19 de junio de 2010

NATIVOS Y LA SELVA EN RIESGO


Tras acuerdo energético con Brasil. Futuras hidroeléctricas desplazarán a 18 mil ciudadanos y se deforestará 700 mil hectáreas de bosques.

José Carlos Reyes

El Acuerdo Energético entre el Perú y Brasil, suscrito el pasado miércoles entre los gobiernos de ambos países, ocasionará graves impactos ambientales y sociales como el desplazamiento de poblaciones y deforestación de la selva peruana en al menos cinco departamentos del Perú, advirtieron ayer un grupo de expertos peruanos en materia energética y ambiental.

En un pronunciamiento conjunto, las ONG Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Servicios Educativos Rurales (SER) y ProNaturaleza señalaron que solo teniendo en cuenta los proyectos de las hidroeléctricas de Inambari (Madre de Dios) y Paquitzapango (Junín) se desplazarían a más de 18 mil ciudadanos, entre ellos 10 mil pobladores ashánincas. Además de 700 mil hectáreas de bosques amazónicos.

Congreso debe revisarlo

Asimismo refirieron que un acuerdo de este tipo antes debe ser ratificado necesariamente por el Congreso de la República, tal como sucederá en Brasil, pero aquí el gobierno se negó a ello.

“Los artículos 46 y 56 de la Constitución señalan que todo tratado internacional debe ser aprobado por el Congreso cuando se deroga el marco legal actual y este es el caso”, manifestó César Gamboa, coordinador del Programa Energía Sostenible de DAR.

Podría ser demandado en el TC

Es por ello que de no pasar por el Congreso el tratado podría ser susceptible de una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

“Justamente el pueblo asháninca, como directamente afectado, evalúa interponer una demanda de inconstitucionalidad, o si no será también la propia sociedad civil la que lo haga”, expresó Mariano Castro, miembro de la SPDA.

Según el acuerdo firmado, el Perú podrá exportar energía eléctrica hasta por 7,200 MW.

Solo entre Inambari y Paquitzapango se producirán un aproximado de 30,000 MW, pero existen otros cuatro proyectos hidroeléctricos en la selva peruana.

Brasil es el gran beneficiado

Los analistas subrayaron que el acuerdo –con todos los impactos ambientales y sociales que conlleva– busca satisfacer la demanda brasileña pues el mercado nacional podría ser abastecido desarrollando el potencial de los Andes y con la energía eólica de la costa.

Asimismo criticaron la nula participación del Ministerio de Ambiente en el proceso de negociación para llegar a este acuerdo, pues no sirvió de contraparte al Ministerio de Energía y Minas para buscar atenuar el impacto ambiental de los proyectos.

Diario La República-Lima 19/06/2010





18 de junio de 2010

SE DECLARARÍA COMO ZONA INTANGIBLE A HUANGAMARCA


Para mostrar ante la comunidad la propuesta presentada al Ministerio del Ambiente para declarar la zona de Huangamarca en área de conservación, un grupo de funcionarios de la Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente (Renama) llegará hoy a este lugar.

El gerente de este estamento regional, Sergio Sánchez Ibáñez, dijo que este documento es el resultado del trabajo que realizó su Sector durante casi un año, con el fin de declarar esta zona que se ubica en la provincia de Hualgayoc, en área intangible.

“El mes pasado se terminó el estudio, siendo éste sustentado en la ciudad de Lima ante el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), esperándose su pronta aprobación”, aseguró.

Indicó que en esta reunión, en donde más de dos mil personas apoyan la propuesta, “habrá una presentación de todo el expediente de esta área protegida”, la que es solicitada por la comunidad que colabora con su cuidado a través de rondas campesinas organizadas.

En otro aspecto, afirmó que en Huangamarca, durante el estudio que hicieron, se registraron nuevas especies en flora y fauna, noticia que será comunicada a la población asistente.

“La primera área de conservación que se declaró fue Udima y ahora, esperamos los resultados del Ministerio del Ambiente para que esta zona se convierta en área de conservación intangible”, subrayó.

Precisó que en este lugar estará presente el presidente regional, Jesús Coronel Salirrosas, y un grupo aún no determinado de consejeros, “para que los asistentes sepan que hay voluntad política en este tema”.

Pero esto no queda ahí ya que se vendría “un proceso educativo de lo que significa crear un área de conservación siendo interesante transmitir poco a poco esta información que se ha ido generando en cada uno de los resultados que hemos tenido”.

Finalmente, enfatizó que la elaboración de este documento fue un poco dificultoso ya que se requirió hacer un estudio técnico profundo, “que nos permita realizar una buena sustentación de la propuesta”.

Diario Panorama Cajamarquino 18/06/2010





Un tribunal decidió aplazar la lectura de sentencia contra dirigentes nativos responsabilizados de los sucesos de Bagua.
SENTENCIARÍAN A NATIVOS


DETALLE

La Amazonía peruana, que abarca el 60 por ciento del territorio nacional, tiene el mayor nivel de pobreza del país, aunque para el gobierno de Alan García este problema se ha reducido gracias al auge de la economía nacional, la cual, sin embargo, no alcanza a la mayoría de la población, según los analistas.

Dirigentes nativos y líderes de base de Loreto, procesados por los luctuosos sucesos de Bagua en 2009, deberán esperar hasta julio para conocer la sentencia, al suspender el Juzgado Mixto de Alto Amazonas “hasta nuevo aviso” la lectura de la misma, fijada inicialmente para el miércoles último.

Los denunciados consideran como una actitud parcializada de la justicia peruana, ya que ninguno de los responsables, como la entonces ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, han sido involucrados en el caso o sancionados.

Entre los acusados figuran el dirigente indígena Vladimir Tapayauri, el párroco de la localidad de Barranquita, Mario Bartolini, la presidenta del Frente de Defensa de Alto Amazonas, Adilia TapulLima, y el director de Radio Oriente de Yurimaguas, Geovanni Acate, entre otros.

Constante Díaz, abogado de uno de los procesados, dijo que el juez que lleva el caso argumentó falta de tiempo para efectuar la diligencia, pero no llegó a comunicar a los involucrados la postergación de la lectura de sentencia. Sostuvo que si bien el tribunal puede enfrentar una sobrecarga procesal no se puede dejar a los dirigentes en la expectativa de conocer cuál será su determinación. “Los procesados deberían ser puestos en libertad y no recibir una sentencia por defender nuestra Amazonía”, opinó el letrado.

Las protestas de los indígenas, el año pasado, era para exigir la derogatoria de algunos decretos supremos que normaban la venta de terrenos en la Amazonía. El Ejecutivo se excedió en las facultades para promulgar la llamada Ley de la Selva y el Congreso nada hizo para evitar una situación extrema. Después de los sucesos de Bagua el Parlamento derogó dos decretos.

Las comunidades indígenas, de otro lado, evaluarán acciones de protesta si el gobierno no promulga pronto la Ley de Consulta Previa, aprobada el 19 de mayo por el Congreso, la cual reconoce el derecho de los pueblos nativos a ser consultados sobre medidas que afecten sus derechos colectivos.

Diario La Primera-Lima 18/06/2010





PEJEZA ESTAFA A COMUNIDAD CAMPESINA


El presidente de Comunidad Campesina de San Pedro de Lloc, Alfredo Rivasplata, denunció la venta de terrenos de propiedad comunal por parte del Proyecto Especial Jequetepeque Zaña (Pejeza), “lo que constituye una estafa”.

Dijo que “pese a existir un fallo judicial que nos favorece, Pejeza sigue sorprendiendo a comuneros y otras personas vendiendo lotes de terrenos que son propiedad comunal. Esas personas están siendo estafadas”.

“Hemos tenido una primera sentencia favorable el 17 de diciembre 2009 que reconoce que las tierras son efectivamente de la Comunidad Campesina San Pedro de Lloc, no es de hoy, sino de muchos años de existencia. Tenemos posesión milenaria y advertimos a todos los que quieran adquirir tierras, evitar hacerlo, porque serían burlados con su dinero”, anotó.

Diario La Primera-Lima 18/06/2010





TRABAJADORES DE DOE RUN EVALUARÁN DESARROLLO DE HUELGA INDEFINIDA


Esta mañana, los dirigentes del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de Doe Run desarrollarán una asamblea para analizar los resultados de los primeros cinco días de huelga indefinida en La Oroya (Junín).

Así lo informó Royberto Guzmán, secretario general del citado gremio, quien a través de CNR invocó al gobierno a "poner mano dura" a fin que la compañía estadounidense cumpla con el reinicio de sus operaciones.

"Lo único que queremos es encontrar una solución para la reactivación de la planta de La Oroya. La única culpable (del paro) es Doe Run, que no responde a las necesidades del pueblo", remarcó.

De otro lado, precisó que los sucesivos condicionamientos planteados por la minera los hicieron desistir de continuar en la mesa de diálogo, promovida por la Iglesia; así como descartar la mediación ofrecida por el presidente regional Vladimiro Huároc.

Finalmente, reiteró que los agremiados al sindicato no aceptarán la propuesta del Ejecutivo para reubicarlos en otras actividades. "Somos trabajadores de una fundición única en el país, que es polimetálica (...) parece que el objetivo es cerrar el complejo; eso provocaría el colapso social en la región central", puntualizó.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 18/06/2010




17 de junio de 2010

MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS ACUDIRÁ A MESA DE DIÁLOGO EN HUALGAYOC


El consejero regional, Domitilo Vásquez Suárez, informó que el ministro de energía y minas, Pedro Sánchez Gamarra, ha manifestado su compromiso de acudir a la provincia de Hualgayoc y participar en la mesa de diálogo a fin de solucionar los conflictos socio-ambientales en dicha jurisdicción.

Esta cita se está coordinando entre el Despacho del ministro y los alcaldes de Hualgayoc, Bambamarca y Chugur, jurisdicciones directamente involucradas en un enfrentamiento con las empresas y las concesiones mineras, señaló Vásquez.

Se espera que el ministro detalle el proceso para la remediación del 60% de pasivos ambientales en esa provincia, proceso que debe cumplirse a lo largo del 2010, trabajo que debe ser garantizado en su financiamiento según acuerdos previos de la mesa, señaló el consejero.

Según informes oficiales, en la provincia de Hualgayoc se han identificado un total de mil 250 pasivos ambientales, todos ellos producto de la actividad extractiva a lo largo de los años tanto por empresas privadas como el propio Estado. Estos pasivos siguen perjudicando la vida de la población en esa zona, y cuya remediación implicaría alrededor de 25 millones de dólares. Un tema que la gente de Hualgayoc no pierde de vista y exige un compromiso y acciones inmediatas.

Para el tratamiento del 60% de pasivos ambientales en Hualgayoc se requiere de 15 millones de dólares. Actualmente sólo se estarían realizando estudios para la remediación de 96 pasivos (lo que representa un ínfimo 7.2%), un número inferior a los 750 pasivos ambientales que deben ser tratados en este año.

Este reducido número de pasivos en estudio y remediación es una muestra de que se atiende a las exigencias de la población pero no en la medida que esta desea, refirió Vásquez Suárez.

Esperemos que el proceso de remediación sea progresivo y que cada etapa tenga ya garantiza un monto para su ejecución, es necesario que ese proceso se cumpla como se ha ofrecido a la población que es la directamente afectada, señaló el consejero.

Algo que deben tener en cuenta las autoridades nacionales es la predisposición de la población por dialogar, se desea solucionar los problemas de manera alturada, enfatizó.

Un tema que Domitilo Vásquez lamentó es la situación de la empresa minera San Nicolás, la cual continúa contaminando la cuenca del río Tingo, pues continúa vertiendo aguas con cianuro a este cauce.

