Alerta: Trasladan arbitrariamente a Chiclayo a tres ciudadanos de

Hoy 15 de junio, la Policía Nacional de Perú, trasladó a tres ciudadanos cajamarquinos a la ciudad de Chiclayo, quienes fueran detenidos el día de ayer durante la violenta intervención de la policía. Ellos son:

- Juana Huamán Escobar.

- Marco Antonio Vargas Martos (29)

- Gilberto Puente Correa (24) este último con una herida en la cabeza.

Este traslado fue dispuesto por la fiscalía de Chiclayo, debido a que las personas no contaban con documento de identidad y al no tener domicilio fijo en la ciudad de Cajamarca, podrían haber evadido las acciones de investigación. 

Observatorio de Conflictos

GRUFIDES-Cajamarca

Videos de Policías durante represión a familiares de detenidos

Observatorio de Conflictos
GRUFIDES

Policía arremete violentamente contra familiares de detenidos

Hoy 14 de junio a las 8y15 de la noche, policía agredió violentamente a familiares que buscaban información de los detenidos en las afueras de la fiscalía.

La policía agredió también a periodistas que registraron los hechos. Sus cámaras de vídeos fueron destruidas al menos dos de ellos fueron golpeados.

También agredieron a representantes de la Defensoría del Pueblo de Cajamarca.

Nombres de personas detenidas:

- Juana Huamán Escobar.
- Gilberto Puente Correa (24)
- George Anchapuri Dávila (22)
- José Mauro Valera Gonzáles (29)
- Jaime Cotrina Acuña (22)
- Antonio Vargas M. (32)

Nombres de periodistas agredidos por la policía:

- Armando Chilón Boñón - Corresponsal de RPP.
- Daniel Jayo López - Sol Tv
- Edwin Lozano Hernández - Corresponsal Frecuencia Latina-Cajamarca.

Testimonio fotográfico

Observatorio de Conflictos
GRUFIDES

Violento enfrentamiento entre Policías y estudiantes

Durante la tarde la tarde del día de hoy 14 de Junio, la policía dirigió un violento enfrentamiento contra estudiantes universitarios y vecinos del barrio San Sebastián en la ciudad de Cajamarca. Los vecinos fueron seriamente afectados por el ingreso del gas lacrimógeno a sus viviendas.

Hasta el momento se no se tiene el número exacto de personas heridas y detenidas.

Testimonio Fotográfico

Observatorio de Conflictos
GRUFIDES

Cajamarca en su quinceavo día de Resistencia Pacífica

Pobladores denuncian que personas infiltradas intentan generar actos de violencia, por otro lado denuncian el incremento de violencia física y verbal por parte de la policía.

Testimonio Fotográfico

Observatorio de Conflictos
GRUFIDES

PERÚ. CONFLICTOS MINEROS, EXTRACTIVISMO Y CRIMINALIZACIÓN 

 OPINIÓN de Miguel Palacín Quispe 

La violencia contra las comunidades que defienden sus derechos fundamentales marca hoy la agenda política en el Perú. En Espinar, Cusco, la policía ha disparado contra los manifestantes, causando cuatro muertes y decenas de heridos, y ha detenido a los dirigentes, incluido al alcalde provincial Oscar Mollohuanca, en el marco de un estado de emergencia. La detención del alcalde Mollohuanca violó principios fundamentales del debido proceso reconocidos por la Constitución y las leyes, como el del Juez natural, el no ser detenido sino en casos de flagrancia o mandato judicial, el no ser desviado de la jurisdicción predeterminada (se le procesa en Ica y el lugar donde sucedieron los hechos materia de juzgamiento fue Cusco), entre otros. Aunque la Sala Superior de Apelación de Ica ha anulado la orden detención, el proceso contra el alcalde de Espinar continúa. 

Esta situación muestra una vez más como en el Perú y en toda la Región Andina los Estados incumplen sistemáticamente los acuerdos internacionales de proteger los derechos de los pueblos indígenas. 

En vísperas de iniciarse la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río+20, es oportuno recordar que el 13 de junio de 1992, 178 países votaron a favor de adoptar la Agenda 21 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Cumbre de la Tierra) de Río de Janeiro (Río’92). Esta Agenda es un plan integral de medidas que deben tomarse a nivel mundial, nacional y local en todos los ámbitos en los que los seres humanos afectan directamente a la Madre Tierra. 

En su Capítulo 26, titulado Reconocimiento y fortalecimiento del papel de las poblaciones indígenas y sus comunidades, la Agenda 21 reconoce que las tierras de las poblaciones indígenas y sus comunidades deben estar protegidas contra actividades que presenten riesgos para el medio ambiente o que la población indígena de que se trate considere improcedentes desde los puntos de vista social y cultural. Y acuerda celebrar consultas con las poblaciones indígenas y sus comunidades con miras a tener en cuenta sus necesidades e incorporar sus valores y sus conocimientos y prácticas tradicionales o de otra índole en las políticas y programas nacionales en materia de ordenación y conservación de los recursos naturales y en otros programas de desarrollo que puedan afectar a esas poblaciones. 

Sin embargo, en la misma década de los noventa se inició, con la globalización neoliberal, la implementación en nuestros países del desarrollismo basado en las actividades extractivas, que en el caso de los Andes es sobre todo la minería. Los Estados desde entonces aplican políticas de fomento a esta actividad, con mínimos requisitos ambientales y sociales, ignorando el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, despojando el territorio, contaminando la Madre Tierra. Es decir, en lo referente a los derechos de los pueblos indígenas, nada de la Agenda 21 ha sido cumplido. 

Incumplimiento sistemático 

En el Perú, además de los compromisos internacionales, también se incumplen las promesas electorales. En 1990, Alberto Fujimori se presentó como el candidato del no shock y lo primero que hizo al llegar al gobierno fue decretar el ajuste económico más severo de la historia del país, para luego dar un autogolpe de Estado e imponer una Constitución neoliberal que recortó los derechos territoriales de las comunidades, además de emitir un Código de Minería totalmente retrógrado y firmar convenios de estabilidad tributaria con las grandes multinacionales mineras. 

