MOGOL: A UN PASO DEL CONFLICTO
2 mil pobladores del Valle Condebamba dieron ultimátum a la empresa minera Vale Perú (antes Miski Mayo) para que retire su maquinaria de cerro Mogol, de lo contrario iniciará un conflicto de magnitudes mayores.
El lunes 29 de junio es la fecha límite para que la compañía abandone las exploraciones en la zona.
Esta advertencia se dio en la víspera, durante la audiencia pública realizada en el centro poblado Campo Alegre, jurisdicción del distrito Eduardo Villanueva (provincia San Marcos); donde la empresa venía operando.
Además, las comunidades exigen la anulación de la concesión otorgada por el Ejecutivo.
Para lograr la nulidad del permiso otorgado por el gobierno central se ha conformado una comisión, la cual viajará a la capital para pedir ante las instancias correspondientes deje sin efecto cualquier permiso de exploración y explotación minera en la zona.
Participaron de la audiencia representantes del Ministerio de Energía y Minas, del Gobierno Regional y los delegados de 60 comunidades apostadas en el valle. Los ejecutivos de Vale Perú, no acudieron – según se conoció – por falta de garantías para su integridad.
Esta reunión fue resguardada por un contingente de cien efectivos de catorce Dirección Territorial de la Policía Nacional. No se suscitaron hechos violentos y la audiencia se desarrolló en un clima pacífico.
En la audiencia, Martín Del Alcázar Chávez, director general de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, recibió por parte de los pobladores los estudios técnicos que demuestran que la zona de denuncio es cabecera de cuenca.
De acuerdo a informes emitidos por el Proyecto de Zonificación Ecológica y Económica y Ordenamiento Territorial (ZEE-OT) el denuncio minero esta ubicado en una zona eminentemente agrícola y ganadera, además de ser naciente de cuenca hídrica.
Chanel Ruiz, consejero regional de la provincia San Marcos, pidió que cesen los hostigamientos y persecución a los pobladores y dirigentes de la zona que se oponen a la minería.
Como se recuerda se han suscitado protestas, toma de carreteras y enfrentamientos, por lo que se han formulado denuncias contra los dirigentes las cuales se han ventilado en el Poder Judicial.
LAS CIFRAS
-Mil 800 kilómetros cuadrados es el total del denuncio minero en el Valle Condebamba.
-15 mil litros de leche fresca se obtienen cada día en la zona.
-12 mil cuyes semanales comercializan las comunidades del lugar.
LO QUE DIJERON
Tulio Mondragón – subgerente regional de recursos naturales
No es Presidente aquel que no sabe escuchar. El presidente García no tiene oídos para atender las necesidades del pueblo, se han dado leyes para promover la inversión, pero debe primero que nada escucharse la voluntad de los pueblos, la voluntad de los gobiernos municipales, la voluntad de los gobiernos regionales. Los pueblos tienen derecho a la soberanía, ha decidir sobre su futuro.
Eduardo Barreto – Director Regional de Energía y Minas
La empresa Vale Perú no ha cumplido con el proceso de socialización. No ha logrado acercarse a la gente. Pero debe quedar claro que el gobierno regional ha cumplido con la promesa de la audiencia pública, con escuchar la voz del pueblo.
Diario Panorama Cajamarquino 25/06/2009
SIMON TUVO TRASPIÉ EN CANCHIS
Premier abandonó Sicuani entre piedras y bombas lacrimógenas. Dirigentes insisten en exigir la nulidad de las concesiones mineras y del proyecto Salcca Pukara. El Ejecutivo les haría hoy una nueva propuesta.
Flor Huilca.
La otra cara de Andahuaylas esperó al premier Yehude Simon en la provincia de Canchis, Cusco. Fueron cuatro horas de diálogo con el Comité de Lucha de esta provincia, pero al final no se llegó a un acuerdo para levantar la medida de fuerza que hoy cumple 15 días. Por el contrario, el presidente del Consejo de Ministros debió abandonar esta ciudad protegido por un fuerte contingente policial y en medio de una lluvia de piedras.
Simon advirtió el desenlace desde el inicio. Dijo a los dirigentes del Comité de Lucha, presidido por Alejo Valdez, que pondría su mejor disposición para discutir sus demandas, aunque tenía conocimiento de que el paro no se levantaría. “Sé que ya tienen un acuerdo para continuar con el paro, aun así vamos a conversar”, señaló.
La cita estuvo a punto de no iniciarse. El premier y su comitiva de ministros de Trabajo, Energía y Minas y Agricultura debieron esperar más de una hora y media a los integrantes del Comité de Lucha y luego casi suspenden la reunión debido a que los dirigentes condicionaban el inicio del diálogo a la liberación del profesor Hugo Fernández Huamán, detenido el lunes con ocho botellas de gasolina.
Intransigencias
Simon explicó a los dirigentes que el Ejecutivo no puede interferir en el Poder Judicial, pero se comprometió a enviar una comunicación pidiendo un debido proceso para el detenido. Un momento dramático de este hecho fue cuando la madre del profesor, Nemesia Huamán, rompió en llanto y de rodillas pidió al premier la libertad para su hijo.
Simon increpó al abogado del profesor, Julio Quintanilla, a ser claro sobre las funciones del Ejecutivo. Y ante la insistencia de los dirigentes de poner este tema como prioritario antes que la discusión de sus reclamos, Simon dijo que a su pedido iría al Cusco para ver la situación del maestro. Mientras tanto, el diálogo quedaba suspendido.
La reacción de los dirigentes fue de contrariedad. Algunos pedían iniciar el diálogo y otros se mantenían en su posición. Ante ello, Alejo Valdez pidió un intermedio y regresaron con el acuerdo de iniciar el diálogo, algo que no prosperó.
El Comité de Lucha planteó como temas de agenda la derogación de la Ley de Recursos Hídricos, la de la Carrera Pública Magisterial y la que penaliza las protestas; también la nulidad de las concesiones mineras y de la concesión de la central hidroeléctrica Salcca Pukara, así como declarar en emergencia a los criadores de camélidos y su negativa a un crédito japonés para la red de agua y desagüe de Sicuani.
Las dos últimas demandas fueron atendidas por Simon, y además se acordó formar una mesa de trabajo para discutir la Ley de Carrera Pública Magisterial. Pero lo que impidió llegar a acuerdos fue la cerrada defensa de los dirigentes a aceptar otras propuestas que no sea la nulidad de las concesiones mineras y de Salcca Pukara.
El premier dijo que no se puede declarar nula una concesión, pero propuso que se revisen las concesiones dadas en el Cusco; y en el caso de Salcca Pukara, planteó que se consultaría a la población si acepta el proyecto una vez que culmine el estudio de impacto ambiental.
Los dirigentes no aceptaron esa propuesta e insistieron en la nulidad, ante lo cual el premier se comprometió a consultar el tema al Consejo de Ministros y a enviar hoy una nueva propuesta. Los dirigentes, a su vez, dijeron que enviarían la contrapropuesta al día siguiente. Luego, Simon abandonó la reunión invocando una tregua en la paralización, algo que no fue aceptado.
Mientras el diálogo se producía en la sede de la municipalidad, en la plaza de armas de Sicuani, capital de Canchis, se concentraban al menos 5 mil campesinos. La mayoría pertenecía a la provincia de Acomayo. Estos manifestantes lanzaron piedras y botellas de plástico a la comitiva de ministros cuando se retiró del lugar.
Ningún proyectil impactó a Simon, quien subió a una camioneta y fue trasladado en helicóptero al Cusco, desde donde partió a Lima para reunirse con el Gabinete.
Paro en puno y arequipa
Mientras el premier negociaba en Canchis, en las demás provincias de Cusco, Puno y Arequipa se iniciaba un paro de 72 horas que también se caracterizó por bloqueos.
En Puno, la paralización es convocada por la Federación Departamental de Campesinos de Puno, y en su primer día fue acatada de manera parcial, pues mientras en las zonas urbanas las entidades públicas y los comercios atendieron con normalidad, en las provincias el paro fue contundente.
Como en Andahuaylas y Canchis, entre las principales demandas de Sicuani están la derogación de la Ley de Recursos Hídricos y de la Carrera Pública Magisterial, además de la suspensión de las concesiones mineras y hasta la vacancia del presidente Alan García.
Si bien en la misma Juliaca no se obstruyeron vías, el servicio de transporte urbano fue restringido y miles de campesinos bloquearon la carretera que lleva a Huancané.
En Arequipa, más de mil agricultores de la Pampa de Majes exigieron, además de la derogación de la Ley de Aguas, la paralización de la construcción de la Represa de Bamputañe, pues dicen que afectaría la Represa de Condoroma, que abastece de agua a dicha irrigación y lugares aledaños.
Datos
HERIDO. Cuando Simon subía a su vehículo, desde una de las dos camionetas que lo resguardaban se lanzaron bombas lacrimógenas contra manifestantes que amenazaban con avanzar. Uno de los proyectiles impactó en Antonio Arcca Hancco.
Desbloqueo. Para evitar el desabastecimiento, los huelguistas “liberaron” las carreteras entre las 7 y 9 de la noche de ayer. Por efectos del bloqueo de vías los precios en el Cusco se dispararon y varios grifos no tienen stock.
En Puno, FFAA tienen licencia para intervenir
El Ministerio de Defensa autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional por un periodo de 10 días en el departamento de Puno, donde se acata un paro de 72 horas. La medida tiene como objetivo garantizar el normal funcionamiento de los servicios esenciales, como agua, energía eléctrica, aeropuertos, vías de acceso y puentes. Se precisa que el control del orden interno de Puno permanecerá a cargo de la Policía Nacional.
El bloqueo de carreteras tiene incomunicadas a la mayoría de provincias de Puno. Unos cinco mil comuneros tomaron la vía que une Juliaca con las provincias de Sandia, Moho y San Antonio de Putina, entre otras. Situación similar se vivió en la vía Juliaca-Cusco y en Azángaro, donde los comuneros bloquearon las carreteras que conducen a Progreso y Asillo. En la provincia de El Collao-Ilave se registraron bloqueos en las comunidades de Chijichaya, Cutiri y Chucalla.
