Fin de planillas doradas
Se acabaron las planillas doradas. El presidente de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), Agustín Haya de la Torre, anunció que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) no volverá a administrar los recursos estatales.
Haya de la Torre reveló que “probablemente” ese organismo internacional adoptó tal decisión frente al anuncio hecho por el presidente Alan García, quien advirtió que durante su gobierno no existirán pagos por el PNUD. El funcionario aprista reveló que el PNUD administraba el salario de 3,250 trabajadores, 1,150 de los cuales pertenecían al programa A Trabajar, quienes al no poder estar en planillas regulares fueron colocados en las planillas de ese organismo. Esta actitud, como se recuerda, congregó la crítica mayoritaria de los sectores políticos.
“Ellos nos han hecho saber su determinación y nosotros la acatamos, sobre todo porque se encuentra enmarcada en la política de austeridad en las remuneraciones anunciada por el presidente García”, finalizó.
Diario La Primera – Lima 12/09/2006 007cxfdpco.pdf
Pataditas
ONG en la mira
La Comisión de Relaciones Exteriores dio un plazo perentorio de 30 días a la Agencia
Peruana de Cooperación Internacional (APCI), para que informe detalladamente sobre los montos de ayuda internacional que recibieron, durante el 2005 y 2006, las 3,112 instituciones que están ahora bajo su jurisdicción.
Alistan investigación
Y es que ante las continuas denuncias de irregularidades en estos organismos, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Rolando Sousa, advirtió que si el informe remitido por la APCI no resulta satisfactorio, su comisión aprobará la conformación de un subgrupo de trabajo que investigará todas las irregularidades cometidas en la cooperación internacional durante el régimen pasado.
Diario La Primera- Lima 12/09/2006 007jxgflmh.pdf
Combayo-Yanacocha: entender los cambios
José Luis López Follegatti.
La incredulidad es la barrera más difícil y más importante para sortear y esta es la primera lección positiva de Combayo: los actores están apostando por confiar. En primer lugar, en un Estado que con el nuevo gobierno deberá convertirse en el árbitro y el certificador que todos esperan, y en segundo lugar, que los asuntos mejor resueltos son aquellos que se dialogan y conciertan y en los que cada uno reconoce los errores cometidos y luego se cede en algo para poder avanzar.
En verdad, la dinámica de los procesos sociales en la minería ha ido avanzando en forma muy desigual hacia este desenlace. Por ejemplo, hace cuatro años se realizó una mesa de diálogo y se acordó, entre otras cosas, contratar una auditoría independiente (Ingetec) con fondos de la empresa pero a cargo de un programa de la ONU. Hoy ya contamos con sus resultados, y los mismos no son refutados ni por las ONGs, ni por la empresa ni menos el Estado. Es, entonces, un buen punto de partida para saber el tamaño del impacto ambiental y salir de la incredulidad y la desinformación.
El citado estudio alcanzó 300 recomendaciones de gestión ambiental a la empresa Yanacocha, y ya han sido levantadas el 80% de las mismas, el saldo restante se encuentra en proceso de aclaración y/o implementación. En efecto, si uno contempla la serie de obras realizadas, represas, plantas de tratamientos, laboratorios, nuevos sistemas de vigilancia, programas de cobertura vegetal en zonas disturbadas, reforzamientos en seguridad ambiental, no podrá cerrar los ojos ante una realidad evidente: la empresa está haciendo inversiones ambientales y se observan cambios.
Entonces uno se pregunta por qué tanto temor y por qué se afirma que hay impactos ambientales. Pues la incredulidad y el temor es el gran muro que divide y obliga a los actores a confrontarse. El más grave error sería atribuir esta desconfianza a las opiniones vertidas por alguna ONG o persona; por el contrario, muchos de estos cambios se han producido justamente por estas críticas y observaciones, negarlo sería tan mezquino como desconocer los avances realizados. ¿Acaso no se produjo el episodio de las truchas muertas en la Granja Porcón para que luego se construya la represa que sedimenta las aguas turbias? La tecnología no es infalible y la realidad no es una estadística, el tema ambiental es en extremo complejo, y, muchas veces, la percepción es la más dura de las realidades que hay que enfrentar, pues revela a veces verdades ocultas. Por eso la importancia del diálogo, por ello es fundamental que se haga realidad un monitoreo que sea verdaderamente participativo; por eso, el Estado tiene que dotarse de estudios hidrológicos y ambientales independientes para ser un mediador enterado, firme y que sepa escuchar la voz de los que temen y desconfían.
En Combayo no se ha apagado un incendio sino que se ha empezado a encarar los problemas de fondo. El liderazgo público del Ejecutivo ha comenzado a recuperarse y merece el respaldo de todos; sin embargo, no perdamos la proporción de los hechos,
estamos hablando solo de una zona de Cajamarca. Un segundo paso inevitable será levantar la mirada y evaluar el conjunto; la minería es fundamental sin ninguna duda, pero hasta dónde debe crecer. ¿Se puede seguir concediendo derechos de exploración
sin ningún tipo de regulación? A 10 kilómetros de Yanacocha se ha descubierto un yacimiento de cobre, Galeno, tan grande como Cuajone, su propietario es una empresa junior canadiense, y ya ha comenzado a comprar tierras.
