7 de mayo de 2008

MOTIVACIONES POLÍTICAS DEL MINISTRO


Roberto Ochoa B.


Juan Valdivia, ministro de Energía y Minas, sólo aparece para anunciar alguna nueva inversión minera o para nfrentar cualquier protesta que afecte a sus amigos del sector repitiendo hasta la saciedad el mismo rollo de sus antecesores: la huelga minera "tiene motivaciones políticas".

No le falta razón, señor ministro, porque todo en su despacho tiene "motivaciones políticas". Desde las granjerías de los propietarios de Minera Casapalca y sus services ilegales, hasta los cargos y acusaciones de "terroristas" contra comuneros, ronderos y ecologistas que cuestionan los atropellos de Majaz y Yanacocha. También tiene "motivaciones políticas", señor ministro, ver a su señora esposa ilustrando un publirreportaje dedicado a promocionar actividades de una empresa minera en el Cusco.

Pero al ministro Valdivia le parece "muy raro" que la huelga minera coincida con la inminente V Cumbre ALC-UE.

No hay nada raro, señor ministro. Por si no lo sabe, la Cumbre está dedicada al tema del Cambio Climático y Pobreza, dos variables íntimamente vinculadas con el sector minero en el Perú.

La Oroya, nuestro epicentro minero y siderúrgico, integra la lista de las diez ciudades más contaminadas y miserables del mundo. Ni qué decir de las "ciudades mineras" Huancavelica y Cerro de Pasco, ejemplos vivos del "desarrollo" minero.

Diario La República – Lima 07/05/2008








PRONUNCIAMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES PERUANAS


POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LAS GARANTÍAS FUNDAMENTALES:

NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL


Ante las recientes denuncias y acusaciones por parte del Gobierno y algunos sectores de la prensa nacional, en contra de personas e instituciones que vienen expresando opiniones criticas, así como manifestaciones legítimas de protesta de frente a la política oficial, denunciándolos con ligereza de tener supuestos vínculos con el terrorismo, las organizaciones que suscribimos, nos dirigimos la opinión pública para hacer conocer nuestra posición:


Desde hace varios meses observamos con preocupación una fuerte tendencia a judicializar y criminalizar con facilidad la movilización y la protesta social. Con el uso y acusación con calificativos fáciles y altisonantes se pretende intimidar y aislar a todo aquél que discrepa de la política oficial. Esta tendencia evidencia la cada vez más importante presencia que tienen los sectores autoritarios en el gobierno.


La intolerancia y la pretensión de acallar las diversas voces disidentes se ha expresado o en estos días en contra de APRODEH, Francisco Soberón, y por extensión en todos los organismos de defensa de los derechos humanos de la sociedad civil del país. Magnificando y tergiversando la posición, que expresaran en respuesta a Parlamentarios Europeos, distintas fuerzas políticas, y muy claramente el fujimorismo, buscan revancha por el juicio a Fujimori a la par que pretenden afirma; un orden claramente represivo. El debate suscitado, ha pretendido obviar que APRODEH en diversas declaraciones públicas califica al MRTA como grupo terrorista, calificación con la que estamos de acuerdo la mayoría de peruanos y peruanas, y que claramente expresó la Comisión de la Verdad y Reconciliación - CVR.


Acciones como éstas representan un peligro creciente para el ejercicio en el Perú de las libertades fundamentales. Pretenden deslegitimar la protesta social y el papel que cumplen ¡as organizaciones de la sociedad civil, atentando contra la esencia misma de la democracia y los derechos humanos. Recurrir a la descalificación del opositor y al insulto, sólo contribuye a la polarización y dificulta la consolidación democrática en nuestro país. Más aún, hace mal el Gobierno en alimentar un ambiente de enfrentamiento e intolerancia, ante la proximidad de la Cumbre ALC-UE.


Llamamos al Gobierno él reflexionar sobre las implicancias de los pasos que viene dando, a garantizar la libertad de expresión y las garantías individuales, así como a no reproducir, y por el contrario lograr que no se repitan, las tendencias autoritarias que hemos vivido en el Perú, y que peruanas y peruanos rechazamos.


Suscriben:

1 Acción Solidaria para el Desarrollo - Cooperacción.

2 Asociación Alternativa;

3. Asociación Arariwa - Cusco;

4 Asociación Aurora Vivar;

5 Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas - CBC:

6 Centro de Estudios y Asesoria Laboral - CEDAL,

7 Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo - DESCO;

8 Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA;

9 Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social- CEDEPAS;

10. Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan;

11. Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES;

12. Estudio para la defensa de los derechos de la Mujer DEMUS;

13. Foro de la Sociedad Civil en Salud - Foro Salud;

14 Forum Solidaridad Perú;

15. Movimiento Manuela Ramos;

16. Red Peruana por una Globalización con Equidad - RedGE,

17. Servicios Educativos Rurales – SER


Diario La República – Lima 07/05/2008

'LA DENUNCIA POR TERRORISMO NO SOLUCIONARÁ EL PROBLEMA DE MAJAZ'


La denuncia por terrorismo a 35 líderes ambientalistas de Majaz no contribuirá a solucionar el conflicto social que enfrenta a las comunidades de Ayabaca y Huancabamba con la minera Río Blanco Cooper S.A., sostuvo hoy Javier La Rosa, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Según un diario local, el Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas de Huancabamba presentó ante la fiscalía provincial de turno de Piura denuncias por terrorismo contra 35 dirigentes ambientalistas, entre líderes comunales y representantes de varias ONG. Esta entidad, que tendría poca representatividad y estaría financiada por la minera, no ha presentado mayores pruebas para sustentar su acusación.