El secretario general del comité de la Federación de Campesinos de Puno (FDCP), Néstor Rivera, anunció que hoy y mañana la paralización será radical.
Diario La República-Lima 25/06/2009
CRITICAN FALTA DE ACUERDOS CONCRETOS EN REUNIÓN ENTRE SIMON Y CUSQUEÑOS
El presidente del Comité de Lucha de Canchis, Alejo Valdez, cuestionó la mesa de diálogo realizada ayer entre los dirigentes de la referida provincia cusqueña y el premier Yehude Simon, al señalar que un espacio de tal magnitud "no es para plantear posiciones sin llegar a un acuerdo".
En la víspera, Simon Munaro se reunió por más de seis horas con delegaciones de las localidades de Tinta, Combapata, Comara y San Pedro, entre otras, para recoger sus demandas para derogar la no concesión del proyecto hidroenergético Salta-Pucará y la derogatoria de la Ley de Recursos Hídricos, conocida como Ley de Aguas.
Sobre éstos puntos, Valdez demandó la inmediata anulación de las concesiones mineras y proyectos hidroenergéticos toda vez que éstos nunca fueron consultados con la población.
“Entendemos que el Poder Ejecutivo tiene poder de pronunciarse sobre los proyectos de Salta-Pucará y las concesiones mineras en Canchis; estos debieron ser consultados a los pueblos y comunidades campesinas. Al no consultar los pueblos se sienten marginados”, subrayó.
El dirigente recordó que en Canchis existen 42 concesiones ubicadas en las partes altas de la provincia, lo cual estaría generando contaminación en los ríos que alimentan las cuencas del Vilcanota Grande y del río Urubamba.
Por otro lado, ratificó que este mediodía se desarrollará una reunión con todas las bases para determinar si continúan con el paro indefinido que acatan desde hace 14 días o le otorgan una tregua al gobierno central.
“Hemos pedido reconsideración para continuar con la mesa de dialogo. Mañana (viernes) vamos a enviar (a Lima) vía fax nuestra evaluación y análisis, para que sepan (las autoridades) que sienten las diferentes bases”, concluyó.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 25/06/2009
EN SICUANI NO SE LLEGÓ A ACUERDO Y PARO CONTINÚA
El Ejecutivo enviará hoy una nueva propuesta de solución a los comuneros. Ellos exigen que hidroeléctrica se cancele y que se prohíban las concesiones mineras.
A diferencia del diálogo de Andahuaylas, la comisión del Ejecutivo que se reunió ayer con los representantes de las comunidades campesinas de Canchis (Cusco) no pudo conseguir el levantamiento de las medidas de fuerza en la zona, que hoy cumplen 15 días. Eso se definiría esta tarde, después de que las bases analicen la nueva propuesta de solución que les enviará temprano la Presidencia del Consejo de Ministros.
Al término del diálogo con el premier Yehude Simon y con su comitiva de tres ministros, Alejandro Valdez, dirigente del Frente de Defensa de los Intereses de Canchis, dijo que ellos se mantendrán en su pedido de anular el proyecto hidroeléctrico Salcca Pukará y en que no se permita ninguna concesión minera en la región.
La posición del Ejecutivo consistía en consultar a la población afectada por el proyecto hidroeléctrico y en no permitir ninguna explotación minera que no cuente con la aprobación de las comunidades.
“No podemos levantar las medidas de fuerza porque debemos evaluar el documento del Ejecutivo. Mañana (hoy) decidiremos si damos tregua por algunas horas”, expresó Valdez, quien indicó que el Cusco, por ser Patrimonio Cultural de la Humanidad, debe tener un marco especial para proteger sus recursos hídricos, la flora y la fauna.
INICIO CON RETRASO. La discusión de las demandas se inició recién al mediodía, pese a que Simon había llegado a la sede de la Municipalidad de Sicuani horas antes. Esto sucedió porque los campesinos exigían la liberación del profesor Hugo Fernández Huamán, quien el 16 de junio fue detenido por la Policía por llevar bombas molotov.
Simon declaró que en este punto solo podía exhortar al Poder Judicial a que se respete el debido proceso, pero nada más. Después de algunas horas de deliberaciones, los campesinos aceptaron iniciar el diálogo.
SALIDA ACCIDENTADA. No obstante, las conversaciones no fueron tan extensas como en la víspera, en Andahuaylas. A las 4 de la tarde, Simon y su comitiva abandonaron Sicuani para volver a Lima y discutir, en el Consejo de Ministros, la nueva propuesta de solución que enviarán hoy. Según RPP, la salida de los representantes del Gobierno fue bastante accidentada debido al malestar de la población.
De otro lado, anoche, los comuneros decidieron abrir algunas vías para permitir el pase de productos.
Diario Perú 21-Lima 25/06/2009
LA POLICÍA SÍ SE APRESURÓ EN INICIAR EL OPERATIVO DE BAGUA
Un día antes del desalojo se reunieron los titulares de Defensa, del Interior y altos oficiales. En la cita no se fijó fecha para el operativo, pero se hizo al día siguiente sin refuerzos.
Apresuramiento. Esto no hubiera ocurrido si los que dieron la orden de desalojo hubieran esperado refuerzos. (Giancarlo Shibayama)
Por Daniel Yovera
Documentos militares rotulados como “secretos”, a los que tuvo acceso Perú.21, confirman que la Policía Nacional del Perú (PNP) se apresuró en dar inicio al operativo policial de desalojo de la llamada Curva del Diablo, en Bagua, el pasado 5 de junio.
Según los mismos, un día antes de la intervención policial, es decir, el 4 de junio, se llevó a cabo una reunión de alto nivel en la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) para planificar un operativo coordinado. Estuvieron el ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz; la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas; el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, y el jefe del Comando Conjunto, Francisco Contreras.
Sin embargo, en la reunión no se determinó que la operación debía empezar el 5 de junio, como al final ocurrió. En realidad, no se fijó ni el día ni la hora del operativo, pues se entiende que primero tenían que llegar a la zona –para auxiliar a los efectivos ya presentes– 800 hombres, entre militares y policías, provenientes de Lima, Tumbes y Chiclayo. Pero, lejos de esperar a que se concretara este despliegue, al día siguiente, muy temprano, la Policía inició el desalojo de la carretera con los pocos hombres que tenía, y, como se sabe, las cosas salieron mal. Alguien, sin duda, se apresuró.
REUNIÓN CLAVE. En la reunión del 4 de junio en el Comando Conjunto también estaban presentes, por el lado militar, el comandante general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Pedro Minaya, y el jefe del Comando Operacional Aéreo, Walter Vojvodic; y, por el lado policial, el director general de la PNP, general José Sánchez Farfán; el director de Operaciones, Luis Muguruza, y el director de Inteligencia, César Pasco.
Según el Acta de la Junta Especial de Investigación Operativa de los sucesos de Bagua –que fue elevada al CCFFAA y al Ministerio de Defensa–, en la reunión del 4 de junio se estableció “el apoyo a ser proporcionado por las FF.AA. a la PNP, (pero) no se establece plazos, asumiéndose que estos se concretarán de acuerdo al tiempo que dure el despliegue de las tropas”.
Pero los 800 militares y policías que iban a reforzar a los hombres del jefe de la Dinoes, general Luis Muguruza, quien tenía a cargo el operativo, aún no habían sido enviados.
Pese a ello, según se lee en el documento, “esta consideración no es tomada en el planeamiento realizado por la PNP con motivo de dar inicio al operativo policial de desalojo (y) la fecha y hora no fue de conocimiento de los comandos militares” involucrados en la operación.
Es más, otro documento de la misma junta investigadora señala que “además de no esperar el despliegue del personal de las FF.AA., tampoco se esperó el arribo del personal de la PNP antes de dar inicio al operativo policial” del 5 de junio.
ENCUENTRO EN BAGUA. Esa no fue la única reunión que hoy pone en evidencia el apresuramiento policial. Según el Acta de la Junta Especial, el 4 de junio también se llevó a cabo un encuentro en Bagua entre el jefe de la Sexta Brigada de la Selva del Ejército, Raúl Silva, y el jefe de la Cuarta Dirección Territorial Policial, Javier Uribe.
En dicha reunión, el general Silva le recomendó a Uribe “la postergación del inicio del operativo hasta terminar el despliegue de las tropas”.
Perú.21 ha podido conocer que dicho encuentro se efectuó en la noche, horas después del evento ocurrido en el Comando Conjunto, en Lima. Según fuentes militares, todo indica que, para entonces, Uribe ya sabía que el operativo se ejecutaría al día siguiente, y así se lo hizo saber a Silva.
Ello explicaría la sorpresa de este último y su intento por que la Policía aplazara su decisión hasta que los 800 hombres hubieran terminado de arribar a Bagua. Pero, de acuerdo con las mismas fuentes, Uribe le habría dicho a Silva: “General, son órdenes, es decisión política”.
Una de las conclusiones a las que arriba la Junta Especial de Investigación es contundente: “El comando policial responsable de la conducción del desalojo de la Curva del Diablo inició el operativo sin tener en cuenta el término del despliegue del personal de las FF.AA. solicitado (por la Policía) en apoyo, situación que fue puesta de manifiesto por el comandante general de la Sexta Brigada de la Selva (Silva) en la reunión de coordinación” sostenida con Uribe.
Quedan flotando entonces las siguientes preguntas: ¿Quién tomó la decisión de iniciar el 5 de junio el operativo si no había condiciones para ello? ¿Lo hizo el comando policial sin autorización de la titular del sector, pasándola por alto?
Si no fue en la reunión del 4 de junio entre Flores-Aráoz, Cabanillas y los altos jefes militares, ¿en qué momento se ordenó la operación? Nosotros quisimos hacerle esas preguntas a la ministra Cabanillas, pero, pese a nuestros requerimientos, ello no fue posible.
Un alto oficial presente en esa reunión comentó a este diario que “si ese día no se fijó fecha, fue sencillamente porque las cosas no estaban listas, y si bien un día tentativo era el 5 de junio, eso dependía de que el despliegue de tropas hubiera terminado”.