 El retorno de la democracia no significó el cambio de este modelo. A la caída de Fujimori le siguió un breve gobierno de transición y luego llegó Alejandro Toledo, quien, tras una gigantesca marcha indígena, prometió crear una comisión tripartita (Estado-empresas mineras-comunidades indígenas) para revisar la legislación y los impactos de la minería. 

Nunca cumplió. Después fue elegido Alan García para un segundo mandato, ofreciendo aprobar un impuesto a las sobreganancias mineras, que luego cambió por un vergonzoso “óbolo voluntario”, así como revisar “línea por línea” el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos. Lo que hizo, en cambio, fue emitir un paquete de decretos legislativos para implementar ese TLC, los cuales vulneraban derechos territoriales indígenas. 

La protesta contra esos decretos desembocó en la Masacre de Bagua. Es que junto con este mantenimiento e incluso profundización del neoliberalismo extractivista, en el Perú los gobiernos implementan una creciente criminalización de las protestas sociales, a través de la emisión de decretos legislativos, la estigmatización, la persecución policial y judicial e incluso la tortura y el asesinato de líderes, dirigentes y autoridades indígenas. 

El año pasado llegó al gobierno Ollanta Humala, quien entre la primera y la segunda vuelta electoral ya había cambiado su programa de “gran transformación” por una “hoja de ruta”. Durante su campaña, prometió en Cajamarca que daría prioridad al agua sobre el oro, pero una vez en el gobierno sentenció que “Conga va” y la represión y la criminalización continúan. 

Desarrollismo y minería 

El neoliberalismo impuesto en nuestros países significa la implementación de un modelo de desarrollo basado en las actividades extractivas (minería, petróleo y gas, forestales), cuyo único horizonte es el crecimiento económico y que profundiza las brechas de la pobreza, vulnera los derechos humanos y colectivos, depreda y contamina la Madre Tierra y sustenta las economías nacionales en la exportación de materias primas. Para los Estados centralistas de los países andinos, el desarrollo es sinónimo de infraestructura, no para el beneficio de los pueblos, sino para facilitar el saqueo de los bienes naturales, dentro del modelo económico primario exportador. 

Para hacerlo, en el Perú el gobierno central recorta las atribuciones de los gobiernos regionales y locales, haciendo pasar sus proyectos por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y postergando las necesidades de los pueblos. Como resultado, las regiones con mayor población indígena son las que tienen los índices más bajo de desarrollo humano y los más alto de pobreza y desnutrición crónica infantil. En lugar de garantizar los derechos de sus ciudadanos, el Estado peruano legisla e implementa políticas públicas para beneficiar a las empresas mineras, reduciendo al mínimo los requisitos ambientales y laborales. 

Las grandes multinacionales mineras cuentan con contratos de estabilidad tributaria, merced a los cuales solo pagan los impuestos vigentes a la firma del contrato de concesión, evaden el pago de regalías y tienen la mesa servida para la elusión tributaria. Pese a que en el Perú el Convenio 169 de la OIT está vigente desde 1995, ni una sola concesión minera ha pasado por la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas afectados. 

 Mientras tanto, la minería se instala en cabeceras de cuenca, contamina fuentes de agua vitales para la agricultura, la ganadería y el consumo humano, despoja territorios, impacta en las culturas y en las organizaciones comunales, desplaza poblaciones, corrompe y divide. Miles de pasivos ambientales y las prácticas actuales, sobre todo la minería a tajo abierto, evidencian estos impactos. No hay minería antigua y minería nueva, los avances tecnológicos solo son para acelerar la extracción de mineral, no para cuidar el medio ambiente y menos para respetar derechos. 

En la región Pasco, la minería ha convertido la capital, Cerro de Pasco, en un enorme tajo abierto que sigue creciendo y provocando el desplazamiento de la población. En Huancavelica ha contaminado los ríos. En Cajamarca ha arrasado con las lagunas de donde nacen los ríos que abastecen de agua a la ciudad. En Ancash ha desplazado poblaciones, como lo ha hecho en Cusco, contaminando ríos, dividiendo a las comunidades, incumpliendo acuerdos. 

En todos estos lugares y muchos otros del Perú, las protestas de las comunidades son respondidas con la represión, la estigmatización y la criminalización. Los muertos, heridos, detenidos y procesados en Espinar son parte de esta práctica sistemática del Estado, para la cual los gobiernos han emitido normas que penalizan la protesta social y dan a las fuerzas del orden licencia para matar. 

Más de lo mismo 

Mientras los Estados se aferren a este modelo de desarrollo impuesto por los países ricos y sus corporaciones multinacionales, toda discusión sobre “sostenibilidad” será solo discurso hueco. Hablar de “economía verde” es insistir en la mercantilización de la Madre Tierra, es profundizar la dependencia y la pobreza, es ampliar aun más las desigualdades sociales. Y junto con todo ello, multiplicar la represión y la militarización, con estados de emergencia, con muertos y heridos, con perseguidos, presos y procesados. 

El Estado sustenta la economía nacional en el extractivismo y los sucesivos gobiernos pagan con favores políticos y económicos los aportes de las empresas mineras a sus campañas electorales. Ese es su único compromiso, las promesas hechas a los pueblos son solo parte del juego político para llegar al poder. 

El Presidente Ollanta Humala se atreve a hablar en la Asamblea de la OIT de respeto a la consulta previa, de las comunidades indígenas como aliados estratégicos del Estado, de respeto del medio ambiente, mientras envía tropas policiales y militares para sofocar los crecientes conflictos socioambientales, interviene las cuentas de gobiernos municipales y regionales que se ponen del lado de sus pueblos, encarcela autoridades y dirigentes, dispara a matar en las movilizaciones. 

Los hechos lo demuestran: el gobierno de Ollanta Humala es más de lo mismo, sin cambios en las políticas económicas y represivas, con un discurso de inclusión que se reduce a programas asistenciales. Con dependencia y criminalización. El poder de las corporaciones multinacionales se impone sobre los Estados y sobre los organismos internacionales, incluida la propia ONU. 

