuestra compañía, como expresión del deseo de lo Directores de [RBC] de que tales actitudes nunca vuelvan a repetirse en el futuro... Como expresión de nuestra buena voluntad... de aquí en más [RBC] no iniciará más acciones judiciales; este será el rol exclusivo del fiscal". Sin embargo, Monterrico niega que dicha disculpa se relacione con el incidente de agosto de 2005.

Al parecer, el caso pone de manifiesto los conflictos en Perú y en otros lugares entre las comunidades indígenas y las operaciones mineras multinacionales. Esta protesta se originó por la creencia de parte de las comunidades locales de que sus inquietudes relativas al potencial impacto ambiental de la mina estaban siendo ignoradas. En 2006, la Defensoría del Pueblo (Perú) llegó a la conclusión de que la compañía estaba ocupando la tierra ilegalmente debido a que no había consentimiento de las comunidades, tal como se requiere. Monterrico lo objeta. La cuestión está en manos de la Justicia en Perú.

En febrero de 2009, el Centro Legal de Defensores del Medio Ambiente (http://www.edlc.org/), con base en Estados Unidos, contactó a Leigh Day & Co ("LDC") por el caso. LDC luego se puso en contacto con los abogados en derechos humanos de Lima de Fedepaz (http://www.fedepaz.org/) y la Coordinadora (http://www.derechos.net/cnddhh/), quienes asistieron a los demandantes en la defensa ante las acusaciones penales arriba mencionadas. Monterrico fue adquirida por Zijin Consortium (China) en 2008; por lo cual, las oficinas corporativas de Monterrico se mudaron a Hong Kong. A LDC le preocupó que Monterrico cerrara su oficina en el Reino Unido de manera tal que cualquier reclamo en Inglaterra fuese en vano (NB: no se sugiere que este fuese el objetivo de Monterrico). Por ello, cuando los procedimientos se iniciaron en Londres en junio de 2009, los demandantes obtuvieron una medida cautelar de inmovilización o congelación de fondos a nivel mundial por más de £5 millones sobre los activos de Monterrico, con el apoyo de una orden judicial del Tribunal Superior de Hong Kong lograda por los abogados de Gall (http://gallhk.com/).

Richard Meeran de Leigh Day & Co: "mis clientes sufrieron un maltrato deplorable y se les negó obtener justicia en Perú. Esta fue una actuación extremadamente costosa para Monterrico y constituye una lección saludable para las multinacionales que operan en los países en desarrollo"

El Regional de Piura 21/07/2011

COMUNIDADES DE OTUZCO NO QUIEREN MINERÍA


Comunidades de Huaranchal se reunieron el último domingo para dialogar sobre la presencia de la actividad minera informal, según un representante de la Chapihual los caseríos de la parte baja se opusieron a todo tipo de actividad minera en la zona.

En tanto otro ciudadano manifestó que varias personas se dedican a esta actividad y negó que haya niños trabajando en la minería, sostuvo que el gobernador del distrito, Manuel Guillermo Segura Castrejón, fue cuestionado por el uso de una camioneta que le habría sido entregada por una empresa minera interesada en trabajar en el lugar. Santiago Marquina Vega, ciudadano de Igor, indicó que la empresa Siena Minerales fue echada de la zona en setiembre del 2008, pero que desde febrero de este año ha mostrado interés en regresar al lugar y que la misma habría entregado una camioneta al gobernador, motivo por el que lo cuestionaron en la reunión realizada el pasado domingo.

Diario La Primera-Lima 21.07.2011

CAJAMARCA: TRABAJADORES DE MINERA LA ZANJA CONTINÚAN PARO INDEFINIDO

La medida de fuerza provocó un enfrentamiento con la Policía ayer, martes, el cual dejó a siete personas heridas

Alrededor de 400 trabajadores de las empresas Coamsa y Conemhua, contratistas de la minera La Zanja, iniciaron un paro indefinido para denunciar supuestos maltratos de los funcionarios y gerentes, así como para exigir un incremento salarial.

El dirigente sindical, Óscar Malca, explicó que actualmente reciben una mensualidad de 1.200 soles por trabajar para una contratista; pero esperan ser trasladados al régimen minero y cobrar 2.500 soles.