Del cauce del Tingo dependen 33 canales de regadío y se afecta a una población superior a los 20 mil habitantes, además se involucra el agua potable para la población de Bambamarca pues la fuente de agua, ubicada en la zona Maigasbamba, está ubicada cerca del río el Tingo, lo que involucra a 18 mil habitantes, explicó Vásquez.

Los diferentes análisis realizados a estas aguas, en distintos momentos, han determinado que hay contaminación por presencia de cianuro, agregó.

Esta contaminación sería un factor determinante en el incremento significativo de casos de cáncer presentados en la zona. De acuerdo a los informes emitidos por el Ministerio de Salud ha señalado que el número de muertes por causa de cáncer es elevado, informó Vásquez.

Como es de conocimiento público la situación en Hualgayoc es más que tensa, y se puede esta hablar en estos momentos de un latente conflicto social.

La población ha dado un plazo definitivo antes de tomar acciones drásticas como un paro provincial. Algo que es anunciado con fuerza entre la población y que será una lamentable realidad de no abrirse caminos de diálogo y cumplirse los compromisos asumidos.

Se exige la presencia del ministro, pero ante todo se reclaman acciones del Estado de manera inmediata.

Diario El Mercurio-Cajamarca 17/06/2010





DECIDEN NO LEVANTAR HUELGA EN LA OROYA


Van tres días. Ni empresa ni el gobierno hacen nada para solucionarla. Mujeres y niños marchan encadenados y realizan olla común para sostener la medida de fuerza. Notas relacionadas

Los pobladores y trabajadores de Doe Run Perú (DRP) reafirmaron ayer que se mantendrán en huelga indefinida para exigir que la empresa reabra sus operaciones.

Su decisión se mantiene pese a la reunión que mantuvieron con el congresista y presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Ricardo Pando, quien llegó a La Oroya para persuadirlos de que levanten su medida de fuerza.

Pando fue esperado en el local del Sindicato de trabajadores metalúrgicos por más de mil personas. Querían con ansias el pronunciamiento de alguna medida de solución. Pero nada.

El legislador indicó que el Gobierno hizo todos sus esfuerzos para ayudar a la empresa, pero no se ve voluntad de ella para solucionar el problema. Indicó que lamentablemente la medida de protesta se realiza en mal momento, porque estaban en plenas conversaciones con los ejecutivos de la citada empresa.

Las marchas no cesan

Los dirigentes se comprometieron a realizar marchas pacíficas, las que se realizan masivamente.

Ayer hubo dos marchas: una en la mañana, en la que marcharon mujeres y niños encadenados. Portaban ollas y cucharones y arengaban: “Alan no sabe gobernar, orejas de burro le vamos a poner”, “La Oroya no se rinde, La Oroya se defiende”.

La segunda marcha, con más de mil manifestantes, se llevó a cabo en la tarde, en compañía del congresista Pando, rumbo a la comisaría de La Oroya Antigua con la finalidad de liberar al detenido Manuel Zevallos, quien fuera capturado en la localidad de Huaynacancha.

La ex alcaldesa de Yauli Coqui Ríos recalcó que la huelga es contra la empresa que no valora la lealtad del pueblo, y que urge la instalación de una comisión de alto nivel para lograr una solución antes del vencimiento del plazo del gobierno (24 de julio) para que DRP reasuma su producción.

Mujeres preparan la olla común

1] En diversos puntos de la carretera central, las mujeres preparan ollas comunes para sostener la medida de fuerza. Alicia Javier León, delegada del pueblo de Santa Rosa, dice que la situación económica se agravó ya que sus esposos solo reciben el 70% de su sueldo.

2] Entre tanto, los vehículos de transporte de pasajeros y carga pueden transitar sin obstáculos. En tanto, algunos comerciantes abrieron sus negocios, los colegios siguen cerrados y 2,000 policías resguardan el orden público.

Diario La República-Lima 17/06/2010





OROYA SIGUE PARALIZADA Y DEMANDA SOLUCIÓN


Aún sin solución a la vista. Peligran puestos de trabajo.

La ciudad de La Oroya entra hoy en su cuarto día de huelga general de protesta ante la inacción del gobierno y la terquedad de la transnacional Doe Run, así como en demanda de la preservación de su centro de labores. La paralización se cumple en forma plena, pese a que la población está ocupada por fuerzas policiales y militares.

Roberto Guzmán, secretario general sindicato de trabajadores de Doe Run, expresó que la medida de fuerza no responde a ninguna estrategia de la empresa, sino al hartazgo de los obreros, porque llevan más de un año sin poder trabajar. “El gobierno es insensible a los reclamos de los trabajadores de Doe Run. Es insensible a los reclamos del Perú entero”, puntualizó.

Movilización
En la ciudad sólo algunos comercios abrieron sus puertas ayer, mientras la policía vigilaba estrechamente a la población, para evitar el cierre de la Carretera Central, vía estratégica que enlaza Lima con el centro del país.

A mediodía, varios centenares de manifestantes recorrieron algunas calles de la ciudad, encabezados por las esposas de los mineros, encadenadas entre sí.

En Lima, la mayoría de terminales de buses han suspendido sus viajes al centro, como una medida preventiva ante la protesta de La Oroya. Las empresas que arriesgan a vender pasajes, han incrementado los precios.

Diario La Primera-Lima 17/06/2010





ICA: MÁS DE 500 MANIFESTANTES MARCHARON EN RECHAZO A LA INSTALACIÓN DE PLANTA PETROQUÍMICA EN PARACAS


Pescadores y agricultores de san andrés y san clemente se oponen a que se instale en

Una vez más, cientos de pescadores y agricultores de la región Ica marcharon pacíficamente para expresar su rechazo a la planta petroquímica que la empresa Nitratos del Perú tiene proyectado instalar en la zona de amortiguameinto de la Reserva Nacional de Paracas, informó el corresponsal de El Comercio, José Rosales.

Los manifestantes marcharon por la carretera Panamericana Sur bloqueando en una vía del tramo comprendido entre los kilómetros 227 y 230. La caravana estuvo resguardada por agentes de la Policía Nacional, que acompañó a los manifestantes hasta la plaza de Armas de Pisco, en donde se encuentran realizando un mitin.

Como se recuerda, Nitratos del Perú señaló que ha cumplido con informarles a los pobladores los resultados de su estudio de impacto ambiental, el mismo que está en evalución en el ministerio de Energía y Minas.

Diario El Comercio-Lima 16/06/2010





CRECE PRESIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA QUE ALAN GARCÍA FIRME LA LEY DE CONSULTA


Al pronunciamiento de organizaciones indígenas como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería del Perú (CONACAMI), ahora se suma la de Amnistía Internacional (AI).

En un comunicado difundido en Lima, ayer, Amnistía Internacional instó al gobierno a promulgar “sin más demora y sin observaciones” la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios.

El organismo internacional afirmó que es “encomiable” que el Congreso peruano haya aprobado la ley el pasado 19 de mayo, porque respeta los acuerdos fundamentales alcanzados con los pueblos indígenas de la amazonía y los andes peruanos.

Según AI el Estado peruano tiene ahora que “aprovechar esta oportunidad de trabajar de manera constructiva con los pueblos indígenas y revertir la imagen que quedó grabada en personas de todo el mundo” en referencia a los hechos luctuosos de Bagua, en junio de 2009.

AI hizo recuerdo de la previsible y prevenible tragedia que se vivió en Bagua, desatada por años de irrespeto a los derechos de los pueblos indígenas.

Por su parte, la Red de Comunicadores Indígenas del Perú (REDCIP), institución que articula comunicadores y comunicadoras de costa, andinos y amazónicos, demandó al gobierno promulgar “cuanto antes la ley de Consulta para garantizar un estado de derecho y democrático en el Perú”.

La REDCIP emitió este pronunciamiento, luego de su reunión extraordinaria llevada a cabo en la ciudad de Lima en el marco de la celebración de la 40 Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Un pedido similar ha sido reiterado por la Defensoría del Pueblo, un organismo público que ha mediado por que se mejore el diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas, a fin de prevenir numerosos conflictos socio ambientales de los cuales lleva debido registro.

La Defensoría del Pueblo intervino de manera activa en el proceso de formulación de la Ley de Consulta porque considera que es parte del fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
CONFIEP en contra de la ley

Por otro lado, trascendió que la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) habría elaborado una serie de observaciones a la Ley de la Consulta las cuales había presentado al Ministerio de Energía y Minas y a la PCM.

La demora en la promulgación de la Ley de consulta indicaría que el Jefe de Estado habría sido permeable a estas observaciones formuladas por el sector gran empresarial privado representando en dicho gremio.

Como se recuerda, la Comisión de Expertos de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) recomendó en febrero pasado al gobierno de Perú suspender las actividades de exploración y explotación de los recursos naturales que afecten a las comunidades indígenas y campesinas del país.

Tamaño pedido causó zozobra en los predios empresariales, a tal punto que el presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), Ricardo Briceño, señaló que dicha comisión se había extralimitado en sus funciones.

Pronunciamiento de la REDCIP

La Red de Comunicadores Indígenas del Perú- REDCIP, institución que articula comunicadores y comunicadoras de costa, andinos y amazónicos del Perú, luego de su reunión extraordinaria llevada a cabo en la ciudad de Lima en el marco de la celebración de la 40 Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), se dirige al país para expresar lo siguiente.

PRIMERO.- A un año de los luctuosos hechos registrados en la Curva del Diablo, con un saldo lamentable de 34 muertos entre civiles y policías, cientos de heridos, desaparecidos, judicializados y perseguidos, constituye un elevado costo social para el país.

SEGUNDO.- El Estado peruano, a través del Congreso, la Defensoría, la Sociedad Civil y las poblaciones indígenas, han impulsado la Ley de Consulta que se encuentra lista para ser promulgada.

TRECERO.- Demandamos que el Presidente Alan García Pérez promulgue cuanto antes la Ley de Consulta para garantizar un estado de derecho y democrático que respeta los derechos humanos y derechos colectivos en un país multicultural y diverso como el Perú.

CUARTO.- Reconocer y garantizar el derecho a la consulta permitirá la construcción de un país inclusivo, participativo con diálogo y negociación transparente de su modelo de desarrollo sin conflictos y paz social.

QUINTO.- La información libre previa e informada pasa por los comunicadores y comunicadoras indígenas, quienes ejercemos a comunicación en nuestros pueblos, en nuestras lenguas al interior del país, por lo que el Estado debe garantizar el derecho a la información y comunicación, por ser un derecho irrestricto al desarrollo del ser humano.

SEXTO.- Adicionalmente la REDCIP, pedimos al régimen de turno promulgue, garantice y otorgue los permisos correspondientes para la operación e instalación de radios comunitarias en el Perú, tal como señala la Ley de Radio y Televisión.

Servindi-Lima 16/06/2010





16 de junio de 2010

ENCAÑADINOS EXIGIRÁN LICENCIA SOCIAL A MINERAS


“No puede ser que en la encañada tengamos más de cuatro empresas mineras y tengamos comunidades dentro del distrito donde solo hay piedras y lagartijas, y la gente se muera de hambre” denuncio Gilberto Fernández Marín, asesor de la comunidad de la Encañada, quien asegura que las empresas mineras que operan en la zona no tiene licencia social de la población encañadina, la que se perjudica directamente con la explotación de los recursos naturales

Según Fernández Marín, la explotación de cabeceras de cuenca perjudican directamente a las comunidades ubicadas en la parte baja, y estas no reciben ningún apoyo ni beneficio de la actividad minera.

En vista de ello, Fernández informó que la comunidad encabezada por su presidente, Isidro Requelme Huamán, realizarán este sábado 19 una asamblea en el coliseo de la Encañada, en la que pedirán a las autoridades intervengan y exijan que las empresas mineras contribuyan con obras en beneficio de todo el distrito de la Encañada.

