Gracias al Gobierno de Humala, comenzó la destrucción legal de nuestro pasado histórico
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| Foto: erick Maquera, patética muestra de como se trata el patrimonio
arqueológico, como se aprecia la arenera ha tasajeado el sitio cual
torta, dejandolo a punto de venirse abajo |
El presidente Humala dio en abril una de las
estocadas mas letales contra nuestro patrimonio arqueológico, los DS 054
y 060 impulsado por su ministro de Economía que en su visión
absolutamente neoliberal y arrasadora, atenta directamente contra
nuestro legado cultural, al reducir drásticamente el periodo que el
Ministerio de Cultura tiene para declarar si un territorio tiene o no
zonas arqueológicas, un Ministerio recién creado con poco personal
calificado para el tamaño del territorio nacional, encima enquistado de
una burocracia muchas veces absurda. Me pregunto que va pasar si una
petrolera trasnacional va al Ministerio para saber si en la provincia
Requena de la región Loreto. que es tan grande como el Región Lima, hay
restos arqueológicos y el fatal nuevo DS le da solo 15 días para
responder, si no la empresa tiene el visto bueno del gobierno para
arrasar con todo? si la sede del Ministerio de Cultura en Loreto no
cuenta con mas de dos arqueólogos?, la respuesta es fácil desaparición
masiva de nuestros sitios arqueológicos sin descubrir y de los no
registrados.
Gracias Humala por destruir nuestro pasado.
Fuente: http://enfoquederecho.com/
Por: Marco Gamarra Galindo.
Estudiante de Derecho PUCP y Coordinador del Colectivo Cultural Salvemos Lima.
El
pasado mayo el Poder Ejecutivo anunció siete medidas para promover la
inversión en nuestro país, en un intento por superar la desaceleración
que atravesaba el crecimiento económico nacional en el primer trimestre
del año . Una de esas iniciativas ha sido la modificación del sistema
nacional de protección del Patrimonio Arqueológico. A continuación, un
análisis de esta medida que involucra directamente al legado histórico y
cultural del que somos herederos todos los peruanos.
Entre las
medidas tomadas por el gobierno para promover la inversión el pasado
mayo, destacan los decretos supremos 054 y 060 que modifican el
procedimiento administrativo de obtención del Certificado de
Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), seguido ante el Ministerio
de Cultura (MINCU), reduciendo sus plazos de emisión de 30 a 20 días y
transitando del silencio administrativo negativo al silencio
administrativo positivo en caso de ausencia de pronunciamiento expreso
del MINCU.
¿Cómo era antes? Si un particular o una entidad del
Estado tenía intenciones de realizar un proyecto de inversión (por
ejemplo, construir una carretera, una hidroeléctrica, etc.), debía
iniciar un procedimiento administrativo ante el MINCU para la obtención
del CIRA, que no es sino una evaluación arqueológica del terreno en el
que se ejecutará el proyecto de inversión, con el fin de determinar la
existencia o no de vestigios arqueológicos. Una vez evaluado el terreno,
el MINCU daba al administrado una respuesta: en el área existen o no
existen restos arqueológicos. Si por alguna razón el MINCU no cumplía
con emitir una respuesta formal en el plazo de 30 días, que era el plazo
de vigencia del procedimiento, operaba el silencio administrativo
negativo, es decir, la solicitud del administrado era declarada
infundada.
¿Cómo es ahora? Con la promulgación de los mencionados
decretos supremos, el plazo de vigencia del procedimiento se reduce a
20 días y, sí en ese tiempo no hay un pronunciamiento formal del MINCU
sobre la existencia o no de vestigios arqueológicos en el terreno, el
pedido del administrado se ve satisfecho, es decir, opera el silencio
administrativo positivo. Con el añadido que, de comprobarse la
existencia de tales restos y emitirse el CIRA en esos términos, el
titular del proyecto de inversión debe presentar un Plan de Monitoreo
Arqueológico, el cual debe ser aprobado formalmente por el MINCU dentro
de un plazo no mayor de 10 días, funcionando el silencio administrativo
positivo, es decir, dándose por aprobado dicho Plan si es que no hay
pronunciamiento de la autoridad.
¿Qué implicancias y qué impactos
tienen estos decretos supremos? ¿Si resultan favorables para la
inversión en tanto reducen trabas burocráticas y administrativas por qué
son cuestionados por diversos organismos que defienden el Patrimonio
Arqueológico?
En primer lugar, el Poder Ejecutivo parece
desconocer el momento particular que vive el MINCUL, una cartera joven
(creada en el 2010) que carece en la actualidad de los recursos,
personal, tecnología y presupuesto necesarios para realizar exitosamente
su primera labor, la cual es defender el patrimonio cultural de nuestro
país mediante la formulación, dirección y planeación de políticas
nacionales y sectoriales.
El MINCUL: está rebasado por la
realidad: de los 366 sitios arqueológicos que existen en Lima
Metropolitana, el 60% está en riesgo de ser invadido por traficantes de
terrenos; solo el 12% del total de sitios se encuentra debidamente
inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP);
y, además de su situación legal, las huacas de Lima tienen un grave
problema de delimitación, al punto que un solo porcentaje mínimo se
encuentra demarcado y protegido por los correspondientes hitos. Las
cifras y los hechos, manejados por la Dirección de Arqueología del MINCU
, no dejan espacio para la mentira o la exageración y son el reflejo
del preocupante estado de nuestro patrimonio arqueológico limeño. Si
esto es así en la capital de la República, ¿se imaginan el estado de
cosas en otros departamentos de nuestro país?