Los manifestantes rechazaron hoy un aumento de 80 soles, y expresaron su voluntad de detener las actividades de La Zanja e, incluso, pedir que se cancele la operación si no acatan sus pedidos. Además, Malca comentó que tienen el apoyo de las autoridades de los distritos Pulán y Yauyucán, quienes se unirán a las protestas y subvencionarán algunos de sus gastos mientras duren las protestas.

ENFRENTAMIENTOS CON LA POLICÍA
El martes 19 de julio, seis manifestantes fueron heridos con perdigones y casquillos de bombas lacrimógenas por la Policía. Asimismo, una trabajadora de la minera, que no era parte de la manifestación, fue trasladad de emergencia al hospital regional de Cajamarca luego de que una bomba lacrimógena ingresara al vehículo donde se encontraba.

Diario El Comercio-Lima 20.07.2011

ADVIERTEN QUE NUEVE REGIONES ESTÁN EN PELIGRO DE DESASTRE NATURAL

En riesgo. Según mapa de vulnerabilidad física elaborado por el Minam. Más de 9 millones 700 mil habitantes viven en zonas consideradas como de muy alto riesgo, ya sea por inundaciones o huaicos.

Huaicos, deslizamientos, inundaciones, terremotos y las heladas son solo algunos de los eventos naturales que golpean al país todos los años dejando decenas de muertos y miles de personas sin hogar. ¿Pero es probable adelantarnos a los riesgos que la naturaleza nos pone en frente? ¿Existe acaso información de las zonas más vulnerables para tomar las previsiones pertinentes?
Ayer el Ministerio del Ambiente (Minam) respondió estas interrogantes al presentar el Mapa de Vulnerabilidad Física, el cual revela que, por ejemplo, son nueve las regiones con mayor vulnerabilidad a estos desastres. Estas son: Tumbes, Piura, Lima, Ica, Arequipa, Cajamarca, Áncash, San Martín y Huánuco, lo que equivale al 46% del territorio nacional.

Doris Rueda, directora general de Ordenamiento Territorial del Minam, agregó que 9 millones 700 mil habitantes aproximadamente están en riesgo.

En el caso de Lima, las zonas peligrosas son las que se encuentran ubicadas cerca de las cuencas de los ríos Rímac, Lurín y Chillón.

Por el momento, solo regiones
Sobre este tema de la vulnerabilidad, el titular del Minam, Antonio Brack Egg, indicó que se ha avanzado mucho pero que no están satisfechos con la misma ya que el mapa, por el momento, solo ofrece las fallas geográficas de alto riesgo a nivel provincial mas no distrital. “Ahora podemos llegar a nivel de provincia, pero a futuro se tiene que contar con información a nivel de los distritos”, afirmó.

Mejora los proyectos
Mientras tanto, Julio Kuroiwa, especialista en sismos y cuyo conocimiento fue tomado en cuenta para el desarrollo del Mapa de Vulnerabilidad Física, destacó que el citado documento no solo ayuda a prevenir los desastres naturales, sino que, por su abundante información, servirá para que los proyectos de inversión, desde su inicio, tengan una visión integral de los problemas.

Datos
Trabajo conjunto. La elaboración del mapa demoró un año y fue posible con información oficial del INEI, IGP, Indeci y el Senamhi.
Campos. El estudio tomó en cuenta elementos como centros poblados, infraestructura rural, oleoductos, gaseoductos, infraestructura eléctrica, concesiones mineras y otros.

Diario La República-Lima 20.07.2011

Daño al medio ambiente se produce por relaves mineros, aguas residuales y sólidos urbanos.
CONTAMINACIÓN INVADE PUNO


La Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno Regional de Puno informó que en toda la región se ha detectado la presencia de 34 focos de contaminación, que perjudican ríos, lagos, lagunas y también al milenario Titicaca.

Según indicó el gerente de esta oficina, Róger Cahua Villasante, el estudio se basó en identificar tres tipos de contaminación. Aquella producida por el vertido de relaves mineros, aguas residuales y sólidos urbanos.

Para mitigar los impactos de estos causantes de contaminación en la región, el Gobierno Regional ha previsto implementar el Plan de Acción Ambiental con el objetivo de lograr la calidad del agua en el lago Titicaca.

Para ello, en convenio con el Ministerio del Medio Ambiente (MINAM) y el proyecto estratégico Titicaca de las Naciones Unidas, se elaborarán varios proyectos que contendrán estrategias para contrarrestar estos daños causados al medio ambiente.