“En la Encañada tenemos los proyectos mineros de Yanacocha, Devora, Conga, Michiquillay, Galeno y otros, y no podemos esperar que lleguen más mineras afectando la actividad agrícola de la zona, y sólo unos cuantos se beneficien económicamente”, comentó Fernández.

Para esta asamblea, han convocado al ministro de Energía y Minas y los congresistas de la república por Cajamarca, de los que Alejandro Rebaza ya habría confirmado su participación

Uno de los puntos a tratar será la distribución de los 403 millones de dólares que la empresa Angloamérican, otorgo por la concesión del proyecto Michiquillay, que según los comuneros sólo beneficiarían a cuatro comunidades de Michiquillay y no a las comunidades de la parte baja ubicadas en el distrito

Fernández comentó que de no tener respuesta positiva de las empresas mineras y el estado están dispuestos a emprender medidas de protesta.

Diario El Mercurio-Cajamarca 16/06/2010





SE SANCIONARÁ A JEFES NATIVOS


Apus de la comunidad nativa de Naranjos serán sancionados de acuerdo a su reglamento, por haber concedido miles de hectáreas de tierra para explotación minera.

El hecho fue comprobado por una comisión de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).

Cervando y Saúl Puerta Peña, dirigentes de AIDISEP, presidieron esta comisión y en una reunión confirmaron en una asamblea general que los jefes nativos de Naranjos, distrito de San José de Lourdes, habrían recibido dinero por firmar un convenio que le otorga facultades legales a una empresa minera para explorar y explotar minerales.

Tratando de anular todo lo actuado, determinaron volverse a reunir el 26 y 27 de junio en esa comunidad, para encontrar la forma que sustente la ilegalidad de lo suscrito, considerando que la empresa minera violó la ley para favorecerse con el convenio.

Diario Panorama Cajamarquino 16/06/2010





POSTERGAN AUDIENCIA DE PETROLERA SAVIA


La audiencia pública que iba a realizar la petrolera Savia en Sechura fue suspendida hasta que no se establezca una mesa de diálogo con esta compañía y se investiguen las denuncias de contaminación ambiental, según informó el presidente del Frente de Defensa de los intereses de la Bahía y provincia de Sechura, Amaru Ipanaqué. La postergación de la audiencia fue determinada por el Ministerio de Energía y Minas

Diario Perú 21-Lima 16/06/2010





NADIE DA SU BRAZO A TORCER EN LA OROYA


Doe Run. Paso está restringido en la carretera central y trabajadores insisten en huelga indefinida. El premier Javier Velásquez reitera que el gobierno no cederá “ante cuatro o cinco dirigentes manejados por la empresa”. Video

Magda Quispe, enviada especial.

En ningún momento la ciudad de La Oroya guarda silencio. Y es que desde que empezaron la huelga indefinida de los trabajadores de Doe Run Perú (DRP) y el paro regional no se deja de ver grupos de personas reunidas a lo largo del kilómetro 185 de la Carretera Central con sus arengas y realizando marchas en las que claman trabajar y el reinicio de las operaciones de la metalúrgica.

Pese a que los pobladores pernoctaron hasta la madrugada de ayer en la Plaza de Marcavalle, en vigilia con velas blancas para que DRP llegue a un acuerdo con el gobierno, ello no fue motivo para que desde muy temprano sigan hoy con sus protestas pese a los dos mil policías que resguardan la zona y el intenso frío que azota la ciudad por estar en época de heladas.

Al transcurrir de las horas, los ánimos en la ciudad metalúrgica de América del Sur comenzaron a caldearse. Los manifestantes aprovechan las zonas donde no hay resguardo policial permanente para bloquear las carreteras con piedras.

Así ocurrió a las 11 de la mañana en el distrito Señor de Muruhuay, en el kilómetro 165 de la Carretera Central, donde se impidió el pase de los camiones de carga.

Ello no fue el único incidente. Media hora más tarde, en Marcavalle, en las afueras del hospital de EsSalud, un grupo de manifestantes al momento de lanzar piedras a la vía quebraron el parabrisas de un tráiler. La policía intervino y detuvo a dos manifestantes, lo que motivó un fuerte enfrentamiento con la población.

Un grupo de 200 pobladores trataron de rescatar a los detenidos. Las fuerzas del orden repartieron varazos por doquier, además de bañar por el rochabús. Es en ese forcejeo en el que varias mujeres fueron golpeadas, una de ellas fue Paulina Quispe Torres y también el abogado de la población, Miguel Wanay Bonilla, por tratar de defender al detenido.

El padre José Diardos, vicario episcopal de La Oroya, se acercó al lugar para pedir que las marchas sean pacíficas y no se genere mayor conflicto con el bloqueo de carreteras para no transgredir el derecho de los demás.

Piden nulidad del contrato

En Lima, la Federación de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos del Perú pidió al gobierno la nulidad del contrato con la empresa Doe Run y asumir la administración y operación del Complejo Metalúrgico.

“El Estado tiene la obligación de reiniciar las operaciones en Doe Run si la empresa no lo hace (...) la planta lleva ya un año paralizada por problemas financieros y esta situación no puede continuar”, dijo Luis Castillo, cabeza de la federación durante una rápida pero contundente conferencia de prensa.

Este pedido es una clara oposición a la intención del gobierno de cerrar la empresa, como ya lo reiteró el presidente Alan García.

“El gobierno debe tener en cuenta que si se cierra la planta, de la que depende toda La Oroya, podría haber un estallido social de incalculables consecuencias”, advirtió el dirigente, quien culpó al gobierno de limitarse solo a culpar a los trabajadores.

Gran costo para el Estado

Según María Chappuis, ex directora general de Minería del Ministerio de Energía y Minas (MEM), si el gobierno toma en cuenta el pedido de los trabajadores, el Estado debería desembolsar US$ mil 180 millones. “En cambio, si el gobierno decide subvencionar con US$ 10,000 a cada uno de los trabajadores de La Oroya para que se reubiquen, le costaría al Estado solamente US$ 38 millones”, calculó.

Pero el gobierno por ahora no piensa en eso. Su única premisa es no ceder, según sostiene el premier Javier Velásquez Quesquén, quien mantiene su tesis de que los trabajadores están direccionados por la empresa para imponer condiciones inaceptables.

“El gobierno central está preparado para enfrentar cualquier maniobra legal que pudiera intentar la empresa minera Doe Run (...) no cederemos a los chantajes de cuatro o cinco dirigentes mal dirigidos que sirven a la empresa para lograr sus objetivos”, dijo Velásquez, quien gregó que los trabajadores puede realizar paralizaciones pero sin atentar contra la tranquilidad pública.

El comercio está paralizado

La Oroya, una de las principales fuentes de ingreso para los pobladores, vio afectado el comercio este último año desde que la empresa paralizó sus operaciones. El problema se agravó más por el paro ya que el punto principal (Marcavalle) donde se realiza el comercio parece un pueblo fantasma si no fuera por los ambulantes que se aprovechan de la situación para hacer su agosto.

“Los comerciantes respaldamos el paro porque desde que Doe Run no opera los trabajadores no tienen plata para comprar. Eso nos afecta. Queremos la vigencia de La Oroya, dijo Micaela Aguilar, comerciante del distrito de Santa Rosa de Saco.

Celia Nolasco Espinoza, otra comerciante, explicó que apoyan la medida de fuerza. No vamos a levantar la huelga. Que no nos chantajee el gobierno diciendo que primero levantemos la medida para dialogar. Prefiero irme muerta de acá antes que eso, dijo iracunda.

Hasta el cierre de esta edición las marchas en las calles de La Oroya continúan, con banderas en mano y arengas en contra de la empresa y el gobierno.

El dato

En cifras. María Chappuis estimó que de nacionalizar DRP se tendría que pagar al menos US$ 150 millones a su propietario (que figura como deuda de la empresa); US$ 120 millones a sus proveedores (de lo contrario no podría operar). Estas dos acreencias suman US$ 270 millones. Sin embargo, con US$ 200 millones se puede construir una fundición similar, pero de última generación, y no la planta subestándar que está a medio construir en La Oroya, considera la experta.

REACCIONES

"Al denunciarme penalmente están atentando contra los trabajadores de Doe Run y la población de La Oroya, que solo reclamamos lo justo”.

Roiberto Guzmán
Dirigente de los trabajadores de Doe Run.

"No cederemos a los chantajes de cuatro o cinco dirigentes mal dirigidos que sirven a la empresa Doe Run Perú para lograr sus objetivos”.

Javier Velásquez Quesquén
Presidente del Consejo de M.

Denuncian a dirigente y alcalde

La procuraduría del ministerio del Interior denunció penalmente a diez personas, entre ellas Roiberto Guzmán, dirigente de los trabajadores de Doe Run, y César Gutiérrez, alcalde de la provincia de Yauli, por los disturbios registrados en La Oroya.

El general PNP César Ramos Paz, jefe de la Octava dirección territorial de Junín, informó que el tránsito en La Oroya está restringido, lo que significa que solo están dejando pasar camiones de carga con la finalidad de evitar que sean agredidos. ”Hasta hoy (ayer) por la mañana habrán pasado unos 400 camiones de carga, no pasan los buses de pasajeros porque para ellos se los está desviando por las tres rutas alternas que determinó el MTC.

Roiberto Guzmán, dirigente de Doe Run, dijo esperar la convocatoria del gobierno y de la empresa para llegar a una solución. “La huelga indefinida continúa”, dijo.

Diario La República-Lima 16/06/2010





DEFENSORÍA PIDE GARANTIZAR CONTINUIDAD LABORAL EN LA OROYA


El adjunto para la Prevención de Conflictos de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque, exhortó al gobierno a garantizar la continuidad laboral de los más de tres mil 500 trabajadores del complejo metalúrgico de la minera Doe Run en La Oroya (Junín).

A través de CNR, Luque señaló que dicha ciudad prácticamente se ha desarrollado y dependen del funcionamiento de la compañía estadounidense; por ello, invocó a las autoridades a idear una pronta salida al conflicto.

Como se recuerda, los trabajadores de Doe Run acatan desde el lunes un paro indefinido ante la negativa de la empresa a definir la fecha del reinicio de sus operaciones, paralizadas hace casi un año.

Por su parte, los representantes del Ejecutivo -incluyendo al presidente Alan García- han señalado que no brindarán más facilidades a la empresa y que, en todo caso, se verá de recolocar a sus empleados en otras actividades.

De otro lado, Luque señaló que la Defensoría del Pueblo contribuirá en las investigaciones por los violentos incidentes registrados ayer, cuando los agentes del orden reprimieron con suma fuerza a los manifestantes.

Luque puso especial énfasis en el caso del abogado Roberto Huanay Bonilla, quien recibió una golpiza de parte de los policías en los exteriores del local de EsSalud. Empero, aseveró que se trata de hechos netamente aislados.

Detalló, así mismo, que hubo varios detenidos por hechos menores, como ataques a vehículos particulares. A estas personas se les tomó manifestación y acudirán a las citaciones de la policía y la fiscalía.

Finalmente, informó que tras recorrer hoy las principales arterias de La Oroya, se comprueba un ambiente de tranquilidad; incluso, algunos comercios ya optaron por abrir sus puertas.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 16/06/2010





VUVUZELAS DE LA OROYA


El incumplimiento de Doe Run ya no da para más.

Los serios problemas de la operación en La Oroya de la empresa Doe Run configuran una falla del mercado que ocasiona graves consecuencias ambientales –sin contar el ‘cabezazo’ a los acreedores y al fisco– que demandan algún tipo de intervención gubernamental que debiera ser escogida e implementada con inteligencia con el fin de evitar que la lavada salga más cara que la camisa.

A esas alturas del problema, seis años después de negociaciones, incumplimientos, engaños y embustes, ya es evidente que ‘esto’ ya no da para más.

