12 de septiembre de 2014

Minería en Perú, ¿mal augurio para indígenas y campesinos ?

DW- VIERNES, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014 16:45 GMT

 
La inadecuada respuesta gubernamental a la población campesina en Perú por los serios impactos de la gran minería preocupa a organizaciones de la sociedad civil. DW habló con uno de sus representantes en Bruselas.

“Por cada gramo de oro hay que mover una tonelada de roca. Son 600.000 toneladas al día. Las fuentes de agua y los manantiales han desaparecido en Cajamarca. Cuando las manifestaciones en contra del proyecto Conga –la ampliación de la mina Yanacocha- el ejército y la policía fueron pagados por la mina. Estamos presenciando una mercenarización de la Policía”, afirmó Pablo Sánchez, director de Grufides (Grupo de Información e Intervención para el Desarrollo Sostenible).

Cajamarca, un mal augurio
Que Cajamarca, la mitad de cuyo territorio está bajo concesiones mineras, sea la región más pobre y con mayores conflictos de Perú –a pesar de que su economía registra un crecimiento del 6% y de que la pobreza se ha reducido a la mitad en diez años- lanza sombras oscuras para el porvenir de las poblaciones rurales.

Tanto la organización alemana Misereor como las belgas Justice et Paix y Centre Avec detectan un incremento en la criminalización de la protesta social. También la falta de espacios de diálogo.

“Después de 20 años de actividad de la empresa Yanacocha y de sus elevados beneficios gracias a la explotación de la mayor mina de oro a cielo abierto de América del Sur -a pesar de las promesas de empleo y prosperidad para la ciudad, Cajamarca es la primera en la lista de ciudades con pobreza extrema en Perú”, afirma Géraldine Duquenne de Justice et Paix.

A esto se suma que el Ministerio de Medio Ambiente y los mecanismos de control autónomo se enfrentan a recortes en su campo de acción. Además las comunidades campesinas indígenas no están protegidas por la Ley de la Consulta Previa, aprobada en Perú en 2011 y que prevé la posibilidad de que una población originaria se oponga a un proyecto extractivo.
Según Susanne Friess de Misereror, las comunidades andinas del Perú nunca se autodenominaron indígenas por temor a la discriminación. La situación en conjunto pinta de negro el porvenir del 30% de la población del país andino que no habita los grandes centros urbanos.

Pero no será “sólo” la población rural la afectada: los pasivos ambientales que provoca la extracción minera, con legislaciones nacionales muy permisivas, se prevén a perpetuidad. Sobre todo en cuanto a la contaminación de las aguas se refiere.

¿No sirven las cláusulas?
En este contexto, tanto el acuerdo de libre comercio firmado con la UE (2012) como el acuerdo de materias primas firmado con Alemania (2013) preocupan, pues son instrumentos políticos para promover la actividad económica, en el Perú claramente orientada a la exportación de materias primas.

Aunque no se fijan volúmenes, el acuerdo de materias primas con Perú reviste mucho atractivo para Alemania, pues “aparte de ser un gran consumidor de recursos mineros a escala global, su sector empresarial siempre ha mostrado mucho interés por proveer servicios a la actividad minera en el Perú”, explica a DW el director de Grufides.

Cabe subrayar que el acuerdo firmado con Alemania tiene una cláusula referente a la observación de los convenios de la OIT –como el de la consulta previa. Y que el firmado con la UE posee mecanismos de observación del cumplimiento de estándares de desarrollo sostenible y de derechos humanos.

No obstante, “esto representa sólo una herramienta, que de ser usada brinda una posibilidad, una ventana de esperanza. La prioridad de los acuerdos”, resalta Sánchez De Francesch, “no es necesariamente su cumplimiento. A ello se suma las limitaciones que existen para aplicar desde Europa controles sobre decisiones que los políticos europeos consideran domésticas o locales”.

Así las cosas, en la gira que por Europa hace el activista, apoyado por organizaciones europeas, el objetivo es visibilizar la preocupante situación y la perspectiva en el país andino.

“Las naciones de la UE tienen una responsabilidad a través de la compra que hacen las naciones de los minerales en el mundo y también de las inversiones que se realizan”, concluye el activista abogando por mayor trabajo a favor de la transparencia y la trazabilidad de los minerales. Y subrayando que es muy importante que se sepa que en su país en este momento, según el entrevistado, las empresas mineras pagan a la policía.

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11 de septiembre de 2014

Firma de los acuerdos de gobernalidad regionales por parte de los candidatos

Hoy, 11 de setiembre, a las 6 p.m. en el Hotel Costa del Sol tendrá lugar el evento "Concertando el desarrollo de Cajamarca" - Firma del acuerdo de gobernabilidad 2015-2018.

Al evento participarà el presidente de la Mesa Nacional, Federico Arnillas y 7 candidatos a la presidencia regional de Cajamarca.

https://www.youtube.com/watch?v=jZow_bsT_oo&feature=youtu.be

El “paquetazo” implica entregar las tierras comunales a los inversionistas

Servindi, 11 de setiembre, 2014

El abogado Laureano del Castillo advirtió que la Ley 30230 entraña el riesgo de entregar la tierra de las comunidades a favor de los titulares de proyectos de inversión.

