12 de julio de 2010

EL MEM AL MARGEN DE LOS INTERESES DEL PAÍS


La denuncia del ex viceministro de Energía Pedro Gamio, realizada ayer en este diario, nos revela claramente que en el Ministerio de Energía y Minas no hay voluntad de defender los intereses del país.

Gamio ha mostrado la carta de Repsol fechada el 28 de febrero del 2008 y dirigida al Ministerio de Energía y Minas, en la que la empresa dice que “pone a disposición del Ministerio la posibilidad de exportar la producción de gas del Lote 57 a la que Repsol YPF pudiera tener derecho”. Agrega Gamio que el entonces ministro de Energía Juan Valdivia estaba llevando a cabo negociaciones en esa línea, las que se frustraron cuando este dejó el ministerio por el escándalo de los petroaudios.

El fondo de este importante asunto es que si los dos (2) billones de pies cúbicos (bpc; TCF, en inglés) que encontró Repsol en el Lote 57 van a la exportación, entonces buena parte de los problemas y conflictos que suscita la exportación del gas podrían solucionarse.

¿Por qué? Porque entonces los dos bpc del Lote 88 que actualmente están destinados a la exportación serían sustituidos por los dos bpc del Lote 57. De esa manera, los dos bpc del Lote 88, que fue un “regalo de Dios y que por eso tiene precios bajos, serían destinados de inmediato al mercado interno, con lo cual cesaría el actual racionamiento al cual están sometidos los industriales y toda la población. Se habría revertido así, aunque sea en parte, el brutal despojo que hoy padecemos por culpa de los gobiernos de Toledo y de García.

¿Por qué entonces el ministro Sánchez no continuó con las tratativas para que se exporte el gas del Lote 57? Eso es lo que le corresponde responder. Por el lado de Repsol, se podría decir que cuando hizo el ofrecimiento, en febrero del 2008, el precio Henry Hub del gas era de US$ 8 por millón de BTU.

Pero en agosto del 2009, cuando se da la crisis en el Perú que lleva a “renegociar” algunos temas sobre Camisea, el precio HH estaba en US$ 3.14/MMBTU, lo que habría hecho “reflexionar” a Repsol, pues tomando en cuenta el “netback” (pago de costos), entonces el precio en boca de pozo en Camisea es de solo US$ 0.50/MMBTU. Y, claro, el precio de venta en el Perú es de US$ 2/MMBTU en promedio.

Por nuestra parte, en agosto del 2009, con ocasión de una presentación en RPP, le preguntamos al viceministro Daniel Cámac cuál fue la respuesta de Repsol frente al planteamiento de que se exporte el gas del Lote 57 (el público debe saber que esta carta ya era conocida, pero no se le dio la debida importancia), el Ing. Cámac me respondió que a Repsol ya no le interesaba esa propuesta.

Lo inaudito aquí son dos cosas. Primero, que Repsol es la empresa que le va a comprar el gas a Perú LNG para venderlo en México. Dicho de otra manera, el negocio final lo tiene Repsol “solito”, si bien participa como socio en la explotación del Lote 56 y del Lote 88 y, también, en el consorcio exportador Perú LNG. Si ellos van a hacer un “buen negocio” deberían estar interesados en exportar “su“ gas. Pero no. Ellos quieren exportar el gas del Lote 88, pero no el suyo, que sí lo quieren vender caro en el Perú.

Segundo, que el Ministerio haya aceptado tan fácilmente el cambio de posición de Repsol, cuando los intereses del país exigían –y exigen– que Repsol mantenga su compromiso. Pero no. No se le dijo nada a Repsol y, por el contrario, se le aceptó a la empresa que pueda vender su gas en el mercado interno y abastezca al gasoducto surandino. Increíble. Se le da al sur el gas caro de Repsol y no el gas regulado del Lote 88. A esto se suma el sobrecosto de US$ 7,000 millones mencionado por Gamio.

Por todos estos motivos, queda claro que el ministro Sánchez debe dar un paso al costado. Su actitud pro-empresa privada no garantiza el respeto de los derechos del país.

Diario La República-Lima 12/07/2010





PROTESTAN POR CONTAMINACIÓN DE RÍO AYAVIRI


Representantes de organizaciones de base de la ciudad de Ayaviri demandaron a la Municipalidad Provincial de Melgar realizar un estudio de las aguas del río Avaviri ante la posibilidad de que se encuentre contaminado, producto de los trabajos de la empresa minera Arasi. La autoridad de la comuna indicó que la empresa Aguas del Altiplano es la encargada del monitoreo y aseguró que los estudios continuarán.

Los dirigentes locales, asimismo, pidieron la intervención de Indecopi en la regulación de los pasajes de Ayaviri-Juliaca, ya que los transportistas cometen abusos al incrementar el costo de pasajes.

Diario La Primera-Lima 11/07/2010





JUEZ DECLARA PROCEDENTE SUSPENDER ACTIVIDADES DE MINERA TRAS DERRAME DE RELAVE EN HUANCAVELICA


El Poder Judicial declaró procedente el pedido de la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito y Medio Ambiente de Huancavelica para suspender las actividades mineras de la empresa Caudalosa Chica, luego del derrame de relaves en ríos de la zona registrado en junio pasado, informó hoy el Ministerio Público.

La medida cautelar fue dispuesta por el Primer Juzgado Penal de Huancavelica ante la solicitud del fiscal Frans Ponce Rosado por la presunta contaminación ambiental de los ríos Escalera, Opamayo y Casavi, en agravio de la sociedad.

La admisión de la medida fue notificada por el juez Mario Díaz Giraldez al representante de la empresa investigada.

Por otro lado, el fiscal dispuso ampliar la investigación preliminar contra los responsables de la minera por el presunto delito de alteración del ambiente o paisaje y que se realicen las diligencias para determinar las responsabilidades de ley.

Asimismo, un equipo forense de Materia Ambiental del Instituto de Medicina Legal tomó muestras de agua de los ríos Escalera, Opamayo y Casavi, en las zonas de Huachocolpa, Angaraes y Acobamba, respectivamente, para verificar el grado de contaminación.

Ponce Rosado, inmediatamente conocidos los hechos, convocó a una reunión con los comuneros y los pobladores aledaños al río Escalera para advertirles de los peligros que ocasiona el derrame de relaves mineros y alertó que no consuman esas aguas por contener residuos mineros.

El fiscal adjunto de prevención del delito Julio César Salas Cruces, en una reunión de la Comisión Ambiental Regional (CAR) de Huancavelica, exhortó a que se descontaminen las aguas del río Escalera lo antes posible y se dé una pronta solución al problema.

Las disposiciones para la acción inmediata del Ministerio Público en torno al derrame de relaves y contaminación ambiental suscitados en la zona fueron impartidas por el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial e Huancavelica, Luis Jorge Valdivia Grados.

Andina-Lima 09/07/2010





CORRESPONDE A FISCALÍA GESTIONAR PEDIDO DE INDEMNIZACIÓN TRAS DERRAME DE RELAVES


El pedido de indemnización para los afectados por el derrame de relaves mineros ocurrido el 25 de junio en el río Opamayo es una gestión que corresponde efectuar a los alcaldes junto a la Fiscalía.

Así lo sostuvo Alfredo Larraudi, presidente encargado del Gobierno Regional de Huancavelica, quien a través de CNR ofreció algunos alcances de la reunión sostenida en la víspera en Lima, donde se definieron los puntos del Plan de Acción Inmediata dispuesto por el Ministerio del Ambiente (MINAM) para atender el desastre ecológico.

Larraudi detalló que en la cita participaron representantes de los sectores involucrados como el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), la Dirección General de Salud (DIGESA) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Indicó que, de acuerdo al plan aprobado, corresponderá a la minera La Caudalosa Chica asumir el recojo de relaves y la protección de las cuencas del Opamayo y el río Lircay a fin de evitar que el ganado consuma las aguas contaminadas.

De igual modo, dicha compañía deberá encargarse del abastecimiento de agua y forraje para los animales. En cuanto a la atención en salud de los habitantes de las zonas afectadas, la Dirección Regional de Salud ya puso en alerta médica a la totalidad de establecimientos en la zona.

"Hemos exigido que esto no sea meramente declarativo", subrayó el titular encargado de Huancavelica, quien recordó que esta iniciativa será aprobada en un lapso de cinco días, y ratificada mediante una nueva resolución del MINAM.

De otro lado, Larraudi señaló de acuerdo a las evaluaciones de su despacho, se determinó que el escape de relaves alcanzó los 21 mil metros cúbicos. Este hecho afectó a 40 hectáreas de terrenos agrícolas en el distrito de Pomacocha, provincia de Acobamba.
Así mismo, existen tres mil 362 cabezas de ganado afectados por el impedimento consumir agua del río contaminado. En tanto, se calcula que los pobladores afectados directamente suman cuatro mil 120 personas.

Finalmente, si bien evitó pronunciarse sobre el pedido del Comité de Fiscalizción del Medio Ambiente de Aymaraes para que La Caudalosa Chica se retire de la zona, Larraudi dijo que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) está evaluando el uso de los recursos hídricos de manera que se dicten las medidas correspondientes.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 08/07/2010





8 de julio de 2010

HUALGAYOC DA ULTIMÁTUM AL PRESIDENTE ALAN GARCÍA


El comité de lucha de Hualgayoc presentó un memorial al presidente pidiendo que solucione los problemas ambientales y responda hasta el 26 de julio

El dirigente ambientalista de la provincia de Hualgayoc, informo que por las diferentes irregularidades de carácter socio ambiental en dicha provincia, el 15 de junio se hizo la consulta pertinente sobre la problemática ambiental en los distritos de Chugur, el 16 en el distrito de Hualgayoc y el 17 en el distrito de Bambamarca, todo esto se concretizo en un documento que se presentó el 05 de julio a la Presidencia de la República en la misma fecha al Congreso y también a la Presidencia del Consejo de Ministros

En el documento se señala los problemas de interés local, regional y nacional con énfasis en la provincia de Hualgayoc, por tal motivo convocan al presidente de la República, al Presidente del Consejo de Ministros y al Presidente del Congreso para que en un plazo de 20 días a partir del 05 de julio se constituya a la provincia de Hualgayoc ara que mediante el diálogo y trato directo con la población se soluciones los problemas socioambientales

Caso contrario dice textualmente el documento no se responsabilizan de las acciones de protesta de la esta provincia puede iniciar en defensa de sus justos derechos amparados en la constitución y la ley porque automáticamente se estarían tomando las acciones de fuerza y los dirigentes no se responsabilizan de lo que pueda suceder

En este documento se señala también varios aspectos bastante delicados, por ejemplo según información de Ingermmet se sabe que Hualgayoc está sobre concesionado al 160% Bambamarca al 84% y el distrito de Chugur al 162% de su territorio, esto demuestra la total irresponsabilidad de los gobiernos de la última década que cometen el peor acto criminal en agravio de la provincia, no existe la menor voluntad política del gobierno para atender la problemática, sobre protegen a las empresas mineras instaladas en las cabeceras de cuenca

Es vergonzoso dijo Napoleón Gutiérrez que el gobierno siga dándole el aval a las empresas mineras, no podemos morir a pausas, no tenemos agua lo poco que hay está totalmente contaminado la población tiene toda la razón para reclamar ante el presidente de la República, no solamente será un paro provincial sino un paro interprovincial y probablemente regional porque además ya tenemos la comunicación de la cuenca de Lambayeque para acatar también esta provincia, acotó

En el memorial presentado el 05 de julio al presidente de la república también responsabiliza al gobierno central y regional por fomentar un conflicto socioambiental entre las provincias de Celendín y Hualgayoc para favorecer los intereses mineros del proyecto Minas Conga de propiedad de Minera Yanacocha.