‘Esto’ significa, en este caso, el incumplimiento de un conjunto de obligaciones tributarias y ambientales que han acabado por derrumbar cualquier atisbo de credibilidad de Doe Run en el gobierno, en los acreedores, en la comunidad preocupada por el cuidado del ambiente, en el sector empresarial y, en general, en el país. Esta compañía ya ha sido expulsada de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

La deuda acumulada por Doe Run con la Sunat es de S/.760 millones y las obligaciones impagas con proveedores suman alrededor de US$110 millones, mientras que, en el plano ambiental, se sigue postergando el cumplimiento cabal del PAMA, el cual requiere una inversión de unos US$150 millones.

El replanteamiento de todas estas obligaciones se ha venido negociando a través de sucesivas postergaciones. El nuevo plazo en el que la empresa debería reiniciar la operación y asegurar el cumplimiento de todas sus obligaciones vence en apenas cinco semanas, pero ya se prevé –por los comunicados que ha difundido Doe Run– que esto no se hará efectivo.

Con la excusa de que “subsisten algunas inconsistencias que deben ser superadas en base al diálogo con los representantes del Ministerio de Energía y Minas”, acompañada de una campaña de imagen que solo despierta más suspicacia, Doe Run pretende ahora seguir engatusando al país.

Como parte de ello, y usando el miedo legítimo de la población adyacente a la operación a perder del empleo, Doe Run está movilizando –según el gobierno– a la gente para realizar acciones de fuerza como el bloqueo de la Carretera Central.

Esto ya estuvo bueno. Basta de burlarse del país. El gobierno debe prepararse para poner en marcha una intervención inteligente que permita proceder a la reestructuración de esta operación minera –por ejemplo, en el ámbito del Indecopi– con el fin de establecer las condiciones para un desarrollo responsable del proyecto metalúrgico de La Oroya que esté en armonía con la legalidad y la decencia.

Diario La República-Lima 16/06/2010





DOE RUN DEBE IRSE, YA


Hay varias razones que explican el porqué Doe Run ha podido llegar a esta situación de burla a las leyes y autoridades peruanas. La primera es el bien conocido comportamiento tramposo de Ira Rennert, propietario de Doe Run y del Complejo Metalúrgico de La Oroya –con una fortuna personal en el 2010 de US$ 5,300 millones, según Forbes–, quien también tiene acusaciones en Utah, donde la agencia ambiental de EEUU la consideró, en 1999, “como la industria más contaminadora”.

La segunda es el comportamiento blandengue de las autoridades peruanas desde el inicio de sus operaciones en 1997. Dice Juan Aste que “el balance de pérdidas y ganancias de Doe Run para 1998-2004 da una pérdida neta de US$ 24.6 millones. Sin embargo, en el mismo período el envío de fondos a su casa matriz y a los bonistas en EEUU fue de US$ 130.7 millones” (“¿Cierre o continuidad de La Oroya?”, 2005).

Lo mismo sucedió con las sucesivas prórrogas para el cumplimiento del PAMA, lo que en el 2004 culminó con la prórroga hasta el 2009, que fue también incumplida. En octubre, el Congreso promulgó la Ley 29410, que le dio otra prórroga de 10 meses, que se cumplen este 24 de julio.

La razón de las prórrogas es la reticencia de los gobiernos a “poner en orden” a una empresa extranjera que adquirió La Oroya cuando el Estado la privatizó en octubre de 1997, con el argumento de que esto “dañaría al proceso de privatización en su conjunto”. Esta “carta blanca” dio lugar a la prepotencia, al punto que Doe Run fue expulsada de la Sociedad de Minería en enero del 2010.

También que la Constitución de 1993 (Art. 60) establece la subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado (solo puede haber empresa estatal donde los privados no quieran entrar). Así, el Estado, inclusive hasta hoy, no considera esa posibilidad, lo que hace que los trabajadores, al ver que el único empleador posible es Doe Run, se hayan puesto de su lado en varias oportunidades, lo que ha sido aprovechado por la empresa, algo que fue admitido por Alan García el 28 de julio pasado.

Asimismo, el Art. 62 de la Constitución dice que los contratos ley “no pueden ser modificados legislativamente”, sino solo si hay acuerdo entre las partes. Esta disposición no existe en las Constituciones de otros países de la Región y, claro, otorga al inversionista un excepcional “blindaje jurídico” en una disputa internacional. Estos dos artículos deben derogarse, como lo hemos planteado numerosas veces.

¿Cuál sería la salida legal de aquí al 24 de julio? Una de ellas es que, vía Indecopi, se constituya la Junta de Acreedores, como se planteó el año pasado. Aquí un problema es que algunos acreedores privados no quieren hacerse cargo de la empresa. Otra solución pasa por garantizar a los trabajadores una indemnización que termine con la actual situación de paro y bloqueo de carreteras. Según María Chappuis, ex directora de Minería del MEM, otorgar US$ 10,000 a cada uno de los 3,800 trabajadores costaría US$ 38 millones.

La cuestión es que –con todo el blindaje legal que le otorga la actual legislación a Doe Run– una nacionalización de La Oroya podría salir “más cara que la camisa” y eso sería, precisamente, lo que busca Rennert. En efecto, las deudas a asumir –más los juicios pendientes a Doe Run en EEUU por la contaminación en La Oroya– ascienden a US$ 1.280 millones.

Dicho esto, no cabe duda de que el Estado va a tener que intervenir porque la actual situación es ya insostenible debido a la laxa y complaciente conducta de los gobiernos desde 1997. Lo que nos dice que la readecuación de las relaciones entre mercado, Estado y empresa privada necesita un replanteamiento profundo. ¿No es cierto?

Diario La República-Lima 16/06/2010





POLICÍAS REPRIMEN VIOLENTAMENTE A MANIFESTANTES EN LA OROYA


Con suma fuerza, la Policía Nacional reprimió a varios piquetes de trabajadores de la minera Doe Run Perú (DRP) que acatan desde el lunes una paralización indefinida en La Oroya (Junín).

Los incidentes se registraron en los exteriores del hospital de EsSalud de La Oroya, ubicado en el sector de Huaynacancha, donde algunos manifestantes se movilizaban de forma pacífica.

Fue en esos momentos en que los agentes del orden hicieron uso de sus varas y escudos para desalojar a los huelguistas. Los pocos que se resistían, fueron golpeados en repetidas oportunidades y, en algunos casos, detenidos.

Tal fue el caso de Manuel Zavala Arzapalo, arrestado cerca al referido nosocomio; otro tanto ocurrió con Fidel Cochachi, en el sector de Marcavalle. De igual manera, los efectivos policiales agredieron al abogado Miguel Huanay, por el mero hecho de intentar defender a los manifestantes.

Huanay fue conducido de emergencia a raíz de los golpes recibidos. También se reportaron denuncias de manifestantes agredidos por policías en el sector de Buenos Aires.

Cabe indicar que, a parte de estos disturbios, los mineros se limitan a marchar pacíficamente y sin realizar bloqueo de vías.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 15/06/2010





INDÍGENAS Y CAMPESINOS ESTUDIAN PROTESTAS POR LEY DE CONSULTA


Las organizaciones nativas y campesinas evaluarán realizar medidas de fuerza si es que el gobierno no promulga a la brevedad la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas.

Así lo advirtió Mario Palacios, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería del Perú (CONACAMI), quien instó al Ejecutivo a actuar de manera responsable.

Según el dirigente, la demora en la promulgación de la norma no sería un hecho fortuito, sino que tendría como intención la eventual devolución del texto al Parlamento en forma indefinida.

"Esa es la política del Estado frente a los pueblos indígenas (...) esta ley debe promulgarse pese a sus grandes falencias, por ser un mecanismo de apertura entre las comunidades y el Estado", subrayó.

En ese sentido, recordó que el 5 de junio se cumplió el plazo de 60 días otorgado por las comunidades indígenas para que el gobierno promulgue la ley, que les permitirá decidir sobre los proyectos de desarrollo que se ejecutan en sus territorios. "El gobierno nos está obligando a tomar medidas de fuerza", enfatizó

De otro lado, Palacios demandó la inmediata reestructuración del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA) para que cumpla su rol como interlocutor con los pueblos originarios.

Para tal fin, destacó la necesidad que los pueblos originarios sean involucrados activamente en las labores de dicho organismo. "El INDEPA, en todos sus años, ha jugado un rol de ping pong de distintos ministerios, pero nunca ha cumplido su rol de velar por el derecho de los pueblos", agregó.

Finalmente, Palacios se mostró preocupado pues -según denunció- el gobierno estaría impulsado y negociando con "organizaciones paralelas y fantasmas" como la denominada Coordinadora de Pueblos Awajún.

"Es un doble juego; por un lado, pretende hacer ver a la población como que busca un espacio de diálogo con los pueblos amazónicos y andinos, pero por el otro incurre en estos desacuerdos", concluyó.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 15/06/2010





FAMILIARES DE MUERTOS Y HERIDOS EN AMAZONAS RECLAMAN INDEMNIZACIONES


Familiares de los fallecidos y heridos en las protestas realizadas en junio del 2009 en Amazonas conformaron una asociación para solicitar al gobierno las respectivas reparaciones.

Leodoro Gonzales Uriarte, presidente de la referida asociación, detalló que son más de 60 deudos de quienes fallecieron en las ciudades de Bagua Grande, Bagua Chica (Amazonas) y Jaén (Cajamarca).

Como se recuerda, la población de dichas provincias salió a manifestarse en respaldo a los nativos que acataban una huelga indefinida contra los decretos legislativos que afectaban sus derechos. En aquella jornada, hubieron dos fallecidos en cada ciudad, totalizando seis personas muertas.

Así mismo, en la fecha se contabilizaron más de cien heridos, muchos de gravedad y cuyas secuelas todavía no superan. Por eso, remitieron una carta al titular del Poder Judicial, Javier Villa Stein, donde denuncian que no han recibido indemnización alguna a más de un año del "Baguazo".

"No vemos hasta hoy justicia de ninguna de las entidades públicas, como el Poder Judicial, para con los familiares de los fallecidos y heridos de aquel fatídico día. Esperamos que no se repita en la historia de nuestra patria", señaló Gonzales.

Finalmente, el dirigente invocó a las autoridades a acelerar los juicios en marcha y determinar a los responsables de las agresiones cometidas contra la población civil.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 15/06/2010





15 de junio de 2010

PARO CONVULSIONA A LA OROYA


Ayer empezó protesta indefinida carretera central se mantiene bloqueada. Trabajadores de Doe Run y pobladores realizan marchas exigiendo reinicio de operaciones de la empresa. Hay cientos de pasajeros afectados. Tu voz propia

Con enormes piedras y quema de llantas en varios puntos de la Carretera Central en La Oroya, desde las cero horas de ayer, se inició la huelga indefinida de los trabajadores de Doe Run Perú (DRP) junto con el paro regional de la población con la finalidad de que la metalúrgica reinicie de una vez por todas sus operaciones.

La medida de paralización ya se conocía hace varias semanas. Por ello, desde horas de la tarde del domingo pasado más de 2 mil efectivos policiales de las regiones de Lima, Ayacucho, Huánuco, Huancavelica, Pasco y el Ejército del Perú se desplazaron hacia la ciudad de La Oroya para salvaguardar el orden.

Carretera sigue tomada

Sin embargo poco pudieron hacer ante unos 3,500 trabajadores de DRP y 20 mil pobladores de La Oroya, en su gran mayoría mujeres, que distribuidos en diversos puntos de la ciudad como San Miguel, ubicado a 14 kilómetros de La Oroya, y Marcavalle, a 17 kilómetros, empezaron a bloquear la Carretera Central. Hasta el cierre de la edición el tránsito se mantiene interrumpido.

