20 de noviembre de 2014

La Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca reprograma la audiencia del caso de la Familia Chaupe para el 1 de diciembre.


El día de hoy, 20 de noviembre del 2014, estaba programada la última audiencia en el caso de usurpación de tierras de la Familia Chaupe en agravio de Minera Yanacocha. 


La familia había sido sentenciada a dos años y ocho meses de prisión preventiva, una reparación civil de 5.500 soles y asumir los costos del proceso, así como entregar el terreno invadido a la empresa bajo amenaza de lanzamiento en el juzgado de Celendín, sentencia la cual fue apelada por la familia ante la Corte Superior de Justicia de Cajamarca.



La fecha de la vista de causa para el día de hoy, había sido notificada a las partes interesadas el 23 de octubre del presente. Sin embargo, con fecha 13 de noviembre del 2014, Minera Yanacocha solicita a la Sala Penal la reprogramación de la fecha de la audiencia, debido a que el abogado de la empresa, Juan Carlos Camacho Mendoza, tenía programada una cita en la Clínica Ricardo Palma de Lima para el mismo jueves 20 a las 4:20 pm, con el médico traumatólogo Orestes David Ríos Morales, lo que le impedía asistir a dicha Audiencia. 


Por tanto, a la audiencia del día de hoy asiste como abogado defensor de Minera Yanacocha, el abogado Arsenio Oré Guardia, del estudio Oré Guardia, el cual solicita, nuevamente, reprogramar la fecha de la audiencia, aduciendo no conocer el proceso, ya que la empresa le había designado el caso el día anterior, no estando en capacidad de realizar la defensa de forma adecuada. Sin embargo, este gabinete de abogados es el que lleva los casos penales de Minera Yanacocha, por lo que sorprende que el propio fundador del mismo, no conozca el caso y no pueda desarrollar la defensa. Además, la empresa minera ha acreditado a tres abogados más en el proceso, los cuales podrían haber sido designados para la audiencia del día de hoy, lo cual no ha sido así.


En base a dicha solicitud y, argumentando la igualdad de condiciones de defensa de las partes, la Sala decide reprogramar la audiencia para el 1ero de Diciembre a las 9 de la mañana.


Es evidente que Minera Yanacocha busca dilatar el proceso mediante una serie de estrategias y argucias. Como ya mencionamos, parece que la empresa espera que cambie en enero del próximo año al Presidente de la Sala y que nombre vocales con los cuales tenga la absoluta seguridad de conseguir un fallo favorable.

Observatorio de Conflictos
GRUFIDES

19 de noviembre de 2014

Yancocha entorpece proceso judicial en caso Máxima Acuña Chaupe

La Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca comunicó a la defensa legal de Máxima Acuña Chaupe que el abogado defensor de Yanacocha Juan Carlos Camacho Mendoza extrañamente se ha enfermado y no podrá asistir a la audiencia que piden sea reprogramada para próxima fecha. La audiencia había sido programada para el jueves 20 de noviembre.

Desde que Yanacocha ganara el juicio que le siguió a Máxima Chaupe en un tribunal de Celendín con una sentencia que fue anulada por vicios procesales y luego consiguiera nuevamente una segunda sentencia en Celendín que le favorecía condenando a Máxima, ahora que se sigue un nuevo juicio en la Sala de Apelaciones de Cajamarca, ha buscado boicotear el proceso con una serie de argucias y maniobras para entorpecer el proceso:

1. Intentó recusar a vocales de la Sala de Apelaciones para separarlos del caso, para ello los investigó minuciosamente en el Consejo de la Magistratura, sin que consiguiera su propósito, pero igual la minera ha apelado su recusación para mantener un mecanismo de presión;

2. Para complejizar las cosas, uno de los abogados de Yanacocha que ha venido representando a Empresa en todos los juicios contra Máxima Acuña, Juan Carlos Camacho Mendoza, sufrió una extraña lesión por lo que ha presentado certificado médico del Dr. Edward Guillén Shen que trabaja en la Clínica Los Fresnos (que es beneficiaría de las aseguradoras de los trabajadores de Yanacocha) a la Sala de Apelaciones señalando que, precisamente el día en que se iba a realizar la Audiencia, le han dado una cita en la Clínica Ricardo Palma de Lima el jueves 20 a las 4:20 pm con el médico traumatólogo Orestes David Ríos Morales, lo que le impide asistir a la Audiencia, por lo que pide que ésta sea reprogramada para nueva fecha.

¿Por qué Yanacocha busca entorpecer y alargar los plazo del nuevo proceso recusando vocales,  y ahora que se iba a realizar la audiencia final, su abogado en el caso Chaupe, se enferma y pide reprogramar la diligencia?

¿Será porque la poderosa minera está buscando, con otros métodos, bajarse a los miembros de la actual Sala? ¿Qué teme?