Los proyectos deben contener por ejemplo, la construcción de plantas de tratamiento de aguas servidas que eviten que se siga vertiendo estas aguas a los ríos, así como la construcción de plantas de residuos sólidos.

Para el mes de setiembre, los proyectos deberán ser entregados a la mesa de donantes que conformará la Organización de Naciones Unidas (ONU), para que sean estos organismos los que financien los proyectos en las provincias donde se han identificado los 34 focos de contaminación.

Por otra parte, varios alcaldes de la región participaron del evento denominado “Gobiernos Ecoeficientes para el buen vivir”, donde las autoridades se comprometieron a respetar el Pacto de la Gobernanza Ambiental de la región Puno.

Diario La Primera-Lima 20.07.2011

SÓCOTA SE OPONE A MINERA BARRICK


Convocados por el Frente de Defensa por la Vida y el Medio Ambiente de Sócota, distrito de la provincia de Cutervo, cerca de dos mil campesinos, procedentes de 31 comunidades, marcharon por las calles de Sócota y manifestaron su total oposición al ingreso de la minera Barrick Misquichilca para operar en las alturas de este distrito.

La multitudinaria movilización tuvo el apoyo de las autoridades comunales, personal de las direcciones de Salud y Agricultura y también de la Unidad de Gestión Educativa Locales, además de funcionarios del Gobierno Regional de Cajamarca.

El consejero regional de la provincia de Cutervo, Porfirio Medina Vásquez, afirmó que las rondas campesinas y las organizaciones sociales de Cutervo están listas para intervenir ante cualquier peligro medioambiental contra la población de esta jurisdicción.

Un trabajador del sector Salud de Sócota llamó la atención sobre la alta tasa de mortalidad infantil que existe en esta región que posee la mina de oro más grande de América Latina.

Por su parte, Máximo León Guevara, asesor del presidente regional, Gregorio Santos, manifestó que esta movilización de campesinos de 31 comunidades hasta el distrito de Sócota, expresaba la lucha en defensa de la vida, “con el único objetivo de defender el derecho universal a vivir sin contaminación ambiental”.

Diario Panorama Cajamarquino 20.07.2011

POBLACIÓN DE SAN LORENZO, PISCIT Y LA ZANJA PROTESTAN CONTRA MINERA

Nuevamente la empresa minera La Zanja se convierte en protagonista de protestas antimineras, los pobladores y trabajadores mineros de los caseríos de La Zanja, Piscit y San Lorenzo emprendieron un paro indefinido exigiendo el cumplimiento de los ofrecimientos de esta compañía. Las protestas empezaron en Piscit, donde desde ayer la población se organizó en piquetes y se movilizaron pidiendo la intervención de las autoridades de los gobiernos central y regional.

Entre tanto en las otras dos comunidades las paralizaciones empezarán el día de hoy informó el dirigente Oscar Malca Hernández, quien explicó también que de no tener respuesta declararán la medida de lucha indefinida.

Una de las causas de la protesta explicaron es el continuo maltrato a los trabajadores, y la preferencia de la empresa por profesionales y trabajadores no calificados de otras zonas, sin cumplir el compromiso de contar con cruceños, que quedan de lado en las convocatorias. “Nosotros hemos tratado de hablar con Raúl Benavides, pero no nos permitieron ingresar a su oficina”.

Otro de los pedidos que los manifestantes tendrán es la separación del gerente de Recursos Humanos de Juan Carlos Santa María, quien aseguran maltrata constantemente a los trabajadores de la comunidad.

“La minera ha firmado una serie de compromisos con la población, pero sólo han quedado en el papel y no se han hecho realidad” comentó Oscar Malca, en entrevista con el diario El Mercurio. Entre los compromisos por ejemplo dicen que no se ha cumplido con la mejora de las carreteras comunales; de igual modo se ha capacitado a campesinos de la zona para que sean operadores de maquinaria pesada y como técnicos forestales, sin embargo cuando se presentan solicitando trabajo no les dan la oportunidad con el pretexto que requieren personas con varios años de experiencia.

Finalmente también se refirieron a la falta de oportunidades de las empresas comunales, de las que sólo han contratado al 20% de ellas, y cuando las contratan sólo lo hacen por 2 o 3 meses. “Prefieren contratar a empresas de Chiclayo o Lima” concluyó Malca.

