 |
| (Foto: Archivo El Comercio) |
El Gobierno finalmente envió al Congreso dos normas que intentan dinamizar la economía. Se trata del proyecto de ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de las inversiones en el país; y el proyecto de ley de contrataciones del Estado, para así revertir los resultados adversos experimentados en los primeros meses del año.
El primer proyecto de ley abarca desde aspectos laborales, impulso a las pequeñas y medianas empresas, hasta aspectos de simplificación tributaria, impulso a la inversión de grandes proyectos (mineros, hidrocarburos, construcción).
Dentro del paquete de medidas, llama poderosamente la atención la flexibilización de aspectos relacionados con la fiscalización ambiental, los que, en buena medida, estarían deteniendo el desenvolvimiento de las grandes inversiones.
Estos trámites agobian al sector minero-energético. Como se recuerda, Ricardo Briceño, ex presidente de la Confiep, identificó más de 180 cuellos de botella, lo que justificaría la decisión del Gobierno.
El primer proyecto de ley abarca desde aspectos laborales, impulso a las pequeñas y medianas empresas, hasta aspectos de simplificación tributaria, impulso a la inversión de grandes proyectos (mineros, hidrocarburos, construcción).
Dentro del paquete de medidas, llama poderosamente la atención la flexibilización de aspectos relacionados con la fiscalización ambiental, los que, en buena medida, estarían deteniendo el desenvolvimiento de las grandes inversiones.
Estos trámites agobian al sector minero-energético. Como se recuerda, Ricardo Briceño, ex presidente de la Confiep, identificó más de 180 cuellos de botella, lo que justificaría la decisión del Gobierno.
El plan del Gobierno para impulsar el crecimiento económico
Para destrabar este nudo, el Ejecutivo propuso un paquete de normas que flexibilizan la normativa ambiental y recortan las prerrogativas del Ministerio del Ambiente (Minam) y sus órganos de línea: el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (Sernanp).
¿Qué propone el Gobierno? En primer lugar, regular las funciones del OEFA en atención a las criticas del sector minero-energético, que se queja de su desmedida severidad sancionadora.
Al efecto, se busca que el ente fiscalizador reduzca sus multas ambientales a un 35% del monto original durante un período de tres años, en los que deberá priorizar la prevención y corrección de conductas. Y para evitar el “incentivo perverso” en la imposición de sanciones, se establece que estos irán directamente al Tesoro Público y no a las arcas del ente fiscalizador.
Lorenzo de La Puente, experto en derecho ambiental y socio de De La Puente Abogados, comentó que esta regulación es necesaria, pues la falta de racionalidad del OEFA ha generado arbitrariedades en los últimos dos años. “El OEFA está obligada a incentivar la producción limpia en el Perú, pero solo se ha dedicado a multar”, señaló.
MENOS PODERES
El Ejecutivo también plantea que sea el Consejo de Ministros, y no el Minam, el que decida en la creación de áreas reservadas y en la fijación de estándares de calidad ambiental (ECA) y límites máximos permisibles (LMP). Dichas medidas serán tomadas en consenso con los sectores involucrados y se refrendarán mediante decreto supremo.
De esta manera, se prevendría la creación de una nueva área reservada en la franja costera de Piura y Tumbes (que se sobrepone a 11 lotes de hidrocarburos) y la imposición de los nuevos ECA de aire, que las fundiciones de cobre se ven imposibilitadas de cumplir hasta la fecha por ausencia de tecnología adecuada.
El paquete también prevé acortar a 30 días el plazo de emisión de las opiniones vinculantes y no vinculantes requeridas para aprobar los estudios de impacto ambiental (EIA) de los proyectos de inversión.
A Pedro Solano, director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, le pareció conveniente esta última medida; sin embargo, indicó que con la norma en general nuevamente se menosprecia o descalifica la importancia de los temas ambientales para promover las inversiones. “Como lo veo, ahora los temas ambientales tendrán más burocracia”, indicó.
LA RECETA DEL EJECUTIVO
Deudas tributarias e IGV. Plantea la disminución de las deudas tributarias libres de litigios y procesos administrativos de empresas y personas, vía la extinción de la capitalización de los intereses moratorios –que hoy ascienden a 14,4% anual– desde el 31 de diciembre de 1998 hasta similar período del 2005. Además de la suspensión de intereses moratorios en la etapa de apelación y facilidades en medidas cautelares, y modificar la ley que aprueba el régimen de percepciones del IGV.
Garantías en la minería. Incorpora un nuevo contrato de estabilidad tributaria a los proyectos mineros con capacidad de producción inicial superior a las 15.000 toneladas métricas por día.
Tributos municipales. Propone uniformizar los parámetros que usan las municipalidades para determinar las tasas de trámites, derechos y licencias, con la finalidad de que estos se aproximen al costo en que incurre la comuna para brindar sus servicios.