Diario El Clarín-Cajamarca 08/07/2010





PIDEN INDEMNIZACIÓN A EMPRESA MINERA


La declaración de emergencia ambiental en el área perjudicada por los relaves, entre 50 y 70 kilómetros a partir del punto de derrame, en el distrito de Huachocolpa, en Huancavelica, es una medida insuficiente, señalaron los más de 40 mil afectados, quienes a su vez pidieron una indemnización a la minera Caudalosa Chica. El secretario del Comité de Fiscalización del Medio Ambiente de la provincia de Aymaraes, Carlos Candietti, dijo que la resolución del ministerio del Ambiente no hace mención a las miles de personas afectadas por el derrame de residuos tóxicos. Sostuvo que la población acordó un paro preventivo de 48 horas.

Cuestionó, asimismo, el Plan de Acción del gobierno para remediar el desastre, ya que sólo abarca al distrito de Huachocolpa y deja de lado la cuenca del Lircay, que desemboca en los ríos Urubamba y Mantaro.

Candietti adelantó que presentará ante la Fiscalía Provincial de Angaraes una denuncia penal contra la minera Caudalosa para que reconozcan los daños ocasionados, por un monto de cien mil dólares por comunidad.

Diario La Primera-Lima 08/07/2010





EXIGEN INDEMNIZACIÓN POR DERRAME DE RELAVES


Gobierno regional informó que 4,120 personas se vieron afectadas por los desechos.

Indignados por el grave daño ecológico que ha causado el derrame de 30 mil toneladas de relaves de la minera Caudalosa Chica en los ríos Escalera y Opamayo, que se extendió a los torrentes de Huachocolpa, Cachi, Mantaro y Urubamba, los pobladores y las autoridades locales y comunales de la provincia de Angaraes iniciaron ayer un paro de 48 horas con el fin de exigir la inmediata remediación ambiental y el cierre definitivo de la empresa.

La medida de fuerza se acató con el cierre de todas las instituciones públicas y privadas, así como con la suspensión de las labores escolares y la restricción del servicio de transporte. La protesta fue pacífica, pero desde las primeras horas de la mañana se realizaron marchas por las principales calles, donde los pobladores afectados pidieron que la multa que Osinergmin aplicará a la minera por el accidente sirva para indemnizar a los pobladores perjudicados.

Mauro Santiago Ticllasuca, comunero de Huachocolpa, manifestó que la declaratoria de emergencia no es suficiente pues el daño ya está hecho. “Se debe imponer todo el peso de la ley, y las multas a la minera deben usarse para tratar de minimizar el grave daño causado a los habitantes”, dijo.

Carlos Candiotti, secretario del Comité de Fiscalización del Medio Ambiente de Aymaraes, señaló, por su parte, que la protesta también tuvo la finalidad de exigir al Gobierno el envío de una comisión de alto nivel que constate los efectos de la contaminación minera.

Por otro lado, adelantó que en las próximas horas formalizarán –ante la Fiscalía Provincial de Angaraes– una denuncia penal contra los directivos de la minera Caudalosa Chica, para que reconozcan los daños ocasionados con una indemnización de 100 mil dólares por comunidad.

BALANCE DE DAÑOS. Según el informe de impacto ambiental realizado por el Gobierno Regional de Huancavelica, que fue dado a conocer ayer, el derrame ocurrido el 25 de junio pasado afectó a 4,120 pobladores de las riberas del río Opamayo. Además, la capa de lodo sedimentado en los cauces de los ríos Escalera, Huachocolpa y Opamayo –que contendría metales pesados– se encuentra en un tramo aproximado de 120 kilómetros, desde la minera hasta su desembocadura, en el río Mantaro.

De acuerdo con el informe de la Dirección Regional de Agricultura, el derrame también afectó a 3,362 cabezas de ganado y dejó inservibles 40 hectáreas de cultivos.

Diario Perú 21-Lima 08/07/2010





7 de julio de 2010

Moradores defienden manglares de SAN PEDRO
SECHURA RECHAZA A PETROLERAS


Comunidad campesina San Martín rechazó posición del estado de otorgar conceiones mineras

La organización comunal del distrito de de Vice rechazó la posición tomada por el Estado para otorgar concesiones mineras a empresas transnacionales en la provincia de Sechura. Pues aducen que estos permisos ponen en riego la integridad de los recursos naturales, caso especial el Manglar de San Pedro de Vice, que se encuentra en peligro por la pretensión a la petrolera Olympic INC de explotar hidrocarburos en esa zona.

Francisco Ayala Chonga, presidente de la comunidad campesina San Martín de Sechura, expreso su rechazo a la actividad del Ministerio de Energía y Minas por otorgar concesiones mineras en esa provincia a empresas transnacionales como Savia, American Potash y Olympic las mismas que no cuentan con licencia social

“Como es sabido, esta última (Olympic) atenta contra la preservación del área de conservación natural de los manglares de San Pedro al pretender explotar hidrocarburos”, manifestó Ayala

Estas declaraciones las hizo luego de la inspección que hizo en la zona, donde se comprobó que una empresa –presumiblemente Olympic-realizaba trabajos de construcción de una trocha carrozable a 1.5 kilómetros de distancia de está área natural, hecho que fue denunciado por las autoridades viceñas ante la Fiscalía del Medio Ambiente

“Como comunidad pedimos al gobierno central y regional que antes de proporcionar estos permisos consulten con la población para obtener la licencia social y verifiquen si no se pone en riesgo zonas de conservación natural”, agregó

Diario La República-Lima 07/07/2010





CONSIDERAN INSUFICIENTE DECLARATORIA DE EMERGENCIA EN HUANCAVELICA


La resolución ministerial que declara en emergencia ambiental el área afectada por el derrame de relaves mineros en Huancavelica es insuficiente, opinó Carlos Candietti, secretario del Comité de Fiscalizción del Medio Ambiente de Aymaraes.

A través de CNR, el dirigente señaló que la resolución emitida en la víspera por el Ministerio del Ambiente (MINAM) no hace alusión a la indemnización que reclaman para los más de 40 mil afectados por la masiva fuga de residuos tóxicos ocasionado por la minera La Caudalosa Chica.

En ese sentido, ratificó que a partir de hoy, miércoles, la población de la provincia de Aymaraes acatará un paro preventivo de 48 horas, para exigir al gobierno el envío de una comisión de alto nivel que constate los efectos de la contaminación minera.

De igual manera, el dirigente cuestionó que el Plan de Acción planteado por el MINAM para remediar el desastre sólo abarque el distrito de Huachocolpa, dejando de lado la cuenca del Lircay, que desemboca en el río Urubamba y este, a su vez, en el río Mantaro.

Reiteró que el río arrastró los materiales tóxicos a las comunidades de Totora, Palcas, Yanaututo, Tucsipampa, Rumichaca, Lircay, Ocopa, Anchonga, Huayllay, Callanmarca, Huancahuanca, Congalla y otras, acabando con miles de truchas y poniendo en riesgo la salud de la población que usa estas aguas para el consumo humano
y agrícola.

Candietti adelantó que en las próximas horas formalizarán ante la Fiscalía Provincial de Angaraes una denuncia penal contra los responsables de La Caudalosa Chica, para que reconozcan los daños ocasionados, por un monto de cien mil dólares por comunidad.

Como se recuerda, el 25 de junio pasado, colapsó un dique de relaves de la empresa minera La Caudalosa Chica provocando que más de 500 toneladas métricas de residuos tóxicos cayeran al río Totora, ubicado en la jurisdicción del distrito de Huachocolpa; y en los cauces del río Opamayo, ubicado en el distrito de Lircay.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que la empresa minera Caudalosa Chica incurre en este tipo de daños contra el medio ambiente; ya en octubre del 2007 fue denunciada ante el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) por un hecho similar.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 07/07/2010





YA SE LIMPIÓ EL 30% DE RELAVES VERTIDOS EN RÍO


Minera Caudalosa asegura que limpieza total de la zona afectada demorará 40 días. Pobladores de provincia de Aymaraes exigen indemnización y cumplen paro desde hoy.

Diez días después del grave derrame de relaves con desechos tóxicos en las aguas del río Opamayo –que se extendió por los cauces de los torrentes Huachocolpa, Lircay, Urubamba, Cachi y Mantaro–, recién ayer el Ministerio del Ambiente declaró en emergencia ambiental el área afectada.

A través de un dispositivo publicado en El Peruano, el mencionado portafolio también aprobó un plan para la recuperación de la zona y estableció un plazo de 90 días para que diversas instituciones públicas y la minera Caudalosa Chica pongan en marcha las medidas ambientales necesarias para evitar que los pobladores se sigan viendo perjudicados por el desastre ecológico.

Aunque el experto en gestión integral de residuos peligrosos Percy Irribarren señaló que limpiar los terrenos y los ríos contaminados por un relave minero podría demorar entre tres y cuatro años, la minera Caudalosa indicó que ya se ha logrado limpiar el 30% de la cuenca de los ríos Escalera y Opamayo y que la limpieza total de la zona afectada demandaría 40 días.

Según la empresa, el plan de remediación comenzó a ejecutarse el mismo día del accidente y cuenta con el apoyo de sus 760 trabajadores. Además, se ha contratado a 256 comuneros del lugar para acelerar el proceso y se ha aumentado el número de maquinaria y equipos para avanzar más rápidamente.

ANUNCIAN PROTESTA. Pese a ello, la población de la provincia de Aymaraes anunció un paro de 48 horas para hoy, a fin de pedir celeridad en los trabajos de remediación ambiental. Carlos Candiotti, secretario del Comité de Fiscalización del Medio Ambiente de Aymaraes, dijo que la medida fue acordada en una asamblea –realizada el pasado fin de semana– para exigir la indemnización inmediata a los más de 40 mil pobladores que han resultado afectados por el derrame.

“El paro también es para pedir el cierre definitivo de la minera Caudalosa Chica, pues en octubre del 2007 fue denunciada por un tema similar ante el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, pero no pasó nada”, agregó el dirigente, quien advirtió que, si las autoridades no escuchan sus reclamos, se llevará a cabo una protesta indefinida.