¿Será que está boicoteando el actual proceso esperando que cambie en enero del próximo año al Presidente de la Sala esperando que se le nombren vocales con los cuales la minera tenga la absoluta seguridad de que va a conseguir un fallo favorable?

¡Alto a las interferencias y presiones políticas y de grupos de poder en el Poder Judicial!

Cajamarca, 18 de noviembre de 2014

Observatorio de Conflictos
GRUFIDES

Puede interesarte:

7 de noviembre de 2014

Línea de Tiempo del Caso de la Familia Chaupe por GRUFIDES



 Ver la línea en el siguiente enlace: Línea de Tiempo


El 20 de noviembre, la Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca decidirá sobre caso de usurpación de tierras de Minera Yanacocha contra la Familia Chaupe



La Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial de Cajamarca fijó como fecha de Vista de Causa del caso de la Familia Chaupe para el 20 Noviembre de 2014, en la cual se definirá la inocencia o culpabilidad de la familia Chaupe en la denuncia sobre usurpación de tierras interpuesta por la Empresa Minera Yanacocha.
 
En anterior proceso judicial, el juzgado de Celendín condenó a dos años y ocho meses de prisión preventiva a la familia Chaupe por el delito de usurpación en agravio de la minera Yanacocha, el pago de una reparación civil de 5.500 soles y asumir los costos del proceso, así como entregar el terreno invadido a la empresa bajo amenaza de lanzamiento. Mirtha Vásquez, abogada de la familia Chaupe, apeló esta sentencia ante la Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca, la Vista tendrá lugar los próximos días.
 
El caso a ser revisado por la Sala Penal de Apelaciones está compuesta por tres vocales: Vásquez Molocho, Zavalaga Vargas y Bazán Cerdan. Contra el vocal Bazán Cerdán, la  Minera Yanacocha interpuso una recusación para que lo separen del proceso, aduciendo que este juez no sería imparcial, dado que para su ratificación en el cargo recibió cartas de apoyo de las rondas campesinas que lo respaldaron por su honestidad y ética profesional.

Según se conoce, esta será la última audiencia del referido caso; mientras tanto, la Familia Chaupe espera se haga justicia y que la poderosa minera no le arrebate y la desaloje de su terreno del cual son propietarios antes que Minera Yanacocha adquiriese los terrenos para el desarrollo del Proyecto Conga. Además, peritos especialistas han demostrado técnicamente que las áreas adquiridas por Minera Yanacocha no comprende el predio en litigio, denominado ¨Tragadero Grande¨. 

Por: GRUFIDES

6 de noviembre de 2014

PROYECTO IIRSA ,EL MEGA PROYECTO PARA EL SAQUEO DE AMERICA DEL SUR.

IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional SudAmericana) es un conjunto de más de 500 proyectos organizados en diez Ejes de Integración y Desarrollo (EID).
 
21348En realidad y bajo esa "piel" de desarrollo y blabla, se esconden los grandes grupos de poder económico representados por: Paul Wolfowitz, presidente del Banco Mundial; Donald Rumsfeld, secretario de Defensa de Estados Unidos; David Rockefeller, ex responsable del Chase Manhattan Bank, Henry A. Kissinger, ex secretario de Estado de los Estados Unidos; Alan Greenspan, gobernador del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos; Rodrigo Rato, director gerente del Fondo Monetario Internacional; Jacques Chirac, Ex- presidente de Francia; el multimillonario húngaro George Soros; o la Reina Sofía de España o los Rothschild, una dinastía europea de origen judeoalemán algunos de cuyos integrantes fundaron bancos e instituciones financieras a finales del siglo XVIII, y que acabó convirtiéndose, a partir del siglo XIX, en uno de los más influyentes linajes de banqueros y financieros de Europa, Bill Gates quienes son los gestores de este plan sistemático mundial (el famoso Nuevo Orden del que habló CFK hace poco) de extractivismo y apropiación de bienes comunes el agua y los territorios, para seguir la saga acumulativa, especuladora y elitista que solo busca el bienestar de esa minoría (1%),del mundo ."civilizado" en detrimento de los pobres del mundo.

Con un costo cercano a los 75.000 millones de dólares, busca eliminar las “barreras” naturales que impiden la libre circulación de las mercancías entre las diferentes “islas” que compondrían la región.

Los EID, además, se estructuran en siete “procesos sectoriales” que buscan organizar el espacio geográfico en base al desarrollo de una infraestructura física de transporte terrestre, aéreo y fluvial –proyectos que representan el 87% de IIRSA–; de oleoductos, gasoductos, puertos marítimos y fluviales y tendidos eléctricos y de fibra óptica, centrales hidroeléctricas, megaminería, soja y transgénicos (Monsanto mediante) entre otros.

