20 de diciembre de 2012

CERCA DEL 20 POR CIENTO DEL TERRITORIO NACIONAL ESTÁ CONCESIONADO A LA MINERÍA


La región Apurímac se ha colocado como nuevo centro de inversión minera, con el 57.7% de su territorio concesionado. Según el XI Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, el territorio concesionado a la minería representa el 19,15%, una cifra que asciende a una inversión de US$ 53,423 millones de dólares.

Según décimo primer informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú.

El informe se centra en el análisis de los conflictos mineros que afectan al país con énfasis en la situación de cinco regiones: Piura, Cajamarca, Apurímac, Junín y Cusco, donde se evidencian fuertes tensiones por el impacto en los recursos hídricos, el riesgo que existe sobre ecosistemas frágiles y el crecimiento de las concesiones mineras.

José de Echave, coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros, señaló que los avances en políticas públicas como la implementación de la consulta previa y la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Certificación Ambiental para la Inversiones Sostenibles (SENACE), es un avance lento frente a la cantidad de inversión que se proyecta en el país.

A noviembre de 2012, Arequipa encabeza la lista con más de 3 millones de hectáreas de territorio concesionados (3’131,113.8), Cajamarca donde ha estallado el conflicto contra el proyecto Conga ocupa el quinto lugar con 1’496,983.0 hectáreas concesionadas.
Cusco, donde dos personas murieron en enfrentamiento con la policía en el conflicto de Espinar, ocupa el décima lugar con 1’099,805 de hectáreas concesionadas, le sigue Piura con 1’087,268.0 hectáreas y Junín, donde aún hay incertidumbre por el reinicio de las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya, tiene 928,196.6 hectáreas concesionadas.

Apurímac, centro de la inversión minera

Mientras Apurímac tiene 1’206,376.0 hectáreas destinadas a la actividad minera y se perfila como el principal destino de los nuevos proyectos mineros de inversión. La inversión minera representa el 22.2% del total, es decir, US$ 11,860 millones de dólares.

Piura

Ana Leyva, en su exposición enfocada en la región Piura, señaló que la empresa Zijin ha intentado nuevamente retomar su proyecto minero en las alturas de las provincias de Ayabaca y Huancabamba.

También hizo referencia a las recientes resoluciones judiciales a favor de los 107 campesinos que fueron injustamente procesados en el Caso Río Blanco y de la condena del ex Fiscal Toledo Leyva quien a pesar de haber atestiguado la tortura de 28 personas ocultó tal delito.

Asimismo, se refirió al crecimiento de la minería informal en Piura y las salidas integrales a dicha problemática. También subrayó los logros que esta región está obteniendo en términos de desarrollo sostenible (agrícola, ganadero y pescadero) evidenciando que sí existen alternativas exitosas para la población.

Comunidades

Casi la mita, el 49.63%, del territorio de comunidades campesinas tienen concesiones mineras. En menor proporción, sólo el 1.39% del territorio de comunidades nativas están destinados a la minería.

Pasivos ambientales

Según el MINEM de junio 2011 a nivel nacional existen 6855 pasivos ambientales dejados por la actividad minera, de los cuales, sólo el 14.25 % presenta responsable identificado.

En departamentos donde coinciden grandes números de pasivos ambientales con la fuerte ocupación de concesiones mineras son Cajamarca, Ancash, Huancavelica, La Libertad, Lima, Apurímac, Puno y Cusco.

Los departamentos con mayor número de pasivos mineros son Cajamarca y Ancash. Los tipos de pasivos más frecuentes en el país son aquellos dejados por las labores subterráneas (chimeneas, piques, bocaminas, etc.) que ascienden a 2528, seguidos por los botaderos de desmonte (1682) y diversos tipos de infraestructura de operación (1496) como caminos, campamentos, plantas de procesamiento, etc.

A nivel nacional podemos observar que existen 811 tajos abiertos, 317 depósitos de relaves, los depósitos de escorias y las pilas de lixiviación son 14 y 7 respectivamente. Es importante indicar que estas cifras son aproximadas, pues no existe información más detallada sobre los pasivos mineros.

Encabeza la lista de los 15 titulares con mayor superficie de concesiones mineras a noviembre de 2012: BHP Billiton World Exploration INC con 1 236 370 hectáreas de superficie, que representa el 4.8% del total de concesiones otorgadas en el país. Otras empresas de importancia son Golden Ideal Gold Mining S.A.C. y Buenaventura S.A.A. y abarcan un porcentaje menor (2.4 y 2.2 % respectivamente).

El Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú está conformado por las organizaciones Fedepaz, Cooperacción y Grufides.

******************

A continuación el resumen ejecutivo del informe:

Resumen Ejecutivo

XI Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú

El 2012 ha sido uno de los años de mayor conflictividad social en el país. Casos como el de Conga, Espinar, Madre de Dios, entre otros, así lo demuestran. El primer semestre se vio marcado por hechos como el peritaje sobre el proyecto Conga, la marcha nacional por el agua, las movilizaciones en la propia región Cajamarca, las acciones de los guardianes de las lagunas. También ha sido un año marcado el anuncio del presidente Ollanta Humala quien dijo que se iba a elaborar una propuesta para definir "una nueva relación con la actividad minera”. En el segundo semestre los estallidos sociales disminuyeron, sin embargo los conflictos siguen latentes y en cualquier momento se pueden producir nuevos estallidos especialmente en los departamentos de Piura, Junín, Apurímac, Cusco y Cajamarca como veremos en este resumen.

Las reformas anunciadas no solo se han hecho esperar sino que todavía aparecen como esfuerzos parciales. La ley que crea el nuevo Sistema Nacional de Certificación Ambiental para la Inversiones Sostenibles (SENACE), aprobada el pasado 22 de noviembre en el Congreso de la República todavía deja algunos vacíos pues algunos proyectos pueden ser excluidos. Adscrito al Ministerio del Ambiente y cuya función será revisar y aprobar los EIA, así el SENACE deja abierta la posibilidad de que si un proyecto extractivo sea considerado como "estratégico” sea debatido y aprobado en el Ministerio de Energía y Minas. No hay que olvidar, además, que los EIA son hoy en día insuficientes y se necesita instrumentos complementarios como los EAE para medir los impactos acumulativos de varios proyectos en una determinada zona.

Por otro lado, los conflictos sociales vinculados a la minería se han convertido además en conflictos políticos de envergadura. Un informe de la agencia internacional de calificación de grados de inversión Moody’s, señalaba: "Los recientes cambios ministeriales son negativos para la calificación de crédito del Perú pues son un reconocimiento implícito de que su estrategia para abordar el conflicto de Conga no ha sido eficaz”.

Según el mapa de concesiones mineras, tenemos el 19,15% del territorio nacional concesionado. A noviembre de 2012, Arequipa encabeza la lista con más de 3 millones de hectáreas de territorio concesionados (3’131,113.8), Cajamarca donde ha estallado el conflicto contra el proyecto Conga ocupa el quinto lugar con 1’496,983.0 hectáreas concesionadas. Mientras Apurímac tiene 1’206,376.0 hectáreas destinadas a la actividad minera y se perfila como el principal destino de los nuevos proyectos mineros de inversión. Cusco, donde dos personas murieron en enfrentamiento con la policía en el conflicto de Espinar, ocupa el décima lugar con 1’099,805 de hectáreas concesionadas, le sigue Piura con 1’087,268.0 hectáreas y Junín, donde aún hay incertidumbre por el reinicio de las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya, tiene 928,196.6 hectáreas concesionadas.

El Informe señala además que el 47.11% del área total de la región hidrográfica del Pacífico tiene presencia de concesiones mineras. La región hidrográfica del Amazonas se encuentra ocupada en un 11.40%, ésta es más de 3 veces el tamaño de la del Pacífico y presenta casi la misma extensión de concesiones mineras.

El 49.63% del territorio de comunidades campesinas tienen concesiones mineras, en menor proporción, sólo el 1.39% del territorio de comunidades nativas están destinados a la minería.

Según el MINEM de junio 2011 a nivel nacional existen 6855 pasivos ambientales dejados por la actividad minera, de los cuales, sólo el 14.25 % presenta responsable identificado.

Encabeza la lista de los 15 titulares con mayor superficie de concesiones mineras a noviembre de 2012, la BHP Billiton World Exploration INC con 1 236 370 hectáreas de superficie, que representa el 4.8% del total de concesiones otorgadas en el país. Otras empresas de importancia son Golden Ideal Gold Mining S.A.C. y Buenaventura S.A.A. y abarcan un porcentaje menor (2.4 y 2.2 % respectivamente).

El informe concluye que la estrategia de abordaje de los conflictos desde el Estado no ha variado mucho: la principal hipótesis que se maneja desde el Estado y que intenta explicar los conflictos, es la del complot es decir que todos los conflictos responderían a las mismas causas y desarrollan idénticas estrategias "antimineras”.