SABÍA QUE
* En la reunión del 4 de junio en el Comando Conjunto, las FF.AA. acordaron desplazar a Bagua a 100 policías antidrogas desde la base de Santa Lucía –que llegaron a Bagua Chica–, a 100 policías desde Chiclayo y a 100 soldados del Ejército desde el mismo lugar.
* Asimismo, a 150 soldados del Ejército desde Tumbes y a 350 de la Brigada de Fuerzas Especiales (Brife) del Ejército, con sede en Lima. En total, 800 hombres que bien pudieron haber reforzado a los hombres del Gral. Muguruza.
CRONOLOGÍA
3 DE JUNIO
Sesión del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno. Trascendió que el presidente Alan García llamó la atención a Cabanillas por la falta de autoridad en Bagua. Según dijo posteriormente el premier Yehude Simon, ese día en el gabinete se decidió el desalojo de la Curva del Diablo.
4 DE JUNIO
El Pleno del Congreso decidió postergar la votación para derogar los decretos legislativos materia de la controversia en la Amazonía. Ese mismo día, entre las 2 p.m. y las 3 p.m., se reunieron en el Comando Conjunto de las FF.AA. los ministros de Defensa y del Interior, así como jefes militares y policiales.
5 DE JUNIO
Se realizó el operativo policial en Bagua, dejando 34 víctimas mortales, entre policías y nativos.
11 DE JUNIO
Cabanillas declaró en una entrevista que el operativo en la Curva del Diablo no lo decidió ella, sino el comando policial.
Diario Perú 21-Lima 25/06/2009
:: Confirman cargos contra líder indígena Santiago Manuim
CEAS CREE EN INOCENCIA DE MUCHOS PROCESADOS POR SUCESOS DE BAGUA
“Creemos en la inocencia de estas personas”, declaró la abogada Ketty Herrera, de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), órgano de servicio de la Conferencia Episcopal que ve de oficio los casos de 36 de los 84 procesados tras los sucesos de Bagua (Amazonas).
“Hay muchos de los casos que el Vicariato y CEAS está viendo y definitivamente creemos en la inocencia de estas personas”, declaró a CNR. “Hay un grupo minoritario que estamos evaluando, lo cual no quiere decir que sean culpables, sino solo que estamos evaluando y viendo”.
La abogada informó que a la mayor parte de los procesados se les atribuye “muchísimas imputaciones”. Según informa, la mayoría son procesados por cuatro o cinco delitos.
“En realidad a todos los que tienen cargo dirigencial se les ha denunciado por todos los delitos que han podido denunciar”, informó. “Esto implica ir desvirtuando cada uno de los delitos, lo primero porque es imposible que puedan estar en dos lugares a la vez”, señaló tras pedir que a cada una de estas personas se les garantice su derecho a la defensa.
:: Confirman proceso contra Manuim
Muchos de los procesados son líderes indígenas, sindicales y sociales de las provincias de Bagua y Utcubamba. Entre ellos se encuentra Santiago Manuim Valera, reconocido internacionalmente por el Premio Reina Sofía en honor a su trabajo en favor de la amazonía.
Según la lista proporcionada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Manuim Valera se encuentra procesado por los delitos de “homicidio calificado y lesiones graves, contra los medios de transporte público, motín, tranquilidad pública, contra el patrimonio y tenencia ilegal de armas”.
Manuim Valera, según los numerosos testimonios recogidos por el Vicariato de Jaén (Cajamarca), actuó el 5 de junio como intermediador con la policía y fue el primer nativo en caer herido tras recibir en el abdomen una ráfaga de ocho tiros de fusil AKM. Pese a ello, se encuentra en calidad de “no habido”. Como es de conocimiento público, el líder indígena se encuentra internado en el Hospital Las Mercedes de Chiclayo después de ser intervenido quirúrgicamente.
“Ahora lo que queda es que el juez inicie la declaración instructiva de él para ver la posibilidad de una apelación del mandato de detención”, aseveró Herrera. “Nosotros no tenemos duda de su inocencia y estamos realizando todas las acciones posibles a fin de poder establecer esta inocencia ante el juez y los tribunales correspondientes”.
Respecto a las personas que desde el 5 de junio no retornan a sus comunidades, por lo que se encontrarían en calidad de desaparecidos, la abogada del CEAS confirmó que agentes pastorales están levantando listados en las mismas poblaciones indígenas para poder elaborar un listado confiable de las personas ausentes.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 25/06/2009
EXIGEN DEROGACIÓN DE DECRETOS
Decenas de organizaciones campesinas, quechuas y aymaras de Puno cumplen desde ayer un paro de 72 horas, para exigir la derogación de varios decretos legislativos, entre ellos la Ley de Recursos Hídricos, más inversión para el sector agrario y el cierre de las mineras Aruntani, Arasi, Minsur y Ciensa-Cofre, considerados como los principales contaminantes del medio ambiente y ríos.
Por la vía principal que conduce a los distritos de Samán y centros poblados de Sacasco, Puquis, unos dos mil campesinos marchaban coreando consignas con sus reclamos, mientras otro grupo bloqueaba el puente Ramis, único nexo con la provincia de Huancané. “Estamos exigiendo la derogatoria de la Ley de Aguas”, exclamó Paulino Condori Chipana, ex secretario general de la Federación de Campesinos base Samán - Taraco, al tiempo de señalar que lamentablemente ésta es la única manera de poner alto a la política privatista del gobierno.
Néstor Rivera Cruz, presidente de la Federación de Campesinos, señaló su exigencia al gobierno de derogar la ley 29338, “porque en esta ley se ha incorporado los artículos de los decretos legislativos 1081 y 1083, que tienen carácter privatista, concesionaria y centralista, además viola el convenio 169 de la OIT”.
Néstor Rivera, secretario de la Federación Departamental de Campesinos de Puno, explicó que la finalidad de la protesta es exigir al Ejecutivo la derogatoria de los decretos legislativos 1089, 1035, 1020 y 994 y advirtió que al término de la paralización de tres días, si no hay respuesta del gobierno, ni medidas que doten de un mayor presupuesto al sector agrario, las medidas de lucha serán radicalizadas.
Josefina Sosa, miembro del Comité de Lucha de la Cuenca Ramis, visiblemente mortificada por el anuncio que hizo el gobierno de autorizar a las Fuerzas Armadas a restablecer el orden público, dijo “qué le pasa al gobierno, ¿quiere enfrentar a la población?, ¿quiere otro Bagua aquí? Qué podemos esperar de este gobierno neoliberal insensible. El paro es pacífico, pero no hay tránsito para nadie, los transportistas saben que estamos luchando por el agua que nos quiere quitar este gobierno”.
Diario La Primera-Lima 25/06/2009
TRABAJADORES DE DOE RUN PERÚ PIDEN ADMINISTRAR LA OROYA
Recurren al Poder Judicial para tomar control de empresa. Comité Cívico de La Oroya acuerda levantar paralización y desbloquear la Carretera Central durante un mes.
Rocío Maldonado.
Agotados todos los esfuerzos para que Doe Run Perú (DRP) asuma un compromiso serio y así reflotar el complejo metalúrgico de La Oroya, y ante el inminente peligro de cierre, los trabajadores acordaron solicitar la administración judicial de la fundición.
Tras descartar dos opciones, los dirigentes de los cuatro sindicatos de DRP consideraron que lo mejor para garantizar su estabilidad laboral y la viabilidad del complejo metalúrgico era presentar una medida cautelar a fin de obtener la administración de la empresa.
“Ante la intransigencia (de DRP) dijimos ‘muy bien, hasta acá nomás. Vamos a buscar otras alternativas porque con ustedes no va’. La empresa es perniciosa para el funcionamiento del complejo que es el alma laboral de La Oroya”, afirmó el legislador Jorge Del Castillo, quien actúa como facilitador a pedido de los trabajadores.
Del Castillo refirió que la propuesta fue consensuada el martes en la sede del Ministerio de Energía y Minas, en Lima, y luego transmitida a las bases de La Oroya, quienes respaldaron el acuerdo y retornaron a sus labores, poniendo fin a dos días de paralización.
Procedimiento
La medida cautelar sería presentada ante un juzgado de La Oroya, y una vez aceptada (demorará unas semanas), el juez nombrará al administrador judicial, que deberá tener el respaldo de trabajadores, proveedores y acreedores.
“Esta persona no debe tener ninguna influencia de orden político o sindical. Aquí ya existen experiencias como la de Canal 4”, recordó el legislador.
Por su parte, Luis Castillo, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, informó que hoy presentarían la medida cautelar.
El dirigente dijo que no todo está perdido en La Oroya, y que los trabajadores asumen con valentía el reto de reflotar el complejo metalúrgico, que ve diluir sus reservas. “De US$ 90 millones que habían ahora hay US$ 40 millones”, dijo.
Al cierre de la edición, DRP emitió un comunicado que no habla del anuncio de los trabajadores, sino reitera la –según ellos– validez de la propuesta que han presentado.
Las vías fueron liberadas bajo condiciones
Pese a que los trabajadores de DRP acordaron en la madrugada del martes levantar su medida de fuerza, la paralización en La Oroya y el bloqueo de la Carretera Central se mantuvo hasta la noche, pues la sociedad civil exigía conocer los detalles del acuerdo al que llegaron los sindicatos de DRP en Lima.
Por ello se convocó a una reunión para las 4 p.m. Luego el Comité Cívico acordó suspender por 30 días el paro y liberar las vías. El alcalde provincial de Yauli La Oroya, César Augusto Gutiérrez, dijo que aceptaban la decisión de los trabajadores, pero aclaró que la población civil tiene su propia plataforma de lucha, la cual está dirigida a mejorar las condiciones ambientales en esta ciudad minera.
Por su lado, las mineras que proveen de minerales a DRP, a quienes la operadora adeuda US$ 110 millones, evalúan la solución a la que llegaron los sindicatos y el gobierno. No obstante, Roque Benavides, director gerente de Buenaventura, adelantó que su empresa no proporcionará concentrados hasta que no se asegure la cancelación de la deuda y la ejecución del PAMA.