Según datos proporcionados en diciembre de 2010, el 75% de los proyectos presentan avances concretos, con un 22 % concluido, un 39 % en ejecución y un 25% en preparación.

Para el año 2008 el IIRSA contaba con 51 proyectos concluidos, 196 en fase de ejecución y 107 en fase de preparación y estudios. IIRSA (2008) La construcción de infraestructuras se realiza mediante la modalidad de megaproyectos que implicarían un costo de 37425,23 millones de dólares aumentando la deuda externa de Sudamérica en un 6 %. BARTESAGHI; et Ali (14:2006)

La idea de la iniciativa es la reducción de costos productivos de la EXTRACCION de los recursos naturales del continente. La infraestructura (fibra óptica, telecomunicaciones, servicios etc) se distribuye por las áreas ricas en recursos estratégicos y está direccionada utilizando transporte multimodal hacia los puertos que permitan un comercio extrarregional.

Se privilegia el acceso a los hidrocarburos, los minerales, al agua, la producción agrícola y la biodiversidad. (el tráfico hacia EEUU y Canada principalmente en el contexto americano y a los paises de mayor consumo mundial como India, China, Francia, Italia, Alemania y Japòn, en menor medida, en la faz internacional)

Resulta esclarecedor en este sentido el anuncio creado por la empresa Syngnta titulado «República Unida de la Soja» en el que se aprecia un mapa con la región sojera del cono sur pintada en verde comterritorio autónomo inclusive con una bandera que lo representa en la que figura una semilla sobre fondo verde.

El valor de la naturaleza está dirigida directamente al mercado y no a los servicios ambientales ni a su importancia cultural. Los proyectos anteriores han implicado una movilización importante de los pueblos originarios, y de campesinos merced al aumento de la concentración de la tierra y el desplazamiento de las producciones ineficientes.

La biodiversidad es un producto a apropiar ya sea como destino turístico para poblaciones de altos recursos o mediante el patentamiento y la biopiratería sobre organismos y conocimientos utilizados por los pueblos originarios.

El impacto económico en las ciudades será diferencial, por una parte las burguesías locales experimentaran un aumento en sus ganancias gracias a sus conexiones con el capital internacional. La clase media y trabajadora se verán beneficiadas en un primer momento de construcción de las infraestructuras por mayor mano de obra pero a medida que comiencen a funcionar se generara una caída de la demanda laboral por el aumento en la eficiencia productiva.

A su vez los sectores ineficientes, demandantes de grandes contingentes de trabajadores, perderán ante la competencia de las nuevas empresas aumentando la desigualdad y el desempleo. A ello hay que sumarle el engrosamiento de las poblaciones urbanas creado por el éxodo rural y la inclusión forzosa al mercado de grades cantidades de población.

Los impactos pueden dividirse según las diferentes etapas de implementación del proyecto, aumentando el grado de los impactos del mismo hacia el fin de su vida con el agotamiento de los recursos y el abandono de la región.

Para más información: 
http://www.ceadesc.org/2011/09/una-mirada-macroscopica-al-conflicto-del-tipnis/

IIRSA en Sudamerica

En los proyectos ejecutados en distintos países suramericanos a la fecha ya se han detectado los siguientes impactos:

• Extracción intensiva de los recursos naturales no renovables (petróleo, gas, minerales)

• Destrucción de zonas ricas en biodiversidad para promover monocultivos (Soya o caña de azúcar para biocombustibles, plantaciones de celulosa…)

• Deforestación masiva: 74% de la deforestación de la región amazónica ocurrió en los terrenos a 50 Km. de los dos lados de las carreteras más importantes.

• Daños irreversibles a los Ecosistemas.

• Violaciones a los DDHH: en especial de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y comunidades (1 millón 600 mil indígenas de 370 pueblos y culturas) reconocidos por Constituciones, Convenio 169 OIT y Declaración de NNUU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: entre ellos los derechos al Territorio, A la Consulta Libre, Previa, Informada, de Buena Fe; Al agua y el Derecho a definir su propio desarrollo

• Incremento de la Deuda externa

¡Cajamarca exige justicia! por Segundo Matta Colunche


La Ley Nº 30151 aprobada el 13 de enero del 2014 por el Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, libra de culpa a militares y policías ante muerte de civiles.

 
El cruel asesinato del ciudadano Fidel Flores Vásquez (30-10-14) por efectivos de la Policía Nacional, durante un desalojo en Cajamarca dispuesto por la juez Carmen Araujo Cachay, titular del Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Cajamarca, ha generado debate nacional por el uso indebido de la fuerza y las decisiones desproporcionadas de quienes administran “justicia” en el Perú. 
El Gobierno Central, a través del ministro del Interior, Daniel Urresti, ha tomado decisiones chavalas y coyunturales sin hacer una autocrítica sobre los problemas de fondo, mientras ruedan las cabezas de los que cumplen las directivas de arriba. No se ha cuestionado un ápice a la Ley 30151 aprobada por el gobierno de Ollanta Humala que libra de culpa a militares y policías ante muerte de civiles. No se ha dicho nada sobre leyes que responden al Modelo Neoliberal que permiten mantener el statu quo de los poderosos y avalan la intervención impune en las protestas sociales con la finalidad de invadir territorios y proteger la “inversión privada” que según ellos es la “piedra angular del crecimiento económico”. 