Caso Cusco:

El 15.3% de Cusco está concesionado, el primer semestre del 2012 registró la cifra más alta de concesiones. El informe concluye que hay una clara preocupación por los impactos del mineroducto del mega proyecto Las Bambas que va a llegar a Espinar, así mismo una gran expectativa sobre los resultados del monitoreo ambiental realizado en el marco del proceso de diálogo. El proceso de reformulación del convenio marco sigue vigente y genera expectativas en la población. El desarrollo del proyecto Majes Siguas II también mantiene en vilo a las Autoridades de Arequipa y Cusco. El escenario sigue siendo complejo y los gobiernos regionales de Arequipa y Cusco se siguen distanciando. Al parecer los cambios técnicos anunciados por el presidente regional de Arequipa, que ha señalado cambios en las fuentes de agua para que le den sostenibilidad al proyecto, no han marcado una solución definitiva el caso.

Los retos que plantea el espacio de la Mesa de Diálogo Colegiada de Espinar son grandes. Recordemos que a raíz del grave conflicto suscitado en mayo de este año, se formó esta mesa que reúne a los principales actores de la provincia con representantes del gobierno nacional. A la fecha, se siguen dando los procesos de negociación entre el gobierno nacional, la autoridad local y las organizaciones sociales de la provincia.

Sobre los temas ambientales ha habido algunos avances como la identificación de algunos puntos de monitoreo de mansera consensuada. Sin embargo, aún hay sectores de la población que se muestran escéptico como el FUDIE que ha señalado que los monitoreos no han contado con una participación adecuada de la población, porque no se han incluido algunos puntos de monitoreo considerados críticos.

La publicación de los resultados del monitoreo va a ser un momento clave: es muy poco probable que los resultados puedan colmar las expectativas de todos los actores, el gobierno nacional debe tener una estrategia muy ordenada y clara sobre el proceso de difusión de los resultados y sobre las medidas a implementar en caso los resultados evidencien contaminación en la provincia. La situación sigue estando bastante polarizada en la provincia. Una clara muestra de ello son las pintas que han aparecido contra miembros de algunas organizaciones y miembros del equipo técnico del municipio.

Caso Junín:

En La Oroya, Junín, aún hay incertidumbre respecto al reinicio de las operaciones del circuito plomo del Complejo Metalúrgico (antes en administración de Doe Run Perú) y los impactos que pueda generar en el ambiente. Existe la necesidad de establecer mecanismos exhaustivos de control ambiental al nuevo administrador del complejo metalúrgico y las condiciones para que cuando el nuevo operador asuma el control del complejo se cumplan elevados estándares ambientales. No hay claridad sobre monitoreo de las emisiones fugitivas hasta la fecha.

Se desaprobó nuevamente el plan de reestructuración presentado por Doe Run Perú (DRP) ante la junta de acreedores, Right Business, actual administrador del complejo metalúrgico de La Oroya, quienes vienen asumiendo el reto técnico de poner en marcha los circuitos de zinc y plomo. Durante este semestre, han continuado los intentos de DRP por retomar el control del complejo metalúrgico.

DRP planteó la demanda ante el Cuarto Juzgado Transitorio Contencioso Administrativo buscando invalidar la resolución del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), que reconoce al Estado como acreedor. Si se resuelve a favor de DRP, el MINEM perdería la condición de principal acreedor y su lugar lo ocuparía Doe Run Cayman.

Actualmente, es la empresa Right Business la encargada de operar el complejo, y la puesta en marcha del circuito de zinc ha generado algunos impactos ambientales que han sido reportados por la DIGESA que indicó tres situaciones de emergencia, siete de peligro y 15 de cuidado desde que se reanudaron las operaciones.

Asimismo, aún hay un clima de tensión entre los pobladores de Morococha y el proceso de reasentamiento por el proyecto Chinalco. Hasta la fecha no queda claro cómo se van a resolver algunas de las observaciones técnicas planteadas por el Ministerio de Vivienda sobre el caso. Resultan además preocupantes las informaciones que indican que los 800 mil pobladores de la región beben agua no apta para el consumo humano, pues hay presencia de metales pesados.

Caso Cajamarca:

Las aguas aún no se han calmado en Cajamarca, luego del punto más álgido del conflicto por el agua en la región Cajamarca, durante el segundo semestre del 2012, el 78% de los cajamarquinos se oponen al proyecto minero Conga (Ipsos Apoyo, setiembre 2012). La población espera una solución definitiva, siguen preocupaciones por construcción de reservorios, pues para la población evidencia que el proyecto no está suspendido.

Las manifestaciones sociales de protesta contra el proyecto minero continúan, con menor intensidad, en distintas partes de la región. De esta manera a mediados del mes de noviembre, delegaciones de ronderos de las provincias de Cajamarca, Bambamarca y Celendín, se apostaron en los alrededores de las lagunas a ser impactadas por el proyecto minero. Asimismo una delegación de ronderos viajó a la ciudad de Lima para realizar un plantón frente a las instalaciones de la empresa minera Newmont en el distrito de Miraflores.

La población exige al gobierno de la paralización "oficial” del proyecto y el retiro definitivo de la maquinaria de Yanacocha de la zona de las lagunas. Si bien, hasta la fecha, se ha hablado de una postergación del proyecto Conga, no se ha dado la suspensión oficial del proyecto. Yanacocha, por un lado, ha optado por dar "cambios significativos para crear un entorno que permita la viabilidad del proyecto minero Conga”, optando por esperar para la construcción de la mina hasta finales del 2014. No obstante, nunca se emitió algún comunicado oficial al respecto. La empresa, por el contrario, continuaría en la construcción de los reservorios adicionales, del campamento, la ingeniería, y la adquisición de los equipos principales. Esta situación ha contribuido a mantener el clima de desconfianza y rechazo al proyecto en la región.

De otro lado, Yanacocha podría hacer uso de los mecanismos de protección al inversionista que establece el capítulo de inversiones del TLC y entablar una millonaria demanda contra el Estado Peruano en un arbitraje internacional. El Tribunal Latinoamericano del Agua recomendó la suspensión del proyecto Conga. Otro conflicto social entorno al agua en suspenso en la región podría generarse en torno a la explotación de la empresa minera canadiense Shell en la cuenca del Río Grande.

Caso Piura:

En Piura, la empresa china Zijin pretende retomar el proyecto Río Blanco y buscar la aprobación del EIA, lo que ha generado preocupación en las comunidades de Huancabamba y Ayabaca. Tras reuniones con varios representantes del Estado, entre ellos la Vice Presidenta de la República y Congresista por Piura, Marisol Espinoza, los dirigentes y líderes de organizaciones sociales expresaron su preocupación por la reactivación del proyecto minero y plantearon la necesidad de brindar protección a los bosques de neblina y páramos. Se reiteró también la voluntad de establecer canales de diálogo.

Es necesario tener presente que, desde los casos Tambogrande y Rio Blanco se ha planteado la necesidad de ordenar el territorio con objetivos que respondan a las aspiraciones de las poblaciones locales y regionales. Hoy dicha necesidad se ha convertido en una prioridad y ello exige, previamente, que se apruebe una Ley de Ordenamiento Territorial (OT). Deben establecerse previamente la creación de Áreas Naturales Protegidas (ANP) y la formulación de sus planes maestros, las tierras agrícolas de importancia para la seguridad alimentaria y las tierras de comunidades campesinas y nativas, en cuyo caso debe exigirse la consulta previa, por ser consideradas pueblos indígenas según lo establecido por el Convenio 169 de la OIT, y la propia Ley de Consulta Previa.

Por otro lado, el programa de formalización de la actividad minera informal del gobierno regional ha tenido mucha acogida, pero ahora ha llegado el momento en que debe definir en qué lugares permitirá dicha actividad, bajo qué condiciones y qué mecanismos llevará adelante para una adecuada fiscalización. Recordemos que el 98% de la minería informal está concentrada en Piura y Ayabaca.

Caso Apurímac

Apurímac se ha colocado como nuevo centro de inversión minera. Tiene el 57.7% de su territorio concesionado. La problemática de la minería informal sigue creciendo en la región. Esta vez las comunidades protestan por priorizar solo a algunas comunidades de su zona de influencia directa. Las Comunidades de Tambulla, Choccoyo, Patario, Huaraccoy, Lahuani y Chuntahuillque, han desarrollado un paro por 48 horas en reclamo de la empresa Antares, por un trato desigual a las comunidades, pues consideran que la empresa está dando preferencias a algunas comunidades y relegando a otras.

En caso de empresas como Xstrata, las comunidades de la zona de influencia se han sentido excluidas en los procesos de implementación de proyectos de desarrollo. Pese a que la empresa Xstrata ya ha conseguido acuerdos respecto a la compra de terrenos comunales, principalmente para lo que será el mineroducto, la comunidad Ccocha ha reclamado a la empresa un fondo económico que pueda servir ante los posibles impactos. En el territorio de esta comunidad (distrito de Haquira) se construirá la tercera estación de bombeo para el mineroducto. Al respecto, la empresa ha respondido que va evaluar la posibilidad de generar un fondo ante emergencias.