"Me temo que aquí ha habido un exceso de quienes han formulado la denuncia, porque propiamente lo que hay en Majaz es un conflicto social. Hay una confusión al pretender utilizar los tipos penales de terrorismo, que son muy estrictos, para hacer encajar los hechos que se han dado en este conflicto. A la larga va a ser contraproducente, porque esto no va a ayudar a una resolución pacífica del conflicto, que sería lo ideal en esta circunstancia", remarcó La Rosa en diálogo con elcomercio.com.pe.

Para el representante de IDL, se deben restablecer los lazos de confianza entre las dos partes, que se encuentran enfrentadas por la negativa de las comunidades de Huancabamba y Ayabaca a permitir los trabajos de la empresa minera en sus tierras. El conflicto se agudizó en setiembre del año pasado, cuando los resultados de una consulta popular mostraron un apoyo mayoritario a la posición contraria al proyecto Majaz.

La Rosa deploró que el Gobierno, llamado a ser el mediador en este conflicto, haya tomado una posición a favor de la minera, lo cual ha generado mayor desconfianza entre los pobladores. Asimismo, recalcó que la Iglesia, por lo menos en la zona, también apoya a una de las partes, por lo que tampoco sería aceptada como mediadora.

"El requisito para que haya un mediador imparcial es que las partes lo acepten. Me queda claro que la Iglesia, en esta zona, ha tomado partido por las comunidades. La minera no la va a ver como un tercero imparcial", afirmó La Rosa, quien consideró que la Defensoría del Pueblo o un grupo de personalidades podrían ser quienes medien en el conflicto.

Diario El Comercio – Lima 07/05/2008

LOS "NIÑOS DE PLOMO": EL ROSTRO CRUEL DE LA MINERÍA EN PERÚ


Niños y mujeres gestantes con altos niveles de plomo en la sangre, por encima de los límites permitidos a nivel mundial, son el efecto colateral de la actividad minera en Perú, que tiene su peor rostro en la ciudad andina de Cerro de Pasco, una región pobre pero rica en minerales.

En este lugar, 300 km al este Lima, los niños presentan contaminación por metales pesados, especialmente con plomo, que puede provocar retardo mental, menor desarrollo orgánico fetal, disminución de la capacidad auditiva, problemas de comportamiento y defectos neurosicológicos, según autoridades sanitarias.

Las últimas investigaciones del Instituto Nacional de Salud en dos comunidades del departamento centroandino de Pasco -sobre los 4.300 metros de altitud- han confirmado los temores de daños a menores, a quienes se llama "niños de plomo".

El estudio, que data de 2006 (el de 2007 se procesa aún), se centró en las comunidades de Quiuilacocha y Champamarca, muy cercanas a lugares de extracción a tajo abierto.

Ahí se encontró que el 84,7% de niños de uno a diez años y mujeres gestantes tenían niveles de plomo en la sangre por encima de los permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En abril el gobierno reconoció la gravedad del problema y el ministerio de Salud dispuso el traslado de urgencia de 47 niños de Cerro de Pasco a Lima para ser atendidos por la contaminación por plomo.

"No importa de quién es la responsabilidad; lo que vamos a hacer es resolver el problema y dar tratamiento a los niños afectados; después veremos quién paga la factura, pero los niños no pueden esperar", dijo el ministro de Salud, Hernán Garrido Lecca.

La Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Actividad Minera (Conacami) expuso el caso del obrero Luis Palma Huaricancha, que trabaja para la minera Volcan -la principal de la región-, cuya hija Taís, de 3 años, padece de convulsiones, desmayos y ha perdido el habla.

Su familia vive en un barrio pobre de Cerro de Pasco, a pocos metros de una zona en que se extrae cobre, plomo, plata, zinc, los metales que produce la región.

"Pedí a la empresa que me ayude. Me dieron alimentos por seis meses y nada más", se quejó el trabajador.

La congresista Gloria Ramos, presidenta de una comisión parlamentaria sobre medio ambiente, informó que la empresa Volcan tuvo utilidades netas por 285 millones de dólares en 2006, que casi se duplicaron a 445 millones en 2007, estimando que para el presente año alcancen los 800 millones de dólares.

Otro caso es el de María de la Cruz Zacarías, que tiene a su hija postrada en cama, con alto nivel de plomo en la sangre, afectada de leve retardo mental y parálisis en las extremidades inferiores.

La empresa Volcan, que asumió los gastos de traslado y exámenes de laboratorio a los menores traídos a Lima, sostiene que no es su estricta responsabilidad la contaminación pues el departamento de Pasco fue explotado décadas atrás por la estadounidense Cerro de Pasco Copper Corporation y luego por la estatal Centromin.

La congresista Ramos propuso días atrás la reubicación de la ciudad de Cerro de Pasco (70.000 habitantes) en vista de la grave contaminación por la explotación minera.

El presidente de la región Pasco, Félix Rivera, apoya ese planteamiento señalando que "actualmente ya no se puede llamar ciudad a Cerro de Pasco (capital).

Perú, país tradicionalmente minero, figura entre los primeros cinco productores mundiales de cobre, oro, plata, zinc, plomo y estaño.

Radio RPP – Lima 07/05/2008







LAS MINERAS SE ENRIQUECEN PERO LA POBLACIÓN SE EMPOBRECE: PERÚ Y ARGENTINA SON DOS EJEMPLOS


Las zonas mineras de Latinoamerica albergan altos porcentaje de pobres y desnutridos. Perú ha "sufrido" un notable aumento de la la inversión extranjera en los últimos diez años, principalmente en sectores primarios como la minería extractiva. En Argentina decenas de acusaciones por contaminación tiene en su contra Minera Alumbrera, impulsadas por una gran diversidad de sectores, localidades y provincias.