Se ha abierto investigación preliminar contra 06 efectivos policiales que participaron en el desalojo, así como a quienes dirigieron el repudiable acto: el comandante Jorge Carmona Reyes y el coronel German Carvajal Bellido, se ha rotado al general Jorge Luis Gutiérrez Senisse, y la OCMA ha abierto investigación contra los jueces Carmen Araujo Cachay y Eduardo Uceda Flores, el último es quien libro de prisión preventiva al sub-oficial de tercera Nórvil Gonzáles Silva, quien habría efectuado el disparo al infortunado Fidel Flores. Pero sólo eso. Nada más. 

Sin embargo, nadie pide investigar y sancionar a quienes aprobaron la ley para matar. Los “opinólogos” reaccionarios mutis ante la impunidad. Más por el contrario han salido a defender la funesta y cruel muerte de Fidel Flores, como Aldo Mariátegui (Perú 21) que en su columna de hoy dice: “…o que por politiquería se remueva a la jueza que no paró ese desalojo en Cajamarca, simplemente porque no se acobardó ante un desdichado e iracundo señor que recibió a los efectivos de la Policía con bombas molotov, fierros y piedras. Y ya se está haciendo demasiada demagogia con un lamentable incidente policial.” Para avalar la impunidad descalifican la actuación de los civiles y glorifican el salvajismo de algunos irresponsables uniformados. ¿Es demagogia y politiquería condenar tal execrable hecho? ¿Es politiquería expresar solidaridad con la familia? ¿En qué cabeza cabe esto? Luego dicen: ¿Dónde están las organizaciones políticas cuando éstas callan? 

Es condenable por cierto que se utilice políticamente el sentimiento de una familia. Sin embargo es necesario aclarar: no se ha visto a ningún dirigente político y social utilizar símbolos o frases de su agrupación en las protestas de solidaridad. Por lo tanto señor Urresti, Cajamarca expresa su rechazo no solo a la actitud delincuencial de algunos efectivos policiales o decisiones anticonstitucionales de quienes administran justicia, sino a quienes aprobaron leyes que avalan actos criminales. 

¡Cajamarca exige justicia! El gobierno de Humala asesinó a 05 hermanos cajamarquinos que defendían sus tierras y el agua durante las protestas contra Conga, sin embargo hasta el momento no hay responsables. Asesinan salvajemente al ciudadano Fidel Flores, se tortura a su esposa y a sus hijos del infortunado, pero a pesar de pruebas contundentes solo hay rotación de responsables, ninguno de ellos incluido los autores intelectuales han ido a la cárcel. 

¿Cuántas muertes más para escuchar al pueblo? Desde nuestro modesto punto de vista necesitamos leyes que respeten los derechos humanos y las decisiones de las mayorías.

Fuente. http://segundomattacolunche.blogspot.com/

Licencia para Matar por Marisa Glave

Que el presidente Humala y el ministro Urresti digan que es una “vergüenza” lo que ha ocurrido en Cajamarca, refiriéndose a la muerte de Fidel Flores Vásquez, causada por la Policía Nacional por un desalojo, es un descaro. Lo ocurrido en Cajamarca debe alertarnos sobre tres problemas estructurales en el país, legitimados por el marco normativo vigente, mantenido y profundizado por el actual presidente de la República. Humala, quien tiene responsabilidad directa, debe asumir que son políticas de SU gobierno las que permiten que este tipo de atrocidades se cometan.

Problema uno: Impunidad para matar. Alan García, responsable de las muertes de El Frontón y de las causadas por el mal llamado “Comando Rodrigo Franco”, siguiendo su línea, aprobó,en el 2010, el Decreto Legislativo 1095, que establece reglas de empleo y uso de fuerza por parte de las fuerzas armadas en el territorio nacional. Esta norma confirmaba descaradamente un camino ya abierto de impunidad, a menos de diez años de recuperada la democracia.

Ollanta Humala, en su época de candidato, hizo declaraciones en contra de esta política, que permitía actuar a la PNP con impunidad. Dijo: “Presentar la vacancia al presidente García, por la política de criminalización de la protesta que ha causado 70 muertos y 600 heridos en su gestión, no significa un acto de ruptura del sistema democrático”.