Los procesos de formalización vienen generando muchas expectativas en los mineros artesanales, pero la realidad muestra que son muy pocas las asociaciones que a la fecha cumplen con los requisitos para finalizar el proceso. La provincia de Cotabambas registró la mayor cantidad de declaraciones de compromiso de los mineros artesanales (Decreto Legislativo N° 1105) sumando un total de 1422. Las preocupaciones por el nivel de otorgamiento de concesiones se mantienen, sobre todo por la protección de las cabeceras de cuenca.

CERCA DEL 20 POR CIENTO DEL TERRITORIO NACIONAL ESTÁ CONCESIONADO A LA MINERÍA

La región Apurímac se ha colocado como nuevo centro de inversión minera, con el 57.7% de su territorio concesionado. Según el XI Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, el territorio concesionado a la minería representa el 19,15%, una cifra que asciende a una inversión de US$ 53,423 millones de dólares.

Según décimo primer informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú.

El informe se centra en el análisis de los conflictos mineros que afectan al país con énfasis en la situación de cinco regiones: Piura, Cajamarca, Apurímac, Junín y Cusco, donde se evidencian fuertes tensiones por el impacto en los recursos hídricos, el riesgo que existe sobre ecosistemas frágiles y el crecimiento de las concesiones mineras.

José de Echave, coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros, señaló que los avances en políticas públicas como la implementación de la consulta previa y la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Certificación Ambiental para la Inversiones Sostenibles (SENACE), es un avance lento frente a la cantidad de inversión que se proyecta en el país.

A noviembre de 2012, Arequipa encabeza la lista con más de 3 millones de hectáreas de territorio concesionados (3’131,113.8), Cajamarca donde ha estallado el conflicto contra el proyecto Conga ocupa el quinto lugar con 1’496,983.0 hectáreas concesionadas.
Cusco, donde dos personas murieron en enfrentamiento con la policía en el conflicto de Espinar, ocupa el décima lugar con 1’099,805 de hectáreas concesionadas, le sigue Piura con 1’087,268.0 hectáreas y Junín, donde aún hay incertidumbre por el reinicio de las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya, tiene 928,196.6 hectáreas concesionadas.

Apurímac, centro de la inversión minera

Mientras Apurímac tiene 1’206,376.0 hectáreas destinadas a la actividad minera y se perfila como el principal destino de los nuevos proyectos mineros de inversión. La inversión minera representa el 22.2% del total, es decir, US$ 11,860 millones de dólares.

Piura

Ana Leyva, en su exposición enfocada en la región Piura, señaló que la empresa Zijin ha intentado nuevamente retomar su proyecto minero en las alturas de las provincias de Ayabaca y Huancabamba.

También hizo referencia a las recientes resoluciones judiciales a favor de los 107 campesinos que fueron injustamente procesados en el Caso Río Blanco y de la condena del ex Fiscal Toledo Leyva quien a pesar de haber atestiguado la tortura de 28 personas ocultó tal delito.

Asimismo, se refirió al crecimiento de la minería informal en Piura y las salidas integrales a dicha problemática. También subrayó los logros que esta región está obteniendo en términos de desarrollo sostenible (agrícola, ganadero y pescadero) evidenciando que sí existen alternativas exitosas para la población.

Comunidades

Casi la mita, el 49.63%, del territorio de comunidades campesinas tienen concesiones mineras. En menor proporción, sólo el 1.39% del territorio de comunidades nativas están destinados a la minería.

Pasivos ambientales

Según el MINEM de junio 2011 a nivel nacional existen 6855 pasivos ambientales dejados por la actividad minera, de los cuales, sólo el 14.25 % presenta responsable identificado.

En departamentos donde coinciden grandes números de pasivos ambientales con la fuerte ocupación de concesiones mineras son Cajamarca, Ancash, Huancavelica, La Libertad, Lima, Apurímac, Puno y Cusco.

Los departamentos con mayor número de pasivos mineros son Cajamarca y Ancash. Los tipos de pasivos más frecuentes en el país son aquellos dejados por las labores subterráneas (chimeneas, piques, bocaminas, etc.) que ascienden a 2528, seguidos por los botaderos de desmonte (1682) y diversos tipos de infraestructura de operación (1496) como caminos, campamentos, plantas de procesamiento, etc.

A nivel nacional podemos observar que existen 811 tajos abiertos, 317 depósitos de relaves, los depósitos de escorias y las pilas de lixiviación son 14 y 7 respectivamente. Es importante indicar que estas cifras son aproximadas, pues no existe información más detallada sobre los pasivos mineros.

Encabeza la lista de los 15 titulares con mayor superficie de concesiones mineras a noviembre de 2012: BHP Billiton World Exploration INC con 1 236 370 hectáreas de superficie, que representa el 4.8% del total de concesiones otorgadas en el país. Otras empresas de importancia son Golden Ideal Gold Mining S.A.C. y Buenaventura S.A.A. y abarcan un porcentaje menor (2.4 y 2.2 % respectivamente).

El Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú está conformado por las organizaciones Fedepaz, Cooperacción y Grufides.

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A continuación el resumen ejecutivo del informe:

Resumen Ejecutivo

XI Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú

El 2012 ha sido uno de los años de mayor conflictividad social en el país. Casos como el de Conga, Espinar, Madre de Dios, entre otros, así lo demuestran. El primer semestre se vio marcado por hechos como el peritaje sobre el proyecto Conga, la marcha nacional por el agua, las movilizaciones en la propia región Cajamarca, las acciones de los guardianes de las lagunas. También ha sido un año marcado el anuncio del presidente Ollanta Humala quien dijo que se iba a elaborar una propuesta para definir "una nueva relación con la actividad minera”. En el segundo semestre los estallidos sociales disminuyeron, sin embargo los conflictos siguen latentes y en cualquier momento se pueden producir nuevos estallidos especialmente en los departamentos de Piura, Junín, Apurímac, Cusco y Cajamarca como veremos en este resumen.

Las reformas anunciadas no solo se han hecho esperar sino que todavía aparecen como esfuerzos parciales. La ley que crea el nuevo Sistema Nacional de Certificación Ambiental para la Inversiones Sostenibles (SENACE), aprobada el pasado 22 de noviembre en el Congreso de la República todavía deja algunos vacíos pues algunos proyectos pueden ser excluidos. Adscrito al Ministerio del Ambiente y cuya función será revisar y aprobar los EIA, así el SENACE deja abierta la posibilidad de que si un proyecto extractivo sea considerado como "estratégico” sea debatido y aprobado en el Ministerio de Energía y Minas. No hay que olvidar, además, que los EIA son hoy en día insuficientes y se necesita instrumentos complementarios como los EAE para medir los impactos acumulativos de varios proyectos en una determinada zona.

Por otro lado, los conflictos sociales vinculados a la minería se han convertido además en conflictos políticos de envergadura. Un informe de la agencia internacional de calificación de grados de inversión Moody’s, señalaba: "Los recientes cambios ministeriales son negativos para la calificación de crédito del Perú pues son un reconocimiento implícito de que su estrategia para abordar el conflicto de Conga no ha sido eficaz”.

Según el mapa de concesiones mineras, tenemos el 19,15% del territorio nacional concesionado. A noviembre de 2012, Arequipa encabeza la lista con más de 3 millones de hectáreas de territorio concesionados (3’131,113.8), Cajamarca donde ha estallado el conflicto contra el proyecto Conga ocupa el quinto lugar con 1’496,983.0 hectáreas concesionadas. Mientras Apurímac tiene 1’206,376.0 hectáreas destinadas a la actividad minera y se perfila como el principal destino de los nuevos proyectos mineros de inversión. Cusco, donde dos personas murieron en enfrentamiento con la policía en el conflicto de Espinar, ocupa el décima lugar con 1’099,805 de hectáreas concesionadas, le sigue Piura con 1’087,268.0 hectáreas y Junín, donde aún hay incertidumbre por el reinicio de las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya, tiene 928,196.6 hectáreas concesionadas.

El Informe señala además que el 47.11% del área total de la región hidrográfica del Pacífico tiene presencia de concesiones mineras. La región hidrográfica del Amazonas se encuentra ocupada en un 11.40%, ésta es más de 3 veces el tamaño de la del Pacífico y presenta casi la misma extensión de concesiones mineras.

El 49.63% del territorio de comunidades campesinas tienen concesiones mineras, en menor proporción, sólo el 1.39% del territorio de comunidades nativas están destinados a la minería.

Según el MINEM de junio 2011 a nivel nacional existen 6855 pasivos ambientales dejados por la actividad minera, de los cuales, sólo el 14.25 % presenta responsable identificado.

Encabeza la lista de los 15 titulares con mayor superficie de concesiones mineras a noviembre de 2012, la BHP Billiton World Exploration INC con 1 236 370 hectáreas de superficie, que representa el 4.8% del total de concesiones otorgadas en el país. Otras empresas de importancia son Golden Ideal Gold Mining S.A.C. y Buenaventura S.A.A. y abarcan un porcentaje menor (2.4 y 2.2 % respectivamente).

