“CON 40% DE POBRES
Por Enrique Patriau
El gobierno presenta como un notable éxito la disminución de la pobreza en cinco puntos. ¿Debemos felicitarlo?
Ponernos a discutir sobre puntos más o puntos menos puede resultar interesante, estadísticamente hablando. Pero asumiendo que las cifras presentadas por el gobierno son reales, y eso es un debate aparte, estamos hablando de 12 millones de peruanos que viven por debajo de la línea de la pobreza. Ese sí que es un problema sustantivo que se tiene que enfrentar ya.
Pero que se arrastra desde muy atrás.
Los hechos demuestran que el largo periodo de crecimiento que se inició en el 2003 no tiene la capacidad de integrar, como debería, a esta población excluida, que no ve ni siente los beneficios. Y ese discurso triunfalista lo que hace más bien es generar mayores expectativas, pero también frustración entre los que menos tienen.
Eso se vio en el paro del 9 de julio.
Que no fue un solo paro. Fueron múltiples paros, en distintas zonas, cada una con sus propios planteamientos. Pero sí hubo un punto en común: todos exigen una mejor distribución. Quieren ser incluidos.
En el gobierno hay voces como la de Mulder, que habla de un complot de comunistas, de extremistas.
Esa explicación no convence. Lo que hay es una demanda de millones de peruanos que están diciendo ‘yo también quiero beneficiarme del mercado, yo quiero ser parte de esta bonanza, tener una mejor calidad en educación y en salud para mis hijos’. Sin embargo, no encuentran respuestas ni en el Estado ni en las fuerzas políticas. ¿Y qué es lo que sí encuentran? Pues formas de canalizar su malestar a través de medidas de fuerza como las del paro.
Es curioso. La inclusión social se puso de moda en la campaña electoral del 2006, un poco por el miedo que generaba Ollanta Humala. Y después se olvidaron...
Ese discurso duró poco, tanto entre las fuerzas políticas que hoy gobiernan y entre los sectores empresariales que se benefician del crecimiento. Hoy olvidan todo eso. Lo que la gente quiere es que la inclusión no sea solamente para algunos sectores o regiones. Debe llamarnos a preocupación la fractura, la brecha que existe entre las regiones.
Una costa en muchas mejores condiciones que la sierra y la selva.
Es que si tú miras los indicadores sociales te encuentras con Huancavelica, con el 85% de pobres. Las diez regiones con mayores niveles de pobreza se ubican en la sierra y en la selva. Todas. Entonces, queda claro que la brecha se está profundizando.
A pesar del crecimiento.
Frente al que nadie puede estar en contra. Qué bueno que haya crecimiento, pero de lo que se trata ahora es que la desigualdad no se profundice. Y eso implica el diseño de estrategias redistributivas y voluntad de aplicarlas por parte de quienes gobiernan. Así como se promueven políticas de atracción de las grandes inversiones, se necesitan políticas de promoción de las pequeñas unidades productivas de la sierra. ¿Qué mensaje se le da a un país cuando el presidente sale a declarar que el gran problema son las comunidades campesinas? En lugar de verlas como una rémora, tendría que alentarse su capacidad productiva, su calidad de vida.
¿Hay en el gobierno voluntad de aplicar políticas redistributivas?
No la veo, y tampoco la ve un amplísimo sector de la población. No olvidemos que en las encuestas previas al paro, más de la mitad estaba de acuerdo. Después el presidente García admitió que existían reclamos justos, aunque eso le duró muy poco porque enseguida denunció un complot comunista. Si caemos en esa lógica de buenos y malos, el error sería enorme. Tenemos que admitir que existen razones que explican los reclamos sociales.
Como la pésima distribución de los recursos del Estado.
En efecto, es muy mala. La inversión por alumno en Huancavelica es menor que en Piura. ¿Cuál es la lógica de eso? Ni siquiera hay indicadores de distribución de los recursos públicos, cuando lo que se necesita es que aquellas regiones más necesitadas tengan realmente prioridad para ir así construyendo nuevas bases de equidad. La brecha en infraestructura es realmente enorme. La costa está muchísimo más integrada. Y el Estado debería preocuparse por los sectores excluidos, porque ahí no se hace nada. Claro, si en vez de promover mejores condiciones de vida y de producción en las comunidades campesinas se piensa en facilitar la venta de sus tierras a las grandes empresas extractivas, las mineras.
