CONTROVERSIA POR SUPUESTA EXPROPIACIÓN DE TERRENOS EN EL TINGO
Residentes de la comunidad El Tingo, en la provincia de Hualgayoc, acusan a la minera Coimolache de pretender apropiarse de sus tierras en virtud a resolución de servidumbre publicada en diciembre pasado el diario oficial "El Peruano".
El caso fue denunciado por los ciudadanos Wilder Gallardo y César Estela tras conocerse la resolución resolución suprema Nº 080 -2009 sobre la imposición de derecho de servidumbre minera de uso para la construcción del complejo industrial minero del proyecto Tantahuatay.
Carolina Araujo, asesora legal y de Relaciones Institucionales de la minera, aseveró que dicha resolución cuenta con la autorización de los ministerios de Energía y Minas y Agricultura, siendo promulgada por el presidente de la República.
Aclaró que las 34 hectáreas involucradas en la servidumbre se emplearán en la construcción de las instalaciones industriales. "Esta servidumbre no constituye una expropiación ni mucho menos una confiscación como piensan los comuneros. No hay expropiación en el caserío El Tingo porque no están perdiendo la propiedad", indicó Araujo al precisar que cuando concluyan los trabajos se devolverán e iguales o mejores condiciones el predio.
Añadió que este procedimiento es respaldado por un plan de cierre de minas y cuenta con una garantía financiera para su cumplimiento, según lo dispone el Ministerio de Energía y Minas. Además, el proceso de servidumbre forma parte del sistema jurídico peruano y se emplea cuando existen posiciones intransigentes con desmesuradas pretensiones económicas, estableciéndose un justiprecio.
Sobre la notificación a los comuneros para este procedimiento, la asesora legal afirmó que los pobladores mienten al decir que no fueron informados. "En la parte considerativa de la resolución indica muy claramente que, por intermedio del director regional de Energía y Minas de Cajamarca, los pobladores fueron notificados tanto del inicio del proceso de servidumbre como de la etapa de conciliación; sin embargo, dijeron que no asistirían", puntualizó.
En ese sentido, lamentó la actitud de los pobladores, aclarando que Gallardo ya "arregló" por su propiedad a un precio de cuatro mil 750 dólares por hectárea; y Estela, más que un comunero, es un próspero empresario minero y recibe una pensión de jubilación por esta actividad.
Actualmente El Tingo posee cuatro mil 565 hectáreas, descontando lo vendido a otras empresas mineras. Coimolache viene negociando la compra de tierras con la comunidad para lo cual debe ponerse de acuerdo con los 50 comuneros asignatarios de los lotes de interés. La empresa se ha puesto de acuerdo con 45 (90%) de ellos al precio de cuatro mil 750 dólares por hectárea.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 11/01/2010
EN HUALGAYOC SE ABORDARÁ SITUACIÓN DE LOS PASIVOS AMBIENTALES OCASIONADOS POR ANTIGUA MINERÍA
El distrito de Hualgayoc será el lugar donde se abordará la situación de los pasivos ambientales generados por la antigua minería, situación que ha llamado la atención de las autoridades y población que buscan revertir el problema con la participación del gobierno central y el aporte de las empresas mineras que actualmente operan en esa provincia.
Durante la mesa de diálogo realizada recientemente en Hualgayoc – para ver el caso de la comunidad de Vista Alegre con la minera Consolidada, José Luis Carbajal, representante de la oficina de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (MEM), planteó que la próxima reunión se trate este tema.
Para este año – dijo – el MEM promoverá la remediación del 60% de los pasivos ambientales de acuerdo al inventario, siempre y cuando se cuente con el apoyo de la población, de las municipalidades distritales y provincial de Hualgayoc.
En la reunión del último jueves, Carbajal pidió la participación de las autoridades locales de centros poblados donde se están realizando actividades mineras.
Mencionó que este dialogo se está dando con representantes de organizaciones civiles y frentes de defensa. En la provincia hay dos proyectos de exploración y una de explotación que han cumplido con todas las autorizaciones de ley, porque los dueños de los terrenos superficiales han autorizado el inicio de actividades.