Diario Perú 21-Lima 07/07/2010






EL TEMA AMBIENTAL, NUEVAMENTE EN ALERTA


Por CooperAcción

En las dos últimas semanas, los peruanos nuevamente hemos constatado lo endeble que es nuestra institucionalidad ambiental y los enormes riesgos que se presentan constantemente en diferentes partes de nuestro territorio.

Primero, el derrame de petróleo en el río Marañón, en el distrito de Urarina en Loreto; luego el colapso del depósito de relaves, en el distrito de Huachocolpa, en Huancavelica, que está causando una terrible contaminación de tres ríos de la zona, además de los impactos en las actividades económicas de las comunidades y en la salud de sus pobladores.

Lo más terrible de todos estos hechos es constatar que las empresas petroleras y mineras implicadas, tienen un largo historial de comportamiento irresponsable en sus actividades. Pluspetrol ha provocado varios derrames similares en los últimos años y es la misma empresa que durante años arrojó al río Corrientes, el 100% de las aguas de producción sin tratamiento en los lotes 1AB y 8, causando graves problemas de contaminación. Denuncias de las comunidades Achuar, medidas cautelares de por medio, cierres temporales y finalmente una acta, la de Dorissa, firmada entre la empresa, las comunidades y el Estado, no han impedido que los derrames continúen.

En Huancavelica la situación es dramática. Las comunidades denuncian que en los últimos años se han producido una serie de accidentes que involucran a la misma empresa y otras que operan en la región y que hay más de 70 pasivos ambientales mineros que no tiene dueño y no se remedian. Las principales cuencas que atraviesan Apurímac vienen siendo afectadas sin que nadie haga nada. Ahora, en el caso específico se acepta que faltó una adecuada política de control y prevención, pero ¿quién asume la responsabilidad?

¿Qué hacer? ¿Dónde está el Ministerio del Ambiente? Estos lamentables sucesos plantean la necesidad de revisar criterios, políticas públicas y romper el esquema predominante de la autorregulación privada. Las empresas, sobre todo las extractivas, han construido un discurso que apunta a señalar que sus propias regulaciones son las que les permiten operaciones seguras y totalmente limpias. No es así. No se puede confiar en los mecanismos de control de las empresas que dependen por lo general de sus intereses económicos. Se hace necesario fortalecer los mecanismos públicos de regulación y control, más aún en operaciones de alto riesgo.

Este es un tema fundamental por la creciente presencia de actividades mineras y de hidrocarburos. Esperemos que las autoridades reaccionen, hagan algo y dejen de lado absurdas acusaciones contra los líderes ambientales y sacerdotes que denuncian estos hechos y exigen con justa razón que se protejan los ecosistemas y a los pobladores.

Desde acá nuestra solidaridad con el sacerdote Paul McAuley y el rechazo a la insensatez gubernamental de querer expulsarlo.

Servindi-Lima 07/07/2010





HUANCAVELICANOS ACATARÁN PARO DE 48 CONTRA CONTAMINACIÓN MINERA


La población de la provincia de Aymaraes, en Huancavelica, acatará desde mañana, miércoles, un paro de 48 horas en protesta por la contaminación generada al río Opamayo por la fuga de relaves pertenecientes a la minera La Caudalosa Chica.

Así lo anunció Carlos Candietti, secretario del Comité de Fiscalizción del Medio Ambiente de Aymaraes, quien a través de CNR criticó la actitud irresponsable de la minera al tener una cancha de desechos tóxicos en forma artesanal.

El dirigente señaló que la medida de fuerza -de carácter preventivo- fue acordada en una asamblea desarrollada el jueves 1 de julio; empero, el paro puede convertirse en una huelga regional indefinida si es que las autoridades no atienden sus reclamos.

Candietti denunció que los funcionarios del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Energía y Minas sólo han centrado sus esfuerzos por limpiar el distrito de Huachocolpa, dejando de lado la cuenca del Lircay, que desemboca en el río Urubamba y este, a su vez, en el río Mantaro.

Precisó que el río arrastró los materiales tóxicos a las comunidades de Totora, Palcas, Yanaututo, Tucsipampa, Rumichaca, Lircay, Ocopa, Anchonga, Huayllay, Callanmarca, Huancahuanca, Congalla y otras, acabando con miles de truchas y poniendo en riesgo la salud de la población que usa estas aguas para el consumo humano y agrícola.

Incluso, el dirigente señaló que los efectos de este desastre ecológico estarían alcanzando a comunidades en Ayacucho. "No es sólo el 80% del río Opamayo (que está contaminado), sino el 100% de la cuenca del Lircay", enfatizó.

Por ello, agregó que la paralización servirá para demandar la indemnización a más de 40 mil afectados en esta zona, así como el cierre definitivo de La Caudalosa Chica, que ya en octubre del 2007 fue denunciada ante el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN).

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 06/07/2010





MINAM DECLARA EN EMERGENCIA ZONAS AFECTADAS POR DERRAME DE RELAVES EN HUANCAVELICA


Mediante resolución Nº 117-2010, el Ministerio del Ambiente (MINAM) declaró en emergencia ambiental por 90 días el área afectada por el derrame de relaves mineros en los distritos de Huachocolpa (provincia de Huancavelica) y Lircay (provincia de Angaraes).

Como se recuerda, el 25 de junio pasado, colapsó un dique de relaves de la empresa minera Caudalosa Chica provocando que más de 500 toneladas métricas de residuos tóxicos cayeran al río Totora, ubicado en la jurisdicción del distrito de Huachocolpa; y en los cauces del río Opamayo, ubicado en el distrito de Lircay.

Así mismo, se aprueba un Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo para la recuperación de la zona afectada cuyas precisiones se coordinarán con el Instituto Nacional de Defensa Civil, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Energía y Minas, el Gobierno Regional de Huancavelica, la Autoridad Nacional del Agua y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

La resolución también señala que “corresponde a la autoridad sectorial competente disponer las medidas de mitigación, remediación y compensación ambiental en la zona afectada, que deberá implementar la Compañía Minera Caudalosa S.A. Dichas medidas deberán considerar las acciones señaladas en el Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo, sus precisiones y aspectos complementarios de ser el caso”.

Entre las actividades que se desarrollarán como Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo se señalan el recojo de relaves mineros en la zona afectada, la remoción de suelos afectados, la protección del ganado y camélidos en la zona para evitar se acerquen a los ríos afectados, así como el abastecimiento de agua y forraje para el ganado. De igual modo, se consideran como acciones el repoblamiento de especies acuáticas en ríos afectados, la atención de la salud de los habitantes de las localidades afectadas, entre otros.

Sin embargo, en ninguno de los documentos se señala indemnizaciones para los pobladores afectados por este grave atentado contra el medio ambiente que según Carlos Candietti, secretario del Comité de Fiscalización del Medio Ambiente de Aymaraes, suman más de 40 mil personas.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que la empresa minera Caudalosa Chica incurre en este tipo de daños contra el medio ambiente; ya en octubre del 2007 fue denunciada ante el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) por un hecho similar.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 06/07/2010





6 de julio de 2010

PRONUNCIAMIENTO

El Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible-GRUFIDES, hace conocer a la opinión pública su rotundo rechazo frente al accionar arbitrario del gobierno quien ha ordenado ilegalmente, la expulsión del país del religioso británico Paul Mc Auley, reconocido defensor de los derechos de los pueblos Amazónicos y del Medio Ambiente.

Según la resolución del Ministerio del Interior 0571-2010-IN/1601, en donde señalan las razones oficiales para la expulsión del Hermano Paul Mc Auley, la “alteración del orden público” y la “participación en actividades de carácter político”, sin especificar nada más, violando el principio de la debida motivación de las resoluciones administrativas.

Consideramos que este accionar por parte del Gobierno es parte de su política de hostilización y amedrentamiento hacia los líderes, dirigentes sociales y religiosos que defienden los derechos de las poblaciones afectadas por actividades y empresas que generan daño al medio ambiente y degradan la calidad de vida de los más pobres.

Exigimos al Estado la revocación inmediata de esta Resolución ilegal y espuria que no solo vulnera los derechos básicos de un ciudadano como es el religioso Paul Mc Auley, sino rompe con todo principio básico de democracia a la cual tenemos derecho todos los peruanos.

Cajamarca, 06 de Julio 2010
SENTENCIAN A 4 AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD A CAMPESINOS DE PORCÓN


11 campesinos de Porcón fueron sentenciados por el Juzgado Liquidador de Cajamarca a 4 años de pena privativa de la libertad suspendida por el delito de Atentado contra los medios de transporte colectivo y de comunicación, debido a una protesta contra la minera Yanacocha, en defensa del cerro Quilish. Sin embargo los mismos campesinos fueron absueltos por el delito de disturbios.

Sin embargo la sentencia de 4 años que impuso la jueza Ana María Vásquez Alday, fue apelada, debiendo esperar un nuevo juicio, según explicó Mirtha Vásquez, abogada defensora de los campesinos, quien dio a conocer que no hay pruebas para demostrar que la carretera haya sido bloqueada.

Los campesinos involucrados en dicha denuncia son Juan Calua Castrejón, María Chuquimango de Terán, Augusto Donato Ruitón, Orfelinda Ramos Chilón y otros. Quienes fueron acompañados a dicho juzgado por varios campesinos quienes dijeron respaldarlos. Los manifestantes aludieron que la minera Yanacocha bajo esas argucias pretende impedir que reclamen la intangibilidad del cerro Quilizh, pero a pesar de ello no retrocederán en su posición.

La protesta por la que los campesinos son juzgados fue el 11 de septiembre, donde los campesinos reclamaban la no explotación del cerro Quilizh y el abastecimiento de agua en la zona, la misma que habría sido perjudicada por la construcción de un poso tubular en las inmediaciones de los manantiales del cero en mención.

Diario El Mercurio-Cajamarca 06/07/2010





HUALGAYOC EXIGE PRONTA SOLUCIÓN A CONFLICTO MINERO


Dio plazo al gobierno. Cuenca Tingo-Maygasbamba está contaminada y hay peligro de desborde de relavera, afirman.

Walter Barboza Villena y Napoleón Gutiérrez Anticona, dirigentes del Comité de Lucha Socioambiental de Hualgayoc, llegaron a Lima para exigir a las autoridades del Ejecutivo que solucionen el problema socioambiental generado por la empresa minera Gold Fields desde el 2007, y dieron 20 días de plazo antes de iniciar actos de protesta en la provincia.

“La cuenca Tingo-Maygasbamba está totalmente anulada para el riego y la ganadería, según informe de Digesa” ,reclamó Walter Barboza tras señalar que en este momento el campamento de Gold Fields está resguardado por más de 200 policías.

También expresaron su preocupación por el peligro de desborde de la relavera, hecho que los mismos funcionarios de Gold Fields reconocieron cuando les dijeron que, ante un deslizamiento, corran hacia la parte alta de la quebrada.
“Si no nos escuchan ahora, luego que no nos responsabilicen de las consecuencias”, advirtieron.

