5 de septiembre de 2007

MÁS DE 300 USUARIOS DE CANALES DE PORCÓN SE QUEDAN 'SIN AGUA'

Señalan que manantiales se secan por presencia de actividad minera.

Más de 300 usuarios de un canal de regadío de Porcón Bajo se quedaron sin agua al secarse los manantiales como consecuencia de la construcción de pozo tubular de 150 metros de profundidad para ser utilizada como parte de las actividades mineras en la zona.
La denuncia la hizo pública el alcalde del centro poblado de Porcón Bajo, .Juan Calua Castrejón, señalando a Minera Yanacocha como la causante de este grave problema que afecta a 320 usuarios de un canal de regadío de la zona que nace a la altura del Km. 24 de la carretera Cajamarca Bambamarca y recorre hasta la altura del km. 10 de la misma vía.
Los manantiales afectados por la construcción del pozo tubular son el de Majadarío y Minas Punta. Según la denuncia del alcalde Juan Calua Castrejón el pozo tubular fue construido a la altura del paraje el Lirio, que se ubica en la cabecera de los dos manantiales.
No nos parece justo la decisión de Minera Yanacocha de buscar su propio provecho en perjuicio de los 320 usuarios del canal, cuya agua es utilizada no solamente para el riego de las tierras de cultivo o para los animales, sino también para el consumo humano.
Las autoridades y los pobladores de Porcón Bajo no vamos a permitir semejante abuso de parte de Minera Yanacocha a cuya empresa les solicitamos que a la brevedad posible nos repongan los 4 litros de agua por segundo que sale de ambos manantiales a fin de no perjudicar a la comunidad, expresó el referido alcalde.
Fue enfático al manifestar que en caso de no ser escuchados de inmediato por parte de la empresa minera, las autoridades y los pobladores tomarán medidas drásticas en los próximos días, lo que conllevaría al bloque de la carretera no permitiendo el ingreso y salida de vehículos a yacimiento de Minera Yanacocha.
Estamos convencidos de que Minera Yanacocha tomará acciones que permitan devolver el agua a los pobladores de nuestro centro poblado de lo contrario no somos responsables de lo que a futuro pueda decidir la comunidad afectada por la falta de agua, precisó Juan Calua, quien dijo que la población no va a soportar el quedarse sin agua por obra y gracia de la empresa minera.
Diario El Clarín – Cajamarca 05/09/2007




AUTORIDADES DESCARTAN MUERTE DE TRUCHAS POR CONTAMINACIÓN EN PISIT

Algunos pobladores y dirigentes habrían tramado una campaña difamatoria de una supuesta contaminación de las aguas del río.

Santa Cruz (Cajamarca).Las autoridades locales, provinciales y de la dirección regional de Salud Cajamarca descartaron la denuncia de muerte de truchas en la zona del centro poblado de Pisit provincia de San Miguel por una supuesta contaminación, información vertida por un grupo de pobladores del lugar.
Los representantes de las municipalidades de Santa cruz y Pisit y la dirección regional de Salud señalaron tras la visita realizada ayer a la zona que se descarta la contaminación en el río Pisít provincia de San Miguel- ante la versión de algunos pobladores y autodenominados dirigentes, quienes señalaron que las aguas estarían contaminadas por las actividades de las empresas mineras que operan en esa zona.
El alcalde del centro poblado de Pisist, Indorfe Solano Jara, dijo que en dicha zona "existen Pisigranja, las cuales no han sido afectadas, por lo que hay que ser concientes y no hablar por hablar, las empresa mineras no están trabajando en exploración ni explotación", precisó la autoridad edil.
Los representantes de la dirección regional de de Salud Cajamarca viajaron hasta el mismo lugar de los hechos para ver in situ el problema, quienes constataron y señalaron que seria una muerte natural, por lo que llevaron muestras para el examen de laboratorio y determinar los resultados verdaderos de la causa de la muerte de algunas truchas que se produjo en la zona.
Algunas autoridades de la zona comentaron que tras conocerse los resultados oficiales emitidos por las autoridades de Salud se descartarán algunas versiones antojadizas de algunos dirigentes ronderos quienes estarían "creando una cortina de humo para distraer a la población y autoridades de otros hechos que en cualquier momento serán descubiertos".
Por su parte, Henry Delgado Posadas, regidor de la municipalidad provincial de Santa Cruz y presidente de la comisión del - Medio Ambiente, además director de la Agencia Agraria manifestó que los ejemplares encontrados muertos están aguas abajo del caserío Vista Alegre, lo que no sucede en la parte alta donde existen pisigranjas de gran magnitud y existentes además muchos ejemplares en forma natural, lo que descartaría una contaminación de las aguas.

POBLACIÓN CANSADA

La población de Santa Cruz no descarta que esto aya (sic.) sido provocado por inescrupulosos personajes que tratan de lucrar con la ignorancia de la población y buscar sus apetitos personales. Los moradores de esta jurisdicción ya están cansados de estas "artimañas sospechosas que en vez de buscar el desarrollo están creando desconfianza y el atraso de los pueblos".
Diario El Clarín – Cajamarca 05/09/2007






SUPERVISIÓN DE ONGS ES 'NECESARIA' POR CANTIDAD DE DINERO QUE MANEJAN

Es importante mantener la supervisión de las organizaciones no gubernamentales (ONG) por la «cantidad» de dinero que manejan, según opinó ayer Isaac Cruz, titular de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE)
Indicó que el gremio minero mantiene expectativa por el fallo que emitirá el Tribunal Constitucional sobre las desmandas de inconstitucionalidad presentadas contra la norma que regula la labor de las ONG
Aunque aclaró que hay algunas ONG dedicadas a hacer el bien público en las zonas rurales del país, sostuvo que otras organizaciones utilizan el dinero de la cooperación internacional para otros fines, como oponerse a la actividad minera.
«Algunas ONG se dedican a influenciar a nuestros hermanos de las zonas rurales, mal informándolos y haciendo que las decisiones que tomen (respecto al inicio de actividades mineras) no estén debidamente razonadas», argumentó.
Según Cruz, «la magnitud de dinero») que reciben algunas ONG les permite realizar supuestas actividades de concientización y mal información en zonas donde va a desarrollarse una actividad, ya sea minera o petrolera o eléctrica.
Consideró necesario un sistema regulación que permita fiscalizar y controlar la actuación de estas organizaciones para evitar que generen conflictos en algunos asentamientos mineros del interior.
«El caso de Tambo Grande (Piura) es un caso bastante llamativo respecto de esta situación. Hay muchas dificultades para la inversión, y algunos de los proyectos sufren retrasos lamentables por esta situación señaló.
Cruz consideró que la regulación de las ONG impedirá que se repita la situación de Tambo Grande, donde se logró paralizar un proyecto que hoy debería estar dando frutos extraordinarios para la región.
A su juicio en lugar de los beneficios que hubiera llevado a esa zona del país la inversión minera, ahora existe una minería ilegal, que viola la legislación, con explotación infantil, atentando contra el medio ambiente y la seguridad de las personas.
Diario El Clarín – Cajamarca 05/09/2007







ONGS IRÁN A CIDH SI TC RATIFICA LEY QUE LAS REGULA

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) no dudarán en acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) si el Tribunal Constitucional (TC) ratifica la ley que las regula, manifestó ayer el presidente de la Asociación Nacional de Centros (ANC), Luis Sirumbal.
«Si el Tribunal Constitucional ratifica la ley 'anti ONG', aunque creemos que eso no sucederá, presentaremos nuestra denuncia a la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, pues tenemos todas las de ganar bajo el amparo del sistema interamericano», señaló.
Recordó, en ese sentido, que en una audiencia realizada en Washington, en marzo de este año, los representantes de la Comisión Interamericana escucharon con atención los argumentos en contra de la ley que regula las ONG.
«Ellos entienden que la aplicación de esta ley podría generar obstáculos a la conformación, independencia y funcionamiento de las ONG», manifestó.
Explicó que el sistema interamericano privilegia la libertad de asociación, siempre y cuando se garantice la transparencia, por ello, indicó que no tendrán problemas en dar a conocer sus argumentos.
Además, dijo que en el (sic.) Comisión Interamericana anteriormente se ha manifestado preocupación por la referida ley porque existe el temor de que este dispositivo legal pueda ser utilizado como una forma de acallar y perseguir a personas y asociaciones civiles que cuestionen o denuncien irregularidades o ineficacia en la gestión del Estado.
Del mismo modo, indicó la aplicación de esta ley puede constituir una importante pérdida de independencia de la sociedad civil respecto a los poderes gubernamentales, que se vería evidenciado en el descenso de los índices de la democracia.
El TC tiene previsto pronunciarse esta semana sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra de la ley que otorga a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) facultades fiscalizadoras y de sanción sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG).
Diario El Clarín – Cajamarca 05/09/2007
COMUNIDADES DEL VALLE DE CONDEBAMBA MARCHAN HOY A LA CAPITAL DE CAJAMARCA

Minera brasileña entabla relación con la Presidencia del Consejo de Ministros y soslaya a comisión del gobierno regional.

El tono impositivo de una carta de la empresa Miski Mayo fechada el 29 de agosto y dirigida al Secretario de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros, Juan Manuel Figueroa Quintana, decidió a los pobladores de las provincias de Cajabamba y San Marcos a llevar adelante su anunciada marcha de sacrificio que partirá de las nacientes del valle de Condebamba y llegará hasta la ciudad capital de Cajamarca.
La decisión fue tomada el domingo último. Los dirigentes comuneros se reunieron en el sector La Isla (distrito La Grama, al extremo sur de la región). Acordaron partir de sus lugares de origen hoy, a primera hora, y converger en el distrito de San Marcos hacia las 10 de la mañana. Allí serán recibidos por el consejero regional, Chanel Ruiz, y recepcionados por la comunidad. De inmediato partirán rumbo a Cajamarca, donde proyectan llegar al amanecer del jueves.
La movilización ha sorteado una serie de rumores que trataron de desalentarla. "Se dijo que una comisión de alto nivel iba a llegar el miércoles y que el presidente regional iba a visitar la zona de conflicto (Cerro Mogol) el martes. Pero nada de esto es cierto, porque yo como consejero regional lo sabría", explicó Ruiz.
"Todos los miembros del gobierno regional han sido informados de la marcha y se espera que el jueves por la mañana acudan al encuentro con los comuneros de Condebamba", agregó.

POSICIÓN DE LA MINERA

Larry Fernández, gerente de la minera.
La carta de Miski Mayo firmada por el gerente de relaciones comunitarias, Larry Fernández Ortiz, afirma que las labores de exploración de la empresa brasileña en La Morada (paralizadas desde el 9 de agosto a raíz del plantón de los pobladores del valle en la puerta del campamento) cuentan con los respectivos permisos de las comunidades donde se asienta el prospecto minero. Estas son: Chirimoyo, Santa Rosa de Pashul, Huayanmarca y Nuevo Edén Mogol.
Lo cual es cierto, aunque la mayoría de las 15 comunidades del valle se oponen. Los líderes comuneros objetan que la disposición de la empresa al diálogo esté condicionada en forma excesiva.
Miski Mayo propone generar un clima de distensión sin exigencia de retiro y/o paralización. Y se muestra dispuesta al diálogo siempre que este se realice "en un lugar seguro y neutral". Inclusive, enumera las siguientes condiciones:
"Que el gobierno regional designe a sus representantes oficiales. Y que los acuerdos que se tomen en estas reuniones sean divulgados a los medios de comunicación por medio de un solo comunicado oficial."
Una de las condiciones más cuestionadas por los comuneros es el punto 5 en el que la empresa exige "que los integrantes y/o representantes de la mesa de diálogo sean autoridades formalmente elegidas por el pueblo. No creemos que personas que representan posiciones políticas o que no sean de la zona del prospecto tengan legitimidad para participar en ese diálogo".
Chanel Ruiz opinó que este punto desconoce prácticamente a la comisión formada por el gobierno regional. "Esto es indignante", comentó.
Miski Mayo dice también que "conformar una Comisión de Alto Nivel representaría la apertura de un precedente hacia la legitimación de las pretensiones desproporcionadas de grupos que se oponen a la minería y crearía precedentes jurídicos y políticos para toda la industria minera en el Perú".
Sobre este punto, Chanel Ruiz opinó: "Me parece que este documento no es solo de la empresa sino de todo el grupo minero".
Diario La República – Lima 05/09/2007







ESTUDIO ADVIERTE DAÑO AMBIENTAL DE MAJAZ

Investigadores de la universidad de Texas alertan sobre alteración de procesos ecológicos. Biólogo Torres confirma contaminación en ríos.

