Piden a corte de EEUU que Newmont informe sobre protesta en Conga

persiste. Elmer Campos en Lima cuando denunció la violenta intervención de la Policía.

Elízabeth Prado
Apelando al derecho a la información contemplado en la legislación estadounidense, Elmer Campos Álvarez presentó una demanda ante la Corte Federal de ese país para que la compañía minera Newmont entregue videos, fotografías, informes del personal de seguridad de Yanacocha, registro de comunicaciones con la Policía, además de mensajes internos que sirvan para esclarecer lo ocurrido el 29 de noviembre del 2011 cuando personal policial empleó la violencia para controlar una protesta contra el proyecto minero Conga.

Durante el enfrentamiento,  Campos Álvarez fue impactado por un proyectil lo cual le produjo una paraplejia.
 

En el pedido a la Corte Federal, Elmer Campos fue representado por la ONG ambientalista y de derechos humanos Earth Rights International (ERI), la que inició la acción legal bajo el Estatuto 28 USC 1782, ley norteamericana que permite a las partes de un proceso judicial en el exterior obtener documentos e información de personas o empresas en los Estados Unidos.
Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que aboga por Campos Álvarez como parte civil agraviada, refirió que la información que pretenden obtener con esta acción judicial será de ayuda para las autoridades judiciales peruanas que investigan los violentos sucesos de aquel día en las alturas de Cajamarca.
 

En la refriega, el comunero cajamarquino fue impactado en la espalda por dos disparos de bala. Las lesiones no solo le produjeron la pérdida de uno de sus riñones y el bazo, sino que el campesino de 32 años también sufrió la paralización de sus extremidades inferiores. Desde entonces, Elmer Campos se moviliza con la ayuda de una silla de ruedas.
 

Contrato con la pnp
Según señala Earth Rights International, la minera Yanacocha, promotora del proyecto cuprífero Conga, firmó contrato con la Policía Nacional para que esta le brinde servicios de seguridad.
Los policías implicados en la represión de la protesta, anota ERI, manifestaron ante los fiscales que ellos cumplían con dar seguridad a la minera.
 

"El problema se agrava en casos donde agentes de la Policía están al servicio de la seguridad privada. Esperamos que esta acción judicial contribuya a esclarecer la situación y facilite la obtención de justicia en el Perú", señaló Benjamin Hoffman, abogado de la ONG ERI.
 

Respecto a la demanda de Campos ante la Corte Federal, voceros de la minera Yanacocha evitaron por el momento emitir pronunciamiento. ❧

la clave

El 16 de diciembre del 2013 la Tercera Fiscalía Superior de Cajamarca dispuso la formalización y continuación de la investigación contra el Crnl. PNP Amador Bacalla y el Cap. PNP Wagner Ocampo por presunto delito de abuso de autoridad en agravio de Elmer Campos y otras siete personas.

Diario La República 31.01.14

XI Congreso Regional Ordinario

Federación Regional de las Rondas Campesinas, Urbanas e Indígenas de Cajamarca
24, 25 y 26 de enero 2014

Con masiva participación de las diversas bases de Rondas Campesinas de la Región de Cajamarca, se dió inicio el XI Congreso Regional Ordinario.

Todos ratificando su posición en defensa de la vida.

Testimonio fotográfico:

Observatorio de Conflictos

GRUFIDES

Minera Yanacocha – Proyecto Conga recibe nueva denuncia por despojo de tierras a comuneros

Nuevamente la empresa minera Yanacocha protagoniza un desalojo forzoso. Esta vez fue acusada por Segundo Lindorfo Bolaños Atalaya, comunero del Distrito de Sorochuco, que el pasado 19 de enero fue víctima de un violento desalojo de su predio ubicado en el sector Tragadero Grande – Las Posadas, muy próximo a la Laguna Azul, la misma que el proyecto Conga planea convertirla en botadero de relaves tóxicos. En el desalojo habría participado una docena de policías a ordenes de la empresa minera.

Segundo Bolaños afirma que su propiedad de 6 hectáreas no ha sido vendida a Yanacocha; además denunció ser víctima de contaminación de sus fuentes de agua como consecuencia de los trabajos de exploración del proyecto Conga. A este hecho se suma a una serie de denuncias hacia minera Yanacocha por el despojo de tierras a comuneros de Cajamarca, como el caso de la familia Chaupe, vecinos de esta nueva familia afectada.

Estos hechos suceden luego que los funcionarios del Gobierno anunciaron que existen 32 comunidades que respaldan la ejecución del Proyecto Conga. La realidad muestra lo contrario; el pasado 16 de enero, pobladores de Celendín y Bambamarca se manifestaron masivamente en rechazo a este proyecto minero, demostraron una vez más que Yanacocha no tiene licencia social para su ejecución.

Aquí las declaraciones de Segundo Bolaños.

http://celendinlibre.wordpress.com 23.01.14

Fiscal archiva caso a pesar de aceptar que hubo homicidio

PRONUNCIAMIENTO
Fiscal archiva caso a pesar de aceptar que hubo homicidio
Cuatro fueron los muertos en Celendín en julio del 2012 por represión de las fuerzas del orden

La Primera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo ha dispuesto improcedente formalizar y continuar la investigación preparatoria en el caso de las cuatro muertes en Celendín el 3 de julio de 2012, a pesar de reconocer la figura de homicidio doloso. Recordamos que los ciudadanos Paulino García Rojas, Faustino Silva Sánchez, Joselito Sánchez Huamán y a César Medina Aguilar, este último menor de edad, perdieron la vida tras la intervención de las fuerzas del orden en el marco de las movilizaciones en protesta del Proyecto Minero Conga.

En la resolución fiscal, con fecha 7 de enero de 2014, se afirma que “existen indicios reveladores de la comisión del delito de homicidio doloso”, pero que “no se ha podido realizar diligencias de las que se puedan extraer elementos de convicción o indicios que permitan identificar a los miembros del Ejército peruano que hayan sido los autores de los disparos…”. Es sorprendente que la fiscalía, tras reconocer indicios contundentes de la figura de homicidio, decida archivar el caso así como una ulterior investigación bajo la excusa de no haber investigado lo suficiente. En esta línea, la resolución reconoce no haber podido realizar los exámenes de balística oportunos para identificar tanto el arma de fuego como a su portador, ni haber obtenido los documentos del Ejército peruano que permitirían identificar a los responsables directos. Más aún, la investigación deja de lado por completo la figura de la autoría mediata en relación a la cadena de mando.

Cabe resaltar que la fiscalía reconoce que la muerte del menor César Medina habría sido causada por un proyectil disparado desde uno de los helicópteros que sobrevoló en la ciudad durante los disturbios, corroborando lo que han afirmado varios testigos, pero no dispone que las investigaciones continúen en este punto.

Consideramos equívoca la decisión de no querer investigar el nivel de represión policial y militar que ha ocasionado la muerte de cuatro civiles desarmados (como reconoce la misma fiscalía), decisión que añade a una situación de impunidad en este gobierno, que tan solo en los últimos dos años y medio ya ha cobrado 34 vidas (según data de la Defensoría del Pueblo).

A su vez reiteramos nuestro llamado a las autoridades a tomar acciones inmediatas para que no sigan muriendo peruanos en los conflictos sociales. Exigimos que se investiguen estos casos, que se sancione a los responsables, y que se repare a las víctimas, entre las que se encuentran heridos en estado de gravedad como Elmer Campos, que requieren costosos procedimientos médicos, así como familiares de personas fallecidas, viudas, que no sólo han perdido a sus seres queridos, sino que ven en riesgo su bienestar y el de sus familias.