Las que no quieren pagar impuestos a las sobreganancias.
Deberíamos recordarle al gobierno que el APRA ha suscrito el Acuerdo Nacional, en donde se dice que, por lo menos, deberíamos llegar a una presión tributaria del 18%. Andamos en el 15%. No hay voluntad de generar mayores ingresos que puedan ser invertidos en educación, salud, caminos. Nadie habla de expropiaciones a lo Velasco. Lo que se pide es que el gobierno negocie con las mineras.
En base a sus grandes ganancias.
Eso es perfectamente posible, y no tiene nada de socialista. Eso lo está planteando Barack Obama en Estados Unidos. Es un tema de debate en casi todos los países de
El gran reto de este gobierno, y de los sucesivos, debería ser la redistribución de la riqueza.
Ese es el desafío. Para eso se necesitan políticas y estrategias, no obstante el gobierno se ha comprado, en la práctica, el discurso neoliberal de los noventa. ¿Promover la inversión? Cómo no. Pero hay que apostar desde el Estado a que no solamente se beneficien los grandes empresarios.
Además, si se mantienen las actuales condiciones, podría aparecer alguien en el 2011 que haga ver a Humala como un moderado.
No es viable una democracia en la que el 40% de personas vive por debajo de la línea de pobreza. Pedirle a esa gente que valore la democracia, los derechos civiles, la libertad de expresión, no tiene mucho sentido en realidad. Una democracia que no resuelve problemas, no sirve. Nuestra democracia debe ser eficiente, demostrar que puede resolver problemas y conflictos.
¿Y si no es así ?
Viviremos en un escenario permanente de conflicto, de tensión. ¿Eso puede sorprendernos? ¿Qué queremos? ¿Que el 40% de pobres se queden callados, no digan nada, se resignen a su condición? No pues. Debemos apostar a la estabilidad, a la democracia, sin duda alguna, y a la vez comprender que no hay democracia basada en la exclusión. Los derechos no son solamente políticos: ir a votar, ser elegido. No, los derechos también son económicos y sociales.
Lo preocupante es que vivimos un periodo de bonanza y los problemas de pobreza-exclusión siguen ahí. No van a resolverse inmediatamente, aunque podría hacerse mucho más.
Vivimos en la época de las vacas gordas y ahora es cuando podemos hacer políticas redistributivas. ¿Qué pasa si hay una crisis internacional? Bajan los precios de los minerales, se reduce el flujo de inversiones. ¿Quién va a cargar con el costo de los ajustes? Lo más probable es que sean los pobres. Ya hay especialistas que han advertido que si continúa este proceso inflacionario en los alimentos, el supuesto éxito de la reducción de la pobreza va a volar por los aires.
¿Para pensar en políticas redistributivas no deberíamos tener primero un presidente mucho menos inclinado hacia la derecha económica?
El presidente García parece tener la fe del converso, y no hay ser más dogmático que el convertido. García ha pasado de una visión estatista a una absolutamente pro gran capital, y no logra lo que es la virtud de la corriente socialdemócrata, que el APRA supuestamente adhiere: el equilibrio entre mercado, Estado y sociedad. Nos hablan de competir con Chile. ¿En serio? Bueno, primero mira cuánto invierte Chile en educación y en salud.
EL GOBIERNO SE LAVA LAS MANOS
Paro nacional. Expresó de manera irrefutable que el descontento social frente al gobierno crece tanto en Lima como en las provincias.
¿Qué opinión tiene de que desde el gobierno central se les tire la pelota a los gobiernos regionales por la limitada ejecución del gasto público?
Eso llama mucho la atención. Es irresponsable. El mensaje es: yo ya transferí todo, me lavo las manos.
La culpa es de otros.
Exacto. Es como el ministro Hernán Garrido Lecca que va a las regiones y con el mayor desparpajo se muestra enojado de que los gobiernos hayan devuelto no sé qué porcentaje de los recursos entregados para salud. Y uno mira el avance de inversión del Ministerio de Salud a junio y descubre que es de apenas el 2%. ¡2% cuando debería andar por el 50%! Yo me pregunto: ¿y con qué cara el señor Garrido Lecca va a provincias a emplazar a los gobiernos regionales?