Milagros Salazar.


Concesiones mineras que acechan medio ambiente en Piura.
Los comuneros de las provincias piuranas de Ayabaca y Huancabamba ven a su alrededor grandes extensiones de vegetación, lagunas curativas y animales únicos refugiados en bosques de neblina. Temen que toda esa escenografía natural sea alterada con la actividad minera de Majaz. Nada lejos de las sospechas de los pobladores. Según un informe preliminar elaborado por investigadores de la Universidad de Texas sobre el daño potencial a la biodiversidad en la zona, revela que el proyecto minero Río Blanco de Majaz afecta al medio ambiente.
Según el documento, ya existen daños producidos durante las perforaciones de los suelos en el proceso de exploración del mineral. A nivel de la flora y la fauna, se ha puesto en peligro plantas medicinales y animales como el oso de anteojos y el tapir de altura.
La amenaza crecería a niveles exponenciales si se concreta la existencia de un distrito minero en la zona y la extracción de minerales con el método de a tajo abierto en una extensión de mil hectáreas porque "podría llegar a interrumpir conexiones entre ecosistemas, trascendiendo los impactos de dimensión local", apunta el informe.
"El daño a la biodiversidad es innegable. Y los campesinos saben que estos informes les dan la razón", señala la bióloga Martha Bustamante, una de las profesionales que participaron en la elaboración del informe junto a los investigadores de la Universidad de Texas, Kenneth Young, Blance León y Julio Postigo.

EXTIENDEN SUS DOMINIOS

El trabajo de campo se realizó entre el 3 y el 12 de agosto a pedido de la población que canalizó sus demandas a través de la mesa técnica de organizaciones no gubernamentales que apoyan a las comunidades.
De otro lado, el biólogo Fidel Torres del colectivo Piura, Vida y Agro alertó que las actividades de Majaz no solo afectarían la cuenca del Chinchipe, que abastece de agua a las poblaciones de Jaén y San Ignacio en Cajamarca, sino también la cuenca del Quiroz, que alimenta de agua a la provincia de Ayabaca y gran parte de Piura.
Torres denunció que los empresarios de Majaz también tienen derecho sobre la concesión de la minera Mayarí en una extensión de más de 16 mil hectáreas que se encuentran en la cabecera del Quiroz y que antes figuraba a nombre de Newmont, los dueños de la aurífera Yanacocha. No muy lejos, aparece la concesión de Miski Mayo en la cuenca de Huancabamba, cerca de las lagunas curativas de Las Huaringas. "Hablamos de una gran amenaza, de un distrito minero", concluye Torres.

MAJAZ: "NO ES UN ESTUDIO SERIO"

El gerente de relaciones institucionales de Majaz, Andrew Bristow, cuestionó la seriedad del informe elaborado por los investigadores de la Universidad de Texas sobre el potencial daño a la biodiversidad en la sierra de Piura a causa del proyecto minero Río Blanco.
“No sé hasta qué punto sea serio un estudio con un trabajo de campo tan breve", dijo Bristow, quien en reiteradas ocasiones ha señalado que la empresa tomará las previsiones para no dañar el medio ambiente, aunque niega el interés de Majaz de expandir sus actividades hasta concretar el denominado distrito minero que amenazaría los ríos, la flora y la fauna en la zona.
El lunes, La República alcanzó a Bristow una copia del informe preliminar de los investigadores de Texas para obtener los descargos de la empresa, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta. Los investigadores han prometido la versión completa de su informe en dos meses. Por estos días se difunden las conclusiones preliminares en las comunidades.
Diario La República – Lima 05/09/2007






DESCARTAN DIFICULTADES LOGÍSTICAS PARA CONSULTA VECINAL EN PIURA

El consultor técnico para la consulta vecinal sobre la presencia de la minera Majaz en Piura, Fredy Giraldo, descartó cualquier tipo de impedimento logístico para llevar a cabo la votación en los distritos de Ayabaca, Pacaipampa (Ayabaca) y El Carmen de la Frontera (Huancabamba), programada para el 16 de setiembre.
En declaraciones al programa “Diálogo Directo” de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), Giraldo Rivera sostuvo que el financiamiento corre a cargo de las municipalidades involucradas en este proceso, de carácter no vinculante.
Así mismo, indicó que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) les facilitó la entrega del padrón electoral, a pesar que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desconoce la validez de la consulta vecinal.

Fredy Giraldo adelantó que finalmente la Policía Nacional del Perú (PNP) brindará seguridad en las serranías piuranas, con la finalidad que no sucedan actos de violencia entre los comuneros y la minera el día de los comicios.
La consulta vecinal establecerá, de manera pacífica, la opinión de los comuneros para saber cuántos están conformes con la actividad minera como modelo de desarrollo, y quiénes apuestan por la agricultura y la agroexportación.
De acuerdo a los estimados preliminares, acudirán a las urnas unos 18 mil electores en Ayabaca; nueve mil en Pacaipampa; y seis mil en El Carmen de la Frontera. El proceso se desarrollará entre las 08:00 y las 16:00 horas en centros de votación a ser confirmados en los días próximos. Los resultados de la consulta serán publicados la página http://www.consultavecinal.org, el mismo día del sufragio.
Cabe mencionar que, a nivel latinoamericano, se cuenta con tres experiencias de consultas vecinales en la región: la de Tambogrande (Perú), la de Esquel (Argentina) y la de Sipacapa (Guatemala).
En el caso de Tambogrande, la polémica giró en torno a la coexistencia entre minería y agricultura, por lo cual la municipalidad distrital de esa jurisdicción piurana decidió convocar a una consulta vecinal, dando como resultado un rotundo NO al proyecto minero, al ganar con el 93,95% de los votos emitidos.
Por otro lado, las autoridades del distrito de Esquel, organizaron un plebiscito el 23 de marzo del 2003, para la cual el 81% de la población votó en contra del proyecto aurífero que pretendía desarrollar la empresa canadiense Meridian Gold.
En el caso del distrito de Sipacapa, los pobladores indígenas guatemaltecos votaron en contra del proyecto de oro y plata que pretendía desarrollar la empresa Montana Exploradora, el 18 de junio del 2006.
Por tal motivo, la consulta del 16 de setiembre representaría la decisión de la población piurana en el caso de la minera Majaz S.A. que pretende efectuar trabajos de explotación en Ayabaca y Huancabamba.
Dichas operaciones contaminarían las nacientes de la cuenca de los ríos Chinchipe y del Quiroz, representando una amenaza a los ecosistemas de montaña donde se ubican los bosques de neblina y páramos, que son fuente de agua para las localidades de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca).
http://www.cnr.org.pe/ – Lima 05/09/2007
SNMPE A FAVOR DE REGULAR A LAS ONG

Las acusa de levantar a la gente en contra de Majaz

Isaac Cruz, titular de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), señaló que es importante mantener la supervisión de las ONG por la “cantidad” de dinero que manejan para sus actividades.
Indicó que el gremio minero mantiene expectativa ante el fallo que emitirá el Tribunal Constitucional sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la norma que regula la labor de esas organizaciones.
Aunque aclaró que algunas ONG se dedican a labores loables en las zonas rurales, hay otras organizaciones que utilizan el dinero de la cooperación internacional para otros fines, como oponerse a la actividad minera.
“Algunas ONG se dedican a influenciar a nuestros hermanos de las zonas rurales y ponerlos contra la actividad minera”, cuestionó el empresario.
Asimismo, Cruz se refirió al caso de la minera Majaz y acusó a diversas ONG de levantar a la población con métodos “ilegales” en contra de la minería, mientras promueven una “mal llamada” consulta popular. “Esta carece de validez legal, según el Jurado Nacional de Elecciones”, explicó.
Diario El Correo – Lima 05/09/2007





TC YA TIENE LISTO FALLO QUE REGULA A LAS ONG

Magistrados adelantan que se daría a conocer hoy o mañana. Se necesita cinco votos para que demanda sea declarada fundada


El fallo referido a la demanda de inconstitucionalidad contra la ley que regula a las organizaciones no gubernamentales (ONG) ya está listo. Así lo reveló el magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Javier Alva Orlandini, quien señaló que sólo falta pasarlo en limpio.
Sin embargo, no quiso adelantar el resultado del dictamen, al señalar que éste no puede ser revelado hasta que todos los magistrados lo hayan firmado. “Este podrá ser dado a conocer entre hoy y mañana, cuando los magistrados hayan suscrito el dictamen”, explicó.
Ante la posibilidad de que esta demanda sea declarada infundada, admitió que las ONG demandantes tienen todo el derecho de acudir antes instancias supranacionales. “Ese derecho no puede ni debe ser recortado”, comentó.
A su turno, el magistrado Juan Vergara Gotelli explicó que para que la demanda sea declarada fundada se necesita mayoría calificada especial (un mínimo de cinco votos). “En caso de que cuatro de los magistrados voten a favor de la demanda, ésta de todas manera será declarada infundada”, explicó.

CONFÍA EN FALLO

De otro lado, el presidente del Consejo por la Paz, Francisco Diez Canseco, expresó su confianza en que el TC se pronuncie en contra de la demanda, pues consideró que no existe ninguna violación de la Constitución en dicha ley, que lo único que prentende es dar transparencia al dinero que las ONG reciben de los organismos internacionales.

MAS DATOS

Las ONG no dudarán en acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) si el TC ratifica la ley que las regula, comentó el presidente de la Asociación Nacional de Centros, Luis Sirumbal. “Tenemos todas las de ganar bajo el amparo del sistema interamericano”, señaló.
Diario El Correo – Lima 05/09/2007






CUENTO

Resulta que la historia de un supuesto rondero herido mientras distribuía volantes a favor de una consulta antiminera no es más que otro cuento de las ONG ecologistas. Según informó la minera Majaz, el propio joven ayabaquino herido, Joel Rivera Chimbo, informó a la Policía que fue baleado en una pelea de borrachos que se produjo en un bingo bailable.
Diario El Correo – Lima 05/09/2007






APCI REPROGRAMA FECHAS PARA ACCIONES DE FISCALIZACIÓN A ONG

La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) reprogramó acciones de fiscalización a 15 ONG de Lima, seleccionándose para ello las que cuentan con proyectos de mayor envergadura y financiación, en el marco del plan anual de fiscalización.
La reprogramación se adoptó tras un error administrativo en las comunicaciones enviadas el 28 de agosto a estas organizaciones, informó la APCI.
En un comunicado de prensa, indican que "ya se ha comunicado a todas las entidades seleccionadas para tal fin –entre ellas el Instituto de Defensa Legal (IDL)-, que el plazo se ampliaba, dándoles un margen más adecuado para la presentación de documentos".
La APCI agradeció la colaboración de todas ONG que vienen remitiendo la documentación solicitada a fin de programar las acciones previstas por la Dirección de Fiscalización y Supervisión.
www.peruinforma.com – Lima 05/09/2007
MASIVA MUERTE DE TRUCHAS EN SANTA CRUZ

