El pleno del Con
greso aprobó el Informe en mayoría sobre los sucesos de Bagua que libera de responsabilidad penal y de cualquier tipo de sanción a los ex ministros implicados en un hecho de consecuencias letales. Una nueva burla.La semana pasada se volvió a confirmar que en este país las lecciones se paporretean y se olvidan, y que las rasgaduras de vestiduras se zurcen a los pocos días. Mercedes Cabanillas, Yehude Simon y Mercedes Aráoz salieron inmaculados luego que se aprobara un informe timorato y anodino fabricado para librarlos de culpas y para acumular amores y favores en aras del fortalecimiento de la alianza apro-fujimorista.
Para entender por qué el informe suscrito por Martha Moyano (Fuerza 20011), Juan Perry (Alianza Nacional) y Eduardo Espinoza (UPP) pudo convertirse en el único que se discutiría en el pleno, debemos recordar cómo se llegó a este sinsentido: Hace un año, el Congreso parió cuatrillizos, debido a que la Comisión que se formó para investigar los sucesos de Bagua no se puso de acuerdo y se dividió. Por un lado, Güido Lombardi redactó un informe que fue la madre de los otros. Otro integrante de la Comisión, el congresista nacionalista Víctor Isla, no coincidió con Lombardi en las conclusiones y recomendaciones, y terminó presentando una versión corregida del mismo. Los congresistas Falla y Calderón del APRA, también se abrieron, redactando un documento que produce vergüenza ajena. Y, finalmente, pasó lo inesperado: Moyano, Perry y Espinoza quedaron en mayoría, con un informe wash and ware.
Lo que hizo Moyano y compañía fue mutilar el informe que presentó Lombardi. Retiraron la parte del análisis y algunas conclusiones y las sazonaron con acusaciones a las ONG y a los líderes locales. Y se copiaron una parte impresentable del informe aprista en la que se sostiene que las comunidades nativas fueron infiltradas por elementos subversivos. Afortunadamente, omitieron la reconstrucción de los hechos en la Curva del Diablo hecha por los apristas donde, sin sangre en la cara, manifiestan que el 5 de junio los policías fueron emboscados por miles de indígenas que cercaron al grupo del mayor Bazán, le quitaron sus armas y dispararon primero.
Lo que sí mantuvieron fue la conclusión del informe Lombardi sobre las responsabilidades políticas que caen sobre el Ejecutivo por haber promulgado los decretos, y las de los ministros por haberlos refrendado: la de Mercedes Cabanillas por no haber ejercido la conducción política que le competía, la de Yehude Simon por no haber tenido una actuación que solucionara el reclamo, y la de Mercedes Aráoz por negligente e imprudente.
En lo que todos los informes coinciden es en sostener que se debe penalizar la actuación de los jefes policiales responsables del operativo. (Al final, todo el peso de la ley ha recaído en los generales Muguruza y Uribe y otros cuatro policías, a los que se les ha abierto instrucción por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves y leves).
Fue una desgracia que los informes de Lombardi e Isla no alcanzaran mayoría, o que ambos congresistas no se pusieran de acuerdo. (Aun en ese caso, les hubiera faltado una firma más). La discusión de uno de esos dos documentos hubiera producido un real debate, punzante e incisivo, que hubiera concluido con sanciones ejemplificadoras, y no con la farsa que reprodujo en el Congreso todos los errores, vicios, prejuicios, desentendimientos y mentiras que precipitaron el conflicto del 5 de junio del 2009 .
Los dos congresistas estuvieron comprometidos con la investigación desde el principio y trabajaron el documento en forma conjunta, hasta que un punto neurálgico los dividió: justamente el de la responsabilidad penal de algunos miembros del Ejecutivo. Y es que Isla dio un paso más al atribuirle responsabilidades penales al presidente García, a la ex ministra Cabanillas (por homicidio culposo), y a la ex ministra Aráoz (por el delito de falsedad genérica). Fue un paso al más allá, jurídicamente discutible, pero valiente.
Un año después, Lombardi ha salido a los medios a declarar que no basta con señalar la responsabilidad política, si ésta no va respaldada por una acusación constitucional y de algún tipo de sanción como la inhabilitación para ocupar cargos en el sector público. En el caso de Cabanillas, el congresista sostiene que actuó con una falta absoluta de responsabilidad cuando el mismo 5 de junio, al mediodía, tres horas antes de la muerte de los policías en la Estación 6 , ella declara en RPP que dicha instalación estaba bajo control. (Una perla de las muchas que caracterizaron su lamentable actuación durante el conflicto).
En buen cristiano, el peso de la ley solo caerá sobre los policías responsables del operativo y sobre los líderes indígenas que encabezaron la legítima protesta en defensa de su territorio. Actualmente hay más de 80 dirigentes con orden de captura y su situación es insostenible porque no pueden salir de sus territorios, no pueden trabajar ni comercializar sus productos y, por lo tanto, corre peligro la alimentación y educación de sus hijos.
Lo más lamentable es que los acusados no son los que dispararon en la Curva del Diablo, ni los que asesinaron a los policías en la Estación 6. Son los líderes más visibles y conocidos en la región, que estuvieron encabezando la protesta pacífica, pero que no pudieron controlar a los indígenas que decidieron actuar con violencia. El caso más conocido es el de Simón Weepiu, acusado de secuestro, lesiones graves y muerte. Se trata del Apu que estuvo más de cincuenta días en la Estación 6 en buenas relaciones con los trabajadores y con los policías, hasta que el día 5 de junio fue desbordado por la masa compuesta por mucha gente que llegó de la parte alta y media del río Santiago y otras personas que no eran conocidas. A Simón lo tumbaron junto al comandante Montenegro, lo patearon y golpearon, y lo dejaron en el piso con el pantalón roto. Antes de que se lleven a los policías al monte, debió salir de la Estación 6 para salvar su vida.
Después de lo ocurrido en Bagua, el gobierno y el pueblo awajún rompieron palitos. Parece que ni la cola sintética ni el Triz podrán repararlos.
Servindi-Lima 27.06.2011
