ENCAÑADINOS EXIGIRÁN LICENCIA SOCIAL A MINERAS
“No puede ser que en la encañada tengamos más de cuatro empresas mineras y tengamos comunidades dentro del distrito donde solo hay piedras y lagartijas, y la gente se muera de hambre” denuncio Gilberto Fernández Marín, asesor de la comunidad de la Encañada, quien asegura que las empresas mineras que operan en la zona no tiene licencia social de la población encañadina, la que se perjudica directamente con la explotación de los recursos naturales
Según Fernández Marín, la explotación de cabeceras de cuenca perjudican directamente a las comunidades ubicadas en la parte baja, y estas no reciben ningún apoyo ni beneficio de la actividad minera.
En vista de ello, Fernández informó que la comunidad encabezada por su presidente, Isidro Requelme Huamán, realizarán este sábado 19 una asamblea en el coliseo de la Encañada, en la que pedirán a las autoridades intervengan y exijan que las empresas mineras contribuyan con obras en beneficio de todo el distrito de la Encañada.
“En la Encañada tenemos los proyectos mineros de Yanacocha, Devora, Conga, Michiquillay, Galeno y otros, y no podemos esperar que lleguen más mineras afectando la actividad agrícola de la zona, y sólo unos cuantos se beneficien económicamente”, comentó Fernández.
Para esta asamblea, han convocado al ministro de Energía y Minas y los congresistas de la república por Cajamarca, de los que Alejandro Rebaza ya habría confirmado su participación
Uno de los puntos a tratar será la distribución de los 403 millones de dólares que la empresa Angloamérican, otorgo por la concesión del proyecto Michiquillay, que según los comuneros sólo beneficiarían a cuatro comunidades de Michiquillay y no a las comunidades de la parte baja ubicadas en el distrito
Fernández comentó que de no tener respuesta positiva de las empresas mineras y el estado están dispuestos a emprender medidas de protesta.
Diario El Mercurio-Cajamarca 16/06/2010
SE SANCIONARÁ A JEFES NATIVOS
Apus de la comunidad nativa de Naranjos serán sancionados de acuerdo a su reglamento, por haber concedido miles de hectáreas de tierra para explotación minera.
El hecho fue comprobado por una comisión de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
Cervando y Saúl Puerta Peña, dirigentes de AIDISEP, presidieron esta comisión y en una reunión confirmaron en una asamblea general que los jefes nativos de Naranjos, distrito de San José de Lourdes, habrían recibido dinero por firmar un convenio que le otorga facultades legales a una empresa minera para explorar y explotar minerales.
Tratando de anular todo lo actuado, determinaron volverse a reunir el 26 y 27 de junio en esa comunidad, para encontrar la forma que sustente la ilegalidad de lo suscrito, considerando que la empresa minera violó la ley para favorecerse con el convenio.
Diario Panorama Cajamarquino 16/06/2010
POSTERGAN AUDIENCIA DE PETROLERA SAVIA
La audiencia pública que iba a realizar la petrolera Savia en Sechura fue suspendida hasta que no se establezca una mesa de diálogo con esta compañía y se investiguen las denuncias de contaminación ambiental, según informó el presidente del Frente de Defensa de los intereses de la Bahía y provincia de Sechura, Amaru Ipanaqué. La postergación de la audiencia fue determinada por el Ministerio de Energía y Minas
Diario Perú 21-Lima 16/06/2010
NADIE DA SU BRAZO A TORCER EN LA OROYA
Doe Run. Paso está restringido en la carretera central y trabajadores insisten en huelga indefinida. El premier Javier Velásquez reitera que el gobierno no cederá “ante cuatro o cinco dirigentes manejados por la empresa”. Video
Magda Quispe, enviada especial.
En ningún momento la ciudad de La Oroya guarda silencio. Y es que desde que empezaron la huelga indefinida de los trabajadores de Doe Run Perú (DRP) y el paro regional no se deja de ver grupos de personas reunidas a lo largo del kilómetro 185 de la Carretera Central con sus arengas y realizando marchas en las que claman trabajar y el reinicio de las operaciones de la metalúrgica.
Pese a que los pobladores pernoctaron hasta la madrugada de ayer en la Plaza de Marcavalle, en vigilia con velas blancas para que DRP llegue a un acuerdo con el gobierno, ello no fue motivo para que desde muy temprano sigan hoy con sus protestas pese a los dos mil policías que resguardan la zona y el intenso frío que azota la ciudad por estar en época de heladas.
Al transcurrir de las horas, los ánimos en la ciudad metalúrgica de América del Sur comenzaron a caldearse. Los manifestantes aprovechan las zonas donde no hay resguardo policial permanente para bloquear las carreteras con piedras.
Así ocurrió a las 11 de la mañana en el distrito Señor de Muruhuay, en el kilómetro 165 de la Carretera Central, donde se impidió el pase de los camiones de carga.
Ello no fue el único incidente. Media hora más tarde, en Marcavalle, en las afueras del hospital de EsSalud, un grupo de manifestantes al momento de lanzar piedras a la vía quebraron el parabrisas de un tráiler. La policía intervino y detuvo a dos manifestantes, lo que motivó un fuerte enfrentamiento con la población.
Un grupo de 200 pobladores trataron de rescatar a los detenidos. Las fuerzas del orden repartieron varazos por doquier, además de bañar por el rochabús. Es en ese forcejeo en el que varias mujeres fueron golpeadas, una de ellas fue Paulina Quispe Torres y también el abogado de la población, Miguel Wanay Bonilla, por tratar de defender al detenido.
El padre José Diardos, vicario episcopal de La Oroya, se acercó al lugar para pedir que las marchas sean pacíficas y no se genere mayor conflicto con el bloqueo de carreteras para no transgredir el derecho de los demás.
Piden nulidad del contrato
En Lima, la Federación de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos del Perú pidió al gobierno la nulidad del contrato con la empresa Doe Run y asumir la administración y operación del Complejo Metalúrgico.