Santa Cruz. El domingo 02 de setiembre en la noche llegaron a Pulán un grupo de campesinos del caserío El Roble comprensión del distrito de Pulán provincia de Santa Cruz, portando decenas de truchas muertas extraídas del río Pisit, debido a que la semana pasada se produjeron abundantes lluvias que colmataron las pozas de trabajos de explotación de minera La Zanja, provocando que sustancias químicas sean transportadas el río.
El teniente alcalde de Pulán, dos ingenieros de la alcaldía, junto a sus regidores, el juez de paz y la policía llegaron al río y encontraron que a lo largo del río habían unas cinco mil truchas muertas.
Las aguas de este río son para el consumo humano de cientos de familias por ello las autoridades de Pulán llevaron truchas muertas a Santa Cruz, pero ni la policía, ni la fiscalía, ni las autoridades de Salud, quisieron realizar los análisis correspondientes.
Las autoridades responsabilizan a la minera La Zanja por no haber tomado las precauciones del caso ante la temporada de lluvias, refieren que el río Pisit es afluente del río Chancay, el cual proporciona agua al reservorio de Tinajones en Lambayeque.
Diario Panorama – Cajamarca 05/09/2007





SOSPECHOSA PRECENCIA DE TRUCHAS MUERTAS EN CASERÍO VISTA ALEGRE DE PULÁN

Hemos recibido un audio difundido en el noticiero de la radio HGV de la provincia de Santa Cruz, en el que pobladores del Centro Poblado de Pisit, ubicado en la parte alta del Rio Pisit, manifiestan que en su jurisdicción, las aguas se encuentran en buenas condiciones y aptas para el consumo de las personas y los animales y les sorprende que en la parte baja de dicho río, en la zona próxima al caserío Vista Alegre de Pulán, se hayan muerto truchas por causas que atribuyen a sustancias contaminantes en el agua.
Al respecto, el regidor de la municipalidad de Santa Cruz y director de la Agencia Agraria de dicha provincia, Dr. Henry Delgado Posadas, manifestó que con las autoridades de la DESA Cajamarca, personal de salud de la provincia Santa Cruz y regidores del distrito de Pulán han realizado un recorrido por la zona encontrando truchas muertas desde Vista Alegre hacia abajo, más no aguas arriba, por tanto de haberse contaminado las aguas sería a partir de esta zona, el pueblo podrá sacar sus propias conclusiones.
www.cajamarcaopina.com – Cajamarca 05/09/2007
Escrito por Cajamarca Opina






MINERA COLQUIRRUMI DESMIENTE VERSIONES DE EX – TRABAJADORES

En una carta dirigida hasta nuestra redacción el gerente General de la Compañía Minera Colquirrumi, Mario Palla Palla, desmintió las versiones de Hugo Urrutia, presidente de la Asociación de los ex - trabajadores de la empresa minera.
El funcionario afirma que CEMSA (Compañía Explotadora Mina San Agustín) adquirió el lote el 16 de agosto de 1967, propiedad que fue inscrita en los Registros Públicos de Cajamarca. Las instalaciones mineras se ubican en terrenos eriazos del fundo Ex -Hacienda Llaucán, cuya administración estaba a cargo de la Gran Unidad Escolar “San Juan de Chota”. Cemsa transfiere sus propiedades inmuebles e inmuebles a Compañía Minera Colquirrumi S.A. en 1973 mediante un acto notarial.
Además asegura que la autodenominada “Asociación de Ex – Trabajadores de Cia. Minera Colquirrumi S.A.” nunca ha podido exhibir documento alguno que acredite la compra, donación u otra forma de adquisición de los terrenos.
Varias reuniones se habrían realizado con la finalidad de llegar a un acuerdo y buscar una solución sin encontrar conseguir su objetivo. El funcionario agrega que existen varios procesos pendientes con la finalidad de recobrar la posesión de los terrenos de propiedad de la minera.
Uno de los puntos graves que se menciona es el hecho de que la ilegal posesión de estos terrenos sería el impedimento para ejecutar el plan de cierre de pasivos ambientales formulados por la minera al Ministerio de Energía y Minas lo que sería un agravante al delito de invasión.
Sin embargo en el documento no se hace referencia alguna sobre la situación de las deudas que la minería sostendría con sus trabajadores, punto medular en las divergencias.
Diario Panorama – Cajamarca 05/09/2007





MINERA SULLIDEN SHAHUINDO DEJA A COMUNIDAD SIN AGUA

Cajabamba. Moradores de la parte baja del caserío San José denunciaron que hace algunos meses que han visto mermada la afluencia de agua y en varios sectores simplemente el agua ha desaparecido.
Afirman que la empresa minera Sulliden Shahuindo impide que el agua ingrese a la parte baja de este caserío; pues la empresa viene ocupando las partes altas del caserío.
Juana Aguilar Sánchez una de las moradoras de este lugar pide a esta compañía que abra el paso del agua para que pueda continuar con sus actividades agrícolas como lo hizo siempre, como también lo hicieron sus antepasados. Al mismo tiempo solicitó la intervención de las autoridades para resolver este conflicto.
Diario Panorama – Cajamarca 05/09/2007





DECOMISAN INSUMOS QUÍMICOS FISCALIZADOS

Cajabamba. Efectivos policiales de Chuquibamba al mando del teniente Gregorio Anamaría Villafuerte, continúan realizando operativos con la finalidad de erradicar a las personas que se dedican al transporte ilegal de insumos tóxicos y materiales utilizados para la minería informal.
En el último operativo realizado el día lunes 3 de setiembre en horas de la madrugada, efectivos policiales de esta dependencia capturaron al promediar las 5 de la mañana a Sandoval Fernández a quien se le encontró con 5 kilos de cianuro y un kilo de óxido de zinc.
Continuando con el operativo a las 6 de la mañana del mismo día se capturó a un individuo apellidado Araujo Torres quien transportaba en una mochila color verde 100 cartuchos de dinamita, 100 metros de mecha lenta y 200 fulminantes. Procediéndose a decomisar estos insumos y detener ambos sujetos.
Anamaría Villafuerte indicó que además del ilícito cometido se sumaba el hecho de que los cartuchos junto a los fulminantes fueron transportados camuflados en la mochila en una unidad de transporte público poniéndose en peligro la vida de decenas de personas.
Informó que los detenidos han sido puestos a disposición de la Fiscalía para que se prosiga con las investigaciones correspondientes, sentenció.
Diario Panorama – Cajamarca 05/09/2007

4 de septiembre de 2007

COMUNICADO

Según versiones recogidas del programa “La Voz de Pulán” conducido por el reportero Alíndor Romero, el día domingo 02 de setiembre en horas de la noche llegaron al Distrito de Pulán un grupo de ronderos campesinos portando decenas de truchas muertas en el Río Pisit.

La semana pasada se produjeron abundantes lluvias que habrían colmatado las pozas de lodos de las labores de exploración de Minera La Zanja provocando que sustancias químicas sean transportadas hasta las aguas del Río Pisit.

Se informó que el teniente alcalde de Pulán, dos ingenieros de la alcaldía, junto a sus regidores, el juez de paz y la policía se desplazaron a la zona el día lunes 03 de setiembre y encontraron que a lo largo del Río Pisit se ha producido la muerte de aproximadamente cinco mil truchas.

Las aguas de este río abastecen al consumo humano y riego de cientos de familias campesinas del Distrito de Pulán. Las truchas que han muerto son de diferentes tamaños y se encontraban varadas y flotando a lo largo de las aguas del Río Pisit.

Las autoridades de Pulán llevaron muestras de las truchas muertas a la Provincia de Santa Cruz, pero ni la fiscalía, ni la policía, ni la autoridad de salud quisieron recepcionar las muestras para realizar los análisis correspondientes.

Las autoridades y las rondas campesinas responsabilizan a la Minera La Zanja de no haber tomado las previsiones del caso ante la temporada de varios días de lluvias. Igualmente llamaron la atención sobre el hecho que el Río Pisit es afluente del Río Chancay que proporciona agua al reservorio de Tinajones en Lambayeque, por lo que notificarán a la junta de usuarios del Chancay para que ayuden en los análisis de las truchas muertas y pueda determinarse de manera fehaciente la causa de la mortandad masiva.

Recordemos que en el mes de marzo del presente año, también se produjo una muerte masiva de truchas en el distrito de Cajamarca, a solo 500 metros de la planta de tratamiento de aguas de la ciudad. La empresa municipal de agua potable (SEDACAJ) responsabilizó a Minera Yanacocha, mientras que ésta a su vez responsabilizó a la primera. Las autoridades cajamarquinas no han intervenido para esclarecer las causas de la mortandad masiva ni menos aún las responsabilidades.

Así mismo, en los meses de noviembre y diciembre del 2006, pobladores, rondas campesinas y autoridades del la Municipalidad Provincial de Hualgayoc reportaron otra mortandad masiva de truchas en el Río Llaucano, responsabilizando del hecho a la empresa Minera Yanacocha sin que las autoridades correspondientes hayan intervenido adecuadamente para establecer las causas de la muerte. La semana pasada, las rondas campesinas y el frente de defensa del Llaucano realizaron una siembra de truchas en el río de manera que sirvieran como bioindicadores de la calidad de las aguas y señalaron que en adelante no permitirán que aguas contaminadas de las actividades de Minera Yanacocha provoquen nuevas muertes de peces.
04 de setiembre 2007
Observatorio de Conflictos
GRUFIDES
GOBERNADOR: NEGATIVA DE MISKI MAYO COMPLICA EL CONFLICTO CON COMUNIDADES

Manuel Bacón señala que posición de la empresa minera podría entenderse como una provocación a los comuneros de San Marcos y Cajabamba.

El gobernador de Cajamarca, Manuel Bacón Tanta, señaló que la negativa de la empresa minera Miski Mayo de paralizar formalmente sus actividades en el cerro Mongol, podría empeorar el conflicto y entenderse como una provocación a los comuneros de San Marcos y Cajabamba.
"Definitivamente esta decisión va a complicar el problema, los comuneros podrían entender que la empresa los esta provocando y tomar otras acciones", manifestó.
Indicó que la decisión adoptada por la minera sorprendió tanto a comuneros como a representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Gobierno Regional, el Ministerio de Energía y Minas y Proinversión, ya que en una reunión anterior los representantes de la compañía se habían comprometido a paralizar sus labores.
El funcionario precisó que la carta fue enviada a Juan Manuel Figueroa Quintana, secretario de coordinación de la PCM, quien a su vez se encargó de faxear el documento a las autoridades locales. Agregó que esta actitud causó malestar entre los integrantes de la mesa de diálogo, ya que eran los encargados de solucionar el conflicto.
"Desgraciadamente la empresa burló un acuerdo que teníamos y decidió enviar el documento a Lima antes que a nosotros. Esto nos ha tomado por sorpresa y causado cierto malestar, sin embargo continuaremos con nuestro trabajo para solucionar el problema de Mongol", expresó.
Dijo además que este tipo de actitudes sólo contribuyen a crear un clima de desconfianza entre los comuneros, quienes vienen preparando movilizaciones para este 6,7 y 8 de setiembre.
Bacón Tanta explicó que en el transcurso de la semana se estarán reuniendo con ambas partes a fin de llegar a un acuerdo y evitar enfrentamientos que podrían terminar con hechos lamentables como lo ocurrido en Combayo.
Remarcó que para solucionar el problema es necesario que ambas partes cedan, y se establezca una mesa de diálogo.

RATIFICAN MARCHA

Mientras las organizaciones campesinas y ronderiles de las provincias de San Marcos y Cajabamba ratificaron la realización de la marcha de sacrificio a la ciudad de Cajamarca con la finalidad de solicitar la presencia de una comisión de alto nivel que garantice una inmediata solución al conflicto suscitado con la empresa brasilera. Tras conocerse la posición de la empresa minera Miski Mayo de negarse a suspender sus actividades de exploración en el cerro Mogol, los campesinos señalaron que esta acción "es una clara muestra de la intransigencia de la empresa brasileña que se niega al diálogo y a la búsqueda de una alternativa de solución", ratificando los pobladores de la zona, su posición de impedir que en el cerro Mogol se realice cualquier tipo de actividad minera, porque aseguran que está en la cabecera de la cuenca y que contaminaría las aguas de todo el valle Condebamba.
Diario El Clarín – Cajamarca 04/09/2007
REFLEXIONES PERUANAS
¿ESTÁ EN BUENAS MANOS LA RECONSTRUCCIÓN?