El director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) explica los riesgos de la Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en una  entrevista concedida a La Revista Agraria.

Al respecto la Plataforma para la Gobernanza Responsable de la tierra y el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú pidieron al gobierno central garantizar los derechos sobre la tierra de aproximadamente ocho mil comunidades campesinas y nativas del país.

La plataforma —conformada por organizaciones de la sociedad civil, gremios agrarios e indígenas—, advierte que el “paquete reactivador” de la inversión vulnera el derecho a la propiedad de las tierras de las comunidades campesinas.

A continuación la entrevista a Laureano del Castillo elaborada por Carla Calderón-Urquizo:

- ¿Cuál ha sido la intención del Gobierno al dictaminar este “paquete reactivador”? ¿Qué pretende cambiar sobre el tema de los derechos a la propiedad de las tierras de comunidades campesinas y nativas?
El saneamiento de la propiedad tiene que ver con un proceso donde el Estado, o una dependencia del mismo, formaliza derechos sobre la propiedad a una serie de titulares, incluso del propio Estado. Lo que causa preocupación es que en el Título III de la Ley 30230 se anuncia una serie de mecanismos excepcionales para la formalización o saneamiento de predios orientados a proyectos de gran inversión.
Por ejemplo, si una empresa quiere invertir en unas plantaciones de alcachofas o espárragos en un terreno que no tiene riego sencillo, se lo pide al Estado. Quizá esas tierras no están a nombre del Estado, pero probablemente sí a nombre de una comunidad campesina o nativa que no poseen sus títulos de propiedad en regla. Entonces, la ley plantea que si el inversionista necesita 50 mil hectáreas, el Gobierno saneará dichas hectáreas y se las brindará. Esto se producirá bajo el argumento de que —en teoría— esas tierras no tienen dueño y el Estado las apropia.

- En el título III de la ley N° 30230 se señala que se realizarán procedimientos especiales de saneamiento físico y legal de predios, especialmente de las comunidades ¿qué significa eso?
En la actualidad existen porciones de tierras en nuestro país que no tienen título. Es decir, la persona puede tener el derecho, pero al no tener el título resulta muy difícil, y hasta imposible, probar que es su propiedad. Entre estos casos se encuentran las comunidades campesinas y nativas. En la actualidad, existen comunidades que poseen títulos de propiedad imperfectos. Es decir, sin georreferenciación ni catastro. Las comunidades no tienen cómo acreditar que esa propiedad es suya, entonces, el Estado la conserva para poder aprovecharla como mejor le parezca. El Estado saneará la propiedad (“procedimientos especiales de saneamiento físico y legal de predios”) para dársela a un inversionista público o privado con el fin de que se realicen proyectos de gran envergadura.

- ¿Qué entidad está encargada de la titulación y saneamiento de la propiedad de las comunidades?
La Ley 30230 señala que los mecanismos de saneamiento van a estar a cargo del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), con lo que el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) queda en el limbo. Nos preocupa que se esté otorgando a un organismo de vivienda, la facultad para sanear propiedades rurales. Ello, lejos de aportar luces, genera más dudas sobre el tema.

- ¿Cuáles son esas dudas?
¿Se van a respetar los derechos de las comunidades campesinas? ¿Qué sucederá con las comunidades campesinas e indígenas que no poseen un título de propiedad? o ¿Cuál será el destino de las comunidades que tienen título pero son imprecisos?, entre otros cuestionamientos. Uno de los artículos de la ley Nº 30230 dice: lo que está inscrito, así sea por encima de los registros públicos, no tiene tanta validez como lo que realizará COFOPRI como trabajo de campo.

- ¿Cuál es el principal riesgo al que se enfrentan las comunidades campesinas y nativas?
Evidentemente, está el tema del conflicto, porque ya se sabe cómo se realizan los procedimientos de saneamiento y titulación cuando donde no hay ningún tipo de difusión. Entonces, probablemente los funcionarios realizarán estos procedimientos solamente con algunos comuneros o dirigencias comunales, lo que puede generar división al interior de las comunidades. Esa separación afecta la vida institucional y debilita a la comunidad.

- ¿Qué significa la frase: “independientemente del uso actual o futuro que se les dé a los predios” que está contenida en la Ley 30230?
El Estado tiene una mirada miope. Esta frase significa que no importará si es una tierra agrícola, bosques, lugar de viviendas, entre otros. El Estado no se proyecta hacia el futuro, ni atiende a la Ley Forestal, ni a medidas de conservación de la biodiversidad. El Estado solo quiere analizar lo inmediato. Es decir, la factibilidad de proyectos de inversión de gran envergadura.

- ¿Cuál es la propuesta que tienen las organizaciones de la sociedad civil para modificar esta norma?
Varias organizaciones de la sociedad civil hemos demandado revisar y cambiar varios aspectos de la Ley Nº 30230. Creo que es oportuno y válido el reclamo que estamos respaldando. Concretamente, la Plataforma de Gobernanza Responsable de la Tierra llama la atención sobre los riesgos del Título III de dicha ley, que merece mayor atención y que el Congreso revise las implicancias de la misma. No es que la ley diga explícitamente que se le van a quitar sus tierras a las comunidades, pero tener una redacción tan amplia no lo prohíbe. El Congreso aprobó esta ley sin percatarse de los enormes riesgos, no solo ambientales, sino también sociales en perjuicio de los pequeños propietarios y miembros de comunidades campesinas y nativas.