Diario La República-Lima 25/06/2009
DESBLOQUEAN LA OROYA
La Carretera Central estuvo dos días cerrada.
Después de reunirse en asamblea por más de tres horas, los trabajadores de la empresa minera Doe Run, junto a representantes de la sociedad civil y del Comité Cívico de Defensa de La Oroya, acordaron finalmente dar una tregua de 30 días al gobierno y, en consecuencia, permitir el desbloqueo de la Carretera Central.
El anuncio lo hicieron el dirigente de los trabajadores de la empresa minera Doe Run, Alfredo Huarica, y el alcalde de La Oroya, César Gutiérrez.
La decisión fue adoptada luego de una votación a mano alzada que se realizó en la sede del Coliseo Nacional de La Oroya, hasta donde llegaron masivamente los trabajadores, quienes también comunicaron su deseo de hacerse cargo de la administración de la minera Doe Run.
La propuesta de la empresa, en tanto, sería de poner 31 millones de dólares como dinero fresco y otros 156 millones para el pago de las deudas pendientes.
Tras acordar el levantamiento de la huelga, los trabajadores volverán a trabajar en la empresa, mientras que sus esposas abandonaron los piquetes de lucha que mantenían en la zona.
Diario La Primera-Lima 25/06/2009
¿OTRA OPORTUNIDAD A LA EMPRESA?
EL PROBLEMA EN DOE RUN PERÚ SIGUE SIN RESOLVERSE
En menos de 12 horas los trabajadores de la minera Doe Run Perú habrían cambiado de parecer. Anoche, según el congresista Jorge del Castillo, facilitador del diálogo, el Gobierno llegó a un acuerdo con los cuatro sindicatos de trabajadores de la minera, lo que finalmente facilitó el levantamiento del paro por 30 días. Según Del Castillo, los trabajadores habrían aceptado acercarse hoy al Poder Judicial para solicitar una medida cautelar fuera de proceso, con el objetivo de que un juez les otorgue de manera legal la administración judicial del Complejo Metalúrgico de La Oroya y, de manera temporal, la mina Cobriza.
Sin embargo, los trabajadores estarían pensando en darle una oportunidad más a los representantes de Doe Run Perú. Ayer por la tarde, la empresa empezó a circular, en La Oroya, un comunicado en el que se reseñaba la oferta que le hizo al Gobierno, propuesta que por ser parte de las negociaciones con el Estado no podía ser ventilada públicamente hasta no llegar a un acuerdo. Hasta antes de que los trabajadores se enteraran del contenido del comunicado, la única alternativa parecía ser la solicitud de la administración judicial. Ahora, el panorama en el complejo metalúrgico habría cambiado por completo.
DIÁLOGO ENTRAMPADO
El martes por la mañana, el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, y el congresista Jorge del Castillo, proporcionaron a los trabajadores tres salidas. La primera, que la empresa se declare insolvente y se someta a un procedimiento concursal (reestructuración) ante Indecopi, lo que pondría en riesgo la estabilidad laboral de los trabajadores. El procedimiento podría obligar a reducir drásticamente los costos. La segunda, que se continúen las conversaciones con la empresa hasta encontrar una alternativa. Y la tercera, la vía de la administración judicial. De todas estas, los trabajadores aceptaron la última.
Sin embargo, ayer por la tarde, ante el comunicado de Doe Run, el secretario general del sindicato de obreros metalúrgicos, Roiberto Guzmán, convocó a una asamblea en la que se debatió nuevamente la propuesta del Gobierno.
La gran mayoría de trabajadores cuestionó que la administración judicial no significaba una solución al problema. En ese sentido, varios cuestionaron que la sentencia de la medida tardaría en emitirse, tiempo en el que ninguna persona se responsabilizaría por sus salarios.
Roiberto Guzmán señaló que Doe Run estaba quebrada, tal como lo había manifestado un día antes Del Castillo, por lo que se preguntó de dónde conseguirían los capitales para pagar la deuda existente de Doe Run (alrededor de US$250 millones, completar el PAMA (US$73 millones) y adquirir insumos para la producción).
LA CONTRAPROPUESTA
Según Del Castillo, los proveedores de Doe Run (Cormin, Buenaventura, Volcan, AYS y El Brocal) ya se han pronunciado negativamente sobre la propuesta de Doe Run, porque la principal preocupación es que la operadora de La Oroya no ha garantizado el financiamiento del PAMA. Además, la minera había solicitado formalmente una ampliación de este por años —no 30 meses—, lo que para el Gobierno no es viable.
Los obreros están considerando la propuesta, y darle a la empresa un plazo de 48 horas antes de acercarse al Poder Judicial para solicitar la administración judicial.
MÁS DATOS
La propuesta de la minera
La minera dice que se comprometería a disponer de US$31 millones de capital de trabajo y capitalizar los US$156 millones que su accionista principal, Ira Rennert, tiene en la empresa. Sin embargo, los ofrecimientos de capital fresco están desde marzo sin cumplirse.
Doe Run señala que pagarían la tercera parte de la deuda (US$40 millones) a sus proveedores y los restantes US$80 millones en tres años. También solicitarían 30 meses de ampliación del PAMA y lo pagarían con flujo de caja.
Diario El Comercio-Lima 25/06/2009
SR. GARCÍA, ¿AÚN SIGUE USTED GOBERNANDO?
Simon y Cabanillas: ¿Se van o se quedan?
Curioso momento el actual: un premier supuestamente desahuciado se vistió de bombero-peregrino y se puso a dar vueltas por el país para apagar incendios con una manguera de la que brotan acuerdos que probablemente no estará para hacer cumplir, lo cual le augura, a él, un futuro político promisorio, pero al gobierno, una papa caliente como herencia.
Eso es un problema para el gobierno, salvo que el presidente Alan García crea ahora que hay Yehude Simon para rato pues aún no piensa cambiar de premier, mientras que en el Congreso no se podrían reunir los votos para sacarlo.
Las opiniones sobre si es que Simon debe continuar están divididas. Hasta agrupaciones políticas y medios que hace poco demandaron su renuncia por los graves sucesos de Bagua, ahora lo han pensado mejor y ya no creen que deba irse.
Un argumento de algunos que andan en esa onda es que los interpeladores no tienen ‘autoridad moral’ para censurar al premier. Pero la posibilidad no remota de que varios congresistas carecieran de esa condición ética no debiera implicar, necesariamente, que Simon cumpla con todos los requisitos para quedarse. No mezclar papas con camotes, por favor.
Además del premier, se va a decidir el puesto de Mercedes Cabanillas. ¿Se van los dos, uno, o ambos se quedan?
Simon está en busca del tiempo perdido queriendo hacer, en una semana, lo que no hizo en ocho meses. Si se hubiera puesto las pilas así desde el inicio, con perfil propio y agenda concreta, no habría tenido imagen de gatito de sofá (presidencial). Al margen del valioso despliegue negociador que está mostrando, es difícil olvidar que él es parte central de esta crisis, más por omisión que por acción. Él debió impedir que el gobierno se emborrachara de soberbia y se diera cuenta de que algo iba mal recién cuando la selva se tiñó de rojo.
La que también debiera estar haciendo maletas es la ministra del Interior, pues una cosa es con guitarra y otra con 34 cajones. Su responsabilidad política es ineludible, aunque quizá algunos quieran salvar a Simon para que Cabanillas se pueda subir a ese bote salvavidas cuyo destino es incierto.
Al margen del resultado de la interpelación y de su actuación reciente, Simon debiera dar un paso al costado, por su bien pero más por el de un gobierno que necesita, con urgencia, refresco para superar el complejo momento actual y encarar los duros dos años que se vienen.
La crisis sigue y el presidente García, quien en estos días complicados brilla por su ausencia en la escena pública, debería tomar decisiones prontas para zanjar de una vez el limbo político en el que andamos, con un premier que va por el país como un dead-man-walking.
Diario La República-Lima 25/06/2009
En tanto, Doe Run presentará mañana una propuesta técnica que le permita seguir funcionando
TRABAJADORES DE DOE RUN DAN TREGUA DE 30 DÍAS Y LEVANTAN PARO
Luego de reunirse por más de tres horas en una multitudinaria asamblea, los trabajadores de la minera Doe Run, junto a representantes de la sociedad civil y el Comité Cívico en Defensa de La Oroya que realiza negociaciones con el Estado, acordaron dar una tregua de 30 días al gobierno y la empresa tras conocer los términos de las negociaciones.
Según información de corresponsales en la zona, ya se ha iniciado el desbloqueo de la Carretera Central, que desde el pasado lunes permaneció interrumpida.
Por la mañana, el congresista Jorge del Castillo, mediador en el conflicto, confirmó que una comitiva que representa a los trabajadores interpondrá ante Poder Judicial una medida cautelar para que la administración de la compañía pase a manos de los trabajadores del complejo metalúrgico.
Ante ello, pese a que los trabajadores se mostraron conformes con la decisión y consideraron además necesaria la participación de otras mineras de responsabilidad social para sacar adelante la empresa, las esposas de los empleados mantenían bloqueada la carretera exigiendo que la decisión de llevar la solución del conflicto al Poder Judicial sea un acuerdo de consenso entre todos los representantes sindicales.
La posición Doe Run
Pese a que todo indica que Doe Run Perú (DRP) se halla en inminente estado de quiebra —prueba de ello sería que los trabajadores asumirían la administración de la compañía—, la minera anunció que emitirá un comunicado desmintiendo esas versiones.
El vicepresidente corporativo de asuntos ambientales de Doe Run, José Mogrovejo, informó que en breve comunicarán la posición de la firma en relación al conflicto, afirmando, en primer lugar, que DRP no está en quiebra.
“La empresa no está en bancarrota, no es una empresa quebrada. Nosotros estamos presentando una propuesta técnica y realista que asegura la viabilidad de La Oroya en el largo plazo”, aseveró.
Según fuentes de CNR, la propuesta de Doe Run sería aportar 30 millones de dólares, que, sumado al aporte de 175 millones adicionales que harían otras empresas, buscarían reflotar la minera.