Wilfredo Ardito Vega

Hace dos años, varias gasolineras de Nueva Orleans fueron asaltadas por haber elevado el precio del combustible ante la llegada del huracán Katrina. En el Perú, a las pocas horas de producido el terremoto, algunas empresas de transporte y las agencias funerarias cuadruplicaron el precio de sus servicios, pero ninguna instancia estatal intervino en beneficio de la población.

A nuestro entender, las empresas privadas son motores para el desarrollo de la sociedad cuando se cumplen condiciones mínimas como la libre competencia, la información adecuada a los clientes, la existencia de canales para reclamar por un mal servicio y una regulación estatal que evite posibles excesos. Entre nosotros, en cambio, la regulación sobre las actividades económicas es muy débil y en algunos lugares del Perú simplemente no existe. A pesar de ello, en los últimos años se han privatizado actividades que hasta en los países más neoliberales corresponden al Estado. Un ejemplo fue la disolución de ENATRU-PERÚ (la empresa de transporte público) y el reemplazo de los ómnibus que circulaban por Trujillo, Arequipa o Lima por las ingobernables combis, cuyos choferes compiten desesperados por cada pasajero. Al mismo tiempo, las autoridades dejaron de practicar las revisiones técnicas del parque automotor, con los resultados de accidentes, contaminación y caos vehicular que vivimos día a día.

El reciente nombramiento de un grupo de empresarios para dirigir las labores de reconstrucción a través del llamado FORSUR, ha sido aplaudido por quienes profesan el dogma de la eficiencia irrestricta del sector privado. Para ellos, claro, es una herejía recordar que el servicio de la empresa telefónica estatal no se interrumpió en Lima después del terremoto de 1974, a diferencia de lo ocurrido el pasado 15 de agosto. También es una herejía señalar que la zona más deteriorada de la carretera a Ica ha sido la que fue concesionada a la empresa Covial.

La conducción empresarial de FORSUR hace recurrente el control de crecientes porciones del territorio nacional por grupos económicos privados (con sus propios intereses), dejando un papel decorativo a las autoridades democráticamente elegidas por la población.

Un ejemplo cercano a los limeños (y a las víctimas del terremoto) es APRILS, la Asociación de Propietarios de Asia, que ha llegado a apropiarse del agua que serviría a los poblados y agricultores pobres para venderla a quienes veranean en los balnearios. APRILS vulnera también toda la legislación relativa al uso de las playas sin que ningún fiscal o alcalde pueda hacerles frente.

El manejo de asuntos sociales, diferencias culturales o problemas de exclusión no aparece en los manuales empresariales. Por eso, a pesar de los millones de dólares que Yanacocha ha entregado para restaurar iglesias o auspiciar conciertos de rock en Cajamarca, su relación con la población sigue siendo muy tensa. Similar es la situación de Pro-Inversión (que no es una empresa privada, pero que suele olvidarlo) frente a las 49 comunidades de Apurímac cuyos recursos administra sin su consentimiento. Los campesinos cocaleros del Huallaga han denunciado muchas veces la improvisación y los incumplimientos de las empresas contratadas para proponer cultivos alternativos.

En todos estos casos, a la inexperiencia de las empresas involucradas se suma que no sienten la exigencia de los clientes, porque los habitantes de las zonas donde operan sus "programas sociales" no son vistos como tales. La tentación de obtener ganancias aparece inclusive en empresas que se pretenden mostrar desinteresadas: el costo de los avisos de Telefónica, Saga Falabella, Scotiabank, Wong, Doe Run, Ripley y otras empresas más publicitando sus acciones de solidaridad con las víctimas del sismo está en camino a alcanzar el millón de dólares. ¿Es preocupación social o inversión para lograr una buena imagen empresarial?

El caso de FORSUR es especialmente grave, porque se ha otorgado la presidencia a Julio Favre, sin ninguna experiencia en temas sociales, urbanismo o establecer consensos, además de haber defendido violaciones masivas de derechos humanos y a empresas corruptas como Lucchetti.

Resulta curiosa además, la inclusión de José Chlimper, de conocidos intereses económicos en la zona. Hace unos años, siendo ministro de Agricultura del último gabinete de Fujimori, Chlimper logró que éste, días antes de huir del país, suscribiera una ley para que no se reconociera a los trabajadores agrícolas gratificación, CTS o vacaciones, lo cual beneficiaba directamente sus actividades agroexportadoras.

Con estos antecedentes, parece lógico que los empresarios de FORSUR estén hablando más de potenciar las exportaciones que de reconstruir viviendas u hospitales. Buscar la constructora para una gran autopista es prioritario frente a la desnutrición o el incumplimiento de los derechos laborales. Garantizar las inversiones hoteleras en Paracas parece más importante que el tratamiento psicológico de las víctimas.

Hace algunos días, como la mayoría de peruanos, me sentí indignado cuando supe que Rafael Rey estaba promoviendo el lanzamiento de una botella de pisco denominado 7,9. Ahora comprendo que, para algunos, el terremoto es una buena ocasión de brindar.
www.lainsignia.org 04/09/2007




PRESIDENTE REGIONAL DE PIURA INSISTE EN OPOSICIÓN A CONSULTA VECINAL SOBRE CASO MAJAZ

El presidente regional de Piura, César Trelles Lara, aseguró que no se opone a la realización de una consulta vecinal del proyecto Río Blanco, a cargo de la empresa minera Majaz, pero consideró que esta debe realizarse con seriedad, responsabilidad y legalidad, a propósito de las observaciones o cuestionamientos que presentó el Jurado Nacional de Elecciones y el Ministerio de Energía a este mecanismo de participación ciudadana.
"Nosotros creemos que la consulta vecinal puede hacerse, yo no me opondría porque es la voluntad de ellos (las provincias de Ayabaca y Huancabamba) si quieren o no inversión minera. Pero tiene que hacerse bien. Nosotros no podemos sustentar una serie de irregularidades que se está cometiendo en esa zona. (...) Ellos no han tenido la gentileza de conversar conmigo. Ellos viven en un mundo diferente" dijo en diálogo con “No Hay Derecho” por Radio San Borja.
“Si la consulta popular fuera seria y responsable no hubiera ningún problema, pero esta es manejada por algunos alcaldes, que inclusive no son de la zona, como el caso de Jaén (Cajamarca), Bagua (Amazonas), los cuales no tienen ningún asidero. Sólo cierto grupo quiere una consulta popular, como son las comunidades de Yanta y Segunda y Cajas, que serán unos dos mil o cinco mil personas. Para hacer una consulta popular primero se tiene que estar en contacto con las instituciones que tienen que ver con el tema con normas y leyes, que vendría hacer el Jurado de Nacional de Elecciones (JNE). Es un acto que no tiene ninguna validez”, opinó.
Dijo en otro momento, que más bien la consulta podría realizarse a nivel regional, porque no se trata de que opinen 200 o 500 personas que son de la comunidad. "Creo que tiene que opinar todas las instituciones y todo el pueblo, porque la riqueza no es Yanta y Segunda y Cajas, le corresponde a todos los piuranos. Que se haga una consulta popular de acuerdo a las normas y a las leyes", refirió.

NO HABRÁ ACTIVIDAD MINERA QUE DAÑE MEDIO AMBIENTE

Aseguró por otro lado, que su gestión no permitirá la continuidad de aquellas mineras que según los estudios de impacto ambiental, no respeten a la población o el medio ambiente.“Si no hay las condiciones, no se respeta a la comunidad, no se conserva el medio ambiente y no se respeta nada, tampoco voy a permitir que la minería se explote en la zona de Piura, de ninguna manera. El presidente tiene que ser transparente y honesto en estos temas. Hay que cuidar la minería y el medio ambiente, pero dentro de las normas y leyes vigentes. (…) Además se tiene que ver el estudio de Impacto Ambiental para seguir conversando”, expresó.
Trelles Lara aseguró que “si la competencia y la decisión de autorizar concesiones, estaría en manos del Gobierno Regional de Piura y no del Ministerio de Energía y Minas (MEM), haría que se detenga (la actividad de la empresa Majaz) hasta que se resuelva las cosas”. Indicó que su gestión buscará el respeto a las normas, el diálogo con los organizadores de la consulta vecinal y evitar el maltrato a los campesinos, comuneros y ronderos.
El presidente regional, quien no tuvo una actitud similar en el caso de Tambogrande, se ha convertido en uno de los férreos defensores de la explotación minera en la zona de Huancabamba.
Diario El Regional de Piura – Piura 04/09/2007
CON AYUDA DE MINERAS ALCANZARÍAN LAS METAS DE LUCHA CONTRA DESNUTRICIÓN

Ministra Borra pide el apoyo del sector privado minero para alcanzar metas de la estrategia Crecer.
La ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Virginia Borra, estimó que con la ayuda del sector privado minero se superará la meta trazada a través de la estrategia Crecer para atender a por lo menos un millón de niños con desnutrición crónica en los próximos cinco años.
“Creemos que vamos a superar esa meta (un millón de niños atendidos) porque también tenemos el apoyo de la empresa privada a través del fondo minero, que está trabajando en Cajamarca, Moquegua, Ancash”, expresó.
Manifestó que dicha estrategia –que articula todas las acciones del Estado que trabajan en la reducción de la desnutrición crónica infantil y la pobreza en general- ya ha sido lanzada en Huánuco, Apurímac y ayer en Huancavelica.
Además, refirió que el objetivo fundamental no sólo es reducir la desnutrición crónica sino también la pobreza, lo que implica potenciar a las familias y a la madre a través del fortalecimiento de sus capacidades.
Por esa razón, anotó, Crecer está trabajando con el programa Juntos, mediante el cual, recordó, la familia recibe una compensación económica a cambio de llevar al control médico a sus hijos y obligarlos a ir a la escuela. (Con información de Andina)
Diario La República- Lima 04/09/2007




RONDAS TOMAN CONTROL

Jhony Navarro

EN CONSULTA POPULAR

A doce días de la pretendida consulta vecinal en Ayabaca y Huancabamba, las rondas campesinas de Segunda y Cajas acordaron tomar el control absoluto de estos territorios y supervisar la labor de los medios de comunicación, así como de las personas que difundan propaganda a favor de la actividad minera.
Los ronderos decidieron instalar una “puerta de vigilancia” en Jimaca, la zona de acceso a El Carmen de la Frontera, distrito de Huancabamba, donde se hará una consulta ilegítima el próximo 16 de setiembre.
Por esa tranquera, como otras dos que ya operan de manera ilegal en Santa Rosa y Habaspite, no pasará ninguna persona o vehículo que simpatice con la actividad minera en la provincia. También vigilarán que no circule ninguna propaganda a favor del proyecto Río Blanco.
Según los acuerdos, obligarán a la estatal Radio Campesina a que no difunda los spots de Minera Majaz y “reglarán” a aquellos profesores que les hablen a sus alumnos sobre minería.
Diario El Correo – Lima 04/09/2007





CONTRALORÍA EVALUARÁ SUPERVISAR A ONGS

La Contraloría General de la República evaluará si le compete supervisar a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que reciben dinero de la cooperación internacional y que gozan de la exoneración de ciertos impuestos, dijo hoy el contralor Genaro Matute.
En declaraciones a la agencia Andina, dijo que "antes de proceder a la supervisión de las ONG realizaremos una análisis profundo para no colisionar con la Constitución ni con las libertades individuales".
Consideró que, en principio, las organizaciones que reciben fondos de entidades internacionales y que no pagan algunos impuestos al Estado deberían ser supervisadas.
Matute consideró que en el caso de las ONG que reciben algunos fondos del Estado peruano, no existiría problema para fiscalizarlas, pues la Controlaría por mandato de la ley puede proceder a la supervisión de la ejecución de esos recursos.
"El otro tema de las ONG que reciben fondos del exterior es mas complejo, la Controlaría está evaluando la base legal para proceder a su supervisión sin transgredir leyes fundamentales", precisó.
Aclaró que en primera instancia, como no pagan impuestos, habría motivo para supervisarlas.
"Ellos (las ONG) tienen que justificar porqué no pagan impuestos" aseveró Matute, quien evitó pronunciarse sobre la demanda de inconstitucionalidad que regula a las ONG, que el Tribunal Constitucional debe resolver esta semana.
Diario Panorama - Cajamarca 04/09/2007






TC RECHAZARÍA DEMANDA CONTRA LEY DE ONG

Cuatro magistrados votarían en contra. APRA respalda norma que fiscaliza a organizaciones no gubernamentales

A pesar de la alharaca que vienen realizando diversos sectores, la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la ley que regula las organizaciones no gubernamentales (ONG) no prosperaría, pues cuatro de los siete magistrados del Tribunal Constitucional (TC) votarían en contra.
Según fuentes de Correo, los magistrados Juan Bautista Bardelli, Carlos Mesías Ramírez, Juan Vergara Gotelli y Ricardo Beaumont rechazarían la demanda presentada por encontrarse dentro de los márgenes legales.
Estos cuatro votos serían suficientes para rechazar la medida, no obstante César Landa, Magdiel Gonzales y Javier Alva Orlandini tendrían una posición contraria al resto del colegiado.