Las zonas MINERAS de Latinoamerica albergan altos porcentaje de POBRES y DESNUTRIDOS. Una persona que NO TIENE ingresos suficientes para tener un mínimo de servicios de salud, alimentación, vivienda, vestido y educación es POBRE. Este es el caso de una alto porcentaje de habitantes de las zonas MINERAS de Latinoamerica.


Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel.


PERU:


Cajamarca es la provincia minera de Perú que posee la MAYOR MINA DE ORO DEL MUNDO... YANACOCHA.

En 1990 el 44 % de los niños tenía algún grado de desnutrición y la pobreza rondaba al 60 % de los habitantes.

Hoy, luego de 16 años de explotación minera del oro, esas cifras NO HAN VARIADO significativamente.

La única diferencia es que ya no es una zona RICA EN ORO porque se lo han llevado, y la contaminación del suelo y el agua compromete seriamente SU FUTURO.

El distrito de la Encañada (donde se encuentra ubicada Minera Yanacocha), sigue siendo muy pobre.

Pasco es otro departamento minero del Perú y tiene un 40% de desnutrición y apenas el 18 % cuenta con cloacas. El 59 % de los vecinos NO tiene empleo.

Según cifras emitidas por organismos oficiales, PERU ha "sufrido" un notable aumento de la la inversión extranjera en los últimos diez años. Principalmente en sectores primarios como la minería extractiva. El crecimiento anual del PBI ha sido sostenido en un en 4%, unos de los más altos de la región y la balanza comercial es positiva. Entre la década del 90 y 2000, la actividad minera pasó de ocupar el 4% del territorio nacional al 13%.

Pero... según el Instituto Nacional de Estadísticas el 54% de la población del país es pobre y otro 14% vive en condiciones de extrema pobreza. Las actividades económicas extractivas no dan valor agregado a los que se llevan. Del 40% de la Población Económicamente Activa (PEA) sólo un 15% tiene empleo estable.

Solamente el 50 % de los peruanas posee servicio de cloacas y el 25 % NO tiene agua potable.


Datos que alarman:


Desde 1996 al 2000 aumentaron los costos para el tratamiento de agua potable por problemas de contaminación en 100 millones de dólares.

La actividad minera ha ingresado a tierras agrícolas afectando los terrenos de cultivos. Esta expansión afecta las tierras de 3 mil comunidades campesinas que se han visto invadidas.

- Aun cuando en el Perú las exportaciones mineras ascienden a US$ 4 573 millones de dólares anuales y representan el 51% de las exportaciones totales, la producción minera sólo contribuye con el 5% del Producto Bruto Interno (PBI), aportando en impuestos con un promedio anual de 1.9 % de sus exportaciones. Entre 1992 al 2002 la producción minera acumulada superó los 63 mil millones de soles, pero sólo aportó como canon 654 millones de nuevos soles, lo que es apenas el 1%.


ARGENTINA:


A escasos kilómetros de las localidades de Andalgalá y Belén, provincia de Catamarca, funciona la mina de cobre y Oro mas grande de Argentina, Bajo La Alumbrera. Factura unos 1000 millones de dólares por año.

En ANDALGALA, y durante los inicios en 1997, la campaña publicitaria de la empresa y los políticos de turno prometieron la construcción de un barrio para cinco mil personas, nuevas escuelas, un hospital de alta complejidad, rutas asfaltadas, 6.000 puestos de empleo. Ninguna de esas obras se plasmó.

Los pobladores dicen que en la mina no trabajan más de 90 personas de Andalgalá. El resto todos "profesionales foráneos". Aída Orellana, había creído, como todos sus vecinos, en las promesas. Invirtió todo lo que tenía, y más, para construir un pequeño hotel. Creyó que la ciudad crecería, que Alumbrera le daría huéspedes y prosperidad. Pero los cuartos rara vez alojaron visitantes. Cuando se dio cuenta del engaño comenzó su militancia contra la minera. "Fue todo una gran estafa y encima nos envenenan"."Prometía desarrollo del lugar, comprar a proveedores locales; pero lo cierto es que de acá no compran ni el tomate o la lechuga para las ensaladas", refuta Orellana.

El boca a boca en Andalgalá muestra que las enfermedades gastrointestinales se multiplicaron, pero ni el hospital local ni ningún estamento gubernamental dan cuenta de estudio alguno. Una sola vez, en 2003, se conocieron estadísticas del hospital local: confirmaron que, desde la instalación de la mina y hasta 2003, las enfermedades respiratorias en niños había aumentado de 1374 a 2244. Todos señalaron como responsable a la mina. Nunca más fueron difundidas datos de salud del lugar.

El fiscal de Tucumán denunció a la empresa por contaminación. El juez federal de Santiago del Estero investiga una denuncia de presencia de cobre y plomo en el norte provincial y una posible contaminación de llegaría hasta las turísticas Termas de Río Hondo. La justicia de Rosario investiga el presunto tráfico documental y exportación ilegal de metales. Pobladores de Villa Vil, en Catamarca, denunciaron a la empresa por un derrame tóxico del mineraloducuto. Son sólo cinco de las decenas de acusaciones que tiene en su contra Minera Alumbrera, impulsadas por una gran diversidad de sectores, localidades y provincias.

En Belén la situación es aún mas grave. El jefe del Area Programática Nº 11, Dr. Armando Kapluk, declaró que "contamos con alrededor de 80 niños en estado de desnutrición, de lo cual un 98 por ciento está afectado por el grado 1, mientras que el resto corresponde al 2º grado”. La problemática afecta principalmente a quienes habitan en los barrios más carenciados de la ciudad, como Artaza, El Arenal, La Puntilla y Huaco.