Afirmó que el derecho de vigencia de un denuncio minero se paga en tanto se realice o no actividad minera. En ese sentido, la provincia de Hualgayoc ha recibido por este concepto cerca de un millón de dólares.
De otro lado, ante el pedido de las autoridades de tratar en esta reunión la problemática del distrito de Chugur, el funcionario señaló que existe una mesa por el desarrollo de este distrito que está dando buenos resultados, trabajo que se realiza desde hace tres años con una serie de reuniones para tratar diversos temas de interés vinculados con el proyecto minero Tantahuatay.
Al destacar el avance del dialogo entre las partes, Carbajal Briceño indicó que esta labor se realiza en coordinación con las ocho comisiones de trabajo de Chugur, por lo tanto –aclaró- no es necesario tratar éste caso en la mesa de diálogo creada para ver la situación de Vista Alegre.
En la reunión del jueves también participaron representantes de OSINERMING, INGEMMET, autoridades municipales de Hualgayoc, Bambamarca, y Chugur, autoridades comunales, dirigentes de organizaciones sociales, entre otros.
Entre los acuerdos, OSINERGMIN realizará medición inopinada de las vibraciones causadas por Gold Fields en Hualgayoc; también enviará informe a las autoridades de la provincia sobre sanciones contra Activos Mineros por la caída de relaves en El Dorado; presentará a la Fiscalía de la Nación denuncia penal por continuación de operaciones de la empresa San Nicolas; entregará a la población informe de supervisión y fiscalización al proyecto minero Titán Árabe.
Diario Panorama Cajamarquino 11/01/2010
DECLARAN NULA SENTENCIA CONTRA CONSEJERO SANMARQUINO
La Primera Sala Especializada Penal de Cajamarca emitió, el pasado 22 de diciembre del 2009, la resolución de sentencia Nº 372, que declara nula la sentencia en contra del consejero regional de San Marcos, Chanel Ruiz Vargas y nueve líderes ambientales del Valle de Condebamba.
Como se recuerda, el 21 de agosto del año pasado, la juez de la provincia de san Marcos, María Castro Chumpitaz, sentenció a cuatro años de pena privativa de la libertad, en la modalidad de suspendida, al consejero regional de la provincia de San Marcos, Chanel Ruiz Vargas, conjuntamente con dos maestros y siete campesinos del valle de condebamba.
Dicha sentencia fue producto de una acusación fiscal por el delito de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, delito en el que los sentenciados habrían incurrido al realizar un paro interprovincial en protesta de las actividades de exploración del cerro Mogol por parte de la empresa minera Miski Mayo, ahora Vale Perú.
No conformes con este veredicto, el consejero regional y sus co-sentenciados presentaron un recurso de apelación ante la Primera Sala Especializada Penal de Cajamarca, todo ello por considerar que no habrían cometido ningún delito y que tal sentencia era injusta.
Ante tal acción, el proceso judicial fue ventilado en esta segunda instancia judicial, en donde luego de más de cuatro meses de análisis e investigación se concluyó por declarar nula dicha sentencia. Una de las causales de nulidad habría sido que la juez de la provincia de San Marcos al momento de expedir sentencia, no valoró las pruebas incorporadas al proceso, todo ello a fin de determinar con certeza el tipo penal en el que habrían incurrido los procesados.
Sin embargo, el proceso judicial en el que se encuentra sometidos los procesados, no concluye ahí, pues en la resolución de nulidad también se observa la orden que se le hace a la juez de la provincia de San Marcos para que esta expida una nueva sentencia teniendo en cuenta los fundamentos contenidos en dicha resolución; es decir, tanto los líderes ambientales como el consejero regional tendrían que someterse a un nuevo proceso de investigación en el que se espera sean absueltos.
Diario Panorama Cajamarquino 11/01/2010
ANULAN SENTENCIA CONTRA CONSEJERO DE SAN MARCOS
Causal de nulidad habría sido porque jueza de San Marcos no valoró correctamente las pruebas incorporadas en el proceso.
Chanel Ruiz y nueve líderes ambientales del valle de Condebamba afrontarán un nuevo proceso, según lo dispuso la sala Penal de Cajamarca.