Se minimiza los Estados para ellas. Se legisla para ellas, se convierte la Madre Tierra en una mercancía para que ellas se enriquezcan. Esta es la verdadera esencia de la globalización neoliberal y de los discursos sobre desarrollo sostenible y economía verde. Los pueblos indígenas y sus organizaciones lo tenemos muy claro. *Miguel Palacín Quispe, Coordinador General CAOI 

 http://www.elmercuriodigital.net/2012/06/peru-conflictos-mineros-extractivismo-y.html

El Mercuriodigital.es 14.06.2012

ORDENAN LIBERACIÓN DE ÓSCAR MOLLOHUANCA Y ANUNCIA CONFERENCIA DE PRENSA HOY 

- Sala Superior de Ica reconoció que se vulneraron sus derechos constitucionales. 

Luego de que la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior anuló la resolución de detención de cinco meses del alcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca, anunció una conferencia de prensa el día de hoy a las 5:30 p.m. en el Hotel Riviera, en el centro de Lima. 

La conferencia contará con la presencia de Wilbert Rozas, coordinador nacional de Tierra y Libertad, y los congresistas de la República Verónica Mendoza y Rubén Coa. Asimismo, de Angélica Sayán, por la Comisión de derechos humanos del Colegio de Abogados de Lima (CAL) y Miguel Jugo, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). 

Como se recuerda, Óscar Mollohuanca, fue detenido el pasado 30 de mayo por considerarse que azuzaba a la población de Espinar en contra de la minera Xstrata Tintaya. Días después, el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, Miguel Díaz Chirinos, ordenó cinco meses de prisión preventiva contra el alcalde. Desde entonces, Mollohuanca Cruz se encontraba detenido en el penal Cristo Rey de Cachiche. La Sala Superior de Ica reconoció ayer que en su caso se habían vulnerado derechos constitucionales, por lo que se ordenó su libertad. 

Disponen nueva audiencia La Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Ica dispuso que se realice una nueva audiencia en el plazo más breve, con otro juez, quien deberá subsanar las irregularidades observadas en la anterior sentencia. La Sala señala que en el caso del delito de disturbios, no se precisa cuál habría sido la participación del alcalde. Mollohuanca es investigado por la presunta comisión de los delitos contra la seguridad pública, entrampamiento al funcionamiento de la seguridad pública agravada, disturbios y apología al delito. 

La defensa del alcalde señaló que el Frente de Defensa de los Intereses de Espinar (Fudie), del que no forma parte Óscar Mollohuanca, y otras organizaciones civiles fueron los que tomaron la decisión de acatar una huelga indefinida en la provincia cusqueña. Asimismo, pese a que se acusa al alcalde de haber utilizado recursos públicos para organizar a manifestantes durante la huelga, subrayaron que el Ministerio Público no ha formalizado una denuncia por el delito de peculado. 

Servindi-Lima 13.06.2012

INDÍGENAS DE LORETO RECHAZAN MILITARIZACIÓN DE ANDOAS LUEGO DE MOVILIZACIÓN PACÍFICA 

 

Organizaciones indígenas que respaldan las acciones iniciadas por comunidades de la cuenca del río Pastaza que piden se instale una mesa de diálogo que trate la contaminación por actividades petroleras, rechazaron la fuerte presencia policial instalada en una zona cercana a donde se encuentran hoy los manifestantes. 

Cuestionaron que pese a tratarse de una movilización pacífica se haya dispuesto el trasladado de un contingente policial hasta la localidad de Andoas, en la provincia de Datem del Marañón, ubicado a solo 15 minutos de la comunidad quechua de Alianza Topal. 

En este lugar permanecen centenares de manifestantes que aguardan la decisión del Ejecutivo respecto a la conformación de una mesa de diálogo que pueda dar solución a los problemas integrales de las cuencas del Marañón, Pastaza, Corrientes y Tigre, por 40 años de contaminación petrolera. 

La Federación de Indígenas Quechuas del Pastaza (Fediquep) espera que en las próximas horas continúen llegando pobladores de otras organizaciones también afectadas por las actividades de empresas como 

Pluspetrol. Pluspetrol ayudó al traslado de efectivos policiales 

 La movilización se inició tras conocerse la suspensión de la visita que debía realizar entre el 8 y 11 de junio el Grupo de Trabajo Parlamentario que investiga la contaminación de las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón tras 40 años de explotación petrolera. 

Conocida la medida de protesta la empresa Pluspetrol ayudó en el traslado hasta Andoas de una cantidad significativa de efectivos de la División de Operaciones Especiales (DINOES). 

Según Aurelio Chino Dahua, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep), los efectivos fueron trasladados en avionetas dispuestas por la empresa petrolera. Asesores de Fediquep explicaron que la presencia policial en la zona se sustentó en el pedido hecho por el Apu de la comunidad de Andoas, quien a su vez mantiene una relación laboral con Pluspetrol. 

 Precisaron así que el traslado se llevó a cabo con el pretexto de garantizar la integridad del Apu y de los locales comerciales de la zona. Sin embargo, lo más cuestionable, señala Jorge Washington Tacuri, asesor de Fediquep, es que estos contingentes se hayan instalado al interior de la comunidad. 

El principal temor que genera la presencia de los efectivos en la zona tal como lo señalan organizaciones indígenas en un pronunciamiento, es que se puedan iniciar actos de represión en contra de los manifestantes que rechazan la forma en que trata el tema el Gobierno. 

Las demandas de los pueblos afectados 

Entre los principales puntos que se espera tratar con la mesa de diálogo se encuentran la convocatoria a consulta previa libre e informada los pueblos indígenas en cuyos territorios se encuentra el lote 1-AB, el cual será licitado en julio de este año. 

Sobre este mismo los pueblos han mostrado su preocupación más aún cuando autoridades de Petroperú afirman que “es voluntad del Gobierno que el lote 1AB salga antes del 28 de julio como licitación”. 

Otra de los puntos en agenda es la realización de una auditoria integral e independiente que determine los daños al medio ambiente y la salud de los pueblos, producto de las operaciones petroleras en los lotes 1AB y 8. 

Un aspecto más a tratar es la remediación inmediata a los pasivos ambientales y el cumplimiento de los compromisos ambientales y sociales asumidos por la petrolera. 

 Respecto a este punto los pobladores demandan que se incluya en los planes y programas de remediación aquellos pasivos ambientales que no hayas sido registrados a la fecha por Pluspetrol. 