El señor ganó las elecciones, y lejos de erradicar esta política de criminalización, en la práctica coercitiva y represiva, de las fuerzas del orden, suscribió la Ley 30151, que aumenta la impunidad de la cual ya gozaba la Policía Nacional. Así, por ejemplo, hace posible que un efectivo que dispara contra un civil, lo patea en el suelo con desprecio, permite que se desangre hasta morir, agrede a su mujer y la amenaza con un arma de fuego, amenaza a su hijo…esté libre.  Así como lo leen: los responsables de la muerte de Fidel Flores, crudamente expuesta ante los ojos de todo el mundo, están libres, y lo más probable es que no purguen condena alguna. La impunidad reina en el Perú, con la complicidad de las leyes de Humala. Que le dé vergüenza su rúbrica en la ley que legitima este crimen.

Problema dos: Legalizando lo gris. El Poder Judicial es conocido por todos como el centro de la corrupción en el Perú. Quien quiere justicia debe “aceitar” el sistema; es decir, debe pagar. Quien quiere beneficiarse de un fallo judicial sabe que debe hacer lo mismo:“aceitar” a un magistrado.

En el caso de Fidel Flores, hay una duda seria sobre la legalidad del fallo de la jueza Carmen Araujo, quien dicta sentencia para quitar la vivienda a Flores por una deuda. Esta causa –la pelea sobre la propiedad– estaba en debate en otro juzgado, en torno a una prescripción. Este hecho parece no haberle importado a la señora, quien dicta sentencia y manda el desalojo. La magistrada notifica, el mismo día de la muerte de Flores, a la familia, la misma que pide que la diligencia se suspenda. La señora decide proseguir.

La PNP sostiene que informó a la jueza que la situación no era propicia para continuar con el desalojo. ¿Qué hizo la señora? Insistió ¿Cuál era el interés de esta magistrada en efectuar el desalojo a como dé lugar ese día?

Hasta ahora, Carmen Araujo ha recibido como sanción una “remoción” del cargo. ¿Habrá alguna investigación adicional? ¿Alguna pena efectiva por una decisión como esa? Lo dudo. Sino, veamos el caso de Orellana y su manejo del Ministerio Público y el Poder Judicial para poder comandar una red de apropiación de terrenos como negocio rentable y estable.

Problema tres: La vivienda no es un derecho. Algo que pocos han dicho es que lo más cínico de toda esta tragedia es que Fidel Flores debía 1,500 dólares por una motosierra. Es decir, tenía una deuda menor por un bien secundario. Tras un proceso lleno de zonas grises, la deuda –absurda– le costaba LA VIVIENDA, que no es una mercancía más, que es vital, que es, además, un derecho fundamental. Sí, un derecho reconocido globalmente, pero dejado de lado históricamente en el Perú, donde nuestra política al respecto se ha reducido a generar bonos para la clase media.

¿Qué autoridad ha visitado a la familia? Ninguna. El ministro Urresti ha mandado un helicóptero para trasladar a la familia a Lima, pues si él va a Cajamarca “se politizará” la situación. ¡Una vergüenza! Debiéramos demostrarle al ministro que la situación ya se politizó, vaya o no Cajamarca. 

Fidel defendió con su vida su vivienda, que construyó con esfuerzo;  donde vivían él, sus siete hijos y siete nietos. Murió porque no tenemos una política mínima de defensa del derecho a la vivienda. Murió porque el Poder Judicial es un tramitador de intereses económicos que legitima acciones dudosas. Murió porque en el Perú hay licencia para matar.

Fuente: Noticias SER

Ingreso al Congreso proyecto de Ley para la Vigilancia y Monitoreo Ambiental

PLeyCC51101 
Juan Aste, asesor del despacho de la Congresista Verónika Mendoza, nos informa que se presentó el "Proyecto de Ley de Articulación de la Vigilancia y Monitoreo Ambiental y Social Ciudadano e Indígena al Sistema Nacional de Gestión Ambiental", siendo registrado con el número es el 3937.

Es importante la difusión del Proyecto de Ley aprobado, para su conocimiento, especialmente entre las comunidades y quienes realizan acciones de vigilancia y monitoreo ambiental.

Ahora, toca trabajar en las acciones de incidencia, permitiendo colocar el tema en agenda pública e impulsar su eventual aprobación en el Congreso de la República.