Catamarca es la provincia con mayor pobreza del NorOeste Argentino, según la última medición realizada por el INDEC y lo más preocupante es que no logran bajar la línea de pobreza de los últimos años. www.ecoportal.net

www.ecoportal.net – Argentina 07/05/2008

"GOBIERNO NOS LLEVA A PELIGROSA POLARIZACIÓN"


Eliana Villavicencio, Trujillo


¿Cómo conjugar los conceptos derechos humanos y minería para lograr un desarrollo sostenible en el país?


Difícil conjugar estos dos conceptos. Hay incompatibilidad debido a que la minería no es una actividad económica sostenible. Se contrapone a las actividades económicas sostenibles como la agricultura y la ganadería. No permite que estas se desarrollen mientras haya extracción minera, pues trae contaminación ambiental. Es allí cuando empieza a colisionar con los derechos humanos, como el de tener agua y tierra limpias, afectando sobre todo a los más pobres.


Pero si somos un país rico en minerales ¿cómo aprovechar esos recursos que están allí?


Creo que sobre la actividad minera hay que privilegiar actividades económicas sostenibles. Por ejemplo La Libertad, que es una de las regiones con mayor concesión minera en el norte, que tiene un potencial turístico, agrario y ganadero.

¿Cómo aseguramos la calidad de los suelos y de las aguas y de la disponibilidad de la tierra para estas actividades, si hay minería?


Después de todo lo que ha costado el sistema de irrigación del Proyecto de Chavimochic hacer minería acá sería una locura.


Propone entonces que optemos por no extraer los minerales?


Yo creo que la minería es necesaria para la economía del país El problema es dónde hacer minería, qué tipo de tecnología se debe usar, qué fiscalización ambiental hay para ello y cómo se aprovechan mejor los recursos y esas inmensas riquezas que genera la minería en bienestar del país y no de pequeños grupos de poderes o empresas. El problema no es que no se haga minería. Cajamarca, que es una región minera, sigue siendo pobre.

¿Y el desarrollo sostenible?

¿Falta fiscalización a las mineras por parte de1gobierno?


El gobierno es cómplice de los atropellos ambientales que causan las mineras. Los grandes intereses económicos siempre han estado detrás del poder político. No se trata de una oposición a ultranza, se trata de una posición crítica en la medida de que los marcos jurídicos no garantizan que la minería esté convenientemente fiscalizada desde el punto de vista ambiental. Hay corrupción, impunidad...

No hay conciencia ambiental...


No la hay. El Apra, cuando entró al gobierno, no tenía un plan de protección ambiental. Un acuerdo comercial con EE.UU. ha tenido que obligado a pensar en un Ministerio del Medio Ambiente. Pero necesitamos un ministerio con prerrogativas de fiscalización y sanción, que recoja las propuestas de la ciudadanía, no una cartera que promocione la actividad minera sin control.


RECHAZA PERSECUCIÓN


Al parecer el gobierno quiere divorciarse de las O NGs defensoras de los Derechos Humanos


¿Cuál es su apreciación?


No sólo eso, sino que el ataque que inició contra ellas es una especie de psicosocial para contrarrestar la resistencia de las comunidades que se oponen a la minería. Es una situación que preocupa, porque se observa un creciente autoritarismo, en un ambiente de conflicto social donde se favorece al que más tiene y se perjudica al más pobre. Y en el que intenta criminalizar las protestas.


¿A dónde nos conduce ello?


A una peligrosa polarización. Eso puede llevar a escenarios de confrontación, que generaría crisis de ingobernabilidad. -¿En qué se basa cuando habla de contaminación por minería?

Recientemente se realizó una consultoría internacional en varias regiones. En La Libertad se encontró elevados índices de contaminación en los ríos, de la cual es responsable el sector minero formal debido a las grandes cantidades de químicos que usan.


ATENCIÓN. Sobre la minería informal del Cerro El Toro, en Huamachuco, el padre Arana señaló que es urgente que el gobierno investigue el destino del oro extraído. "¿A dónde se va ese oro? ¿Al contrabando o al stock de las mineras formales?", se preguntó.


OLVIDO. Asimismo, manifestó que falta solidaridad entre las poblaciones urbanas y rurales para luchar contra la contaminación ambiental producida por las mineras.

Diario La República – Lima 07/05/2008







MEDIO AMBIENTE.AGUA Y ROCA


Por José Luis López Follegati


Languidece el tiempo de los duros que no vacilan, no perdonan y sentencian. Una nueva y sutil hegemonía está creciendo: la de la suavidad, cuya flexibilidad les permite adaptarse, complementarse y encontrar en lo malo el lado bueno por donde seguir fluyendo. Recogiendo a nuestro poeta José Watanabe: "El mundo aún no alcanza su total y cerrada dureza de piedra, todavía sobrevive algo que se contrae y se distiende debajo de algunas superficies y fluye un cierto frescor de aguas remotas…".

Sólidos como la roca, los duros están hechos para la conquista. Son hábiles, fuertes y decididos. El mundo que afirman comprender se compone de resultados, categorías y productos. La certeza proviene cuando algo se puede medir, su enfoque es sobre los problemas y resuelven su unidad cuando tienen a alguien a quien oponerse luego de dividir el mundo entre buenos y malos. El reinado absoluto de la razón los convierte en dueños de una verdad que tienen que enseñar o imponer. No toleran la incertidumbre y demandan orden y formalidad de instituciones cerradas, corporaciones sólidas y un Estado fuerte, para garantizar, en nombre de la eficiencia, una estricta división de lo público y lo privado y no permitir que el calor de los corazones reblandezca a las mentes preparadas para la dura competencia en este mundo siempre dividido.