Hay un problema de capacidad de gestión en general.
Eso ha empeorado con este gobierno. Bajo el prurito de la austeridad se ha reducido al mínimo posible los sueldos de los profesionales públicos. ¿Cómo puedes competir, tú gobierno regional, por un gerente de primer nivel con salarios de 3 mil soles? Ni hablar. El sector privado ofrece seis, siete veces más. El Estado peruano no quiere incrementar los recursos para remuneraciones. Bueno, eso no es austeridad, eso es estupidez, demagogia pura.
LAS CIFRAS DE
Azpur. “Vivimos una época de vacas gordas y ahora es cuando deben aplicarse políticas redistributivas”.
Aunque nos acusen de aguafiestas, esta es la verdad.
El gobierno del presidente Alan García ha destacado, como uno de sus mayores logros, la reducción de la pobreza. Según el INEI, durante el 2007 disminuyó de 44.5% a 39.3% respecto al 2006. La información –aunque cuestionada por especialistas que dudan de la metodología empleada– fue convenientemente resaltada por los principales referentes apristas en entrevistas y presentaciones públicas.
Que ha habido una ligera reducción, parece innegable. Sin embargo, esos 5.2 puntos porcentuales–si habemos de creer al INEI– todavía saben a casi nada para un país que viene experimentando un crecimiento económico sostenido, por encima del promedio de la región. Todavía más. De las diez regiones más pobres, 8 se ubican en la sierra y 2 en la selva, todas con porcentajes de escándalo: Huancavelica (85.7%), Apurímac (69.5%), Ayacucho (68.3%), Puno (67.2%), Huánuco (64.9%), Cajamarca (64.5%), Pasco (63.4%), Cusco (57.4%), Amazonas (55%) y Loreto (54.6%).
Queda bastante claro entonces, como señala Javier Azpur en la entrevista que publicamos, que la brecha entre la costa y la sierra y la selva crece cada vez más. De la misma opinión es Farid Matuk. Desde Jordania, el ex jefe del INEI sostiene que "el crecimiento económico generado en la actual gestión agranda las diferencias entre Lima y provincias, lo que a su vez incrementa la desigualdad". Y, como sabemos, las diferencias sociales son siempre una fuente generadora de conflicto.
Pero la desigualdad también se nota dentro de las mismas regiones. Según Matuk, mientras determinadas provincias se benefician gracias a alguna actividad económica importante (extractiva, turística, agroindustrial) otras permanecen alejadas del desarrollo. "Aunque Ica crece, la provincia de Palpa sigue en nada. Ese fenómeno se puede generalizar a nivel de todo el Perú", explica.
Una manera de combatir la desigualdad y reducir el clima de tensión social debería ser a través de la inversión pública. Como nunca, vivimos en un periodo de bonanza económica y hay dinero para invertir en zonas de extrema pobreza. Lamentablemente, y pese a los esfuerzos del gobierno central y los gobiernos regionales por acelerar el gasto, continúan los problemas.
De acuerdo con información proporcionada por Propuesta Ciudadana, en este primer semestre las regiones han ejecutado el 19% del gasto programado mientras que el gobierno central ha ejecutado el 22%. Así, habiendo superado la mitad del 2008, apenas se ha invertido una quinta parte.
Y sorprende comprobar que entre los sectores del gobierno central que menos han ejecutado se encuentren educación (17%), vivienda (13%) y salud (con un exiguo 2%). Es decir, tres sectores decisivos en la urgente tarea de elevar el nivel de vida de los peruanos pobres. ¿Cómo puede interpretarse esto? Para empezar, que existe un grave problema de gestión.
Da réditos políticos afirmar, cifras en mano, que la batalla contra la pobreza se empezó a ganar. Debe quedar claro, eso sí, que la victoria final luce todavía lejanísima y que el descontento de la población más necesitada, lejos de reducirse, se mantiene inalterable. El paro del 9 de julio lo dejó en evidencia.
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