Regulación ambiental. Modifica la fuente de financiamiento de las entidades fiscalizadoras en materia ambiental, de ingresos por multas a presupuesto del Tesoro Público.
Pequeñas y microempresas. Crea un fondo por S/.600 millones a través de Cofide para garantías y factoring, además para instrumentos de difusión tecnológica. Incrementa el fondo Promype a S/.1.200 mlls. y su alcance.
LAS CIFRAS
► En 17% podrían disminuir las deudas tributarias de aprobarse las nuevas medidas, según el tributarista Jorge Picón. Estas eran necesaria porque la Sunat ya venía perdiendo varios litigios.
► 120.000 millones de soles es la deuda tributaria vigente que mantienen las personas y empresas con la autoridad recaudadora.
► 60 días hábiles tendrían el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas para revisar los nuevos estándares de calidad ambiental de aire, que hoy afectan las fundiciones de metales.
►15 años de estabilidad tributaria tendrían los proyectos mineros que demanden una inversión superior a los US$500 millones.
¿Qué propone el Gobierno? En primer lugar, regular las funciones del OEFA en atención a las criticas del sector minero-energético, que se queja de su desmedida severidad sancionadora.
Al efecto, se busca que el ente fiscalizador reduzca sus multas ambientales a un 35% del monto original durante un período de tres años, en los que deberá priorizar la prevención y corrección de conductas. Y para evitar el “incentivo perverso” en la imposición de sanciones, se establece que estos irán directamente al Tesoro Público y no a las arcas del ente fiscalizador.
Lorenzo de La Puente, experto en derecho ambiental y socio de De La Puente Abogados, comentó que esta regulación es necesaria, pues la falta de racionalidad del OEFA ha generado arbitrariedades en los últimos dos años. “El OEFA está obligada a incentivar la producción limpia en el Perú, pero solo se ha dedicado a multar”, señaló.
MENOS PODERES
El Ejecutivo también plantea que sea el Consejo de Ministros, y no el Minam, el que decida en la creación de áreas reservadas y en la fijación de estándares de calidad ambiental (ECA) y límites máximos permisibles (LMP). Dichas medidas serán tomadas en consenso con los sectores involucrados y se refrendarán mediante decreto supremo.
De esta manera, se prevendría la creación de una nueva área reservada en la franja costera de Piura y Tumbes (que se sobrepone a 11 lotes de hidrocarburos) y la imposición de los nuevos ECA de aire, que las fundiciones de cobre se ven imposibilitadas de cumplir hasta la fecha por ausencia de tecnología adecuada.
El paquete también prevé acortar a 30 días el plazo de emisión de las opiniones vinculantes y no vinculantes requeridas para aprobar los estudios de impacto ambiental (EIA) de los proyectos de inversión.
A Pedro Solano, director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, le pareció conveniente esta última medida; sin embargo, indicó que con la norma en general nuevamente se menosprecia o descalifica la importancia de los temas ambientales para promover las inversiones. “Como lo veo, ahora los temas ambientales tendrán más burocracia”, indicó.
LA RECETA DEL EJECUTIVO
Deudas tributarias e IGV. Plantea la disminución de las deudas tributarias libres de litigios y procesos administrativos de empresas y personas, vía la extinción de la capitalización de los intereses moratorios –que hoy ascienden a 14,4% anual– desde el 31 de diciembre de 1998 hasta similar período del 2005. Además de la suspensión de intereses moratorios en la etapa de apelación y facilidades en medidas cautelares, y modificar la ley que aprueba el régimen de percepciones del IGV.
Garantías en la minería. Incorpora un nuevo contrato de estabilidad tributaria a los proyectos mineros con capacidad de producción inicial superior a las 15.000 toneladas métricas por día.
Tributos municipales. Propone uniformizar los parámetros que usan las municipalidades para determinar las tasas de trámites, derechos y licencias, con la finalidad de que estos se aproximen al costo en que incurre la comuna para brindar sus servicios.
Regulación ambiental. Modifica la fuente de financiamiento de las entidades fiscalizadoras en materia ambiental, de ingresos por multas a presupuesto del Tesoro Público.
Pequeñas y microempresas. Crea un fondo por S/.600 millones a través de Cofide para garantías y factoring, además para instrumentos de difusión tecnológica. Incrementa el fondo Promype a S/.1.200 mlls. y su alcance.
LAS CIFRAS
► En 17% podrían disminuir las deudas tributarias de aprobarse las nuevas medidas, según el tributarista Jorge Picón. Estas eran necesaria porque la Sunat ya venía perdiendo varios litigios.
► 120.000 millones de soles es la deuda tributaria vigente que mantienen las personas y empresas con la autoridad recaudadora.
► 60 días hábiles tendrían el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas para revisar los nuevos estándares de calidad ambiental de aire, que hoy afectan las fundiciones de metales.
►15 años de estabilidad tributaria tendrían los proyectos mineros que demanden una inversión superior a los US$500 millones.
Diario El Comercio 20.06.14