APRA JUSTIFICA

Al respecto, el secretario general del Partido Aprista, Mauricio Mulder, justificó la vigencia de la ley que regula las ONG al señalar que genera más transparencia y mayor conocimiento de las actividades que éstas desarrollan en la sociedad con los fondos obtenidos de la cooperación internacional.
“Es una ley que va en el mismo sentido de la modernidad democrática en función de que todo el mundo tiene que rendir cuentas. Si una empresa rinde cuentas a la Sunat, ¿por qué una ONG no lo puede hacer?”, inquirió.
Expresó su confianza en que el TC declarará infundada la demanda que pide la inconstitucionalidad de la norma en cuestión.

MÁS DATOS

Luego de que el 13 de julio pasado se desarrolló la audiencia donde se sustentó la demanda contra la ley que regula las ONG, la causa quedó al voto para que los siete integrantes del TC emitan su fallo dentro del plazo legal que se cumplirá esta semana.
Diario El Correo – Lima 04/09/2007





LAS ONG TAMBIEN LLORAN

Aldo Mariátegui
La columna del director

Graciosa las declaraciones de Ernesto de la Jara, mandamás de ese semipartido político de izquierda llamado IDL. ¡Todo un comediante! Le salió un rival bravo al excelente Carlos Galdós en el difícil rubro de los “unipersonales”, del stand up comedy.
Comienza diciendo que las ONG ya están fiscalizadas por los órganos privados que las financian y les hacen auditorías, por lo que no es necesario el control estatal. ¡Ja,ja, ja! O sea, Osama Bin Laden, Hugo Chávez o un narco ponen una ONG aquí y ya está fiscalizada porque estos privados van a revisar los números. “Osama, hazme mi auditoría”, pediría la ONG Al Qaeda-Lima a su financista. ¡Ja,ja,ja!
Siguen los chistes. Según “Lajarita II” (es hijo de “Lajarita”, el recordado y simpático primer ex ministro del Interior belaundista en los ochenta, aquel que no supo cortar el terrorismo por blando e ineficiente cuando el monstruo recién nacía. Muy buena persona, muy correcto, pero si lo ponías a cuidar tortugas, se le escapaban. Nos costó caro), la mayoría de congresistas no tienen autoridad para decir que las ONG son unas islas y recuerda el caso de Tula Benites. Un momentito... El Congreso no será gran cosa, pero sí tiene toda la autoridad para legislar y controlar, la que emana de la votación popular, al margen de sus burradas.
Luego viene la victimización llorona, típica de la izquierda. Dice que las quieren controlar por los derechos humanos, por los patrulleros y no sé qué más arverjas. No, compadre. Sólo se quiere cierto control (y la ley es más bien suave) para evitar que el dinero que llega libremente del exterior pueda ser utilizado de mala manera (grupos violentistas, el chavismo, el narcotráfico, el islamismo radical, etc...). Quien nada debe, nada teme.
Y, plañidero exagerado, llega al extremo de decir que la norma busca “desaparecer” a las ONG. Oiga, “controlar” no es “desaparecer”. ¿Acaso el Ministerio de Trabajo ha desaparecido a las empresas privadas por hacerles inspecciones laborales? ¡Es que ya se les están cayendo los argumentos! ¿No se acuerdan de que argüían que si se aprobaba la ley, la ayuda internacional disminuiría dramáticamente? Pues no pasó nada.
Y claro, dentro de esta línea hiperbólica, Lajarita II asevera que después le tocará a los medios (¿?... ¿Y acabarán al final con los perros y gatos también?), finalizando con que el gobierno no podrá decir que es democrático una vez que vayan a la jurisdicción externa en caso de que el fallo les sea adverso. O sea, una norma pluripartidaria dada en un Congreso tras mucho debate y sancionada eventualmente por un TC local vuelve dictatorial al gobierno… ¡Fuiira!
En otro lado se queja de que les han solicitado dos inspecciones en un mismo año. Oye compadre, que te cuenten cuántas fiscalizaciones anuales tienen las empresas de la Sunat, Trabajo y EsSalud y nadie pitea. Abre tus libros tranquilo si no tienes nada que ocultar.
Y en el Jazz Zone o la PUC puedes montar el unipersonal Las ONG también lloran. Lleno total. Por lo menos va a asistir todo el público rojo y caviar.
Diario El Correo – Lima 04/09/2007






COMUNEROS ANUNCIAN PROTESTAS SI MAJAZ NO RESPETA CONSULTA VECINAL

MIENTRAS PRESIDENTE REGIONAL DE PIURA ANUNCIA OTRA CONSULTA.

COMUNIDADES NORTEÑAS ESTÁN VIGILANTES.

Los comuneros de los distritos piuranos de Ayabaca, Pacaipampa (Ayabaca) y El Carmen de la Frontera (Huancabamba) radicalizarían sus acciones de protesta contra la minera Majaz si esta decidiera no respetar los resultados de la consulta ciudadana que se efectuará el 16 de setiembre para que los pobladores expresen su posición a favor o en contra de la actividad minera en la zona.
En entrevista concedida a la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), el delegado del sector de la comunidad de Aranza (Pacaipampa), Franio Román, instó a los pobladores a apoyar el referéndum.
"Estamos dispuestos a todo por defender nuestro medio ambiente y nuestras aguas para nuestras futuras generaciones", subrayó.

CONSULTA REGIONAL

Román rechazó el fondo privado de 80 millones de dólares ofrecido por Majaz a las comunidades de Yanta (Ayabaca) y Segunda y Cajas (Huancabamba), a cambio de obtener el permiso para la ejecución de la etapa de explotación del proyecto Río Blanco.
El presidente regional de Piura, César Trelles, anunció que el próximo año convocará a una consulta sobre el proyecto minero de Majaz a nivel regional con la participación del JNE y la ONPE, a sabiendas que la gente de la ciudad desconoce el problema de los comuneros
Diario La República- Lima 04/09/2007






MINERA MAJAZ APOYA MEJORAMIENTO DE MAS DE 10 KILOMETROS DE TROCHA CARROZABLE CRUCE

En el auditorio de la Municipalidad Delegada de Los Ranchos se firmó el convenio interinstitucional entre Minera Majaz S.A. y la Municipalidad Delegada de Los Ranchos y Municipalidad Distrital de Canchaque para hacer posible el mejoramiento de la Trocha Carrozable desde el cruce Lalaquiz – Los Ranchos - La Virgen con una longitud de 10.5 Km.
Firmaron el convenio por la Municipalidad Distrital de Canchaque, el Alcalde Lic. Fidel Antonio Ramírez Vidarte y por la Municipalidad Delegada de Los Ranchos, el Alcalde Tec. Enfermero Jaime Zurita Patiño y de parte de la empresa Minera Majaz S.A. el Gerente General Adjunto de Relaciones Institucionales y Sociales, Ingeniero Andrew Bristow Bevege, quien estuvo representado en la ocasión por la Lic. Doris Carhuapoma López, Coordinadora de la Oficina de Minera Majaz S.A. en Piura
En ejecución de este convenio MINERA MAJAZ S.A proporcionará mil (1,000) galones de combustible para ser destinados única y exclusivamente en los trabajos de mejoramiento de los tramos comprendidos en la trocha carrozable. Mientras que la Municipalidad de Canchaque proporcionará maquinaria de su propiedad, consistente en un Tractor de Oruga D6G y un cargador Frontal 938G y volquete volvo de 8 Metros Cúbicos de Propiedad Municipal, también asumirá el pago de los operadores y choferes del equipo mecánico mencionado.
Por su parte la Municipalidad de Los Ranchos tendrá a su cargo el reparto del combustible entregado por Minera Majaz, y designará un controlador encargado de verificar los trabajos en coordinación con el personal de campo, para el mantenimiento in situ del equipo mecánico y el control de avances de los trabajos que realice la Municipalidad en el presente convenio.
El plazo del presente Convenio de Cooperación es de treinta (30) días calendarios, contados a partir de la fecha de entrega del combustible (1000 galones de petróleo) por parte de MINERA MAJAZ y la puesta de la maquinaria en obra por parte de MUNICIPALIDAD DE CANCHAQUE.
El Alcalde de la Municipalidad Delegada de Los Ranchos Jaime Zurita Patiño, agradeció el aporte de Minera Majaz que permitirá a los rancheños gozar de una mejor vía de comunicación, de igual manera se pronunció la señorita Iris Marlene Velasco Martínez, Juez de Paz de la localidad.
“Agradecemos el aporte de Minera Majaz, que siendo solamente un proyecto se hace presente demostrando su política de responsabilidad social para favorecernos con una mejor carretera, la misma que permitirá una mejor integración de Los Ranchos con Canchaque y Lalaquiz”, enfatizó el alcalde de la Municipalidad Delegada.
Agencia de Noticias Orbita – Lima 04/09/2007






DISPARAN CONTRA RONDERO QUE SE OPONE A MAJAZ

La víctima, Joel Rivero, asegura que trabajador de Majaz lo hirió de dos balazos. La minera, por su parte, niega ser responsable.

Por Milagros Salazar.

Luchador. Rivero espera ser operado. Dice que seguirá defendiendo el agro.
Mientras se acerca el día de la consulta ciudadana para que los comuneros expresen su posición en contra o favor de la minera Majaz, que opera en la sierra de Piura, también crece una atmósfera hostil. De los insultos se ha pasado a los ataques a mano armada: el joven rondero Joel Rivero Chimbo fue herido de dos balazos presuntamente por un minero de la compañía Majaz, cuando se alistaba para repartir volantes a favor de la consulta, según relató la víctima.
El hecho se produjo el domingo 26 de agosto a las 4 de la madrugada en el caserío Tacalpa, de la provincia piurana de Ayabaca.
"Se me acercó, sacó su revólver y dijo: 'yo soy minero y estoy a favor de la mina Majaz, ¡por qué te opones!'. Luego me disparó", contó Joel a este diario desde el hospital regional de Piura donde se encuentra a la espera de ser operado.
Las balas del revólver calibre 22 lo hirieron al joven de 23 años a la altura del hombro derecho y en las costillas 3 y 4, cerca de la columna vertebral. En esta última zona, una de las balas continúa alojada debido a lo difícil que resulta extraerla, a pesar de que ya ha transcurrido una semana del ataque. La víctima afirmó que hoy procederá a denunciar el hecho ante las autoridades policiales para que se inicien las investigaciones.
"A pesar de esto, seguiré apostando por la agricultura ", dijo Joel Rivero luego de reiterar su intención de participar, en contra de la actividad de Majaz, en la consulta ciudadana del 16 de setiembre.