PROCESO. Anulan sentencia contra consejero y líderes ambientalistas.
El pasado 22 de diciembre del año 2009, la Primera Sala Especializada Penal de Cajamarca emitió la Resolución de Sentencia Nº 372, resolución por la cual se declara nula la sentencia en contra del consejero regional por San Marcos, Chanel Ruiz Vargas, y nueve líderes ambientales del valle de Condebamba.
Como se recuerda, el 21 de agosto del año pasado, la jueza de la provincia de San Marcos, María Elvira Castro Chumpitaz, sentenció a cuatro años de pena privativa de la libertad, en la modalidad de suspendida, al consejero regional por la provincia de San Marcos, Chanel Ruiz Vargas, conjuntamente con dos maestros y siete campesinos del valle de Condebamba.
Dicha sentencia fue producto de una acusación fiscal por el delito de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, delito en el que los sentenciados habrían incurrido al realizar un paro interprovincial en protesta de las actividades de exploración del cerro Mogol por parte de la empresa minera Miski Mayo, ahora Vale Perú. No conformes con este veredicto, el consejero regional y sus cosentenciados presentaron un recurso de apelación ante la primera sala especializada Penal de Cajamarca, todo ello por considerar que no habrían cometido ningún delito y que tal sentencia era injusta.
Ante tal acción, el proceso judicial fue ventilado en esta segunda instancia judicial, en donde luego de más de cuatro meses de análisis e investigación se concluyó por declarar nula dicha sentencia. Una de las causales de nulidad habría sido que la jueza de la provincia de San Marcos al momento de expedir sentencia, no valoró ni evaluó válidamente las pruebas incorporadas al proceso, todo ello a fin de determinar con certeza el tipo penal en el que habrían incurrido los procesados.
Sin embargo, el proceso judicial en el que se encuentran sometidos los procesados, no concluye ahí, pues en la resolución de nulidad también se observa la orden que se le hace a la jueza de la provincia de San Marcos para que esta expida una nueva sentencia teniendo en cuenta los fundamentos contenidos en dicha resolución; es decir, tanto los líderes ambientales como el consejero regional tendrían que someterse a un nuevo proceso de investigación en el esperan sean absueltos.
Diario El Clarín-Cajamarca 11/01/2010
50 INDÍGENAS DAN NEGATIVO EN PERITAJE
Investigación. Prueba de absorción atómica señala que no dispararon armas de fuego. Nativos sometidos a prueba son enjuiciados por supuestamente haber asesinado a balazos a 12 policías en la Curva del Diablo durante el “Baguazo”.
Elízabeth Prado.
Cincuenta nativos de un total de 58 procesados por el crimen de 12 policías en la Curva del Diablo durante el “Baguazo” del cinco de junio pasado dieron negativo a la prueba de absorción atómica para determinar si habían disparado armas de fuego. Los investigados carecían de la presencia de plomo, antimonio y bario, cationes metálicos que se impregnan en la piel al momento de percutar.
La prueba de absorción atómica se hizo al día siguiente de la masacre, pero el resultado recién se conoce porque ha sido incluido en el expediente judicial del caso.
El examen pericial signado con el número 3527-3567/09 está suscrito por el laboratorista Walter Torres Valenzuela y la ingeniera forense Liliana Díaz Pérez.
Solo tres detenidos
No se les probó el delito de homicidio, pero estas personas siguen procesadas por los cargos de secuestro agravado, disturbios, asociación ilícita, sedición, violencia y resistencia a la autoridad armada, así como por instigación y daños a entidades públicas.
De los 12 policías ultimados en la Curva del Diablo, 9 recibieron impactos de bala por parte de sus agresores.
Siete meses después de los hechos, hasta ahora no se ha identificado plenamente a los autores de los asesinatos. La prueba de absorción atómica es determinante.
Los procesados por los casos de la Curva del Diablo y de la Estación Nº 6 de Petroperú suman en este momento 82. Mientras que los detenidos en el penal Huancas por estos mismos hechos eran hasta fin de año únicamente tres, incluido Asterio Pujupat Wachapea, apresado el 29 de diciembre bajo el cargo de asesinato del mayor PNP Felipe Bazán Soles, cuyo cuerpo sigue desaparecido. El indígena detenido ha declarado que no intervino ni vio el execrable acto.