En tanto, los trabajadores anunciaron que mañana presentarán la medida cautelar ante el Poder Judicial para que se les conceda la administración de la compañía.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 24/06/2009
2 mil pobladores del Valle Condebamba dieron ultimátum a la empresa minera Vale Perú (antes Miski Mayo) para que retire su maquinaria de cerro Mogol, de lo contrario iniciará un conflicto de magnitudes mayores.
El lunes 29 de junio es la fecha límite para que la compañía abandone las exploraciones en la zona.
Esta advertencia se dio en la víspera, durante la audiencia pública realizada en el centro poblado Campo Alegre, jurisdicción del distrito Eduardo Villanueva (provincia San Marcos); donde la empresa venía operando.
Además, las comunidades exigen la anulación de la concesión otorgada por el Ejecutivo.
Para lograr la nulidad del permiso otorgado por el gobierno central se ha conformado una comisión, la cual viajará a la capital para pedir ante las instancias correspondientes deje sin efecto cualquier permiso de exploración y explotación minera en la zona.
Participaron de la audiencia representantes del Ministerio de Energía y Minas, del Gobierno Regional y los delegados de 60 comunidades apostadas en el valle. Los ejecutivos de Vale Perú, no acudieron – según se conoció – por falta de garantías para su integridad.
Esta reunión fue resguardada por un contingente de cien efectivos de catorce Dirección Territorial de la Policía Nacional. No se suscitaron hechos violentos y la audiencia se desarrolló en un clima pacífico.
En la audiencia, Martín Del Alcázar Chávez, director general de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, recibió por parte de los pobladores los estudios técnicos que demuestran que la zona de denuncio es cabecera de cuenca.
De acuerdo a informes emitidos por el Proyecto de Zonificación Ecológica y Económica y Ordenamiento Territorial (ZEE-OT) el denuncio minero esta ubicado en una zona eminentemente agrícola y ganadera, además de ser naciente de cuenca hídrica.
Chanel Ruiz, consejero regional de la provincia San Marcos, pidió que cesen los hostigamientos y persecución a los pobladores y dirigentes de la zona que se oponen a la minería.
Como se recuerda se han suscitado protestas, toma de carreteras y enfrentamientos, por lo que se han formulado denuncias contra los dirigentes las cuales se han ventilado en el Poder Judicial.
LAS CIFRAS
-Mil 800 kilómetros cuadrados es el total del denuncio minero en el Valle Condebamba.
-15 mil litros de leche fresca se obtienen cada día en la zona.
-12 mil cuyes semanales comercializan las comunidades del lugar.
LO QUE DIJERON
Tulio Mondragón – subgerente regional de recursos naturales
No es Presidente aquel que no sabe escuchar. El presidente García no tiene oídos para atender las necesidades del pueblo, se han dado leyes para promover la inversión, pero debe primero que nada escucharse la voluntad de los pueblos, la voluntad de los gobiernos municipales, la voluntad de los gobiernos regionales. Los pueblos tienen derecho a la soberanía, ha decidir sobre su futuro.
Eduardo Barreto – Director Regional de Energía y Minas
La empresa Vale Perú no ha cumplido con el proceso de socialización. No ha logrado acercarse a la gente. Pero debe quedar claro que el gobierno regional ha cumplido con la promesa de la audiencia pública, con escuchar la voz del pueblo.
Diario Panorama Cajamarquino 25/06/2009
SIMON TUVO TRASPIÉ EN CANCHIS
Premier abandonó Sicuani entre piedras y bombas lacrimógenas. Dirigentes insisten en exigir la nulidad de las concesiones mineras y del proyecto Salcca Pukara. El Ejecutivo les haría hoy una nueva propuesta.
Flor Huilca.
La otra cara de Andahuaylas esperó al premier Yehude Simon en la provincia de Canchis, Cusco. Fueron cuatro horas de diálogo con el Comité de Lucha de esta provincia, pero al final no se llegó a un acuerdo para levantar la medida de fuerza que hoy cumple 15 días. Por el contrario, el presidente del Consejo de Ministros debió abandonar esta ciudad protegido por un fuerte contingente policial y en medio de una lluvia de piedras.
Simon advirtió el desenlace desde el inicio. Dijo a los dirigentes del Comité de Lucha, presidido por Alejo Valdez, que pondría su mejor disposición para discutir sus demandas, aunque tenía conocimiento de que el paro no se levantaría. “Sé que ya tienen un acuerdo para continuar con el paro, aun así vamos a conversar”, señaló.
La cita estuvo a punto de no iniciarse. El premier y su comitiva de ministros de Trabajo, Energía y Minas y Agricultura debieron esperar más de una hora y media a los integrantes del Comité de Lucha y luego casi suspenden la reunión debido a que los dirigentes condicionaban el inicio del diálogo a la liberación del profesor Hugo Fernández Huamán, detenido el lunes con ocho botellas de gasolina.
Intransigencias
Simon explicó a los dirigentes que el Ejecutivo no puede interferir en el Poder Judicial, pero se comprometió a enviar una comunicación pidiendo un debido proceso para el detenido. Un momento dramático de este hecho fue cuando la madre del profesor, Nemesia Huamán, rompió en llanto y de rodillas pidió al premier la libertad para su hijo.
Simon increpó al abogado del profesor, Julio Quintanilla, a ser claro sobre las funciones del Ejecutivo. Y ante la insistencia de los dirigentes de poner este tema como prioritario antes que la discusión de sus reclamos, Simon dijo que a su pedido iría al Cusco para ver la situación del maestro. Mientras tanto, el diálogo quedaba suspendido.
La reacción de los dirigentes fue de contrariedad. Algunos pedían iniciar el diálogo y otros se mantenían en su posición. Ante ello, Alejo Valdez pidió un intermedio y regresaron con el acuerdo de iniciar el diálogo, algo que no prosperó.
El Comité de Lucha planteó como temas de agenda la derogación de la Ley de Recursos Hídricos, la de la Carrera Pública Magisterial y la que penaliza las protestas; también la nulidad de las concesiones mineras y de la concesión de la central hidroeléctrica Salcca Pukara, así como declarar en emergencia a los criadores de camélidos y su negativa a un crédito japonés para la red de agua y desagüe de Sicuani.
Las dos últimas demandas fueron atendidas por Simon, y además se acordó formar una mesa de trabajo para discutir la Ley de Carrera Pública Magisterial. Pero lo que impidió llegar a acuerdos fue la cerrada defensa de los dirigentes a aceptar otras propuestas que no sea la nulidad de las concesiones mineras y de Salcca Pukara.
El premier dijo que no se puede declarar nula una concesión, pero propuso que se revisen las concesiones dadas en el Cusco; y en el caso de Salcca Pukara, planteó que se consultaría a la población si acepta el proyecto una vez que culmine el estudio de impacto ambiental.
Los dirigentes no aceptaron esa propuesta e insistieron en la nulidad, ante lo cual el premier se comprometió a consultar el tema al Consejo de Ministros y a enviar hoy una nueva propuesta. Los dirigentes, a su vez, dijeron que enviarían la contrapropuesta al día siguiente. Luego, Simon abandonó la reunión invocando una tregua en la paralización, algo que no fue aceptado.
Mientras el diálogo se producía en la sede de la municipalidad, en la plaza de armas de Sicuani, capital de Canchis, se concentraban al menos 5 mil campesinos. La mayoría pertenecía a la provincia de Acomayo. Estos manifestantes lanzaron piedras y botellas de plástico a la comitiva de ministros cuando se retiró del lugar.
Ningún proyectil impactó a Simon, quien subió a una camioneta y fue trasladado en helicóptero al Cusco, desde donde partió a Lima para reunirse con el Gabinete.
Paro en puno y arequipa
Mientras el premier negociaba en Canchis, en las demás provincias de Cusco, Puno y Arequipa se iniciaba un paro de 72 horas que también se caracterizó por bloqueos.
En Puno, la paralización es convocada por la Federación Departamental de Campesinos de Puno, y en su primer día fue acatada de manera parcial, pues mientras en las zonas urbanas las entidades públicas y los comercios atendieron con normalidad, en las provincias el paro fue contundente.
Como en Andahuaylas y Canchis, entre las principales demandas de Sicuani están la derogación de la Ley de Recursos Hídricos y de la Carrera Pública Magisterial, además de la suspensión de las concesiones mineras y hasta la vacancia del presidente Alan García.
Si bien en la misma Juliaca no se obstruyeron vías, el servicio de transporte urbano fue restringido y miles de campesinos bloquearon la carretera que lleva a Huancané.
En Arequipa, más de mil agricultores de la Pampa de Majes exigieron, además de la derogación de la Ley de Aguas, la paralización de la construcción de la Represa de Bamputañe, pues dicen que afectaría la Represa de Condoroma, que abastece de agua a dicha irrigación y lugares aledaños.
Datos
HERIDO. Cuando Simon subía a su vehículo, desde una de las dos camionetas que lo resguardaban se lanzaron bombas lacrimógenas contra manifestantes que amenazaban con avanzar. Uno de los proyectiles impactó en Antonio Arcca Hancco.
Desbloqueo. Para evitar el desabastecimiento, los huelguistas “liberaron” las carreteras entre las 7 y 9 de la noche de ayer. Por efectos del bloqueo de vías los precios en el Cusco se dispararon y varios grifos no tienen stock.
En Puno, FFAA tienen licencia para intervenir
El Ministerio de Defensa autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional por un periodo de 10 días en el departamento de Puno, donde se acata un paro de 72 horas. La medida tiene como objetivo garantizar el normal funcionamiento de los servicios esenciales, como agua, energía eléctrica, aeropuertos, vías de acceso y puentes. Se precisa que el control del orden interno de Puno permanecerá a cargo de la Policía Nacional.
El bloqueo de carreteras tiene incomunicadas a la mayoría de provincias de Puno. Unos cinco mil comuneros tomaron la vía que une Juliaca con las provincias de Sandia, Moho y San Antonio de Putina, entre otras. Situación similar se vivió en la vía Juliaca-Cusco y en Azángaro, donde los comuneros bloquearon las carreteras que conducen a Progreso y Asillo. En la provincia de El Collao-Ilave se registraron bloqueos en las comunidades de Chijichaya, Cutiri y Chucalla.