La CNDDHH durante el transcurso del día de hoy miércoles 23 de enero presentará un recurso de queja para que el expediente suba a la Fiscalía Superior de Chiclayo y se pueda evaluar si da mérito a una mayor investigación. Confiamos en la justicia.

Secretaria Ejecutiva

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Familiares de víctimas de protestas contra Conga rechazan decisión de fiscal que archivó el caso

 

Por: Juan Arribasplata / Nilda Rojas

Publicado: 2014-01-22 

 

El 3 de julio del año 2012 César Medina Aguilar, estudiante de 17 años de edad; el obrero Eusebio Paulino García Rojas (48); Antonio Sánchez Huamán (29) y José Faustino Silva Sánchez (35) perdieron la vida tras recibir los impactos de bala durante las protestas contra el proyecto minero Conga en la ciudad de Celendín. Al día siguiente, Joselito Vásquez Campos (28) también perdió la vida en Bambamarca, capital de la provincia de Hualgayoc, en otro enfrentamiento contra las fuerzas del orden, pues le impactó un proyectil de bala en el pecho. 

Tras dos años de investigaciones y aduciendo falta de pruebas el fiscal Víctor Pinillos Padilla, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, declaró improcedente formalizar denuncia y seguir con la investigación preparatoria respecto a la muerte de los comuneros. Ante la decisión fiscal, Noticiar SER recogió las reacciones de diferentes líderes, lideresas y familiares de las víctimas. Según la investigación del Ministerio Público, sí habría elementos indiciarios de que hubo homicidio doloso de parte de algunos miembros de las FFAA; sin embargo, al no poder individualizar a cada uno de los que disparó, debe archivarse la causa. 

Reacciones

Adelaida Maximiliana Tabaco, esposa de uno de los fallecidos, refirió que no van a permitir que se archiven las denuncias contra los responsables de la muerte de su esposo. “Yo y todos los familiares conversaremos para viajar a Chiclayo y apelar porque es injusto que demoren dos años y nos digan que se archiva el caso. Nosotras como viudas estamos desamparadas, con lo que trabajamos no nos alcanza para hacer los trámites y pido apoyo para encontrar justicia”, declaró.

Como se sabe, los familiares de las víctimas se encuentran limitados en su derecho a exigir justicia ya que el proceso se llevó a cabo en otra jurisdicción (Chiclayo) debido al estado de emergencia en el que se encontraba la región Cajamarca. A ello se suman las limitaciones económicas que las familias de los fallecidos atraviesan actualmente.

Por su parte, Milton Sánchez, Secretario de la Plataforma Interinstitucional de Celendín, manifestó que, tras la demora en la investigación, ya intuían los resultados. “Estos casos lo está llevando la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, por lo que se va presentar una queja sobre esta disposición porque tienen elementos contradictorios. Nosotros exigimos que se investigue de manera profunda”. Del mismo modo manifestó que, de ser necesario, el caso se llevará a instancias internacionales.

En el mismo sentido, Maribel Goicochea Silva, pobladora de Celendín, manifestó que es injusto que las muertes queden impunes. Los líderes de esa provincia ya vienen han manifestado que si los casos se archivan se llamará a más frentes, de Chota y Cutervo, para movilizarse porque “nos tienen aclarar quien dio la orden para que nos disparen”, sentenció.

La presidenta del Consejo Regional de la Mujer, Dina Mendoza, manifestó: “El Gobierno está en contra de Cajamarca solo por reclamar nuestros derechos. Indigna que el fiscal Víctor Pinillos manifieste que no hay pruebas. En Cajamarca nos reuniremos todas las organizaciones de mujeres para ver qué hacemos y cómo apoyamos a las familias porque están cometiendo una injusticia. Aquí seguiremos en pie de lucha. Con las demás organizaciones tomaremos acciones para los próximos meses”.

Finalmente, Eddy Benavides, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Bambamarca, indicó: “En el Congreso Regional de Rondas campesinas se tomarán acciones y no descartamos ir a un paro indefinido porque no es posible que los fiscales no se muestren imparciales. Cuando hay manifestaciones ellos está presentes, pero cuando uno pide justicia se hacen los desentendidos para actuar” dijo. Agregó que que al parecer ya no hay autonomía, como es el caso del fiscal que archivó el caso de Alan García. “Como no hay justicia para nosotros tenemos que actuar en contra del Ministerio Público porque no podemos permitir que los fiscales hagan lo que se les da la gana”, señaló.

http://blognoticiasser.lamula.pe

Fiscalía archivaría asonada en Celendín

No habría encontrado pruebas contra la Policía Nacional, que participó en enfrentamiento de 2012, intentando frenar la convulsión que se vivía.

Archivarían asonada en Celendín. (USI)

La Primera Fiscalía Provincial Corporativa de Chiclayo, que dirige el doctor Víctor Pinillos, pidió el sobreseimiento de las investigaciones por la asonada antiminera en Celendín, que dejó el saldo de tres muertos y una veintena de heridos –entre ellos, siete policías y tres soldados–, además de 15 detenidos, en el año 2012.

Fuentes de Perú21 confirmaron que el pedido fiscal se debería a que no se encontraron pruebas contra la Policía Nacional que participó en este enfrentamiento, en su intento por frenar la convulsión que se vivía en ese entonces en la provincia cajamarquina que se opone al proyecto Conga.

Como lo informó este diario, la revuelta comenzó cuando dos policías que trabajaban en la sede municipal fueron atacados por la turba antiminera dirigida por allegados al presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos.

Diario Perú 21 22.01.14

Queda impune muerte de comuneros en Celendín

El fiscal Víctor Pinillos Padilla, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, dispuso que es improcedente formalizar y seguir la investigación preparatoria respecto a la muerte de los comuneros César Medina Aguilar, Paulino García Rojas, Faustino Silva Sánchez y Antonio Sánchez Huamán, el 3 de julio del 2012, en Celendín, en una protesta contra el proyecto Conga.

"El fiscal archiva el caso y alega que no se ha individualizado a quienes efectuaron los disparos que le quitaron la vida a estas personas, aun cuando hay indicios de que los disparos provendrían de los helicópteros", dijo Víctor Álvarez, abogado de la Coordinadora  Nacional de Derechos Humanos.

Refirió además que el fiscal Pinillos ha basado su dictamen en informes de la Policía y el Ejército, "quienes le negaron información como el propio fiscal reconoce".

Diario La República 22.01.14

Analista Miguel Santillana admite que trabaja para Yanacocha

Ideeleradio.- El experto en temas de industrias extractivas, Miguel Santillana, reconoció que trabaja para la empresa Yanacocha en la elaboración de una proyección económica sobre Cajamarca con miras al 2050 sobre todos los proyectos mineros que se van a desarrollar en esa región.

“Estoy vinculado a Yanacocha como a cualquier otra empresa, pero más allá de que pienses que soy una especie de mercenario, debo aclarar que si yo fuera ese mercenario que mencionas no me hubieran sacado de Willax [por difundir que Óscar Valdés tenía una concesión minera]”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Cuando tú me dices, si me contrató Yanacocha, la pregunta sería para qué me contrata y qué cosa estoy haciendo porque si la respuesta es ‘me han contratado para hacer Conga, ese es un tema; pero si me han contratado para hacer una proyección económica sobre Cajamarca al 2050 con todos los proyectos mineros que se van a desarrollar ahí, son cosas distintas", puntualizó.

Miguel Santillana precisó, en ese sentido, que desde el 2005 trabaja para empresas mineras, petroleras y gasíferas y comentó que nunca he negado que haya trabajado para este tipo compañías.

“Yo tengo una vida académica, tengo una vida profesional, enseño en cuatro universidades en postgrado, esa es una parte de mi vida y la otra parte de mi vida es asesorar empresas. Nunca he ocultado que yo asesore empresas, no entiendo cuál es la sorpresa ahora”, refirió.