Ante la lentitud de los procesos, el abogado de los nativos, Gustavo Campos, solicitó la creación de una sala ad hoc en Bagua, integrado por especialistas dedicados a tiempo completo.
“Que el caso no siga en manos de juzgados mixtos abocados también a procesos penales, laborales y civiles sin el tiempo ni la experiencia para hechos complejos como el de Bagua”, reclamó.
Respecto a la exigencia del abogado Gustavo Campos, la fiscal Olga Bobadilla dijo que tres de los siete procesos abiertos por el “Baguazo” están muy avanzados.
“Hay tres procesos que están para sentencia: el número 2009-194, por agresión, el 193 por disturbios, así como otro abierto contra menores de edad por tenencia ilegal de armas”, informó.
La fiscal Olga Bobadilla refirió que el caso 194, contra nativos en agravio de la PNP, está en etapa ampliatoria. Mientras que el número 461, referido a la desaparición del mayor Bazán, recién fue judicializado el 30 de diciembre y tiene un solo procesado: Asterio Pujupat Wachapea.
DATOS
Evidencia. La fiscal Olga Bobadilla señaló que Aladino López Padilla está a punto de ser sentenciado por tenencia ilegal de armas. Él tenía consigo el arma del mayor Felipe Bazán. En su afán de ocultarlo decidió enterrarlo en el patio de la casa pastoral Santiago Apóstol de Bagua Grande.
MENORES. En el caso están involucrados tres menores, pero es visto por el Juzgado Mixto de Utcubamba.
Pasaron la prueba de absorción
Feliciano Cahuasa Rolin, Bernabé Nampag , Sixto Dekentai, Eduardo Entsakua, Leonardo Sharian, Leo Timias, Eloy Sharian Chamik, Jamer Tetsa Tsenguan, Aladino Castillo, Milquiades Pintado, Julio Díaz, Lalo Flores, Napoleón Dellodas, Juan Jiménez, Roldán Entsakua, Confesor Mesones, Luis Paico, José Yuu, Guillermo Sánchez, Alseviares Domingo, Silvio Terrones, Guzmán Padilla, Alejandro Ariza, José Vargas, Rogelio Rojas, David Lizana, Helsías Cumbia, José Rojas Cieza, Sixto Tineo, Luis Delgado, Hildebrando Alvarado, Moisés García, Edgar Díaz Silva, Noé Fernández, Aurelio Kajekui, Wilfredo Rodas, Aníbal Medina, Pepe Sakash, Mario Wepeiu, Sabino Pizango, Lizandro Camacho, Rufino Singuani, Genebrardo Alvarado, Leonardo Asacha, José Neyra, José Córdova, Edison Mashinagsh, Sandra Quincho, Anderson Robledo y Olmer Dávila.
Diario La República-Lima 11/01/2010
BRACK ADVIERTE QUE TACNA YA NO TIENE MÁS AGUA
El ministro del Ambiente, Antonio Brack, alertó del mal estado de las cuencas hidrográficas en el país y dijo que Tacna ya no tiene agua y que cualquier empresa que quiera instalarse tendrá que desalinizar agua del mar.
"En el Perú tenemos un grave problema que es el pésimo estado o el deterioro de las cuencas hidrográficas debido que todos esos bosques han sido talados, nadie ha plantado árboles y ese es uno de los puntos que tenemos que trabajar en la adaptación del cambio climático", expresó.
Para el ministro Brack, el mayor problema se presenta en las cuencas hidrográficas de Tacna, Moquegua, Arequipa y Puno, donde dijo que el gobierno regional tiene recursos para iniciar acciones en el sistema de almacenamiento de agua, mejoramiento de cuencas y trabajo con las comunidades que planten bosques de Queñua.
