21 de junio de 2010

PROTESTARÁN CONTRA PROYECTO LA ZANJA


Estinaldo Quispe Mego, presidente de la Federación provincial de rondas de Santa Cruz, durante visita a la ciudad de Chota, anunció que según el acuerdo tomado con el comité de regantes del valle Chancay-Lambayeque, colegios profesionales y otras organizaciones, este veintidós de junio cumplirán con una marcha de protesta en la ciudad de Chiclayo.

Como punto principal en la plataforma de la lucha esta, el rechazo a la explotación del proyecto minero la Zanja ubicado en la provincia de Santa Cruz-Cajamarca; al cual consideran que afectaría enormemente los colchones acuíferos y como consecuencia la agricultora disminuiría su producción en diversas provincias de Cajamarca y el valle de Lambayecano.

Durante la marcha también cuestionaran la no presencia de los representantes del ejecutivo a quien se le ha invitado visitar la zona del campamento minero para que conozcan en situ el daño que ocasionaría la explotación de mineral debido a que se realizaría con la modalidad de tajo abierto.

A la medida de protesta de este veintidós de junio también se unirán organizaciones de otras provincias y distritos tanto de las regiones de Cajamarca y Lambayeque.

Estinaldo Quispe Mego, advirtió que ya son cinco meses que están solicitando la presencia de los funcionarios, sin embargo hasta el momento no se ha concretizado por lo que advirtió que ese mismo día la comisión que convoca al concurso analizará en acatar un paro macro regional indefinido.

Diario El Mercurio-Cajamarca 21/06/2010





EN LIMA EXPONDRÁN SOBRE IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES DE MINERÍA EN CAJAMARCA


La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, será escenario del Foro - Panel “Impactos socio-ambientales de la gran minería en Cajamarca” conmemorando de ese modo el décimo aniversario del derrame de Mercurio en Choropampa.

El evento es organizado por el Colegio de Sociólogos de Lima, y tendrá como panelistas a diferentes profesionales que conocen de cerca el tema, como Mirtha Vásquez, directora ejecutiva de Grufides, María Chappuis, ex directora general de Minería del Ministerio de Energía y Minas y consultora en minería; y el Sociólogo Martin Scurrah, ex Director Regional de Oxfam America, investigador académico afiliado a CEPES para el estudio de conflictos sobre los recursos naturales, movimientos sociales y pobreza.

El evento además contará con la exposición de Juana Martínez, una de las afectadas directas del derrame de Mercurio de Choropampa; tema que será debatido por miembros del Colegio de Sociólogos de esa jurisdicción.

En este evento reaparecerá el controvertido ecologista Reinhard Seifert, ex presidente del Frente de Defensa Ambiental Regional de Cajamarca. Según el proyecto de dicho evento, el objetivo del mismo es: Describir y analizar principalmente desde un enfoque crítico y de manera multidisciplinaria los impactos socioambientales que ha generado la gran minería aurífera en Cajamarca, en especial la realizada por minera Yanacocha, desde los años 90.

Diario El Mercurio-Cajamarca 21/06/2010





DOE RUN SE LAVA LAS MANOS


Contradictorio. Sobre acusaciones en su contra. A pesar de su extenso historial de incumplimientos, la metalúrgica de La Oroya acusa al gobierno.

La vergüenza se ha perdido en La Oroya. Aunque suene paradójico y hasta contradictorio, ayer Doe Run Perú (DRP), una empresa con un amplio historial de incumplimientos en su haber, invocó al gobierno peruano a honrar sus obligaciones contractuales.
Mediante un comunicado publicado en todos los diarios de la capital, la metalúrgica hizo un “llamado” al gobierno para que honre su responsabilidad contractual de remediar los suelos de La Oroya y se comprometa a entablar un diálogo constructivo para que ellos puedan reiniciar las operaciones.

“El contrato de 1997, firmado por Doe Run Perú, estipula que el gobierno peruano deberá efectuar la limpieza ambiental de La Oroya a cambio de que la Empresa cumpla con un programa de mejoras ambientales conocido como los proyectos PAMA”, señala DRP.

En otra parte del comunicado, la empresa subió el tono de sus declaraciones y acusó sin medias tintas al gobierno peruano de haber ignorado por años sus responsabilidades y de emprender una campaña de ataques contra los principales accionistas de la metalúrgica.

Aunque el Ministerio de Energía y Minas (MEM) evitó responder a la publicación, no dudaron de que sería otra provocación de una empresa que hasta hace solo una semana exigía el fraccionamiento de su deuda con el Tribunal Fiscal y la Sunat de S/.760 millones en un plazo de 700 años.

Quien sí no tuvo ningún reparo en criticar la actitud desafiante de DRP fue la ex directora de Minas del MEM María Chappuis. La analista lamentó que una empresa que pide continuas ampliaciones y nunca termina de concluir sus compromisos ambientales exija al gobierno honrar sus obligaciones.

“Continúa DRP con su perorata sobre las inversiones que dice haber hecho sin mencionar sus numerosos incumplimientos no solo con el Estado Peruano sino con sus proveedores”, comentó.
Así estamos.