“El Estado tiene la obligación de reiniciar las operaciones en Doe Run si la empresa no lo hace (...) la planta lleva ya un año paralizada por problemas financieros y esta situación no puede continuar”, dijo Luis Castillo, cabeza de la federación durante una rápida pero contundente conferencia de prensa.
Este pedido es una clara oposición a la intención del gobierno de cerrar la empresa, como ya lo reiteró el presidente Alan García.
“El gobierno debe tener en cuenta que si se cierra la planta, de la que depende toda La Oroya, podría haber un estallido social de incalculables consecuencias”, advirtió el dirigente, quien culpó al gobierno de limitarse solo a culpar a los trabajadores.
Gran costo para el Estado
Según María Chappuis, ex directora general de Minería del Ministerio de Energía y Minas (MEM), si el gobierno toma en cuenta el pedido de los trabajadores, el Estado debería desembolsar US$ mil 180 millones. “En cambio, si el gobierno decide subvencionar con US$ 10,000 a cada uno de los trabajadores de La Oroya para que se reubiquen, le costaría al Estado solamente US$ 38 millones”, calculó.
Pero el gobierno por ahora no piensa en eso. Su única premisa es no ceder, según sostiene el premier Javier Velásquez Quesquén, quien mantiene su tesis de que los trabajadores están direccionados por la empresa para imponer condiciones inaceptables.
“El gobierno central está preparado para enfrentar cualquier maniobra legal que pudiera intentar la empresa minera Doe Run (...) no cederemos a los chantajes de cuatro o cinco dirigentes mal dirigidos que sirven a la empresa para lograr sus objetivos”, dijo Velásquez, quien gregó que los trabajadores puede realizar paralizaciones pero sin atentar contra la tranquilidad pública.
El comercio está paralizado
La Oroya, una de las principales fuentes de ingreso para los pobladores, vio afectado el comercio este último año desde que la empresa paralizó sus operaciones. El problema se agravó más por el paro ya que el punto principal (Marcavalle) donde se realiza el comercio parece un pueblo fantasma si no fuera por los ambulantes que se aprovechan de la situación para hacer su agosto.
“Los comerciantes respaldamos el paro porque desde que Doe Run no opera los trabajadores no tienen plata para comprar. Eso nos afecta. Queremos la vigencia de La Oroya, dijo Micaela Aguilar, comerciante del distrito de Santa Rosa de Saco.
Celia Nolasco Espinoza, otra comerciante, explicó que apoyan la medida de fuerza. No vamos a levantar la huelga. Que no nos chantajee el gobierno diciendo que primero levantemos la medida para dialogar. Prefiero irme muerta de acá antes que eso, dijo iracunda.
Hasta el cierre de esta edición las marchas en las calles de La Oroya continúan, con banderas en mano y arengas en contra de la empresa y el gobierno.
El dato
En cifras. María Chappuis estimó que de nacionalizar DRP se tendría que pagar al menos US$ 150 millones a su propietario (que figura como deuda de la empresa); US$ 120 millones a sus proveedores (de lo contrario no podría operar). Estas dos acreencias suman US$ 270 millones. Sin embargo, con US$ 200 millones se puede construir una fundición similar, pero de última generación, y no la planta subestándar que está a medio construir en La Oroya, considera la experta.
REACCIONES
"Al denunciarme penalmente están atentando contra los trabajadores de Doe Run y la población de La Oroya, que solo reclamamos lo justo”.
Roiberto Guzmán
Dirigente de los trabajadores de Doe Run.
"No cederemos a los chantajes de cuatro o cinco dirigentes mal dirigidos que sirven a la empresa Doe Run Perú para lograr sus objetivos”.
Javier Velásquez Quesquén
Presidente del Consejo de M.
Denuncian a dirigente y alcalde
La procuraduría del ministerio del Interior denunció penalmente a diez personas, entre ellas Roiberto Guzmán, dirigente de los trabajadores de Doe Run, y César Gutiérrez, alcalde de la provincia de Yauli, por los disturbios registrados en La Oroya.
El general PNP César Ramos Paz, jefe de la Octava dirección territorial de Junín, informó que el tránsito en La Oroya está restringido, lo que significa que solo están dejando pasar camiones de carga con la finalidad de evitar que sean agredidos. ”Hasta hoy (ayer) por la mañana habrán pasado unos 400 camiones de carga, no pasan los buses de pasajeros porque para ellos se los está desviando por las tres rutas alternas que determinó el MTC.
Roiberto Guzmán, dirigente de Doe Run, dijo esperar la convocatoria del gobierno y de la empresa para llegar a una solución. “La huelga indefinida continúa”, dijo.
Diario La República-Lima 16/06/2010
DEFENSORÍA PIDE GARANTIZAR CONTINUIDAD LABORAL EN LA OROYA
El adjunto para la Prevención de Conflictos de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque, exhortó al gobierno a garantizar la continuidad laboral de los más de tres mil 500 trabajadores del complejo metalúrgico de la minera Doe Run en La Oroya (Junín).
A través de CNR, Luque señaló que dicha ciudad prácticamente se ha desarrollado y dependen del funcionamiento de la compañía estadounidense; por ello, invocó a las autoridades a idear una pronta salida al conflicto.
Como se recuerda, los trabajadores de Doe Run acatan desde el lunes un paro indefinido ante la negativa de la empresa a definir la fecha del reinicio de sus operaciones, paralizadas hace casi un año.
Por su parte, los representantes del Ejecutivo -incluyendo al presidente Alan García- han señalado que no brindarán más facilidades a la empresa y que, en todo caso, se verá de recolocar a sus empleados en otras actividades.
De otro lado, Luque señaló que la Defensoría del Pueblo contribuirá en las investigaciones por los violentos incidentes registrados ayer, cuando los agentes del orden reprimieron con suma fuerza a los manifestantes.
