ANTAMINA: INVIRTIENDO CON NUESTROS IMPUESTOS
En la convención minera de Arequipa, en setiembre pasado, el presidente de Antamina anunció que las reservas habían aumentado en más de 70% y que se tenían planes para expandir la capacidad de producción de mineral en 40%, pasando de 94,000 a 130,000 toneladas por día. Agrega el portal de la canadiense Teck, socia de Antamina, que “el estudio de factibilidad está en revisión y los accionistas esperan tomar una decisión en el IV Trimestre” (www.teck.com). El costo de la expansión sería de US$ 920 millones.
Claro, para que la inversión se materialice deben cumplirse todos los requisitos legales y ambientales. Respecto al financiamiento de la inversión, el presidente de Antamina dijo que “la empresa estaba explorando todas sus opciones financieras”.
Pues bien, ahora se sabe que Antamina ha pedido al Ministerio de Energía y Minas acogerse al Programa de Inversión con cargo a Utilidades No Distribuidas. ¿Qué significa esto? Que de la inversión de US$ 920 millones la empresa dejará de pagar impuestos al fisco peruano por la suma de US$ 276 millones (920 x 30%).
¿Por qué? Porque el programa permite que se reinviertan anualmente hasta el 80% de las utilidades de la empresa minera sin pagar impuesto a la renta (IR). La cuestión es que este programa –aprobado en 1992, cuando el país salía del proceso de hiperinflación y de la guerra interna– fue derogado en setiembre del 2000 porque, de un lado, las condiciones económicas y sociales ya habían cambiado y, de otro, porque significaba una pérdida importante de ingresos fiscales.
Pero el programa sigue rigiendo para quienes tienen contratos de estabilidad tributaria. Así, tanto Buenaventura como Cerro Verde se acogieron durante Toledo. Lo mismo está pidiendo Antamina. De aprobarse el programa, la región Áncash dejaría de percibir por canon minero el 50% del IR que se deja de pagar: US$ 138 millones.
El gobierno y las empresas argumentan que, con el incremento de la producción, el IR aumentará cuando se culmine la inversión, con lo cual todos saldrían ganando. Cierto, la producción va a aumentar pero lo central es que, con las ganancias obtenidas anteriormente y con los altos precios del cobre y el zinc (bajaron en el 2008 pero han vuelto a subir en el 2009), la empresa tiene la suficiente capacidad financiera para llevar a cabo dichas inversiones. Y las haría de todas maneras, porque le significan ganancia.
No solo eso. En el 2000, Antamina proyectaba recuperar su inversión inicial de US$ 2,200 millones en un plazo de 10 a 15 años. Sin embargo, debido a los altos precios, la inversión fue recuperada en los primeros 3 años (ver cuadro) y su tasa interna de retorno bordea el infinito.
En el 2006 se planteó poner un impuesto a las sobreganancias mineras, incluso por el candidato García. Pero no cumplió, optando por un irrisorio “óbolo minero”. No se anotó el gol cuando había que hacerlo. Hoy, a pesar de las enormes utilidades obtenidas por Antamina en los últimos años (US$ 6,300 millones), la empresa recurre al Programa de Reinversión, con un costo para el fisco de US$ 276 millones.
¿Cuánto se podría mejorar la educación e invertir en ciencia y tecnología con ese dinero? Habrá que preguntárselo al ministro Pedro Sánchez del MEM y también al ministro Carranza del MEF –que seguramente dará pase a esta reducción de impuestos, pero que sí se pone duro con los reclamos de los trabajadores y docentes universitarios–. Sería bueno que el Congreso y los gobiernos regionales tomen cartas en este asunto que demuestra, una vez más, adónde se sitúan las prioridades gubernamentales (y las de las empresas mineras).
Diario La República-Lima 23/11/2009
MINEROS ARTESANALES ABANDONAN PRIMERA REUNIÓN SOBRE ORDENAMIENTO MINERO EN MADRE DE DIOS
La primera reunión del Grupo de Trabajo de Ordenamiento Minero en Puerto Maldonado, en Madre de Dios, dejó ver como los representantes de las federaciones de mineros artesanales se mostraron más preocupados por la situación de las 13 dragas ilegales que extraen el oro de los ríos de esta parte del país, que por los intereses de los 30 mil mineros informales que existen en zonas como Huaypetue, Guacamayo y Dos de Mayo.
Según informó el Ministerio del Ambiente, MINAM, la reunión se llevó a cabo en el local de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, DIRANDRO, y contó con la presencia de más de 40 representantes de diferentes instituciones públicas relacionadas al tema de la minería informal.