“[¿Para qué otras empresas trabaja ahora?] Me guardo mi derecho profesional de mencionar o no con quién trabajo, es una relación bilateral, no sé si a las empresas les interesa que yo divulgue esto. La relación es entre la empresa y yo”, concluyó.

Archivo: LaMula  25.05.12

Nuevo lío por tierras entre Yanacocha y Campesinos

Por: Edwin Lozano

Familia denuncia que un grupo de 12 personas, entre trabajadores mineros y policías, los desalojaron de sus terrenos y destruyeron su propiedad 

La empresa minera, a través de un comunicado, informó que su personal de seguridad advirtió el inicio de la ilegal construcción de una choza en terrenos de su propiedad en la zona de Tragadero Grande 

“Al no encontrarse a nadie presente, se procedió a retirar las obras ilegalmente realizadas, en ejercicio de nuestro derecho de propiedad sobre el terreno”, indicó la empresa minera 

Este nuevo caso se suma al juicio por tierras que mantiene minera Yanacocha con la familia Chaupe 

Aquí el comunicado completo de la empresa minera: 

Ante las versiones emitidas en un medio radial respecto a que personal de Yanacocha habría destruido la vivienda de Segundo Bolaños Atalaya, supuestamente ubicada en el sector denominado Tragadero Grande, informamos a la opinión pública lo siguiente:

- El domingo 19 de enero de 2014, nuestro personal de seguridad advirtió el inicio de la ilegal construcción de una choza en terrenos de propiedad de Minera Yanacocha en la zona de Tragadero Grande.

- Se realizó la verificación y, al no encontrarse a nadie presente, se procedió a retirar las obras ilegalmente realizadas, en ejercicio de nuestro derecho de propiedad sobre el terreno. 

- Posteriormente se acercó la señora Noemí Quiliche Vargas indicando haber iniciado la construcción de dicha choza, por lo que se procedió a explicarle que se trataba de terrenos de nuestra propiedad, tal como consta en la Partida Electrónica N° 22859092 del Registro de Predios de Cajamarca, y se le mostró la documentación que acreditaba dicha situación.

- Nuestra empresa, actuando siempre dentro del marco legal, solicitó la presencia de personal policial, el cual levantó un acta dejando constancia de estos hechos.

En atención a este tipo de informaciones, y teniendo en cuenta que el día de ayer nuevamente un grupo de personas ha tratado de usurpar nuestra propiedad, hemos procedido a interponer las acciones legales correspondientes en salvaguarda de nuestros derechos.

5 cosas que la minería ilegal destruye

Desde la salud de las personas hasta la seguridad nacional se ven afectados por esta ilícita actividad.

ilustración: Minam

Si bien ya es bastante conocido que la minería ilegal afecta al medio ambiente, ¿Se sabe qué es exactamente lo que ocasiona? . La segunda edición de la revista MINAM, del Ministerio del Ambiente, nos lo explica en un didáctico listado de los problemas que se derivan de esta actividad.

1. Las personas:

El mercurio, un desecho de la minería ilegal, al caer en cuerpos de agua es transformado en metilmercurio por varias bacterias. Este es un neurotóxico que daña de manera progresiva y gradual la salud de las personas. Esta sustancia se absorbe al ingerir pescado contaminado y también a través de la piel.  

Según el último estudio del Instituto de Investigación Carnegie, tres de cada cuatro personas evaluadas en Madre de Dios presentaron niveles de mercurio tres veces más altos que el máximo permisible, en promedio. 

Seis de las diez especies de pescados más consumidos por los pobladores de Puerto Maldonado tienen niveles de mercurio superiores al máximo permisible. 

Los más afectados son los niños y pobladores de comunidades nativas, donde el promedio fue cinco veces superior al nivel saludable. 

2. En la naturaleza:

Destruye bosques, tierras agrícolas y contamina el agua con mercurio, aceite quemado, plomo y arsénico. Además, altera gravemente el lecho y las riberas de los ríos (incluyendo la vegetación ribereña). Provoca mayores inundaciones al remover y acumular grava y fango de forma irregular y destruye los hábitats de muchos organismos acuáticos, como plancton, peces, moluscos y otros. 

El mercurio usado por la minería ilegal, al convertirse en metilmercurio, se acumula en los tejidos e los peces y afecta negativamente su éxito reproductivo y su población.  

3. En las comunidades

En las zonas de minería ilegal, se han establecido asentamientos humanos precarios, con techos y paredes de plástico, donde la gente vive en condiciones de salud riesgosas. La mayoría son migrantes de la sierra. Hay mafias que trafican con personas con fines de explotación laboral, y mantienen a los obreros en condiciones de semi esclavitud. 

En los alrededores de los centros mineros, prolifera el tráfico y la explotación de menores, la prostitución y la inseguridad con débil presencia de las autoridades.  

Se ha detectado una alta incidencia de enfermedades como la uta, la malaria, el dengue y enfermedades de transmisión sexual entre los mineros.  

4. En la economía:

La evasión de impuestos y el incumplimiento de pago del canon minero para la región son los principales efectos en la economía por la minería ilegal. 

Asimismo, la interferencia directa con otras actividades económicas importantes, como el ecoturismo (intervención en las zonas de gran atractivo); y la agricultura (por la destrucción de los mejores suelos agrícolas). Además, afecta zonas destinadas a la investigación científica. 

De acuerdo con información de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), la extracción ilegal de oro supera al año las 18 toneladas. El valor sería de más de S/. 2.200 millones. Es decir, unos S/. 500 millones en impuestos dejados de pagar al fisco. 

5. En la seguridad:

Pone en riesgo la seguridad regional, incluso nacional, por la acciones de mafias y grupos de poder, con gran influencia en la región para expandir redes de corrupción. También genera conflictos socioambientales entre mineros y comunidades nativas; mineros y colonos campesinos; mineros y concesionarios forestales; mineros y castañeros; mineros y empresas de turismo, y mineros y funcionarios del Estado por afectación de áreas protegidas. La tensión es permanente.

lamula.pe 21.01.14

Permiso para matar

"Porque son perros", acuarela de MAURICIO DELGADO sobre fotograma de video (Plaza de armas de cajamarca, julio 2012).

Sobre la PNP y la polémica ley que permite la inimputabilidad total de policías y soldados

Publicado: 2014-01-21

El Alto Comisionado de Naciones Unidas, Amnistía Internacional (Londres), Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA ), la Red Muqui, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo se han pronunciado en contra de la Ley 30151 promulgada el 13 de enero que exime a los efectivos policiales y del Ejército de responsabilidad penal cuando al hacer uso de la fuerza letal produzcan lesiones o muerte en el cumplimiento de su deber, incluso sin su arma de reglamento. Para nosotros, derecho-humanistas, esta ley es simplemente una licencia para matar y es apenas una estrategia efectista pero no eficaz en relación con la labor de la policía contra el crimen organizado. No en balde hay coincidencia entre todas las instituciones mencionadas y preocupación de algunas personas, incluido el propio Ministro del Interior Walter Albán. 

Por cierto, esta posición no implica desconocer la necesidad de la Policía Nacional del Perú de fortalecerse, mejorar sus condiciones de trabajo siempre arriesgadas y precarias, así como empoderar a sus efectivos, sobre todo aquellos que trabajan en zonas de alto riesgo. La PNP está pasando por una situación de crisis moral y de liderazgo que se ha visibilizado con el affaire López Meneses. Tendremos que esperar un poco para ver si las últimas decisiones gubernamentales han sido efectivas, sin embargo, queda aún pendiente la famosa “reforma policial” que incluso fue una de las recomendaciones de la CVR. 