El informe concluye que la estrategia de abordaje de los conflictos desde el Estado no ha variado mucho: la principal hipótesis que se maneja desde el Estado y que intenta explicar los conflictos, es la del complot es decir que todos los conflictos responderían a las mismas causas y desarrollan idénticas estrategias "antimineras”.

Caso Cusco:

El 15.3% de Cusco está concesionado, el primer semestre del 2012 registró la cifra más alta de concesiones. El informe concluye que hay una clara preocupación por los impactos del mineroducto del mega proyecto Las Bambas que va a llegar a Espinar, así mismo una gran expectativa sobre los resultados del monitoreo ambiental realizado en el marco del proceso de diálogo. El proceso de reformulación del convenio marco sigue vigente y genera expectativas en la población. El desarrollo del proyecto Majes Siguas II también mantiene en vilo a las Autoridades de Arequipa y Cusco. El escenario sigue siendo complejo y los gobiernos regionales de Arequipa y Cusco se siguen distanciando. Al parecer los cambios técnicos anunciados por el presidente regional de Arequipa, que ha señalado cambios en las fuentes de agua para que le den sostenibilidad al proyecto, no han marcado una solución definitiva el caso.

Los retos que plantea el espacio de la Mesa de Diálogo Colegiada de Espinar son grandes. Recordemos que a raíz del grave conflicto suscitado en mayo de este año, se formó esta mesa que reúne a los principales actores de la provincia con representantes del gobierno nacional. A la fecha, se siguen dando los procesos de negociación entre el gobierno nacional, la autoridad local y las organizaciones sociales de la provincia.

Sobre los temas ambientales ha habido algunos avances como la identificación de algunos puntos de monitoreo de mansera consensuada. Sin embargo, aún hay sectores de la población que se muestran escéptico como el FUDIE que ha señalado que los monitoreos no han contado con una participación adecuada de la población, porque no se han incluido algunos puntos de monitoreo considerados críticos.

La publicación de los resultados del monitoreo va a ser un momento clave: es muy poco probable que los resultados puedan colmar las expectativas de todos los actores, el gobierno nacional debe tener una estrategia muy ordenada y clara sobre el proceso de difusión de los resultados y sobre las medidas a implementar en caso los resultados evidencien contaminación en la provincia. La situación sigue estando bastante polarizada en la provincia. Una clara muestra de ello son las pintas que han aparecido contra miembros de algunas organizaciones y miembros del equipo técnico del municipio.

Caso Junín:

En La Oroya, Junín, aún hay incertidumbre respecto al reinicio de las operaciones del circuito plomo del Complejo Metalúrgico (antes en administración de Doe Run Perú) y los impactos que pueda generar en el ambiente. Existe la necesidad de establecer mecanismos exhaustivos de control ambiental al nuevo administrador del complejo metalúrgico y las condiciones para que cuando el nuevo operador asuma el control del complejo se cumplan elevados estándares ambientales. No hay claridad sobre monitoreo de las emisiones fugitivas hasta la fecha.

Se desaprobó nuevamente el plan de reestructuración presentado por Doe Run Perú (DRP) ante la junta de acreedores, Right Business, actual administrador del complejo metalúrgico de La Oroya, quienes vienen asumiendo el reto técnico de poner en marcha los circuitos de zinc y plomo. Durante este semestre, han continuado los intentos de DRP por retomar el control del complejo metalúrgico.

DRP planteó la demanda ante el Cuarto Juzgado Transitorio Contencioso Administrativo buscando invalidar la resolución del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), que reconoce al Estado como acreedor. Si se resuelve a favor de DRP, el MINEM perdería la condición de principal acreedor y su lugar lo ocuparía Doe Run Cayman.

Actualmente, es la empresa Right Business la encargada de operar el complejo, y la puesta en marcha del circuito de zinc ha generado algunos impactos ambientales que han sido reportados por la DIGESA que indicó tres situaciones de emergencia, siete de peligro y 15 de cuidado desde que se reanudaron las operaciones.

Asimismo, aún hay un clima de tensión entre los pobladores de Morococha y el proceso de reasentamiento por el proyecto Chinalco. Hasta la fecha no queda claro cómo se van a resolver algunas de las observaciones técnicas planteadas por el Ministerio de Vivienda sobre el caso. Resultan además preocupantes las informaciones que indican que los 800 mil pobladores de la región beben agua no apta para el consumo humano, pues hay presencia de metales pesados.

Caso Cajamarca:

Las aguas aún no se han calmado en Cajamarca, luego del punto más álgido del conflicto por el agua en la región Cajamarca, durante el segundo semestre del 2012, el 78% de los cajamarquinos se oponen al proyecto minero Conga (Ipsos Apoyo, setiembre 2012). La población espera una solución definitiva, siguen preocupaciones por construcción de reservorios, pues para la población evidencia que el proyecto no está suspendido.

Las manifestaciones sociales de protesta contra el proyecto minero continúan, con menor intensidad, en distintas partes de la región. De esta manera a mediados del mes de noviembre, delegaciones de ronderos de las provincias de Cajamarca, Bambamarca y Celendín, se apostaron en los alrededores de las lagunas a ser impactadas por el proyecto minero. Asimismo una delegación de ronderos viajó a la ciudad de Lima para realizar un plantón frente a las instalaciones de la empresa minera Newmont en el distrito de Miraflores.

La población exige al gobierno de la paralización "oficial” del proyecto y el retiro definitivo de la maquinaria de Yanacocha de la zona de las lagunas. Si bien, hasta la fecha, se ha hablado de una postergación del proyecto Conga, no se ha dado la suspensión oficial del proyecto. Yanacocha, por un lado, ha optado por dar "cambios significativos para crear un entorno que permita la viabilidad del proyecto minero Conga”, optando por esperar para la construcción de la mina hasta finales del 2014. No obstante, nunca se emitió algún comunicado oficial al respecto. La empresa, por el contrario, continuaría en la construcción de los reservorios adicionales, del campamento, la ingeniería, y la adquisición de los equipos principales. Esta situación ha contribuido a mantener el clima de desconfianza y rechazo al proyecto en la región.

De otro lado, Yanacocha podría hacer uso de los mecanismos de protección al inversionista que establece el capítulo de inversiones del TLC y entablar una millonaria demanda contra el Estado Peruano en un arbitraje internacional. El Tribunal Latinoamericano del Agua recomendó la suspensión del proyecto Conga. Otro conflicto social entorno al agua en suspenso en la región podría generarse en torno a la explotación de la empresa minera canadiense Shell en la cuenca del Río Grande.

Caso Piura:

En Piura, la empresa china Zijin pretende retomar el proyecto Río Blanco y buscar la aprobación del EIA, lo que ha generado preocupación en las comunidades de Huancabamba y Ayabaca. Tras reuniones con varios representantes del Estado, entre ellos la Vice Presidenta de la República y Congresista por Piura, Marisol Espinoza, los dirigentes y líderes de organizaciones sociales expresaron su preocupación por la reactivación del proyecto minero y plantearon la necesidad de brindar protección a los bosques de neblina y páramos. Se reiteró también la voluntad de establecer canales de diálogo.

Es necesario tener presente que, desde los casos Tambogrande y Rio Blanco se ha planteado la necesidad de ordenar el territorio con objetivos que respondan a las aspiraciones de las poblaciones locales y regionales. Hoy dicha necesidad se ha convertido en una prioridad y ello exige, previamente, que se apruebe una Ley de Ordenamiento Territorial (OT). Deben establecerse previamente la creación de Áreas Naturales Protegidas (ANP) y la formulación de sus planes maestros, las tierras agrícolas de importancia para la seguridad alimentaria y las tierras de comunidades campesinas y nativas, en cuyo caso debe exigirse la consulta previa, por ser consideradas pueblos indígenas según lo establecido por el Convenio 169 de la OIT, y la propia Ley de Consulta Previa.

Por otro lado, el programa de formalización de la actividad minera informal del gobierno regional ha tenido mucha acogida, pero ahora ha llegado el momento en que debe definir en qué lugares permitirá dicha actividad, bajo qué condiciones y qué mecanismos llevará adelante para una adecuada fiscalización. Recordemos que el 98% de la minería informal está concentrada en Piura y Ayabaca.

Caso Apurímac

Apurímac se ha colocado como nuevo centro de inversión minera. Tiene el 57.7% de su territorio concesionado. La problemática de la minería informal sigue creciendo en la región. Esta vez las comunidades protestan por priorizar solo a algunas comunidades de su zona de influencia directa. Las Comunidades de Tambulla, Choccoyo, Patario, Huaraccoy, Lahuani y Chuntahuillque, han desarrollado un paro por 48 horas en reclamo de la empresa Antares, por un trato desigual a las comunidades, pues consideran que la empresa está dando preferencias a algunas comunidades y relegando a otras.