Diario El Mercurio-Cajamarca 20.07.2011

HUARMEY EXIGEN DIÁLOGO A ANTAMINA


En asamblea popular nombran comité de lucha para exigir mayores recursos por canon minero a empresa Antamina

Las autoridades, representantes de la sociedad organizada y el pueblo en general de Huarmey se reunieron esta tarde en su plaza de armas para demandar diálogo a la empresa Antamina y exigir que entregue nuevos estudios de impacto ambiental.

También acordaron iniciar una serie de acciones para exigir al próximo presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, y al Congreso la modificación de la distribución del canon minero. Denunciaron que es injusto que esta provincia reciba apenas 5 millones de soles, siendo zona de influencia minera al igual que San Marcos.

El alcalde de esta provincia, José Benites Pantoja, hizo un llamado a los directivos de Antamina y a los representantes del Ministerio de Energía y Minas a una mesa de diálogo para que la empresa minera muestre sus nuevos estudios de impacto ambiental.

“Antamina se proyecta este año crecer su producción de minerales en un 50 por ciento, queremos conocer sus estudios. No vamos a permitir que contaminen nuestro mar, las tierras de cultivo, primero que demuestren que están operando sin afectar el medio ambiente, los recursos naturales. Exigimos diálogo, pero sin mentiras”, indicó.

Por su parte, la consejera regional de Huarmey, Juana Mejía Díaz, pidió a la población a mantenerse unida para reclamar sus derechos. Dijo que no es justo que su provincia reciba 5 millones de canon y que los 10 años de operaciones de Antamina su pueblo no haya sido beneficiado con obras de envergadura.

“Hemos aprobado por unanimidad declarar a Huarmey zona de influencia minera en la última sesión de concejo realizada en Pampas, asimismo vamos a respaldar al pueblo en su lucha porque no es justo que a través de nuestro puerto la empresa minera exporte 1 millón de toneladas de minerales al año y Huarmey no se beneficie”, añadió.

En la asamblea provincial acordaron también remover a los miembros del comité de monitoreo de la intervención minera en Huarmey.

Diario La República-Lima 19.07.2011

JAHNCKE APUESTA POR MAYOR CONCERTACIÓN EN TEMAS MINEROS


Javier Jahncke vio la necesidad que el próximo gobierno revise la normatividad de las concesiones mineras

Frente a las constantes convulsiones sociales que están presentándose en el país como consecuencia de la actividad minera, el asesor legal de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), Javier Jahncke sostuvo que para disminuir los conflictos y asegurar las inversiones en ese sector, el proceso de otorgamiento de concesiones minera debe ser participativo, donde predominen los intereses de la población y se atiendan las perspectivas de de desarrollo regional y local

En ese sentido afirmó que es imprescindible la revisión de esos permisos de parte del próximo gobierno nacional porque en los últimos cinco años han crecido considerablemente a espaldas de la población con lo cual ah ocasionado los conflictos sociales
“No han sido causales los violentos acontecimientos en Puno, ya que es la segunda región con la mayor cantidad de concesiones mineras, después de arequipa”, subrayó el representante de Fedepaz

Por tal motivo criticó el crecimiento apremiante de estas autorizaciones sin la aplicación de una ley marco de ordenamiento territorial y sin la concertación con las autoridades y los pobladores

Asimismo refirió que es necesaria la aplicación de la ley de consulta previa donde se pretenda desarrollar las actividades extractivas de minerales o hidrocarburos. “Las leyes de ordenamiento territorial y consulta previa son los dispositivos que deben condicionar el marco normativo de la minería en el territorio nacional”, remarcó

Por otro lado, Jahncke cuestionó al saliente gobierno aprista por no haber implementado una política preventiva de conflictos ni haber establecido el diálogo adecuado para evitar los enfrentamientos

Recordó que en la Presidencia de Consejo de Ministros hay una Unidad de Prevención de Conflictos, que solo actúa cuando se presentan las pugnas

Diario La República-Lima 19.07.2011

VICTOR FAJARDO: SUSPENDEN ACTIVIDAD MINERA EN HUALLA


Suspendida, así es como quedó la actividad de exploración minera en el proyecto Chinchinga, ubicado en las comunidades de Hualla y Tiquihua en la provincia de Víctor Fajardo iniciadas por Southern Perú Cooper Corporation.