¿Es razonable que el Estado se prive de realizar una evaluación integral de los recursos hídricos, indicando cómo debe crecer la minería, y solo contemple el avance desordenado de decenas de empresas, muchas de ellas sin la solidez requerida? Sucede que luego reaparecerán los conflictos y entonces sí estaremos apagando incendios generalizados. Eso no les conviene ni al Estado, ni a las comunidades ni a aquellas empresas que ya están instaladas en Cajamarca, que han invertido y que también han aprendido (o están aprendiendo) cómo trabajar adecuadamente.
Diario La República – Lima 12/09/2006 007fhvasad.pdf
Comisión de RR.EE. pide minucioso informe sobre fondos recibidos por ONGs
La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, dio un plazo de 30 días a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), para que informe detalladamente sobre los montos de ayuda internacional que recibieron, durante el 2005 y 2006, las 3 mil 112 instituciones que están bajo su jurisdicción. El citado grupo de trabajo adoptó dicho acuerdo a pedido del congresista Yonhy Lescano y luego de escuchar la exposición del director ejecutivo de APCI, Agustín Haya, sobre los 20 días de gestión al frente de esa institución.
En ese sentido, los parlamentarios expresaron su extrañeza al observar que en el documento presentado por el actual titular de APCI sólo se señala los montos referentes al 2003 y 2004, que conjuntamente sumaban más de 700 millones de dólares.
Estimaron que entre 2005 y en lo que va de 2006 se habría manejado entre 900 y 1000 millones de dólares, lo cual, de por sí, -indicaron- es preocupante por las continuas denuncias irregularidades que supuestamente se están cometiendo en las Organizaciones No Gubernamentales. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Víctor Sousa, manifestó que si el informe remitido por la APCI no es satisfactorio, su grupo de trabajo aprobará la conformación de un subgrupo de trabajo que investigará las regularidades cometidas en torno a la cooperación internacional. Durante su exposición Haya de la Torre informó que la APCI tiene registradas alrededor de 3 mil 112 instituciones de las cuales 1.429 están vigentes, 1.362 no vigentes, 312 suspendidas y 9 canceladas. Precisó que hay un total de 2.071 organizaciones No Gubernamentales registradas, de las cuales 898 están vigentes, 941 no vigentes, 230 registradas y dos canceladas por uso indebido de los recursos de la cooperación técnica internacional.
El director ejecutivo de APCI indicó que están inscritas 198 entidades e instituciones extranjeras, 129 están vigentes, 33 no vigentes, 30 suspendidas y 6 canceladas por solicitud de las mismas instituciones.
Agregó que se encuentran registradas alrededor de 843 instituciones privadas sin fines de lucro receptoras de donaciones de carácter asistencial o educacional provenientes del exterior, 402 están vigentes, 388 no vigentes, 52 suspendidas y una canceladas por hacer uso indebido de las donaciones provenientes del exterior.
www.cpnradio.com.pe 12/09/2006 007spuwiwu.pdf
Conflictos mineros son los principales, advierte defensoría
Beatriz Merino insta al Poder Ejecutivo a que aborde el asunto como un problema central
Si se lee en términos porcentuales, el incremento es significativo. Si se lee como
guarismos, aparentemente no habría tanto problema. Y es que, según un reporte de la
Defensoría del Pueblo, los conflictos sociales activos que hay en el Perú pasaron de tres a siete entre abril y agosto del presente año. O sea, hubo un incremento de 150%.
Quizá lo más significativo sea que siete de estos enfrentamientos vigentes están relacionados con protestas sobre temas ambientales y contra empresas extractoras de minerales. A través de CPN Radio, la titular de la Defensoría del Pueblo, Beatriz Merino, calificó esta situación de muy preocupante, puesto que la minería constituye uno de los pilares básicos de la economía peruana.
Por ello alertó que este incremento en los líos sociales debe ser abordado como un "problema central" por el Ejecutivo. Los conflictos activos se presentan en Pasco (provincias de Chupimarca y Huachón), Áncash (Huaraz), Cajamarca (La Encañada), Ica (Marcona), Loreto (Contamana) y Moquegua (Mariscal Nieto). Además, hay dos problemas de índole municipal en Puno (Arapa y Yunguyo). Rolando Luque, jefe de la Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, precisó que su reporte de agosto también alerta sobre 78 conflictos latentes y tres que se lograron resolver.
LOGROS EN DIEZ AÑOS
Horas después, tras una ceremonia en la que se celebró diez años de creación de la
Defensoría del Pueblo, Merino señaló que se ha logrado avances en muchos aspectos, pero todavía hay mucho trabajo por hacer.