En caso de empresas como Xstrata, las comunidades de la zona de influencia se han sentido excluidas en los procesos de implementación de proyectos de desarrollo. Pese a que la empresa Xstrata ya ha conseguido acuerdos respecto a la compra de terrenos comunales, principalmente para lo que será el mineroducto, la comunidad Ccocha ha reclamado a la empresa un fondo económico que pueda servir ante los posibles impactos. En el territorio de esta comunidad (distrito de Haquira) se construirá la tercera estación de bombeo para el mineroducto. Al respecto, la empresa ha respondido que va evaluar la posibilidad de generar un fondo ante emergencias.

Los procesos de formalización vienen generando muchas expectativas en los mineros artesanales, pero la realidad muestra que son muy pocas las asociaciones que a la fecha cumplen con los requisitos para finalizar el proceso. La provincia de Cotabambas registró la mayor cantidad de declaraciones de compromiso de los mineros artesanales (Decreto Legislativo N° 1105) sumando un total de 1422. Las preocupaciones por el nivel de otorgamiento de concesiones se mantienen, sobre todo por la protección de las cabeceras de cuenca.

http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=72934
Adital 19.12.2012




LOS CONFLICTOS MINEROS DEL AÑO



Salvo que ocurra uno de esos hechos inesperados que son habituales en nuestra política, este año cierra con un gobierno en mejor pie en relación a la situación que se vivía a fines del 2011, cuando estaba atrapado en el endurecimiento que expresaba el nombramiento de Óscar Valdés a la cabeza del premierato como respuesta a la crisis política generada por el proyecto Conga, que acabó con su salida en el mes de julio.

Lo interesante es que aunque el conflicto Conga no terminó de resolverse, el gobierno logró aislar la protesta antiminera al espacio regional, para lo que contó con la ayuda de los líderes cajamarquinos que no lograron generar un movimiento de mayor amplitud, así como con el agotamiento de la población movilizada, que una vez postergado el proyecto no ha vuelto a expresarse de manera masiva. Aunque eso no significa que el rechazo mayoritario al proyecto Conga y a la Minera Yanacocha ha dejado de mantenerse, pero de manera pasiva.

De otro lado, Espinar, el otro gran conflicto del primer semestre, se ha encaminado por la vía del diálogo bajo el liderazgo del Ministerio de Ambiente y la Municipalidad Provincial de Espinar, que coinciden en la necesidad de una mejor supervisión ambiental, más allá de algunas discrepancias en aspectos metodológicos, quedando claro que no hay un rechazo masivo a la actividad minera. Aunque sigue pendiente la renegociación del acuerdo marco entre Xstrata y la provincia de Espinar.

Pero lo que cambió la mirada sobre el mapa de conflictos en el 2012 fue el acuerdo que se logró en el caso del proyecto Quellaveco, que no llegó a la violencia gracias a la buena muñeca del presidente regional de Moquegua, que a través de una paciente negociación logró un acuerdo con la empresa Anglo American. Y aunque el gobierno nacional fue solamente un actor secundario, se vio beneficiado con el mismo, en un contexto que se le presentaba como desfavorable.

A pesar de que estos tres casos emblemáticos marcaron los hitos del conflicto minero y tuvieron tres salidas distintas, no parece existir en el gremio minero el optimismo de otros años. Las quejas dirigidas al gobierno, en público o en privado, aluden a un significativo retraso de los proyectos, no solo por los conflictos sino también por los diversos procedimientos y permisos que van a paso lento, a los que se suman las dos reformas más importantes hasta el momento del gobierno en esta materia, como son la consulta previa y la creación del SENACE.

Aunque siempre es difícil vaticinar qué conflictos son los que se activarán el próximo año, es probable que las tímidas críticas del gremio minero al gobierno tiendan a ser cada vez mayores. Recién ahí veremos cuánto del prudente reformismo liderado por el Ministerio del Ambiente llegue a convertirse en política pública. O si finalmente las tendencias más resistentes al cambio que habitan en el Ministerio de Energía y Minas terminan por imponerse.

Lo que sí preocupa es que, aunque el gobierno ha mostrado mejores modales en el trato a la protesta social en el segundo semestre del año, toda la normatividad que criminaliza la protesta sigue vigente y no hay ninguna intención de modificarla.

PD: Que tengan unas felices fiestas. Esta columna retornará el martes 8 de enero.

La Mula 19.12.2012




18 de diciembre de 2012



EL DERECHO AL AGUA EN COMUNIDADES AFECTADAS POR ACTIVIDADES MINERAS

 


Por Marco Arana Zegarra*

La Nueva Ley General de Minería promulgada por Fujimori en 1992 se propuso promover e incentivar el desarrollo de la gran minería en el Perú y su éxito ha sido tal para el sector minero que, en el periodo 2007-2011 las exportaciones del sector primario llegaron a constituir en promedio el 70% de todas las exportaciones convirtiendo prontamente al Perú en el principal productor de oro de América Latina.

Sin embargo, la minería está siendo también la principal fuente de conflictos socioambientales y principalmente hídricos del país.
La expansión de la minería en el Perú:

Debido a las leyes de promoción de las inversiones y la ley de minería, actualmente las concesiones mineras se han extendido por todo el país llegando, en junio de 2011, a constituir más de 24 millones de hectáreas. El gobierno celebra que las inversiones mineras previstas para los próximos años serán de más de 42 mil millones de dólares y las regiones donde se ubican las principales operaciones mineras han comenzado a recibir importantes transferencias monetarias como parte del impuesto a la renta que recauda el gobierno central (Huaraz, Cajamarca, Arequipa entre otras). Para facilitar una mayor expansión de las actividades mineras, el gobierno y las empresas promueven el desarrollo de importantes proyectos de infraestructura vial y la ampliación de las redes de aprovisionamiento de energía eléctrica, de hecho, se sabe que el convenio hidroenergético con el Brasil que básicamente consiste en represar ríos amazónicos están orientados no solo a satisfacer las demandas energéticas del Brasil, sino fundamentalmente del aseguramiento de energía para ocho de los principales proyectos mineros que el gobierno pretende autorizar en los próximos cinco años.(1)

La publicidad minera y gubernamental señala que el Perú saldrá de la pobreza gracias al boom minero y hay hasta quienes piensan que con el gravamen que pagarán las mineras, calculado en más o menos tres mil millones de nuevos soles, y la ley de consulta a los pueblos indígenas, recientemente promulgada por el presidente Ollanta Humala, la minería entra en una nueva etapa en que habrá menos conflictos socioambientales y la minería se convertirá en el “diamante de la competitividad” como solían decir los neoliberales de los años 90 o, más simplistamente, como suelen decir hoy en la “locomotora del desarrollo”. Siendo así, entonces cabe indagar por qué la minería es la principal fuente de conflictos socioambientales en el Perú y especialmente de aquellos relacionados con la defensa del derecho al agua. El presente artículo busca dar respuesta a esta pregunta.

Si bien el Estado peruano exhibe entre sus resultados el contar con el catastro minero más desarrollado del mundo el cual permite entrega inmediata de concesiones mineras, no obstante es el propio Ministerio del Ambiente el que ha admitido en junio de 2012 ante la Convención Ramsar en Rumanía(2) que “El Perú no cuenta con un ´inventario nacional completo´ de todos los humedales del país a nivel integral, pero si ha llevado evaluaciones parciales a diferentes escalas de trabajo y en tiempos diferentes. Son avances que deben ser consolidados bajo una metodología estándar.

“En 1980, la anterior Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, determinó 12,201 lagunas en la zona andina del país. De ese total de lagunas, 3,896 se encuentran en la vertiente del Pacífico, 7,441 en la vertiente del Atlántico, 841 en la vertiente del Titicaca y 23 en una vertiente cerrada del Sistema de Huarmicocha.

“En el 2006 y el 2007, el anterior Instituto Nacional de Recursos Naturales hizo intentos para elaborar proyectos de inventario pero no logró su objetivo. En el 2010, El Ministerio del Ambiente elaboró el mapa del Patrimonio Forestal del Perú, bajo el cual se estimó a nivel nacional, 6`063,551 ha de aguajales y pantanos, 5,790 ha de manglares, 509,381 ha de bofedales y 3,448 ha de humedales costeros. Se requiere un inventario nacional a una escala de 1:100,000 y con una guía metodológica que defina y conceptualice el ámbito del inventario, escalas, leyenda, modo de evaluación y proponga una metodología estandarizada para un monitoreo.”
Impactos Socioambientales:

Diversos informes oficiales han mostrado que en la Oroya, donde opera la minera Doe Run, se ha contaminado con plomo a más del 90% de los niños de la localidad.(3) La Oroya está considerada entre las 10 ciudades más contaminadas del mundo.(4) En el puerto del Callao, por donde salen los minerales fuera del país, se ha contaminado a centenares de niños con particulado de plomo, los daños sobre su sistema neurológico es irreversible.(5) En Cajamarca, Yanacocha, la mina de oro más grande América Latina se contaminó en el año 2000 a más de un millar de campesinos de las localidades de San Juan Choropampa y Magdalena con mercurio metálico, la secuela de los males continúa hasta hoy,(6)
Impactos Mineros sobre los Recursos Hídricos:

A nivel nacional la minería se ubica en el cuarto orden de actividades de consumo de agua. Según información oficial del Ministerio de Agricultura el volumen de agua respecto a la cantidad de uso consuntivo a nivel nacional es de 18,972 MMC, de los cuales el 85.74% son para uso agrícola, 6,66% para uso poblacional, 6.09% para uso industrial, 1.09% para uso minero y 0.42% para uso pecuario. Mientras que el uso no consuntivo es de 11,139 MMC básicamente para fines energéticos.(7) Sin embargo estas cifras, como todo promedio, pueden ser engañosas debido a que no expresan el uso de agua que hacen estas actividades a nivel de cuencas o microcuencas o de regiones. Es evidente que se utiliza un porcentaje mucho mayor de agua para actividades industriales en regiones que tienen mayor desarrollo industrial como Lima y que se usa mucha más agua en regiones o cuencas que tienen actividades mineras más o menos extendidas como lo muestra el cuadro siguiente que proporciona información del uso de agua por cuencas a nivel nacional:

Fuente: INRENA. Informe de la Situación de los recursos hídricos en el Perú. Lima, 2003.