"Tacna ya se ha declarado el agotamiento del recurso hídrico y si alguien quiere instalar una empresa que va a tener una demanda fuerte de agua, tendrá que desalinizar agua de mar", precisó.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 09/01/2010
Residentes de la comunidad El Tingo, en la provincia de Hualgayoc, acusan a la minera Coimolache de pretender apropiarse de sus tierras en virtud a resolución de servidumbre publicada en diciembre pasado el diario oficial "El Peruano".
El caso fue denunciado por los ciudadanos Wilder Gallardo y César Estela tras conocerse la resolución resolución suprema Nº 080 -2009 sobre la imposición de derecho de servidumbre minera de uso para la construcción del complejo industrial minero del proyecto Tantahuatay.
Carolina Araujo, asesora legal y de Relaciones Institucionales de la minera, aseveró que dicha resolución cuenta con la autorización de los ministerios de Energía y Minas y Agricultura, siendo promulgada por el presidente de la República.
Aclaró que las 34 hectáreas involucradas en la servidumbre se emplearán en la construcción de las instalaciones industriales. "Esta servidumbre no constituye una expropiación ni mucho menos una confiscación como piensan los comuneros. No hay expropiación en el caserío El Tingo porque no están perdiendo la propiedad", indicó Araujo al precisar que cuando concluyan los trabajos se devolverán e iguales o mejores condiciones el predio.
Añadió que este procedimiento es respaldado por un plan de cierre de minas y cuenta con una garantía financiera para su cumplimiento, según lo dispone el Ministerio de Energía y Minas. Además, el proceso de servidumbre forma parte del sistema jurídico peruano y se emplea cuando existen posiciones intransigentes con desmesuradas pretensiones económicas, estableciéndose un justiprecio.
Sobre la notificación a los comuneros para este procedimiento, la asesora legal afirmó que los pobladores mienten al decir que no fueron informados. "En la parte considerativa de la resolución indica muy claramente que, por intermedio del director regional de Energía y Minas de Cajamarca, los pobladores fueron notificados tanto del inicio del proceso de servidumbre como de la etapa de conciliación; sin embargo, dijeron que no asistirían", puntualizó.
En ese sentido, lamentó la actitud de los pobladores, aclarando que Gallardo ya "arregló" por su propiedad a un precio de cuatro mil 750 dólares por hectárea; y Estela, más que un comunero, es un próspero empresario minero y recibe una pensión de jubilación por esta actividad.
Actualmente El Tingo posee cuatro mil 565 hectáreas, descontando lo vendido a otras empresas mineras. Coimolache viene negociando la compra de tierras con la comunidad para lo cual debe ponerse de acuerdo con los 50 comuneros asignatarios de los lotes de interés. La empresa se ha puesto de acuerdo con 45 (90%) de ellos al precio de cuatro mil 750 dólares por hectárea.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 11/01/2010
EN HUALGAYOC SE ABORDARÁ SITUACIÓN DE LOS PASIVOS AMBIENTALES OCASIONADOS POR ANTIGUA MINERÍA
El distrito de Hualgayoc será el lugar donde se abordará la situación de los pasivos ambientales generados por la antigua minería, situación que ha llamado la atención de las autoridades y población que buscan revertir el problema con la participación del gobierno central y el aporte de las empresas mineras que actualmente operan en esa provincia.
Durante la mesa de diálogo realizada recientemente en Hualgayoc – para ver el caso de la comunidad de Vista Alegre con la minera Consolidada, José Luis Carbajal, representante de la oficina de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (MEM), planteó que la próxima reunión se trate este tema.
Para este año – dijo – el MEM promoverá la remediación del 60% de los pasivos ambientales de acuerdo al inventario, siempre y cuando se cuente con el apoyo de la población, de las municipalidades distritales y provincial de Hualgayoc.
En la reunión del último jueves, Carbajal pidió la participación de las autoridades locales de centros poblados donde se están realizando actividades mineras.
Mencionó que este dialogo se está dando con representantes de organizaciones civiles y frentes de defensa. En la provincia hay dos proyectos de exploración y una de explotación que han cumplido con todas las autorizaciones de ley, porque los dueños de los terrenos superficiales han autorizado el inicio de actividades.