"QUE INVESTIGUEN"

La congresista nacionalista de Piura, Marisol Espinoza, informó que solicitó al ministro del Interior, Luis Alva Castro, que se investigue el ataque y se incremente el resguardo policial en las zonas donde se efectuará la consulta, a fin de garantizar la seguridad.

"NO SOMOS LOS RESPONSABLES"

El gerente de relaciones institucionales de Majaz, Andrew Bristow, dijo que el ataque definitivamente no ha sido promovido por la empresa. "Nosotros no somos los responsables y rechazamos la violencia. Esperamos que el caso sea denunciado e investigado", enfatizó.
Bristow insistió en que Majaz promueve un clima de paz y tolerancia, aunque no negó que la empresa se encuentra apoyando festividades populares días previos a la consulta del 16 de setiembre. Los dirigentes campesinos aseguran que esa es una estrategia de la compañía para que los campesinos se embriaguen y no acudan a emitir su voto. Para la consulta se estima la participación de 30 mil comuneros y apoyo de organismos internacionales.
Diario La República- Lima 04/09/2007

3 de septiembre de 2007

ARANA: NO MÁS "CONCESIONES” SIN ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Representante de Grufides señala que el gobierno regional debe realizar este trabajo para evitar mayores conflictos sociales con las mineras.

E1 Gobierno Regional tiene la gran responsabilidad de solicitar y- 'exigir, al Ministerio de Energía y Minas, para que no, se otorgue ningún permiso para exploración o explotación minera o concesión minera alguna en la región de Cajamarca hasta no contar con la zonificación ecológica y económica y el Plan de Ordenamiento Territorial y además se tenga establecido el plan de protección y gestión de los recursos hi¬dricos,
Este es el planteamiento lanzado por el Reverendo Padre Marco Arana Zegarra, como medida para evitar mayores conflictos sociales entre las comunidades y las empresas mineras que tratan de hacer prevalecer sus derechos sobre los concesiones otorgados en determinados territorios de la región Cajamarca, como es el caso especifico de los comuneros del valle de Condebamba.
La lucha por la protección de los recursos naturales como el agua y el suelo es el problema fundamental en la relación entre las familias campesinas y las empresas mineras expresó Marco Arana. Pues bien, el Gobierno Regional debe exigir al gobierno central o al Ministerio de Energía y Minas una moratoria para cualquier permiso que tenga que ver con las actividades mineras hasta que no se concluya con el Plan de Ordenamiento Territorial de la región, subrayó.
Recordemos dijo Marco Arana, que el Plan de Ordenamiento Territorial es una promesa de campaña electoral del actual Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca, Jesús Coronel Salirrosas y si bien es cierto se están dando algunos pasos sobre este tema, sin embargo el trabajo que se realiza demuestra una total lentitud.
En este sentido indicó si la actividad minera va a paso de liebre el trabajo del gobierno regional sobre Ordenamiento Territorial está simplemente a paso de tortuga, por lo tanto lo urgente es que se acompasen los pasos y por lo tanto el Gobierno Regional debería exigir al Gobierno Nacional mayores competencias y mayores recursos para evitar conflictos, además de exigir respeto por los derechos de las comunidades.
Al referirse a los diversos conflictos sociales existentes en la región como consecuencia de las concesiones mineras, el Padre Marco Arana indicó que lamentablemente el Gobierno Regional se halla atado de manos por cuanto las leyes existentes en el país no le dan ninguna atribución legal en materia de permisos para la mediana y gran minería.
No obstante dijo si bien es cierto el gobierno regional el Gobierno Regional no tiene ninguna responsabilidad en este aspecto, sin embargo recalcó que si tiene la gran responsabilidad de ordenar y planificar el territorio, así como proteger y gestionar sus recursos hídricos.
Diario El Clarín – Cajamarca 03/09/2007
A CONTRACORRIENTE. ¿FORSUR O FORZA…R?

Javier Diez Canseco.

La constitución de Forsur, organismo encargado de asumir la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto (salvo Huancavelica y Ayacucho), deja claras varias cosas.

1) Quieren sujetar el proceso y las medidas que se adopten al control absoluto del gobierno de García y sus socios, los talibanes neoliberales o fujimoristas de la gran empresa privada (como PPK y Chlimper). Para ello se han asegurado que la suma de los ministros y los empresarios sea mayoría absoluta en la dirección de Forsur, para someter a las autoridades regionales y locales, dejando de lado a las fuerzas sociales. Han colocado en la presidencia a Julio Favre, un personaje autoritario, intolerante y vertical. No sólo encabezó la campaña contra la CVR y defendió la amnistía a los criminales del grupo Colina, sino que parece haberlo hecho por razones hasta personales, pues se le imputa –durante el período de la violencia– haber puesto Atahuampa, su granja avícola en el norte chico, como sede operativa de grupos militares involucrados en la detención-desaparición de varias personas, incluidos el periodista Pedro Yauri y el alcalde de Huaura. Hoy es parte de un grupo de "consejeros" presidenciales que se reúnen con García periódicamente, vinculados al directorio de FORZA, la tenebrosa empresa de seguridad privada –vinculada a marinos retirados y a servicios de inteligencia– que sirve a Yanacocha, la rica empresa minera de oro de Cajamarca, involucrada en el seguimiento y las amenazas al Padre Arana y a los ronderos que se enfrentan a la contaminación y los abusos del poder minero.

2) Quieren absoluta libertad de acción y ausencia de controles efectivos o responsabilidades penales ante irregularidades o ilícitos que se cometieran. Por ello, todo el cuento de que los empresarios que integren Forsur no son funcionarios públicos. ¿Este no fue el mismo cuento de Santiago Fujimori y de Montesinos durante el gobierno de la mafia fujimorista, que no eran funcionarios, que trabajaban ad honorem, pero lo decidían y manejaban todo sin marcos regulatorios legales y controles? Y sabemos a dónde nos lleva este asunto. A la falta de controles y de transparencia en los procedimientos. ¿No acabamos de ver lo que pasó con el "shock de inversiones" convertido en "shock de coimisiones"? ¿No estamos viviendo los escándalos en las compras de patrulleros, paralizadas hace más de un año? ¿No aparece García avalando la compra –haciendo gala de cuán buena es la comida china– y después avalando la anulación del compra, siempre y cuando su actitud omnipotente le cubra las espaldas a su ministro Alva? ¿No basta lo vivido para saber a dónde vamos?

3) Como un buldózer, el gobierno aprofujimorista y sus socios de la gran empresa pretenden convertir el terremoto del 15 de agosto en una oportunidad para imponer políticas que el país ha rechazado en las urnas, en las encuestas y en las luchas sociales. Es decir, imponer un modelo de reconstrucción de Pisco, Chincha, Ica y Cañete que apunta a privatizarlo todo, a convertir la reconstrucción en un espacio de negocios para determinados grupos: concesión de carretera, privatización de aeropuerto, privatización del puerto, construcción de viviendas subsidiadas por el Estado en mano de grandes constructoras, y hasta la instalación de la petroquímica –que habían prometido desarrollar en Moquegua o en Arequipa– en esta zona, pero con nuevos incentivos que les permitirán a los empresarios fijar sus precios y manejar su negocio con mayores prebendas, menores regulaciones del Estado y absoluta libertad en el manejo del recurso y sus destinos.

4) Ica, el departamento "modelo" de pleno empleo, con 42% de población en pobreza, y largamente más en desempleo y subempleo sin derechos elementales, con viviendas y servicios precarios hoy devastados, seguirá siendo un laboratorio neoliberal. Para ello, hay que marginar a la gente del planeamiento y la decisión sobre el modelo y los planes de reconstrucción, hay que anularle su capacidad de control y decisión, hay que convertirla en mera receptora de ayuda, recepcionista pasiva, pero no en actor del proceso que definirá las sociedades locales y regionales en que han de vivir. Cuando el presidente regional reclamó sobre las responsabilidades que le competen por ley y los canales que le corresponden fue brutalmente arrinconado y Favre hasta se dio la parte de decir que gracias a él se incluyeron autoridades regionales y locales en Forsur. O sea que la cosa era más burda y centralista todavía. Numerosas organizaciones sociales, eclesiásticas, y populares de Ica han reaccionado frente al tema, pero son silenciadas por los medios frente al remedio oficial.

Forsur en realidad trata de FORZA…R. Es una reedición de viejos estilos tradicionales y autoritarios que, en los lamentables casos de Áncash o Arequipa ante desastres naturales, fueron un fracaso y centro de corruptelas que hoy se lamentan. Una expresión más del mimetismo de García y los estilos verticales y autoritarios de Fujimori (quien, dicho sea de paso, parece esperar –ante la pasividad cómplice de las autoridades peruanas que cogobiernan con él– un ansiado fallo que le permita evadir responder ante la justicia). ¡Qué triste ver que la desgracia de muchos se use como la oportunidad y la capacidad de decidir de unos pocos!
Diario La República – Lima 03/09/2007






Comuneros piuranos advierten con nuevas protestas
DEMANDAN A MAJAZ RESPETAR RESULTADOS DE CONSULTA VECINAL

Los comuneros de los distritos piuranos de Ayabaca, Pacaipampa (Ayabaca) y El Carmen de la Frontera (Huancabamba) radicalizarían sus acciones de protesta contra la minera Majaz S.A. en caso dicha compañía no respete los resultados de la consulta vecinal sobre sus operaciones, programada para el 16 de setiembre.
Así lo sostuvo el delegado del sector de la comunidad de Aranza (Pacaipampa), Franio Román Córdova, quien en entrevista concedida a la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), instó a los pobladores de las comunidades arriba mencionadas a tomar parte del referéndum.
“La lucha ha comenzado y acá estamos en pie. Si en la consulta le ganamos a la minera, y no quieren irse, nosotros vamos a ir arriba (al campamento de Majaz) a luchar y a botarlos. Estamos dispuesto a todo por defender nuestro medio ambiente y nuestras aguas para nuestras futuras generaciones”, subrayó.
En ese sentido, Román repudió el fondo privado ofrecido por la minera Majaz S.A. a las comunidades de Yanta (Ayabaca) y Segunda y Cajas (Huancabamba), a cambio del permiso para la ejecución de la etapa de explotación del proyecto Río Blanco, en Piura.
“Ellos ofrecen 40 millones de dólares a la comunidad de Yanta y 40 millones de dólares a la comunidad Segunda y Cajas. Piensan que son las únicas que luchan, pero somos 72 comunidades organizadas que luchan en defensa del medio ambiente, que rechazamos rotundamente la minería”, enfatizó.
“Los 80 millones de fondo privado que ofrece la minera Majaz es una mentira; o sea quieren comprar a la gente, pero con su dinero sucio nunca podrán entrar acá a las comunidades campesinas”, acotó.
Por tal motivo, pidió al presidente de la República, Alan García Pérez, respetar las leyes sobre este caso. “Si es democrático que sea democrático, si es dictador que se declare dictador de una vez, porque lamentablemente tenemos puesta la esperanza en él”.
Como se recuerda, Majaz invitó a los comuneros de Segunda y Cajas y Yanta a conformar dos "Asociaciones sin Fines de Lucro" para cada población, con un acceso paulatino a los fondos privados que ascienden a 40 millones de dólares en cada caso.
Cada asociación estará compuesta por Miembros Fundadores, un Consejo Directivo y un Consejo Consultivo. El primer rubro estará integrado por las mineras Majaz S.A. y Coripacha S.A.C.
Esta última, antecesora de Majaz, funcionó avalándose en documentos que no fueron aprobados por los dos tercios de la Asamblea General de las Comunidades Campesinas, sino solamente por la Junta Directiva, antes de la transferencia de sus acciones, como lo demuestra el informe de la Defensoría del Pueblo del año pasado.
Las operaciones de Majaz ponen en peligro las nacientes de la cuenca de los ríos Chinchipe y del Quiroz, cuyas aguas son utilizadas por las referidas localidades para su agricultura y ganadería, además de amenazar los ecosistemas de montaña donde se ubican los bosques de neblina y páramos. Los efectos contaminantes alcanzarían, también, a las provincias de San Ignacio y Jaén, en Cajamarca.
Es por todo lo anterior que los pobladores de los distritos de Carmen de la Frontera y Ayabaca realizarán una consulta vecinal el 16 de setiembre para decidir si aceptan o no la continuidad de la citada compañía. Empero, dicha consulta popular no tiene carácter vinculante; vale decir, no existe ley que señale que el Gobierno deba aceptar el resultado del referéndum.
www.cnr.org.pe – Lima 03/09/2007