Fluidos como el agua, los suaves han sido convocados para aquietar y reagrupar el mundo. Son diestros navegadores en el caos y la incertidumbre, dotados de una mirada abierta que les permite comprender y, eventualmente, fusionar la formidable diversidad que les ha tocado vivir. Antes que en los resultados su aprendizaje está en los procesos. Su versatilidad les permite adecuar productos de acuerdo con las cambiantes exigencias del mercado. Saben fluir en la dualidad, comparten verdades con el otro que piensa diferente. Están siempre dispuestos a la conectividad, así como a la armonización del cuerpo, la mente y el espíritu. No dividen emoción de razón ni la esfera pública de la privada, más que en la regulación confían en la propia voluntad de cambio de las personas e instituciones porque reconocen que no hay otra forma de hacer que el mundo se reencamine.

Agua y roca no se excluyen: solo están realineándose. La globalización y la revolución de las comunicaciones se expanden a la par del cambio climático. Formidables fenómenos que aún no podemos comprender a cabalidad. Riesgo y oportunidad caminan entrelazados. Cataclismo y renacimiento. Portentoso despliegue de un mundo que se ha estrechado a la par que se abre. Requerimos de nuevos saberes, actitudes y modos de ser y hacer. Qué nos queda entonces: enfrentar o adaptarnos, homogenizar o fusionar, cerrar o abrir, contener o fluir, navegar o posicionarse, compartir o poseer, mitigar o solucionar. Culpar o unirse. Dominar o proteger. Confiar o descreer. ¿Como el agua o como la roca? Este no parece ser un tiempo de escoger. Solo de fluir.

Diario La República – Lima 07/05/2008




DEFENDER MEDIO AMBIENTE ES DELITO DE TERRORISMO EN MINAS DEL NORTE

300 OPOSITORES a Majaz están procesados, 35 de ellos por terrorismo. Promotora de proyecto minero Río Blanco desata provocadora estrategia contra líderes ambientalistas de Piura y Cajamarca.



Por: Edmundo Cruz.




Comuneros vs comuneros. La estrategia comunitaria de la Minera Majaz, puesta en práctica el 8 de marzo último en Tres Acequias, Huancabamba.





Una de las víctimas.


El 24 de marzo último, una organización de reciente formación denominada Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas de la Provincia de Huancabamba presentó ante la Fiscalía Provincial de Turno de Piura una denuncia por delitos de terrorismo, en quince modalidades distintas, contra 35 líderes ambientalistas de la región.

Entre éstos, alcaldes, presidentes de comunidades y de frentes de defensa, de rondas campesinas, que suman 27 líderes. Más ocho profesionales: dos abogados, un ingeniero, una economista y un biólogo, del equipo técnico de las ONGs que apoyan el movimiento ambientalista.

Los delitos de los que se les acusa son: "contra la tranquilidad y la paz pública, disturbios, apología, asociación ilícita, contra los poderes del Estado y el Orden Constitucional, motín, conspiración, contra la humanidad, torturas, lesiones graves y leves, coacción, secuestro, violación de domicilio, contra el patrimonio, usurpación y daños".

En total 300 son los procesados, entre ellos los 35 por terrorismo. Se han abierto 25 juicios a los cuestionadores del proyecto.


La entidad denunciante se formó el 11 de diciembre de 2007, inmediatamente después del referéndum del 16 de setiembre último que ganó abrumadoramente la posición contraria al proyecto de la empresa Majaz dentro de la jurisdicción de las comunidades de Segunda y Cajas y Yanta.

El Frente denunciante se formó con el respaldo de 300 ciudadanos, de los cuales menos de una decena son miembros de la Comunidad Campesina Segunda y Cajas, a la que dicen representar. Esta comunidad de reconocida trayectoria cuenta con un padrón de más de mil integrantes.

Los acusadores encabezados por Juan Cruz Pusma, Higinio Rivera Labán, Nextar Labán Majuán y Rosa Sandoval Barco no se presentaron a las dos primeras citaciones el 9 y el 24 de abril último. No han fundamentado su denuncia y no se ha actuado ninguna prueba.



CAMBIO DE ESTRATEGIA



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Minera Majaz S.A., filial de la inglesa Monterrico Metals, la promotora del proyecto minero Río Blanco, desde el 2002, cambió de propietario hace un año, el 27 de marzo del 2007.

Zijin Mining Group Co. Ltd., consorcio chino, compró el 89.9% de las acciones de Monterrico Metals. Poco después se desprendió de un 10% para cederlo a la fundición coreana LS Nikko Co. El consorcio Zijin copa el 80% del accionariado, en tanto los ingleses mantienen un porcentaje minoritario.

En su última etapa de gestión de Minera Majaz S.A., los ingleses intentaron un cambio de su estrategia comunitaria y para ese efecto contrataron un equipo de profesionales expertos en la materia.

Producto de ese afán habría sido la declaración de reconocimiento y disculpas públicas que la empresa Majaz formuló el 11 de setiembre de 2006 por los errores de su política socioambiental anterior a junio del 2006.

El intento loable se vino abajo en vísperas de la realización del referéndum o consulta vecinal del 16 de setiembre. Y con mayor fuerza luego de que Zijing tomara el control de la minera.


ESCALADA


La organización de un ente paralelo a la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas es el extremo de una política de división de la matriz que antes ensayaron los responsables de las erradas estrategias comunitarias: Raúl Urbina y el australiano Andrew Bristow, quienes volvieron y mantienen sus puestos bajo la gestión de Zijing.


En el 2004, Urbina y Bristow crearon los "Comités de Desarrollo" y en el 2005 la "Alianza para el Desarrollo". Núcleos de personas que con el patrocinio de la empresa ora recibían capacitaciones diversas y ora eran movilizadas para acciones de provocación contra el movimiento ambientalista.



No dieron pie en bola. Ahora el Frente paralelo edita inclusive un boletín a todo color, en papel couché, con el logo de "Unidad Comunera". ¿Quién financia tan lujosa prensa comunera? Dicho Frente es el autor de la reciente denuncia de terrorismo contra los defensores del medio ambiente.