Diario La República-Lima 06/07/2010





Decisiones Perú Y Ecuador no cederán terreno a transnacionales
COMUNIDADES SE UNEN CONTRA LA MINERÍA


Firman convenio de apoyo a las fronteras y expresaron su negativa a otorgar sus tierras a cualquier actividad referente a la minería

El fin de semana varias comunidades campesinas indígenas del Perú y Ecuador se reunieron en el II Encuentro Binacional de Comunidades Campesinas Indígenas del Perú y Ecuador afectada por la minería. Uno de los objetivos de este encuentro fue promover un intercambio de procesos organizativos y de experiencia de resistencia frente a la imposición del modelo extractivita que los Gobiernos de Ecuador y Perú impulsan en sus territorios

Como resultado se obtuvo la firma de la Declaración Binacional de Comunidades Indígenas de Perú Y Ecuador afectadas por empresas mineras, en la cual se expresa que frente a la política extractiva similar basada en la actividad minera, los dos países han tenido una historia de represión, persecución, criminalizaciónde la protesta, la cual se ha incrementado y han participado activamente tanto las empresas mineras como el Estado

Declaraciones Conjuntas

El dirigente de la Federación de Comunidades Campesinas de Ayabaca, Magdiel Carrión Pintado, precisó que el compromiso es crear una organización que los vincule para plantear metas, evaluar avances, impulsar un proceso continuo de formación y educación a sus comunidades

También difundir lo que ocurre con los países en conferencia de prensa en simultáneo en Quito y Lima y realizar declaraciones permanentes en solidaridad y respaldo con las acciones que ocurran en cualquiera de las dos naciones y en contra de las empresas mineras

Como último item, y uno de los más importantes decisiones, se busca impulsar políticas y procesos de ordenamiento territorial participativo, y la declaratoria de gobiernos locales libres de minería, específicamente respaldar a la campaña para declarar a las provincias de Jaén, San Ignacio, Huancabamba, Ayabaca libres de minería.

Diario La República-Lima 06/07/2010





MINAM DECLARA EMERGENCIA AMBIENTAL EN HUANCAVELICA


El área afectada por el derrame de relaves mineros de la compañía Minera Caudalosa en las localidades Huachocolpa y Lircay, en el departamento de Huancavelica, fueron declaradas en emergencia ambiental por 90 días por el Ministerio del Ambiente (Minam).

Asimismo se aprobó el Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo para la recuperación de la zona señalada, de acuerdo al decreto supremo 024-2008-PCM.

En un plazo de cinco días, el Minam deberá dar las precisiones del Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo, previa coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y los ministerios de Salud y de Energía y Minas, el gobierno regional de Huancavelica, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

El Minam indicó que corresponderá a la autoridad sectorial competente disponer las medidas de mitigación, remediación y compensación ambiental en la zona afectada que deberá implementar la minera Caudalosa, las cuales deberán considerar las acciones señaladas en el plan de acción.

Lo establecido no exime a la compañía de efectuar en forma inmediata las medidas ambientales conducentes a evitar mayor daño en el área impactada.

La norma señala también que el Organismo Supervisor de la Inversión de la Energía y Minería (Osinergmin), en tanto la OEFA asuma efectivamente sus funciones, estará encargado de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las acciones de remediación ambiental.

Diario La República-Lima 06/07/2010





CUESTIONAN SILENCIO DE SNMPE ANTE CONTAMINACIÓN DE RÍOS EN LORETO Y HUANCAVELICA


Francisco Muguiro, vicario general del Vicariato Apostólico Francisco Javier de Jaén (Cajamarca), criticó el silencio de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ante los derrames de petroleo y relaves mineros ocurridos en Loreto y Huancavelica, respectivamente.

A través de CNR, Muguiro Ibarra recordó que, el 19 de junio, el río Marañón soportó el derrame de 400 barriles de petróleo pertenecientes a Pluspetrol Norte; y menos de una semana después, 21 mil litros cúbicos de relaves tóxicos de la empresa La Caudalosa Chica contaminaron las aguas del río Opamayo.

"No entiendo cómo la SNMPE no ha hablado ya (...) esto le hace mucho daño a la minería moderna", comentó el también director de Radio Marañón, al recordar que estos desastres impactarán no sólo en el medio ambiente sino en la salud de la población.

En ese sentido, Muguiro Ibarra expresó su respaldo al religioso ambientalista Paul Mc Aucley, a quien el gobierno peruano le canceló su permiso de residencia en el país acusándolo de agitador.

Indicó que este caso puede compararse con lo vivido por el padre Mario Bartolini, obispo del distrito de Barranquita (San Martín), quien ha sido acusado penalmente por el respaldo que brindó a las movilizaciones indígenas de junio del 2009.

"Nosotros estamos de acuerdo que debemos buscar un desarrollo junto con los nativos y no lo que se le ocurra al presidente o al Ejecutivo, dando unas leyes que luego resultan siendo inconstitucionales", enfatizó.

Por ello, destacó la necesidad de que las autoridades asimilen la diversidad cultural que caracteriza al interior del país y aprendan a relacionarse de manera armónica, en favor del desarrollo común del Perú, mediante mecanismos como la consulta previa.

"Lima ve la selva como un lugar de donde puede extraer todos los recursos naturales que quiera, sin pensar en la gente y sin consulta. Eso no puede ser", acotó.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 05/07/2010





5 de julio de 2010

Dragar el cauce de los ríos para remediar materia tóxica en Huancavelica, propone experto.
SOLUCIÓN AL DERRAME


El pasado viernes 25 de junio, la ruptura del dique de contención de la planta de relave “A” de la empresa Caudalosa Chica originó que un volumen de 50 mil metros cúbicos de relave se vertiera sobre el río Huachocolpa, afectando más de mil 500 hectáreas de terreno aguas abajo y a alrededor de cuatro mil 100 usuarios directos, llegando hasta los ríos Opamayo, Lircay, Urubamba, Cachi y Mantaro.

En una emisora de radio, Guy Carvajal, profesor del curso de biorremediación de la facultad de ingeniería ambiental de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), planteó que se realice un dragado de los fondos para eliminar toda la materia tóxica.

“Para el problema actual de la contaminación del río lo que se tiene que hacer es tratar de restaurar el cauce del río, es decir hacer el dragado de los fondos, de los sedimentos, tratar de eliminar toda esta materia tóxica que ha venido”, dijo.

“Ese sedimento se puede llevar a canchas de relave y se puede volver a tratar eso mediante el uso de vegetación, se puede acostumbrar a cierto tipo de organismos como las plantas a que se pueda a través de canales o de zanjas que se puedan hacer los llamados humedales en los cuales se restaura un poco la relación que se hace entre bacterias, hongos que viven en las raíces de las plantas”, precisó Carvajal.

En otro momento, Manuel Pulgar Vidal director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental subrayó en “Ampliación del domingo” la situación de pobreza que se vive en la región. “Huancavelica es una región con minería histórica, es más, las famosas minas de azogue que se utilizaban para luego llevarlas a las minas de Potosí, durante la Colonia, están en esta región y efectivamente hay una actividad minera por años. Huancavelica es la región más pobre del país, más del 85% en condiciones de pobreza y algunos de los distritos afectados por estos relaves, uno de ellos Anchonga, que es uno de los distritos más pobres del país, con el 91% de la población en condiciones de pobreza”, aseguró.

Sobre el particular, Pulgar Vidal indicó que se deben ejecutar una serie de acciones desde el punto de vista legal. “Acá es necesaria una declaratoria de emergencia ambiental, porque se necesitan acciones de corto plazo por lo menos para asegurar la calidad de vida de la población y su salud, eso es lo más urgente”, precisó.

“Lo segundo, dentro de lo que es el derecho penal cuando uno piensa en tipificación de delitos, aquí no solamente hay una cuestión de exceso de límites máximos permisibles, sino el hecho de que no se haya avisado oportunamente a la población y haya utilizado esta agua para beber, para su ganado o para riego, que esto ocurrió en la noche y al día siguiente sin la debida información, esta población se ha visto expuesta a una contaminación”, continuó.

“Lo tercero y lo más importante, es una situación típica es crónica de una muerte anunciada. Estas empresas mineras están actuando con muy poca responsabilidad y Osinergmin había hecho un monitoreo inopinado a la zona de Huancavelica y además Apoyo consultoría había hecho un informe sobre el tema del comportamiento ambiental y si se lee estos informes son dramáticos. En la zona donde hay dos grandes yacimientos Huachocolpa y San Genaro el nivel de cumplimiento de la normatividad ambiental no llega ni al 50%”, puntualizó.

Diario La Primera-Lima 05/07/2010





PADRE PAUL MC AULEY APELARÁ LA ORDEN DE SU EXPULSIÓN DEL PAÍS


Descargo. Niega haber cometido faltas, pues su trabajo está en la línea de la iglesia católica. Religioso británico señaló que todas las acusaciones que ha recibido del gobierno se tendrán que aclarar. Niega presidir una ONG.

El padre Paul John Mc Auley rechazó las acusaciones del premier Javier Velásquez Quesquén sobre una supuesta labor para promover protestas contra el gobierno, y anunció que hoy iniciará junto a sus abogados la apelación de los cargos que le ha formulado la División de Seguridad del Estado por, supuestamente, haber violado la Ley de Extranjería.

En declaraciones para La República, el sacerdote británico señaló que todas las acusaciones que ha recibido del gobierno se tendrán que aclarar. Mc Auley precisó que la organización que preside, Red Ambiental Loretana, no es una ONG –como lo ha señalado Velásquez Quesquén– sino una asociación civil.

“Si se ve, los apoyos para proyectos son muy pocos. Todos somos voluntarios, no somos una institución de gente que gana sueldos, el único que gana sueldo es el encargado de la página web”, afirmó el sacerdote.

Asimismo, Paul John Mc Auley manifestó que todo el trabajo que ha realizado, como miembro de la Iglesia, durante estos años a favor de las comunidades amazónicas, ha estado dirigido bajo los lineamientos de la Iglesia Católica, precisados en el Concilio Vaticano II, y lo establecido por la Conferencia Episcopal Peruana en lo que respecta a la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente.

El religioso indicó que, desde que se hizo público su caso, ha tenido contacto con los obispos de la amazonía, así como con el vicariato de San José –Iquitos–, quienes le han expresado su respaldo frente a la orden de expulsión del país. Además, indicó que dichas autoridades se pronunciarían oficialmente en las próximas horas en contra de la medida del gobierno.

Acciones legales

El padre Mc Auley anunció que en las primeras horas de hoy se acercará junto a sus abogados a las oficinas de la División de Seguridad del Estado de Iquitos, a fin de solicitar el atestado que ha servido de base para la cancelación de su residencia en el país para así poder apelar la resolución en su contra.