PRESIONANDO AL TC

Apenas aprobada la ley anti ONG, norma de carácter controlista que colocó al Estado peruano en el mismo podio de resistible honor con la Venezuela chavista y la Rusia del nuevo despotismo de Vladimir Putin, países donde también el año pasado se colocaron cortapisas a las organizaciones de la sociedad civil, estas instituciones anunciaron que no tolerarían pasivamente la conculcación de sus derechos y que acudirían al TC para que declarara la inconstitucionalidad de los aspectos cuestionables de la norma.
Recordemos que los 60 votos alcanzados por el proyecto anti ONG se reunieron fruto de una alianza contranatura entre el aprismo, el fujimorismo y la derecha de UN. Se trataba de una venganza anunciada, pues quienes pretenden el retorno del corrupto dictador necesitan silenciar a aquellas entidades de la sociedad civil que jugaron un rol activo en la denuncia y caída del fujimorato; tampoco el Apra aprecia la crítica que analistas ligados a ONG hacen de las inconsistencias del gobierno, y comparte con la derecha su desagrado ante las ONG ambientalistas, enfrentadas al poder de las mineras.
Como es sabido, además de innecesaria por reiterativa, la norma objetada es claramente inconstitucional por recortar libertades reconocidas en la Carta de 1993. Este es el fundamento de la recolección de firmas que permitió a la Asociación de Centros interponer un recurso ante el TC. Pues bien, el trámite ante este máximo tribunal ha concluido, los magistrados han escuchado los alegatos de las partes y el asunto se encuentra listo para sentencia.
Ante esta circunstancia ha arreciado la campaña chantajista y mentirosa de la extrema derecha y sus aliados en el oficialismo, encaminada a impedir que el TC cumpla con su labor y se pronuncie sobre la materia que le ha sido consultada. Esta campaña se ha basado en la especie de que los miembros del alto tribunal estaban ligados a ONG, pero cuando se descubrió que eso era una burda, una calumnia, ahora ha pasado a una segunda fase, con páginas y páginas dedicadas a recoger declaraciones de los mismos personajillos de siempre, empeñados en acallar al Tribunal Constitucional.
Desde aquí nos cuidaremos de incurrir en lo mismo, pues somos de la opinión de dejar al TC opinar libremente en el sentido que sus miembros, que son juristas independientes, así lo consideren. Pero sí creemos necesario recordar que no ha sido culpa del TC si el Congreso ha sido incapaz de elegir a los miembros de reemplazo de ese alto tribunal, ni puede pretenderse que paralice sus actividades en espera de que los
congresistas se pongan de acuerdo. En el fondo, estas presiones descaradas ponen al desnudo lo poco que creen en la democracia sus autores, a la cual debilitan con argumentos tan falaces como los que dieron lugar a la promulgación de una ley inconstitucional que han sido incapaces de defender.
Diario La República – Lima 03/09/2007







“MUCHAS ONG SE AUTOERIGEN EN UN PODER PARALELO”

Javier Valle-Riestra aclara que una cosa es la lucha por la libertad y la defensa de los DDHH y otra los excesos y la arrogancia de sus dirigentes


“Si el Parlamento es pasible de un control, por qué no pueden serlo las ONG, que no han sido elegidas por el pueblo”, se preguntó el congresista y constitucionalista Javier Valle-Riestra al expresar su seguridad de que el Tribunal Constitucional (TC) rechazará el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la ley que regula a estas organizaciones.
El parlamentario mostró su convencimiento de que el TC se pronunciará a favor de dicha ley –en el fallo que se emitirá esta semana pues ya existe jurisprudencia al respecto.
“El TC no puede claudicar porque ya ha dictado sentencia al señalar que no hay islas intocables dentro del aparato del Estado”, recordó.
Opinó que muchas ONG se autoerigen en un poder paralelo que se enfrenta al Estado al no querer ser fiscalizadas pese a que, como es legal, los demás organismos sí son controlados.
“El TC controla al Parlamento al evaluar si es legítima o no una ley. ¿Por qué el Parlamento puede ser vigilado, siendo el primer poder del Estado, y no una ONG que no ha sido elegida por el pueblo?”, preguntó.
Aclaró que si bien reconoce el trabajo de algunas ONG, que tienen como tarea la lucha a favor de los derechos humanos, también es cierto que muchas veces se cometen excesos y por ello es necesario conocer el origen de las fuentes de financiamiento.
“Simpatizo con las ONG en su defensa de la libertad y los derechos humanos, pero permitir sus excesos o la arrogancia de sus dirigentes, es otra cosa”, afirmó.
Por su parte, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de DDHH, Luis Alberto Salgado, instó a las ONG a esperar con “tranquilidad” la resolución del TC.
Sostuvo que no deben preocuparse por el fallo porque el Estado garantizará su libertad de acción, sea cual fuere la sentencia.
Asimismo, opinó que el objetivo de esta ley es aumentar la transparencia de la labor de las ONG y garantizar el buen uso de los aportes internacionales.

FALLO EN CIERNES

La demanda de inconstitucionalidad fue interpuesta por la Asociación Nacional de Centros contra varios artículos de una norma del Ejecutivo que establece regulaciones a la labor de las ONG. El fallo del TC está previsto para esta semana.
Diario El Correo - Lima 03/09/2007





“MAJAZ QUIERE BOICOTEAR CONSULTA POPULAR"

• En asamblea general comuneros rechazan propuesta de minera Majaz y apoyan consulta para pronunciarse sobre la actividad extractiva.

Por Milagros Salazar.

Al margen de los resultados de la consulta, Majaz continuará difundiendo los beneficios de su actividad.

El clima social se calienta cada vez más en las provincias piuranas de Ayabaca y Huancabamba. Los comuneros denuncian que la minera Majaz intensifica sus estrategias de contracampaña para traer abajo la consulta popular que les permitirá pronunciarse sobre la actividad extractiva en sus territorios. "La mina quiere boicotear la consulta", asegura mediante un enlace telefónico Eusebio Guerrero, vicepresidente de la comunidad Segunda y Cajas, en Huancabamba.
El dirigente manifiesta a este diario que a quince días de que se realice este proceso electoral, la empresa ha incrementado el apoyo a organizaciones paralelas de las comunidades y a actividades en las que incluso "se reparte mucho licor para buscar la simpatía de los campesinos", detalla Guerrero.

¿TODO VALE?

Tanto en la comunidad de Segunda y Cajas como en la de Yanta, donde se levanta el proyecto minero Río Blanco de Majaz, los dirigentes informan que la minera estaría preparando fiestas populares con música y trago para el 14 y 15 de setiembre, es decir, en la víspera de la consulta programada para el domingo 16.

EN ASAMBLEA GENERAL, COMUNEROS RATIFICARON SU OPOSICIÓN A LA MINERÍA.

"Lo que se busca es que los campesinos no vayan a expresar su opinión ese día. Y eso no es ganar una elección limpiamente a pesar de que este proceso debería realizarse con transparencia y neutralidad", asegura Guerrero. Para él, Majaz debería ver en la consulta una oportunidad para analizar hasta qué punto su proyecto tiene legitimidad en la zona "en lugar de apelar a estrategias que agudizan el conflicto".
Pero, en respuesta, el gerente de relaciones institucionales de la empresa, Andrew Bristow, aseguró a este diario que al margen de los resultados de la consulta, Majaz insistirá en explicar los beneficios del proyecto minero.
Sin embargo, en asamblea general las comunidades han decidido rechazar la propuesta de Majaz de participar en un fondo privado de 80 millones de dólares para obras de desarrollo en la zona porque consideran que "sus tierras y los muertos –que ha cobrado el conflicto– no tienen precio", insistió Guerrero. Prefieren decidir su futuro en las urnas.

CLAVES

OPORTUNIDAD.

Se calcula que 30 mil comuneros participarían en la consulta. Y a pesar de no ser vinculante, sus promotores esperan que las autoridades del gobierno central tomen en cuenta los resultados de la consulta antes de que Majaz empiece a explotar el mineral en el 2011.

VEEDORES.

Veinte organizaciones internacionales participarían como observadoras de la consulta y se formará un comité de ética para la fiscalización.
Diario La República – Lima 03/09/2007

2 de septiembre de 2007

NO LOS QUIEREN

Se viene un conflicto en los andes de Piura. De un lado la minera Majaz, con el apoyo del Ministerio de Energía y Minas, y del otro los campesinos de la provincia de Ayabaca, decididos a proteger sus fuentes de agua y sus tierras de la contaminación inherente a la actividad minera. Majaz exhibe la bendición que el gobierno le ha dado a su proyecto Río Blanco, pero los reparos de la Defensoría del Pueblo no pueden ser ignorados.

Por Enrique Patriau

Un sentimiento que se extiende y que parece ser exacerbado por el propio gobierno al negociar un contrato a espaldas de las comunidades de la zona.

En la sierra de Piura, un conflicto a todas luces violento asoma en el horizonte. Una serie de hechos demuestran que el enfrentamiento entre la minera Majaz y las comunidades campesinas de Segunda y Cajas y Yanta, a raíz del proyecto Río Blanco, se agudizará y traerá consecuencias que lamentar.
La disputa empezó el año 2003 y el domingo 16 de setiembre ingresará a una etapa decisiva cuando se celebre la consulta vecinal convocada por los municipios de Ayabaca, Pacaicampa y Carmen de la Frontera para que sus respectivas poblaciones se pronuncien sobre si desean o no.
Si bien no se trata de una votación vinculante, sus promotores esperan que el resultado a favor del "No" sea lo suficientemente contundente y haga entender a Majaz de la inconveniencia de seguir adelante con sus planes de extracción de cobre y molibdeno. De lo contrario, la tensión podría derivar en violencia.

LO QUE SE VIENE

Los campesinos de Piura se han organizado para preservar su ecosistema. Apuestan por un modelo de desarrollo y no quieren imposiciones desde Lima.
"Si lo que usted desea saber es qué puede pasar si no se entiende que preferimos la agricultura a la minería, le voy a decir la verdad: si Majaz se queda puede haber violencia, no buscada por nosotros sino por ellos". Magdiel Carrión, presidente de la Federación Provincial de las Comunidades Campesinas de Ayabaca, es claro en su advertencia sobre lo que seguramente ocurrirá si no se alcanza un acuerdo por las buenas.
"¿Qué cosa se puede esperar de una empresa que ocupa sin autorización territorios ajenos? ¿Y cómo puede reaccionar el pueblo si no se le ofrece una salida pacífica, si sus derechos elementales a la salud, a la vida, se vulneran, si no se nos considera ciudadanos iguales al resto y se decide nuestro futuro desde Lima?", pregunta Carrión.
Al revisar los antecedentes de la historia, resulta notorio que Minera Majaz (subsidiaria de Monterrico Metals, cuyo principal accionista es el consorcio chino Zijin) cuenta con el apoyo total del Estado (léase ‘gobierno’) y que, en esa apuesta por la inversión que el proyecto Río Blanco representa (US$ 1,000 millones en 20 años), los campesinos aparecen postergados en sus reclamos, son peruanos ignorados, invisibles para el Estado. Y tal situación solamente puede exacerbar ánimos.