En la cita participaron la Fiscalía de Prevención de Delitos y Delitos Ecológicos, la Presidencia del Consejo de Ministros,PCM, Dicapi, la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre del Minag y el gobierno regional de Madre de Dios.
También la Defensoría del Pueblo, la Dirección Regional de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, el Ingemmet, así como las federaciones de mineros artesanales que agrupan a más de 150 asociaciones dedicadas a la minería informal, cuyos miembros se concentraron en la plaza principal de la ciudad.
El sector indicó que en la primera reunión quedó de manifiesto la voluntad del gobierno peruano de ordenar la actividad minera informal en Madre de Dios que contamina los ríos y causa problemas de salud y daño ambiental, controlando el ingreso de dragas en el río Tambopata.
“El gobierno no dará marcha atrás en el reordenamiento de la minería aurífera en Madre de Dios, pues ya ha causado mucho daño a los pobladores y a los recursos naturales de la región por la contaminación con mercurio y por la tasa de deforestación que ha crecido exponencialmente debido a esta actividad”, recalcó el ministro del Ambiente, Antonio Brack Egg.
Mineros artesanales abandonaron cita
En medio de la lectura del acta de esta primera reunión del grupo de trabajo los representantes de los mineros artesanales abandonaron la mesa tras señalar que la agenda –previamente pactada por ellos y oficializada a través de la Resolución Ministerial N° 234-MINAM-2009- no contemplaba sus necesidades y demandas.
En esa línea – indica el MINAM- los representantes de Fedemin y Fenamarpe, se negaron a firmar el acta de la reunión que tendrá su segunda sesión en Puerto Maldonado a fines de noviembre.
Ante ello, el ministerio, que convocó a la conformación de este grupo de trabajo, indicó que seguirá adelante en la defensa y búsqueda de soluciones para frenar la contaminación por mercurio producida por minería ilegal en Madre de Dios.
“No nos amilanaremos por este primer resultado del grupo de trabajo, seguiremos adelante con la identificación de las zonas de exclusión minera (…) El diálogo ya se ha iniciado y seguirá su camino hacia la solución del problema”, manifestó el titular del Ambiente.
Respecto a la contaminación por mercurio en los ríos de Madre de Dios, el ministro Brack señaló que se vienen coordinando iniciativas para limitar el ingreso de mercurio a la zona, que es utilizado en el proceso productivo del oro.
“Junto con la Embajada Americana se avanza el Tratado Internacional sobre Mercurio, metal pesado que ingresa a nuestro país procedente de España y EE.UU. Y con el Ministerio de Economía se estudia la posibilidad de establecer un arancel al mercurio que eleve su valor en el mercado y obligue a su recuperación evitando que sea vertido a los ríos”, explicó.
Inforegión-Lima 23/11/2009
“GARCÍA NO ESTÁ INTERESADO EN RESOLVER LOS CONFLICTOS”
Entrevista/Eduardo Ballón. El experto señaló que el principal problema es que no hay interés de cumplir con los compromisos firmados.
Tras algunos meses de aparente calma, están recrudeciendo nuevamente los conflictos sociales, ¿qué está pasando?
Lo que ha pasado es que los conflictos no han llegado a las primeras páginas de los periódicos. Si uno se guía por los datos de la Defensoría los conflictos han seguido manteniéndose y creciendo a lo largo de estos meses, después de lo de Bagua. Lo que ocurre es que ahora vuelven a ser visibles porque adquieren radicalidad y enfrentamiento, como Abancay y Espinar.
¿No es peligroso que no se respete la democracia, como en Apurímac, donde trataron de vacar al presidente regional?
La institucionalidad existente en el país es bastante débil y lo es también el reconocimiento a su eficiencia. El conflicto en Apurímac demuestra eso.
El presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales, Hugo Ordóñez, dijo que los conflictos responden a la imposibilidad del gobierno de atender las demandas de la población…
Hay que diferenciar los conflictos, en el caso de Apurímac es una situación particular, que tiene razones muy complejas de competencia y desencuentro entre Abancay y Andahuaylas, por lo tanto mal se haría en responsabilizar al gobierno nacional. Pero hay otros conflictos, como el de Espinar, que demuestran que no se aprendió de los sucesos de Bagua. Demuestra la incompetencia y desidia de un gobierno que no está interesado en prevenir ni resolver los conflictos.
¿No está funcionando bien la Unidad de Conflictos de la PCM? Ellos afirman que hay una gran cantidad de mesas de diálogo…
Por ejemplo, el conflicto de Espinar era previsible, latente, y por lo menos en ese caso, no funcionaron los mecanismos de prevención, de mesas de diálogo y negociación. El conflicto de Moquegua también era previsible y tampoco funcionaron esos elementos. Lo que indicaría que no es tan claro si estos mecanismos creados por la PCM están funcionando efectivamente.