“Difícilmente los abogados pueden defenderme si no tienen los detalles ni los cargos levantados en mi contra”, apuntó.
El religioso cuenta con el apoyo legal de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), así como del vicariato de Iquitos y de la Congregación de Hermanos de La Salle, a la cual pertenece.

La medida contra el padre Mc Auley también ha sido rechazada por organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Ronald Gamarra, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, dijo que el religioso no ha cometido ninguna falta contra la Ley de Extranjería y que, por lo tanto, el gobierno debería revocar la medida.

Pronunciamiento oficial

Por su parte, el premier Javier Velásquez Quesquén volvió a hablar del tema y dejó abierta la posibilidad de que la defensa del padre Mc Auley apele la resolución de la Dirección General de Migraciones que le canceló la residencia y ordenó su salida del país.

“Es un acto administrativo que puede ser apelado”, expresó.

Sin embargo, Velásquez indicó que la decisión fue tomada en el marco de la ley y de los convenios internacionales, de los cuales –puntualizó– nuestro país es respetuoso tanto en lo correspondiente a los derechos como a las obligaciones.

“El Perú es muy respetuoso del principio internacionalmente reconocido de no intervención en los asuntos internos de cada uno de los países de la comunidad internacional”, agregó.

Claves

Labor. La Red Ambientalista Loretana es una asociación que busca el manejo justo y sostenible de los recursos naturales de la selva. Como parte de ese trabajo han visitado colegios y universidades para realizar campañas de concientización.

Cargos. Según las autoridades, la institución que preside Mc Auley maneja fondos de la cooperación internacional y ha participado en protestas contra el gobierno por temas amazónicos.

“Es una afrenta a nuestra misión”

La Conferencia de Religiosos del Perú expresó su indignación ante la expulsión de nuestro país del padre Paul John Mc Auley, pues calificaron esa medida como un grave atentado contra la democracia en el país y contra el convenio suscrito entre el Estado Peruano y la Santa Sede. Además, señalaron que la expulsión de Mc Auley “es sentida por los miles de religiosos peruanos como una seria afrenta a nuestra misión”.

Por su parte, la secretaria ejecutiva de la organización medioambientalista Red Muqui, Ana Leyva, señaló que el pedido de expulsión del padre Mc Auley es un acto de arbitrariedad del gobierno, pues el religioso solo realizaba una labor para que los nativos de la amazonía tengan una opinión crítica y participen en las decisiones del Estado sobre su territorio.

Diario La República-Lima 05/07/2010





3 de julio de 2010

MIGRACIONES CANCELA RESIDENCIA A SACERDOTE AMBIENTALISTA BRITÁNICO


Argumento. Interior lo acusa de participar en actos contrarios a la defensa nacional. “Estamos tocando grandes intereses en el manejo de los recursos naturales y eso incomoda a ciertas personas”, afirmó John Mac Auley.

Elízabeth Prado y Rosa Cárdenas.

La Dirección General de Migraciones (Digemín) del Ministerio del Interior canceló la residencia del sacerdote británico Paul Michael John Thomas Mac Auley, otorgada en el año 2006, argumentando una situación irregular agravada por su intervención en actividades distintas a su condición de residente religioso.

La Resolución Ministerial Nº 0571-2010-IN, basada en un extenso atestado policial, señala que Mac Auley infringió el artículo 63 de la Ley de Extranjería.

El referido atestado policial Nº 030-2009-V Dirtepol detalla que Mac Auley tuvo activa participación política al participar en marchas de protesta contra el gobierno y justificar las acciones tomadas por los nativos.

El ministro del Interior, Octavio Salazar, dijo que esperaba la ejecución de la mediday recordó que el sacerdote ambientalista tiene 7 días, según la ley, para abandonar el Perú.

En tanto, Paul Mac Auley dijo que hará todo lo posible para no salir del país y que de no conseguirlo esperará hasta que haya un gobierno que permita a un extranjero apoyar la conservación de los recursos naturales.

Toqué grandes intereses

Mac Auley dijo que no podía identificar el motivo de la cancelación de su residencia porque ha estado abocado a varios reclamos conservacionistas.

“Estamos tocando grandes intereses en términos del manejo económico de los recursos naturales, sea el bosque, el petróleo, o la minería, y eso incomoda a ciertas personas”, afirmó, y luego acotó que “hay suficientes indicios de que el gobierno trabaja más a favor de los intereses económicos de los poderosos que en beneficio de la población local”.

El presidente de la Red Ambiental de Loreto refirió que en las últimas semanas han estado analizando la Ley Forestal, que consideró peligrosa porque facilitará la subasta de los bosques.

“Con esta ley se quiere entregar grandes extensiones de bosques dedicados al monocultivo. El art. 44 establece que la entrega más pequeña será de 10 mil hás y que no existe límite en el número de lotes a entregarse”, dijo el sacerdote, que vive en Perú desde hace 20 años.

Trayectoria

Antes de llegar a Loreto Mac Auley trabajó durante diez años en un colegio limeño regentado por la congregación religiosa La Salle.

En el año 2000 viajó a Iquitos para seguir su labor pastoral en el Vicariato. Tiempo después, al aparecer las emergencias ambientales en la región, conformó junto a otras personas la Red Ambiental Loretana.

Desde entonces ha acompañado a la población en manifestaciones contra la contaminación ocasionada por empresas petroleras, o contra la deforestación de los bosques, como la que ocurrió en la cuenca de Mazan en el año 2004.

En esa ocasión el ofrecimiento de la concesión de dos millones de hectáreas originó la demanda judicial de un poblador al considerar que tal entrega le impedía el ingreso al bosque.

El sacerdote británico apoyó esta demanda que llegó hasta el Tribunal Constitucional, donde confirmaron la ilegalidad de la concesión.


En la cuenca del Corrientes impulsó el reclamo de los nativos repecto a la indemnización que la empresa Pluspetrol debía ejecutar por contaminar sus aguas, el mismo que se concretó en el Acta de Dorissa. Igual actitud tuvo en Andoas, en el año 2008, a raíz del violento ingreso de un contingente policial.

Vigilia en Iquitos

Integrantes de grupos ambientalistas, profesores de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, dirigentes del Frente Patriótico de Loreto, así como el director del Instituto Nacional de Cultura -Loreto y estudiantes universitarios indígenas realizaron una vigilia de apoyo en la plaza de armas de Iquitos.

Se supo también que los pueblos awajun le ofrecieron su territorio para refugiar a John Mac Auley.

Datos

Red ambiental loretana. Esta asociación civil dice tener por objetivos vigilar los recursos naturales de la región, defender el medio ambiente y proponer soluciones en favor de la población.

Desde el 2005. Está reconocida en Registros Públicos y sus miembros son voluntarios. Cuenta con el apoyo de profesionales, estudiantes de universidades, institutos tecnológicos y pedagógicos, así como con el respaldo de agricultores e indígenas.

“Pone en riesgo la seguridad del Estado”

La Dirección General de Migraciones y Naturalización del Mininter dijo que “teniendo la calidad migratoria de religioso católico (Paul Michael John Thomas Mac Auley) viene realizando actividades contrarias a su calidad migratoria y actos que ponen en riesgo la seguridad del Estado, el orden público y la defensa nacional”.

También señala que el sacerdote británico infringió el artículo 11, inciso h, así como el artículo 63, inciso 1 del Decreto Legislativo Nº703, Ley de Extranjería.

Migraciones indicó igualmente que, a fin de contar con la versión de Mac Auley, se le notificó para que concurra a Seguridad del Estado, sección Extranjería, pero que el ahora expulsado se negó a recibir la citación al considerar que no había razón para hacerlo.

Diario La República-Lima 03/07/2010





2 de julio de 2010

RONDEROS DE CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE EVALÚAN PARO MACRORREGIONAL CONTRA LA ZANJA


Ronderos de Cajamarca y Lambayeque se reunirán esta tarde en Chiclayo para debatir la propuesta para acatar un paro macrorregional indefinido en rechazo al proyecto minero La Zanja, al cual acusan de poner en peligro la cuenca que da origen a nueve ríos.

Así lo anunció Estinaldo Quispe, presidente de la Federación de Rondas Campesinas de la provincia de Santa Cruz (Cajamarca), quien a través de CNR criticó la nula voluntad del gobierno por atender su pedido de una comisión de alto nivel.

Quispe Mego denunció que el proyecto, a cargo de la minera Buenaventura, amenaza la cabecera de cuenca del Chancay-Lambayeque. Por ello, hoy una delegación de sus dirigentes se reunirá con los titulares de otras organizaciones -incluyendo ronderos de Piura- para analizar la posibilidad de una paralización indefinida.

Por ello, invocó al presidente de la República, Alan García, y al premier Javier Velásquez Quesquén a honrar el compromiso asumido hace seis meses por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), respecto al envío de una comisión técnica especializada.

Agregó que las actividades mineras han contaminado ya algunos afluentes de la zona; cito como ejemplo al Río San Pedro, el cual el dirigente dijo está envenenado según un estudio de la Universidad Pedro Ruiz Gallo.

Cabe recordar que el marcha del 22 de junio pasado, más de diez mil ronderos de diversas provincias de las regiones de Cajamarca y Lambayeque marcharon por las calles de Chiclayo para manifestarse en contra del proyecto La Zanja.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 02/07/2010





LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO OPAMAYO


El envenenamiento de las aguas del río Opamayo como consecuencia del colapso de un dique que retenía 21, 420 metros cúbicos de relaves pertenecientes a la empresa minera Caudalosa Chica constituye el accidente ambiental más grave acaecido en el país en los últimos años. El derrumbe del dique ocasionó que un alud de relaves se precipitara a las aguas del río Totora (distrito de Huachopampa, Huancavelica), las cuales pasaron al Opamayo, del cual es afluente, contaminándolo a lo largo de 80 kilómetros.

A las circunstancias del accidente, acaecido el 25 de junio, se agrega como agravante el que los habitantes de unos diez poblados que dependen para su sobrevivencia de las aguas del río, pues utilizan sus aguas para beber ellos mismos y sus animales, así como para regar sus sembríos y pescar las abundantes truchas que contenía, no fueran prevenidos hasta días más tarde, lapso en el que estuvieron haciendo uso de las aguas contaminadas.

En la actualidad el Opamayo es un río muerto, como consecuencia de las cantidades de plomo y otros minerales vertidos en sus aguas, lo que ha ocasionado el fin de toda la vida animal que contenía. Miles de truchas se pudren en sus riberas, que requieren de una intervención urgente y continua para ser descontaminadas, y las comunidades necesitan forraje y agua para mantener en vida su ganado y regar sus tierras.

Luego de que se pudo conocer lo ocurrido, representantes del gobierno regional de Huancavelica y miembros del Comité de Fiscalización del Medio Ambiente de la provincia de Angaraes han puesto en marcha un plan de emergencia. También la Fiscalía de Prevención del Delito ha tomado muestras del agua envenenada para determinar las sustancias tóxicas que contiene. Y, por cierto, se ha pedido a la población no consumirla.