El secretario general del comité de la Federación de Campesinos de Puno (FDCP), Néstor Rivera, anunció que hoy y mañana la paralización será radical.
Diario La República-Lima 25/06/2009
CRITICAN FALTA DE ACUERDOS CONCRETOS EN REUNIÓN ENTRE SIMON Y CUSQUEÑOS
El presidente del Comité de Lucha de Canchis, Alejo Valdez, cuestionó la mesa de diálogo realizada ayer entre los dirigentes de la referida provincia cusqueña y el premier Yehude Simon, al señalar que un espacio de tal magnitud "no es para plantear posiciones sin llegar a un acuerdo".
En la víspera, Simon Munaro se reunió por más de seis horas con delegaciones de las localidades de Tinta, Combapata, Comara y San Pedro, entre otras, para recoger sus demandas para derogar la no concesión del proyecto hidroenergético Salta-Pucará y la derogatoria de la Ley de Recursos Hídricos, conocida como Ley de Aguas.
Sobre éstos puntos, Valdez demandó la inmediata anulación de las concesiones mineras y proyectos hidroenergéticos toda vez que éstos nunca fueron consultados con la población.
“Entendemos que el Poder Ejecutivo tiene poder de pronunciarse sobre los proyectos de Salta-Pucará y las concesiones mineras en Canchis; estos debieron ser consultados a los pueblos y comunidades campesinas. Al no consultar los pueblos se sienten marginados”, subrayó.
El dirigente recordó que en Canchis existen 42 concesiones ubicadas en las partes altas de la provincia, lo cual estaría generando contaminación en los ríos que alimentan las cuencas del Vilcanota Grande y del río Urubamba.
Por otro lado, ratificó que este mediodía se desarrollará una reunión con todas las bases para determinar si continúan con el paro indefinido que acatan desde hace 14 días o le otorgan una tregua al gobierno central.
“Hemos pedido reconsideración para continuar con la mesa de dialogo. Mañana (viernes) vamos a enviar (a Lima) vía fax nuestra evaluación y análisis, para que sepan (las autoridades) que sienten las diferentes bases”, concluyó.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 25/06/2009
EN SICUANI NO SE LLEGÓ A ACUERDO Y PARO CONTINÚA
El Ejecutivo enviará hoy una nueva propuesta de solución a los comuneros. Ellos exigen que hidroeléctrica se cancele y que se prohíban las concesiones mineras.
A diferencia del diálogo de Andahuaylas, la comisión del Ejecutivo que se reunió ayer con los representantes de las comunidades campesinas de Canchis (Cusco) no pudo conseguir el levantamiento de las medidas de fuerza en la zona, que hoy cumplen 15 días. Eso se definiría esta tarde, después de que las bases analicen la nueva propuesta de solución que les enviará temprano la Presidencia del Consejo de Ministros.
Al término del diálogo con el premier Yehude Simon y con su comitiva de tres ministros, Alejandro Valdez, dirigente del Frente de Defensa de los Intereses de Canchis, dijo que ellos se mantendrán en su pedido de anular el proyecto hidroeléctrico Salcca Pukará y en que no se permita ninguna concesión minera en la región.
La posición del Ejecutivo consistía en consultar a la población afectada por el proyecto hidroeléctrico y en no permitir ninguna explotación minera que no cuente con la aprobación de las comunidades.
“No podemos levantar las medidas de fuerza porque debemos evaluar el documento del Ejecutivo. Mañana (hoy) decidiremos si damos tregua por algunas horas”, expresó Valdez, quien indicó que el Cusco, por ser Patrimonio Cultural de la Humanidad, debe tener un marco especial para proteger sus recursos hídricos, la flora y la fauna.
INICIO CON RETRASO. La discusión de las demandas se inició recién al mediodía, pese a que Simon había llegado a la sede de la Municipalidad de Sicuani horas antes. Esto sucedió porque los campesinos exigían la liberación del profesor Hugo Fernández Huamán, quien el 16 de junio fue detenido por la Policía por llevar bombas molotov.
Simon declaró que en este punto solo podía exhortar al Poder Judicial a que se respete el debido proceso, pero nada más. Después de algunas horas de deliberaciones, los campesinos aceptaron iniciar el diálogo.
SALIDA ACCIDENTADA. No obstante, las conversaciones no fueron tan extensas como en la víspera, en Andahuaylas. A las 4 de la tarde, Simon y su comitiva abandonaron Sicuani para volver a Lima y discutir, en el Consejo de Ministros, la nueva propuesta de solución que enviarán hoy. Según RPP, la salida de los representantes del Gobierno fue bastante accidentada debido al malestar de la población.
De otro lado, anoche, los comuneros decidieron abrir algunas vías para permitir el pase de productos.
Diario Perú 21-Lima 25/06/2009
LA POLICÍA SÍ SE APRESURÓ EN INICIAR EL OPERATIVO DE BAGUA
Un día antes del desalojo se reunieron los titulares de Defensa, del Interior y altos oficiales. En la cita no se fijó fecha para el operativo, pero se hizo al día siguiente sin refuerzos.
Apresuramiento. Esto no hubiera ocurrido si los que dieron la orden de desalojo hubieran esperado refuerzos. (Giancarlo Shibayama)
Por Daniel Yovera
Documentos militares rotulados como “secretos”, a los que tuvo acceso Perú.21, confirman que la Policía Nacional del Perú (PNP) se apresuró en dar inicio al operativo policial de desalojo de la llamada Curva del Diablo, en Bagua, el pasado 5 de junio.
Según los mismos, un día antes de la intervención policial, es decir, el 4 de junio, se llevó a cabo una reunión de alto nivel en la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) para planificar un operativo coordinado. Estuvieron el ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz; la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas; el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, y el jefe del Comando Conjunto, Francisco Contreras.
Sin embargo, en la reunión no se determinó que la operación debía empezar el 5 de junio, como al final ocurrió. En realidad, no se fijó ni el día ni la hora del operativo, pues se entiende que primero tenían que llegar a la zona –para auxiliar a los efectivos ya presentes– 800 hombres, entre militares y policías, provenientes de Lima, Tumbes y Chiclayo. Pero, lejos de esperar a que se concretara este despliegue, al día siguiente, muy temprano, la Policía inició el desalojo de la carretera con los pocos hombres que tenía, y, como se sabe, las cosas salieron mal. Alguien, sin duda, se apresuró.
REUNIÓN CLAVE. En la reunión del 4 de junio en el Comando Conjunto también estaban presentes, por el lado militar, el comandante general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Pedro Minaya, y el jefe del Comando Operacional Aéreo, Walter Vojvodic; y, por el lado policial, el director general de la PNP, general José Sánchez Farfán; el director de Operaciones, Luis Muguruza, y el director de Inteligencia, César Pasco.
Según el Acta de la Junta Especial de Investigación Operativa de los sucesos de Bagua –que fue elevada al CCFFAA y al Ministerio de Defensa–, en la reunión del 4 de junio se estableció “el apoyo a ser proporcionado por las FF.AA. a la PNP, (pero) no se establece plazos, asumiéndose que estos se concretarán de acuerdo al tiempo que dure el despliegue de las tropas”.
Pero los 800 militares y policías que iban a reforzar a los hombres del jefe de la Dinoes, general Luis Muguruza, quien tenía a cargo el operativo, aún no habían sido enviados.
Pese a ello, según se lee en el documento, “esta consideración no es tomada en el planeamiento realizado por la PNP con motivo de dar inicio al operativo policial de desalojo (y) la fecha y hora no fue de conocimiento de los comandos militares” involucrados en la operación.
Es más, otro documento de la misma junta investigadora señala que “además de no esperar el despliegue del personal de las FF.AA., tampoco se esperó el arribo del personal de la PNP antes de dar inicio al operativo policial” del 5 de junio.
ENCUENTRO EN BAGUA. Esa no fue la única reunión que hoy pone en evidencia el apresuramiento policial. Según el Acta de la Junta Especial, el 4 de junio también se llevó a cabo un encuentro en Bagua entre el jefe de la Sexta Brigada de la Selva del Ejército, Raúl Silva, y el jefe de la Cuarta Dirección Territorial Policial, Javier Uribe.
En dicha reunión, el general Silva le recomendó a Uribe “la postergación del inicio del operativo hasta terminar el despliegue de las tropas”.
Perú.21 ha podido conocer que dicho encuentro se efectuó en la noche, horas después del evento ocurrido en el Comando Conjunto, en Lima. Según fuentes militares, todo indica que, para entonces, Uribe ya sabía que el operativo se ejecutaría al día siguiente, y así se lo hizo saber a Silva.
Ello explicaría la sorpresa de este último y su intento por que la Policía aplazara su decisión hasta que los 800 hombres hubieran terminado de arribar a Bagua. Pero, de acuerdo con las mismas fuentes, Uribe le habría dicho a Silva: “General, son órdenes, es decisión política”.
Una de las conclusiones a las que arriba la Junta Especial de Investigación es contundente: “El comando policial responsable de la conducción del desalojo de la Curva del Diablo inició el operativo sin tener en cuenta el término del despliegue del personal de las FF.AA. solicitado (por la Policía) en apoyo, situación que fue puesta de manifiesto por el comandante general de la Sexta Brigada de la Selva (Silva) en la reunión de coordinación” sostenida con Uribe.
Quedan flotando entonces las siguientes preguntas: ¿Quién tomó la decisión de iniciar el 5 de junio el operativo si no había condiciones para ello? ¿Lo hizo el comando policial sin autorización de la titular del sector, pasándola por alto?
Si no fue en la reunión del 4 de junio entre Flores-Aráoz, Cabanillas y los altos jefes militares, ¿en qué momento se ordenó la operación? Nosotros quisimos hacerle esas preguntas a la ministra Cabanillas, pero, pese a nuestros requerimientos, ello no fue posible.
Un alto oficial presente en esa reunión comentó a este diario que “si ese día no se fijó fecha, fue sencillamente porque las cosas no estaban listas, y si bien un día tentativo era el 5 de junio, eso dependía de que el despliegue de tropas hubiera terminado”.