Entre el 11 y el 13 de diciembre viene el próximo evento de monitores ambientales en Caraz, que desde la Red Muqui estamos apoyando, esperando se tomen mayores acuerdos y avances en éste proceso, entre ellos la conformación de un Grupo de Trabajo sobre vigilancia y monitoreo ambiental de la Red Muqui, buscando impulsar la tarea de incidencia para la aprobación del proyecto y acciones a futuro.
Aqui el Proyecto de Ley para su lectura:


Fuente: Prensa Muqui

Ejecutivo aprobó el cuarto paquete reactivador de la economía

El ministro de Economía y Finanzas,Alonso Segura, anunció que el Consejo de Ministros aprobó hoy el cuartopaquete reactivador, "un conjunto normativo bastante interesante que va a ayudar muchísimo a reenganchar la economía". Segura detalló que el paquete se divide en cuatro componentes: 

En primer lugar, se ha aprobado unimpulso fiscal de corto plazoque incluye un aguinaldo de S/.300 para un millón 700 mil funcionarios públicos y jubilados, que sumanun total de S/.1.000 millonesy que se entregará en las próximas semanas.

 "También hay una agenda social que el Estado tiene ir pagando en el sector Salud y Educación. Conforme van saliendo los componentes de pago, las deudas antiguas, a medida que van llegando, se van haciendo los pagos", declaró. 

Dentro del impulso fiscal también figurala implementación de pequeñas obras que se iniciarán en el resto del año y en el primer trimestre del próximo, tanto en el sector Educación, porS/.200 millones, como en el del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), porS/.400 millones. 

El segundo componente del paquete está formado por una serie de medidas para reducir la tramitología, especialmente en los plazos que demanda la obtención de losEstudios de Impacto Ambiental(EIA), que han sido trabajados en coordinación con el Ministerio del Ambiente (Minam). 

En tercer lugar,se está reduciendo a cero el arancel que se aplica a la importación de insumos, que se suma a la reducción ya aplicada al relacionado con el ingreso al país de bienes de capital, para promover la inversión. 

Finalmente, el cuarto componente del paquete esla creación de un régimen especial para promover la contratación de jóvenes. En ese sentido, detalló que se reembolsará a las pequeñas y medianas empresas el costo de la seguridad social de sus trabajadores menores de 24 años, entre otras medidas destinadas a incentivar que sus empleadores inviertan en capacitarlos con cargo a un crédito fiscal. 

Fuente: El Comercio

3 de noviembre de 2014

Libro: Criminilización de la protesta en el Perú¨ - Dra. Mirtha Vásquez Chuquilín.

Criminalización de La Protesta en Perú - Mirtha Vásquez

PRONUNCIAMIENTO: Coordinadora Nacional de Derehcos Humanos condena brutalidad policial en Cajamarca y ejecución extrajudicial

PRONUNCIAMIENTO

CNDDHH CONDENA BRUTALIDAD POLICIAL EN CAJAMARCA Y EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL

Desproporcinado uso de la fuerza por parte de la PNP. (Foto captura de video: utero.pe)
La CNDDHH expresa su más enérgica condena frente a la ejecución extrajudicial de Fidel Flores Vásquez por la Policía Nacional del Perú el día de ayer en la ciudad de Cajamarca. De acuerdo a  las imágenes difundidas en los medios, un efectivo policial le disparó con un arma de largo alcance en el pecho mientras la víctima trataba de impedir el desalojo de su vivienda lanzando piedras. La desproporción del uso de la fuerza es evidente. Asimismo condenamos las torturas a los familiares del fallecido que trataron de auxiliarle, así como las detenciones arbitrarias de personas que se encontraban en el lugar. Hace dos semanas en Cajamarca también hubo otra brutal intervención policial con disparos al aire, detenciones y golpes a ronderos y ronderas que, actualmente, se encuentran detenidos en el penal de Huacariz.
Con Fidel Flores Vásquez ya son 43 civiles fallecidos por el accionar de la PNP en situaciones de conflicto social durante el gobierno de Ollanta Humala: estamos hablando de una política de gobierno y no de acciones aisladas de malos elementos policiales. Esta situación le ha valido graves cuestionamientos al Estado ante instancias internacionales, en tanto que la policía solo está autorizada a usar la fuerza letal cuando es estrictamente necesario para proteger una vida humana. Es totalmente posible y plausible que el orden interno se controle con armas no letales. La responsabilidad del Estado es aún mayor porque, en los últimos años, ha generado todo un marco legal que favorece la impunidad de los abusos policiales (DL 1095, Ley 30151, entre otras).
Demandamos al Estado que realice una investigación exhaustiva para determinar la responsabilidad  por la ejecución extrajudicial de Fidel Flores Vásquez , incluyendo no solo al efectivo que apretó el gatillo sino también a los mandos policiales que coordinaron el operativo de desalojo, entre ellos al Gral. Jorge Gutiérrez Senisse, jefe del Frente Policial de Cajamarca.
Recordemos que de todas las denuncias presentadas por diversas instancias de defensa de derechos humanos durante conflictos sociales, hasta la fecha ninguna ha llegado hasta una sentencia condenatoria, archivándose innumerables casos. En este particular, el Estado debe reparar a los familiares del occiso, y en especial a sus siete hijos, que se han quedado sin sostén económico.
Para evitar hechos como este es necesario que se regulen de forma precisa los procedimientos de control del orden interno, que los policías cuenten con armamento y entrenamiento adecuados, y que el Ministerio Público y el Poder Judicial actúen con firmeza para erradicar la impunidad imperante.
En lo inmediato, es necesario que el Jefe de Estado dé una señal clara de su rechazo a los abusos policiales, reemplazando al actual Ministro del Interior Daniel Urresti Elera, bajo  cuya gestión ya han perdido la vida siete civiles.
31 de octubre de 2014
Secretaría Ejecutiva
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