Pasajeros afectados

Por otro lado, según versiones de los pasajeros de un bus proveniente de Pucallpa, a las 3 de la madrugada fueron agredidos por manifestantes que les tiraron piedras y rompieron los vidrios causándole un golpe en el rostro a una pasajera.

Y a esa misma hora en Marcavalle se producía un enfrentamiento también con bombas lacrimógenas y botellas de vidrio entre los policías y la población.

Ya en horas de la mañana, mientras la población se aglutinaba en diversas marchas, el panorama que se vivió en La Oroya fue totalmente desolador: no existe ningún comercio que abra sus puertas y si lo hacen es con temor a que los agredan.

Pero la otra cara de la moneda se vio en las afueras de la minera DRP, la cual está muy bien resguardada por militares y dos tanques, además de varias unidades rompe manifestaciones.

¿Medida es contra Doe Run?

Por su parte el secretario general del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de Doe Run Perú, Roiberto Guzmán, recalcó que la medida de huelga indefinida es contra la metalúrgica ya que el gobierno ya ha hecho todos sus esfuerzos para ayudar a la empresa.

“Puede haber piedras en la carretera –yo no las he visto–, pero esta protesta es para que de una vez el gobierno le ponga mano dura a la empresa para que se defina de una vez si se reinician o no las operaciones. Lo único que queremos nosotros es trabajar”, afirmó.

Claves

Desvío. La polícía está desviando los vehículos por tres rutas alternas: la que sale de Huaura, Sayán y Ambo, la de la vía Canta y la vía Cañete.

Chantaje. El vicepresidente corporativo de Asuntos Ambientales de Doe Run, José Mogrovejo, descartó ser los organizadores del paro. Refirió que la fecha tentativa de reinicio de operaciones sería el 15 de julio, siempre y cuando el gobierno acepte los nuevos pedidos.

Análisis

Se perdió tiempo conversando

María Chappuis
Ex directora de minas del Ministerio de Energía y minas

Hace un año hubo otro bloqueo de carretera, donde murió un policía y se empujó al Congreso a dictar una ley. Esa vez fue el legislativo el que confió en esta empresa que no sólo había incumplido sus compromisos con el Ministerio de Energía y Minas varias veces, sino también había dejado de operar.

Ahora esta empresa, que todavía no ha saldado sus deudas con sus proveedores, está exigiendo al gobierno no solo no cumplir sus compromisos ambientales, sino también un fraccionamiento tributario, condonación de multas y blindaje para sus accionistas de las demandas que le han entablado en el exterior. Se ha llegado a esta situación porque el gobierno ha perdido mucho tiempo conversando con esta empresa sin desarrollar un programa alternativo para reubicar a sus trabajadores.

Diario La República-Lima 15/06/2010





Policías y militares cercaron campamento y reprimieron a trabajadores y pobladores. Tres heridos en bloqueo de carretera.
LA OROYA MILITARIZADA


DETALLE
La presidenta del Comité de Damas de La Oroya, Rosa Ávila, dijo a LA PRIMERA que es un abuso que el gobierno haya enviado a las Fuerzas Armadas y la Policía. “No somos delincuentes” dijo. También señaló que “no estamos a favor de la empresa, lo que queremos es trabajar y que la ciudad se recupere”.

Tres mineros resultaron heridos ayer en el primer día de paro indefinido convocado por los trabajadores de la empresa Doe Run, luego de bloqueos en varios tramos de la Carretera Central a la altura del sector Curipata, en La Oroya.

Unos dos mil policías, apoyados por personal del Ejército, se movilizaron el domingo hasta la zona y alrededor de las 2 de la madrugada se produjo un fuerte enfrentamiento con los mineros y pobladores que protestaban lanzando piedras a la carretera.

A lo lejos se escuchó varios disparos de arma de fuego, mientras se comenzaba a percibir en el ambiente los efectos de los gases lacrimógenos que irritaban las vías respiratorias y los ojos a hombres, mujeres y niños que se encontraban en el lugar.

Los bloqueos continuaron hasta las 7 y 45 de la mañana, aproximadamente, momento en que la policía reinició la tarea de retirar las piedras y llantas quemadas de la vía para permitir el pase de automóviles, camionetas y camiones hacia la sierra central.

Producto del enfrentamiento con la policía, resultaron heridos los trabajadores mineros Miguel Alcántara Rosales (32), impactado en el rostro por una bomba lacrimógena y debido a la gravedad de sus heridas fue trasladado a Lima. Asimismo, Víctor Carhuancho Gutiérrez, por impacto de bomba lacrimógena en el cuerpo, y Óscar Rosales Pumachahua, por bomba lacrimógena en una de las piernas.

En horas de la mañana se podía apreciar tanquetas del Ejército patrullando las calles y numerosos contingentes de policías que prácticamente habían sitiado la ciudad.

Se supo que tres manifestantes fueron detenidos en horas de la mañana, pero que pasado el mediodía los liberaron. El procurador público encargado en Asuntos de Orden Público del ministerio del Interior, Julio Talledo, denunció de forma preventiva ante el titular de la Fiscalía Provincial Mixta de Yauli a diez dirigentes mineros que participan del paro indefinido que llevan a cabo trabajadores de la empresa minera Doe Run.

Los dirigentes denunciados son: Royberto Guzmán Estrada, Luis Castillo, Zósimo Galarza, Luis Mantari, Isaías Aquino, Nazario Flores, César Dávila, Hipólito Laureano, Ciro Arenas, José Chuquirachi.

El presidente de la Federación de Trabajadores Mineros del Perú, Luis Castillo, dijo a LA PRIMERA que las protestas no sólo son contra el gobierno, sino también contra la empresa a fin de presionar para que encuentren una solución definitiva.

Afirmó que lo único que piden es no quedarse sin trabajo ante la posibilidad que este 24 de julio Doe Run no pueda reiniciar sus operaciones como le exige el compromiso asumido con el Ejecutivo.

En un comunicado emitido ayer, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) respaldó el paro que más de 3,500 mineros de la empresa Doe Run realizan junto a la población de La Oroya con la finalidad de exigir la operatividad del Complejo Metalúrgico y el cumplimiento de los acuerdos suscritos con la empresa.

Asimismo, rechazó las imputaciones del premier, Javier Velásquez, quien acusó a los dirigentes sindicales de estar coludidos con la empresa, cuando según la CGTP es el propio gobierno, quien ante su falta de firmeza ha permitido que Doe Run incumpla los contratos e incremente sus deudas con el estado peruano, generando la crisis que hoy ha derivado en una contundente medida de protesta.

Por su parte, el ministro de energía y Minas, Pedro Sánchez, reiteró en declaraciones a una radioemisora local que el plazo dado a Doe Run es improrrogable y que será cerrada si el próximo 24 de julio sigue incumpliendo las condiciones ambientales y financieras impuestas por el gobierno para reanudar sus actividades.

Precisamente, esa es la mayor preocupación de los trabajadores de Doe Run y de la población de La Oroya que los apoya en su medida de fuerza, pues de la fundición depende el sustento de miles de personas y están dispuestas a defender sus puestos de trabajo.

El gobierno afirma que la empresa debe más de 700 millones de soles y está pidiendo que le permitan pagar esa deuda en 760 años, el vicepresidente corporativo de asuntos ambientales de Doe Run, José Mogrovejo, dijo que la firma desconoce la deuda, equivalente a 265 millones de dólares, con la Sunat.

Gobierno no permitirá chantajes
El presidente Alan García manifestó que no va a permitir que se ponga entre la espada y la pared al gobierno y reiteró que si la empresa no cumple con todas las normas tendría que cerrar. “No aceptaremos chantajes”, advirtió.

Precisó que si hasta el 24 de julio la compañía no cumple con sus obligaciones, entonces debe ser “cerrada” porque ya ha recibido demasiadas “gollerías y excepciones”.

En declaraciones a la prensa, pidió a los trabajadores de la minera no caer en el juego de la empresa, que pretende “chantajear” al gobierno para incumplir sus compromisos y no solucionar el grave problema de contaminación ambiental en La Oroya. Recién ahora señaló que Doe Run es una empresa que ha “sorprendido” al Perú, al haber logrado postergar en varias ocasiones sus plazos, alargando las inversiones para que haya buen trato al medio ambiente y se contamine la zona donde opera.

Recordó que el año pasado el Congreso aprobó ampliar por un año más el plazo a la minera para que cumpla con su Programa de Adecuación Medio Ambiental (PAMA), sin embargo, la empresa siguió incumpliéndolo y ahora pretende que no se le cobre los impuestos que adeuda al Estado.

Dijo que no existen razones para que Doe Run incumpla sus obligaciones, más aún cuando hay otras empresas mineras, como Southern Perú, que ha invertido más de 500 millones de dólares para no contaminar el medio ambiente.

Diario La Primera-Lima 15/06/2010





FUERTE PRESENCIA POLICIAL POR PARO DE MINEROS EN LA OROYA


Más de dos mil efectivos de la Policía Nacional recorren las principales arterías de La Oroya (Junín) en el primer día de la paralización indefinida convocada por los trabajadores de la minera Doe Run Perú (DRP).

Los agentes del orden comenzaron a concentrarse en esta ciudad desde el último fin de semana. Así mismo, la VIII Dirección Territorial de la Policía (DIRTEPOL) dispuso el apoyo de patrulleros desde las localidades aledañas como Tarma, Chupaca y Palca.

Así mismo, unos 40 vehículos de seguridad circulan por las tres rutas alternas dispuestas ayer por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para garantizar el tránsito normal al interior del país.

Además, una decena de tanquetas con personal de la Marina de Guerra y del Ejército Peruano fue repartida entre los puntos más críticos de La Oroya a fin de prevenir eventuales bloqueos de vías.

Empero, a las 00:00 horas de hoy, unos 200 manifestantes se enfrentaron colocaron piedras y palos en la Carretera Central, a la altura del denominado Óvalo de Marcavalle. La policía dispersó posteriormente a los revoltosos apelando a sus bombas lacrimógenas.

De igual manera, esta mañana hubo un breve bloqueo en el sector denominado Huaymanta, donde medio centenar de mineros impidió el tránsito de vehículos por unos 20 minutos.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 14/06/2010





TRES HERIDOS DEJAN ENFRENTAMIENTOS ENTRE MINEROS Y POLICÍAS


Tres heridos es el saldo de un enfrentamiento registrado esta mañana entre los trabajadores de la minera Doe Run que bloqueaban la Carretera Central y un contingente de la Policía Nacional en La Oroya (Junín).

Los incidentes ocurrieron en el sector de Curipata, a unos 14 kilómetros de la ciudad, donde más de un centenar de mineros colocaron piedras y troncos, en el marco del paro indefinido que acatan desde las 00:00 horas de hoy.

Un grueso contingente policial desalojó a los manifestantes arrojando gases lacrimógenos. Sin embargo, estos opusieron resistencia. En la refriega resultaron heridos Miguel Alcántara, Víctor Carhuancho y otro minero de apellido Rosales.

Según trascendió, Alcántara recibió un impacto de bomba lacrimógena en el pómulo derecho. Todos los heridos fueron trasladados de emergencia al hospital de La Oroya.

Así mismo CR 98.5 reportó que otras personas que habían sido detenidas en la madrugada fueron liberadas pasado el mediodía.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 14/06/2010





14 de junio de 2010

HOY SE LEVANTA LA OROYA CONTRA DOE RUN


Protesta. Por no fijar la fecha para el reinicio de sus operaciones. El gobierno aseguró que no permitirá la toma de la Carretera Central, pero trabajadores afirman que es la única vía para manifestarse.

Omar Mariluz.

Se acabó el tiempo y la paciencia. Hoy los más de 3,500 trabajadores de la empresa Doe Run Perú (DRP) iniciarán una huelga indefinida en La Oroya, ante la irresponsabilidad de la compañía de negarse a fijar una fecha para el reinicio de sus operaciones.