Al mismo tiempo, Osinergmin ha ordenado la paralización de actividades de la minera Caudalosa Chica, que ha sumado sus esfuerzos a los de las restantes entidades para tratar de paliar los efectos del derrumbe. Se estima que unas 700 personas se encuentran trabajando en la construcción de muros para impedir el avance de las aguas contaminadas y reforzar las defensas, así como iniciar la limpieza de las riberas del río.

Antonio Brack, ministro ambiental, se constituyó en el lugar del accidente, que calificó como muy grave, y anunció severas sanciones a la empresa minera e incluso su cierre si, como se afirma, no puso en marcha de inmediato un plan de contingencia apenas producido el derrumbe del dique. Por desgracia, todas estas medidas ocurren una vez consumados los hechos. Ojalá que el Ministerio del Ambiente cuente ya con un mapa de relaves mineros y los inspeccione regularmente, pues el problema es que muchos están en abandono, al corresponder a minas que han cesado de operar, constituyendo una amenaza latente.

Diario La República-Lima 02/06/2010





Los desechos tóxicos que afectaron los afluentes en Angaraes y Tayacaja, se han extendido hasta la cuenca del Marañón.
CRECE PREOCUPACIÓN


El gerente regional de Desarrollo Económico, Nelson Huamaní, demandó a la minera acelerar los trabajos de recojo de los relaves a orillas del río, ya que es un latente peligro para la población, animales y la agro ganadería.

Varias comunidades campesinas afectadas por el derrame de desechos tóxicos en el río Escalera, lo que a su vez contaminó los afluentes Huachocolpa y Opamayo, en las provincias de Angaraes y Tayacaja, acordaron llevar a cabo marchas de protesta contra la actividad minera en Huancavelica por generar daños ambientales y poner en riesgo a la población de la zona.

César Zorrilla, alcalde encargado de la municipalidad provincial de Angaraes, indicó que en una reunión con representantes de las comunidades campesinas se acordó realizar jornadas de protesta, y anunció que denunciará penalmente a la empresa minera por la grave contaminación generada.

Las autoridades de Huancavelica, en tanto, demandaron a la minera Caudalosa Chica a precisar la composición química del relave vertido el 26 de junio tras colapsar el depósito de desechos, en el distrito de Huachocolpa, a fin de conocer la magnitud exacta del desastre a la flora y fauna en toda la micro cuenta del río Opamayo y Huachocolpa”.

El alcalde del distrito de Huachocolpa, Celso Condori, dijo que la presa de relaves, que contenía unas 500 toneladas métricas, se deslizó hacia el río Escalera y Huachocolpa hasta extenderse al río Opamayo, llegando además a contaminar la flora de las comunidades de Palcas, Totora, Yanaututo, Tucsipampa, Rumichaca y los distritos de Lircay, Ocopa, Anchonga, Huayllay Grande, Cangalla, Callanmarca y Huancahuanca. Indicó que con las autoridades comunales empadronarán a todos los afectados.

El subgerente de Gestión Ambiental del Gobierno Regional de Huancavelica, Hugo Caballero, dijo a LA PRIMERA que la contaminación se habría extendido hasta la cuenca del río Mantaro. El derrame del relave, detalló, afectó unas seis hectáreas de cultivos (maíz, palta, durazno, chirimoya y otros), sólo en la localidad de Pomacocha, a donde llegó ayer para evaluar los daños. Explicó que los trabajos de evaluación de los daños se realizan en tres zonas y que la empresa ha enviado a todos sus trabajadores a participar en el recojo de los sedimentos del relave. Estimó, empero, entre seis meses y un año el tiempo para la limpieza de los ríos, sobre todo a través de la lluvia, cuyo periodo se inicia en diciembre de cada año.

Diario La Primera-Lima 02/06/2010





Por rechazar demanda de paralizar inversiones petroleras en la selva, planteada por las comunidades nativas amazónicas.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CON PETROLERAS Y CONTRA INDÍGENAS


Golpe bajo contra los nativos lanza ente oficial.

La bancada nacionalista cuestionó ayer al Tribunal Constitucional por declarar improcedente la demanda de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) de paralizar las inversiones petroleras en los lotes 37 y 69 de la Amazonía, ofrecidos por el gobierno a empresas transnacionales sin consultar con las comunidades afectadas, antes de la firma de los contratos y el inicio de las operaciones.

Para la vocera nacionalista Marisol Espinoza resulta inconcebible que el intérprete de la Constitución base su decisión en un supuesto principio de “seguridad jurídica de las inversiones”, convirtiendo el derecho de la consulta en una norma inferior, de “aplicación gradual” y cuyo incumplimiento, como en este caso, mantiene la “legalidad” de lo realizado.

“Todos saben que no se han hecho las consultas a los pueblos de la zona que reclaman también el respeto de sus derechos, consagrados en la Carta Magna”, remarcó Espinoza. “Con este ultimo pronunciamiento de la máxima instancia del TC, se confirma que todo el país será lotizado... y lo peor es que el Ejecutivo no quiere hacer la consulta”, precisó la congresista nacionalista.

Se viene la protesta
Por su parte, el también congresista loretano Víctor Isla dijo que tras la resolución del TC la Amazonía va a protestar de manera enérgica contra el intento de entregar la selva a la voracidad de las empresas extranjeras.

Isla sostiene que esta situación ha sido provocada por el copamiento aprista que ha sufrido el TC en los últimos años, al punto que el consejero Mesía –aprista- ha vuelto a la presidencia del Tribunal con la ayuda del ex presidente Vergara, en una clara maniobra política.

Resolución política
La sentencia del TC coincide con la presentación de ocho observaciones del Poder Ejecutivo a la ley de derecho de consulta, aprobada por el Congreso luego de largas negociaciones como medida de distensión y encauzamiento del conflicto entre el Estado y los pueblos indígenas que llegó a su punto culminante durante los hechos del Baguazo en el año 2009.

El TC ha sentenciado reforzando la posición del gobierno en varios puntos: (1) en el tema del veto, que supuestamente estaría detrás de la exigencia de consulta y que se contrapone con la idea de que si hay desacuerdo prevalece la posición del Estado (veto estatal); (2) en la cuestión de que si no se ha hecho la consulta, no hay responsabilidad de los funcionarios; (3) al dictaminar que la consulta es de “aplicación gradual”, mientras los contratos petroleros tienen plena vigencia; (4) en la discusión sobre cuáles son los pueblos comprendidos en el derecho de consulta, si son sólo las llamadas “comunidades no contactadas” y “aisladas” o todas las poblaciones originarias (el gobierno y el TC, restringen el concepto); (5) en el punto que se estarían jugando las posibilidades de inversión futura y las decisiones políticas y constitucionales deberían adaptarse a ello.

Diario La Primera-Lima 02/06/2010





PLUSPETROL DENUNCIADO PENALMENTE POR DERRAME DE PETRÓLEO


Acción judicial. Bancada nacionalista presentó la denuncia ante la fiscalía de la nación. Según el congresista Víctor Isla, la pena podría ser hasta por veinte años.

La bancada Nacionalista del Congreso presentó ayer una denuncia penal contra Pluspetrol, la petrolera de capitales argentinos, ante la Fiscalía de la Nación por el derrame de petróleo en el río Marañón, ocurrido el 19 de junio en las inmediaciones del caserío Tiwinza, en el distrito de Urarinas (Loreto).

Según explicó el congresista Víctor Isla, esta denuncia está dirigida a los representantes de Pluspetrol, la que se sustenta en el artículo 286 del Código Penal, que señala los delitos de la salud pública por la contaminación de las aguas.

“El delito de contaminación del agua es gravísimo, y va con penas de hasta 10 años y si es de muerte subsiguiente puede ir con penas de hasta 20 años”, dijo.

Por su parte, la congresista Marisol Espinoza manifestó que –según lo conversado con la Fiscalía– hay un plazo de 20 días para conocer la sanción tras el resultado del trabajo de los peritos que fueron enviados a la zona.

“El Estado no solo tiene que garantizar un medio ambiente sano sino también la vida y la salud de los pobladores ya que ellos beben agua del río Marañón”, afirmó.

El derrame en el río Marañón fue de 300 barriles de crudo que iban en una barcaza que brindaba servicios a Pluspetrol Norte.

Diario La República-lima 02/07/2010





LAS CONSECUENCIAS DEL DERRAME PETROLERO


El 20 de abril se produjo una explosión que mató a 8 obreros en el pozo Deepwater Horizon de la empresa British Petroleum en el fondo submarino del Golfo de México, a 69 km de la costa de Luisiana. Han pasado 79 días y el petróleo sigue saliendo del pozo sin que los técnicos de la empresa hayan podido evitarlo.

Según los analistas, este derrame se ha convertido en el más grande de la historia petrolera pues los estimados más conservadores calculan que se han vertido más de 71 millones de galones (1.7 millones de barriles) a las aguas marinas. El derrame ya ha llegado a las costas de varios Estados y, en el peor escenario, la temporada de huracanes podría impedir las tentativas de cerrarlo.

Según Bloomberg, las pérdidas de BP ya suman US$ 22,000 millones, contabilizados de la siguiente manera: del 2005 al 2008, la empresa recompró US$ 37,000 millones de sus propias acciones con el objetivo de pagar dividendos a sus accionistas. Como el valor de las acciones ha caído en 53% (al 28 de junio), estas acciones ahora solo valen US$ 15,000 millones (excluyendo los dividendos).

Pero eso no es todo, pues esta suma representa solo el “castigo del mercado” al valor de las acciones de BP. Falta ver cuáles serán los montos de las multas que le impondrán el gobierno de EEUU y los múltiples juicios de cientos de particulares a la empresa. Muchos afirman, por ello, que el costo total podría superar los US$ 30,000 millones, lo que representa el 12% del total de activos de la empresa, que ascienden a US$ 240,000 millones (muy cerca de los US$ 242,000 millones de Exxon Mobil, la empresa petrolera Nº 1 del mundo).

Pero el fondo del asunto es el enorme daño ecológico causado por el derrame, que podría hacer desaparecer una gran cantidad de especies marinas y desaparecer la pesca y otras actividades en la zona. Este desastre ha “recargado las pilas” no solo de los grupos ecologistas sino de amplios sectores de la población que hoy se oponen a la exploración y explotación petrolera en los fondos marinos.

Así, Barack Obama ha retrocedido de su reciente autorización a la exploración petrolera en la costa este de EEUU (desde Delaware hasta Florida) promulgando un moratoria, ha suspendido la exploración en Alaska y ha cancelado la licitación de bloques petroleros en el Golfo de México y en la costa de Virginia.

Pero esto no ha sido suficiente para detener las críticas, que también alcanzan con fuerza al gobierno. Así, el reconocido analista Barry Ritzholtz dice que un estadista debería reforzar la regulación en la industria petrolera, que a todas luces es demasiada laxa y que sucumbe ante las enormes presiones de los lobbies de las grandes empresas petroleras.