Luque puso especial énfasis en el caso del abogado Roberto Huanay Bonilla, quien recibió una golpiza de parte de los policías en los exteriores del local de EsSalud. Empero, aseveró que se trata de hechos netamente aislados.
Detalló, así mismo, que hubo varios detenidos por hechos menores, como ataques a vehículos particulares. A estas personas se les tomó manifestación y acudirán a las citaciones de la policía y la fiscalía.
Finalmente, informó que tras recorrer hoy las principales arterias de La Oroya, se comprueba un ambiente de tranquilidad; incluso, algunos comercios ya optaron por abrir sus puertas.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 16/06/2010
VUVUZELAS DE LA OROYA
El incumplimiento de Doe Run ya no da para más.
Los serios problemas de la operación en La Oroya de la empresa Doe Run configuran una falla del mercado que ocasiona graves consecuencias ambientales –sin contar el ‘cabezazo’ a los acreedores y al fisco– que demandan algún tipo de intervención gubernamental que debiera ser escogida e implementada con inteligencia con el fin de evitar que la lavada salga más cara que la camisa.
A esas alturas del problema, seis años después de negociaciones, incumplimientos, engaños y embustes, ya es evidente que ‘esto’ ya no da para más.
‘Esto’ significa, en este caso, el incumplimiento de un conjunto de obligaciones tributarias y ambientales que han acabado por derrumbar cualquier atisbo de credibilidad de Doe Run en el gobierno, en los acreedores, en la comunidad preocupada por el cuidado del ambiente, en el sector empresarial y, en general, en el país. Esta compañía ya ha sido expulsada de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.
La deuda acumulada por Doe Run con la Sunat es de S/.760 millones y las obligaciones impagas con proveedores suman alrededor de US$110 millones, mientras que, en el plano ambiental, se sigue postergando el cumplimiento cabal del PAMA, el cual requiere una inversión de unos US$150 millones.
El replanteamiento de todas estas obligaciones se ha venido negociando a través de sucesivas postergaciones. El nuevo plazo en el que la empresa debería reiniciar la operación y asegurar el cumplimiento de todas sus obligaciones vence en apenas cinco semanas, pero ya se prevé –por los comunicados que ha difundido Doe Run– que esto no se hará efectivo.
Con la excusa de que “subsisten algunas inconsistencias que deben ser superadas en base al diálogo con los representantes del Ministerio de Energía y Minas”, acompañada de una campaña de imagen que solo despierta más suspicacia, Doe Run pretende ahora seguir engatusando al país.
Como parte de ello, y usando el miedo legítimo de la población adyacente a la operación a perder del empleo, Doe Run está movilizando –según el gobierno– a la gente para realizar acciones de fuerza como el bloqueo de la Carretera Central.
Esto ya estuvo bueno. Basta de burlarse del país. El gobierno debe prepararse para poner en marcha una intervención inteligente que permita proceder a la reestructuración de esta operación minera –por ejemplo, en el ámbito del Indecopi– con el fin de establecer las condiciones para un desarrollo responsable del proyecto metalúrgico de La Oroya que esté en armonía con la legalidad y la decencia.
Diario La República-Lima 16/06/2010
DOE RUN DEBE IRSE, YA
Hay varias razones que explican el porqué Doe Run ha podido llegar a esta situación de burla a las leyes y autoridades peruanas. La primera es el bien conocido comportamiento tramposo de Ira Rennert, propietario de Doe Run y del Complejo Metalúrgico de La Oroya –con una fortuna personal en el 2010 de US$ 5,300 millones, según Forbes–, quien también tiene acusaciones en Utah, donde la agencia ambiental de EEUU la consideró, en 1999, “como la industria más contaminadora”.
La segunda es el comportamiento blandengue de las autoridades peruanas desde el inicio de sus operaciones en 1997. Dice Juan Aste que “el balance de pérdidas y ganancias de Doe Run para 1998-2004 da una pérdida neta de US$ 24.6 millones. Sin embargo, en el mismo período el envío de fondos a su casa matriz y a los bonistas en EEUU fue de US$ 130.7 millones” (“¿Cierre o continuidad de La Oroya?”, 2005).
Lo mismo sucedió con las sucesivas prórrogas para el cumplimiento del PAMA, lo que en el 2004 culminó con la prórroga hasta el 2009, que fue también incumplida. En octubre, el Congreso promulgó la Ley 29410, que le dio otra prórroga de 10 meses, que se cumplen este 24 de julio.
La razón de las prórrogas es la reticencia de los gobiernos a “poner en orden” a una empresa extranjera que adquirió La Oroya cuando el Estado la privatizó en octubre de 1997, con el argumento de que esto “dañaría al proceso de privatización en su conjunto”. Esta “carta blanca” dio lugar a la prepotencia, al punto que Doe Run fue expulsada de la Sociedad de Minería en enero del 2010.
También que la Constitución de 1993 (Art. 60) establece la subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado (solo puede haber empresa estatal donde los privados no quieran entrar). Así, el Estado, inclusive hasta hoy, no considera esa posibilidad, lo que hace que los trabajadores, al ver que el único empleador posible es Doe Run, se hayan puesto de su lado en varias oportunidades, lo que ha sido aprovechado por la empresa, algo que fue admitido por Alan García el 28 de julio pasado.
Asimismo, el Art. 62 de la Constitución dice que los contratos ley “no pueden ser modificados legislativamente”, sino solo si hay acuerdo entre las partes. Esta disposición no existe en las Constituciones de otros países de la Región y, claro, otorga al inversionista un excepcional “blindaje jurídico” en una disputa internacional. Estos dos artículos deben derogarse, como lo hemos planteado numerosas veces.