Hoy, los suboficiales que deben poner su pecho día a día y que saben lo difícil que es ser honesto en nuestro país deben sentirse respaldados no solo por el gobierno sino por la ciudadanía. Hay que respetar al policía honesto, hay que sancionar al policía corrupto; hay que empoderar al policía cobarde, hay que controlar al policía autoritario que no respeta y discrimina, ningunea y desprecia al ciudadano. Y esto lo digo porque aún resuena en mis oídos la frase que soltó ese policía en la Plaza de Cajamarca el 4 de julio de 2012 cuando, increpado por una joven sobre el maltrato a los cajamarquinos, y espetándole ¿por qué nos tratan así?, contestó: “porque son perros conchatumadre..." (ver video). No, ni nosotros somos perros ni ellos son ratas o cerdos como también han querido calificarlos. No podemos tratarnos así y debemos de respetar al otro en su otredad. Hace muchos años, Ana Carolina Lira, una policía honesta, fue ametrallada por Sendero Luminoso en una combi, quedó paralítica y ciega. ¿No es ella el símbolo de lo que nunca más debe suceder? Y mientras tanto hay oficiales que negocian las armas, la gasolina, los helicópteros de la policía. ¿Es posible que no nos indignemos?

Pero la Ley 30151 no va a solucionar todos estos problemas sino que tendería a agravarlos al permitir, con su flexibilidad, que los enfrentamientos, no con los delincuentes zafios y organizados sino con la población, permitan situaciones de indefensión. Los impulsadores de la norma sostienen que los policías se ven envueltos en largos procesos penales; en mi experiencia de denuncia de las 4 muertes de Celendín y 1 de Bambamarca, no es así.

Los fiscales de Chiclayo no toman decisiones, no abren investigación y, al parecer, esperan archivar la denuncia por falta de pruebas (sí, con videos, protocolos, informes, necropsias que demuestran muerte por bala de Galil). Algunos peruanos autoritarios dicen: “bien hecho, eso les pasa por revoltosos”. César Medina, 16 años, estudiante que salía de una cabina de internet, fue uno de los que recibió una bala en el cráneo, ¿su muerte es una sanción ejemplar?, ¿su muerte es un delito de función?, ¿y si fuera tu hijo, qué?

Esta kolumna ha sido publicada el día de hoy en La República.
http://www.larepublica.pe/columnistas/kolumna-okupa/permiso-para-matar-21-01-2014

Antimineros aseguran no haber cometido actos vandálicos en Yanacocha

Manuel Ramos, dirigente del Frente de Defensa del centro poblado El Tambo, dijo que se someterán a las investigaciones pertinentes que se realicen, pues no cometieron actos vandálicos.

Los dirigentes del Frente de Defensa del centro poblado El Tambo (Bambamarca) defendieron los actos cometidos durante la marcha realizada hacia las lagunas del proyecto minero Conga (Cajamarca).

Así lo hizo tras las declaraciones que brindó estos días el ministro del Interior, Walter Albán, quien advirtió que los actos de vandalismo y ataque a un vigilante en esta zona no quedarían impunes.

Manuel Ramos, uno de los dirigentes, manifestó que no habían cometido actos de vandalismo y dijo que se someterán a las investigaciones pertinentes que se realicen.  "Nosotros estamos defendiendo nuestras lagunas, no estamos cometiendo tales actos", agregó.

A su vez, indicó que las declaraciones del ministro Albán, donde se refiere al secuestro del vigilante Reverino Fuentes Morocho, son malintencionadas con el objetivo de desestabilizar la lucha que realizan, pues no habían secuestrado a nadie.

Incluso, agregó que al centro poblado llegó el último viernes un contingente policial y no encontraron nada, lo que demuestra que la empresa quiere desprestigiar a las organizaciones.

Finalmente, Ramos declaró que los mismos ronderos se encargarán de investigar quiénes fueron los que derribaron la antena de telefonía en esta zona y realizaron los actos de vandalismo.

http://www.rpp.com.pe 19.01.14

Óscar Valdés pide firmeza y seriedad del gobierno en proyecto Conga

Foto: La República

Expremier sostuvo que se debe terminar con las protestas antimineras.

 

El expresidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, se refirió hoy a las recientes protestas en Cajamarca por el proyecto Conga y dijo que el Estado peruano debe demostrar más firmeza y seriedad para terminar con este tipo de manifestaciones.

Para Valdés, las protestas antimineras afectan la imagen del país y reducen las inversiones, por lo cual no se deben permitir más ya que afecta a todos los peruanos.

“Estos antimineros le están causando daño al país, han retrasado inversiones. Necesitamos que las inversiones se den”, manifestó, apuntando contra quienes encabezan estas manifestaciones por realizarlas “por intereses electorales”.

Dijo, además, que el presidente Ollanta Humala debe rectificarse y asumir que Conga es trascendente ya que el retraso en el proyecto causó grave daño. Según Valdés, el país hubiera crecido más del 6% sin el retraso en Conga.

Para el expremier, es vital que el ministro del Interior, el titular de la PCM e incluso el presidente de la República “vayan a la zona y desenmascaren a estas personas que perjudican a miles de peruanos”.

Se necesita una “actitud valiente del gobierno, ir a Cajamarca para el provecho de todos los peruanos y Cajamarca”, agregó.

FALLO DE LA HAYA

Respecto al próximo fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya por el diferendo marítimo entre Perú y Chile, Valdés dijo que se debe trabajar para la “implementación inmediata en diferentes escenarios”.

Asimismo, se permitió recomendar cambios en los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa, los cuales, consideró, son claves para la implementación de la sentencia del Tribunal Internacional.

Pidió que se pongan “los mejores intelectos, (las personas) más experimentadas para que colaboren con la Cancillería”.

Finalmente dijo que no se debe dilatar la implementación del fallo y recordó que Chile “dilató 70 años el acta de ejecución del tratado del 29 y nunca realizó el plebiscito”, por lo cual se debe trabajar para que cumpla “en plazos razonables”.

CONCILIACIÓN HUMALA-LÓPEZ MENESES

Por último, Valdés se refirió al pedido de conciliación del exoperador montesinista Óscar López Meneses al presidente Humala luego de que este lo llamara “basura”.

Valdés calificó el término como “un exceso de parte del presidente” y que estuvo “fuera de tono”.

“Se tiene que arreglar”, apuntó, aunque aclaró que según su postura el presidente no debe acudir a un juzgado, sino se debe solucionar “de otra manera”.

Diario La República 19.01.14

Ley 30151 es una señal política clara para fortalecer labor policial

Lima, ene. 18 (ANDINA). La Ley 30151 que exceptúa de responsabilidad penal a policías y militares en cumplimiento de su deber es "una señal política clara" que abona a favor de la moral y una mejor labor en la seguridad, destacó hoy el ex ministro de Defensa, Antero Flores-Aráoz.

ANDINA/Héctor Vinces

Dicha norma modificó el inciso 11 del artículo 20 del Código Penal, al precisar que militares y policías que en cumplimiento de su deber, y en uso de sus armas "u otro medio de defensa", causen lesiones o muerte están exentos de responsabilidad penal.

"El Congreso y el Ejecutivo le están diciendo al Poder Judicial y al Ministerio Público 'cumpla' con las disposiciones de exceptuación del proceso penal a policías y militares que al cumplir con su deber generaron el fallecimiento de una persona o lesiones", declaró a la Agencia Andina.

Asimismo aclaró que la ley "no es inconstitucional", toda vez que su objetivo ya estaba contemplado como tal, desde 2007, cuando se incorporó el inciso 11 al artículo 20 del Código Penal.

"Para mí es una buena señal, porque estamos viendo procesos interminables contra militares y policías simplemente por cumplir con su deber, como ha estado pasando con los comandos de Chavín de Huántar, que ya tienen 17 años sometidos a un calvario", indicó.