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Fuente: Observatorio de Tierras: http://observatoriotierras.info/monitoreo/103846

9 de septiembre de 2014

AMERICA LATINA PIENSA La Cuestión Del Desarrollo

Es un ciclo de 11 documentales cortos que ha convocado la palabra de los intelectuales y movimientos sociales mas trascendentes de nuestro continente. El ciclo se publicara periódicamente a partir de la 4ta semana de agosto de 2014, a razón de 1 capítulo semanal y será distribuido desde la pagina web http://www.noalamina.org/

La producción recorrió mas de 40.000 km durante varios meses, logrando el testimonio de más de 100 entrevistados a lo largo de todos los países de América del Sur.

Capítulos:
1 - "Crisis Global" 
En esta primera entrega del ciclo América Latina Piensa buscaremos entender el contexto general, la crisis global: para algunos, crisis del capitalismo, para otros simplemente un paso más en el marco de un sistema que se ha vuelto especialmente destructivo. Para algunos pocos, una verdadera crisis civilizatoria.
https://www.youtube.com/watch?v=1pTqlE-wmG4

2 - "Gobiernos del Sur en Perspectiva"
En el contexto de la movilización general de lucha anti neoliberal durante los 90' se crearon expresiones políticas y sociales diversas, llegando a generarse propuestas de cambio civilizatorio y en ocasiones traduciéndose por la vía electoral en opciones de gobierno.
Mientras tanto, la expansión de los llamados BRICS y más tarde la desestabilización financiera global eleva sideralmente los precios de los commodities como la soja, el petróleo o los metales preciosos generando un boom de inversiones y consecuentemente una inusitada expansión de la frontera extractiva.
Entre la búsqueda de redistribuir de la riqueza y la apuesta por el crecimiento económico vía profundización de la industria extractiva se va a configurar una verdadera tensión que ubica en el centro del debate “la cuestión del desarrollo”.
https://www.youtube.com/watch?v=GOxAJ3ShnZ0

Próximos capítulos:
3 - "Campos Verdes del Plata"
4 - "El Gigante y sus Fronteras"
5 - "El Modelo Chileno"
6 - "Rentismo o Revolución"
7 - "Ecuador desde Abajo"
8 - "Tensión Boliviana"
9 - "Extractivismo Salvaje"
10 - "La cuestión del Desarrolllo"
11 - "Pensar la Transición"

Co. Agalón Producciones 2009- 2014

Argumentos de la empresa y el Estado fueron falaces

Mirtha Vásquez Chuquilín

5 de septiembre de 2014

CONGA AL VOTO


CONGA AL VOTO

Mirtha Vásquez - GRUFIDES

El día 27 de agosto se llevó a cabo la vista de la causa del caso Conga.  Un ciudadano de Cajamarca ha planteado una demanda de Amparo en contra de la empresa Minera Yanacocha y el Ministerio de Energía y Minas por haber autorizado la instalación de un proyecto minero-Conga- en una zona altamente vulnerable colocando en riesgo el medio ambiente sano y equilibrado.

La demanda solicita que se suspenda la ejecución del Proyecto minero Conga por colocar en inminente riesgo el derecho constitucional a vivir en un ambiente sano y equilibrado, para ello se solicita la inaplicación de la Resolución 351-2010-MEM, que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental y que por ende hace viable la ejecución del mismo.

A la audiencia de vista de causa recurrieron las partes representadas por sus abogados, quienes a su turno realizaron la sustentación de sus posiciones.  La parte demandante insistió en señalar la importancia de resolver un caso como Conga que representa un conflicto en el ha entrado en tensión dos derechos, el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado y el derecho a la libertad de empresa.  Se puso en evidencia los principales impactos que se van a generar de ejecutarse el proyecto, teniendo en cuenta la zona vulnerable en la que se pretende ejecutar, una zona altoandina de jalca de Cajamarca, cabecera de 5 microcuencas que proveen de agua a cientos de poblaciones de la zona baja, en donde existe 34 hectáreas de lagunas naturales, 600 manantiales, 260 bofedales, ríos, quebradas,  que no solo cumplen un valor paisajístico, sino que generan un servicio ambiental muy importante para la naturaleza.  Al menos 210 caseríos se benefician de manera directa de esta agua existiendo , conforme al propio EIA, 102 captaciones para agua para consumo humano.

Los magistrados pudieron apreciar las principales modificaciones ambientales que propone el proyecto, desaparición de lagunas naturales como “El Perol” y  la laguna “Mala” las que van a ser convertidos en tajos, y el desagüe de dos lagunas más “laguna azul y chica”  para ser utilizadas de depósito de desmonte, conforme lo señala su EIA.  Un movimiento de 92,000 toneladas de roca al día, es lo que declara como trabajo permanente la empresa durante 19 años, y la construcción como infraestructuras de alto riesgo como una presa de relaves, la más grande en latinoamerica que ocupará 700 Has. Y que estará ubicada sobre el río alto Jadibamba y la quebrada Toromacho.