Rául Urbina, funcionario, promotor de confrontación comunera.



VALE TODO


La política comunitaria de Minera Majaz, ahora Río Blanco Cooper S.A., se desliza por el campo de la provocación para enfrentar a los comuneros versus comuneros. Un botón de muestra es la contramanifestación organizada el 8 de marzo último, Día Internacional de la Mujer, en el caserío Tres Acequias, ubicado en la Comunidad de Segunda y Cajas.

La denuncia por terrorismo contra los 35 ambientalistas presenta este evento como prueba. Sostiene que "200 ronderos arremetieron salvajemente con piedras látigos y palos, golpearon a las mujeres,... producto de lo cual Carmen Velasco Lizama perdió el bebé que estaba gestando".

Según Servando Aponte, presidente de la Comunidad Segunda y Cajas, "la gente de Majaz agredió a la policía y al fiscal, a quien le cayó una piedra en la cabeza. Esa gente estaba preparada para el enfrentamiento, contaban con fusiles y piedras".

Los dirigentes indicaron que ellos fueron agredidos primero por los miembros del Frente de Unidad (paralelo) en el que también participaron funcionarios de la empresa Río Blanco Cooper S.A. (ex Minera Majaz). El gerente de Responsabilidad Social, Raúl Urbina, en la foto que publicamos al lado, aparece forzando el ingreso al local donde se realizaba el acto convocado por la Comunidad de Segunda y Cajas. El choque fue entre varones. Esteban Correa, del Frente de Defensa de Medio Ambiente, perdió la visión de un ojo. Las rondas niegan su responsabilidad en la pérdida del bebé.


OTRAS "PRUEBAS"


"Las ONGs –dice la denuncia del Frente paralelo– llegaron a nuestras tierras apoyadas por la Diócesis de Chulucanas y desarrollan una serie de talleres en los que se decía que el desarrollo de la minería en nuestra localidad traería la muerte de todos nosotros, que nuestras mujeres parirían niños con dos cabezas".

En otra de sus pretendidas pruebas los denunciantes se remontan al supuesto secuestro del periodista Dúber Mauriola Labán, quien efectivamente fue detenido por las rondas el 30 de diciembre de 2004 durante tres días y azotado por decisión de la Comunidad de Segunda y Cajas.

Dúber Mauriola en su espacio radial "La voz de las Huaringas" insultaba y amenazaba constantemente a los comuneros. A mediados de 2004, de un momento a otro, adquirió su propia emisora, "Radio Centinela", y multiplicó sus ataques contra la comunidad y a favor de la empresa minera. A fines de noviembre de 2004, él y un grupo de sus guardaespaldas destruyeron el local y los equipos radiofónicos de la emisora "Difusora de Huancabamba" que acogía los reclamos de las rondas y el Comité de Defensa del Medio Ambiente.

Las denuncias de estos hechos ante el Ministerio Público no prosperaron. Entonces, la comunidad aplicó su fuero consuetudinario y le impuso la pena denominada "cadena ronderil" (reclusión sucesiva en varias comunidades). Los azotes son un castigo que se aplica a los comuneros que caen en falta.

Todo esto se evitaría si funcionara la justicia oficial y el Estado respetara y tomara en cuenta las decisiones de las comunidades. Derecho que está amparado por la Ley de Comunidades Campesinas, la legislación peruana y el Derecho Internacional. Mientras tanto el diálogo sigue en receso.


AMBIENTALISTAS Y EL PRESIDENTE


Javier Jahncke Benavente, abogado de 37 años, especializado en medio ambiente. Desde el año 2000 participa activamente en el equipo técnico que asesora al movimiento ambientalista de Piura y Cajamarca. Promotor de la ONG Grufides, junto a Fedepaz ha asistido la consulta vecinal del 2007 sobre Majaz.

Julia Cuadros Falla, economista, socia fundadora de Cooperacción. Se inició en el Instituto de Apoyo Agrario. Con 30 años de experiencia en cooperación del desarrollo. En relación con centros como mina Tintaya (Cusco), Las Bambas (Apurímac), Doe Run (La Oroya).

El 21 de marzo último, el presidente Alan García, de visita en China, desayunó con los directivos de 10 de las mayores empresas chinas. Una de ellas, Minera Zijin, la concesionaria del proyecto Río Blanco. "Este no tiene por qué no realizarse", afirmó. El mandatario desestimó así los resultados de la consulta vecinal del 16 de setiembre pasado en Piura. Tampoco consideró las sanciones impuestas por Osinergmin.

El 22 de febrero pasado, Osinergmin impuso a Río Blanco Cooper S.A. (ex Minera Majaz) una multa de 100 Unidades Impositivas Tributarias. Motivo: infracción al Reglamento de Seguridad e Higiene Minera.

Diario La República – Lima 07/05/2008



MINAS DE URANIO Y DESARROLLO SUSTENTABLE


Rolando Páucar Jáuregui


El panorama actual mundial caracterizado por una demanda creciente de recursos energéticos, reservas limitadas de combustibles fósiles, un escaso desarrollo de energías complementarias, el cambio climático y el cumplimiento de los acuerdos internacionales firmados en Kyoto obligan a los países a modificar sus estrategias energéticas.

En este contexto, la generación de energía nucleoeléctrica se presenta como una solución viable para las próximas décadas. El Perú, que al igual que otros países de la región, vive inmerso en una inseguridad energética, necesita en el corto y mediano plazo incrementar y diversificar sus recursos energéticos. Nuestro país no debería desestimar la opción de promover la participación nucleoeléctrica en su matriz energética. Para ello, nuestros recursos uraníferos deberían ser explotados no sólo para atender la creciente demanda energética internacional sino la propia en el futuro próximo.