También refirió que la norma aprobada abona a favor de la moral de los efectivos de las fuerzas del orden que muchas veces evitaban comprometerse en una acción con sus armas de fuego para "no verse sometidos a interminables procesos".

"Es una señal política clara para que los magistrados judiciales y el Ministerio Público empleen estos mecanismos del artículo 20 del código penal y no se procese a los policías ni militares simplemente porque han cumplido con su deber", agregó.

Refirió que los procesos penales a los militares y policías por acciones en cumplimiento de su deber, significaban pérdida de tiempo, ascensos y elevados gastos económicos para enfrentar las demandas, situación que ahora cambia.

De otra parte, destacó que "se ha avanzado bastante" en el presente gobierno para mejorar las remuneraciones y el equipamiento policial y militar, pero se requiere de más apoyo para las instituciones castrenses.

Por otro lado, exhortó a la clase política del país a guardar "tranquilidad y mesura" ante el próximo desenlace del diferendo marítimo con Chile, con el anuncio del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Recordó que desde que se desempeñaba como ministro de Defensa (2007-2009) la relación con su par chileno fue "bastante cordial y muy respetuosa", y destacó el papel de la empresa privada de ambos países que contribuyó a aminorar la desconfianza histórica, con el incremento de sus inversiones cruzadas en Perú y Chile.

 

http://www.andina.com.pe 18.01.14

Ordenan que se investigue desalojo en Conga que dejó cuadripléjico a comunero

Volverán a investigar hechos ocurridos el pasado 29 de noviembre del 2011.

Ordenan que se investigue desalojo en Conga que dejó cuadripléjico a comunero.

 

La Fiscalía Superior Penal de Cajamarca ordenó la reapertura de las investigaciones sobre la intervención de efectivos de la Dinoes en el desalojo de comuneros en huelga contra el proyecto minero Conga, que dejó cuadripléjico a un campesino y heridos a otros 19.

El caso había sido archivado por la Fiscalía de Celendín, pero el 16 de diciembre pasado la fiscal superior María Acosta Ojeda dispuso iniciar una nueva pesquisa en el proceso que involucra al coronel PNP Amador Bacalla Guadalupe y al capitán PNP Wagner Ocampo Huamán.

Ambos oficiales de la Policía Nacional van a ser investigados en calidad de coautores mediatos por los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, y abuso de autoridad.

El operativo policial del 29 de noviembre del año 2011 que tuvo como fin desalojar a los manifestantes que se encontraban en el cruce denominado Maqui Maqui, ubicado entre las lagunas El Perol y Azul, ocasionó que Elmer Campos Álvarez fuera impactado en la columna vertebral. El disparo le produjo la parálisis de sus extremidades superiores e inferiores, además de la pérdida de un riñón y el bazo.

En abril del 2013, el caso fue archivado bajo el argumento de que no se había identificado a los presuntos autores del hecho, situación que ahora ha cambiado.

Diario La República 18.01.14

La verdad sobre la antena Claro derribada en Cajamarca 2014

Según Miltón Sánchez -dirigente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca-, testigo y partícipe de la gran movilización del día de ayer del pueblo cajamarquino contra Conga, la CONCENTRACIÓN DE MEDIOS está manipulando la información para imponer los proyectos mineros.

Ayer gran parte de los medios de Lima informaron que en la región de Cajamarca derribaron una antena de la empresa de telefonía Claro e incendiaron una caseta de seguridad de Yanacocha y secuestraron a un agente de la empresa Securitas Sac. En tales informes -prácticamente- acusaron a la población cajamarquina.

La verdad es que hasta el momento se desconoce la autoría real de los hechos vandálicos. Pero para ser más justos y escuchar la versión de los manifestantes, acá les dejo las declaraciones que me dio Miltón Sánchez hoy por la mañana (vía telefónica) 

https://www.youtube.com/watch?v=YZxj8vt3UVs

Delegaciones de tres países acompañan a manifestantes contra Conga

Créditos: Referencial/Luis Asencio

Un grupo de cajamarquinos partieron desde el lugar conocido como El Tambo, en la provincia de Hualgayoc, con dirección a las lagunas de Conga, con la finalidad de mostrar su rechazo al referido proyecto minero.

El dirigente ambiental, Manuel Ramos Campos, señaló que acompañan a los manifestantes diversas delegaciones de Colombia, Brasil y México en calidad de veedores.

Asimismo, informó que una delegación de profesores de la ciudad de Pasco arribaron a Cajamarca para contar su experiencia de la contaminación minera en dicha localidad.

Ramos Campos aseguró que la movilización se desarrolla de manera pacífica, pese a las inclemencias del clima ya que se está registrando lluvias en esta parte de Cajamarca.

http://www.rpp.com.pe 16.01.14

Líderes de organizaciones sociales rechazan declaraciones de Vladimiro Huaroc sobre proyecto Conga

Por: Juan Arribasplata        

El Alto Comisionado de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, Vladimiro Huaroc, manifestó hoy, en entrevista concedida al diario La República, que las poblaciones que rodean el proyecto minero Conga están de acuerdo con el mismo y que tienen un acta que confirma esa decisión. Además, Huaroc señala en la entrevista que la mayoría de comunidades exigen que el Estado ponga orden en el lugar, refiriéndose a los excesos que han cometido las rondas y que además no se oponen a las inversiones. Sobre estas declaraciones Noticias SER conversó con líderes de opinión de Cajamarca que manifestaron su disconformidad con las declaraciones del Alto Comisionado.

La primera consejera del gobierno regional de Cajamarca, Sara Palacios, señaló que es lógico que Vladimiro Huaroc diga que hay comunidades que están de acuerdo en que se ejecute el proyecto Conga, ya que el gobierno ha estado desde el año pasado entregando regalos a las personas de estos lugares, como cocinas a gas con balones incluidos entre otras cosas. “Yo no sé hasta qué punto eso sea real, de que la población está de acuerdo de que pueda ir Conga. Lo que sí vemos con mucha preocupación es que cada vez más están avanzando con el reservorio El Perol. Que entren a trabajar, pero el problema es la forma irrespetuosa que la empresa trabaja con la población”, refirió.

Sobre sus declaraciones en el sentido de que las comunidades del lugar exigen que haya orden, Palacios señaló que es por la falta de la presencia del Estado para poner orden contra el actuar de las rondas en Cajamarca que los comuneros se expresan así. “El Estado está ausente, entonces la población se ve obligada a tomar algunas acciones y seguramente se les ha ido la mano la última vez, pero como no hay reglas claras en este asunto esas son las consecuencias”, refirió.

Por su parte, el presidente del Frente de Defensa de los Intereses Vida y Medio Ambiente del centro poblado El Tambo, de Bambamarca, Eladio Huamán Vásquez, dijo que en las declaraciones de Huaroc se nota que está más a favor de la minera que del pueblo y no en el centro como debe de ser en su condición de facilitador como representante de las mesas de diálogo y solución de conflictos. “Solamente cinco empresarios son los que han enviado un acta al gobierno y eso no indica que son la mayoría los que quieren que vaya Conga, es totalmente falso. Ellos no representan a casi nadie. Y para rechazar lo que ha dicho Huaroc hoy, el día 16 vamos a ir a Conga a demostrar que Conga es inviable con el apoyo de ronderos y ronderas que son mucho más que los de la zona de influencia”, manifestó.