¿Cuál sería la salida legal de aquí al 24 de julio? Una de ellas es que, vía Indecopi, se constituya la Junta de Acreedores, como se planteó el año pasado. Aquí un problema es que algunos acreedores privados no quieren hacerse cargo de la empresa. Otra solución pasa por garantizar a los trabajadores una indemnización que termine con la actual situación de paro y bloqueo de carreteras. Según María Chappuis, ex directora de Minería del MEM, otorgar US$ 10,000 a cada uno de los 3,800 trabajadores costaría US$ 38 millones.
La cuestión es que –con todo el blindaje legal que le otorga la actual legislación a Doe Run– una nacionalización de La Oroya podría salir “más cara que la camisa” y eso sería, precisamente, lo que busca Rennert. En efecto, las deudas a asumir –más los juicios pendientes a Doe Run en EEUU por la contaminación en La Oroya– ascienden a US$ 1.280 millones.
Dicho esto, no cabe duda de que el Estado va a tener que intervenir porque la actual situación es ya insostenible debido a la laxa y complaciente conducta de los gobiernos desde 1997. Lo que nos dice que la readecuación de las relaciones entre mercado, Estado y empresa privada necesita un replanteamiento profundo. ¿No es cierto?
Diario La República-Lima 16/06/2010
POLICÍAS REPRIMEN VIOLENTAMENTE A MANIFESTANTES EN LA OROYA
Con suma fuerza, la Policía Nacional reprimió a varios piquetes de trabajadores de la minera Doe Run Perú (DRP) que acatan desde el lunes una paralización indefinida en La Oroya (Junín).
Los incidentes se registraron en los exteriores del hospital de EsSalud de La Oroya, ubicado en el sector de Huaynacancha, donde algunos manifestantes se movilizaban de forma pacífica.
Fue en esos momentos en que los agentes del orden hicieron uso de sus varas y escudos para desalojar a los huelguistas. Los pocos que se resistían, fueron golpeados en repetidas oportunidades y, en algunos casos, detenidos.
Tal fue el caso de Manuel Zavala Arzapalo, arrestado cerca al referido nosocomio; otro tanto ocurrió con Fidel Cochachi, en el sector de Marcavalle. De igual manera, los efectivos policiales agredieron al abogado Miguel Huanay, por el mero hecho de intentar defender a los manifestantes.
Huanay fue conducido de emergencia a raíz de los golpes recibidos. También se reportaron denuncias de manifestantes agredidos por policías en el sector de Buenos Aires.
Cabe indicar que, a parte de estos disturbios, los mineros se limitan a marchar pacíficamente y sin realizar bloqueo de vías.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 15/06/2010
INDÍGENAS Y CAMPESINOS ESTUDIAN PROTESTAS POR LEY DE CONSULTA
Las organizaciones nativas y campesinas evaluarán realizar medidas de fuerza si es que el gobierno no promulga a la brevedad la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas.
Así lo advirtió Mario Palacios, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería del Perú (CONACAMI), quien instó al Ejecutivo a actuar de manera responsable.
Según el dirigente, la demora en la promulgación de la norma no sería un hecho fortuito, sino que tendría como intención la eventual devolución del texto al Parlamento en forma indefinida.
"Esa es la política del Estado frente a los pueblos indígenas (...) esta ley debe promulgarse pese a sus grandes falencias, por ser un mecanismo de apertura entre las comunidades y el Estado", subrayó.
En ese sentido, recordó que el 5 de junio se cumplió el plazo de 60 días otorgado por las comunidades indígenas para que el gobierno promulgue la ley, que les permitirá decidir sobre los proyectos de desarrollo que se ejecutan en sus territorios. "El gobierno nos está obligando a tomar medidas de fuerza", enfatizó
De otro lado, Palacios demandó la inmediata reestructuración del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA) para que cumpla su rol como interlocutor con los pueblos originarios.
Para tal fin, destacó la necesidad que los pueblos originarios sean involucrados activamente en las labores de dicho organismo. "El INDEPA, en todos sus años, ha jugado un rol de ping pong de distintos ministerios, pero nunca ha cumplido su rol de velar por el derecho de los pueblos", agregó.
Finalmente, Palacios se mostró preocupado pues -según denunció- el gobierno estaría impulsado y negociando con "organizaciones paralelas y fantasmas" como la denominada Coordinadora de Pueblos Awajún.
"Es un doble juego; por un lado, pretende hacer ver a la población como que busca un espacio de diálogo con los pueblos amazónicos y andinos, pero por el otro incurre en estos desacuerdos", concluyó.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 15/06/2010
FAMILIARES DE MUERTOS Y HERIDOS EN AMAZONAS RECLAMAN INDEMNIZACIONES
Familiares de los fallecidos y heridos en las protestas realizadas en junio del 2009 en Amazonas conformaron una asociación para solicitar al gobierno las respectivas reparaciones.
Leodoro Gonzales Uriarte, presidente de la referida asociación, detalló que son más de 60 deudos de quienes fallecieron en las ciudades de Bagua Grande, Bagua Chica (Amazonas) y Jaén (Cajamarca).
Como se recuerda, la población de dichas provincias salió a manifestarse en respaldo a los nativos que acataban una huelga indefinida contra los decretos legislativos que afectaban sus derechos. En aquella jornada, hubieron dos fallecidos en cada ciudad, totalizando seis personas muertas.
Así mismo, en la fecha se contabilizaron más de cien heridos, muchos de gravedad y cuyas secuelas todavía no superan. Por eso, remitieron una carta al titular del Poder Judicial, Javier Villa Stein, donde denuncian que no han recibido indemnización alguna a más de un año del "Baguazo".
"No vemos hasta hoy justicia de ninguna de las entidades públicas, como el Poder Judicial, para con los familiares de los fallecidos y heridos de aquel fatídico día. Esperamos que no se repita en la historia de nuestra patria", señaló Gonzales.