El silencio del Gobierno Regional 

En mayo de 2011 la Fediquep y el Gobierno Regional de Loreto (Gorel) firmaron el Acta de Pastaza que significaba en inicio de un trabajo a favor de mejorar la situación medioambiental, de salud y de educación en la zona. 

Sin embargo desde esa fecha es poco lo que se ha avanzado. La Fediquep ha insistido en que se realicen las reuniones para la implementación de los acuerdos adoptados en el acta, pero el Gorel hasta el momento ha mostrado poco interés llegando hasta ausentarse en espacios de diálogo determinantes. 

 Desde el inicio de la movilización el Gorel, a través de sus autoridades, no ha emitido ningún comunicado al respecto. Mientras los centenares de pobladores que reclaman de forma pacífica la conformación de una mesa de diálogo han puesto como límite para iniciar nuevas acciones 48 horas contadas a partir de ayer. 

Según autoridades de Fediquep la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) acaba de contestarles que recién el miércoles por la tarde decidirán la conformación de la mesa de diálogo con capacidad resolutiva. Hasta el momento ya han dado su respaldo a la pacífica protesta de la Fediquep los pueblos representados en la Federación de las Comunidades Nativas del Río Corrientes (Feconaco), Federación de las Comunidades Nativas del Tigre (Feconat) y de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat). 

Servindi-Lima 13.06.2012

 

OLLANTA Y SU PARTICULAR VISIÓN DEL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA 

El presidente de Perú, Ollanta Humala Tasso, dejó entrever que el derecho a la consulta previa beneficiaría a los pueblos no contactados y a las comunidades indígenas que no tienen una representación elegida democráticamente. 

De esta manera, se excluiría -en su particular interpretación- a las poblaciones procedentes de las comunidades campesinas que constituyen la mayoría de la población indígena del país. “La ley de consulta previa es para los pueblos originarios o comunidades indígenas. 

No necesariamente una población califica en eso, porque las poblaciones también tienen sus alcaldes, sus autoridades electas democráticamente, que son las que defienden a estas poblaciones” precisó. “Y esto normalmente se da en las comunidades amazónicas donde hay pueblos no contactados o comunidades -que si bien están dentro de una demarcación territorial- no necesariamente tienen autoridades representativas que puedan hacer defender sus derechos” dijo. “Lo que se busca en el fondo, el espíritu de esta norma -afirmó Ollanta Humala- es no dejar ningun sector de la población en indefensión”. 

Las declaraciones las efectuó en una rueda de prensa concedida en Ginebra, Suiza, luego de afirmar ante la Asamblea General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que los pueblos indígenas serían aliados estratégicos de su gobierno y que respetaría el Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas de la OIT. 

Lo que el jefe de Estado no explicó es cómo haría para que la población “no contactada” ejerza el derecho a la consulta previa que las beneficiaría. Asimismo, qué comunidades “dentro de una demarcación territorial” carecen de autoridades representantivas que puedan defender sus derechos. 

La visión presidencial preocupa si se considera que el territorio nacional está demarcado en regiones, provincias y distritos con gobiernos locales propios superpuestos a las comunidades campesinas (antes “indígenas”, según la legislación) y nativas. 

Servindi-Lima 13.06.2012

CRECE APOYO A LA LUCHA CONTRA PROYECTO MINERO CONGA EN PERÚ Y EL MUNDO 

- Manifestaciones de protesta siguen al presidente Ollanta en su gira por Europa. 

Con protestas y pronunciamientos, crece el respaldo, a nivel nacional e internacional, a la lucha de Cajamarca contra el proyecto minero Conga, así como el rechazo a la política del Gobierno frente a los conflictos ocasionados por las empresas extractivas. 

El 31 de mayo, al iniciarse el paro indefinido en Cajamarca contra Conga, manifestaciones por todo el país y el extranjero mostraron el respaldo existente a las protestas contra el mencionado proyecto minero, así como el rechazo de gran parte de la población a la actuación del Gobierno en los crecientes conflictos socioambientales. 

Regiones contra Conga 

Un día antes del inicio del paro indefinido, en Lima se realizó una concurrida movilización de diferentes organizaciones de la sociedad civil en respaldo a las protestas contra Conga. 

La marcha, de aproximadamente 8 cuadras, partió de la Plaza dos de Mayo hasta la Plaza San Martín, donde se dieron discursos y espectáculos musicales. Marcha en Lima (Foto: Iván Herrera -Servindi) El mismo día, en el norte del país, miles de ronderos de Ayavaca marcharon por la ciudad en solidaridad con Cajamarca y Espinar, así como contra la pretensión de la minera china Zijin Mining de operar el proyecto minero Río Blanco. 

“No solamente nos hemos congregado a esta movilización por apoyo a nuestros hermanos cajamarquinos, sino que además estamos por el pueblo de Espinar, por los detenidos, por los asesinados, contra el abuso del gobierno que viene favoreciendo a las mineras”, señaló el presidente de la Central de Rondas Campesinas de Ayavaca. 

Asimismo, organizaciones sociales de La Libertad y Chiclayo también marcharon en apoyo a Cajamarca. En la sierra central, comuneros de la Federación Agraria de Ancash, así como el Frente Regional Conocha hicieron un paro de 48 horas en respaldo a la lucha cajamarquina contra la política ambiental del Gobierno, exigiendo la intangibilidad de las cabeceras de cuenca. En la jornada de protesta fueron bloqueadas las vías en el Callejón de Conchucos, así como la carretera Pativilca-Huaraz, en el sector de Conococha. 

La movilización protestó también contra la empresa minera Antamina. 

“No queremos minería irresponsable que derrame relaves mineros y menos combustibles como lo hace siempre minera Antamina y siempre sale limpio de las denuncias que se realizan contra los responsables porque tienen el poder del dinero”, señaló un representante del Frente Regional. Protestas en Huaraz (Foto: Huaraznoticias) 

En el Sur, organizaciones de Ayacucho y Puno también salieron respaldando la lucha de Cajamarca. Pobladores de la Central Distrital de Rondas Campesinas de Inambari y Macusani, marcharon por Juliaca exigiendo la cancelación del proyecto minero Conga y que no se ratifique el convenio energético Perú-Brasil sin antes realizar una consulta popular. Asimismo, en Huancavelica, Arequipa y Tacna también se dieron manifestaciones de apoyo a la lucha contra el proyecto de Yanacocha. 