¿De qué clase de quejas hablamos? La principal tiene que ver con el hecho de que Majaz, según la Defensoría del Pueblo, está ocupando ilegalmente los terrenos de las comunidades. Aun cuando los comuneros no poseen los derechos del subsuelo, dos tercios de la asamblea comunal deben dar su aprobación antes de que la superficie sea utilizada por terceros. Majaz no ha conseguido ese aval indispensable para iniciar exploraciones, y tampoco para la instalación de campamentos. Majaz se defiende y arguye que todo se encuentra en orden.
El gran temor de los campesinos es el daño ambiental que Río Blanco provocaría en el ecosistema. Sobre este punto decisivo tampoco existe una respuesta explícita de la minera. Así, a caballo entre la incertidumbre y lo que asumen que es un atropello a sus derechos, se aprestan a hacerse escuchar.
"Defenderemos nuestro derecho a una vida con salud", sostiene Sixto Alberca, presidente del Frente Único en Defensa de la Vida del Medio Ambiente del distrito de Carmen de la Frontera. Los principales dirigentes se escuchan decididos e inflexibles en sus propósitos. No quieren a Majaz. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar?

ENGREIMIENTOS ESTATALES

La producción de limones se exporta a Europa y EEUU. Tambogrande apostó por la agricultura y le va bien.
Si los campesinos hubieran sentido desde el inicio una preocupación real del Estado por absolver sus dudas y cuestionamientos, el panorama sería menos conflictivo. En cambio, hemos llegado a un punto en donde la violencia surge como posibilidad latente en defensa de lo que ellos consideran justo.
Un imprescindible y demoledor informe elaborado por una delegación independiente coordinada por el Perú Support Group (PSG), organización con sede en el Reino Unido, da cuenta de ello. Las conclusiones a las que arriban los investigadores (un especialista en ambiente y desarrollo, catedráticos de antropología y geografía y un miembro del Parlamento Británico) son particularmente reveladoras.
Señalan textualmente que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) responde, únicamente, a las demandas y preocupaciones de Majaz, respeta sus derechos de concesión y de superficie y, por añadidura, "para todos los fines y propósitos" desestima los hallazgos de la Defensoría del Pueblo "el actor más neutral del conflicto". En contraparte, el mismo MEM no responde a las preocupaciones de las poblaciones locales, no respeta los derechos de superficie de las comunidades y, en buena cuenta, ignora sus demandas. Los expertos recalcan además que el Poder Judicial enjuició a miembros de la población local por daños a la propiedad, pero no halló culpable alguno por la muerte de dos campesinos, Reemberto Herrera Racho y Melanio García González, victimados durante las marchas de protesta hacia el asentamiento minero.
"Esta situación es peligrosa. Para la delegación no resulta difícil apreciar que podría llevar, en última instancia, a que los activistas y pobladores locales concluyan que sus opciones para defender sus intereses son muy limitadas y que el recurso a la violencia parece ser su opción más efectiva. La delegación no la justifica, pero cree que antes de rechazarla es importante comprenderla…", se advierte en el estudio.
A esta sucesión de tratos diferenciados, se suma el último engreimiento del gobierno: un convenio de estabilidad tributaria firmado a inicios de agosto con Majaz, una práctica discriminatoria en contra de las empresas peruanas que no disponen de ese régimen especial. Suscrito al amparo de la Constitución de 1993, el contrato de estabilidad tributaria impide que se le aplique, por ejemplo, un impuesto a la sobreganancia mientras los precios de los minerales sigan tan extraordinariamente altos como hasta
ahora, sin contar privilegios adicionales, como el derecho a renunciar al convenio, cosa que el Estado no puede hacer.

PROBLEMA LEGAL

Ha sido escenario de enfrentamientos en los últimos tres años.
Alejandra Alayza, del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), acaba de publicar el libro "No pero sí" que explica las complicadas relaciones entre comunidades y minería. Voz autorizada, declara que el procedimiento seguido en el caso Majaz ha sido irregular desde el inicio. "Lo ha dicho la propia Defensoría del Pueblo, y aun así el Estado se ha puesto de costado", agrega.
Un aspecto que subraya es que en el Perú no existe un marco legal adecuado que regule la actividad minera. Luego, ante la ausencia de instrumentos que ayuden a decidir en dónde se pueden realizar operaciones extractivas y dónde no, "se abre la ventana, llegan inversionistas, seguramente que muy importantes, y hacen lo que quieren y de cualquier manera".
"No es casualidad que Majaz haya ofrecido 80 millones de dólares a los campesinos. Por más que la consulta del 16 no sea vinculante, sabe que si arroja resultados negativos muy altos, no contará con licencia social. Como dijeron muy bien por ahí, Majaz salió de compras. Es una manera un poco a la bruta, ¿no?", sostiene Alayza.
Ciertamente, Majaz les propuso a las comunidades crear un fondo privado de 80 millones de dólares (pagaderos a lo largo de los años que dure Río Blanco). Sin embargo, los dirigentes rechazaron la oferta. "La salud no tiene precio", arguye Sixto Alberca. "Han querido comprar nuestras conciencias", lo secunda Magdiel Carrión.
Majaz no pierde las esperanzas de que su millonario recurso termine siendo finalmente aceptado por las familias comuneras. "Algunos dirigentes sin representatividad han dado su opinión. Nosotros esperamos que los involucrados evalúen si les conviene o no", dice Andrew Bristow, gerente de relaciones institucionales de la empresa.
Bristow adelantó a DOMINGO que, sin importar los resultados de la consulta del 16 de setiembre, insistirán en explicarles a los pobladores "los beneficios de la mina". "No queremos violencia. No es buena", añade. Coincidimos.
Pero acaso la única salida pacífica viable pase por renunciar a pretensiones de exploración y explotación donde, todo hace suponer, no son bienvenidos.

EXISTEN SEVEROS RIESGOS AMBIENTALES

El informe coordinado por el Perú Support Group indica: "Las mayores preocupaciones que genera Río Blanco a la delegación son sus efectos a largo plazo (…), ya existen otras concesiones en áreas adyacentes y si la empresa tiene razón en que el proyecto liderará un desarrollo minero mucho más amplio en la región, el impacto ambiental será mucho más grande y es extremadamente probable que afecte la calidad y cantidad del agua que llega a la vertiente occidental de los Andes de Piura".


JURISPRUDENCIA: EL CASO TAMBOGRANDE

La consulta popular del 16 presenta un antecedente: la que se realizó en el también piurano pueblo de Tambogrande, en junio del 2002. En esa oportunidad, se consultó a sus habitantes si estaban de acuerdo con la explotación que pretendía llevar a cabo la minera Manhattan. El resultado fue un rotundo "No".

"Y en la actualidad los afamados limones de Tambogrande siguen siendo enviados a todo el Perú, mientras los mangos adquieren cada vez más renombre en el mercado internacional", escribe en un artículo Wilfredo Ardito Vega, de APRODEH, tras una reciente visita a la zona que lo dejó gratamente sorprendido por el desarrollo acelerado de un pueblo que apostó por la agricultura.
Diario La República – Lima 02/09/2007





30 MIL COMUNEROS SE PRONUNCIARÁN SOBRE LA ACTIVIDAD MINERA EN CONSULTA VECINAL

• Alcaldes de Ayabaca, El Carmen de la Frontera y Pacaipampa acusaron al gobierno de querer intimidarlos con denuncias en su contra.

Liliana Rojas.

Población se pronunciará sobre permanencia de minera Majaz. Haga click en la imagen para ampliar.
Pese al cuestionamiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que denunció a los alcaldes por presunta usurpación de funciones, los dirigentes de las comunidades de Ayabaca, Pacaipampa y El Carmen de la Frontera, en Piura, afirmaron que no cederán a estas "presiones" y que todo está casi listo para la consulta vecinal del 16 de setiembre en la que unos 30 mil comuneros se pronunciarán sobre la actividad minera en sus territorios.
Su decisión ha sido respaldada por los alcaldes que ayer, en encuentro con los comuneros, se ratificaron en su decisión de llevar adelante la consulta.
"No vamos a retroceder. Tenemos derecho a pronunciarnos sobre una actividad que pone en peligro nuestras vidas. En todas las comunidades nos han asegurado una masiva participación", dijo Magdiel Carrión, presidente de la Federación de Comunidades Campesinas de Ayabaca, quien precisó que para llevar a cabo este mecanismo de participación ciudadana tienen el asesoramiento de especialistas en materia electoral y democracia.
En las tierras de las comunidades de Yanta (Ayabaca) y Segunda y Cajas (El Carmen de la Frontera) se ubica el proyecto minero Río Blanco que pretende ejecutar Minera Majaz sin el obligado consentimiento de los campesinos y a pesar del peligroso impacto negativo que generaría la minería en el medio ambiente y, sobre todo, en la calidad del agua, perjudicando incluso a poblaciones de la vecina región Cajamarca.
Por estas razones, los comuneros se oponen al proyecto y en su lucha ya han muerto dos de ellos.

LA VOZ DEL PUEBLO

Proceso. Especialistas capacitan a miembros de mesa en El Carmen de la Frontera.
Benito Guarnizo, presidente del Frente de Defensa del Medioambiente de Huancabamba, dijo que la consulta está amparada en la Constitución, la Ley Orgánica de Municipalidades y los tratados internacionales. "Queremos hacernos escuchar mediante el único mecanismo que nos faculta la ley", expresó.
Guarnizo manifestó que no los amedrentan los cuestionamientos del JNE que, a mediados de agosto, declaró ilegal la consulta y denunció al alcalde provincial de Ayabaca, Marcial Marchena, y a los distritales de Pacaipampa, Juan García, y de El Carmen de la Frontera, Ismael Huayama, por supuesta usurpación de funciones al aprobar la convocatoria de este mecanismo de participación civil. A raíz de esa denuncia, los fiscales de Ayabaca y Huancabamba investigan a los tres burgomaestres.
Tanto Marchena como García aclararon que la convocatoria del proceso no fue una decisión personal, sino la atención a un pedido de la población que tiene el derecho a opinar sobre la actividad minera que se les pretende imponer en sus territorios. Ambos calificaron a la investigación de la que son objeto como "acto de intimidación del gobierno que no tendrá resultados".
El teniente alcalde de Ayabaca, Deyber Flores, sostuvo que si bien es cierto "el resultado de la consulta no es vinculante, será la expresión del pueblo la que debe ser tomada en cuenta por las autoridades". La consulta se desarrollará el 16 de setiembre de 8 am a 4 pm.
Flores subrayó que los municipios pueden realizar consultas en temas de medio ambiente y planificación de desarrollo. "Y la minería trastoca nuestro ambiente, por eso no violamos la ley", arguyó Flores.

PRECISIONES

Campaña. La pugna se ha trasladado a los muros de la ciudad.

PROCESO.

Como en todo proceso electoral, ya se instalaron los comités electorales en Ayabaca, Pacaipampa y El Carmen de la Frontera.

CAPACITACIÓN.

Los miembros de mesa son capacitados para el cumplimiento de sus funciones.

RONDERAS.

La seguridad del proceso estará a cargo de mujeres ronderas.

TEXTUAL

"Queremos vivir en paz, que respeten nuestros derechos a elegir un modelo de desarrollo y alcanzar el bienestar social. Hoy tenemos problemas debido a la presencia de la mina Majaz pues divide y corrompe a la comunidad".

HABRÁ VEEDORES INTERNACIONALES

Además de la ONG Transparencia, participarán como observadores de la consulta 20 organizaciones internacionales vinculadas al ejercicio de ciudadanía y democracia, procedentes de Italia, Canadá, Suiza, EEUU y Bélgica, entre otros países. Sólo Transparencia designará a 20 observadores para el proceso. "Estamos presentes porque la consulta no contraviene ninguna norma", dijo su representante Victoria Juárez.
Para asegurar la transparencia del proceso electoral, éste será fiscalizado a partir de la próxima semana por un Comité de Ética integrado por el padre Gastón Garatea, el antropólogo Guillermo Lumbreras, el ex ministro de Energía y Minas Carlos Herrera y la ambientalista María Elena Foronda
Diario La República – Lima 02/09/2007