La minería de uranio precisa un marco legal y una normativa específica que permita que estas actividades formen parte de proyectos de mediano y largo plazo que consideren como tema prioritario la sustentabilidad ambiental, previendo los recursos económicos requeridos para las tareas de restitución y gestión de residuos de la minería de uranio y protección de la salud de la población que podría verse involucrada con esta actividad. Necesitamos reglas de juego clara, mucha información de parte de las mineras asentadas en Puno a la población y sus representantes y una presencia más decisiva por parte del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN).

Además es necesario que las actividades que puedan originar cualquier tipo de impacto radiológico ambiental estén reguladas por una normativa nacional específica establecida y fiscalizada por el IPEN en concordancia con lo establecido por la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA).

El IPEN debería ser el encargado de promover y crear condiciones favorables para establecer un sistema coherente de seguridad, que permita prevenir o minimizar los daños que podrían derivarse del uso de las radiaciones ionizantes en las diferentes áreas de aplicación. No lo hace.

Estamos iniciando una nueva y alentadora etapa en el desarrollo nuclear nacional para lo cual el IPEN precisa modernizarse a través de un cambio en su organización, sus metas y fines, cubrir las deficiencias en las reglamentaciones. Dicha entidad necesita una reingeniería capaz de redireccionar sus escasos recursos humanos para priorizar su papel fiscalizador y regulador.

En conclusión, dictar normas que regulen la problemática relacionada con la actividad minera y concentración de uranio, dictar normas referentes a la gestión de residuos radiactivos en los complejos mineros que permitan su disposición final de acuerdo a un marco legal, elaborar programas de monitoreo de los complejos minero - fabriles sujetos a una regulación del IPEN, usar herramientas para mejorar la gestión ambiental en minería de minerales radiactivos, buscar los medios necesarios para coordinar con las autoridades mineras provinciales y con otros organismos nacionales, las acciones a desarrollar en los programas de remediación y cierre de minas de uranio son algunas de las acciones a tomar en cuenta.

Diario El Correo – Lima 07/05/2008

PIDEN DURA SANCIÓN PARA LOS QUE BLOQUEAN CARRETERAS

MINISTRO JUAN VALDIVIA CRITICO A MINEROS DE CASAPALCA POR TOMAR CARRETERA CENTRAL


Como una forma de salvaguardar la integridad física de las personas que transitan a diario por las principales vías del interior del país, el ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, exigió una drástica sanción a los revoltosos que bloquean constantemente la Carretera Central en demanda de beneficios laborales.

Por ello, demandó a la Policía Nacional del Perú (PNP) evitar que vuelvan a repetirse incidentes como los protagonizados por obreros de la mina Casapalca. Recalcó que no hay ningún derecho para poner en peligro la vida de las personas en esa importante vía.

En los últimos dos días, los huelguistas no sólo obstruyeron con piedras y troncos la Carretera Central, sino que también pidieron “cupos” a los choferes y pasajeros para dejar pasar a los ómnibus, según denunció la cantante folclórica Dina Páucar.

Sin embargo, a pesar del diálogo entre los mineros y las autoridades del Ministerio de Trabajo, la violencia se agudizó el lunes en el tramo correspondiente a los kilómetros 112 y 117, cuando los manifestantes apedrearon los vehículos, provocando temor a los pasajeros, muchos de ellos personas de avanzada edad y niños. Incluso las personas que intentaban hacer un trasbordo fueron agredidas.


DURAS PENAS


Sobre el tema, el abogado penalista Luis Lamas Puccio consideró prioritario que los efectivos policiales identifiquen a los vándalos a través de las imágenes que pueden solicitar a los medios de comunicación. Sostuvo que de acuerdo con el Código Penal vigente, las personas que bloquean las carreteras deben recibir como sanción seis años de cárcel por el delito de obstrucción de las vías de comunicación públicas.

Además, la situación se agrava si producto de la agresión física muriera una persona, como ocurrió con un bebé hace unos meses en la misma carretera. En este caso, la pena es de 15 años por el delito de homicidio doloso.


MAS DATOS


Al cierre de la presente edición, los mineros de Casapalca volvieron a obstaculizar el tránsito en la Carretera Central. Cientos de vehículos quedaron varados.

Diario El Correo - Lima 07/05/2008

ADVIERTEN QUE MMA PUEDE SER UN "SALUDO A LA BANDERA"


Si el gobierno no incluye dentro de las funciones del futuro Ministerio del Medio Ambiente (MMA) facultades para fiscalizar y sancionar a las empresa mineras que no cumplan con los compromisos ambientales establecidos por ley, su instalación no tendrá mayor beneficio para las poblaciones que son afectadas por dichas actividades extractivas.

Así lo advirtió el padre Marco Arana, coordinador regional de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza de Cajamarca, quien a través de Chami Radio instó al Gobierno central a incluir las recomendaciones formuladas por las diversas organizaciones ambientales del país.

“Si el MMA no recoge las observaciones de los movimientos ecologistas, incluida la Defensoría del Pueblo, de colocar mecanismos de fiscalización y sanción a las industrias en materia de contaminación, sin duda el ministerio podría quedarse como un saludo a la bandera”, sostuvo.

Arana lamentó que la iniciativa del Ejecutivo de impulsar la implementación del MMA no haya surgido de su preocupación por preservar la salud ambiental de las poblaciones más vulnerables, sino de una exigencia de los Estados Unidos para la vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre dicho país y el Perú.

“No olvidemos que el MMA no se está creando como una propuesta política del partido de gobierno. El APRA llegó al gobierno sin una propuesta seria y clara sobre los temas ambientales, llegó sin política ambiental. Este portafolio se está creando en el contexto de dar respuesta al TLC, Estados Unidos no va a comprar productos contaminados del Perú”, enfatizó.