Precisiones

Reunión. No deja de sorprender que las altisonantes declaraciones de DRP se produzcan justo un día antes de que se realice la reunión entre el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, los delegados de la empresa y sus trabajadores.
Objetivo. En la reunión de hoy el gobierno intentará que la empresa defina la fecha en que reiniciará sus operaciones.

El “Houdini” de La Oroya no pierde

¿Pero quién está detrás de las estrategias de la metalúrgica? Ira Rennert, dueño de Doe Run entre el 2001 y el 2002, envió a la quiebra por insolvencia a una empresa de carbón en Kentucky, y a otra de magnesio en Utah, tras acumular US$ 900 millones en multas por incumplimientos ambientales que nunca pagó.

Una estrategia que lo ayudó a amasar una fortuna de más de US$ 4 mil millones, según estimó la revista Forbes y por la cual se ha ganado en los Estados Unidos el apodo del “Houdini financiero”. Prueba de ello es su mansión en Long Island, de US$ 185 millones y su jet privado de US$ 40 millones.

Diario nLa República-Lima 21/06/2010





OLA DE CONCESIONES


Las concesiones que el gobierno aprista viene implementando para beneficiar a grandes multinacionales, en detrimento del propio Estado, tienen como aval normativo los decretos de urgencia 047-2008, 121-2009, y el recientemente publicado 039-2010, el mismo que incorpora a la ola de concesiones 2 proyectos más: El Terminal Norte Multipropósito del Callao y el Aeropuerto Internacional de Chinchero (Cusco).

A la fecha, suman 23 proyectos que serán concesionados por el gobierno. El Puerto de Paita, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Taboada y la Autopista del Sol, tramo Trujillo – Sullana, ya fueron concesionados. Están a la espera, un segundo paquete de aeropuertos, entre los que se encuentra el Mendivil Duarte de Ayacucho. En pocos años, los puertos y aeropuertos estarán en manos privadas.

Panamericana Sur, tramo Ica-Chile; Autopista del Sol, tramo Sullana-Ecuador; Ferrocarriles Huancayo-Huancavelica y Cajamarca-Bayóvar; Chavimochic; Majes-Siguas; la carretera IIRSA centro, que une el Callao con Pucallpa; las líneas de transmisión eléctrica Tintaya-Socabaya, Talara-Piura, Chilca-Marcona-Caravellí; etc., también serán concesionados. Ni siquiera se salva la Isla San Lorenzo o el Cuartel San Martín.

Para llevar adelante esta ola de concesiones, el gobierno de turno cuenta con un organismo ejecutor: PROINVERSIÓN. Pero, ¿qué es PROINVERSIÓN? Es una agencia ideada por Fujimori para privatizar empresas estatales, bienes y servicios públicos, proyectos de interés nacional. Gracias a PROINVERSIÓN, las transnacionales se han llevado jugosas utilidades, y la mafia fujimontesinista se ha embolsillado millones de dólares.

El “plan entreguista” de los mercantilistas tiene como bandera dos conceptos manipulados: Las Asociaciones Público Privadas y la Inversión Privada. En nombre del crecimiento económico hay que regalar bienes públicos. El artículo 4 del DU 121 confirma nuestra afirmación:

“Los terrenos de propiedad directa o indirecta del Estado, incluyendo empresas, requeridos para la concesión, serán transferidos automáticamente por la entidad titular de los mismos al concedente en la oportunidad en que éste lo señale y a título gratuito, por el solo mérito del Decreto Supremo que así lo establezca.”

Las entidades del Estado, los organismos reguladores, e incluso la Contraloría, sólo pueden emitir opiniones previas respecto a elementos no esenciales de la concesión y siempre que sea materia de su competencia. Ningún ente, sólo el consejo directivo de PROINVERSIÓN, puede opinar sobre el diseño de la transacción. Asimismo, las consultorías para el diseño de las concesiones serán decididas por el mismo consejo directivo, a través de simples concursos por invitación. ¿Quiénes serán los consultores? Los amigazos de siempre, los carnetizados, y aquellos simpatizantes de la estrella.

De otro lado, las exigencias legales para las concesiones quedan reducidas a su mínima expresión. La modalidad de la promoción de inversión privada, el plan de esta promoción, así como sus modificatorias, la designación de los miembros de los comités especiales, los viajes al exterior para hacer lobbies de promoción, son otros privilegios que ostenta el consejo directivo de PROINVERSIÓN.

A la vista de todo, la filosofía de Alan García resulta inequívoca: Primero el crecimiento del PIB a cualquier precio; segundo, la prioridad del capital extranjero por sobre el capital nacional; tercero, sacar provecho de los “faenones” que otorgan los procesos de contrataciones y adquisiones públicas. A mayor número de concesiones o adjudicaciones amañadas, mayores honorarios de éxito para la cúpula gubernamental.

Ahora bien, ¿cuál es el soporte intelectual de esta forma perversa de hacer política? Tener como entorno a supuestos gurúes del management, defensores a ultranza del mercado y propulsores del mito de que el Estado es incapaz de gestionar bienes y servicios públicos. Ahí están Cecilia Blume, Mercedes Araoz, Mayen Ugarte, Nuria Sparch, etc., para quienes la solución a la “ineficiencia” del Estado pasa por gerenciar una administración pública como si fuera una empresa privada.

Servindi-Lima 21/06/2010