Finalmente, el dirigente invocó a las autoridades a acelerar los juicios en marcha y determinar a los responsables de las agresiones cometidas contra la población civil.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 15/06/2010
“No puede ser que en la encañada tengamos más de cuatro empresas mineras y tengamos comunidades dentro del distrito donde solo hay piedras y lagartijas, y la gente se muera de hambre” denuncio Gilberto Fernández Marín, asesor de la comunidad de la Encañada, quien asegura que las empresas mineras que operan en la zona no tiene licencia social de la población encañadina, la que se perjudica directamente con la explotación de los recursos naturales
Según Fernández Marín, la explotación de cabeceras de cuenca perjudican directamente a las comunidades ubicadas en la parte baja, y estas no reciben ningún apoyo ni beneficio de la actividad minera.
En vista de ello, Fernández informó que la comunidad encabezada por su presidente, Isidro Requelme Huamán, realizarán este sábado 19 una asamblea en el coliseo de la Encañada, en la que pedirán a las autoridades intervengan y exijan que las empresas mineras contribuyan con obras en beneficio de todo el distrito de la Encañada.
“En la Encañada tenemos los proyectos mineros de Yanacocha, Devora, Conga, Michiquillay, Galeno y otros, y no podemos esperar que lleguen más mineras afectando la actividad agrícola de la zona, y sólo unos cuantos se beneficien económicamente”, comentó Fernández.
Para esta asamblea, han convocado al ministro de Energía y Minas y los congresistas de la república por Cajamarca, de los que Alejandro Rebaza ya habría confirmado su participación
Uno de los puntos a tratar será la distribución de los 403 millones de dólares que la empresa Angloamérican, otorgo por la concesión del proyecto Michiquillay, que según los comuneros sólo beneficiarían a cuatro comunidades de Michiquillay y no a las comunidades de la parte baja ubicadas en el distrito
Fernández comentó que de no tener respuesta positiva de las empresas mineras y el estado están dispuestos a emprender medidas de protesta.
Diario El Mercurio-Cajamarca 16/06/2010
SE SANCIONARÁ A JEFES NATIVOS
Apus de la comunidad nativa de Naranjos serán sancionados de acuerdo a su reglamento, por haber concedido miles de hectáreas de tierra para explotación minera.
El hecho fue comprobado por una comisión de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
Cervando y Saúl Puerta Peña, dirigentes de AIDISEP, presidieron esta comisión y en una reunión confirmaron en una asamblea general que los jefes nativos de Naranjos, distrito de San José de Lourdes, habrían recibido dinero por firmar un convenio que le otorga facultades legales a una empresa minera para explorar y explotar minerales.
Tratando de anular todo lo actuado, determinaron volverse a reunir el 26 y 27 de junio en esa comunidad, para encontrar la forma que sustente la ilegalidad de lo suscrito, considerando que la empresa minera violó la ley para favorecerse con el convenio.
Diario Panorama Cajamarquino 16/06/2010
POSTERGAN AUDIENCIA DE PETROLERA SAVIA
La audiencia pública que iba a realizar la petrolera Savia en Sechura fue suspendida hasta que no se establezca una mesa de diálogo con esta compañía y se investiguen las denuncias de contaminación ambiental, según informó el presidente del Frente de Defensa de los intereses de la Bahía y provincia de Sechura, Amaru Ipanaqué. La postergación de la audiencia fue determinada por el Ministerio de Energía y Minas
Diario Perú 21-Lima 16/06/2010
NADIE DA SU BRAZO A TORCER EN LA OROYA
Doe Run. Paso está restringido en la carretera central y trabajadores insisten en huelga indefinida. El premier Javier Velásquez reitera que el gobierno no cederá “ante cuatro o cinco dirigentes manejados por la empresa”. Video
Magda Quispe, enviada especial.
En ningún momento la ciudad de La Oroya guarda silencio. Y es que desde que empezaron la huelga indefinida de los trabajadores de Doe Run Perú (DRP) y el paro regional no se deja de ver grupos de personas reunidas a lo largo del kilómetro 185 de la Carretera Central con sus arengas y realizando marchas en las que claman trabajar y el reinicio de las operaciones de la metalúrgica.
Pese a que los pobladores pernoctaron hasta la madrugada de ayer en la Plaza de Marcavalle, en vigilia con velas blancas para que DRP llegue a un acuerdo con el gobierno, ello no fue motivo para que desde muy temprano sigan hoy con sus protestas pese a los dos mil policías que resguardan la zona y el intenso frío que azota la ciudad por estar en época de heladas.
Al transcurrir de las horas, los ánimos en la ciudad metalúrgica de América del Sur comenzaron a caldearse. Los manifestantes aprovechan las zonas donde no hay resguardo policial permanente para bloquear las carreteras con piedras.
Así ocurrió a las 11 de la mañana en el distrito Señor de Muruhuay, en el kilómetro 165 de la Carretera Central, donde se impidió el pase de los camiones de carga.
Ello no fue el único incidente. Media hora más tarde, en Marcavalle, en las afueras del hospital de EsSalud, un grupo de manifestantes al momento de lanzar piedras a la vía quebraron el parabrisas de un tráiler. La policía intervino y detuvo a dos manifestantes, lo que motivó un fuerte enfrentamiento con la población.
Un grupo de 200 pobladores trataron de rescatar a los detenidos. Las fuerzas del orden repartieron varazos por doquier, además de bañar por el rochabús. Es en ese forcejeo en el que varias mujeres fueron golpeadas, una de ellas fue Paulina Quispe Torres y también el abogado de la población, Miguel Wanay Bonilla, por tratar de defender al detenido.
El padre José Diardos, vicario episcopal de La Oroya, se acercó al lugar para pedir que las marchas sean pacíficas y no se genere mayor conflicto con el bloqueo de carreteras para no transgredir el derecho de los demás.
Piden nulidad del contrato
En Lima, la Federación de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos del Perú pidió al gobierno la nulidad del contrato con la empresa Doe Run y asumir la administración y operación del Complejo Metalúrgico.