De otra parte, señaló que el Ejecutivo viene llevando a cabo toda una estrategia de desprestigio contra las organizaciones que defienden los derechos humanos y ambientales en el país. Esto al referirse a la acusación de los promotores de la consulta vecinal celebrada en Piura en setiembre del 2007, a quienes se les tildó de terroristas, y a los últimos ataques contra la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).

Así mismo, denunció que se ha venido creando todo un marco jurídico que permite el abuso de autoridad por parte del Estado. “Lo que más me preocupa es que hay un conjunto de normas que le dan al gobierno un carácter de autoritario y represivo, y en algunos casos permiten impunidad, como el asesinato del campesino Isidro en Llanos en Cajamarca y de los campesinos asesinados en Ayacucho”, finalizó.

Cabe señalar que, en los casos arriba mencionados, las fiscalías de las zonas indicaron que estos campesinos fueron asesinados por efectivos de la Policía Nacional del Perú, mientras participaban de una manifestación.

www.cnr.org.pe – Lima 07/05/2008






PROYECTO DE MMA DEBE SER DEBATIDO EN EL PLENO DEL CONGRESO


La vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, Yaneth Cajahuanca, instó a que el proyecto de ley de creación del futuro Ministerio del Medio Ambiente (MMA) pase a ser debatido en el Pleno del Parlamento, por cuanto corresponde a dicho espacio establecer la modificación de la estructura del Estado.

En declaraciones al programa “Diálogo Directo” de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), Cajahuanca Rosales destacó la necesidad de que el MMA cumpla con su principal misión, cual es la de fiscalización.

En ese sentido, mostró su preocupación a los avances presentados por la comisión de la creación del MMA, encabezada por el ambientalista Antonio Brack, que no aportan en dicho tema.

“El MMA no debe estar orientado sólo a los grupos de poder porque generaría mayores problemas”, expresó. Por tal motivo, señaló que el MMA debe buscar orientar el desarrollo sostenible del país asegurando una fiscalización eficiente.

“Se trata de explotar nuestros recursos según las posibilidades de la zona; y en base a eso, orientar el desarrollo sostenible del país. No se debe promover la inversión sin descuidar los pasivos ambientales, respetando los estándares internacionales ambientales”, concluyó.

www.cnr.org.pe – Lima 07/05/2008







NO HAY PRUEBAS QUE SUSTENTEN DENUNCIA CONTRA AMBIENTALISTAS Y AUTORIDADES DE PIURA


No existen pruebas penales que sustenten que los alcaldes y ambientalistas que se oponen a la etapa de explotación de la Minera Río Blanco Copper S.A. en Piura sean terroristas, sostuvo el abogado de los acusados, David Velasco.

En declaraciones a la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), Velasco Rondón indicó que la denominada "Asociación Civil Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas" (ACFUCCSC) se echó para atrás en su denuncia formulada ante la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Piura, adelantando así una evidente sentencia que demuestre la inocencia de sus clientes.

Velasco Rondón refirió que la fiscalía piurana estableció el 10 de abril como fecha de diligencia de declaración preventiva a los denunciantes, a fin de saber si éstos se rectificaban o no en su acusación, que abarcaba a una treintena de burgomaestres y ecologistas.

No obstante, los denunciantes nunca acudieron a esta cita, ni tampoco asistieron a la reprogramación de la misma, dispuesta para los días 24 y 25 de abril.

En ese sentido, el abogado David Velasco señaló que lo único que queda es esperar que la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Piura cite a los investigados para determinar si existen culpabilidad o no de sus defendidos.

Por último, señaló que si bien no existen pruebas documentadas que demuestren que esta denuncia fue presentada en el marco de una campaña de desprestigio contra sus clientes -presuntamente encabezada por la Minera Río Blanco Copper S.A.- algunos comuneros de la zona afirman que los miembros de ACFUCCSC trabajan para la compañía minera.

Finalmente, resaltó que la denuncia se basa únicamente en recortes periodísticos de la prensa de Piura, en su mayoría publicados por el diario Correo, medio que tiene una conocida posición a favor de la empresa minera, antes conocida como Majaz.

Como se recuerda, el 24 de marzo, la ACFUCCSC denunció a 35 personas que impulsaron la consulta vecinal en Piura y los sindicaron como representantes de grupos radicales de izquierda y remanentes de Sendero Luminoso (SL) y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

La denuncia, derivada en tiempo récord desde la Quinta Fiscalía Procesal Penal de Piura a la Dirección Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE), incluye a alcaldes así como a conocidos activistas y defensores de derechos humanos en el país. Entre ellos destacan los integrantes de la Red Muqui, Javier Jahncke Benavente, Julia Cuadros y Juan Aste Daffós; Nicanor Alvarado, del Vicariato Apostólico de Jaén; Carlos Martínez, alcalde provincial de San Ignacio; así como Wilson Ibáñez del Frente de Defensa del Medio Ambiente de Huancabamba, Servando Aponte y Cenesio Jiménez, presidentes de las comunidades campesinas de Segunda y Cajas y Yanta, entre otros.

Así mismo, existe un proceso penal y una investigación fiscal en el Juzgado Penal Mixto de Ayabaca y la Fiscalía Provincial Mixta de Huancabamba por delito de usurpación agravada, iniciado por las comunidades campesinas de Yanta y Segunda y Cajas contra directivos y accionistas de Minera Majaz S.A. (hoy Río Blanco Copper S.A.), por su intención de realizar actividades mineras en las tierras de las citadas comunidades, sin contar con los permisos correspondientes.

www.cnr.org.pe – Lima 07/05/2008