Afirmó que el derecho de vigencia de un denuncio minero se paga en tanto se realice o no actividad minera. En ese sentido, la provincia de Hualgayoc ha recibido por este concepto cerca de un millón de dólares.
De otro lado, ante el pedido de las autoridades de tratar en esta reunión la problemática del distrito de Chugur, el funcionario señaló que existe una mesa por el desarrollo de este distrito que está dando buenos resultados, trabajo que se realiza desde hace tres años con una serie de reuniones para tratar diversos temas de interés vinculados con el proyecto minero Tantahuatay.
Al destacar el avance del dialogo entre las partes, Carbajal Briceño indicó que esta labor se realiza en coordinación con las ocho comisiones de trabajo de Chugur, por lo tanto –aclaró- no es necesario tratar éste caso en la mesa de diálogo creada para ver la situación de Vista Alegre.
En la reunión del jueves también participaron representantes de OSINERMING, INGEMMET, autoridades municipales de Hualgayoc, Bambamarca, y Chugur, autoridades comunales, dirigentes de organizaciones sociales, entre otros.
Entre los acuerdos, OSINERGMIN realizará medición inopinada de las vibraciones causadas por Gold Fields en Hualgayoc; también enviará informe a las autoridades de la provincia sobre sanciones contra Activos Mineros por la caída de relaves en El Dorado; presentará a la Fiscalía de la Nación denuncia penal por continuación de operaciones de la empresa San Nicolas; entregará a la población informe de supervisión y fiscalización al proyecto minero Titán Árabe.
Diario Panorama Cajamarquino 11/01/2010
DECLARAN NULA SENTENCIA CONTRA CONSEJERO SANMARQUINO
La Primera Sala Especializada Penal de Cajamarca emitió, el pasado 22 de diciembre del 2009, la resolución de sentencia Nº 372, que declara nula la sentencia en contra del consejero regional de San Marcos, Chanel Ruiz Vargas y nueve líderes ambientales del Valle de Condebamba.
Como se recuerda, el 21 de agosto del año pasado, la juez de la provincia de san Marcos, María Castro Chumpitaz, sentenció a cuatro años de pena privativa de la libertad, en la modalidad de suspendida, al consejero regional de la provincia de San Marcos, Chanel Ruiz Vargas, conjuntamente con dos maestros y siete campesinos del valle de condebamba.
Dicha sentencia fue producto de una acusación fiscal por el delito de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, delito en el que los sentenciados habrían incurrido al realizar un paro interprovincial en protesta de las actividades de exploración del cerro Mogol por parte de la empresa minera Miski Mayo, ahora Vale Perú.
No conformes con este veredicto, el consejero regional y sus co-sentenciados presentaron un recurso de apelación ante la Primera Sala Especializada Penal de Cajamarca, todo ello por considerar que no habrían cometido ningún delito y que tal sentencia era injusta.
Ante tal acción, el proceso judicial fue ventilado en esta segunda instancia judicial, en donde luego de más de cuatro meses de análisis e investigación se concluyó por declarar nula dicha sentencia. Una de las causales de nulidad habría sido que la juez de la provincia de San Marcos al momento de expedir sentencia, no valoró las pruebas incorporadas al proceso, todo ello a fin de determinar con certeza el tipo penal en el que habrían incurrido los procesados.
Sin embargo, el proceso judicial en el que se encuentra sometidos los procesados, no concluye ahí, pues en la resolución de nulidad también se observa la orden que se le hace a la juez de la provincia de San Marcos para que esta expida una nueva sentencia teniendo en cuenta los fundamentos contenidos en dicha resolución; es decir, tanto los líderes ambientales como el consejero regional tendrían que someterse a un nuevo proceso de investigación en el que se espera sean absueltos.
Diario Panorama Cajamarquino 11/01/2010
ANULAN SENTENCIA CONTRA CONSEJERO DE SAN MARCOS
Causal de nulidad habría sido porque jueza de San Marcos no valoró correctamente las pruebas incorporadas en el proceso.
Chanel Ruiz y nueve líderes ambientales del valle de Condebamba afrontarán un nuevo proceso, según lo dispuso la sala Penal de Cajamarca.