Así lo dio a conocer, el presidente regional, Wilfredo Oscorima Núñez durante la sesión que sostuvo con dirigentes de la provincia, quienes persisten en acatar una huelga indefinida, pues exigen la salida definitiva de la empresa por considerarla perjudicial para el medio ambiente.

Según precisó el mandatario de la región, el documento que comunica la suspensión de actividades del Ministerio de Energía y Minas no contempla un plazo, pero aseguró se tomarán las acciones para concretar el retiro de la zona por Southern Perú, pues no cumplieron con la consulta previa para el inicio de trabajos.

El mandatario regional arribará el miércoles a la capital de la provincia, Huancapi para instar a la población a desistir de la medida de fuerza.

Diario Correo-Lima 18.07.2011

INFORME DEL OBSERVATORIO DE CONFLICTOS MINEROS AL CIERRE DE LA GESTIÓN APRISTA


Según una reciente presentación del Observatorio de Conflictos Mineros, en el informe se destaca que el Perú necesita discutir en serio, donde sí y dónde no debe haber actividades extractivas. Necesitamos ordenar el uso de nuestro territorio. El Perú necesita un mayor consumo de energías renovables de mínimo impacto. Necesitamos conservar la Amazonía para las futuras generaciones. Que todas las empresas mineras se comprometan a pagar regalías. Que ya no utilicen más beneficios tributarios y que paguen un impuesto a las sobre ganancias.

La presentación de dicho informe fue realizada por el analista y economista José De Echave. Ver y descargar informe completo en la siguiente dirección: http://www.megaupload.com/?d=MI0Z72BY

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 18.07.2011

INDÍGENAS SHIPIBOS DENUNCIAN A MAPLE ENERGY POR NUEVO DERRAME DE PETRÓLEO EN PROVINCIA DE UCAYALI

Los líderes de las organizaciones indígenas amazónicas FECONBU y ORAU exigen una respuesta inmediata al derrame de petróleo en la Quebrada Mashiria, ubicada en el territorio de la comunidad nativa Shipibo de Nuevo Sucre, en la Región de Loreto. Solicitan una investigación a la brevedad por parte de las autoridades locales, regionales y nacionales de Perú, así como la limpieza y remediación a cargo de Maple Energy, en cumplimiento con las normas de medioambiente internacionales, nacionales y industriales.

El domingo, 10 de julio por la mañana aproximadamente a las 9 am, los niños bañándose en la orilla de la Quebrada Mashiria observaron un derrame de petróleo en el agua.

Para los pobladores de Nuevo Sucre, la Quebrada Mashiria es una de las principales fuentes de agua para el uso y consumo humano, y de peces, los cuales están muriendo debido al derrame", dice Raúl Tuesta, jefe de la comunidad de Nuevo Sucre.

"Estamos muy preocupados por la salud de los trabajadores limpiando el derrame, nuestros niños que juegan y beben diariamente de la Mashiria, y todos los miembros de nuestra comunidad que sobreviven de esta agua”, agregó.

Los lideres de FECONBU y ORAU, bases de AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana), están exigiendo equipo de protección, condiciones de trabajo seguras, y la compensación justa para los miembros de la comunidad contratados por Maple.

También exigen que Maple proporcione asistencia humanitaria adecuada para la comunidad de Nuevo Sucre, incluyendo el agua potable, alimentos y asistencia médica inmediata por la exposición a los hidrocarburos. Además, los líderes consideran que es necesario contar con la limpieza y remediación del área afectada.

"Nosotros hemos vivido en armonía con nuestros bosques, aguas, y ríos por cientos de años. Queremos seguir viviendo sin contaminación, y tenemos este derecho como pueblos indígenas," dice Lizardo Cauper Pezo, presidente de FECONBU.

Maple Energy plc es una empresa petrolera transnacional, constituida en Irlanda y con sede en Lima, Perú. Es la sociedad matriz y la propietaria de Maple Gas Corporation del Perú, operador en la región donde ocurrió el derrame. Nuevo Sucre y la cercana comunidad de Canaán de Cachiyacu están involucrados en un proceso de queja en contra de Maple por cinco derrames de petróleo producidos en sus quebradas en 2009 y 2010 a través del Asesor en Cumplimiento / Ombudsman, un mecanismo de rendición de cuentas independiente del Grupo del Banco Mundial.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 18.07.2011