Respecto a la demanda, se precisó que la génesis de la controversia está la aprobación del EIA, en tanto ello genera la viabilidad de la ejecución del proyecto.  Por lo mismo, la demanda de amparo tiene como objeto que se declare la inaplicación de la  Resolución Directoral Nº 351 MEM/AAM que aprueba el EIA para efectos de que se suspenda la ejecución del Proyecto minero Conga por colocar en riesgo cierto e inminente el derecho constitucional a vivir en un ambiente sano y equilibrado, contemplado en el Art. 2 inc.22 de la carta magna.

Respecto al proceso
La demanda de amparo se interpuso ante la jurisdicción de Cajamarca, y tanto la primera como la segunda instancia la declararon “Liminalmente improcedente” aludiendo causales establecidas en el Art. 5 incs.2 y 4 del Código Procesal Constitucional es decir, por falta de agotamiento de las vías previas, la existencia de vías procedimentales específicas igualmente satisfactorias, y además, por supuestamente necesitar este proceso, por su naturaleza, etapa probatoria. 

La parte demandante sustentó que esta es una interpretación errónea de la ley precisando un asunto fundamental que hay que considerar es que tanto el juez como la sala civil de Cajamarca partieron de un presupuesto equivocado, el considerar que el objeto de la demanda es “restar eficacia jurídica” a un acto administrativo como es la Resolución administrativa 351-2010 del MINEM, debido a lo cual requieren agotamiento de vía previa. Ante el TC se vuelve a precisar, que lo que busca el amparo es la protección concreta de un derecho fundamental como es el de vivir en un ambiente sano y equilibrado que en este caso se ve amenazado ante la ejecución de un proyecto minero,  y ello va más allá restarle eficacia o validez de una resolución directoral, por lo mismo, no tiene caso agotar vía previa, pues en la misma solo buscaría que la administración pública revise su propio acto para verificar condiciones de validez legal.

En función al mismo error la Sala civil de Cajamarca opinó que este proceso por su naturaleza necesita de etapa probatoria que debería actuarse en una vía ordinaria.  Al respecto, se recordó la naturaleza de estos procesos, la materia ambiental, respecto a los cuales debe primar un principio fundamental, el principio precautorio, principio que ha sido reconocido como constitucional (Stc. 2002-2006 y 3442-2004) y que en estos casos específicos no solo sirve para analizar el fondo de la controversia constitucional, sino también como sustento indesligable para determinar la procedencia de una demanda que en estos casos puntuales cabe la posibilidad de ser resuelta sobre la base de los indicios y sin pruebas definitivas.

De otro lado, existen vías procedimentales igualmente satisfactorias? La respuesta es no. El TC establece como “regla general” para eximir de este requisito “el riesgo de irreparabilidad”,“el riesgo de irreparabilidad del daño fundamental causado o por causarse a la persona el que determinará que la demanda de amparo resulte procedente” (STC 00906-209-AA); y este riesgo en este caso es particularmente inminente, debido a el proyecto legalmente autorizado como está pudo haberse ejecutado y haber generado los daños graves e irreversibles pudieron y pueden estar consumados de no ser por la resistencia de la población que incluso ha costado la vida de 5 personas.

Pero es sobre el fondo del tema que se incidió, sobre el objeto de este amparo que persigue la protección del derecho fundamental a vivir en un ambiente sano y equilibrado lo cual implica una dimensión objetiva, que vincula al Estado indefectiblemente y que le exige de forma imperativa una adecuada y efectiva protección del derecho al medio ambiente (STC 0048-2004-AI/TC).  En relación a ello, y solo por citar un ejemplo, el procedimiento de elaboración y aprobación de los EIA expresan incumplimiento del Estado con la esta obligación sustancial.   

La parte demanda a través del representante de Minera Yanacocha solo se limitó a insistir en su solicitud de declaración de improcedencia de la demanda para evitar discutir el fondo de esta controversia respecto a lo cual solo manifestó que el proyecto Conga no dañaría el ambiente pues la lagunas que se van a impactarse son absolutamente impermeables y no generan filtraciones ni cursos de agua subterránea por lo que era perfectamente factible que puedan ser reemplazadas por reservorios artificiales, negando así los serios impactos que incluso el EIA del proyecto acepta.  Por su parte el Procurador tuvo una intervención centrada en intentar explicar técnicamente el proyecto Conga para terminar aceptando que este proyecto no está suspendido legalmente como se ha pretendido afirmar. 

La causa quedó al voto, y Cajamarca queda a la espera de que este Tribunal Constitucional por fin pueda resolver institucionalmente este conflicto que ya ha traído altísimos costos sociales.

Firma la petición

Condenada por empresa minera: ¡Máxima es inocente!

En Perú, un juez acaba de sentenciar a Máxima Acuña a ser desalojada, a 2 años y 8 meses de prisión suspendida y pago de 5.500 soles a la minera Yanacocha por supuesta usurpación de tierras. Firma la petición para impedir el desalojo, cese el acoso y violencia contra Máxima por defender la tierra y las lagunas de Conga.