En tanto que el Comité de Defensa del Agua de Iquitos convocó a miles de manifestantes, quienes marcharon por las calles respaldando al pueblo de Cajamarca. 

Además de Conga, la concurrida marcha se manifestó contra las operaciones petroleras de la cuenca del río Nanay, principal fuente de agua de la ciudad. 

El Pacto de Unidad 

El día inicial del paro indefinido, las organizaciones indígenas agrupadas en el “Pacto de Unidad” emitieron un pronunciamiento respaldando la lucha de Cajamarca y otras regiones en defensa de sus recursos hídricos y rechazando la persecución de líderes sociales, así como la criminalización de la protesta, entre otras cosas. 

Las organizaciones firmantes exigieron una reforma legal de las políticas de inversión “para las industrias extractivas y el óptimo aprovechamiento de recursos naturales y los estándares ambientales”. 

Apoyo internacional 

La lucha de Cajamarca contra el proyecto Conga también viene recibiendo el apoyo de organizaciones indígenas, instituciones solidarias y colectivos de peruanos en el mundo. 

El pasado 5 de junio, a través de un pronunciamiento, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) rechazó “la represión del gobierno de Ollanta Humala a las manifestaciones campesinas, indígenas y populares en oposición al Proyecto Conga y en defensa de las fuentes de agua en Cajamarca.” 

CONAIE responsabilizó al Gobierno Peruano de profundizar el modelo “extractivista, capitalista y dependiente” en alianza con empresas transnacionales y demandó el cese de la “represión, a la persecución y las violaciones a los derechos humanos”, así como la suspensión definitiva del proyecto Conga, entre otras cosas. 

En Chile, trece organizaciones ambientalistas, representadas por el director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), entregaron una carta al consejero de la Embajada del Perú, Raúl Hidalgo, solicitando al Gobierno Peruano el cese de la “criminalización de la protestas social”. Pidieron que se escuchen las demandas de los pueblos indígenas, en relación a los conflictos ocasionados por industrias extractivas. 

“Vemos con admiración y orgullo las movilizaciones que este día 31 de mayo comienzan articuladamente en diversas regiones de Perú, y esperamos que a la brevedad se restituyan los derechos vulnerados a las comunidades afectadas”, señalan las organizaciones firmantes. 

El 23 de mayo, en Buenos Aires, Argentina, se realizó una protesta frente a la embajada del Perú, convocada por la Coordinadora Latinoamericana de Defensa de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente en solidaridad a los opositores al proyecto minero. 

Asimismo, en Francia, el sábado 2 de junio, activistas de distintas nacionalidades participaron de una manifestación exigiendo al Gobierno de Ollanta Humala que cumpla sus promesas electorales, en relación a los conflictos de Cajamarca y Espinar. Manifestación en París, (foto: Radio Latinos) 

En el acto, realizado en las cercanías de la Torre Eifell, en París, participó Ima Sumac Humala, hermana del presidente del Perú. 

“La lucha por el medio ambiente y el agua en el Perú no es política ni ideológica, como pretende el gobierno, sino de estricto respeto de la vida y de los derechos humanos de la población”, señaló la hermana menor de Ollanta Humala. 

El 5 de junio, en la capital francesa, miembros del “Comité Solidaridad con Cajamarca”, acompañados de la senadora PC del Val-de-Marne Laurence Cohen, del responsable internacional del sindicato Sud Solidaires Christian Mahieux y del representante del Comité Católico contra el Hambre y para el Desarrollo (CCFD) Fabrice Panesse, fueron recibidos por la embajadora peruana en Francia, Cristina Velita Laboureix. 

En la reunión, expusieron sus demandas acerca de los conflictos de Cajamarca y Espinar, y su preocupación respecto a “la represión y a la violación de los derechos humanos en Cajamarca y Espinar”. 

Al final de la entrevista en la embajada, la respuesta de la representante peruana no fue considerada satisfactoria por los miembros del comité, pues se reafirmó la postura oficial del Gobierno Peruano “a través una declaración de principios del Presidente de la República Ollanta Humala, hecha el último 20 de abril”, señala la agrupación en una nota de prensa. 

Por otra parte, en Suecia, colectivos de peruanos realizaron manifestaciones de apoyo a Cajamarca en Estocolmo y respaldaron, a través de su portal web, la resistencia contra proyecto minero . 

Igualmente, en Londres, grupos de peruanos y extranjeros protestaron frente a la embajada del Perú. Protestas en Estocolmo (Foto: Blog “Peruanos en Suecia”) 

Carta abierta al presidente 

La Asociación Tierra y Libertad y el colectivo ALDEAH, lanzaron a circulación una ”Carta Abierta al Presidente de la República del Perú para decir NO al proyecto CONGA“ 

El documento, que circula por las redes sociales y cadenas de correos electrónicos, rechaza el Proyecto Conga y demanda al Gobierno que se declare el agua como un “derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida”. 

Asimismo, exige que se prohíba la privatización del suministro de agua, y la minería con cianuro y mercurio. 

Protesta persigue a presidente Humala en Europa 

Coincidiendo con la visita del presidente Ollanta Humala a Europa, el Comité de Solidaridad con Cajamarca (CSCP) anunció que peruanos radicados en Alemania realizarán hoy un plantón en Berlín. También, se anunciaron protestas similares en Bélgica y Suiza. 

En su convocatoria por facebook, los manifestantes señalan que protestarán el martes a las 5:30 pm, en el Metro Shuman -adyacente a la sede del Consejo de la Unión Europea-, cuando el presidente Humala visité el organismo internacional. 

Al acto de protesta se sumarán la ONG belga CATAPA, la asociación El Andino, el Comité de Solidaridad con el Pueblo Mapuche (Comabe) y la Asociacion de Refugiados de Latinoamerica y del Caribe (Arlac). 

 Servindi-Lima 12.06.2012

HUMALA PIERDE APOYO DENTRO DE SU PARTIDO

Cuatro parlamentarios dejan la bancada oficialista en rechazo a detenciones sin debido proceso

Analistas e Iglesia sostienen que la ‘mano dura’ reduce la posibilidad de diálogo

Por: Jacqueline Fowks.