Además, un estadista debiera poner en marcha una especie de “Proyecto Manhattan” (que impulsó la investigación nuclear que desembocó en la creación de la bomba atómica a principios de la década del 40) para impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías para el desarrollo de fuentes alternativas de energía. Agrega que “el sector privado fracasó en hacerlo durante el siglo pasado, por lo que, nosotros, el pueblo, tenemos el deber de hacerlo” (Missed Opportunity, BP Gulf of Mexico Disaster, en www.roubini.com).

También nos dice Ritzholtz que se debería poner un impuesto (tipo Pigou) de 10 centavos a los 10 millones de barriles diarios de consumo automotor (420 millones de galones al día) para orientarlos a programas de investigación productiva y transporte público masivo.

Como se aprecia, el derrame del Deepwater puede traer profundos cambios en las actividades extractivas, las que también deben llegar a nuestro país. Es el momento.

Diario La República-Lima 02/06/2010





PIDEN CIERRE DE MINERA Y EXPULSIÓN DE PETROLERA DEL PAÍS
-Petrolera lleva 20 años contaminando parajes de la selva


Organizaciones indígenas y representantes políticos, pidieron sanciones drásticas contra la empresa petrolera Pluspetrol y la minera Caudalosa Chica, acusadas de provocar “daños criminales” contra comunidades indígenas y medio ambiente.

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) exigió una sanción penal contra la argentina Pluspetrol, empresa que ha reportado 78 derrames de petróleo en cuatro años en la amazonia contaminando el agua de consumo humano con sustancias que dañan gravemente el sistema ecológico.

La empresa lleva 20 años contaminando parajes de la selva, todo un récord histórico que ensombrece al país de Maradona, según reporta el semanario Hildebrandt en sus trece.

Por su parte, la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI) demandó el cierre definitivo de la minera Caudalosa Chica, por provocar un “atentado criminal contra el río Opomayo, en Huancavelica, que fue contaminado por un alud de 500 toneladas métricas de relaves mineros, afectando a las poblaciones cercanas”.

Mientras que, los congresistas Víctor Isla y Miró Ruiz, demandarán penalmente ante la Fiscalía de la Nación a las empresas que provocaron el derrame de petróleo en Loreto y el relave en la sierra de Huancavelica.

Ambos se amparan en el artículo 286 del Código Penal referido a la contaminación de aguas o sustancias destinadas al consumo, norma según la cual “el que envenena, contamina o adultera aguas o sustancias alimenticias o medicinales destinadas al consumo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de diez años”.

La pena contempla también que si resultan lesiones graves o muerte y el agente (en estos casos los propietarios de las empresas Pluspetrol) pudo prever estos resultados, la pena será no menor de diez ni mayor de veinte años.

Como se recuerda, al menos 300 barriles de crudo se derramaron en el río Marañón de una barcaza que brindaba servicios a la empresa Pluspetrol Norte.

La comunidad de Santa Rita de Castilla, al igual que otras ubicadas en el cauce del Marañón, utiliza las aguas del río para consumo.

Según un análisis de laboratorio a cargo de especialistas del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP), las muestras de agua recogidas del lugar evidencian una contaminación alta.

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) acusó también a la empresa minera Caudalosa Chica de cometer un “atentado criminal” tras denunciar que la minera “no alertó” a la población, “poniendo en serio peligro la vida de hombres, animales y sembríos que consumen las aguas de los ríos para su superviviencia”.

Servindi-Lima 01/06/2010





SANCIÓN A MINERA POR DERRAME EN RÍO OPAMAYO SUPERARÍA LOS DOS MILLONES DE SOLES


La minera La Caudalosa Chica, responsable por el derrame de más de 21 mil metros cúbicos de relaves sobre el río Opamayo, en Huachocolpa (Huancavelica) podría recibir una sanción de hasta 600 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) equivalente a dos millones 160 mil nuevos soles.

Así lo refirió Raúl Roca, director general de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente (MINAM), quien a través de CNR brindó detalles sobre las actividades de su portafolio tras el colapso de un dique con productos tóxicos.

Indicó que, en este caso, se aplicarán las normas implementadas el año 2000 por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) en materia ambiental. De igual modo, se exigirá a la empresa la puesta en marcha de un plan de recuperación ambiental en la zona.

Señaló que los estudios a desarrollar por especialistas del MINAM junto al Gobierno Regional de Huancavelica, el MEM y el Ministerio de Agricultura (MINAG), entre otros, permitirán determinar el grado de contaminación ocasionado por los residuos.

"Aplicando un plan de remediación adecuado, es factible recuperarse las condiciones; pero hay que tomar medidas concretas para lograr ese propósito", remarcó.

Así mismo, dejó abierta la posibilidad de indemnizar a los pobladores afectados por este incidente. "Eso se podría ver desde el punto de vista legal (...) en todo caso, si ha habido una afectación a su actividad económica, tendría que verse esa posibilidad".

Respecto al tema de salud, añadió que el Ministerio de Salud (MINSA) viene tomando la previsiones del caso para evitar que los lugareños consuman el agua contaminada por los materiales tóxicos.

Sin embargo, Roca Pinto evitó pronunciarse en cuanto a la posible expulsión del país de esta empresa. Precisó, en cambio, que corresponde al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) determinar las sanciones que correspondan y, de ser menester, se aplicará el Código Penal.

Cabe recordar que, según la evaluación preliminar de daños realizada por las autoridades de Defensa Civil de Huancavelica, el derrame registrado el viernes pasado afectó el 80% de las aguas del Opamayo.

La contaminación del río, el cual desemboca en la localidad de Lircay (capital de la provincia de Angaraes), afectó a 892 personas del distrito huancavelicano de Huachocolca, precisa la información publicada en la página web del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 01/07/2010





AFECTADOS POR DERRAME DE CRUDO DENUNCIAN REPARTO DE ALIMENTOS EN MAL ESTADO


Los pobladores de la provincia de Parinari (Loreto) afectados por el derrame de crudo perteneciente a la empresa Pluspetrol denunciaron haber recibido alimentos enlatados en mal estado.

A través de Radio La Voz de la Selva, Américo Vela, representante de las autoridades de la localidad, dijo que la citada compañía distribuyó hace dos días un lote de víveres en lata, los cuales emitían malos olores.

Vela informó que el caso ha sido comunicado a la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Loreto, para que evalúe muestras de estos alimentos a través de su Dirección de Salud Ambiental.

Se trata de un lote de alimentos enlatados que fueron repartidos entre los pobladores de las trece comunidades afectadas por el derrame de 300 barriles de petróleo, ocurrido el 19 de junio en las inmediaciones del caserío Tiwinza, en el distrito de Urarinas.

De otro lado, el responsable de la Oficina de Defensa Nacional del Gobierno Regional de Loreto (GOREL), Robert Falcón, aseveró que prosiguen las labores de apoyo a los afectados, mediante el envío de agua embotellada y el monitoreo a cargo de personal de Defensa Civil.

Así mismo, Pluspetrol emitió un cuarto comunicado donde indica que se ha logrado recuperar el 80% del crudo derramado en el río; sin embargo, las comunidades indígenas desconfían de estas cifras puesto que -como se recuerda- la empresa minimizó inicialmente la magnitud del incidente.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 01/07/2010





LORETO: CANCELAN RESIDENCIA EN PERÚ A RELIGIOSO AMBIENTALISTA BRITÁNICO


El religioso británico Paul Mc Auley, presidente de la Red Ambiental de Loreto (RAL) recibió hoy una resolución del Ministerio del Interior (MININTER) donde se le informa de la cancelación de su residencia en nuestro país.

En la resolución ministerial 0571-2010-IN, se alude un atestado policial del Departamento de Seguridad del Estado de la V División Territorial PNP, con fecha del 18 de agosto del 2009.

En dicho informe, se afirma que Mc Auley "ha venido participando en diferentes actividades de carácter político, como marchas de protesta (...) y demás actos que constituyen una alteración del orden público".

En ese sentido, se determina que el titular de RAL ha incurrido en una infracción tipificada en el artículo 63 de la Ley de Extranjería, por lo cual se le cancela la residencia concedida en 2006 y se le dan siete días calendario para abandonar territorio peruano, sin posibilidad de retorno.

Cabe indicar el religioso británico no posee procesos ni juicios pendientes por este tipo de acciones. En cambio, se le reconoce por acompañar de manera permanente a las comunidades indígenas de las zonas del Marañón y el Pastaza.

En días pasados, Mc Auley anunció que la RAL solicitaría al Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Energía y Minería (OSINERGMIN) realice una inspección a las bases de la empresa petrolera Pluspetrol, responsable del derrame de 300 barriles de crudo en el río Marañón.

Desde que llegó a Iquitos, Mc Auley inició su trabajo en defensa de las comunidades achuar afectadas por la contaminación con cadmio y plomo, producto de los vertimientos indiscriminados de las empresas petroleras en especial Pluspetrol. Es así que formó, junto a otros voluntarios, la Red Ambiental de Loreto (RAL), que mantuvo participación activa en las denuncias contra empresas e instituciones que atentan contra la calidad del ambiente.

Una de las autoridades que pretendió cuestionarlo fue el alcalde de Iquitos, Salomón Abensur Díaz, precisamente cuando el religioso junto a un colectivo de ambientalistas denunció la instalación de un botadero municipal en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, ubicada en la carretera Iquitos-Nauta

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 01/07/2010





1 de julio de 2010

PARAN MINA POR DERRAME


La contaminación causada en el río Opamayo, por el derrame de relaves de la empresa Caudalosa Chica, no es la primera que se produce en los últimos años. Según la dirección regional de Energía y Minas, el torrente ya había sido contaminado, hasta en dos oportunidades, por la caída de desechos tóxicos de la minera, incluso Osinergmin le aplicó sanciones debido al mal estado de sus dos relaves

Luis Alberto Sánchez Cámac, Director Regional de Energía y Minas, recordó que hace un año y medio- y, también a finales del 2009, la misma compañía protagonizo un incidente similar contaminando el medio ambiente, aunque en menor proporción.

Raúl Ayaipoma, alcalde de la provincia de de Angaraes, señaló además que caudalosa chica ha sido denunciada en varias oportunidades por su irresponsabilidad en el tratamiento de los relaves. “Esta empresa viene explotando el lugar por casi 40 años y siempre arrojado sus desechos al río causando contaminación y evadiendo su responsabilidad”, anotó

Al respecto, Osinergmin informó que esta investigando las responsabilidades por el último derrame. Mientras tanto, se ha dispuesto la paralización de operaciones de la mina

Diario Perú 21-Lima 01/07/2010





ALARMANTE RÉCORD DE PLUSPETROL. 78 DERRAMES EN CUATRO AÑOS


Un alarmante reporte informa que en los últimos cuatro años la empresa argentina Pluspetrol ha registrado 78 derrames de petróleo solo en la amazonía del Perú.