Aunque la mayoría de gobiernos regionales o provinciales no cuentan con estudios de balance hídrico, el caso de la región Tacna que sí dispone de ellos muestra claramente cómo la actividad minera pasa a ser la segunda actividad de mayor consumo de agua en algunas de sus cuencas superando largamente la demanda de agua para consumo humano como puede apreciarse en el cuadro Nro. 2 elaborado por la Gerencia de Recursos Natural del Gobierno Regional:


Fuente: Gerencia de Recursos Naturales. Gobierno Regional de Tacna, 2009

El Ministerio de Agricultura del Perú reconoce que las aguas son contaminadas por tres causas: 1) Descargas domésticas, con un alto contenido de parásitos y organismos patógenos, 2) Los relaves mineros a través de las impurezas que arrojan directamente a los ríos como cobre, plomo, zinc, fierro y plata, y, 3) los procesos industriales que arrojan sustancias tóxicas que luego son evacuados en el cauce de los ríos o quebradas.(8)

En la página web del MINAG puede leerse con mayor precisión aún que: “En muchos casos la desaparición de la fauna hidrobiológica de los ríos, de la costa, principalmente, es debido a la infestación de los cauces de ríos de contaminantes, como ha sucedido en la región sur del país, en el caso de la desaparición del camarón del río Locumba, debido a la deposición de relaves mineros que realiza la Southern Perú Coopper Corporation, producto de sus operaciones mineras de Toquepala y Cuajone.”(9)

Entre los ríos que se hallan más contaminados del Perú por actividades mineras formales e informales y residuos sólidos el MINAG señala los que pueden verse en el cuadro Nro. 3:

Fuente: DGAS, 1992.
http://www.minag.gob.pe/portal/sector-agrario/hidrometeorolog%C3%ADa/cuencas-e-hidrograf%C3%ADa/problemática

A todo ello se añade la contaminación de las aguas marinas de la bahía de Ite en Moquegua por relaves de la Minera Southern, y en la región de Tacna el agotamiento de las aguas subterráneas por sobrexplotación, lo que llevó al gobierno regional a dictar por primera vez en la historia del Perú, dispositivos legales de veda de uso de aguas subterráneas para uso minero.

En Madre de Dios lo que comenzó como minería artesanal, hoy es una minería de gran escala que extrae oro con dragas de los ríos y deforesta miles de hectáreas amazónicas, virtiendo además miles de kilogramos mercurio a los ríos amazónicos.(10) Es la propia intergubernamental Organización del Tratado de Cooperación Amazónica que ha informado que “en los últimos 50 años, se ha vertido 1.300 toneladas de mercurio en el río Amazonas y sus afluentes”.(11)

En Puno las minas informales de La Rinconada contaminan la cuenca del Río Ramis, que es afluente del lago Titicaca que es una cuenca endorreica afectando a las provincias de Melgar, Azángaro, Sandia, Lampa, Huancané, San Román, San Antonio de Putina y Carabaya. Lo mismo ocurre con el río Suches contaminados con nitratos, sulfatos, hierro, zinc, arsénico, cadmio, níquel, manganeso y mercurio. A toda esta contaminación se añade la contaminación del lago por residuos sólidos urbanos que se estiman en 70 TM por día.(12) El problema de la contaminación del lago, se vuelve más crítico debido a la existencia de 18 sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas que se hallan en mal estado.(13)

En Junín el río Mantaro se halla en situación ambientalmente crítica debido a que diariamente recibe descargas de 32 vertimentos mineros pertenecientes a nueve empresas mineras, así como aguas residuales de la población de 43 distritos. A ello se suma el hecho que en su zona de influencia hay 272 pasivos mineros y botaderos pertenecientes a 34 centros poblados. El lago Chinchaycocha o Junín ha sido fuertemente contaminado por los relaves mineros y se estima que serán necesarios más de US$ 200 millones para descontaminarlo.(14)

En Ayacucho la empresa minera formal Catalina Huanca contamina las aguas de la quebrada Sacllani y del río Mishka en el distrito de Canaria con la descarga de aguas ácidas provenientes de su sistema de drenaje subterráneo de uno de sus depósitos de relaves, encontrando la OEFA que se encontraron valores de 57 miligramos por litro para el parámetro sólidos totales suspendidos, lo cual excedía el límite máximo permisible que es de 50 miligramos por litro, por lo cual la empresa fue multada en noviembre de 2012.(15)

En La Libertad las cuencas hídricas más importantes, El Perejil en Otuzco, Chuyugual en Sánchez Carrión y Caballo Moro en Santiago de Chuco está contaminadas por vertimentos mineros. En la cuenca del río El Perejil y el río Negro, distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, existen abundantes yacimientos de carbón mineral el pH presenta una tendencia de franca descendencia propiciando que las aguas del río Perejil se vuelvan cada vez más ácidas, además se ha encontrado metales como Cadmio, Hierro y Níquel, mientras el PH sea menor, mayor será el nivel de acidez de agua.(16) En Caballo Moro, la situación no varía, en el 2005 el PH era de 6.7 pero en el 2009 ha descendido a 3.56 considerado y se ha comprobado la presencia de hierro y aluminio. El monitoreo de puntos ubicados en el área de operaciones de minera Barrick como el río Chuyuhual y Quebrada Negra El Chuyuhual, en la provincia de Sánchez Carrión, se ha encontrado sulfatos, nitratos, nitrógeno amoniacal, arsénico y mercurio en elevadas concentraciones que superan los LMPs previstos por la legislación ambiental vigente. En todos los puntos evaluados el agua no es apta para el consumo humano, agrícola, ganadería y conservación de la vida acuática por la altísima concentración de cadmio, hierro, níquel, aluminio, sulfatos, nitratos, nitrógeno amoniacal, arsénico y mercurio, siendo un peligro para la vida de todo ser viviente.(17)

En Lima hasta la agencia oficial de noticias del gobierno de vez en cuando da cuenta de la contaminación del Río Rímac con metales pesados tales como hierro, arsénico, zinc, plomo y antimonio. Los propios voceros técnicos de SEDAPAL y de la Autoridad Nacional del Agua han informado que la minería es la principal fuente de contaminación con unos 11 relaves mineros identificados lo que representa el 60%, seguida por los residuos domésticos (25%) provenientes de unos 450 botaderos y la existencia de 38 desechos industriales (15%).(18) Entre las mineras que causan esa contaminación están empresas canadienses formales como Minera Coricancha (propiedad de Glencore) y San Juan (propiedad de la junior canadiense Gold Hawk Resources) las cuales incluso se niegan a cumplir las medidas propuestas por OSINERGMIN e INDECI.(19) Solo recién en junio de 2012 autoridades de la ANA anunciaron la creación de una comisión multisectorial que vele por la calidad de los recursos hídricos del río Rímac la cual buscará la “declaración de interés nacional” de esta importante cuenca.(20)

Sin que el inventario nacional de pasivos ambientales haya aún concluido ya se han identificado más de cinco mil quinientos de ellos que están drenando aguas ácidas a las partes bajas de las cuencas del pacífico y del atlántico lo que en muchos casos está siendo fuente de innumerables conflictos socioambientales que cuestionan no solo las actividades mineras abandonadas sino actuales, no sólo de mineras informales sino también la de grandes empresas mineras formales como Southern Copper, Yanacocha, Barrick, Volcán entre otras.
La afectación del derecho al agua en poblaciones mineras. El caso de la minera Yanacocha en Cajamarca

En los dieciocho años de operaciones de Minera Yanacocha en los andes del norte del Perú, se ha podido constatar que por efectos de las actividades mineras muchas fuentes naturales de agua no solo han sido contaminadas, sino que han sido destruidas. La Dirección Regional de Agricultura ha recibido numerosos reclamos legales de al menos cuatro canales de riego: El Quishuar que abastecía a 333 familias; El Encajón – Collotán que abastecía a 70 familias; el canal Yanacocha-Llagamarca que abastecía a 43 familias y el canal San Martín-Túpac Amaru que abastecía a 465 familias dedicadas a las labores agrícolas y ganaderas. Otros canales como La Ramada que abastecía a 160 familias fueron totalmente clausurados por la empresa minera aduciendo que “nunca existió” debido a que los campesinos no tenían actualizados y en regla los permisos de utilización de aguas ante la autoridad correspondiente.