Perú se polariza y divide una vez más. El presidente peruano, Ollanta Humala, se quedó entre el lunes y el jueves sin cuatro congresistas de su partido, Gana Perú, una señal de su desconexión con los sectores del país a los que -durante la campaña electoral del 2011- prometió defender: los históricamente postergados en regiones andinas y amazónicas que votaron mayoritariamente por él.

Desertó primero la parlamentarios Veronika Mendoza, de Cuzco (sierra sur), indignada con el manejo de la Administración de Humala del conflicto social en la provincia de Espinar, cuyo alcalde fue detenido sin orden judicial la semana pasada tras encabezar desde el 21 de mayo las protestas contra la minera Xstrata-Tintaya, un conflicto social de antigua data.

“El premier [Óscar] Valdés carga con la responsabilidad política de muertos, heridos y de detenciones humillantes y arbitrarias de autoridades locales como el alcalde [Óscar] Mollohuanca y de miembros de instituciones de defensa de los derechos humanos”, afirmó Mendoza en referencia al primer ministro peruano y al regidor arrestado.

Los congresistas Javier Diez Canseco y Rosa Mavila, militantes de partidos de izquierda desde los años 80, se apartaron también del Partido Nacionalista Peruano-Gana Perú. Discrepan con el cambio de rumbo del Gobierno desde diciembre pasado, cuando tomó decisiones a favor de grupos económicos y sectores políticos conservadores. A mediodía del jueves, el congresista por Cusco Rubén Coa, de la provincia de Espinar, también se apartó, reclamando la falta de políticas de Estado de responsabilidad ambiental y su decepción por los "métodos represivos de la protesta social".

Por otro lado, Cajamarca (sierra norte) ha entrado en su noveno día de paro indefinido contra el proyecto minero Conga, en medio de enfrentamientos de pobladores y universitarios con la policía.

“Alguien tiene que explicarles [el viraje] a los que votaron por el presidente, no responderles desde Twitter”, sugirió el parlamentario aprista Javier Velásquez Quesquén en televisión la noche del miércoles, aludiendo a la decisión de favorecer las actividades de minería e hidrocarburos en vez de defender el agua y la tierra, como ofreció el nacionalista Humala en campaña.

Por su parte, el vicario de la prelatura de Sicuani (provincia de Canchis, Cuzco), el sacerdote y antropólogo Eduardo Adelmann, dijo percibir durante estos recientes conflictos sociales “prejuicios ancestrales de la capital contra estas provincias”.

Durante una conferencia de prensa en Lima, el vicario Adelmann aseguró que debe haber un reconocimiento de corresponsabilidad en los conflictos sociales por parte del Gobierno, las mineras y la sociedad civil: sin embargo, enfatizó que una autoridad electa como el alcalde Mollohuanca, “es el líder reconocido en la provincia, es considerado honesto, que no roba”, y mientras está detenido no hay con quién retomar el diálogo.

En la última semana, el presidente del país andino y miembros de su gabinete han acusado a quienes encabezan las protestas deantimineros y extremistas, motivados por objetivos políticos y no por preocupaciones medioambientales. A esa opinión se han sumado el presidente del Poder Judicial, César San Martín, y el fiscal de la Nación, José Peláez.

El martes, el primer ministro Valdés calificó en Twitter a estos sectores como “podridos e incendiarios”. Ese mismo día, el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, durante un mitin invitó a la población a “sacar” al presidente porque traicionó sus promesas. En respuesta, la presidencia del Congreso exigió un proceso judicial contra Santos por “apología a la rebelión”.

El historiador Nelson Manrique explicó a este diario que “el Gobierno va mostrándose crecientemente autoritario, recurriendo a medidas anticonstitucionales para descabezar los movimientos sociales que defienden lo mismo que él [Humala] prometió como candidato: defensa del agua y del medio ambiente”.

Los ganadores

El bloque oficialista se ha quedado con 42 congresistas, de un total de 130, y el segundo grupo es el fujimorismo. La politóloga peruana Paula Muñoz sostiene que estas deserciones “pueden hacer que la geografía política vuelva a pesar. Tal vez la popularidad de Humala se vea mellada en la sierra sur y norte [sus votantes de primera vuelta], pero probablemente se refuerce en los sectores mas 'integrados' al mercado”, añadió Muñoz.

“Mendoza, el congresista cuzqueño Rubén Coa y Jorge Rimarachín [congresista por Cajamarca], están desempeñando una buena labor de representación política de sus bases que votaron por algo que el gobierno no está cumpliendo”, precisó la experta.

Según la politóloga, la parlamentaria Mendoza “es el cuadro más orgánico del nacionalismo en Cuzco, una de las que apoyó la poca organización del partido en estos años”. Además, era muy próxima a la pareja presidencial desde que coincidieron en París, cuando Humala trabajó como agregado militar.

Diversas fuentes coinciden en que el presidente descuidó su vínculo con sus representantes en el Legislativo. “Las tensiones desde el año pasado son evidentes: nunca fue una bancada muy disciplinada y orgánica. También se manifiesta la mala o ausente relación del Ejecutivo con su bancada. Del estilo presidencial queda más claro su falta de liderazgo y 'muñeca política', su falta de interés en dialogar y negociar, su pragmatismo y mentalidad militar”, considera la analista.

Para el catedrático de Harvard Steve Levistky, “no hay ganadores en este divorcio, excepto la derecha. Humala casi no prestó atención a su bancada y está empezando a pagar un precio por eso”.

“La oposición de derecha emerge como la ganadora: puede ahora tener más confianza en que Humala no volverá a la izquierda. Más aun, con el derrumbe de Humala de la coalición original [la alianza con Perú Posible del expresidente Toledo], podría ahora ser necesario para Humala buscar aliados en cualquier lugar del Legislativo, esto significa de la derecha, incluso del fujimorismo”, explica el politólogo estadounidense a este diario.

“En 2011, Gana Perú y Perú Posible y otros aliados representaron una potencial mayoría de centro izquierda. Si ello se quiebra, como parece estar ocurriendo, a medida que se den más renuncias veremos una coalición Gana Perú con el fujimorismo”, sugirió.