Asimismo, el presidente del Frente de Defensa de los Intereses de la región, Idelso Hernández, rechazó mediante un pronunciamiento las declaraciones de Huaroc. “Rechazamos las versiones del operador político de Newmont y de Yanacocha, Vladimir Huaroc, así como sus amenazas de pretender convulsionar nuestra región, exigiendo al Estado para que se instalen fuerzas militares y policiales en Conga, con el fin de imponer el megaproyecto minero Conga. Este señor está inventando justificaciones al decir que hay comunidades que exigen al Estado que ponga orden para garantizar proyectos de desarrollo y el ingreso de programas sociales.

Entre otras cosas expresaron. “Es totalmente falso. Los que exigen orden son ellos mismos, en especial quienes tienen intereses económicos y que utilizando la politiquería de dadivas buscan hegemonizarse, para seguir lucrando a costa de la contaminación, desaparición de nuestras aguas, destrucción de nuestra agricultura, aprovechándose del desconocimiento y humildad de la gente, tras la mafia y la corrupción”, sostuvo.

Noticias Ser 13.01.14

Defensoría afirma que ley 30151 "pone en riesgo la vida"

El organismo afirma que la modificación del Código Penal ha sido un acto innecesario y que puede generar confusiones

Según esta nueva ley, los policías son inimputables cuando usan sus armas de fuego (Foto: Archivo El Comercio)

La Defensoría del Pueblo se suma a los críticos de la reciente ley 30151. A través de un pronunciamiento, el organismo indicó que dicha normativa, promulgada el lunes por el Ejecutivo, resulta contraproducente y debilita la protección del derecho a la vida y a la integridad personal. 

Según la nueva ley: "Está exento de responsabilidad penal: el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte".  

La Defensoría, en ese sentido, explica que esta modificación "elimina el enunciado de la norma anterior que obligaba al personal policial y militar a usar las armas de acuerdo con sus reglamentos, y adiciona la posibilidad de que se utilice no solo las armas reglamentarias sino cualquier otro medio para tal fin". 

El organismo precisó que dicho cambio "pone en riesgo la vida de cualquier persona, al permitirse el uso de armas, desconociéndose el reglamento y manuales de protección de los derechos fundamentales". 

Horas antes, el ministro del Interior, Walter Albán, también criticó esta normativa. Según Albán, podría prestarse a una mala lectura y da pie a pensar que se promueve la impunidad.

"Esta modificación también contraviene parámetros internacionales como los Principios de las Naciones Unidas, que enfatizan en la necesidad de que el uso de la fuerza por parte de los órganos policiales y militares se realice con sujeción a reglas mínimas", señala el documento. 

En los últimos dos años y medio, recuerda el organismo, se ha reportado 34 civiles fallecidos y más de 949 heridos (de los cuales 357 fueron policías y 5, militares) en contextos de conflictividad social. "Es necesario recordar que un Estado debe tomar todas las medidas para asegurar que sus agentes harán uso de la fuerza de manera proporcional y necesaria, evitando al máximo la posibilidad de que ocurran muertes o lesiones de civiles o de personas inocentes". 

Por los motivos expuestos, la Defensoría concluye que la modificación de la norma resulta innecesaria. Además, puede generar confusiones en su aplicación. Los supuestos casos de exención de responsabilidad penal para estos casos, afirman, ya están debidamente regulados y contemplados en el numeral 8) del artículo 20° del Código Penal. 

Diario El Comercio 15.01.14 

 

¿Lobo qué estás haciendo?

Las rondas campesinas de Cajamarca no son un juego

El domingo en La República se publicó un reportaje sobre lo sucedido en Cajamarca con las trabajadoras sexuales de los night club Alondra y PK2 que fueron golpeadas por las rondas urbanas. A mi entender, el reportaje adolece de confusión en relación con los que implica la institución "rondas" y en la medida que he trabajado el tema desde hace muchos años quería aclarar algunos puntos.  

Ante todo quiero dejar constancia de mi indignación por lo sucedido: simplemente lo que hicieron las rondas urbanas es un delito y se tipifica de lesiones contra el cuerpo y la salud. Las fotografías de las piernas de las lesionadas las expusieron ellos mismos y dan cuenta de un atropello y violación de los derechos humanos de todas estas jóvenes y, desde que sé, las rondas siempre han respetado la constitución y la legalidad. Me solidarizo con todas las mujeres agredidas y espero que se inicie una investigación fiscal que termine en sanción a los culpables.

Sin embargo, creo que la percepción de esta situación en el contexto del inminente inicio de trabajos mineros para desaguar la laguna El Perol, así como de las declaraciones de ayer de Vladimiro Huaroc (“Si no se rescata el Estado de derecho en Cajamarca puede devenir el descontrol”), está siendo aprovechada por ciertos sectores para mellar la credibilidad de las rondas campesinas y desacreditar una lucha justa contra el Proyecto Minero Conga, que poco a poco está siendo cercada por los contratos entre la PNP y las empresas mineras, así como por la flexibilidad que permite a la policía y los efectivos del Ejército hacer uso de la fuerza letal incluso si es con otras armas de fuego que no son las reglamentarias (Ley 30151 publicada ayer en El Peruano).

El reportaje de mi ex alumno Oscar Miranda del domingo apenas plantea una diferencia entre las rondas urbanas y las rondas campesinas y se centra en el relato atroz de la incursión de las primeras en ambos centros de diversión. Lamentablemente desde Lima y otras ciudades del Perú no se percibe la diferencia entre unas y otras, el reportaje creo que solo ha contribuido a aumentar la confusión, en tanto que ubica a todos los ronderos como machistas, salvajes, golpeadores de mujeres. Por la forma como Miranda narra los hechos, se entiende que los ronderos urbanos, con Chuquilín a la cabeza, se imponen como moralizadores autoritarios sin, por supuesto, tener ningún tipo de acreditación para ello. Obviamente el registro de los hechos demuestra que se comportan violando los derechos humanos y no responden tampoco a pautas culturales regidas por una percepción comunal. Pero debo advertir que los ronderos que yo conozco, también perciben esta actuación de las rondas urbanas como algo contrario al mandamiento ronderil. Recordemos que las rondas campesinas están reconocidas en el art. 149 de la Constitución, y sus funciones y límites en un acuerdo de sala plena de la Corte Suprema. Asimismo es preciso señalar que la Central Única de Rondas Campesinas (CUNARC) ha emitido un pronunciamiento condenando la agresión a las trabajadoras sexuales. 

¿Entonces las rondas urbanas no son lo mismo que las campesinas? Por supuesto que no. Wilfredo Ardito, desde ambas prácticas, lo explica muy bien: “Las rondas campesinas tienen por funciones garantizar la seguridad y administrar justicia, teniendo como meta la armonía comunal. En cambio, las rondas urbanas se limitan a actuar de manera violenta, aprovechando el vacío de poder existente en varias ciudades y la incapacidad de la Policía Nacional para enfrentar la delincuencia. Existe otra institución responsable de su aparición y es el Ministerio Público: muchos fiscales creen que su función es archivar denuncias (no hay ningún error en lo que he escrito, pues inclusive es una meta en algunas fiscalías), logrando de esta forma generar una sensación de impunidad”.

Obviamente rondas urbanas y campesinas nacen de un vacío estatal, pero mientras las primeras responden a un objetivo de seguridad, las segundas lo hacen frente a situaciones de inseguridad pero sobre todo debido a las grandes dificultades del acceso a la justicia de los ninguneados del Perú: me refiero obviamente a las personas que viven en zonas alejadas de los centros urbanos. Las rondas campesinas nacieron para frenar el abigeato, pero es importante marcar el inicio de la primera organización ronderil; nacen de una indignación general frente a un robo escandaloso: el de los instrumentos musicales de la escuela del pueblo. Es así que en 1976, en Cuyumalca, Chota, los vecinos de esa estancia deciden organizarse para evitar ser vueltos a robar y sancionar a los culpables. De esa fecha a la actual se ha producido un largo proceso de cambios, fortalecimientos y debilidades de las mismas; por supuesto, con excesos en muchos casos que responden a una cultura rural conservadora y patriarcal. Pero las rondas en zonas como Hualgayoc, Bambamarca, Celendín, San Marcos, Cutervo y otras, todas poco homogéneas y de diferente estirpe, son la solución concreta del pueblo organizado a los problemas de abigeato, violaciones sexuales, violencia contra la mujer, entre otros temas que controlan.

