Las organizaciones, redes y líderes ambientales y sociales que suscribimos el presente documento reafirmamos nuestro compromiso con la Defensa de la Vida y el Desarrollo Sostenible. Por ello, rechazamos las violaciones sistemáticas de derechos contra activistas y organizaciones que defienden el medio ambiente y los derechos de los pueblos y comunidades afectadas
Las violaciones que se están produciendo en diversos lugares del país incluyen desde atentados contra la vida y la integridad física hasta amenazas de muerte, campañas de difamación, acciones de hostigamiento, espionaje, intercepción de comunicaciones y denuncias judiciales sin sustento.
Conscientes de la situación crítica de deterioro de las condiciones humanas y de los recursos naturales como consecuencia de las actividades extractivas, reafirmamos nuestro compromiso con la Defensa de la Vida y el Desarrollo Sostenible.
Promovemos la dignidad humana, el respeto a las poblaciones, sus culturas y sus territorios. Somos contrarios a la violencia cualquiera sea su origen y proponemos una cultura de paz y justicia social, contraria al terrorismo y al narcotráfico.
Por ello, rechazamos las afirmaciones que pretenden vincular a los defensores del medio ambiente con el narcotráfico y el terrorismo y/o ponen en tela de juicio la transparencia de sus acciones y motivos. En algunos lugares estas afirmaciones infundadas han servido como pretexto para pretender imponer la intervención del Estado con acciones de fuerza, justificar la violencia contra las poblaciones, la restricción de sus derechos ciudadanos y la persecución de los activistas ambientalistas
Constatamos que el accionar de empresas extractivas nacionales y transnacionales, en muchos casos, está ligado a la generación de tensiones y conflictos sociales, que debe resolverse analizando las causas estructurales de los mismos, en lugar de amedrentar a sus víctimas.
Nos solidarizamos de manera particular con la institución GRUFIDES de Cajamarca, que ha sido objeto de acciones de espionaje por parte de la Empresa C&G vinculada a la Empresa de Seguridad FORZA, la cual, a su vez, brinda servicios a la empresa Minera Yanacocha. Cuestionamos la decisión del Ministerio Público de Cajamarca, quien pese a las evidencias, archivó el caso.
Así mismo, nos solidarizamos también con la institución “Grupo de Trabajo Racimos de Ungurahui”, cuyo trabajo con comunidades nativas de la Amazonía constituye un ejemplo en la defensa del medio ambiente frente a la contaminación causada por la actividad de grandes empresas petroleras, y por lo cual ha sufrido una serie de denuncias judiciales y mediáticas.
Así como estos casos, numerosos defensores del medio ambiente y de las comunidades afectadas vienen sufriendo situaciones similares, que ponen en riesgo su vida e integridad, así como la de sus familias sin que sus derechos sean protegidos por el Estado, sus demandas atendidas o resueltas, ni se ordene el cese de diversas formas de hostilización contra ellos, como las que sufren los defensores en el caso Majaz (Río Blanco), los dirigentes de Huaraz (Cerro Codorwain), el equipo de Natura en Chimbote; el caso de la mina informal El Toro (Huamachuco), donde los dirigentes de algunas organizaciones sociales de base fueron atacados y amenazados directamente por funcionarios del gobierno local.
Nos solidarizamos con las comunidades campesinas, nativas y poblaciones de diversas culturas de nuestro país, cuyas aguas, aires y suelos son contaminados por las actividades extractivas de las empresas transnacionales y nacionales.
Por tanto, exigimos:
• Al Ministerio del Interior, Ministerio Público y Poder Judicial; atender las denuncias sobre las diversas formas de hostilización y amenaza que sufren los defensores del medio ambiente, sus instituciones y organizaciones sociales.
• Al Ministerio de Energía y Minas que deje de otorgar concesiones mineras y petroleras sin consultar a las poblaciones afectadas, en abierta violación al Convenio 169 de la OIT, sobre derechos de los Pueblos Indígenas.
• A las empresas públicas y privadas que prescindan de los servicios de la Empresa de Seguridad FORZA por tener prácticas que atentan contra los derechos humanos, como labores de espionaje y amedrentamiento a diversos líderes y organizaciones ambientales.
Lima, 23 de febrero de 2007
• APRODEH
• Asociación Civil LABOR
• Asociación Marianista de Acción Social – AMAS
• Avina
• COMARU Consejo Machiguena
• Coordinadora Nacional de Comunidades afectadas por la Minería- CONACAMI PERU
• Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
• Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente de la Region Tacna.
• Proyecto AMIGO/Oficina de Derechos Humanos/Huamachuco-la Libertad
• Racimos de Ungurahui
• Red Muqui
• Vicaría de Jaén
• Vicaria de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani.
