2 de marzo de 2015

HILDEBRANTH EN SUS TRECE: Publica sobre caso Familia Chaupe - Ricardo Uceda


COOPERACCIÓN RESPONDE A UCEDA POR CASO MÁXIMA ACUÑA CHAUPE

Derechos en juego y la necesidad de fortalecer la institucionalidad

PUBLICADOEN LAMULA.,PE
El martes 24 de febrero, el Diario La República publicó un artículo del conocido periodista Ricardo Uceda sobre el caso de la campesina Máxima Acuña Chaupe y la disputa que tiene con la empresa minera Yanacocha por el Terreno Tragadero Grande, ubicado en la zona de influencia del Proyecto minero Conga y muy cerca de la emblemática "Laguna Azul". 
Uceda da a conocer a la opinión pública la versión que Yanacocha brindó sobre los hechos en diversos medios y en el juicio que perdió contra lo familia Chaupe por delito de usurpación. Tratando de demostrar objetividad, Uceda da por cierta la versión de minera Yanacocha, y acusa a las ONGs de haber creído a ciegas, en lo sostenido por Máxima.
Ante esto, hay que revisar los puntos planteados por Uceda:
1) Títulos existentes que se oponen
En un primer argumento, Uceda expone que Yanacocha tiene títulos irrefutables de propiedad de amplias extensiones de tierras, adquiridas de la comunidad de Sorochuco y que éstas comprenden el terreno Tragadero Grande. Lo que Uceda no dice es que la defensa de Máxima no está en cuestionando eso títulos de propiedad. Lo que viene sosteniendo es que, esos títulos no comprenden el terreno de Tragadero Grande. En las ventas realizadas por la comunidad de Sorochuco los límites no están definidos. La situación por lo tanto, no es tan clara como lo sostiene Uceda, pues si lo fuera, la Minera Yanacocha hubiera recurrido a un juicio de desalojo, que es de naturaleza sumaria y habría resuelto el problema. No lo hizo, ¿cabría preguntarse por qué?
De otro lado, Uceda sostiene que Máxima y su familia suelen ocupar tierras para hacerse luego de la propiedad de ellas. Para demostrarlo, señala que Máxima y su familia tienen la propiedad de otros terrenos adquiridos de esa manera. Para el caso, esto es imposible porque tratándose de una propiedad comunal no se aplica la prescripción adquisitiva.
Por otro lado, lo que no dice Uceda es que Máxima y su esposo tienen en su poder dos documentos: una transferencia de dominio y un certificado de posesión sobre ese terreno que data de 1994, antes que Yanacocha adquiriera terrenos de la comunidad de Sorochuco, a la que pertenecían los esposos Chaupe. Es decir, que no se trata de una invasión como se insinúa. La existencia de esos documentos es irrefutable. Es decir, que estamos ante dos sujetos que alegan un mismo derecho. Dilucidarlo, es un tema que deberá ventilarse en los tribunales.
Decir que los Chaupe tienen otros terrenos y que no son pobres es una estrategia mediática. Tal cosa se intentó sostener en los tribunales durante el juicio por usurpación, del cual los Chaupe fueron absueltos y en ese entonces los jueces desestimaron tales argumentos por no ser pertinentes.
De otro lado, los Chaupe han sostenido que efectivamente tienen 9 terrenos que en conjunto suman 8,6 hectáreas y que los han adquiridos, en gran parte por herencia. Uceda para desmentirlos señala que en realidad los han adquirido vía un programa de formalización de la propiedad rural sobre la base de acreditar con testigos la posesión continua durante cinco años. Lo cierto es que es muy usual en la zona rural, donde el Estado no tiene formalizada la propiedad de tierras, que quienes tienen títulos de propiedad no saneados recurran a los programas de formalización para regularizar su situación, evitándose con ello, todos los problemas legales, que supone sanear sus títulos.
Uceda ha cuestionado el por qué la familia Chaupe usa el terreno de Tragadero Grande y no los otros terrenos que, tendrían según su opinión mayor valor, deslizando la idea de que lo hace para mantener la posesión en un terreno que no es suyo. Para cualquier persona de ciudad, la pregunta por la preferencia o la forma de uso de sus propiedades, resultaría fuera de lugar porque es algo que corresponde a su libre albedrío. Sin embargo, es lógico preferir usar un terreno de 22 hectáreas a otros, dispersos en varios lugares y que suman 8,6 hectáreas.
Por otro lado, el que la familia Chaupe tenga otros terrenos además de Tragadero Grande no los hace ricos, ni de clase media. Todos sabemos que el valor de la propiedad rural es muy pequeño, y que muchas comunidades campesinas, a pesar de tener grandes extensiones de tierras, se ubican dentro de los niveles de extrema pobreza.
2) Un tema de institucionalidad y Estado de Derecho
Finalmente, nos llama la atención que el señor Uceda no diga nada sobre la actitud de minera Yanacocha de desconocer la sentencia judicial de segunda instancia, que además de absolver a familia Chaupe ordenaba el cese de su desalojo así como, de la administración del predio de Tragadero Grande por la empresa. Minera Yanacocha pese a esta sentencia se presentó, a través de sus trabajadores, en el lugar respaldada por la policía para, ilegalmente derrumbar una construcción de la familia Chaupe. Al haber perturbado violentamente la posesión pacífica del terreno, los trabajadores de minera Yanacocha han incurrido en delito de usurpación. Nos preguntamos si el señor Uceda respalda la comisión de un delito.
Esta trasgresión al Estado de Derecho nos parece inaceptable y lo que hace es reafirmar la imagen que minera Yanacocha tiene en Cajamarca. Consideramos, que es necesario, que el país resuelva sus problemas a través de sus instituciones democráticamente constituidas y que no sea la prepotencia y el abuso que se legitime como la forma natural de proceder. Este retroceso es muy peligroso. Por lo que, diga lo que diga, el señor Uceda, el actuar de minera Yanacocha es injustificable.
CASO FAMILIA CHAUPE: MIRTHA VASQUEZ dice su verdad sobre GRUFIDES y Maxima Acuña