“El Estado tiene la obligación de reiniciar las operaciones en Doe Run si la empresa no lo hace (...) la planta lleva ya un año paralizada por problemas financieros y esta situación no puede continuar”, dijo Luis Castillo, cabeza de la federación durante una rápida pero contundente conferencia de prensa.
Este pedido es una clara oposición a la intención del gobierno de cerrar la empresa, como ya lo reiteró el presidente Alan García.
“El gobierno debe tener en cuenta que si se cierra la planta, de la que depende toda La Oroya, podría haber un estallido social de incalculables consecuencias”, advirtió el dirigente, quien culpó al gobierno de limitarse solo a culpar a los trabajadores.
Gran costo para el Estado
Según María Chappuis, ex directora general de Minería del Ministerio de Energía y Minas (MEM), si el gobierno toma en cuenta el pedido de los trabajadores, el Estado debería desembolsar US$ mil 180 millones. “En cambio, si el gobierno decide subvencionar con US$ 10,000 a cada uno de los trabajadores de La Oroya para que se reubiquen, le costaría al Estado solamente US$ 38 millones”, calculó.
Pero el gobierno por ahora no piensa en eso. Su única premisa es no ceder, según sostiene el premier Javier Velásquez Quesquén, quien mantiene su tesis de que los trabajadores están direccionados por la empresa para imponer condiciones inaceptables.
“El gobierno central está preparado para enfrentar cualquier maniobra legal que pudiera intentar la empresa minera Doe Run (...) no cederemos a los chantajes de cuatro o cinco dirigentes mal dirigidos que sirven a la empresa para lograr sus objetivos”, dijo Velásquez, quien gregó que los trabajadores puede realizar paralizaciones pero sin atentar contra la tranquilidad pública.
El comercio está paralizado
La Oroya, una de las principales fuentes de ingreso para los pobladores, vio afectado el comercio este último año desde que la empresa paralizó sus operaciones. El problema se agravó más por el paro ya que el punto principal (Marcavalle) donde se realiza el comercio parece un pueblo fantasma si no fuera por los ambulantes que se aprovechan de la situación para hacer su agosto.
“Los comerciantes respaldamos el paro porque desde que Doe Run no opera los trabajadores no tienen plata para comprar. Eso nos afecta. Queremos la vigencia de La Oroya, dijo Micaela Aguilar, comerciante del distrito de Santa Rosa de Saco.
Celia Nolasco Espinoza, otra comerciante, explicó que apoyan la medida de fuerza. No vamos a levantar la huelga. Que no nos chantajee el gobierno diciendo que primero levantemos la medida para dialogar. Prefiero irme muerta de acá antes que eso, dijo iracunda.
Hasta el cierre de esta edición las marchas en las calles de La Oroya continúan, con banderas en mano y arengas en contra de la empresa y el gobierno.
El dato
En cifras. María Chappuis estimó que de nacionalizar DRP se tendría que pagar al menos US$ 150 millones a su propietario (que figura como deuda de la empresa); US$ 120 millones a sus proveedores (de lo contrario no podría operar). Estas dos acreencias suman US$ 270 millones. Sin embargo, con US$ 200 millones se puede construir una fundición similar, pero de última generación, y no la planta subestándar que está a medio construir en La Oroya, considera la experta.
REACCIONES
"Al denunciarme penalmente están atentando contra los trabajadores de Doe Run y la población de La Oroya, que solo reclamamos lo justo”.
Roiberto Guzmán
Dirigente de los trabajadores de Doe Run.
"No cederemos a los chantajes de cuatro o cinco dirigentes mal dirigidos que sirven a la empresa Doe Run Perú para lograr sus objetivos”.
Javier Velásquez Quesquén
Presidente del Consejo de M.
Denuncian a dirigente y alcalde
La procuraduría del ministerio del Interior denunció penalmente a diez personas, entre ellas Roiberto Guzmán, dirigente de los trabajadores de Doe Run, y César Gutiérrez, alcalde de la provincia de Yauli, por los disturbios registrados en La Oroya.
El general PNP César Ramos Paz, jefe de la Octava dirección territorial de Junín, informó que el tránsito en La Oroya está restringido, lo que significa que solo están dejando pasar camiones de carga con la finalidad de evitar que sean agredidos. ”Hasta hoy (ayer) por la mañana habrán pasado unos 400 camiones de carga, no pasan los buses de pasajeros porque para ellos se los está desviando por las tres rutas alternas que determinó el MTC.
Roiberto Guzmán, dirigente de Doe Run, dijo esperar la convocatoria del gobierno y de la empresa para llegar a una solución. “La huelga indefinida continúa”, dijo.
Diario La República-Lima 16/06/2010
DEFENSORÍA PIDE GARANTIZAR CONTINUIDAD LABORAL EN LA OROYA
El adjunto para la Prevención de Conflictos de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque, exhortó al gobierno a garantizar la continuidad laboral de los más de tres mil 500 trabajadores del complejo metalúrgico de la minera Doe Run en La Oroya (Junín).
A través de CNR, Luque señaló que dicha ciudad prácticamente se ha desarrollado y dependen del funcionamiento de la compañía estadounidense; por ello, invocó a las autoridades a idear una pronta salida al conflicto.
Como se recuerda, los trabajadores de Doe Run acatan desde el lunes un paro indefinido ante la negativa de la empresa a definir la fecha del reinicio de sus operaciones, paralizadas hace casi un año.
Por su parte, los representantes del Ejecutivo -incluyendo al presidente Alan García- han señalado que no brindarán más facilidades a la empresa y que, en todo caso, se verá de recolocar a sus empleados en otras actividades.
De otro lado, Luque señaló que la Defensoría del Pueblo contribuirá en las investigaciones por los violentos incidentes registrados ayer, cuando los agentes del orden reprimieron con suma fuerza a los manifestantes.