29 de octubre de 2014

INFORME Elusión tributaria: el caso Yanacocha

“Inflación mañosa de sus costos habría permitido que Yanacocha haya dejado de pagar, sólo en el año 2013, US$ 136 millones en impuestos”.
  Raúl Wiener
 
Texto publicado en el Semanario Hildebrandt en sus trece, el 17 de octubre de 2014 Yanacocha habría inflado sistemáticamente sus costos contables con la finalidad de reducir su contribución tributaria en el período en el que los precios del oro llegaron a los más altos picos en el mercado internacional. En una investigación que hemos realizado junto con el CPC Juan Torres Polo, que acaba de ser presentada en el Foro Internacional sobre Flujos Financieros Ilícitos, al que acudí con permiso del hospital en el que me encuentro confinado, se concluye que la Empresa Minera Yanacocha, habría dejado de pagar impuestos por el procedimiento de aumentar artificialmente sus costos en un monto que llega por lo menos a US$1,186,787,957, a lo largo de su período de operación, especialmente desde que se inicia el boom de precios internacionales en el año 2006.

El Estudio además ha concluido que la inversión y gastos referidos al proyecto de Conga (inversión nueva), han sido cargados a las operaciones de Yanacocha y contabilizados antes de las utilidades e impuestos, lo que quiere decir que el Estado y la región han estado dejando de percibir una parte de sus impuestos para financiar el controvertido proyecto. El extremo es que en el año 2013, la minera declaró pérdidas por US$562,307,000, sobre ingresos de US$1,487,327,000, y para sustentar este resultado consignó fuera de sus costos llamémosle “normales” un gasto excepcional de US$1,038,548,000 (que afectaba el 70% de los ingresos) bajo el curioso rubro “Deterioro de activos de larga duración”, que no puede ser otra cosa que la depreciación en un solo año de los activos de Conga (ya que Yanacocha no tiene activos nuevos y está en fase de agotamiento de la veta).

Quiere decir que cuando Yanacocha señala pérdidas por US$700,133,000, y deja no solo de pagar impuestos del año sino que se abre un “crédito fiscal” para los siguientes, lo que está diciendo es que está obligando al Estado y a la región a pagar parte de su propio fracaso con dinero de tributos no cobrados. Y que tal cosa tiene que haber sido sabida y consentida, por la SUNAT, está fuera de toda discusión. Descontando los US$1,038,548,000 del resultado final del año, lo que se habría producido es una utilidad de US$476,241,000 y el impuesto habría sido de por lo menos 136 millones de dólares, a repartir entre el Estado y la región. Pero no hubo nada, precisamente en el año electoral, y probablemente el bache se extenderá a los siguientes años.

Cajamarca, la política, Yanacocha
Santos ha afirmado desde la prisión que la votación del 5 de octubre en su región, ha sido un plebiscito sobre Conga. Creemos que se queda corto. El pronunciamiento cajamarquino va más allá y apunta a que la Yanacocha de Newmont-Buenaventura se retire definitivamente de todas sus posesiones mineras en la región. La gente señala causas fundamentales: contaminación y destrucción del paisaje, estafa y maltrato a los campesinos, manipulación de autoridades y medios de comunicación, provocación y represión contra sus críticos, etc.

Con este estudio estamos agregando por lo menos dos razones claras para declarar como indeseable a esta poderosa empresa. En primer lugar por manipular su contabilidad a través de tiempo, mezquinando al país los beneficios del alza internacional de precios y eludiendo obligaciones tributarias por grandes montos que pudieron ser aplicados a la economía nacional y regional. En segundo lugar, por aparentar que el proyecto Conga continuaba con sus propios recursos, en todo caso sus utilidades de Yanacocha después de distribución, cuando estaban siendo cargados a los costos operativos, administrativos y la depreciación de Cajamarca. Es decir estafaban a la nación y a la región en la cara de Humala y con el ditirambo de El Comercio y todos sus columnistas.