El día viernes estuve en El Tambo, a cuarenta minutos en carro de Bambamarca, y le pregunté a Manuel Ramos, uno de los líderes más reconocidos de las rondas en todo el departamento, sobre su opinión de lo sucedido en el Alondra y el PK2. Ramos me dijo: “jamás las rondas de El Tambo le han pegado a una mujer, jamás hubiéramos actuado de esa manera. Y si tendríamos que entrar a un lugar donde se ejerce la prostitución clandestina, hubiéramos sancionado a los cafichos y a los explotadores, no a las explotadas”. Entiendo que en Lima se percibe la prostitución como un ejercicio de libertad de trabajo y de uso del cuerpo como espacio de mercancía dentro de los anchos límites del mercado. Quizás esto sea cierto para un porcentaje muy reducido de trabajadoras sexuales, en términos generales en nuestro país, la prostitución implica una situación de explotación de jóvenes mujeres, sobre todo, en zonas alrededor de campamentos mineros legales e ilegales. 

Pero el debate sobre la prostitución es otro tema.

Regresando a las rondas y sus funciones, considero que Vladimiro Huaroc y las autoridades de este gobierno tendrán que saber que los ronderos y ronderas de Cajamarca, Piura, Amazonas, y de otros lugares, no están “jugando a la ronda”. Estamos hablando de una institución muy compleja que surge en los vacíos de poder del Estado, no por ausencia como suponen muchos, sino por corrupción entre los jueces, policías y operadores de justicia como sucedió en Cuyumalca. ¿Las rondas campesinas administran justicia? Por supuesto que sí, desde hace más de veinte años legalmente. ¿Esto implica que el Estado ha cedido el monopolio de la administración de justicia? Claro que sí, pero en el contexto de una realidad signada por el difícil acceso a la justicia en zonas rurales y la debilidad institucional de un Estado percibido como corrupto. 

Las rondas campesinas son una institución con varios éxitos además del control del abigeato y de echar a Sendero Luminoso del departamento de Cajamarca y de las serranías de La Libertad y Lambayeque. Por eso, lo sucedido así como la hipótesis de que los ronderos son aliados del narcotráfico — planteada hace un año por Jaime Antezana— se están blandiendo como excusa para entrar a reprimir a fuego letal a los ronderos y otros manifestantes que luchan por el agua y la sostenibilidad de la tierra en las alturas de las lagunas de Conga.

Una versión abreviada de esta nota sale hoy publicada en La República.

LaMula 14.01.14

¿Lobo qué estás haciendo?

El domingo en La República se publicó un reportaje sobre lo sucedido en Cajamarca con las trabajadoras sexuales de los night club Alondra y PK2 que fueron golpeadas por las rondas urbanas. A mi entender, el reportaje adolece de confusión en relación con los que implica la institución “rondas” y en la medida que he trabajado el tema desde hace muchos años quería aclarar algunos puntos.

Ante todo quiero dejar constancia de mi indignación por lo sucedido: simplemente lo que hicieron las rondas urbanas es un delito y se tipifica de lesiones contra el cuerpo y la salud. Las fotografías de las piernas de las lesionadas las expusieron ellos mismos y dan cuenta de un atropello y violación de los derechos humanos de todas estas jóvenes y, desde que sé, las rondas siempre han respetado la Constitución y la legalidad. Me solidarizo con todas las mujeres agredidas y espero que se inicie una investigación fiscal que termine en sanción a los culpables.  

Sin embargo, creo que la percepción de esta situación en el contexto del inminente inicio de trabajos mineros para desaguar la laguna El Perol, así como de las declaraciones de ayer de Vladimiro Huaroc (“Si no se rescata el Estado de derecho en Cajamarca puede devenir el descontrol”), está siendo aprovechada por ciertos sectores para mellar la credibilidad de las rondas campesinas y desacreditar una lucha justa contra el Proyecto Minero Conga, que poco a poco está siendo cercada por los contratos entre la PNP y las empresas mineras, así como por la flexibilidad que permite a la policía y los efectivos del Ejército hacer uso de la fuerza letal incluso si es con otras armas de fuego que no son las reglamentarias (Ley 30151 publicada ayer en El Peruano).  

El reportaje de Óscar Miranda del domingo apenas plantea una diferencia entre las rondas urbanas y las rondas campesinas, pero ni en Lima ni en otras ciudades del Perú se percibe la diferencia. Por la forma como Miranda narra los hechos, se entiende que los ronderos urbanos, con Chuquilín a la cabeza, se imponen como moralizadores autoritarios sin, por supuesto, tener ningún tipo de acreditación para ello. Y eso es cierto, pero los ronderos que yo conozco también perciben esta actuación de las rondas urbanas como algo contrario al mandamiento ronderil. Recordemos que las rondas campesinas están reconocidas en el Art. 149 de la Constitución, y sus funciones y límites en un acuerdo de sala plena de la Corte Suprema.

El día viernes estuve en El Tambo, en las alturas de Bambamarca, y le pregunté a Manuel Ramos, uno de los líderes más reconocidos de las rondas en todo el departamento, sobre su opinión de lo sucedido en el Alondra. Ramos me dijo: “Jamás las rondas de El Tambo le han pegado a una mujer, jamás hubiéramos actuado de esa manera. Y si tendríamos que entrar a un lugar donde se ejerce la prostitución clandestina, hubiéramos sancionado a los cafichos y a los explotadores, no a las explotadas”. Entiendo que en Lima se percibe la prostitución como un ejercicio de libertad de trabajo y de uso del cuerpo como espacio de mercancía dentro de los anchos límites del mercado. Quizás esto sea cierto para un porcentaje muy reducido de trabajadoras sexuales, en términos generales en nuestro país, la prostitución implica una situación de explotación de jóvenes mujeres, sobre todo, en zonas alrededor de campamentos mineros legales e ilegales.

Pero el debate sobre la prostitución es otro tema. Regresando a las rondas y sus funciones, considero que Vladimiro Huaroc y las autoridades de este gobierno tendrán que saber que los ronderos y ronderas de Cajamarca, Piura, Amazonas, y de otros lugares, no están “jugando a la ronda”. Estamos hablando de una institución muy compleja que surge en los vacíos de poder del Estado, no por ausencia como suponen muchos, sino por corrupción entre los jueces, policías y operadores de justicia como sucedió en Cuyumalca, Chota, en 1976. ¿Las rondas campesinas administran justicia? Por supuesto que sí, desde hace más de veinte años legalmente. ¿Esto implica que el Estado ha cedido el monopolio de la administración de justicia? Claro que sí, pero en el contexto de una realidad signada por el difícil acceso a la justicia en zonas rurales.

Las rondas campesinas son una institución con varios éxitos además del control del abigeato y de echar a Sendero Luminoso. Por eso, lo sucedido así como la hipótesis de que los ronderos son aliados del narcotráfico se están blandiendo como excusa para entrar a reprimir a fuego letal a los ronderos y otros manifestantes que luchan por las lagunas de Conga.

 

Diario La República 14.01.14

Vladimiro Huaroc: “Si no se restablece el estado de Derecho en Cajamarca, puede devenir el descontrol”

Previene. Vladimiro Huaroc anota que la influencia de grupos anti inversión en Cajamarca aún es fuerte y que es imperativo tomar decisiones de Estado.