24 de febrero de 2015

GRUFIDES aclara sobre caso de familia Chaupe

A LA OPINIÓN PUBLICA

   

1. Para GRUFIDES el caso de la familia Chaupe es un caso emblemático porque es representativo de la situación de muchas personas que son vulneradas en sus derechos fundamentales para hacer viables megaproyectos poniendo en riesgo su integridad, su dignidad e incluso su vida.

2. GRUFIDES jamás ha intentado presentar a la familia Chaupe como un ícono de pobreza. Sí hemos ayudado a visibilizar a una familia campesina símbolo de fortaleza, resistencia y dignidad, haciendo frente a una empresa transnacional para defender justos derechos en medio de la profunda asimetría que se vive en un país como el Perú.

3. GRUFIDES repudia el intento burdo de la empresa minera Yanacocha de deslegitimar socialmente a Máxima Acuña y su familia haciéndola aparecer como una acaparadora de propiedades. Este argumento ya fue presentado reiteradamente, en principio durante el desarrollo del juicio y luego fue centro de una campaña de desprestigio en medios locales la cual no tuvo éxito. Los predios en cuestión siempre han figurado en la SUNARP y por tanto constituyen información de acceso público, por ello rechazamos rotundamente la tendenciosa versión de que esta información se ocultó.

4. Es evidente que con esta campaña se intenta distraer las cuestiones de fondo de este tema. El problema fundamental no es el número de parcelas que tenga la familia, el asunto de fondo es el evidente abuso cometido por la empresa minera en contra de los derechos de la misma y el uso de la fuerza pública al servicio de sus intereses privados, lo cual ha terminado por mercenarizar las fuerzas policiales.

5. Por último, la Campaña ¨Maxima somos todos¨ generada de manera espontánea por diversos colectivos, personas y organizaciones, es una expresión solidaria que no busca defender en estricto la propiedad sino y sobre todo, la dignidad y la vida de una familia de personas sencillas y trabajadoras como lo somos la mayoría de peruanos.

Cajamarca, 24 de febrero del 2015


NOTA: La información difundida por Ricardo Uceda fue hecha pública por Luis Mego Díaz en la ciudad de Cajamarca, el 10 de febrero del presente año; lo cual fue identificado como una campaña de la Empresa Minera Yanacocha, originando el contundente rechazo de la población cajamarquina. 