1 de septiembre de 2014

PROCESO DE AMPARO SOBRE EL PROYECTO MINERO CONGA EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Pueden escuchar el alegato que presentó Mirtha Vásquez de GRUFIDES en el Tribunal Constitucional por el caso Conga en el minuto 123 de este video:

http://www.tc.gob.pe/servicios/mantenimiento/audiencias/video.php?idnot=391&arch=notas_prensa/videos/Audiencias/2014/Audiencia_Pleno_27-08-2014.flv

Nota de Prensa Nº 092-2014-OII/TC

 PLENO DEL TC DEJÓ AL VOTO PROCESO DE AMPARO SOBRE EL PROYECTO MINERO CONGA

 
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Esta mañana, el Pleno del Tribunal Constitucional sesionó en audiencia pública, en su sede de Lima, y dejó al voto un total de 55 causas, entre procesos de inconstitucionalidad, de cumplimiento, hábeas corpus y amparo.

Una de las demandas que quedaron al voto es la referida al proceso de amparo  interpuesto por Marco Arana Zegarra contra el Ministerio de Energía y Minas y otro, referente al proyecto minero Conga.

En la mencionada causa (Exp. Nº 03673-2013-AA) realizaron los informes orales por  la parte demandante la abogada Mirtha Vásquez Chuquilín y por la parte demandada hicieron uso de la palabra los abogados Bruno Marchese Quintana, en representación de minera Yanacocha, y Christian Dondero Cassano, en representación de la procuraduría  del Ministerio de Energía y Minas.

También quedaron al voto tres procesos de inconstitucionalidad contra diversos artículos de la Ley Nº 29951 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2013. Una de las demandas fue interpuesta por el Colegio de Abogados del Callao (Exp. Nº 00003-2013-AI), otra por el Colegio de Abogados de Arequipa (Exp. Nº 00004-2013-AI) y la tercera demanda fue interpuesta por 5,127 ciudadanos (Exp. Nº 00023-2013-AI).

El Pleno del Tribunal Constitucional lo conforman el magistrado Óscar Urviola Hani (Presidente) y lo integran los magistrados Manuel Miranda Canales (Vicepresidente), Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez, José Luis Sardón de Taboada, Marianella Ledesma Narváez y Eloy Espinosa-Saldaña Barrera.

El lunes 25 de agosto la Sala Primera, presidida por el magistrado Miranda Canales e integrada por los magistrados Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, sesionó en audiencia pública y dejó al voto 51 procesos constitucionales.

Por su parte, la Sala Segunda presidida por el magistrado Blume Fortini e integrada por los magistrados Ramos Núñez y Ledesma Narváez, sesionará en audiencia pública  el jueves 28 de agosto a las 09:30 horas, para la vista de la causa de 59 procesos constitucionales.

Las audiencias públicas realizadas en la Sala de Audiencias de la sede institucional de Lima son transmitidas en VIVO y pueden ser vistas ingresando a la siguiente dirección: www.tc.gob.pe/tc_audiencia_vivo.php


Lima, 27 de agosto de 2014

22 de agosto de 2014

MINEM prepara nuevo “paquetazo minero”

paqueminero
Por Javier Jahncke - Secretario Ejecutivo de la Red Muqui
En medio del escándalo que remeció al gobierno de Ollanta Humala al hacerse públicos los “cornejoleaks”, que confirmaban el lobby de las empresas que presionan para lograr medidas y decisiones de gobierno que las favorezcan, se hizo público el día sábado 16 de agosto en El Peruano la creación de la Comisión Sectorial para el impulso de las inversiones en el Sector Energía y Minas.
Esta comisión tiene como finalidad la de “evaluar, identificar, proponer y realizar el seguimiento de las medidas para fomentar las inversiones en el sector”, es decir la de propiciar un nuevo paquete de medidas, para no decir “paquetazo” que algunos confunden con los de Fujimori y García y que va a flexibilizar aún más el marco normativo del sector energía y minas, para “mejorar la gestión pública en el ámbito de las competencias del MINEM”.

Para seguir la línea trazada por el Ministro Castilla, que es el principal impulsor de las medidas de “desregulación” de las empresas, especialmente de las industrias extractivas (minería e hidrocarburos) y de construcción, la citada comisión contará con la colaboración de funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y de PROINVERSIÓN, que siguen priorizando a la minería como “motor del desarrollo” y con ello la realización de la cartera de proyectos mineros ascendente a US$ 59,582 millones.

La citada Comisión debe instalarse a más tardar el 25 de agosto, y tiene un lapso de 6 meses, para presentar un informe con las medidas para impulsar las inversiones en el sector Energía y Minas. Es decir, podemos tener luego del paquetazo de fiestas patrias, otro por navidad y año nuevo a fines del 2014.