Desconocen los acuerdos…
Para ilustrar está el conflicto de las universidades, que es el conflicto de carácter nacional más evidente. Hay una gran cantidad de profesores que paran y toman universidades exigiendo el cumplimiento de los acuerdos que firmaron con el gobierno central para el aumento de sus remuneraciones, y no les han cumplido. Así que está más o menos claro que la mayoría de gente que firma los acuerdos lo hace con una enorme desconfianza.
La gente se cansa de tanto diálogo sin frutos concretos…
Así es, y el gobierno tiene una gran responsabilidad en el incumplimiento de muchos de los acuerdos firmados. Por eso hay un problema de credibilidad en estos mecanismos, pero además todo esto se trabaja desde Lima, cuando debería hacerse descentralizadamente.
¿El gobierno muestra interés en resolver los conflictos?
No le interesa y por el contrario, muchas veces, con el estilo provocador que tiene el Ejecutivo frecuentemente termina alentando muchos de los conflictos, como por ejemplo lo que pasó con las comunidades indígenas, que fue un conflicto provocado por el gobierno. Y recién después de eso el gobierno bajó su tono, su beligerancia, pero es más o menos claro que sigue de alguna manera presente la desconfianza que generó.
El presidente García y otras autoridades han afirmado que muchos de estos conflictos son promovidos por intereses políticos de sus críticos...
En algunos de los conflictos actúan intereses, eso es lo democrático. El tema de fondo es que el gobierno es muy renuente, si no incapaz de resolver algunos de esos conflictos. Peor aún, no es consecuente con los compromisos que asume.
¿No tiene real interés en cumplirlos?
En muchos casos da la impresión de que firman compromisos que no están dispuestos a cumplir, y lo hacen confiando en que la protesta se debilite, se desactive y no llegue a exigir lo que se firmó, esto a pesar de que permanentemente la vida les demuestra que esto no es así.
¿Ni siquiera porque podría afectar la popularidad del presidente García?
En el momento en que choque con su popularidad, el presidente descubrirá conspiraciones internacionales. Me da la impresión de que ni García ni el gobierno están interesados en resolver los conflictos, y que, como parte de su mirada sesgada de las cosas, están convencidos de que lo que hay acá son agitadores, descontentos, terroristas, bolivarianos, cocaleros, deONGs, es decir, gente que manipula a pobres ignorantes. Hay una incapacidad de entender lo que expresan los conflictos y un desprecio grande por quienes protestan.
“Hay que tener capacidad de prevención”
¿Qué ha pasado con Apurímac, es solo un problema por la distribución de presupuesto?
Es que además de eso hay otros temas, uno que tiene que ver con la competencia histórica de ambas provincias; también con el momento político, pues en muchas de las regiones se empieza a mover el tema electoral; y la tercera razón es el desgaste de una cantidad de autoridades en el país, los que tendrán crecientes dificultades para manejar y negociar críticas y conflictos. En Moquegua también hay un conflicto alrededor de la figura del presidente regional.
Todos quieren hablar con el premier, pues los demás funcionarios no tienen esa capacidad…
Lo que hay que hacer es tener la capacidad de prevención, es decir, de atender demandas razonables antes de que se conviertan en conflicto.
Diario La República-Lima 22/11/2009
RESPONSABILIZAN A PROINVERSIÓN POR ENFRENTAMIENTOS EN IMATA
El presidente regional del Cusco, Hugo Gonzales, criticó a la Agencia ProInversión por acelerar el proceso de licitación del proyecto Majes Siguas II, antes que se haga el estudio de balance hídrico y de impacto ambiental.
A través de CNR, Gonzales Sayán indicó que se tiene la intención de represar las aguas del río Apurímac, y por esta vía recargar de recurso a la represa de Angostura, origen de las protestas en Espinar.
“Manifestamos que esas aguas nos pertenecen y que ayudarán para irrigar estos territorios en Espinar a través del proyecto Cañón de Apurímac que está trabajando la región con 49 millones de soles”, precisó.
Señaló que tomaron acuerdos con la región Arequipa sobre este tema; sin embargo, las autoridades de dicho departamento continuaron el proceso a través de ProInversión.
“El Gobierno Regional del Cusco judicializó el tema. En primera y segunda instancia, el Poder Judicial le dio la razón al Cusco, indicando que antes de ejecutar la obra se debe efectuar el estudio de balance hídrico; ellos , dejando de lado la sentencia, aceleran la licitación, y la entrega del sobre es el 9 de diciembre”, aseveró.