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Yanacocha empezó a depredar la Granja Porcón en los terrenos que adquirió de la Cooperativa Atahualpa Jerusalem




23 de febrero de 2015

Cuestionada minera Tahoe Resources adquiere presencia en La Libertad y Cajamarca

Publicado por SERVINDI

Mina La Arena en La Libertad. Foto: Rioaltomining.com
- Tahoe Resources de Estados Unidos compró Río Alto para operar en La Arena (La Libertad) y Shahuindo (Cajamarca). Parte del negocio es de Goldcorp, la segunda mayor productora mundial de oro.
Servindi, 21 de febrero, 2015.- La empresa minera estadounidense Tahoe Resources, que opera sin licencia social en Guatemala, adquirió una importante participación en la empresa Río Alto. Según el diario Gestión, ambas compañías combinarán sus negocios de oro y plata para conformar una productora “mediana”.
De esta manera Tahoe Resources tendrá una intervención en el proyecto aurífero La Arena, ubicado en la región La Libertad, así como en el proyecto Shahuindo, en la región Cajamarca.
La compra de Río Alto por Tahoe Resources se anunció el 10 de febrero de 2015 y la nueva empresa alcanzaría un valor de mercado de US$3.250 millones.
La fusión fue “diseñada para crear una compañía más fuerte y mejor posicionada de cara al futuro”, dijo a Gestión el presidente ejecutivo de Tahoe, Kevin McArthur.
Tahoe y Río Alto serán titulares de aproximadamente el 65 y 35 por ciento de la compañía fusionada.

Cuestionamiento social

“Tahoe Resources opera el conflictivo proyecto Escobal en el sureste de Guatemala, a unos 70 kilómetros de la capital”, informó a Servindi Jennifer Moore, responsable del Programa para América Latina de Mining Watch Canada
Mientras en la zona directamente afectada por la mina de oro y plata la población es no indígena, hay comunidades xinkas como San Carlos Alzatate que podrían verse desplazadas por la expansión de la minería en la región. (Ver informe de Servindi de mayo de 2013: “Guatemala: Se desata represión contra pueblo Xinka. Estado de sitio y persecución de líderes”)
En junio de 2014, siete ciudadanos guatemaltecos presentaron una demanda civil contra Tahoe en una corte de Canadá (cotiza en la Bolsa de Toronto) por la violenta represión de una protesta en el ingreso principal de la mina ocurrida en 2013.
Por esos hechos, el entonces jefe de seguridad de la minera, Alberto Rotondo, militar retirado de nacionalidad peruana, fue acusado de lesiones graves y obstrucción a la justicia por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la localidad de Santa Rosa.
Simultáneamente, una delegación de las comunidades afectadas por Tahoe Resources emprendió una gira por Canadá para informar a la opinión pública de ese país sobre su situación.

De izquierda a derecha: Rafael Maldonado, abogado de CALAS Guatemala; Celeste Gutierrez, del Consejo Diocesano en Defensa de la Naturaleza (CODIDENA); Ellen Moore (traductora del evento); y Oscar Morales, coordinador del Comité en Defensa de la Vida de San Rafael Las Flores, durante un presentación en la Universidad de Toronto. Foto: Mining Watch Canada.
Por su parte, el Consejo de Ética del Fondo Noruego de Pensiones recomendó excluir de su cartera de inversiones a Tahoe Resources “por el riesgo inaceptable de que pueda contribuir a provocar violaciones a los derechos humanos”.
El Consejo de Ética es un organismo independiente designado por el Ministerio de Finanzas de Noruega y hace recomendaciones de acuerdo a evaluaciones específicas.
Jennifer Moore señaló además la relación entre Tahoe Resources y la canadiense Goldcorp, una de los mayores productores mundiales de oro.
Según Moore, “Goldcorp posee el 40 por ciento de las acciones de Tahoe Resources y seis de los ocho miembros de la Junta Directiva de la empresa están vinculados”.
Mining Watch Canada es una iniciativa de organizaciones indígenas, ambientalistas y de justicia social en favor de comunidades afectadas por la imposición de prácticas y políticas mineras en Canadá y a nivel mundial.

La nueva empresa alcanzará un valor de mercado de US$3.250 millones

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