Luque puso especial énfasis en el caso del abogado Roberto Huanay Bonilla, quien recibió una golpiza de parte de los policías en los exteriores del local de EsSalud. Empero, aseveró que se trata de hechos netamente aislados.
Detalló, así mismo, que hubo varios detenidos por hechos menores, como ataques a vehículos particulares. A estas personas se les tomó manifestación y acudirán a las citaciones de la policía y la fiscalía.
Finalmente, informó que tras recorrer hoy las principales arterias de La Oroya, se comprueba un ambiente de tranquilidad; incluso, algunos comercios ya optaron por abrir sus puertas.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 16/06/2010
VUVUZELAS DE LA OROYA
El incumplimiento de Doe Run ya no da para más.
Los serios problemas de la operación en La Oroya de la empresa Doe Run configuran una falla del mercado que ocasiona graves consecuencias ambientales –sin contar el ‘cabezazo’ a los acreedores y al fisco– que demandan algún tipo de intervención gubernamental que debiera ser escogida e implementada con inteligencia con el fin de evitar que la lavada salga más cara que la camisa.
A esas alturas del problema, seis años después de negociaciones, incumplimientos, engaños y embustes, ya es evidente que ‘esto’ ya no da para más.
‘Esto’ significa, en este caso, el incumplimiento de un conjunto de obligaciones tributarias y ambientales que han acabado por derrumbar cualquier atisbo de credibilidad de Doe Run en el gobierno, en los acreedores, en la comunidad preocupada por el cuidado del ambiente, en el sector empresarial y, en general, en el país. Esta compañía ya ha sido expulsada de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.
La deuda acumulada por Doe Run con la Sunat es de S/.760 millones y las obligaciones impagas con proveedores suman alrededor de US$110 millones, mientras que, en el plano ambiental, se sigue postergando el cumplimiento cabal del PAMA, el cual requiere una inversión de unos US$150 millones.
El replanteamiento de todas estas obligaciones se ha venido negociando a través de sucesivas postergaciones. El nuevo plazo en el que la empresa debería reiniciar la operación y asegurar el cumplimiento de todas sus obligaciones vence en apenas cinco semanas, pero ya se prevé –por los comunicados que ha difundido Doe Run– que esto no se hará efectivo.
Con la excusa de que “subsisten algunas inconsistencias que deben ser superadas en base al diálogo con los representantes del Ministerio de Energía y Minas”, acompañada de una campaña de imagen que solo despierta más suspicacia, Doe Run pretende ahora seguir engatusando al país.
Como parte de ello, y usando el miedo legítimo de la población adyacente a la operación a perder del empleo, Doe Run está movilizando –según el gobierno– a la gente para realizar acciones de fuerza como el bloqueo de la Carretera Central.
Esto ya estuvo bueno. Basta de burlarse del país. El gobierno debe prepararse para poner en marcha una intervención inteligente que permita proceder a la reestructuración de esta operación minera –por ejemplo, en el ámbito del Indecopi– con el fin de establecer las condiciones para un desarrollo responsable del proyecto metalúrgico de La Oroya que esté en armonía con la legalidad y la decencia.
Diario La República-Lima 16/06/2010
DOE RUN DEBE IRSE, YA
Hay varias razones que explican el porqué Doe Run ha podido llegar a esta situación de burla a las leyes y autoridades peruanas. La primera es el bien conocido comportamiento tramposo de Ira Rennert, propietario de Doe Run y del Complejo Metalúrgico de La Oroya –con una fortuna personal en el 2010 de US$ 5,300 millones, según Forbes–, quien también tiene acusaciones en Utah, donde la agencia ambiental de EEUU la consideró, en 1999, “como la industria más contaminadora”.
La segunda es el comportamiento blandengue de las autoridades peruanas desde el inicio de sus operaciones en 1997. Dice Juan Aste que “el balance de pérdidas y ganancias de Doe Run para 1998-2004 da una pérdida neta de US$ 24.6 millones. Sin embargo, en el mismo período el envío de fondos a su casa matriz y a los bonistas en EEUU fue de US$ 130.7 millones” (“¿Cierre o continuidad de La Oroya?”, 2005).
Lo mismo sucedió con las sucesivas prórrogas para el cumplimiento del PAMA, lo que en el 2004 culminó con la prórroga hasta el 2009, que fue también incumplida. En octubre, el Congreso promulgó la Ley 29410, que le dio otra prórroga de 10 meses, que se cumplen este 24 de julio.
La razón de las prórrogas es la reticencia de los gobiernos a “poner en orden” a una empresa extranjera que adquirió La Oroya cuando el Estado la privatizó en octubre de 1997, con el argumento de que esto “dañaría al proceso de privatización en su conjunto”. Esta “carta blanca” dio lugar a la prepotencia, al punto que Doe Run fue expulsada de la Sociedad de Minería en enero del 2010.
También que la Constitución de 1993 (Art. 60) establece la subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado (solo puede haber empresa estatal donde los privados no quieran entrar). Así, el Estado, inclusive hasta hoy, no considera esa posibilidad, lo que hace que los trabajadores, al ver que el único empleador posible es Doe Run, se hayan puesto de su lado en varias oportunidades, lo que ha sido aprovechado por la empresa, algo que fue admitido por Alan García el 28 de julio pasado.
Asimismo, el Art. 62 de la Constitución dice que los contratos ley “no pueden ser modificados legislativamente”, sino solo si hay acuerdo entre las partes. Esta disposición no existe en las Constituciones de otros países de la Región y, claro, otorga al inversionista un excepcional “blindaje jurídico” en una disputa internacional. Estos dos artículos deben derogarse, como lo hemos planteado numerosas veces.