El secretario general del sindicato de trabajadores de DRP, Roberto Guzmán, afirmó que desean evitar cualquier tipo de confrontación con las fuerzas del orden, pero indicó que la Carretera Central es la única vía que ellos poseen para expresar su malestar.

“Lo qu queremos es el reinicio de las operaciones para evitar el colapso de La Oroya. Sólo queremos trabajar, no podemos esperar ya más. Ha pasado un año de padecimiento y necesitamos una solución. Pero la paralización es contra Doe Run, no contra el gobierno”, aclaró.

Confrontación inminente

Pero la confrontación entre trabajadores y el gobierno parece inminente. Ante la abierta intención de tomar la referida vía, el gobierno anunció que no permitirá que se tome la importante carretera que une a la capital con el centro del país, e informó que en este momento ya se encuentran en la zona efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, que garantizarán el libre tránsito.

Mientras tanto, el gran culpable de la situación que se vive en La Oroya, solo dilata el problema. El premier Javier Velásquez Quesquén comentó que Doe Run, a pesar de las facilidades otorgadas por el Estado peruano, ha incumplido con sus compromisos y ahora exige nuevas condiciones medioambientales y tributaria, inaceptables para el Perú.

El ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, aseguró que el gobierno no accederá a las nuevas exigencias de DRP y advirtió quesi no cumple con reiniciar sus operaciones antes del 24 de julio, será sometida a un proceso de cierre y posteriormente a un proceso concursal.

“De darse este caso, los trabajadores entrarían en un proceso de reconversión laboral para reubicarlos en otros proyectos mineros”.

Quieren pagar su deuda en 700 años

Las exigencias de DRP son cada vez más descabelladas. El ministro Sánchez comentó que la metalúrgica ahora solicita el fraccionamiento de su deuda con el Tribunal Fiscal y la Sunat de S/.760 millones en un plazo de 700 años. Piden blindar a los accionistas ante cualquier denuncia sobre responsabilidad ambiental y así librarse de los juicios en el exterior.

DRP también quiere que se reduzcan los estándares ambientales hasta la conclusión del proyecto del Circuito de Cobre y la Planta de Ácido Sulfúrico de Cobre y que la exoneren de las multas impuestas por Osinergmin por incumplir los compromisos establecidos en los 10 meses.

Diario La República-Lima 14/06/2010





MINEROS DE DOE RUN RECHAZAN PROPUESTA DE REUBICACIÓN


El secretario general del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de Doe Run, Royberto Guzmán, rechazó la propuesta del Ejecutivo para reubicarlos ante un eventual cierre de la minera estadounidense.

"Lamentamos tal posición (...) pensar en reubicación debería haberse planteado con mucha anticipación no ahora cuando ya estamos cansados. Significaría eso desechar las diligencias (...) ese no es el camino", declaró Guzmán a través de la CNR.

El dirigente aseveró que a pesar de la fuerte presencia militar en La Oroya, el paro indefinido iniciado este lunes en dicha provincia se desarrolla de manera contundente, con el respaldo de la población.

"Los trabajadores estamos pacíficamente, en los lugares que nos corresponde, pero (los policías) provocan con su presencia, tratando de amedrentarnos (...) concretamente, lo que queremos es trabajar, que se reanuden las operaciones", anotó.

Así mismo, Guzmán rechazo las declaraciones vertidas en la víspera por el premier Javier Velásquez Quesquén respecto a una supuesta colusión de los trabajadores con la empresa norteamericana.

"Nosotros apostamos por nuestro trabajo y lo que queremos es trabajar (...) estamos con Doe Run por un vínculo laboral, pero lo que queremos son soluciones concretas; el gobierno también debe ser responsable y poner mano dura", finalizó.

Desde las 00:00 horas de hoy, los trabajadores de la minera Doe Run Perú acatan una paralización indefinida ante la nula voluntad de la compañía estadounidense para definir el reinicio de sus operaciones.

Ayer, como para agravar las cosas, el premier Javier Velásquez Quesquén afirmó que el gobierno no tolerará bloqueos de carreteras, los cuales dijo son impulsados por "cuatro o cinco dirigentes" que están coludidos con la minera.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 14/06/2010





ARRANCA PARO EN LA OROYA


Pobladores se suman hoy a las protestas de los trabajadores mineros y dicen que defenderán a cualquier precio sus puestos de trabajo.

DETALLE

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, presentó vías alternas para evitar el caos en la Carretera Central, la primera es la comprendida entre Huara, Sayán Oyón, Ambo y Río Seco, con 339 kilómetros ya esta chequeados por los técnicos del sector. La segunda vía es Lima, Canta Huayay con una variante Huaraz Acos Huayay, una tercera vía, estaría destinada exclusivamente para vehículos menores y camiones pequeños, y es la que conecta Cañete, Lunahuaná hasta el desvío de Yauyos, pasa por Chupaca y llega hasta el mismo Valle del Mantaro, en la ciudad de Huancayo.

Mineros y pobladores decididos a defender con su propia vida puestos de trabajo. Gobierno moviliza dos mil policías y militares. Critican actitud complaciente del Ejecutivo con empresa Doe Run.

Dos mil policías apoyados por personal militar y por camionetas de agentes de carreteras se encuentran desplazados en los alrededores de La Oroya, a fin de garantizar el libre tránsito vehicular ante el anunciado paro de trabajadores de la empresa Doe Run, que se inicia hoy de forma indefinida para exigir el inicio de operaciones de la misma.

Los trabajadores, por su parte, dijeron estar dispuestos a luchar hasta el final, pues cuentan con el apoyo de los pobladores que también han anunciado que llegarán hasta las últimas consecuencias, aún a costa de sus propias vidas, por lo que los dirigentes de los mineros lanzaron un llamado a las autoridades policiales a mantener la calma para evitar inútiles derramamientos de sangre.

Por la mañana, el ministro del Interior, Octavio Salazar anunció el desplazamiento de policías y militares a la zona de La Oroya, en una conferencia de prensa encabezada por el primer ministro, Javier Velásquez, quien informó las medidas que adoptará el gobierno para hacer frente a una eventual toma de la Carretera Central por los manifestantes, pues dijo que no se puede tolerar ni acceder al “chantaje inaceptable” al que la empresa minera Doe Run pretende someter al estado peruano.

El secretario general de los trabajadores de Doe Run, Royberto Guzmán, aseguró haber agotado el diálogo con el Ejecutivo y pidió a la policía mantener la calma y no provocar enfrentamientos, aunque no descartó que pueda producirse la toma de la carretera.
Los pobladores de la zona, en tanto, aseguraron que apoyarán cualquier medida de los trabajadores de Doe Run, incluyendo la toma de la carretera, a pesar de las amenazas del premier Javier Velásquez y del desplazamiento de dos mil policías y militares.

Para el premier, en cambio, esta medida de fuerza es apoyada sólo por unos cuantos dirigentes de la Federación Minera del Perú a quienes acusó de buscar beneficiar a la empresa Doe Run y no al pueblo peruano.

En otro momento, el jefe ministerial no descartó que éstos dirigentes puedan ser denunciados durante el día de hoy si es que insisten en apoyar este paro al que consideró injusto.

“Queremos informar al país que mañana -hoy- una facción de los dirigentes de la minera Doe Run, apoyados por la Federación Minera inician una huelga indefinida, y en salvaguarda de los intereses de todos los peruanos, el gobierno ha dispuesto tomar todas las medidas necesarias (…) para garantizar el libre tránsito por la Carretera Central y las vías alternas”, manifestó.

En respuesta a las imputaciones del jefe ministerial, el secretario general de la Federación Minera del Perú, Luis Castillo en diálogo con LA PRIMERA rechazó lo dicho por éste en contra de algunos dirigentes a los que acusó de actuar coludidos con la minera Doe Run al sostener que la decisión final de parar el día de hoy fue un acuerdo de la sociedad civil de La Oroya durante una asamblea realizada en la víspera en la cual -según dijo- los enardecidos pobladores advirtieron que lucharán hasta el final sin importarles que sus propios hijos pierdan la vida.

Pero Velásquez asegura que el problema es entre los trabajadores y la empresa, pero se pretende “pasarle la factura a todos los peruanos” buscando extrañamente que el Estado acceda, mediante la toma de la Carretera Central, a las nuevas condiciones que exige Doe Run.

Mencionó que en una reciente reunión con representantes de esta compañía minera, éstos manifestaron que si deben un millón piden un año para el pago, y si son 5 millones de adeudos, requieren de 5 años, pero el tema es que las contingencias tributarias de Doe Run ascienden a 700 millones.

El dirigente Luis Castillo aclaró que él no busca defender los intereses de la empresa, sino que como trabajador minero actúa motivado por su deseo de que nadie pierda su puesto de trabajo.

Dijo que los trabajadores de Doe Run no sólo protestarán en contra del gobierno, sino contra los funcionarios de la referida metalúrgica debido a que a más de un año y no encuentran una solución justa a la situación de la empresa y criticó que el gobierno no presione como corresponde a esta minera.

Castillo, agregó, que los trabajadores también reclaman al Ejecutivo que en caso el 27 de julio próximo la empresa minera no reinicie sus operaciones por falta de financiamiento, entonces que sea el gobierno el que ingrese y se haga cargo de su reactivación para no dejarlos sin trabajo.

Sería cerrada
Por su parte, el ministro de energía y Minas, Pedro Sánchez informó que Doe Run será sometida a un proceso de cierre y posteriormente a un proceso concursal si no cumple con reiniciar sus operaciones antes del 24 de julio.

Explicó que, de acuerdo a la ley aprobada por el Congreso, a DRP le dieron diez meses para reiniciar sus actividades fecha que vence el 24 de julio y dijo que en ese tiempo la empresa ha incumplido “sistemáticamente” sus compromisos.

Mencionó que esta empresa solicitó al gobierno que se modifique el contrato de privatización de la fundición de La Oroya del año 1997, a fin de blindar a los accionistas y empresas afiliadas ante cualquier denuncia sobre responsabilidad ambiental y así librarse de los juicios que tiene en el exterior.

En segundo término solicitan el fraccionamiento de su deuda con el Tribunal Fiscal y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) que supera los 760 millones de soles.

El tercer punto solicitado por DRP es que se reduzcan los estándares ambientales hasta la conclusión del proyecto del Circuito de Cobre y de la Planta de Ácido Sulfúrico de Cobre y el cuarto tema de su agenda es la exoneración de todas las multas impuesta por Osinergmin por incumplir los compromisos establecidos en los 10 meses.

A su turno, Salazar precisó que la Policía Nacional actuará en coordinación con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el ministerio de Justicia.

Gobierno ha sido muy complaciente
En tanto la Red Muqui, Red Uniendo Manos Perú, Asociación Filomena Tomaira Pacsi y el Movimiento por la salud de La Oroya acusan directamente de esta situación a la empresa minera Doe Run y consideraron inaceptables los requerimientos solicitados por ésta como la exoneración de las multas, que se le dispense del pago de impuestos que ascienden a 700 millones de soles y otros. Sin embargo, también critican al ministerio de energía y Minas por emitir el decreto supremo 032.2010 que ha reducido del 100% al 20 % los montos de garantías a depositar en un fideicomiso que asegure el cumplimiento del último proyecto del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (Pama) que Doe Run debió concluir en enero del 2007.

Asimismo, dijeron que llama la atención la complacencia con que actúa el gobierno con una empresa minera-metalúrgica que incumple con sus compromisos y nunca brindó condiciones dignas de trabajo.

Asimismo, exigieron que la Sunat cumpla con el cobro de la deuda que posee esta empresa como lo haría con cualquier otra.