Según la autoridad administradora del Distrito de Riego de Cajamarca han sido afectadas directamente 1026.88 has de tierras que estaban bajo riego. Por ello, la empresa minera ha debido obtener permisos de esa autoridad para extraer agua del subsuelo y luego devolverla por bombeo a los canales que sus operaciones han afectado, se conoce documentadamente que solo para poder compensar a estas familias en el año 2002, Minera Yanacocha tuvo que obtener un permiso para extraer y bombear 65 litros de agua por segundo.(21)

Sin embargo, Minera Yanacocha también ha debido afrontar reclamos por contaminación de las aguas de los canales con metales pesados. Hay numerosos informes y evaluaciones ambientales al respecto. La Auditoría Ambiental de INGETEC S.A. sobre las operaciones mineras de Yanacocha, revelaba a fines del año 2003 que: “MYSRL no ha analizado el impacto de las operaciones mineras en la demanda y calidad del abastecimiento de agua potable de Cajamarca… Las principales fuentes alternativas para el abastecimiento futuro de Cajamarca están influenciadas por las operaciones mineras… No existe estudios suficientes de alternativas de ampliación del abastecimiento de agua potable a la ciudad de Cajamarca… Dentro de los impactos identificados en el caso de Minera Yanacocha que pueden ser medidos de esta forma, se destacan: Incremento de costos de tratamiento de agua potable”.(22) También el Ombudsman del Banco Mundial conocido con la sigla de la CAO, reportó en octubre de 2005 que en los siguientes cuerpos de agua: Canal Llagamarca, Quebrada Encajón, manantial Quebrada Honda y Quebrada Pampa Larga se encontró: Arsénico, plomo y cadmio por encima de los límites máximos permitidos por lo que recomendaba “a la población tomar precaución en el consumo de agua de los diferentes puntos mencionados anteriormente por encontrarse presencia de metales totales, por ser considerados metales de riesgo para la salud de (de acuerdo a la OMS).”(23)

A inicios del año 2004, los usuarios del canal de riego de Tual, luego de dos años de infructuosas protestas, finalmente firmaron un acta con los representantes legales de Minera Yanacocha por la cual aceptaban un pago de “cuatro mil dólares americanos y una vaca arequipeña a cambio de ceder a perpetuidad el uso de agua a favor de la empresa minera.” Cuando los reclamos campesinos continuaron, la empresa minera se vio también obligada a aceptar el compromiso de bombear aguas a ese canal de su planta de tratamiento de aguas ácidas (AWTP), en ninguna parte del acta de compromiso figura un mecanismo de garantía de la calidad y del monitoreo participativo del agua. Igualmente, resulta cuasi surrealista el contenido de una carta suscrita por funcionarios de Minera Yanacocha en que reconocen la contaminación del agua de la Quebrada Cushuro que afectó a los usuarios del canal San Martín Túpac Amaru Río Colorado por ello el 27 de noviembre del 2002 los funcionarios de la empresa minera y los representantes del canal “firman la Transacción Extrajudicial mediante la cuál Minera Yanacocha se compromete a otorgar cuarenta sacos de gallinaza a cada usuario.”(24)

Actualmente la empresa minera sostiene acciones legales en el Tribunal Constitucional contra la Municipalidad Provincial de San Pablo que protege las más de 200 lagunas del Alto Perú de la expansión minera, el ecosistema hídrico se halla además en estudio por el MINAM para ser declarado zona de protección RAMSAR.(25) Del mismo modo Yanacocha también sostiene un litigio contra la Municipalidad Distrital de Baños del Inca por declarar sus cabeceras de cuenca como zona de protección y oponerse a la expansión de actividades mineras en la Shacsha. Campesinos de la comunidad de Negritos y del CPM de Porcón Bajo han llevado a la vía administrativa y judicial los casos de la afectación minera de las aguas de la laguna de Totoracocha así como del canal de riego El Quilish.
Conclusiones y recomendaciones:

    Los desechos urbanos constituyen la principal fuente de contaminación de aguas en el Perú, seguido por las actividades mineras sean éstas formales o informales, siendo los segundos los de mayor dificultad de tratamiento debido a: 1) que muchos de los drenajes de aguas ácidas de minas corresponden a minas abandonadas, 2) en el caso de minas que están en operación debido a la composición química de los vertimentos que los hace ambientalmente más persistentes y sumamente costosos los procesos de tratamiento, 2) cuando se trata de minería informal por la dificultad de identificar, fiscalizar e imponer sanciones a los responsables que de otra parte verían cerradas sus operaciones de tener que internalizar sus costos ambientales, 3) cuando se trata de minería formal más difícil aún por las presiones políticas, manejo de medios de comunicación influyentes, corrupción de autoridades o triquiñuelas legales de las que disponen estas empresas para burlar las normas y la autoridad.

    Una dificultad grande es la falta de una visión de desarrollo de largo plazo socialmente justa y ecológicamente sustentable para nuestro país. Vivimos en una sociedad cuyas democracia es débil y donde la política y la economía sirven para favorecer grandes beneficios para pocos en cortos plazos de tiempo. La minería suele hallarse protegida política y mediáticamente por la necesidad de garantizar las inversiones que sostengan el crecimiento económico de corto plazo. En esta visión de desarrollo se sacrifica la seguridad ambiental y alimentaria e incluso los gobernantes están dispuestos a criminalizar la acción ciudadana y de las autoridades locales que demandan un desarrollo basado en justicia social y ambiental como es fácil ver en casi todos los conflictos mineros e hídricos que están en aumento en el país.
    Se necesita de manera urgente un conjunto de medidas que permitan crear un amplio movimiento de ciudadanía hídrica y ambiental que nos lleve en el marco de la crisis ecológica mundial y el cambio climático actual a promover una nueva cultura del agua que garantice la defensa del derecho a la misma tanto para consumo humano como para las actividades agrícolas y pecuarias así como para las industriales. El desarrollo tiene como fin el bienestar de la persona humana en un entorno ambientalmente saludable para el cual es necesario garantizar las actividades económicas que deben servir a ese fin y no como está ocurriendo actualmente con el predominio de la política economía neoliberal.
    Entre los instrumentos fundamentales para garantizar el derecho al agua, la protección y gestión sostenible de los recursos hídricos se precisa un conjunto de medidas que requieren voluntad política y capacidad institucional para su implementación inmediata(26)

    Hacer el inventario nacional completo de todos los humedales del país a nivel integral que permita su protección y uso racional.
    Como fue planteado en las iniciativas legislativas entregadas al Congreso por la Gran Marcha Nacional del Agua y ahora la campaña “Firma, Firme” que impulsa la Fentap legislar sobre el agua como derecho humano, lo que implica la defensa de la empresa pública proveedora de agua, el aseguramiento del acceso al agua de calidad y en cantidad para todos debiendo para ello declarar la protección estricta y manejo sostenible de las cabeceras de cuenca, con controles estrictos en el uso del mercurio y cianuro para la minería que ya está operando y la prohibición del uso de esas sustancias en los nuevos proyectos.
    Priorizar las inversiones de los gobiernos nacional, regional y locales en la construcción de infraestructura de abastecimiento de agua potable y saneamiento.
    Dar solución a los pasivos ambientales de la actividad minera hecha en los años y décadas previas y que son fuente permanente de contaminación de las aguas y de las tierras y de impactos negativos en la salud de las personas especialmente de las más pobres.
    Definir una gestión ambiental que sea transectorial. En la medida que el país apostó por la creación del Ministerio del Ambiente el año 2008, es preciso fortalecerlo, transfiriéndole la evaluación y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y la conducción de la Autoridad Nacional de Agua (ANA) y proveyéndole de los recursos financieros y técnicos necesarios para fortalecer la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
    Definir los estándares y límites permisibles ambientales de acuerdo a los mejores estándares internacionales y reconociendo las especificidades de nuestro territorio y ecosistemas; revisar el contenido de los EIAs para hacerlos más exigentes y revisar sus procedimientos para que sea el Estado y no las empresas interesadas quienes los contraten; e introducir otras herramientas como la evaluación ambiental estratégica (EAE) para observar y evaluar el impacto acumulativo de los diferentes proyectos mineros, de infraestructura y otros, que se realizan en un mismo territorio.
    Aprobar una Ley de Ordenamiento Territorial que defina con toda claridad los roles del Ministerio del Ambiente y de los Gobiernos Regionales y Locales y de la población en los procesos de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) y de Ordenamiento Territorial (OT). Se necesita de estas herramientas para establecer con toda claridad en donde sí y en donde no y con qué características se puede hacer que tipo de minería en el país con criterios básicos de planificación.
    Redefinir la lógica y el momento de las concesiones mineras. Las concesiones deben darse solamente en las zonas en las que la ZEE y el OT y el Plan Concertado de Desarrollo (PCD) y la consulta previa consideran que puede haber minería. Y estas no deben seguirse dando en respuesta a una simple petición del interesado, sino que deben de resultar de una negociación y un contrato con inversiones en plazos pactados entre la empresa interesada y el Estado, para evitar la entrega de concesiones para fines especulativos.
    Implementar de manera efectiva y eficiente el sistema judicial ambiental, con jueces, fiscales y policía ecológica capacitada, con suficientes recursos y a nivel nacional para investigar y sancionar los delitos ecológicos.
    Declarar los territorios ancestrales de los pueblos indígenas como zonas de protección estricta donde el derecho de las comunidades debe ser respetado.
    Construir autoridades ambientales en las regiones que propicien el complemento entre las facultades y competencias que tiene el MINAM y las que tienen los gobiernos regionales fortaleciendo las comisiones ambientales regionales y locales (CARs y CALs respectivamente) transfiriendo competencias a los Gobiernos Regionales y Locales para que participen, de manera compartida con el MINAM, en la evaluación y aprobación de los EIAs y las EAEs, en la gestión de la ANA y en la gestión de la OEFA.

