El 3 de julio del año 2012 César Medina Aguilar, estudiante de 17 años de edad; el obrero Eusebio Paulino García Rojas (48); Antonio Sánchez Huamán (29) y José Faustino Silva Sánchez (35) perdieron la vida tras recibir los impactos de bala durante las protestas contra el proyecto minero Conga en la ciudad de Celendín. Al día siguiente, Joselito Vásquez Campos (28) también perdió la vida en Bambamarca, capital de la provincia de Hualgayoc, en otro enfrentamiento contra las fuerzas del orden, pues le impactó un proyectil de bala en el pecho. 

Tras dos años de investigaciones y aduciendo falta de pruebas el fiscal Víctor Pinillos Padilla, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, declaró improcedente formalizar denuncia y seguir con la investigación preparatoria respecto a la muerte de los comuneros. Ante la decisión fiscal, Noticiar SER recogió las reacciones de diferentes líderes, lideresas y familiares de las víctimas. Según la investigación del Ministerio Público, sí habría elementos indiciarios de que hubo homicidio doloso de parte de algunos miembros de las FFAA; sin embargo, al no poder individualizar a cada uno de los que disparó, debe archivarse la causa. 

Reacciones
Adelaida Maximiliana Tabaco, esposa de uno de los fallecidos, refirió que no van a permitir que se archiven las denuncias contra los responsables de la muerte de su esposo. “Yo y todos los familiares conversaremos para viajar a Chiclayo y apelar porque es injusto que demoren dos años y nos digan que se archiva el caso. Nosotras como viudas estamos desamparadas, con lo que trabajamos no nos alcanza para hacer los trámites y pido apoyo para encontrar justicia”, declaró.

Como se sabe, los familiares de las víctimas se encuentran limitados en su derecho a exigir justicia ya que el proceso se llevó a cabo en otra jurisdicción (Chiclayo) debido al estado de emergencia en el que se encontraba la región Cajamarca. A ello se suman las limitaciones económicas que las familias de los fallecidos atraviesan actualmente.

Por su parte, Milton Sánchez, Secretario de la Plataforma Interinstitucional de Celendín, manifestó que, tras la demora en la investigación, ya intuían los resultados. “Estos casos lo está llevando la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, por lo que se va presentar una queja sobre esta disposición porque tienen elementos contradictorios. Nosotros exigimos que se investigue de manera profunda”. Del mismo modo manifestó que, de ser necesario, el caso se llevará a instancias internacionales.

En el mismo sentido, Maribel Goicochea Silva, pobladora de Celendín, manifestó que es injusto que las muertes queden impunes. Los líderes de esa provincia ya vienen han manifestado que si los casos se archivan se llamará a más frentes, de Chota y Cutervo, para movilizarse porque “nos tienen aclarar quien dio la orden para que nos disparen”, sentenció.

La presidenta del Consejo Regional de la Mujer, Dina Mendoza, manifestó: “El Gobierno está en contra de Cajamarca solo por reclamar nuestros derechos. Indigna que el fiscal Víctor Pinillos manifieste que no hay pruebas. En Cajamarca nos reuniremos todas las organizaciones de mujeres para ver qué hacemos y cómo apoyamos a las familias porque están cometiendo una injusticia. Aquí seguiremos en pie de lucha. Con las demás organizaciones tomaremos acciones para los próximos meses”.

Finalmente, Eddy Benavides, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Bambamarca, indicó: “En el Congreso Regional de Rondas campesinas se tomarán acciones y no descartamos ir a un paro indefinido porque no es posible que los fiscales no se muestren imparciales. Cuando hay manifestaciones ellos está presentes, pero cuando uno pide justicia se hacen los desentendidos para actuar” dijo. Agregó que que al parecer ya no hay autonomía, como es el caso del fiscal que archivó el caso de Alan García. “Como no hay justicia para nosotros tenemos que actuar en contra del Ministerio Público porque no podemos permitir que los fiscales hagan lo que se les da la gana”, señaló.

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