“Mientras Humala se mueve a la derecha y se enfrenta a conflictos con comunidades, de donde legisladores específicos fueron elegidos, uno verá más renuncias”, aseguró.

Sin embargo, el congresista Javier Bedoya de Vivanco, del Partido Popular Cristiano, considera que el beneficiado es el Gobierno “que se ha liberado de esta carga, que le espetaba el programa de gobierno con el que postularon”.

“Ello obligará al Gobierno a buscar cercanía con otras colectividades y un entendimiento más perenne con Toledo. La bancada oficialista ha sido un barco a la deriva: no tienen interlocutores y no había cercanía entre la bancada y el Ejecutivo”, acotó.

Se ha cumplido un año de la elección de Humala respaldado por sectores progresistas y liberales como Mario Vargas Llosa, porque ofreció un manejo responsable de la economía e “inclusión social” de los postergados por el Estado. Algunos analistas lo ven ya en un camino autoritario; otros, más cercanos a las empresas, opinan que actúa bien al reprimir a quienes protestan porque se requiere orden.

http://internacional.elpais.com 08/06/2012

VIDEO: POLICÍA ARREMETE CONTRA ESTUDIANTES Y FISCAL JUSTIFICA REPRESIÓN 

Un fiscal de prevención del delito de Cajamarca justifica ante cámara la golpiza que propinó la policía nacional ayer 4 de junio contra varios estudiantes que se manifestaban pacíficamente contra el proyecto minero Conga.

Durante su recorrido, los estudiantes hacen una parada en la sede de la Universidad Privada del Norte (UPN) para invitar a sus alumnos a participar de la manifestación. 

El reporte periodístico de Ojos de Lechuza TV registra la forma abrupta y desmedida en que se desata la violencia policial con perdigones, varas, patadas y gases lacrimógenos en contra de los alumnos. 

Una periodista critica ante el fiscal de prevención del delito el abuso cometido ante una manifestación pacífica. “En ningún momento ha sido así”, responde el funcionario. “No puede ser pacífica parado aquí, arengando a que salgan (…). No es pacífico, eso es una coacción”.

Las declaraciones del fiscal de turno, que aparecen en el minuto 2:1o del video, pretenden culpar a los estudiantes de retener y coaccionar al personal administrativo de la UPN. 

 “La restitución del orden interno la tiene la policía, yo simplemente vengo a exhortarles…”, afirma.

Camionetas particulares 

Durante la represión, la policía nacional estrenó varias camionetas privadas, una de las cuales fue utilizada para llevarse a varios estudiantes detenidos.

La periodista del video se pregunta qué empresa privada podría haber facilitado esta ayuda a la PNP y quién habría ordenado esta acción represiva.

Gestos obscenos de un policía 

 El video también muestra cómo un policía que custodia la entrada a la UPN responde con gestos obscenos y desafía al grupo de manifestantes. Aquí la fotografía de facebook.

 

Servindi-Lima 06.06.2012

 

CAJAMARCA: SIN CONGA SÍ SE PUEDE 

Los defensores de Yanacocha repiten la idea de que sin la mina Conga, Cajamarca entraría en recesión y no tendrían cómo financiar su desarrollo. El mismo argumento se usa para defender a aquella minería irresponsable ambiental y socialmente como si fuera indispensable para el Perú. No es cierto. Sobre el Perú, los cálculos están hechos y publicados, sin haber recibido crítica. 

Un impuesto a las sobreganancias mineras otorgaría mucho, pero mucho más ingresos al fisco, que lo que representaría el proyecto Conga. Remito a los lectores al artículo que publicamos acá mismo el 17 de abril. Además, Conga no es el único proyecto minero existente: la lista del propio gobierno incluye 24 proyectos para los próximos 5 años con una inversión minera programada de 50 mil millones de dólares. Conga no es ni la décima parte del total. Entre el 2006 y el 2010, con el gobierno de Alan García y su política ferozmente extractivista del “perro del hortelano”, la inversión minera alcanzó 11,413 millones de dólares. Si durante el actual periodo de gobierno se postergaran o detuvieran la mitad de los proyectos mineros programados y solo se hiciera la otra mitad, la inversión minera todavía duplicaría la realizada durante el gobierno de García. 

Tampoco es verdad que si para Conga, toda la inversión se paralizaría. En el gobierno anterior, proyectos como Majaz y Tía María quedaron paralizados por la protesta social, pero el crecimiento continuó. Solo una parte minoritaria de nuestro crecimiento económico reciente se debe a la minería; la agricultura, la industria, la construcción, el turismo y los servicios son otros motores fuertes del crecimiento. 

En el mismo Cajamarca, hay mucha potencialidad en el sector agropecuario y la industria láctea, en el café y en el turismo, además, por cierto, de los servicios, la Educación, la salud y el transporte. Pero se dice que sin Conga no habría dinero para inversiones públicas en Cajamarca porque no habría canon. Otra mentira. En primer lugar, porque Yanacocha sigue gozando de precios altísimos del oro, que está encima de 1,600 la onza frente a un costo de 360 dólares la onza, con lo que a pesar de su producción declinante seguirá con altas utilidades los próximos años. Más importante aún, las regiones no son ni deben ser económicamente autárquicas, ¿o acaso departamentos como Huánuco que tienen poca minería, no tienen derecho a que se financien sus obras de desarrollo? 

El gobierno central está tomando nuevas medidas para controlar la evasión tributaria, lo que generará ingresos que deben beneficiar también a las regiones. Igual debería suceder con un impuesto a las sobreganancias mineras como el que Ollanta prometió en campaña. 