“Desde noviembre del 2006 a mayo del 2010, se han registrado 78 derrames de petróleo entre los lotes 8 y 1AB, ubicados en la región Loreto, afectando los ríos Pastaza, Tigre y Corrientes, afluentes del río Marañón”, informó el semanario “Hildebrandt en sus trece”.

El reportaje apareció en la edición del viernes 25 de junio y fue elaborado por la periodista Juana Gallegos.

Los frecuentes derrames reportados a la fecha tienen un fuerte impacto en los pueblos indígenas que dependen de estos ríos como los Achuar, Urarina y Kichwa, en la región Loreto.

Se estima que ocho mil pobladores pertenecientes a las comunidades Alfonso Ugarte, Victoria, Santa Rita de Castilla, entre otras, quienes se abastecen del río Marañón, fueron afectadas por las aguas contaminadas.

Cabe señalar, que las comunidades de la cuenca del río Corrientes, una de las poblaciones afectadas, firmaron un acta con Pluspetrol, en el cual la empresa se comprometía a reducir la contaminación e implementar un plan de desarrollo sostenible.

“Lo único sostenible de la empresa fueron los sucesivos derrames de petróleo que se ha convertido en toda una marca internacional de negligencia medioambiental” indica el semanario.

La mayoría de los derrames fue por rotura de tubos y otros desperfectos del oleoducto, afectando a los ríos Pastaza.

En el 2008, debido a los sucesivos derrames el entonces ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, solicitó la suspensión temporal de las actividades de exploración de la petrolera.

Los derrames de Pluspetrol
Servindi-Lima 30/06/2010






PRESENTARÁN DENUNCIA PENAL CONTRA PLUSPETROL POR DERRAME EN LORETO


El congresista Víctor Isla denunciará ante la Fiscalía de la Nación a la empresa Pluspetrol y a quienes resulten responsables por el derrame de petróleo en las aguas del río Marañón, ocurrido el 19 de junio en las inmediaciones del caserío Tiwinza, en el distrito de Urarinas (Loreto).

Isla Rojas detalló que la denuncia se sustenta en el artículo 286 del Código Penal, referido a la contaminación de aguas y alimentos que representa el delito de peligro común.

En este caso particular, explicó, la contaminación no afectó a una sola persona sino que lo hizo contra un colectivo de personas que habitan decenas de pueblos a orillas del Marañón; por lo tanto, constituye un atentado contra la salud pública.

El legislador nacionalista agregó que en breve llegará al lugar para constatar los efectos colaterales que este hecho comienza a acarrear en la salud de la población.

"Es por ello nuestra preocupación y lucha de largo aliento para exigir respeto, indemnización real y concreta por los daños que han ocasionado ya que no es la primera vez que sucede este problema, del primer derrame nunca se dijo si hubo responsables", concluyó.

Como se recuerda, al menos 300 barriles de crudo se derramaron en el río Marañón de una barcaza que brindaba servicios a la empresa Pluspetrol Norte. La comunidad de Santa Rita de Castilla, al igual que otras ubicadas en el cauce del Marañón, utiliza las aguas del río para consumo.

Según un análisis de laboratorio a cargo de especialistas del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP), las muestras de agua recogidas del lugar evidencian una contaminación alta.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 30/06/2010





EL MITO DE LA PETROLERA “LIMPIA Y RESPONSABLE” SE HUNDE EN LA OLEOSA REALIDAD


Por Iván Herrera Gálvez

El 19 de junio, una barcaza de la Pluspetrol derramó 400 barriles de petróleo en el río Marañón. Dos días después, el Ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez declaraba en la televisión que lo derramado “Es un monto muy pequeño. En realidad, comparado con lo ocurrido en el Golfo de México, es una cosa muy pequeña que no debe ser motivo de alarma”. A su turno, el Ministro del Ambiente, Antonio Brack, dijo que el impacto al ecosistema es mínimo y anunciaba sanciones a los responsables.

Mientras tanto, la población indígena de la zona afectada se quedaba sin agua limpia para beber y pescar. Según reportes, algunos lugareños presentan síntomas de intoxicación, pues no fueron avisados oportunamente del derrame. La prensa internacional recoge la denuncia e informa que 3,500 personas no pueden usar su única fuente de agua, el río Marañón.

Otra vez, el mito de la petrolera “limpia y responsable” se hunde en la negra y oleosa realidad.

De acuerdo a las denuncias de la Federación de Comunidades Nativas del río Corrientes (FECONACO), sólo en el 2009, la Pluspetrol ocasionó 16 derrames de petróleo, y otros 18 en el año 2008. En total, van 58 derrames desde el 2006. A nivel nacional se trataría de 78 derrames según lo informa la última edición del semanario del periodista César Hildebrandt.

Llama la atención la postura del Ministro del Ambiente, quien hoy se muestra fiscalizador, pero a mediados del año pasado defendía a la empresa a pesar de las repetidas denuncias y sanciones contra ella. Según Brack: “La actividad petrolera implica un impacto… pero ahora es mínimo” afirmó en una entrevista concedida a El Comercio.

Tras décadas de contaminación, el año 2,000 la Occidental Petroleum Corporation vendió a Pluspetrol el lote 1AB ubicado en la cuenca del río Corrientes, pero la nueva dueña continuó con las malas prácticas.

Un estudio realizado por el Ministerio de Salud el 2006, reveló que más de las dos terceras partes de la población analizada en la zona del lote 1AB excede los 10 microgramos por decilitro de plomo en la sangre (un niño promedio en EEUU no pasa de 1.45 microgramos por decilitro), mientras que el 97,30 por ciento de la población analizada supera la concentración habitual de cadmio en fumadores.

Dolencias como pérdida de audición, abortos espontáneos, enfermedades cardiovasculares, enfermedades de los riñones y cardiovasculares, problemas de aprendizaje, entre otros, se asocian a niveles de plomo menores a los registrados en la población nativa del Río Corrientes.

El informe “Un Legado de Daño”, fruto de una investigación realizada el 2006 en cinco comunidades cercanas al lote 1AB, recoge estremecedores testimonios de la población nativa. Acá algunos de ellos:

“Tres hijos míos han muerto. Un niño sintió un dolor en el costado, no pudo respirar, y dos días después falleció. Tengo un hijo de seis años que también a veces no puede respirar. A veces los niños van al río y él (mi hijo) tose y se sorbe. Sale del río cubierto de petróleo. Los niños se bañan en el río y salen con los ojos rojos… Nadie en mi familia ha visto un médico.“ Mujer de Saukí

“Seis hombres han fallecido por la contaminación. Uno no pudo orinar y le dolió la cintura. Otro tenía los intestinos destruidos. Un pedacito de los intestinos salió con el excremento y falleció. Otro empezó a adelgazar, y también le dolía el estómago y falleció. Yo sé que la contaminación mató a todos porque el agua está mala“. Hombre de Nueva Jerusalén

“Estoy enferma, con dolores en el estómago, en el área vaginal y en los riñones. Tengo dolores cuando tengo la menstruación además de hemorragia excesiva. También tengo dolores cuando orino. Todo el cuerpo me duele, y he estado perdiendo peso.” Mujer de Pampa Hermosa

“Ahora, debido a la contaminación, me siento como con el cuerpo muerto, y no he podido trabajar desde hace mucho tiempo. Siempre siento un dolor del estómago, y los huesos me duelen, y tengo dolores en el área vaginal.” Mujer de Pampa Hermosa

“He experimentado temblores y palpitaciones del corazón. La boca tiembla y he perdido la capacidad de pensar. No puedo recordar, no puedo respirar. Tengo dolores en el pecho y el estómago. Cuando orino tengo dolores y las evacuaciones me duelen. Nunca he sido examinada por un médico.” Mujer de Pampa Hermosa

“Mi familia come pescado cada día. Recojo los peces en trampas, y pesco en el río Corrientes. Por aquí hay muchos peces, pero las trampas agarran petróleo junto con los peces. Cuando vivíamos en Antioquía, pescábamos en el mismo río, y tuvimos el mismo problema. Antes, los peces no eran así, especialmente los boquichico. Ahora algunos son muy duros y flacos, incluso uno puede ver el petróleo en las tripas.” Hombre de Antioquía

“Todo el cuerpo me duele, y los pies son pesados. Me es difícil caminar y tengo que caminar con un bastón. También tengo ronchas y sensaciones fuertes de calor en el cuerpo. Ningún médico me ha examinado.” Hombre de Pampa Hermosa

Ante tanto daño, urge una ley de consulta que permita a los indígenas decidir si aceptan o no este tipo de empresas en sus territorios. La vida no tiene precio.

Servindi-Lima 30/06/2010





PRONUNCIAMIENTO


A la opinión Pública El Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, se dirige a la opinión publica local, regional y nacional para expresar lo siguiente:

1. Nuestro respaldo y solidaridad con los dirigentes campesinos de Porcón, quienes el 11 de setiembre del 2007 protestaron en defensa de sus aguas, recibiendo como respuesta la denuncia por parte del estado y que se les dará lectura de sentencia el 01 de Julio del presente año.

2. Reiteramos nuestra defensa en la protección del Cerro Quilish quien en los últimos días se ve amenazado con su explotación, según versiones de las poblaciones aledañas manifiestan la contratación de personal para trabajos comunales en la zona a cambio de firmas para obtener la ansiada licencia social.

3. Manifestamos nuestro respaldo a las organizaciones de base de Celendín que están defendiendo la desaparición de las lagunas El Perol, Chailuagón, por el proyecto minero Conga del grupo Newmont‐Buenaventura ubicado en las cabeceras de cuencas de Chirimayo, Chugurmayo, Alto Jadibamaba pertenecientes a la provincia de Celendín.

4. Reiteramos nuestro respaldo a los pobladores del Valle de Condebamaba en la Provincia de San Marcos por su tenaz lucha en defensa del Cerro Mogol, haciendo un llamado a la unidad y no caer en el divisionismo.

5. Así mismo rechazamos las tendenciosas publicaciones que medios de comunicación capitalinos han propalado queriendo vincular a integrantes de nuestros frente con la familia Sánchez Paredes y sus actividades ilícitas, y con el terrorismo.

6. Nuestra solidaridad, con las organizaciones de base de Chancay Lambayeque quienes exigen al Gobierno Central envíe una comisión de alto nivel al Proyecto Minero La Zanja, por encontrase en donde nacen las aguas que abastecen al valle Chancay Lambayeque. Así mismo piden la anulación de las concesiones mineras en La Zanja y las cercanas de Coimolache, Tantahuatay, El Galeno y los Pircos que pertenecen al consorcio Newmont Buenaventura (Yanacocha).

Por lo tanto advertimos a las autoridades del gobierno local, regional y central escuchar el clamor de los pueblos, caso contrario serán responsables de lo que pueda suceder. Cajamarca, 30 de Junio del 2010.

Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca 30/06/2010