Hace pocos días
fuimos testigos de una prueba tangible de la advertida debilidad del
MINCU. El Sitio Arqueológico El Paraíso, ubicado en el distrito de San
Martín de Porres, sufrió un grave atentado . Una de las pirámides de
este complejo, el más antiguo de Lima Metropolitana, fue destruida sin
el menor remordimiento por un grupo de personas no identificadas detrás
de las cuales se asoma intereses inmobiliarios. Así, pese a que dicho
complejo ya venía siendo amenazado desde meses atrás, el MINCU no fue
capaz de ofrecer la seguridad necesaria para El Paraíso, complejo
arqueológico elegido por el Ministerio como su primer proyecto de
inversión pública desde finales del 2012. ¿Cómo fue posible que un
atentado de esa naturaleza pudiera ocurrir en las propias narices del
MINCU, organización que venía velando por la recuperación y restauración
de este sitio? Si en un lugar que es calificado por el MINCU como
proyecto bandera ocurre ello, ¿qué podrá suceder en aquellos sitios en
los que la presencia del MINCU en materia de proyectos es nula?
En
fin, más allá de los (pocos) casos que sí merecen destacarse
positivamente –un ejemplo es Palomino, en el Centro de Lima-, la labor
del MINCU es deficiente y pobre en términos de defensa del patrimonio
cultural, tanto en la elaboración de proyectos vinculados a puestas en
valor como en mecanismos de obtención de financiamiento.
Antes
de, o paralelamente a la promulgación de los mencionados decretos
supremos 054 y 060, el gobierno debió fortalecer institucional y
financieramente al MINCU, es decir, revertir su estado de debilidad y de
pariente pobre. No lo ha hecho. Ha preferido sumarle responsabilidades
mayores y acortarle los plazos de decisión, sin concederle un
funcionario más y sin dotarlo de un sol más.
Ahora, para salvar el
patrimonio arqueológico, el insuficiente e ineficiente MINCU deberá
revisar sí o sí todos los pedidos de CIRAS que le lleguen y emitir el
pronunciamiento que corresponda en el breve plazo dispuesto. De no
hacerlo, operará el silencio positivo y el administrado podrá meter un
bulldozer al terreno con el peligro de la destrucción de invalorables
vestigios arqueológicos.
Sin personal y sin recursos, ¿qué y cómo
hará el MINCU? ¿Será posible remontar las condiciones de vulnerabilidad
en la que hoy se encuentra la defensa del patrimonio arqueológico y, de
paso, se hará frente a los nuevos retos que plantea los decretos
supremos 054 y 060? Difícil. Más aun si se tiene en cuenta que en
diversas regiones del país las solicitudes del CIRA se incrementan de
manera notable, como nos muestran los casos de San Martín y Junín, donde
las solicitudes del CIRA se han elevado en 600% y 50%, respectivamente.
Quienes cuestionan la decisión del gobierno y la concreta
promulgación de estos decretos supremos no niegan la importancia de la
inversión en nuestro país ni, por supuesto, se oponen a ella; tampoco
están en contra de la necesidad de romper con las trabas burocráticas
que contaminan nuestra administración pública. Lo que sí critican, con
justicia, es el erróneo planteamiento que subyace en tales normas: la
presentación de una imagen negativa del patrimonio cultural como
sinónimo de obstáculo para el desarrollo; así como la no adecuación del
MINCU a los nuevos tiempos y responsabilidades, lo que incrementa el
peligro de que en la práctica la promoción de la inversión –versión
Ollanta Humala- termine afectando nuestro patrimonio arqueológico.
Organismos
de la talla del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS
PERÚ) tienen razón, también, al señalar la falta de espíritu de diálogo
del Poder Ejecutivo para la redacción de estos decretos supremos . En
verdad, ni el Presidente Ollanta Humala ni el entonces Ministro de
Cultura, Luis Peirano, mostraron algún interés de escuchar
recomendaciones o intercambiar puntos de vista sobre la materia.
Ojalá
la nueva Ministra de Cultura, Diana Álvarez Calderón, escuche los
cuestionamientos de la sociedad civil y se convenza de la necesidad de
modificar los decretos supremos; al tiempo que, en una línea más
general, siente las bases de un sistema nacional de cultura para que el
MINCU mejore sus vínculos con los gobiernos regionales y locales, así
como con sus propias direcciones regionales, porque el rol de todas
estas entidades es vital para conseguir la protección del patrimonio
cultural del país.
Cuando hablamos de ‘defender’ el patrimonio
cultural no nos referimos únicamente a la intervención sobre lo material
o lo físico, sino también a construir ciudadanía, sentar las bases para
mejorar las condiciones de vida de las personas y promover la
identidad. El patrimonio cultural tiene un uso que está al alcance y
goce de la población. Es desarrollo y progreso.
El consorcio a cargo del proyecto y la empresa supervisora trabajaron desordenadamente.
Usuarios señalan que el nivel de agua es mínimo y responsabilizan a la empresa minera por esta situación.
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