Un dato final interesante de la resolución ministerial N° 368-2014-MEM/DM, es que se institucionaliza el lobby que tanto ha dado que hablar es los últimos días. Y es que el Ministro Mayorga suscribe una norma que convoca a las “entidades públicas y privadas” a brindar “colaboración, opinión y aporte técnico” a la Comisión.
Con ello, ya no serán necesarias las llamadas o correos electrónicos de los ex asesores de las diversas instancias de gobierno, de los estudios de abogados que asesoran a los grupos de poder económico y otras formas de lobby, sino que aquellos interesados en hacer “lobby” para que sus proyectos se prioricen o las medidas que requieren para que tengan “luz verde” o sean beneficiados, no tendrán que solicitar una cita, pues el MINEM los va a convocar formalmente, para que presenten sus propuestas y alternativas para las nuevas medidas “para el impulso de las inversiones” en el sector energía y minas.
La pregunta sería, donde quedan los Gobiernos Regionales y Locales que son autónomos según la Constitución, para establecer donde se pueden o no realizar determinadas actividades económicas a partir del ordenamiento territorial, y como aplican sus planes de desarrollo concertado, si se mantiene la imposición de dichas actividades desde Lima.
Y la otra pregunta es, como esperamos que no aumenten las cifras de conflictos sociales en el país, especialmente ligada al incremento del otorgamiento de concesiones y la realización de operaciones mineras, si se siguen tomando medidas sin la participación de las poblaciones ni consulta previa a los pueblos indígenas, que son los principales afectados, pues son sus tierras en las que se realizan en su mayoría éstas actividades, y son sus derechos los más afectados.
Recordemos que una de las medidas planteadas por la Ley N° 30230, la del “paquetazo”, establece que donde se otorguen concesiones otorgadas por el gobierno nacional anteriores o posteriores a la citada ley, o se realicen futuros proyectos de inversión privada y pública, de interés nacional, seguridad nacional y/o de gran envergadura, se deben aplicar procedimientos de saneamiento físico legal de predios tanto en la zonas de influencia directa como indirecta, independientemente del uso actual o futuro que se le vaya a dar.
Esto posibilita que en el caso que haya predios sin título de propiedad o con título de propiedad pero no inscrito en registros públicos, estos predios revertirían al Estado y los podría otorgar en propiedad nuevamente, afectando la posesión de los pueblos indígenas, sean comunidades campesinas o nativas, la que es amparada con el mismo nivel de la propiedad, por el Convenio 169 de la OIT, vigente en el Perú desde 1995, y el derecho de propiedad de cualquier peruano o peruana, amparado en la Constitución, que se encuentre en esa situación.
¿Qué otros derechos se van a afectar con las medidas del futuro “paquetazo minero”?

20 de agosto de 2014

El Rapto de la Laguna Azul

Diario El Comercio 19.08.14

Cajamarca: Tribunal Constitucional cita a audiencia por el caso Conga


Por: Juan Arribasplata
Mirtha Vázquez, secretaria ejecutiva de GRUFIDES informó, el día de ayer y en medio de gran expectativa, que el Tribunal Constitucional ha citado a audiencia por el caso del proyecto Conga, el 27 de setiembre próximo, a las 9:30 de la mañana, en la ciudad de Lima.
Vázquez recordó que en el año 2012 se presentó una Acción de Amparo por el caso Conga. La demanda se interpuso por amenaza de violación al derecho constitucional a vivir en un medio ambiente adecuado y equilibrado, planteando que de realizarse el citado proyecto, se provocaría un daño irreversible y se atentaría contra el derecho que asiste a los ciudadanos. “En esta causa se va a ver qué argumentos, qué medios probatorios hemos presentado nosotros, la ciudadanía, para que se pueda respetar al medio ambiente y evitar que el proyecto Conga vaya, debido a su impacto irreversible”, refirió.
Por otro lado, supuso que la empresa minera y el Estado van acudir a la cita para justificarse y exponer las razones por las que quieren que el proyecto Conga siga adelante. “Va a ser un momento muy importante, yo creo, porque el tribunal máximo de este país va a revisar este caso”, opinó Vásquez.
Del mismo modo, la secretaria ejecutiva de GRUFIDES informó que la demanda fue interpuesta contra Yanacocha y el Ministerio de Energía y Minas, y explicó que antes de emitir sentencia, el Tribunal Constitucional llama a una audiencia llamada “Vista de Causa”, en la que las partes argumentan sus posturas. “Lo que nosotros pedimos puntualmente es que se declare inaplicable la Resolución No. 351-2010-MEM/AAM, que aprobó el EIA de Conga, y, por tanto, se suspenda la explotación de dicho proyecto”, dijo.
Cabe recordar que el 14 de abril de este año, la empresa Minera Yanacocha ha presentado, ante el Ministerio de Energía y Minas, una segunda modificatoria al EIA mostrado inicialmente y que fue elaborado por la firma consultora Schlumberger Water Services.
Sobre esta segunda presentación, Vázquez declaró que espera que sean expertos quienes lleven a cabo la revisión, tarea que demora un tiempo importante. “Desde ya las modificatorias expresan que las empresas mineras proponen cambios, y eso le da una inseguridad al ciudadano, porque no sabemos en qué se piensa modificar, qué tipo de nuevas acciones hay en el proyecto, qué nuevas actividades se proponen”, señaló.

Noticias SER 20.08.14

15 de agosto de 2014

Máxima contra Goliat

La semana pasada escribí sobre la posibilidad de que Máxima Acuña Atalaya de Chaupe, la Dama de la Laguna Azul, pudiera perder el caso de usurpación agravada trabado por la empresa minera Yanacocha sobre su predio de cuatro hectáreas en la zona de Tragadero Grande, Sorochuco, Cajamarca. Durante el transcurso de la mañana del martes 5 de agosto de 2014, el juez unipersonal de Celendín, Tomhy Padilla Mantilla, dictó sentencia: dos años y ocho meses de prisión suspendida contra ella, su esposo Jaime, su hija y su yerno (el fiscal había pedido tres años de prisión efectiva); una indemnización de 5.500 soles a la empresa y la orden de desalojo. La abogada de los Chaupe de inmediato interpuso recurso de apelación: si el recurso se aprueba, el caso se verá en la Corte Superior. 