SABÍA QUE
* En la reunión del 4 de junio en el Comando Conjunto, las FF.AA. acordaron desplazar a Bagua a 100 policías antidrogas desde la base de Santa Lucía –que llegaron a Bagua Chica–, a 100 policías desde Chiclayo y a 100 soldados del Ejército desde el mismo lugar.
* Asimismo, a 150 soldados del Ejército desde Tumbes y a 350 de la Brigada de Fuerzas Especiales (Brife) del Ejército, con sede en Lima. En total, 800 hombres que bien pudieron haber reforzado a los hombres del Gral. Muguruza.
CRONOLOGÍA
3 DE JUNIO
Sesión del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno. Trascendió que el presidente Alan García llamó la atención a Cabanillas por la falta de autoridad en Bagua. Según dijo posteriormente el premier Yehude Simon, ese día en el gabinete se decidió el desalojo de la Curva del Diablo.
4 DE JUNIO
El Pleno del Congreso decidió postergar la votación para derogar los decretos legislativos materia de la controversia en la Amazonía. Ese mismo día, entre las 2 p.m. y las 3 p.m., se reunieron en el Comando Conjunto de las FF.AA. los ministros de Defensa y del Interior, así como jefes militares y policiales.
5 DE JUNIO
Se realizó el operativo policial en Bagua, dejando 34 víctimas mortales, entre policías y nativos.
11 DE JUNIO
Cabanillas declaró en una entrevista que el operativo en la Curva del Diablo no lo decidió ella, sino el comando policial.
Diario Perú 21-Lima 25/06/2009
:: Confirman cargos contra líder indígena Santiago Manuim
CEAS CREE EN INOCENCIA DE MUCHOS PROCESADOS POR SUCESOS DE BAGUA
“Creemos en la inocencia de estas personas”, declaró la abogada Ketty Herrera, de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), órgano de servicio de la Conferencia Episcopal que ve de oficio los casos de 36 de los 84 procesados tras los sucesos de Bagua (Amazonas).
“Hay muchos de los casos que el Vicariato y CEAS está viendo y definitivamente creemos en la inocencia de estas personas”, declaró a CNR. “Hay un grupo minoritario que estamos evaluando, lo cual no quiere decir que sean culpables, sino solo que estamos evaluando y viendo”.
La abogada informó que a la mayor parte de los procesados se les atribuye “muchísimas imputaciones”. Según informa, la mayoría son procesados por cuatro o cinco delitos.
“En realidad a todos los que tienen cargo dirigencial se les ha denunciado por todos los delitos que han podido denunciar”, informó. “Esto implica ir desvirtuando cada uno de los delitos, lo primero porque es imposible que puedan estar en dos lugares a la vez”, señaló tras pedir que a cada una de estas personas se les garantice su derecho a la defensa.
:: Confirman proceso contra Manuim
Muchos de los procesados son líderes indígenas, sindicales y sociales de las provincias de Bagua y Utcubamba. Entre ellos se encuentra Santiago Manuim Valera, reconocido internacionalmente por el Premio Reina Sofía en honor a su trabajo en favor de la amazonía.
Según la lista proporcionada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Manuim Valera se encuentra procesado por los delitos de “homicidio calificado y lesiones graves, contra los medios de transporte público, motín, tranquilidad pública, contra el patrimonio y tenencia ilegal de armas”.
Manuim Valera, según los numerosos testimonios recogidos por el Vicariato de Jaén (Cajamarca), actuó el 5 de junio como intermediador con la policía y fue el primer nativo en caer herido tras recibir en el abdomen una ráfaga de ocho tiros de fusil AKM. Pese a ello, se encuentra en calidad de “no habido”. Como es de conocimiento público, el líder indígena se encuentra internado en el Hospital Las Mercedes de Chiclayo después de ser intervenido quirúrgicamente.
“Ahora lo que queda es que el juez inicie la declaración instructiva de él para ver la posibilidad de una apelación del mandato de detención”, aseveró Herrera. “Nosotros no tenemos duda de su inocencia y estamos realizando todas las acciones posibles a fin de poder establecer esta inocencia ante el juez y los tribunales correspondientes”.
Respecto a las personas que desde el 5 de junio no retornan a sus comunidades, por lo que se encontrarían en calidad de desaparecidos, la abogada del CEAS confirmó que agentes pastorales están levantando listados en las mismas poblaciones indígenas para poder elaborar un listado confiable de las personas ausentes.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 25/06/2009
EXIGEN DEROGACIÓN DE DECRETOS
Decenas de organizaciones campesinas, quechuas y aymaras de Puno cumplen desde ayer un paro de 72 horas, para exigir la derogación de varios decretos legislativos, entre ellos la Ley de Recursos Hídricos, más inversión para el sector agrario y el cierre de las mineras Aruntani, Arasi, Minsur y Ciensa-Cofre, considerados como los principales contaminantes del medio ambiente y ríos.
Por la vía principal que conduce a los distritos de Samán y centros poblados de Sacasco, Puquis, unos dos mil campesinos marchaban coreando consignas con sus reclamos, mientras otro grupo bloqueaba el puente Ramis, único nexo con la provincia de Huancané. “Estamos exigiendo la derogatoria de la Ley de Aguas”, exclamó Paulino Condori Chipana, ex secretario general de la Federación de Campesinos base Samán - Taraco, al tiempo de señalar que lamentablemente ésta es la única manera de poner alto a la política privatista del gobierno.
Néstor Rivera Cruz, presidente de la Federación de Campesinos, señaló su exigencia al gobierno de derogar la ley 29338, “porque en esta ley se ha incorporado los artículos de los decretos legislativos 1081 y 1083, que tienen carácter privatista, concesionaria y centralista, además viola el convenio 169 de la OIT”.
Néstor Rivera, secretario de la Federación Departamental de Campesinos de Puno, explicó que la finalidad de la protesta es exigir al Ejecutivo la derogatoria de los decretos legislativos 1089, 1035, 1020 y 994 y advirtió que al término de la paralización de tres días, si no hay respuesta del gobierno, ni medidas que doten de un mayor presupuesto al sector agrario, las medidas de lucha serán radicalizadas.
Josefina Sosa, miembro del Comité de Lucha de la Cuenca Ramis, visiblemente mortificada por el anuncio que hizo el gobierno de autorizar a las Fuerzas Armadas a restablecer el orden público, dijo “qué le pasa al gobierno, ¿quiere enfrentar a la población?, ¿quiere otro Bagua aquí? Qué podemos esperar de este gobierno neoliberal insensible. El paro es pacífico, pero no hay tránsito para nadie, los transportistas saben que estamos luchando por el agua que nos quiere quitar este gobierno”.
Diario La Primera-Lima 25/06/2009
TRABAJADORES DE DOE RUN PERÚ PIDEN ADMINISTRAR LA OROYA
Recurren al Poder Judicial para tomar control de empresa. Comité Cívico de La Oroya acuerda levantar paralización y desbloquear la Carretera Central durante un mes.
Rocío Maldonado.
Agotados todos los esfuerzos para que Doe Run Perú (DRP) asuma un compromiso serio y así reflotar el complejo metalúrgico de La Oroya, y ante el inminente peligro de cierre, los trabajadores acordaron solicitar la administración judicial de la fundición.
Tras descartar dos opciones, los dirigentes de los cuatro sindicatos de DRP consideraron que lo mejor para garantizar su estabilidad laboral y la viabilidad del complejo metalúrgico era presentar una medida cautelar a fin de obtener la administración de la empresa.
“Ante la intransigencia (de DRP) dijimos ‘muy bien, hasta acá nomás. Vamos a buscar otras alternativas porque con ustedes no va’. La empresa es perniciosa para el funcionamiento del complejo que es el alma laboral de La Oroya”, afirmó el legislador Jorge Del Castillo, quien actúa como facilitador a pedido de los trabajadores.
Del Castillo refirió que la propuesta fue consensuada el martes en la sede del Ministerio de Energía y Minas, en Lima, y luego transmitida a las bases de La Oroya, quienes respaldaron el acuerdo y retornaron a sus labores, poniendo fin a dos días de paralización.
Procedimiento
La medida cautelar sería presentada ante un juzgado de La Oroya, y una vez aceptada (demorará unas semanas), el juez nombrará al administrador judicial, que deberá tener el respaldo de trabajadores, proveedores y acreedores.
“Esta persona no debe tener ninguna influencia de orden político o sindical. Aquí ya existen experiencias como la de Canal 4”, recordó el legislador.
Por su parte, Luis Castillo, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, informó que hoy presentarían la medida cautelar.
El dirigente dijo que no todo está perdido en La Oroya, y que los trabajadores asumen con valentía el reto de reflotar el complejo metalúrgico, que ve diluir sus reservas. “De US$ 90 millones que habían ahora hay US$ 40 millones”, dijo.
Al cierre de la edición, DRP emitió un comunicado que no habla del anuncio de los trabajadores, sino reitera la –según ellos– validez de la propuesta que han presentado.
Las vías fueron liberadas bajo condiciones
Pese a que los trabajadores de DRP acordaron en la madrugada del martes levantar su medida de fuerza, la paralización en La Oroya y el bloqueo de la Carretera Central se mantuvo hasta la noche, pues la sociedad civil exigía conocer los detalles del acuerdo al que llegaron los sindicatos de DRP en Lima.
Por ello se convocó a una reunión para las 4 p.m. Luego el Comité Cívico acordó suspender por 30 días el paro y liberar las vías. El alcalde provincial de Yauli La Oroya, César Augusto Gutiérrez, dijo que aceptaban la decisión de los trabajadores, pero aclaró que la población civil tiene su propia plataforma de lucha, la cual está dirigida a mejorar las condiciones ambientales en esta ciudad minera.
Por su lado, las mineras que proveen de minerales a DRP, a quienes la operadora adeuda US$ 110 millones, evalúan la solución a la que llegaron los sindicatos y el gobierno. No obstante, Roque Benavides, director gerente de Buenaventura, adelantó que su empresa no proporcionará concentrados hasta que no se asegure la cancelación de la deuda y la ejecución del PAMA.
Diario La República-Lima 25/06/2009
DESBLOQUEAN LA OROYA
La Carretera Central estuvo dos días cerrada.