Diario La Primera-Lima 14/06/2010





DOE RUN PIDE 700 AÑOS PARA PAGAR DEUDA


El premier Javier Velásquez dijo que abogados del dueño de la refinería le solicitaron este plazo para pagar S/.760 millones a la Sunat.

Velásquez afirmó que la huelga anunciada para hoy es un chantaje. (USI)

El premier Javier Velásquez reveló que los abogados de Ira Rennert, dueño de Doe Run, pidieron hasta 700 años para pagar la deuda tributaria de S/.760 millones que la empresa mantiene con la Sunat. “Nos dijeron que para pagar S/.1 millón pedirían un año; para S/.5 millones, cinco años; entonces, para los más de S/.700 millones, piden igual cantidad de años”, manifestó.

Velásquez afirmó que la huelga de trabajadores de Doe Run anunciada para hoy es un “chantaje inaceptable” para que el Gobierno ceda a las demandas de la refinería, la misma que debe reiniciar operaciones el 24 de julio próximo, de lo contrario, se procederá al cierre de operaciones.

Afirmó que, ante la eventualidad de una toma de la Carretera Central, se han establecido tres rutas alternas que tendrán protección policial (Huaura-Sayán-Oyón, Lima-Canta-Huayllay y Cañete-Lunahuaná-Chupaca). Además se desplazarán dos mil policías a la zona de La Oroya.

Diario Perú 21-Lima 14/06/2010





12 de junio de 2010

CONGRESISTAS VISITARÁN SECHURA POR PROBLEMÁTICA PETROLERA


Una delegación de congresistas visitará este sábado la bahía de Sechura para verificar in situ la problemática generada por la Corporación Transnacional Savia Perú S. A. que intenta explotar hidrocarburos en la zona.

Los dirigentes de la localidad demandan que la compañía -antes denominada Petrotech Peruana- suspenda todo tipo de operaciones. En principio, reclaman se suspenda la audiencia convocada para el 17 de junio, la cual consideran una provocación en contra de quienes laboran en el mar.

Ramón Correa, miembro del Frente de Defensa de la Bahía de Sechura, precisó que aguardan el arribo de los congresistas nacionalistas para recorrer las caletas y que conozcan a fondo la problemática que los afecta.

Correa Panta aseveró que son 25 mil familias las que dependen de la pesca, en particular los extractores de mariscos, y que resultarían perjudicados con la explotación de hidrocarburos.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 11/06/2010





INDÍGENAS DEL ALTO PUTUMAYO EXIGEN CATEGORIZACIÓN DE ZONA RESERVADA GÜEPPÍ


Las federaciones indígenas de los pueblos Kichwa y Secoya del Alto Putumayo exigen la categorización inmediata de la zona reservada de Güeppí como un Parque Nacional y la creación de dos reservas comunales: Huimeki y Airo Pai.

Los dirigentes Demecio Tangoa Guerra, presidente de la Federación Fikapir y Guido Sandoval Estrella, presidente de OISPE, llegaron a Iquitos para expresar el pedido de sus comunidades y exigir se cumpla lo acordardo con el ex Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) en el 2006.

Los dirigentes denunciaron que este proceso viene demorando 13 años, hecho que es considerado por las federaciones de indígenas como un exceso de burocratismo y una señal de indiferencia.

Ellos señalan contar con el respaldo de la Organización de Pueblos Indígenas del Medio Putumayo y la Organización Regional ORPIO, afiliada a la nacional Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
La indiferencia del Ministerio del Ambiente

Los representantes indígenas señalan que desde 1997, fecha en que se creó la Zona Reservada de Güeppí, se viene un proceso largo de consulta para llegar al acuerdo de categorización definitiva.

En marzo de 2006 se llegó a un acuerdo con INRENA sobre la categorización de la Zona Reservada como un parque nacional y dos reservas comunales.

Tres años después, se le consultó a Luis Alfaro, jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), dependencia del Ministerio del Ambiente, sobre el acuerdo. Alfaro aseguró que ese año se haría la categorización, sin embargo hasta la fecha no se avanza nada.

La cuenca del Putumayo es una de las más biodiversas de América Latina y el mundo, por lo cual merece protección y un desarrollo sostenible respetando el bienestar de nuestra población señalan los dirigentes.

Servindi-Lima 11/06/2010





EXPECTATIVA EN LA OROYA POR REUNIÓN SOBRE DOE RUN


Un ambiente de tensa calma se respira en La Oroya (Junín) donde a partir del lunes se llevará a cabo un paro indefinido, impulsado por los trabajadores de de la minera Doe Run Perú (DRP).

Según reportó CR 98.5, varios piquetes de mineros se movilizan desde las 10:00 horas por las calles de la ciudad, instando a la población de la provincia a sumarse a la protesta.

Como se recuerda, los casi tres mil 500 empleados del complejo metalúrgico reclaman que la compañía estadounidense defina -de una vez por todas- la fecha en que reanudará sus operaciones, suspendidas hace casi un año.

Justamente, este viernes se desarrollará una nueva reunión en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, en Lima, donde participan los dirigentes del sindicato de trabajadores de la minera, representantes de la empresa y funcionarios del Ministerio de Energía y Minas.

De otro lado, los promotores del paro rechazaron las declaraciones vertidas por algunos dirigentes respecto a que la paralización sería sólo por 24 horas y que recién en una semana se iniciaría la huelga indefinida.

Así mismo, CR 98.5 refirió que existiría un táctico consenso en que DRP no estaría en capacidad de cumplir con el reinicio de sus operaciones antes del 27 de julio, pues las empresas que abastecen de concentrados al complejo metalúrgico no llegaron a un acuerdo con la minera.

Cabe recordar que un fuerte contingente policial arribó en días pasados a Junín para reforzar la seguridad pública. Paralelamente, hay una campaña para recoger la opinión de los ciudadanos sobre esta problemática, que afecta la economía de toda la región.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 11/06/2010





11 de junio de 2010

DEFENSORÍA DEL PUEBLO EMITE NUEVO INFORME SOBRE PROBLEMAS SOCIALES A NIVEL NACIONAL.


La Defensoria del Pueblo emitió nuevo informe sobre conflictos sociales registrados en el último mes de mayo.

Indicó que en dicho mes hubo un total de 255 conflictos sociales, de los cuales 172 se encuentran activos (67%), en tanto que 83 se hallan en estado latente (33%).

Además se da cuenta de 41 acciones colectivas de protesta en todo el ámbito nacional y de tres acciones de violencia subversiva.

Asimismo se informa acerca de seis conflictos resueltos durante de mayo: tres de ellos son conflictos laborales (dos en la Libertad y uno en Ica); dos socioambientales (en Apurímac y Lambayeque); y uno se refiere a Asuntos de Gobierno Local (vacancia de Alcalde en San Román, Puno).

La solución de cuatro de estos casos fue el resultado de procesos de diálogo que culminaron con la suscripción de acuerdos aceptados por las partes.

En lo referente a los siete nuevos casos, dos de ellos son conflictos socioambientales (Áncash y Cajamarca), uno se debe a una demarcación territorial (Cajamarca), otro es comunal (Apurímac), y uno es laboral (La Libertad).

Además, uno se suscitó por asuntos de Gobierno Local (Ancash) y otro por asuntos de Gobierno Nacional (conflicto que abarca las regiones de Puno, Cusco, Madre de Dios y Arequipa).

Por otra parte, el reporte da cuenta de siete conflictos sociales reactivados (cinco casos socioambientales, un caso por asuntos de Gobierno Local, y un conflicto comunal).

Con relación a la tipología, el Reporte precisa que, del total de conflictos registrados, 132 casos (el 51%) son socioambientales.

A éstos se suman 36 casos correspondientes a asuntos de Gobierno Local (14%), en tanto que 25 casos son de naturaleza laboral (9%).

De igual modo se brindan detalles de 15 conflictos sociales que han perdido su condición de activos para transformarse en latentes (seis conflictos socioambientales, cinco comunales, dos laborales, uno por Asuntos de Gobierno Regional y otro por Asuntos de Gobierno Local).

También se eliminaron del registro total siete casos latentes, al no producirse hechos que demostrasen el interés de los actores involucrados en mantener activas sus diferencias.

Cabe destacar que, durante el mes de mayo, 93 casos continuaron siendo tratados mediante procesos de diálogo (el 54% del número de casos activos).

Además, se produjeron avances importantes: en el caso de la Comunidad Andrés Avelino Cáceres de Cuncashca (Ancash), donde se aceptó la propuesta de la empresa Barrick Misquichilca para habilitar una vía de acceso directo a la comunidad; y en el caso de Morococha (Junín), donde la empresa Chinalco Perú se comprometió a realizar talleres informativos sobre temas técnicos del proceso de reasentamiento.

El Reporte Nº 75 de Conflictos Sociales registra un total de 177 actuaciones defensoriales, de las cuales 156 corresponden a acciones de supervisión preventiva y 20 de intermediación. Se realizó una acción de defensa legal.

Finalmente, anunció que el 17 de junio se realizará un paro de 24 horas, convocado por organizaciones sociales de las regiones de Cusco, Puno, Madre de Dios y Arequipa, oponiéndose a la exportación del Gas de Camisea, entre otras demandas.

Diario El Clarín-Cajamarca 11/06/2010





SINDICATOS DE SPCC ROMPEN TRATO DIRECTO CON MINERA


Los sindicatos unificados de Ilo, Toquepala y Cuajone rompieron el trato directo que sostenían desde hace cuatro meses con la minera Southern Perú Copper Corporation (SPCC).

Pablo Ramírez, secretario general del citado gremio, adelantó a través de Radio Altamar que la próxima semana convocarán a asambleas conjuntas en las bases antes citadas, de modo que las comisiones negociadoras informen sobre el avance de su pliego de reclamos.

Así mismo, el dirigente minero señaló que ingresarán a una etapa de conciliación en donde tendrá que invertir el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), pues los trabajadores no están de acuerdo con la propuesta de SPCC.

En ese sentido, Ramírez detalló que los sindicatos plantearon un incremento del 14% anual en sus remuneraciones, mientras que la empresa propone un aumento del 5% anual por un máximo de tres años

"Nosotros iniciamos estas negociaciones con un pliego de 59 cláusulas, que se han reducido a 18. Lamentablemente, la minera no ha movido sus cifras", declaró el dirigente, quien además acuso a Southern Perú de negociar con "sindicatos paralelos".

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 10/06/2010





FACULTADES PARA LEGISLAR EN MATERIA POLICIAL Y MILITAR AGRAVARÍA PERSECUCIÓN DE LÍDERES INDÍGENAS


“Con la carta blanca otorgada por el Congreso para que el Ejecutivo legisle sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas y la policía nacional se agravaría el proceso de criminalización de la protesta social y la persecusión a líderes indígenas”, advirtió hoy la parlamentaria ayacuchana Juana Huancahuari.

“La alianza oficialista (Apra, UN, fujimorismo) le ha dado facultades a un gobierno que carece de una política de diálogo seria y de buena fe con las comunidades, con 255 conflictos sociales en el mes de mayo, y 1500 dirigentes sociales con procesos judiciales, de los cuales casi 600 son líderes indígenas”, agregó.

En una votación ajustada, 43 a favor, 40 en contra y 3 abstenciones, el Congreso otorgó facultades al Ejecutivo para que en 60 días legisle sobre seguridad, empleo legítimo de la fuerza, defensa nacional, orden interno, terrorismo, tráfico ilícito de drogas, crimen organizado, entre otros.

La exposición de motivos hace hincapié en la necesidad indispensable de dotar a las fuerzas del orden de un marco normativo para los conflictos internos denominados “conflictos de tercera generación”, en la cual la autoridad del Estado es cuestionada por grupos organizados (Nicaragua, Guatemala y el Salvador).