¿Cuál sería la salida legal de aquí al 24 de julio? Una de ellas es que, vía Indecopi, se constituya la Junta de Acreedores, como se planteó el año pasado. Aquí un problema es que algunos acreedores privados no quieren hacerse cargo de la empresa. Otra solución pasa por garantizar a los trabajadores una indemnización que termine con la actual situación de paro y bloqueo de carreteras. Según María Chappuis, ex directora de Minería del MEM, otorgar US$ 10,000 a cada uno de los 3,800 trabajadores costaría US$ 38 millones.
La cuestión es que –con todo el blindaje legal que le otorga la actual legislación a Doe Run– una nacionalización de La Oroya podría salir “más cara que la camisa” y eso sería, precisamente, lo que busca Rennert. En efecto, las deudas a asumir –más los juicios pendientes a Doe Run en EEUU por la contaminación en La Oroya– ascienden a US$ 1.280 millones.
Dicho esto, no cabe duda de que el Estado va a tener que intervenir porque la actual situación es ya insostenible debido a la laxa y complaciente conducta de los gobiernos desde 1997. Lo que nos dice que la readecuación de las relaciones entre mercado, Estado y empresa privada necesita un replanteamiento profundo. ¿No es cierto?
Diario La República-Lima 16/06/2010
POLICÍAS REPRIMEN VIOLENTAMENTE A MANIFESTANTES EN LA OROYA
Con suma fuerza, la Policía Nacional reprimió a varios piquetes de trabajadores de la minera Doe Run Perú (DRP) que acatan desde el lunes una paralización indefinida en La Oroya (Junín).
Los incidentes se registraron en los exteriores del hospital de EsSalud de La Oroya, ubicado en el sector de Huaynacancha, donde algunos manifestantes se movilizaban de forma pacífica.
Fue en esos momentos en que los agentes del orden hicieron uso de sus varas y escudos para desalojar a los huelguistas. Los pocos que se resistían, fueron golpeados en repetidas oportunidades y, en algunos casos, detenidos.
Tal fue el caso de Manuel Zavala Arzapalo, arrestado cerca al referido nosocomio; otro tanto ocurrió con Fidel Cochachi, en el sector de Marcavalle. De igual manera, los efectivos policiales agredieron al abogado Miguel Huanay, por el mero hecho de intentar defender a los manifestantes.
Huanay fue conducido de emergencia a raíz de los golpes recibidos. También se reportaron denuncias de manifestantes agredidos por policías en el sector de Buenos Aires.
Cabe indicar que, a parte de estos disturbios, los mineros se limitan a marchar pacíficamente y sin realizar bloqueo de vías.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 15/06/2010
INDÍGENAS Y CAMPESINOS ESTUDIAN PROTESTAS POR LEY DE CONSULTA
Las organizaciones nativas y campesinas evaluarán realizar medidas de fuerza si es que el gobierno no promulga a la brevedad la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas.
Así lo advirtió Mario Palacios, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería del Perú (CONACAMI), quien instó al Ejecutivo a actuar de manera responsable.
Según el dirigente, la demora en la promulgación de la norma no sería un hecho fortuito, sino que tendría como intención la eventual devolución del texto al Parlamento en forma indefinida.
"Esa es la política del Estado frente a los pueblos indígenas (...) esta ley debe promulgarse pese a sus grandes falencias, por ser un mecanismo de apertura entre las comunidades y el Estado", subrayó.
En ese sentido, recordó que el 5 de junio se cumplió el plazo de 60 días otorgado por las comunidades indígenas para que el gobierno promulgue la ley, que les permitirá decidir sobre los proyectos de desarrollo que se ejecutan en sus territorios. "El gobierno nos está obligando a tomar medidas de fuerza", enfatizó
De otro lado, Palacios demandó la inmediata reestructuración del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA) para que cumpla su rol como interlocutor con los pueblos originarios.
Para tal fin, destacó la necesidad que los pueblos originarios sean involucrados activamente en las labores de dicho organismo. "El INDEPA, en todos sus años, ha jugado un rol de ping pong de distintos ministerios, pero nunca ha cumplido su rol de velar por el derecho de los pueblos", agregó.
Finalmente, Palacios se mostró preocupado pues -según denunció- el gobierno estaría impulsado y negociando con "organizaciones paralelas y fantasmas" como la denominada Coordinadora de Pueblos Awajún.
"Es un doble juego; por un lado, pretende hacer ver a la población como que busca un espacio de diálogo con los pueblos amazónicos y andinos, pero por el otro incurre en estos desacuerdos", concluyó.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 15/06/2010
FAMILIARES DE MUERTOS Y HERIDOS EN AMAZONAS RECLAMAN INDEMNIZACIONES
Familiares de los fallecidos y heridos en las protestas realizadas en junio del 2009 en Amazonas conformaron una asociación para solicitar al gobierno las respectivas reparaciones.
Leodoro Gonzales Uriarte, presidente de la referida asociación, detalló que son más de 60 deudos de quienes fallecieron en las ciudades de Bagua Grande, Bagua Chica (Amazonas) y Jaén (Cajamarca).
Como se recuerda, la población de dichas provincias salió a manifestarse en respaldo a los nativos que acataban una huelga indefinida contra los decretos legislativos que afectaban sus derechos. En aquella jornada, hubieron dos fallecidos en cada ciudad, totalizando seis personas muertas.
Así mismo, en la fecha se contabilizaron más de cien heridos, muchos de gravedad y cuyas secuelas todavía no superan. Por eso, remitieron una carta al titular del Poder Judicial, Javier Villa Stein, donde denuncian que no han recibido indemnización alguna a más de un año del "Baguazo".
"No vemos hasta hoy justicia de ninguna de las entidades públicas, como el Poder Judicial, para con los familiares de los fallecidos y heridos de aquel fatídico día. Esperamos que no se repita en la historia de nuestra patria", señaló Gonzales.
Finalmente, el dirigente invocó a las autoridades a acelerar los juicios en marcha y determinar a los responsables de las agresiones cometidas contra la población civil.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 15/06/2010