Después de reunirse en asamblea por más de tres horas, los trabajadores de la empresa minera Doe Run, junto a representantes de la sociedad civil y del Comité Cívico de Defensa de La Oroya, acordaron finalmente dar una tregua de 30 días al gobierno y, en consecuencia, permitir el desbloqueo de la Carretera Central.
El anuncio lo hicieron el dirigente de los trabajadores de la empresa minera Doe Run, Alfredo Huarica, y el alcalde de La Oroya, César Gutiérrez.
La decisión fue adoptada luego de una votación a mano alzada que se realizó en la sede del Coliseo Nacional de La Oroya, hasta donde llegaron masivamente los trabajadores, quienes también comunicaron su deseo de hacerse cargo de la administración de la minera Doe Run.
La propuesta de la empresa, en tanto, sería de poner 31 millones de dólares como dinero fresco y otros 156 millones para el pago de las deudas pendientes.
Tras acordar el levantamiento de la huelga, los trabajadores volverán a trabajar en la empresa, mientras que sus esposas abandonaron los piquetes de lucha que mantenían en la zona.
Diario La Primera-Lima 25/06/2009
¿OTRA OPORTUNIDAD A LA EMPRESA?
EL PROBLEMA EN DOE RUN PERÚ SIGUE SIN RESOLVERSE
En menos de 12 horas los trabajadores de la minera Doe Run Perú habrían cambiado de parecer. Anoche, según el congresista Jorge del Castillo, facilitador del diálogo, el Gobierno llegó a un acuerdo con los cuatro sindicatos de trabajadores de la minera, lo que finalmente facilitó el levantamiento del paro por 30 días. Según Del Castillo, los trabajadores habrían aceptado acercarse hoy al Poder Judicial para solicitar una medida cautelar fuera de proceso, con el objetivo de que un juez les otorgue de manera legal la administración judicial del Complejo Metalúrgico de La Oroya y, de manera temporal, la mina Cobriza.
Sin embargo, los trabajadores estarían pensando en darle una oportunidad más a los representantes de Doe Run Perú. Ayer por la tarde, la empresa empezó a circular, en La Oroya, un comunicado en el que se reseñaba la oferta que le hizo al Gobierno, propuesta que por ser parte de las negociaciones con el Estado no podía ser ventilada públicamente hasta no llegar a un acuerdo. Hasta antes de que los trabajadores se enteraran del contenido del comunicado, la única alternativa parecía ser la solicitud de la administración judicial. Ahora, el panorama en el complejo metalúrgico habría cambiado por completo.
DIÁLOGO ENTRAMPADO
El martes por la mañana, el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, y el congresista Jorge del Castillo, proporcionaron a los trabajadores tres salidas. La primera, que la empresa se declare insolvente y se someta a un procedimiento concursal (reestructuración) ante Indecopi, lo que pondría en riesgo la estabilidad laboral de los trabajadores. El procedimiento podría obligar a reducir drásticamente los costos. La segunda, que se continúen las conversaciones con la empresa hasta encontrar una alternativa. Y la tercera, la vía de la administración judicial. De todas estas, los trabajadores aceptaron la última.
Sin embargo, ayer por la tarde, ante el comunicado de Doe Run, el secretario general del sindicato de obreros metalúrgicos, Roiberto Guzmán, convocó a una asamblea en la que se debatió nuevamente la propuesta del Gobierno.
La gran mayoría de trabajadores cuestionó que la administración judicial no significaba una solución al problema. En ese sentido, varios cuestionaron que la sentencia de la medida tardaría en emitirse, tiempo en el que ninguna persona se responsabilizaría por sus salarios.
Roiberto Guzmán señaló que Doe Run estaba quebrada, tal como lo había manifestado un día antes Del Castillo, por lo que se preguntó de dónde conseguirían los capitales para pagar la deuda existente de Doe Run (alrededor de US$250 millones, completar el PAMA (US$73 millones) y adquirir insumos para la producción).
LA CONTRAPROPUESTA
Según Del Castillo, los proveedores de Doe Run (Cormin, Buenaventura, Volcan, AYS y El Brocal) ya se han pronunciado negativamente sobre la propuesta de Doe Run, porque la principal preocupación es que la operadora de La Oroya no ha garantizado el financiamiento del PAMA. Además, la minera había solicitado formalmente una ampliación de este por años —no 30 meses—, lo que para el Gobierno no es viable.
Los obreros están considerando la propuesta, y darle a la empresa un plazo de 48 horas antes de acercarse al Poder Judicial para solicitar la administración judicial.
MÁS DATOS
La propuesta de la minera
La minera dice que se comprometería a disponer de US$31 millones de capital de trabajo y capitalizar los US$156 millones que su accionista principal, Ira Rennert, tiene en la empresa. Sin embargo, los ofrecimientos de capital fresco están desde marzo sin cumplirse.
Doe Run señala que pagarían la tercera parte de la deuda (US$40 millones) a sus proveedores y los restantes US$80 millones en tres años. También solicitarían 30 meses de ampliación del PAMA y lo pagarían con flujo de caja.
Diario El Comercio-Lima 25/06/2009
SR. GARCÍA, ¿AÚN SIGUE USTED GOBERNANDO?
Simon y Cabanillas: ¿Se van o se quedan?
Curioso momento el actual: un premier supuestamente desahuciado se vistió de bombero-peregrino y se puso a dar vueltas por el país para apagar incendios con una manguera de la que brotan acuerdos que probablemente no estará para hacer cumplir, lo cual le augura, a él, un futuro político promisorio, pero al gobierno, una papa caliente como herencia.
Eso es un problema para el gobierno, salvo que el presidente Alan García crea ahora que hay Yehude Simon para rato pues aún no piensa cambiar de premier, mientras que en el Congreso no se podrían reunir los votos para sacarlo.
Las opiniones sobre si es que Simon debe continuar están divididas. Hasta agrupaciones políticas y medios que hace poco demandaron su renuncia por los graves sucesos de Bagua, ahora lo han pensado mejor y ya no creen que deba irse.
Un argumento de algunos que andan en esa onda es que los interpeladores no tienen ‘autoridad moral’ para censurar al premier. Pero la posibilidad no remota de que varios congresistas carecieran de esa condición ética no debiera implicar, necesariamente, que Simon cumpla con todos los requisitos para quedarse. No mezclar papas con camotes, por favor.
Además del premier, se va a decidir el puesto de Mercedes Cabanillas. ¿Se van los dos, uno, o ambos se quedan?
Simon está en busca del tiempo perdido queriendo hacer, en una semana, lo que no hizo en ocho meses. Si se hubiera puesto las pilas así desde el inicio, con perfil propio y agenda concreta, no habría tenido imagen de gatito de sofá (presidencial). Al margen del valioso despliegue negociador que está mostrando, es difícil olvidar que él es parte central de esta crisis, más por omisión que por acción. Él debió impedir que el gobierno se emborrachara de soberbia y se diera cuenta de que algo iba mal recién cuando la selva se tiñó de rojo.
La que también debiera estar haciendo maletas es la ministra del Interior, pues una cosa es con guitarra y otra con 34 cajones. Su responsabilidad política es ineludible, aunque quizá algunos quieran salvar a Simon para que Cabanillas se pueda subir a ese bote salvavidas cuyo destino es incierto.
Al margen del resultado de la interpelación y de su actuación reciente, Simon debiera dar un paso al costado, por su bien pero más por el de un gobierno que necesita, con urgencia, refresco para superar el complejo momento actual y encarar los duros dos años que se vienen.
La crisis sigue y el presidente García, quien en estos días complicados brilla por su ausencia en la escena pública, debería tomar decisiones prontas para zanjar de una vez el limbo político en el que andamos, con un premier que va por el país como un dead-man-walking.
Diario La República-Lima 25/06/2009
En tanto, Doe Run presentará mañana una propuesta técnica que le permita seguir funcionando
TRABAJADORES DE DOE RUN DAN TREGUA DE 30 DÍAS Y LEVANTAN PARO
Luego de reunirse por más de tres horas en una multitudinaria asamblea, los trabajadores de la minera Doe Run, junto a representantes de la sociedad civil y el Comité Cívico en Defensa de La Oroya que realiza negociaciones con el Estado, acordaron dar una tregua de 30 días al gobierno y la empresa tras conocer los términos de las negociaciones.
Según información de corresponsales en la zona, ya se ha iniciado el desbloqueo de la Carretera Central, que desde el pasado lunes permaneció interrumpida.
Por la mañana, el congresista Jorge del Castillo, mediador en el conflicto, confirmó que una comitiva que representa a los trabajadores interpondrá ante Poder Judicial una medida cautelar para que la administración de la compañía pase a manos de los trabajadores del complejo metalúrgico.
Ante ello, pese a que los trabajadores se mostraron conformes con la decisión y consideraron además necesaria la participación de otras mineras de responsabilidad social para sacar adelante la empresa, las esposas de los empleados mantenían bloqueada la carretera exigiendo que la decisión de llevar la solución del conflicto al Poder Judicial sea un acuerdo de consenso entre todos los representantes sindicales.
La posición Doe Run
Pese a que todo indica que Doe Run Perú (DRP) se halla en inminente estado de quiebra —prueba de ello sería que los trabajadores asumirían la administración de la compañía—, la minera anunció que emitirá un comunicado desmintiendo esas versiones.
El vicepresidente corporativo de asuntos ambientales de Doe Run, José Mogrovejo, informó que en breve comunicarán la posición de la firma en relación al conflicto, afirmando, en primer lugar, que DRP no está en quiebra.
“La empresa no está en bancarrota, no es una empresa quebrada. Nosotros estamos presentando una propuesta técnica y realista que asegura la viabilidad de La Oroya en el largo plazo”, aseveró.
Según fuentes de CNR, la propuesta de Doe Run sería aportar 30 millones de dólares, que, sumado al aporte de 175 millones adicionales que harían otras empresas, buscarían reflotar la minera.
En tanto, los trabajadores anunciaron que mañana presentarán la medida cautelar ante el Poder Judicial para que se les conceda la administración de la compañía.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 24/06/2009