Lo más importante, sin embargo, es que la imposición de Conga como sea significaría que seguiremos con una Yanacocha y sectores mineros ambiental y socialmente irresponsables, defendidos por un gobierno que pone sus intereses por encima de los derechos del pueblo. Ese es el continuismo que es necesario cambiar 

Generaccion-Lima 05.06.2012

 

SEXTO DÍA DE PARO REGIONAL EN CAJAMARCA 

"Mucha pequeña gente, en muchos pequeños lugares, que hace muchas pequeñas cosas, puede cambiar el rostro del mundo" Proverbio africano

Observatorio de Conflictos

GRUFIDES-Cajamarca 05.06.2012

ADIÓS HUMALA 

Tras la “masacre política” de diciembre del 2011, Ollanta Humala ha decidido convencer al mundo de que no solo es un militar sin palabra, sino un político con ideología neoconservadora. Este convencimiento se lo hizo primero a los venezolanos que lo apoyaron en la campaña del 2006 y luego a los brasileños que lo apoyaron en el 2011, y ahora lo viene llevando a la calle. No ha bastado “limpiar” a su gobierno de funcionarios progresistas, ahora es fundamental declarar la lucha de clases a la antigua, a balazo limpio. En distintas partes del Perú, y con el aplauso de la pintoresca y bravucona derecha nacional, Ollanta Humala y su gobierno se enfrentan y desafían al pueblo que ha votado por él. ¿Para qué? Humala pretendió ser el caudillo progresista esperado en dos décadas. 

Participante del Foro de Sao Paulo, los partidos políticos de la izquierda latinoamericana lo acogieron y apoyaron en sus campañas diversas desde el 2005. La derecha lo acusó por todo esto de ser primero el candidato de Chávez y la señora Heredia fue perseguida por una parte de la prensa peruana a partir de las elecciones del 2006 por sus vínculos con Venezuela. Por esto tuvo de portavoces de campaña a Mocha García Naranjo y a Nicolás Lynch que venían de las izquierdas. Luego de su salto a la esfera de influencia de Brasil para la campaña del 2011, creando una mejor imagen de amigo de Lula da Silva y con posiciones más moderadas, la misma prensa lo persiguió por tener un asesor que representaba los intereses empresariales brasileños. El día del triunfo electoral, en junio del 2011, los titulares limeños no lo dieron por ganador sino por empate y anunciaron la necesidad de una concertación política. 

La derecha decía que éste no podría gobernar sin ella. De allí salió la baraja conservadora dentro del gabinete nombrado el 28 de julio del 2011. Sin embargo ni entonces ni después hubo concertación. La que hizo la derecha fue un asalto al poder. Lo que hay es una vuelta de la tortilla. Una revolución en su sentido cabal. Ganaron los que perdieron y perdieron los que ganaron como ya se dijo hasta la saciedad. Una cosa es la prensa limeña conservadora y otra la realidad política en el campo. 

Cuando en Espinar el 76% de la población que ha votado por el candidato ve como ya de presidente los agarra a balazos, la cosa está complicada. Peor si encima mete a la cárcel a la gente de la Vicaría de la Solidaridad de Sicuani por terrorismo que fue a ver qué pasa. Y aún peor, cuando además presiona al presidente de la Corte Suprema a hacer cosas reñidas con la independencia de poderes y lo consigue, permitiendo así el secuestro de autoridades electas para su juicio en otras jurisdicciones. Lo que hay en el Perú, a un año de electo el nuevo gobierno, es un régimen mafioso y matonesco no muy distinto al de Fujimori. Queda la interrogante de si Ollanta Humala piensa algo. Cualquier cosa. Y si tiene alguna línea. Cualquier línea. Reflejos políticos claramente no tiene. Descartado el verbo “pensar”, ¿Creerá que va a terminar su gobierno? ¿Cómo lo va a hacer? Que Washington piense que esto se arregla a balazos en el nombre del control del terrorismo es un tema relacionado al negocio de la venta de armas. 

Lo que a los peruanos nos concierne es nuestro país y adónde va. Cada vez hay menos ciudadanos dispuestos a que los atropellen en todo el país. Ese es el único complot. Hay más ciudadanía. Y los jóvenes de ahora son más ciudadanos que lo que han sido en mucho tiempo al margen de la geografía. Medio Oriente nos muestra que la calle pesa en el mundo y el Perú no es una excepción, aunque esa calle sea de tierra en un pueblo con un río contaminado al lado. Venimos de una dinámica de desintegración nacional que comenzó en la década del 80, cortesía de Sendero y García, a través de las masacres, la hiperinflación y el colapso económico de los años 80. Se intentó recuperar el sentido nacional mediante la estabilización económica de los años 90, las investigaciones sobre corrupción de Fujimori y sus secuaces, y la formación de Comisión de la Verdad en la primera parte del siglo XXI. 

Tras la elección de Humala en simultáneo tenemos como siempre a la cruz y la espada actuando juntas. El Primer Ministro nombrado en diciembre resulta una expresión del fujimorismo castigado en junio del 2011 por el voto presidencial. Este ha tomado partido en un tema muerto y acabado, como es la sentencia de la Corte Interamericana sobre la Embajada del Japón (1997). 

Al mismo tiempo, el cardenal echó al padre Gastón Garatea S.S.C.C., ex Comisionado de la Verdad, de la práctica religiosa en Lima. El tema de los militares en los años aciagos ha revivido de la mano de cruz y la espada. Días más tarde se violentaron las protestas sociales anti mineras mientras la policía secuestraba a los alcaldes para enjuiciarlos fuera de su jurisdicción legal. En el Perú, los derechos humanos de los alcaldes son una cojudez total, parafraseando. 

El tono de la renuncia de la congresista Verónica Mendoza del Partido Nacionalista la mañana del lunes 4 de junio debería de alertar a Humala y todo su combo, civil, religioso y militar, que pueda que no acabe su periodo. Dice: “La represión como un resorte automático frente a las demandas populares genera más resistencia de la gente, cayendo en un círculo vicioso. No obstante, condenamos tajantemente todo tipo de violencia venga de donde venga. Es necesario que las organizaciones sociales, la sociedad civil y todos los sectores que expresan su malestar por la imposición de las industrias extractivas se manifiesten de forma democrática, organizada y pacífica. Ni un muerto más, ni civiles ni personal policial. ¡Ni un muerto más! Hago un llamado a defender la vida con la vida, no con la muerte.” Y la Coordinadora de Derechos Humanos el mismo lunes 4 de junio ha pedido la renuncia del Premier Valdés. Si los jóvenes tomaran conciencia de su poder, esto podría devenir en marchas de renuncia del Presidente de parte de organizaciones crecientes de la población afectada no solo por la minería sino por el engaño electoral del 2011. Mientras tanto faltan cuatro años de gobierno. 

Servindi-Lima 05.06.2012