 

 Alto Comisionado de la Ofi cina de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Elízabeth Prado.

 

El jefe de la Oficina de Diálogo señala que las comunidades exigen al Estado que ponga orden para garantizar proyectos de desarrollo y el ingreso de programas sociales. También aborda el reconocimiento de comunidades indígenas en costa y sierra, y el uso de remanentes de cobre para artesanía en las zonas cupríferas del país.

Doctor Vladimiro Huaroc, el 2013 la oficina de Conflictos Sociales consiguió importantes acuerdos con las comunidades del sur del país. Las mesas de diálogo, acompañadas de inversiones, dieron resultados. Sin embargo no logró lo mismo en el norte ¿por qué, qué pasó?

Lo que hemos logrado en el sur también lo hemos logrado en el norte.
Probablemente usted tenga esa percepción por el caso Conga.

 

Conga, Cañaris, Piura.

No, Cañariaco ha tenido un proceso auspicioso.

 

Cañariaco solo avanzó al 20%.

Cañariaco es un proyecto que ya culminó la etapa de exploración, pero ha quedado sin recursos. Están buscando socio para gestionar la otra etapa  y no venderlo. Con relación a las comunidades, en diciembre pasado concluimos la mesa de diálogo con acuerdos para  desarrollar proyectos.

 

Falta la consulta previa.

El grueso de la población está de acuerdo en llevar el proceso de consulta para que la empresa obtenga la licencia social. Hay condiciones para apoyar este proyecto que deberá implementarse con políticas de prevención ambiental y social.

 

¿Conga reinicia labores este año?

Se ha culminado la construcción del reservorio Challhuagón, está iniciándose El Perol. Hubo protestas durante este proceso de los sectores que siempre lo han hecho. Lo nuevo es que las poblaciones que rodean Conga están de acuerdo con el proyecto, tenemos el acta con esta decisión.

Será en cualquier momento...

Hay una particularidad: los comuneros que vendieron sus tierras a Yanacocha se han convertido en 200 pequeños empresarios de servicios que quieren negociar con Yanacocha. Esto está deteniendo el desarrollo del proyecto cuprífero. Los comuneros no aceptan que Yanacocha contrate empresas fuera de Cajamarca, pero la minera cree que hay más eficiencia en el servicio foráneo.

 

Cajamarca sigue convulsionada, hay dificultades para que  el Estado lleve programas sociales a la zona. Un reinicio en estas condiciones podría sonar a imposición, más si se van a instalar otras comisarías en Celendín, Bambamarca y Cajamarca.

La mayoría de comunidades exige que el Estado ponga orden en el lugar. Un grupo de ronderos está asumiendo roles excesivos en el control de la gente y en las sanciones. La última semana han detenido y castigado a dirigentes que bajaron a reunirse con nosotros. Para nadie es una novedad que hay zonas en Cajamarca donde el Estado no puede ingresar.

 

¿Está hablando de zonas liberadas?

Son casi zonas liberadas y tiene que modificarse. Esos grupos siempre van a oponerse a toda inversión. Pero decir que  la oposición contra el proyecto Conga es sólida no es verdad. Decir que están dadas todas las condiciones para que salga adelante, tampoco. Lo que sí hay son indicadores de un buen escenario.  

 

Si hay buen escenario ¿para qué instalar más comisarías?

Para llevar más presencia del Estado. Cuando hay una comisaría el resto del Estado puede ir a cumplir con los programas sociales y con las demandas de agua, saneamiento, electrificación. A mí me han demandado agencias bancarias, que no habrá si no hay seguridad. Hay que verlo en ese contexto.

 

¿Se trata entonces de afirmar el imperio de la ley?

Hay distritos en Celendín, San Ignacio, donde no se puede entrar. Por supuesto que el Estado puede ingresar, pero eso significa desplazar tropa y eso no queremos. Tenemos información y evidencias de que en toda esa zona hay narcotráfico, Naciones Unidas lo ha demostrado. Son las rutas del opio. Aparentemente aquí hay una mezcla muy extraña entre las rondas y sectores del narcotráfico. Por eso a ellos no les interesa dialogar.

 

Un ex funcionario de Yanacocha, Ramón Huapaya Raygada,  ha sido nombrado en la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Esto no es contraproducente políticamente en momentos que se plantea reiniciar Conga?

El es el nuevo secretario general de la PCM. Conozco a Ramón Huapaya como un funcionario vinculado al Estado. Él viene aquí por ser un gerente calificado del programa Servir. No interviene en absoluto en políticas de prevención y gestión de conflictos. Eso lo dirijo yo. Él es secretario general, coordina con los viceministerios las políticas sectoriales.

 

Han pesado más las capacidades del señor Huapaya.

Bueno, yo no lo he nombrado, lo nombra el Primer Ministro. Sí, es un servidor público de trayectoria, conoce el Estado y creo que va ser un buen articulador del Estado.

 

Chadín II es un proyecto hidroenergético que la población de Cajamarca rechaza porque alegan que el embalsamiento del río Marañón los obligará a emigrar, además de otras consideraciones. El caso es que han acordado no vender sus tierras para el proyecto. ¿Cómo se va a afrontar esta situación?

El Perú tiene un déficit inmenso de energía y será dramático si no avanzamos. La influencia de los sectores anti inversión en la zona es aún fuerte, como usted lo ha dicho, han tomado la decisión de no vender sus tierras. Bueno, esto no es decisión de los comuneros, es acuerdo de los grupos radicales que influyen también en la sierra de Piura donde tienen paralizado el proyecto Río Blanco. Igual influyeron en la sierra de Lambayeque. Se tendrán que tomar decisiones de Estado.

 

¿Como cuáles?

Esta es una zona en que si el Estado no restablece el estado de Derecho, dados los antecedentes –corredor de droga, presencia autoritaria de sectores de rondas campesinas– puede devenir en descontrol y generar serios problemas al país.

 

Hablemos del traslado de Morococha a otro lugar para dar paso al proyecto Toromocho.

Ha sido la primera reubicación en la historia del Perú. Este mes está terminando de trasladarse el último grupo.

 

Fue duro dejar el lugar donde ellos y sus ancestros nacieron.

No, porque el proceso ha sido tan cuidadoso que se ha llevado la iglesia, los muertos, todo.  Ahora que están instalados surgen otros problemas, como la discusión del Acuerdo Marco que es un acuerdo social y económico a largo plazo con la empresa. Queremos que el proyecto Toromocho beneficie a las esposas, que se incorporen a la actividad económica, la empresa ya se ha comprometido.

 

¿De qué actividad se trata?

Necesitamos que parte del cobre de Toromocho se convierta en artesanía, como se hace en Chile, donde la exportan.  Hay que hacerlo en todos los lugares donde tengamos cobre. Morococha va ser un modelo.

 

Está pendiente el reconocimiento de comunidades andinas y costeñas como indígenas,  por tanto con derecho a consulta. Es un conflicto en ciernes.

A nivel del Ejecutivo no se ha discutido, y está pendiente la aplicación de la consulta en el mundo andino y costeño. Yo creo que el segundo trimestre tiene que empezarse a discutir.

 

Mesa de diálogo e inversión han dado buenos resultados. ¿Tienen nuevas estrategias para tratar los conflictos?

Estamos promoviendo entre las empresas el Centro de Excelencia y Buenas Prácticas Empresariales, para un mejor relacionamiento con las comunidades. También estamos proponiendo la creación del Sistema Nacional de Prevención y Gestión de Conflictos, para que  acompañe el proceso de inversiones y dificultades sociales. Finalmente, la creación del Instituto del Diálogo y el Consenso, a nivel de sociedad civil.   

Diario La República 13.01.14