Por carecer de elementos probatorios, lo que demuestra inconsistencia de cargos. Exigen cese del proceso.
DEVUELVEN A FISCALÍA CARGOS CONTRA COMUNEROS

Los 17 comuneros acusados de presunta agresión y secuestro en la ocupación del cerro Condorhuain, donde la empresa Barrick Misquichilca pretendía efectuar exploraciones de oro, rindieron su manifestación en el Poder Judicial de Huaraz, encontrándose que la acusación fiscal carecía de elementos probatorios, al no haberse individualizado las responsabilidades, en las protestas ocurridas en el 2007.

De esta manera el caso pasa nuevamente a la Fiscalía para realizarse una próxima revisión, mientras diversas organizaciones expresan su solidaridad con los campesinos, para quienes la Fiscalía ha pedido 30 años de prisión, pese a tratarse de acciones que surgieron en una protesta social y no de un acto delincuencial común.

La audiencia se realizó con el marco de una movilización de más de cuatro mil manifestantes que llegaron hasta la Plaza de Armas de Huaraz, capital de la región Ancash, para expresar su solidaridad con los líderes indígenas y exigir el cese de la judicialización de la protesta.

Los hechos se remontan al año 2007, cuando las comunidades de la zona se movilizaron hasta el cerro Condorhuain, ubicado en la comunidad campesina de Paccha, para protestar contra la explotación minera del cerro, considerado un lugar sagrado por los indígenas y donde están las fuentes de agua indispensables para sus actividades de subsistencia (agricultura) y para su propio consumo.

Es allí donde la empresa minera Barrick Misquichilca ha solicitado una concesión que afectaría a más de ochenta ojos de agua. Las comunidades de la zona no han sido consultadas, como lo ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y las actividades mineras impactarían gravemente en la cantidad y calidad del agua, según los comuneros.

Mientras miles de comuneros y otros ciudadanos se movilizaban en Huaraz, en Lima dirigentes de las organizaciones indígenas nacionales de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, reunidos en un encuentro organizado por la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), expresaron en un comunicado conjunto su solidaridad con los acusados.

Los dirigentes andinos demandaron el archivamiento del juicio y exigieron el cese de la criminalización de los pueblos indígenas, sus organizaciones y sus líderes en el Perú y toda la subregión andina.

Diario La Primera-Lima 22.04.2011