A los decretos legislativos 982, 983, 988, 989 entre otros, promulgados en 2007, se suma ahora esta ley orientada a arrasar con los que se oponen a la política del “perro del hortelano” con miras a dejar el campo abierto para que la inversión privada pueda apropiarse de los recursos naturales.

Mario Palacios, de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú afectadas por la Minería (Conacami), señaló que las organizaciones han planteado una demanda de inconstitucionalidad de los cuatro decretos legislativos del 2007.

“Los pueblos amazónicos y andinos somos objeto de persecusión mediante denuncias e incursiones policiales en nuestros territorios, con procesos judiciales que el sistema occidental nos impone, cuyos mecanismos desconocemos y que constituyen un eslabón más de la larga cadena que soportamos hace 517 años” indicó.

Servindi-Lima 10/06/2010





10 de junio de 2010

A pesar de los conflictos socioambientales, el gobierno sigue entregando lotes petroleros en la selva, lo que puede generar más protestas.
RECHAZAN A PETROLERA


Más del 70% de la Amazonía peruana ha sido dividida en parcelas concedidas a empresas para la exploración de hidrocarburos, lo que amenaza transformar gran parte de la selva virgen y pondría en riesgo el hábitat de los indígenas, que básicamente se alimentan de la pesca, la caza y productos de la selva.

La comunidad Achuar de la provincia Datem del Marañón, la zona petrolera más importante de Loreto, pero cuya población vive en la pobreza, acordó solicitar el retiro de la empresa canadiense Talismán, que opera en los lotes 64 y 101 del territorio ancestral, por considerar que daña el medio ambiente.

El vicepresidente de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (Fenap), Linton Rengifo, dijo que en la autoconsulta realizada el domingo último con supervisión de la Asociación Civil Transparencia, más del 95% de los achuares “no aceptaron” la presencia de empresas petroleras.

“Pedimos a la empresa canadiense que cumpla su palabra y se retire, ellos nos dijeron que no trabajarían si las dos terceras partes de la población no acepta”, expresó tras resaltar que una amplia mayoría de la población nativa se mostró en contra de la actividad petrolera y minera en sus territorios.

El presidente de Talismán Energy, John A. Manzoni, en una carta sostuvo que su compañía “no trabajará en Perú en áreas donde no tenga acuerdo con la comunidad” y se comprometió a investigar las denuncias de contaminación durante las operaciones de la empresa petrolera en Datem del Marañón.

En la autoconsulta, donde participaron 38 comunidades achuares de las cuencas del Huasaga, Manchari, Huituyacu, Situchi, Anas y Pastaza, ubicadas en los distritos de Andoas y Pastaza en la provincia Datem del Marañón, también se acordó solicitar al estado peruano el reconocimiento de su “territorio integral”, el cual comprende el suelo, subsuelo y vuelo forestal.

Las comunidades Achuar, Aguaruna-Huambisa, Shawi y Awajún mantienen conflictos con petroleras, como Hunt Oil en Madre de Dios y Pluspetrol en Loreto. También en el río Cenepa (Amazonas) y en Puno la población exige la nulidad de las concesiones por el temor a que contamine la cuenca del lago Titicaca.

Diario La Primera-Lima 10/06/2010





DIRIGENTES DEL SUR RATIFICAN PARO DE 48 HORAS


Los frentes regionales de Arequipa, Puno, Madre de Dios, Cusco y Apurímac, ratificaron su decisión de acatar un paro de 48 horas los días 17 y 18 de junio, en contra de la exportación del gas de Camisea y contra la construcción de la central hidroeléctrica del Inambari.

Así lo informó la presidenta del Comité de Lucha del distrito de San Gabán, provincia de Carabaya (Puno), Olga Cutipa, quien manifestó que si bien el paro fue planificado inicialmente para 24 horas, ayer se acordó ampliarlo a 48 horas.

La medida fue pactada en una reunión que se desarrolló en la víspera en la localidad de Quillabamba (Cusco), donde participaron Jorge Del Carpio, presidente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Arequipa y Cristóbal Canché, dirigente de Puerto Maldonado (Madre de Dios).

De igual manera, asistieron del encuentro Aquiles Hancco, de la provincia cusqueña de Canchis; Néstor Cuti, Presidente del Frente de Defensa de Espinar; y Nelson Palomino, líder de los cocaleros del Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE).

Como se recuerda, los frentes del sur rechazan la insistencia del Ejecutivo para priorizar la exportación de las reservas del gas de Camisea antes que atender la demanda del mercado interno.

De igual manera, las organizaciones de Puno se oponen al proyecto de la central hidroeléctrica de Inambari, pues su ejecución implicaría el embalse de casi 30 comunidades en los sectores de Lechemayo, Loremayo y Puerto Manoas.

De igual manera, los detractores de esta iniciativa afirman que significará la inundación de unos 50 kilómetros de la Carretera Interoceánica y afectará al Parque Nacional Bahuaja Sonene.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 10/06/2010





9 de junio de 2010

OTRO MUERTO DEJA ENFRENTAMIENTO EN CAJABAMBA


Una nueva víctima cobró el enfrentamiento de la policía con los mineros informales en el distrito de San José, específicamente en l sector la Chilca Baja, según los informales, la nueva víctima transitaba tranquilamente por uno de los caminos de la zona.

La mañana de ayer, los mineros informales y la Policía Nacional se enfrentaron nuevamente, en la zona de la Chilca Baja, en la provincia de Cajabamba, con el lamentable resultado de otra persona muerta, la cual aún no es identificada, así lo confirmó el Gobernador regional de Cajamarca Manuel Bacón Tanta.

Como se recuerda el lunes en horas de la tarde se produjo un primer enfrentamiento, con el lamentable deceso de Santos Luna Villano de 33 años de edad, producto del impacto de una bala perdida, según los informales la policía atacó a un minero informal por ello acudieron en su apoyo y allí se desató este conflicto

Sin embargo, a decir del general Jorge Iparraguirre, la policía nunca atacó a los mineros informales, pues sólo defendieron la propiedad privada ante las intensiones de los mineros informales de querer tomar el campamento minero de Sulliden Shawindo, en Cajabamba provistos de dinamita, por ello la policía procedió a defenderse.

“Los informales fueron quienes atacaron a los trabajadores de esta empresa minera y también a los propios efectivos por ello hoy (ayer) en la zona se encuentra un contingente policial, informó el oficial, quien también admitió que un efectivo también se encuentra herido.

Dato:

* Trascendió que los informales quemaron un camión cisterna, de propiedad de una empresa contratista, que no tenía nada que ver con este conflicto
* Hasta el cierre de esta nota informativa aún se mantenía el clima hostil en la zona

Diario El Mercurio-Cajamarca 09/06/2010





ACHUARES ACUERDAN SOLICITAR RETIRO DE PETROLERA TALISMÁN


Comunidades achuares del Datem del Marañón (Loreto) acordaron en una autoconsulta desarrollada el último domingo, solicitar el retiro de la empresa petrolera Talismán -concesionaria de los lotes 64 y 101- de su territorio ancestral.

“Con los resultados de la autoconsulta pedimos a la empresa canadiense que cumpla su palabra y se retire, ellos nos dijeron que no trabajarían si las dos terceras partes de la población no acepta, ahora les demostramos que más del 95% de los achuares no aceptan su presencia en nuestro territorio”, afirmó el profesor Linton Rengifo, vicepresidente de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP).

Los resultados de la autoconsulta muestran una amplia mayoría en contra de la presencia de actividades petroleras y mineras en sus territorios. En dicha autoconsulta participaron comuneros y comuneras mayores de 14 años de las 38 comunidades achuares de las cuencas del Huasaga, Manchari, Huituyacu, Situchi, Anas y Pastaza, ubicadas en los distritos de Andoas y Pastaza en la provincia Datem del Marañón (Loreto).

Durante la autoconsulta, convocada por la FENAP, también se acordó solicitar al Estado peruano el reconocimiento de su “Territorio Integral”, el mismo que comprende el suelo, subsuelo y vuelo forestal.

Cabe indicar que este proceso contó con el apoyo y supervisión de la Asociación Civil Transparencia, la cual destinó dos veedores; uno para el Huasaga y otro al Huiyuyacu.

Semanas atrás, John A. Manzoni, presidente de Talismán Energy, remitió una carta donde que afirmó que su compañía "no trabajará en Perú en áreas donde no tenga acuerdo con la comunidad. Consideramos que un acuerdo que permita a Talismán trabajar requerirá una Asamblea General con un voto positivo de no menos de dos tercios de todos los miembros de la comunidad".

En otro punto de la carta afirma que "(...) ustedes demostraron inquietud por la posible contaminación debido a nuestras operaciones. Esto me preocupa profundamente y me aseguraré de que estos asuntos se investiguen con detalle".

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 09/06/2010





DENUNCIAN QUE SOUTHERN PERÚ SIGUE OPERANDO EN ISLAY


Pese a los acuerdos asumidos entre la sociedad civil y el Ministerio de Energía y Minas (MEM), la minera Southern Perú Copper Corp. (SPCC) seguiría operando en la provincia arequipeña de Islay.

Así lo denunció Julio Gutiérrez, presidente del Comité de Lucha del distrito de Cocachacra, quien a través de CNR aseveró que la minera viene incumpliendo con la resolución directoral Nº 153-2010-MEM/AAM, la cual dispone que SPCC debe abstenerse de realizar actividades mineras relacionadas al proyecto cuprífero Tía María.

El dirigente aseveró que la compañía viene desarrollando labores a través de terceros. Incluso, dijo tener videos donde se aprecia a trabajadores de la empresa Abengoa, responsable de la instalación de la línea de transmisión eléctrica en el campamento minero, avanzando con dicha tarea.

De igual manera, Gutiérrez Zevallos denunció que la empresa ha desplegado una agresiva campaña publicitaria; además, dijo que sus representantes están recolectando firmas de respaldo a su propuesta para usar las aguas del mar en el proyecto minero.

En ese sentido, precisó que en la reunión celebrada el último fin de semana en el sector de El Arenal, se acordó rechazar cualquier actividad de parte de Southern Perú, aun si no hace uso de las aguas subterráneas o superficiales de la localidad.

Por otra parte, indicó que existen versiones extraoficiales respecto a que el premier Javier Velásquez Quesquén arribaría este fin de semana a Arequipa para retomar las conversaciones con la sociedad civil.

Sin embargo, el dirigente aclaró que si el diálogo está entrampado es porque no el Ejecutivo no ha velado por una equitativa representatividad en este espacio de conversaciones; además de la insistencia de la minera por validarlo como un mecanismo de participación ciudadana.

"El premier dijo que iba a venir la semana antepasada, pero por mal tiempo no lo hizo (...) si existe buena voluntad, debe haber un desentrampamiento (del diálogo); tenemos buena voluntad para dialogar", puntualizó.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 08/06/2010





CAJAMARCA: UN MUERTO EN ENFRENTAMIENTO ENTRE MINEROS INFORMALES Y LA POLICÍA NACIONAL


Un muerto fue el saldo de un nuevo enfrentamiento que se presentó entre mineros informales y la Policía Nacional en la provincia de Cajabamba, Cajamarca, luego que los trabajadores ingresaran abruptamente a un campamento minero de la zona.

De acuerdo al corresponsal de RPP, en lunes se habría producido otro fallecido en una reyerta similar, lo que habría sido confirmado por fuente policiales locales.

Durante la intervención policial, los mineros atacaron con dinamita a los policías, quedando un efectivo herido que fue trasladado inmediatamente al hospital de la zona para que pueda ser atendido.

Sin embargo, los trabajadores dijeron que la policía causó el enfrentamiento y los muertos producidos hasta el momento, por lo que exigieron que se retiren de la zona para evitar que haya más personas afectadas.

Perú.com -Lima 08/06/2010