PROCESO. Anulan sentencia contra consejero y líderes ambientalistas.
El pasado 22 de diciembre del año 2009, la Primera Sala Especializada Penal de Cajamarca emitió la Resolución de Sentencia Nº 372, resolución por la cual se declara nula la sentencia en contra del consejero regional por San Marcos, Chanel Ruiz Vargas, y nueve líderes ambientales del valle de Condebamba.
Como se recuerda, el 21 de agosto del año pasado, la jueza de la provincia de San Marcos, María Elvira Castro Chumpitaz, sentenció a cuatro años de pena privativa de la libertad, en la modalidad de suspendida, al consejero regional por la provincia de San Marcos, Chanel Ruiz Vargas, conjuntamente con dos maestros y siete campesinos del valle de Condebamba.
Dicha sentencia fue producto de una acusación fiscal por el delito de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, delito en el que los sentenciados habrían incurrido al realizar un paro interprovincial en protesta de las actividades de exploración del cerro Mogol por parte de la empresa minera Miski Mayo, ahora Vale Perú. No conformes con este veredicto, el consejero regional y sus cosentenciados presentaron un recurso de apelación ante la primera sala especializada Penal de Cajamarca, todo ello por considerar que no habrían cometido ningún delito y que tal sentencia era injusta.
Ante tal acción, el proceso judicial fue ventilado en esta segunda instancia judicial, en donde luego de más de cuatro meses de análisis e investigación se concluyó por declarar nula dicha sentencia. Una de las causales de nulidad habría sido que la jueza de la provincia de San Marcos al momento de expedir sentencia, no valoró ni evaluó válidamente las pruebas incorporadas al proceso, todo ello a fin de determinar con certeza el tipo penal en el que habrían incurrido los procesados.
Sin embargo, el proceso judicial en el que se encuentran sometidos los procesados, no concluye ahí, pues en la resolución de nulidad también se observa la orden que se le hace a la jueza de la provincia de San Marcos para que esta expida una nueva sentencia teniendo en cuenta los fundamentos contenidos en dicha resolución; es decir, tanto los líderes ambientales como el consejero regional tendrían que someterse a un nuevo proceso de investigación en el esperan sean absueltos.
Diario El Clarín-Cajamarca 11/01/2010
50 INDÍGENAS DAN NEGATIVO EN PERITAJE
Investigación. Prueba de absorción atómica señala que no dispararon armas de fuego. Nativos sometidos a prueba son enjuiciados por supuestamente haber asesinado a balazos a 12 policías en la Curva del Diablo durante el “Baguazo”.
Elízabeth Prado.
Cincuenta nativos de un total de 58 procesados por el crimen de 12 policías en la Curva del Diablo durante el “Baguazo” del cinco de junio pasado dieron negativo a la prueba de absorción atómica para determinar si habían disparado armas de fuego. Los investigados carecían de la presencia de plomo, antimonio y bario, cationes metálicos que se impregnan en la piel al momento de percutar.
La prueba de absorción atómica se hizo al día siguiente de la masacre, pero el resultado recién se conoce porque ha sido incluido en el expediente judicial del caso.
El examen pericial signado con el número 3527-3567/09 está suscrito por el laboratorista Walter Torres Valenzuela y la ingeniera forense Liliana Díaz Pérez.
Solo tres detenidos
No se les probó el delito de homicidio, pero estas personas siguen procesadas por los cargos de secuestro agravado, disturbios, asociación ilícita, sedición, violencia y resistencia a la autoridad armada, así como por instigación y daños a entidades públicas.
De los 12 policías ultimados en la Curva del Diablo, 9 recibieron impactos de bala por parte de sus agresores.
Siete meses después de los hechos, hasta ahora no se ha identificado plenamente a los autores de los asesinatos. La prueba de absorción atómica es determinante.
Los procesados por los casos de la Curva del Diablo y de la Estación Nº 6 de Petroperú suman en este momento 82. Mientras que los detenidos en el penal Huancas por estos mismos hechos eran hasta fin de año únicamente tres, incluido Asterio Pujupat Wachapea, apresado el 29 de diciembre bajo el cargo de asesinato del mayor PNP Felipe Bazán Soles, cuyo cuerpo sigue desaparecido. El indígena detenido ha declarado que no intervino ni vio el execrable acto.