Conflictos por el agua en Perú


Según un informe de la Red Muqui, publicado en noviembre de 2011, y que fuera dado a conocer por el diario La República: la región con mayor problema es Puno, con 7 conflictos; seguida de Cajamarca, con 6 incidentes. En tercer lugar están Tacna y Huancavelica, con 4; mientras que en Ancash y Apurímac se produjeron 3 casos en cada una.

Además, el reporte señala que al menos hay 18 conflictos sociales en zonas de cabeceras de cuenca, que son áreas donde nacen los ríos y arroyos o en las que se capta el agua en forma natural, convirtiéndose en una fundamental reserva hídrica.

En el año 2005, la Defensoría del Pueblo registró 70 casos de conflictos sociales, de los cuales 10 se vincularon al agua, y de éstos, 6 estuvieron relacionados a la minería; todos en la región Cajamarca.

En 2006 se denunció 97 conflictos: 15 de ellos por agua, de los cuales, 10 se debieron a la minería en La Libertad, Pasco y Cajamarca.

En 2007 hubo 78 casos: 23 por agua, de los que 20 se vincularon a la minería. Se afectaron Cajamarca, Huancavelica, Tacna, Ancash, La Libertad, Moquegua y Puno.

En 2008 se reportó 197 incidentes: 21 de ellos fueron por agua, de los cuales 8 fueron por la minería. Estos casos se registraron en Tacna, Moquegua, Apurímac, Ancash, Amazonas y Cajamarca.

En 2009 hubo 267 casos: 33 por agua, de los cuales 17 están vinculados a la minería y se produjeron en Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Junín, Lima, Ancash, La Libertad, Amazonas y Cajamarca.

En 2010 se registraron 246 conflictos: 36 por agua, de los que, 28 están vinculados a la minería. Se dieron en Piura, Amazonas, Cajamarca, Loreto, Ancash, Huánuco, Lima, Huancayo, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Madre de dios, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna.

Hacia el año 2012 investigadores del CIES “se estarían incubando más de 1,000 conflictos adicionales solo por el uso del agua… Huancavelica, Apurímac y Ayacucho, lugares donde se han registrado por lo menos 120 conflictos, los mismos que son parte de la vida cotidiana de sus pobladores.?Si a estas tres regiones se añaden otras tres en el norte con problemas similares, se proyecta y se calcula que hay más de 1,000 conflictos a nivel nacional por el agua.”

Notas:
(1) MONGE, Carlos y VIALE, Claudia. Minería y energía. Tenemos que salir del círculo vicioso que amenaza a la Amazonía Peruana. Lima, 2010
(2) Informes Nacionales que se presentarán a la 11a Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes, Rumania, junio de 2012, Pag. 14
(3) Ver el informe oficial en el Congreso de La República de Perú: http://gloriaramos.com/files/Inf%20de%20grupos%20de%20trabajo/1%20Comision%20de%20Pueblos%20Andinos,%20Afro%20peruanos,%20Ambiente%20y%20Ecologia/3%20160707%20IGT%20La%20salud%20publica%20en%20La%20Oroya/160707%20Informe%20la%20salud%20publica%20en%20la%20Oroya.pdf
(4) Informes periodísticos: http://elcomercio.pe/ediciononline/html/2008-08-28/la-oroya-ciudad-mas-contaminada-america.html, http://www.geographos.com/BLOGRAPHOS/?p=346
(5) Ver informe oficial de la Congresista Gloria Ramos en: http://gloriaramos.com/files/Inf%20de%20grupos%20de%20trabajo/4%20Comision%20de%20la%20Salud/1%20150609%20IGT%20Plomo%20en%20sangre%20en%20ninos/150609%20INF0RME%20PLOMO%20EN%20SANGRE.pdf
(6) ARANA, Marco. El Caso del Derrame de Mercurio en Choropampa y los Daños a la Salud en la Población Rural Expuesta. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, vol. 26, núm. 1, 2009, pp. 113-118 Instituto Nacional de Salud. Perú, 2009. Ver en: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/363/Resumenes/36311625019_Resumen_1.pdf
(7)Ver:http://www.minag.gob.pe/portal/sector-agrario/hidrometeorolog%C3%ADa/cuencas-e-hidrograf%C3%ADa/problemática
(8)Ver:http://www.minag.gob.pe/portal/sector-agrario/hidrometeorolog%C3%ADa/cuencas-e-hidrograf%C3%ADa/problemática
(9) Idem.
(10)Ver informe del MINAM:http://cdam.minam.gob.pe/novedades/mineriamadrededios.pdf
(11)Ver:http://www.otca.org.br/ep/plano.php, http://library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/07715.pdf
(12)Ver:http://www.ingemmet.gob.pe/publicaciones/Cap2-Trab4.pdf, http://www.monografias.com/trabajos82/problema-contaminacion-region-puno/problema-contaminacion-region-puno2.shtml
(13)Ver:http://elcomercio.pe/planeta/502094/noticia-rio-mantaro-situacion-critica-residuos-mineros-son-principal-agente-contaminante
(14)Declaraciones del presidente regional de Pasco, Víctor Espinosa Soto del 03.Enero.2005. Ver:http://www.muqui.org/boletines/boletin04.pdf
(15)Ver:http://elcomercio.pe/actualidad/1500825/noticia-ayacucho-multan-219-mil-minera-contaminacion-rio-mishka
(16)Ver:http://www.ipedehp.org.pe/pdf/Vigilancia%20Ambiental%2001-09-2011.pdf
(17)Idem.
(18)Ver:http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-relaves-mineros-componen-60-contaminacion-del-rio-rimac-430721.aspx, http://www.soitu.es/soitu/2008/07/17/info/1216327509_632728.html
(19)http://www.dailymotion.com/video/xrcen9_lima-actividad-minera-contamina-agua-del-rio-rimac_news#.UL_KqO279VE
(20) http://www.youtube.com/watch?v=zE3AMM3Odf0
(21) Ver la Resolución Administrativa Nº 304-2002-CTAR-CAJ/DRA-ATDRC
(22) INGETEC S.A. Auditoría Ambiental y Evaluaciones Ambientales de las Operaciones de la Minera Yanacocha en Cajamarca. Informe Final, 2003.
(23) La información de la CAO fue publicada en el Diario Panorama 25-10-2005
(24) Carta de Minera Yanacocha SRL dirigida al Presidente del Comité de Regantes SAMTARC. 20 Mayo del 2003. Ver también el Informe de la administración del Distrito de Riego No 029-2002-ATDRC-CATM, en el que se muestra la existencia de valores de metales por encima a los establecidos en la Clase III de la Ley General de Aguas.
(25) Informes Nacionales que se presentarán a la 11a Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes, Rumania, junio de 2012
(26) Una parte de estas propuestas han sido tomadas del Documento de Tierra y Libertad y la Central Unica de Trabajadores (CUT) denominado “Por una Nueva Minería al Servicio de una Estrategia Sostenible e Inclusiva de Construcción del Buen Vivir”. Ver en: http://servindi.org/pdf/Propuesta_Nueva_Mineria.pdf
*Marco Arana Zegarra es magíster en Sociología. Diplomado en Agua y Saneamiento en la Facultad de Ingeniería de la UNC. Docente del Area de Gestión Ambiental de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Cajamarca, Perú. Fundador de la ONG ambientalista Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible – GRUFIDES y miembro directivo del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL. Conferencista invitado a la Exposición Mundial del Agua, España 2008 y a diversas universidades en Holanda, España, EE.UU., Bolivia, Colombia y Perú sobre temas de agua, derechos e industrias extractivas. Actual líder del Movimiento Tierra y Libertad.

Servindi-Lima 17.12.2012