En tal sentido, la autoridad regional refirió que ayer se reunió con el premier Javier Velásquez Quesquén, quien a su vez sesionará con representantes de ProInversión para aclarar este hecho.
“Estoy mandando una carta enérgica a ProInversión donde manifestamos nuestro punto de vista y los estamos haciendo responsable de cualquier hecho. Se debe suspender el proceso de licitación, y esperar que el mandato judicial se cumpla. Hemos conversado con la Autoridad Nacional de Aguas pues hay una empresa consultora que está haciendo el balance”, finalizó.
Cabe indicar que el presidente del Gobierno Regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén, manifestó tener “sospechas de mal gusto”, pues consideró extraño que los conflictos en Espinar aparezcan de golpe en el sector de Imata, en la provincia de Caylloma.
“Arequipa acata la sentencia judicial de Espinar y se realizan los estudios de balance hídrico y de impacto ambiental. Si no se concluyen estos trabajos, no se puede firmar ningún contrato con la empresa ganadora de la buena pro”, aseguró.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 22/11/2009
A RÍO REVUELTO, GANANCIA DE RÍO BLANCO
Los intereses que han surgido alrededor de los lamentables sucesos acontecidos en el campamento de la empresa minera Río Blanco Copper S.A. (ex Minera Majaz S.A.) el pasado 1º de noviembre, han generado que la muerte de tres personas sea penosamente utilizada, para lograr objetivos que de otra manera no hubiesen sido posibles.
Es así como se pretende confundir a la opinión pública, al gremio minero e incluso al propio gobierno (eso queremos creer) a través de algunos medios de comunicación, sobre la situación legal de la empresa minera. Al respecto, el gremio minero se ha pronunciado ante la opinión pública, indicando que “el Gobierno (…) haga prevalecer el principio de autoridad y las leyes en todo el territorio de la República”.
Justamente eso es lo que esperan desde hace 6 años las comuneras y comuneros de las comunidades campesinas de Segunda y Cajas (Huancabamba) y de Yanta (Ayabaca), en cuyas propiedades se encuentra ubicado el campamento minero de la empresa Río Blanco, que los distintos Gobiernos “hagan prevalecer las leyes”, y hagan respetar su derecho de propiedad, pues la empresa no tiene permisos ni de ellos como propietarios ni del propio Ministerio de Energía y Minas para operar, y ésta no puede escudar su permanencia en la zona, en un permiso para remediar los daños ambientales ocasionados en las tierras (Rehabilitación Ambiental), que ahora exhibe, acción que puede ser realizada por un tercero, con el dinero que aporte la empresa, pues este permiso no puede afectar en modo alguno el derecho de propiedad de las comunidades.
De otro lado, el que se “haga prevalecer el principio de autoridad”, tampoco importa que las fuerzas especiales de la DIVINCRI, que se han trasladado desde Piura y Lima hacia Huancabamba para encargarse de las investigaciones, efectúen detenciones arbitrarias y torturas contra campesinos, con el fin de incriminarlos en los lamentables hechos del 1º de noviembre. Se quiere hacer ver que son los comuneros y ronderos los que mantienen amenazadas a las autoridades. Pero, es justamente al revés. Son ellos los que se encuentra amedrentados y atemorizados con las recientes acciones, pues hasta la fecha tienen más de 100 procesos penales iniciados en su contra por la empresa minera, sus representantes o favorecidos, los que incluyen más de 300 personas procesadas, además de los que tienen denuncias injustificadas en su contra en el Ministerio Público.
Ahora, como corolario, dado que la empresa no puede tener los permisos para funcionar, se acuerda entre el Primer Ministro, los Ministros del Interior y de Energía y Minas, el Presidente Regional de Piura y el Gerente General de la empresa minera Rio Blanco Copper S.A., el instalar una base militar, que en la práctica permitiría que funcione de manera ilegal.
En ese sentido, podemos observar que quien ha explotado indebidamente la penosa situación de violencia, e incluso ha tenido una estrategia para hacerlo, ha sido la empresa minera Rio Blanco Copper S.A.
Finalmente, lo que seguimos esperando, son los resultados de una investigación seria, imparcial y respetuosa, para que no se continúe violando los derechos fundamentales de las comunidades y sus miembros; que esclarezca las 3 muertes producidas, y de esta forma no queden en la impunidad, como hasta la fecha si viene ocurriendo con la muerte de dos comuneros muertos en los años 2004 y 2005 en las cercanías del campamento minero, mientras exigían el respeto de la propiedad comunal.
Diario La República-Lima 21/11/2009