Entre los logros destacó la defensa del Estado de derecho, la oposición a mecanismos de
impunidad, la liberación de presos injustamente detenidos y la defensa de las mujeres en sus derechos sexuales y reproductivos.
MÁS DATOS
- Beatriz Merino confirmó la creación de la Defensoría para la Niñez y la Adolescencia. "Los esfuerzos para garantizar el respeto de sus derechos no han sido suficientes, por eso fortaleceremos esta área", dijo.
- Se supervisará su situación en diversos ámbitos, por ejemplo, en lo relativo a la violencia, la calidad de la educación y el derecho a la identidad.
Diario El Comercio – Lima 12/09/2006 007kprgkuu.pdf
LA DEFENSORIA DEL PUEBLO ADVIERTE SOBRE SIETE CONFLICTOS CON MINERAS
La Defensora del Pueblo de Perú, Beatriz Merino, advirtió hoy de que siete de los 10 conflictos sociales activos en su país están vinculados con disputas sobre asuntos medioambientales con las empresas mineras. En declaraciones a CPN Radio, Merino calificó que dicha situación "es muy preocupante" al considerar que "la minería es una actividad central de la economía en el Perú".
La Defensora del Pueblo remarcó que los conflictos sociales con las mineras en Perú registraron una subida "vertiginosa" de 150 por ciento en los últimos meses.
"Lamento mucho comunicar que, desde abril de 2006, el reporte de conflictos señalaba que en el Perú teníamos tres conflictos activos", mientras que, cuatro meses después, "existen actualmente al menos "10 conflictos activos", precisó.
"Estamos hablando de un conflicto en Ancash, Cajamarca, Cuzco, Ica, Loreto, Moquegua, Pasco y Puno (...), en el caso de Pasco y Puno hay dos conflictos activos en cada uno de estos lugares", indicó al enumerar las disputas registradas en territorio peruano. Asimismo, Merino alertó que este incremento debe ser abordado como un "problema central" por el Ejecutivo de Alan García, que asumió la jefatura del Estado peruano el pasado 28 de julio.
El gobierno del Partido Aprista, de García, se vio obligado a mediar a principios de este mes en una disputa entre la minera Yanacocha, que explota el yacimiento aurífero más grande de américa, y un grupo de pobladores de Cajamarca que acusaba a la empresa de contaminar sus aguas y reclamaban mayores puestos de trabajo.
Los pobladores bloquearon las vías de acceso a los yacimientos y la empresa, propiedad de la estadounidense Newmont, paralizó sus operaciones, lo que le significó una pérdida de casi 10 millones de dólares. EFE.
www.elinformante peru.com 12/09/2006 007ckjmygr.pdf
CONGRESISTAS PIDEN A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLENA VIGENCIA DEL PAGO DE REGALIAS MINERAS
Los congresistas miembros de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, que preside Santiago Fujimori (GPF), al reclamar el pago de las regalías mineras, expresaron su preocupación por la resolución del Tribunal Constitucional que, practicamente, ha paralizado el pago de estos recursos por parte de las empresas. Fue luego que el Presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Víctor García Toma, acudió este lunes 11 a la Comisión , para exponer lo referente a la Resolución N° 0048- 2004- PI- TC, relacionada con la Ley 28258 de regalías mineras, que primero se comenzaron a aplicar como impuestos, hecho que motivó la aclaración del Tribunal, ante una demanda al respecto, y señaló que no se trataba de nuevos impuestos , sino de pagos adicionales a manera de compensación por la utilización de recursos no renovables.
Por ello el Tribunal, sin declarar la inconstitucionalidad de la ley, exhortó al Congreso de la República para que dicte una norma que permita el cumplimiento de los objeivos de la Ley 28258, que dispone los recursos para las regiones, municipios y universidades para mejorar las localidades cercanas a la explotación de los recursos. También pidió a la Contraloría General de la República realizar la fiscalización de esos recursos y que en cumplimiento de la transparencia del uso de los mismos, también participe la sociedad civil. Al respecto los congresistas Cecilia Chacón (GPF), Mario Peña (AP), Yaneth Cajahuanca (UPP) y Susana Vilca (UPP), se pronunciaron a favor del pago de las regalías mineras, porque se trata de mejorar las condiciones de las comunidades ubicadas en las zonas donde se realizan las explotaciones mineras y por ello su preocupación frente a la decisión del Tribunal Constitucional.
El Presidente del Tribunal precisió que no existe oposición al pago de las regalías mineras, sino que ello debe hacerse cumpliendo estrictamente con el mandato constitucional, estableciendo la diferencia de que no se trata de impuestos, sino de una compensación por el uso de recursos no renovables. Incluso anotó que por ello se ha declarado improcedente el pedido de inconstitucionalidad de toda la Ley 28258 solicitada por la parte demandante.
www.elinformanteperu.com 12/09/2006 007hmfpeby.pdf