En las redes sociales muchas personas, de inmediato, se solidarizaron con los Chaupe. Otros, por el contrario, los acusaron de vender su terreno, luego invadirlo y mentir. Estas acusaciones son totalmente falsas: los Chaupe nunca vendieron el terreno a la empresa minera Yanacocha. Ellos compraron el terreno de 4 hectáreas en 1994 y tienen un certificado de propiedad de este con todos los registros de ley. Pero lo que se discute en este juicio no es si el terreno pertenece a los Chaupe o a Yanacocha: se discute si ellos, que vivían en ese terreno, lo usurparon por la fuerza a la empresa. Lo que se discute no es la propiedad, es la posesión. 

Para demostrar que habitaban el terreno, los Chaupe tienen un documento sumamente importante para este proceso penal de usurpación: la comunidad campesina e indígena de Sorochuco, afín a la empresa, les ha otorgado un certificado de posesión de esa zona así como de formar parte de esta como comuneros. Eso implica que los Chaupe, desde el año 1994, ha vivido en la zona y, además, que son miembros de una comunidad campesina e indígena. 

Por otro lado, la empresa Yanacocha aduce que en el año 2001 compró una serie de predios precisamente en la zona de la comunidad de Sorochuco, conformados por 5.700 ha, dentro de las cuales se encontraría este terreno. Pero, insisto, como lo que se discute en este juicio no es la propiedad sino la posesión, la empresa tendría que demostrar que es posesionaria de este. Y no ha podido demostrarlo. Lo que ha demostrado es que es posesionaria de las 5.700 ha y que, en un terreno tan grande, no puede haber posesión en cada espacio de este. Buen argumento; sin embargo, hay un detalle importantísimo que, me imagino, se verá en la segunda instancia: nunca se midieron las coordenadas del terreno, no hubo peritaje propuesto.  

Hay investigaciones de la Universidad Nacional de Cajamarca, hechas sobre el terreno con mecanismos de medición georreferenciales, que sostienen que ese terreno no forma parte de las 5.400 ha de la empresa. Es decir, aunque se discuta la posesión y no la propiedad, si los Chaupe vivían en otro terreno, no hay delito de por medio. Yanacocha, por su parte, tendrá que probar lo contrario. Mientras tanto, Máxima sigue luchando contra Goliat: será débil, será pobre, no tendrá armaduras, pero puede lanzarle una dolorosísima pedrada en la frente.

Diario la República 12.08.14

¿Su nuevo laberinto? Minera Yanacocha y la segunda modificatoria a su EIA de Conga

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Luego de 4 años de haber sido presentado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Conga de Yanacocha, nuevamente la empresa minera ha presentado ante el Ministerio de Energía y Minas una segunda modificatoria al EIA presentado inicialmente. Este EIA ha sido presentado el pasado Abril de 2014, si se preguntan si lo hizo Knight Piésold pues están equivocado, en esta oportunidad le toco ser elaborado por empresa consultora Schlumberger Water Services.
Para iniciar, varios pensaran que el estudio presentado solamente contempla que minera Yanacocha solo explotara el sector Chailhuagón, zona que ya se cuenta con el muy famoso “reservorios naturales”, pues están equivocados; el EIA no contempla si habrá un tajo abierto más o un tajo abierto menos, que es lo que generalmente se estaba rumoreando, si recordamos el pasado “XI Simposium del Oro”, el CEO de Minas Buenaventura, Roque Benavides manifestó que “Minas Conga sería más pequeño que el proyecto inicial para sacarlo adelante”[1] (Gestión, 2014), por lo tanto el presente EIA por si solo desmiente al CEO de Minas Buenaventura. Abra que preguntarle a Roque Benavides, a que se refería cuando dijo que sería “más pequeño”.
EL EIA
De las 1427 páginas que cuenta el cuerpo textual (sin imágenes adicionales, mapas y anexos), el capítulo que nos interesa es el número 4 denominado con el título “Descripción de la segunda medicación del proyecto” donde mencionan que habrá cambio en los siguientes puntos:
Instalaciones de mina.
  • Tajos Perol y Chailhuagón: Versión actualizada del diseño de las dimensiones finales de los tajos y del plan de minado.
  • Depósitos de desmonte Perol y Chailhuagón: Actualización del diseño.
Instalaciones de procesamiento.
  • Depósito de material ROM: Ampliación de la instalación
  • Circuito de chancado primario: Reubicación de la instalación en el área del depósito de material ROM.
  • Sistema de transporte de mineral chancado: Reconfiguración sobre su misma ubicación original.
  • Planta concentradora: Reconfiguración de la planta, adición de cuatro espesadores y ajustes en el proceso.
Instalaciones de manejo de aguas.
  • Estructuras de conducción y derivación: Reconfiguración de parte de los trazos de los canales y tuberías producto de las nuevas instalaciones de la presente Modificación y de la optimización del manejo ambiental del proyecto.
  • Sistemas de almacenamiento temporal: Cambio del tanque de aguas ácidas por una poza de almacenamiento de aguas ácidas en el depósito de material ROM.
  • Plantas de tratamiento: Inclusión de una planta de tratamiento de agua residual doméstica en el área de cambio de turno, reubicación de la planta de tratamiento asociada al taller mecánico e incorporación de un sistema opcional de ósmosis inversa complementario a la planta tratamiento de agua de exceso.
Instalaciones auxiliares.
  • Depósitos de material orgánico e inadecuado: Reconfiguración del esquema de almacenamiento.
  • Infraestructura para actividades administrativas: Reubicación de algunas instalaciones.
  • Instalaciones auxiliares de mina: Reubicación del taller mecánico.
  • Infraestructura de manejo de productos especiales y residuos: Reubicación de la estación de combustible permanente cerca al área del circuito de chancado primario.
  • Accesos, caminos internos y corredores: Reconfiguración de algunos trazos de las vías.
  • Infraestructura de soporte: Inclusión de un área de cambio de guardia.
Con lo mencionado anteriormente, nos deja claro la idea que el proyecto tal como ha sido planteado al inicio se mantiene; las variaciones que habrá según “ellos” será para mejorar la calidad ambiental, minimizar los impactos en las cabeceras de cuencas afectadas y posiblemente dirán para reducir costos, ese será el discurso en las próximas semanas por parte de todos los que piden su viabilidad.
Varios se preguntaran si las 92 000 TM/día de roca a extraer de ambos tajos será reducirá o aumentara, la respuesta es simple no habrá ningún cambio más bien se mantendrá, tal como se planteó en el EIA de Conga presentado en el 2010. Como sabemos el proyecto Conga, dependería mucho de su producción del material extraído de los tajos Perol y Chailhuagón, de la cual en el EIA presentado este abril de 2014, considera modificaciones al tajo respecto al área, nivel más bajo en el tajo y cantidad de material a extraer; cabe recalcar que las modificaciones son mínimas y no afectarían en mucho al proyecto, en el siguiente cuadro comparativo se puede observar los cambios en el planteamiento de la construcción de ambos tajos.