No hay sobreganancias
Desde el año 2006 se discute sobre el superboom de los precios de los minerales y entre ellos del oro. En 1993 el precio de una onza troy era de 376 dólares, que se mantiene en un promedio sobre los 300 dólares en todas la primera década, con algunas pequeñas caídas. Entre 2004 y 2005, el precio se sitúa sobre los 400 dólares. Es el 2006 que se salta a 605 y de ahí para arriba, el 2010 se 1,225 dólares la onza, el 2011 a 1,570, el 2012 a 1,670 y el 2013 a 1,411. Respecto al lejano año 93, el precio del 2006 era casi el doble y el de 2012, cinco veces más.

Los candidatos ganadores de los dos procesos electorales presidenciales entre el 2006 y 2011, recibieron el dato de los altos precios y en un razonamiento simple encandilaron a los votantes con la certeza de que ya sabían de donde sacar plata para sus pretendidas reformas: toda la planta está en las sobreganancias de las mineras, la cosas es hacerlas compartirlas. Eso dijo García y no cumplió (en reemplazo inventó un “óbolo voluntario”) y tampoco hizo ninguna reforma. También lo sostuvo Humala y tampoco hizo lo prometido que era todo el meollo de su supuesta nueva relación con las grandes empresas (inventó el “gravamen minero que era otra cosa, que permitía mover pagos de un lado a otro), y tampoco hizo reforma alguna.

En fin, los dos mentirosos deben haberse notificado una vez en Palacio que eso de las sobreganancias era una hipótesis que no se cumplía en la realidad. El caso de Yanacocha, principal minera del oro, beneficiaria de los superprecios de los metales preciosos, y protagonista de conflictos continuos con la población de Cajamarca, había logrado un milagro al revés. Ahí donde se suponía una ecuación altos precios – costos relativamente estables – altas utilidades – altos impuestos y canon, se producía un corto circuito porque a altos precios le seguían altos costos, utilidades relativamente estables e impuestos sin variaciones significativas. En otras palabras no había sobreganancia, por lo menos en los libros de la empresa.

Para estimar el tamaño del fraude el Estudio Wiener-Torres, hace una comparación entre la evolución de los costos de la segunda minera de oro, Barrick Misquichilca, que opera en Ancash y que mantiene condiciones de operación similares a su competidora: tajo abierto, presencia transnacional, veta superexplorada, contratos de estabilidad, etc. De acuerdo con esto si se aplicaran los costos de Barrick a Yanacocha para el período 2006-2013, lo que se obtendría en ocho años sería un adicional de utilidad de US$2,544,601,213. Lo abismal de la diferencia elimina las probables diferencias sobre costos propio, y deja ver con claridad quela minera Cajamarquina que se proclamaba la mina más barata del mundo ha terminado convertida en la más cara y tramposa con la que podíamos habernos encontrado.

El caso Conga
La lucha inmediata es impedir que se ejecute el proyecto Conga. Esto tiene la implicancia de tratar de evitar que un nuevo yacimiento alargue la presencia de Newmont-Buenaventura, que ya se han burlado demasiado de los campesinos y pobladores urbanos, acompañados de sus plumíferos conocidos, para los cuales lo que pasa en Cajamarca es problema de taradez y de no comprensión de los beneficios de desarrollo que brindaría arrasar las lagunas y llenar los cerros de grandes tajos. Basta ver el impacto de Yanacocha en veinte años de operaciones, llevándose una tras otra 32 millones de onzas de oro transformadas en barras que se exportan al exterior.

No hubo impulso al desarrollo, ni elevación del ingreso de la población y los empleos indirectos propiciados por la mina siempre fueron urbanos y minoritarios. Los trabajadores mineros, por su parte, fueron reclutados de fuera de la región. Los precios que se pagaron por las tierras de los campesinos desplazados por la entrada de la mina, risibles y desinformados. Y ahora podríamos estar en condiciones de decir que a todas sus maldades contra el mundo rural cajamarquino, Yanacocha agrega su condición de elusora de impuestos y de fraude contable para pagar menos impuestos.

Cianuro
Un tema en el que el Estudio aún carece de conclusiones definitivas es el de la producción cianuro. Yanacocha es además de productor de oro y plata, el mayor productor de mercurio del país y. Se calcula que en veinte años se han cosechado un millón de kilogramos de este peligroso producto y según todas las fuentes consultadas la cifra sobrepasa olímpicamente las necesidades de la empresa. Esto significa que se vende fuera. Precisamente el famoso derrame de Choropama, se produce cuando camiones de Ransa trasladaban el producto a otros mercados.

El problema que inquieta es que en ninguno de los balances contables y registros de operaciones de Yanacocha figura a quién se vende, a qué precio y bajo qué documentos de traspaso, traslado y otras. ¿Es esta una elusión adicional con el pretexto del bajo monto en juego?, ¿está habilitando Yanacocha minería ilegal que necesita a gritos el mercurio?, ¿nos quiere tontear como siempre? Vaya uno a saber. Lo importante es que queda líneas de investigación abiertas en la pesada historia del oro cajamarquino.