Ante la lentitud de los procesos, el abogado de los nativos, Gustavo Campos, solicitó la creación de una sala ad hoc en Bagua, integrado por especialistas dedicados a tiempo completo.
“Que el caso no siga en manos de juzgados mixtos abocados también a procesos penales, laborales y civiles sin el tiempo ni la experiencia para hechos complejos como el de Bagua”, reclamó.
Respecto a la exigencia del abogado Gustavo Campos, la fiscal Olga Bobadilla dijo que tres de los siete procesos abiertos por el “Baguazo” están muy avanzados.
“Hay tres procesos que están para sentencia: el número 2009-194, por agresión, el 193 por disturbios, así como otro abierto contra menores de edad por tenencia ilegal de armas”, informó.
La fiscal Olga Bobadilla refirió que el caso 194, contra nativos en agravio de la PNP, está en etapa ampliatoria. Mientras que el número 461, referido a la desaparición del mayor Bazán, recién fue judicializado el 30 de diciembre y tiene un solo procesado: Asterio Pujupat Wachapea.
DATOS
Evidencia. La fiscal Olga Bobadilla señaló que Aladino López Padilla está a punto de ser sentenciado por tenencia ilegal de armas. Él tenía consigo el arma del mayor Felipe Bazán. En su afán de ocultarlo decidió enterrarlo en el patio de la casa pastoral Santiago Apóstol de Bagua Grande.
MENORES. En el caso están involucrados tres menores, pero es visto por el Juzgado Mixto de Utcubamba.
Pasaron la prueba de absorción
Feliciano Cahuasa Rolin, Bernabé Nampag , Sixto Dekentai, Eduardo Entsakua, Leonardo Sharian, Leo Timias, Eloy Sharian Chamik, Jamer Tetsa Tsenguan, Aladino Castillo, Milquiades Pintado, Julio Díaz, Lalo Flores, Napoleón Dellodas, Juan Jiménez, Roldán Entsakua, Confesor Mesones, Luis Paico, José Yuu, Guillermo Sánchez, Alseviares Domingo, Silvio Terrones, Guzmán Padilla, Alejandro Ariza, José Vargas, Rogelio Rojas, David Lizana, Helsías Cumbia, José Rojas Cieza, Sixto Tineo, Luis Delgado, Hildebrando Alvarado, Moisés García, Edgar Díaz Silva, Noé Fernández, Aurelio Kajekui, Wilfredo Rodas, Aníbal Medina, Pepe Sakash, Mario Wepeiu, Sabino Pizango, Lizandro Camacho, Rufino Singuani, Genebrardo Alvarado, Leonardo Asacha, José Neyra, José Córdova, Edison Mashinagsh, Sandra Quincho, Anderson Robledo y Olmer Dávila.
Diario La República-Lima 11/01/2010
BRACK ADVIERTE QUE TACNA YA NO TIENE MÁS AGUA
El ministro del Ambiente, Antonio Brack, alertó del mal estado de las cuencas hidrográficas en el país y dijo que Tacna ya no tiene agua y que cualquier empresa que quiera instalarse tendrá que desalinizar agua del mar.
"En el Perú tenemos un grave problema que es el pésimo estado o el deterioro de las cuencas hidrográficas debido que todos esos bosques han sido talados, nadie ha plantado árboles y ese es uno de los puntos que tenemos que trabajar en la adaptación del cambio climático", expresó.
Para el ministro Brack, el mayor problema se presenta en las cuencas hidrográficas de Tacna, Moquegua, Arequipa y Puno, donde dijo que el gobierno regional tiene recursos para iniciar acciones en el sistema de almacenamiento de agua, mejoramiento de cuencas y trabajo con las comunidades que planten bosques de Queñua.
"Tacna ya se ha declarado el agotamiento del recurso hídrico y si alguien quiere instalar una empresa que va a tener una demanda fuerte de agua, tendrá que desalinizar agua de mar", precisó.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 09/01/2010