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Fuente: 2da modificatoria del EIA de Conga, Schlumberger – 2014.

Como podemos leer las áreas de ambos tajos (Perol y Chailhuagón) no se reducen más bien aumentan en 3 y 4 hectáreas respectivamente, pero en las profundidades respecto al tajo el Perol este disminuye en 15 metros mientras el tajo Chailhuagón se mantiene; debido a la reducción de la profundidad del tajo Perol pese a haber a un aumento en el área, la cantidad de material a extraer será de 766 MT, en cambio del tajo Chailhuagón aumentara de 379 MT a 406 MT debido al aumento de su área. Si analizamos pausadamente la cantidad de material a extraer en la primera modificatoria del EIA de Conga este se planeaba extraer en total 1237 MT, en cambio en la segunda modificatoria del EIA este planea extraer en total 1172, si aplicamos una simple resta obtenemos que hay una variación de 65 MT. Respecto a los otros cambios son re-ingeniería como ellos lo llamarían, no hay olvidar que en el 2010 la multinacional ABB adjudicó el contrato de compra para el molino SAG más grande del mundo[2] (Semana Económica, 2010), este tendrá una altura de 12.8 metros, donde Metso Corp y Fluor Corp. serían los encargados de proporcionar e instalar el molino en la zona del py. Conga.
DATO
Milton Sánchez Cubas, Secretario General de la Plataforma Interinstitucional Celendina, manifestó que las municipalidades provinciales y distritales que están dentro del ámbito del py. minero Conga tienen menos de 9 días para presentar sus respectivas observaciones a la segunda modificatoria del EIA de Conga.
La primera modificatoria del EIA de Conga fue aprobada el pasado 27 de octubre de 2010, siendo como Director General de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) el Ing. Felipe Ramírez del Pino que de ser director, fue uno de los gerentes de Minera Yanacocha, formando parte de la incontable lista de funcionarios peruano que pertenecían a las famosas Teoría de las “puertas giratorias[3]” o “revolving door”. Siendo la abogada Clara García Hidalgo la encargada de firmar la “Certificación Ambiental” definido así por la ley SEIA (Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental) de la aprobación del EIA de Conga, el documento mencionado es la Resolución Directoral N° 351-210-MEM-AAM.

A continuación cuerpo textual de la 2da modificatoria del EIA de Conga.








Escribe: Jorge Chávez Ortiz* Foto: Jorge Chávez Ortiz * Estudiante de Ing. Ambiental de la Universidad Nacional de Cajamarca, activista ambiental, blogger, fotografo.

[1] Roque Benavides: Minas Conga sería más pequeño que el proyecto inicial para sacarlo adelante, publicado en Diario Gestión el 21 de mayo de 2014. Disponible en http://gestion.pe/economia/roque-benavides-ceo-buenaventura-proyecto-conga-seria-mas-pequeno-que-proyecto-inicial-sacarlo-adelanto-2097930
[2] ABB se adjudica contrato de primer molino SAG para mina Conga. Publicado en Semana Económica el 04 de octubre de 2010. Disponible en http://semanaeconomica.com/article/extractivos/70548-abb-se-adjudica-contrato-de-primer-molino-sag-para-mina-conga/ 
[3] Definición de Puertas Giratorias disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_giratoria_(pol%C3%ADtica)