15 de julio de 2010

BLOQUEAN CARRETERA EXIGIENDO MÁS TRABAJO


Con montículos de tierra y piedras, los pobladores de “El Empalme” ubicado en el Km. 68 de la carretera Cajamarca-Bambamarca, nuevamente bloquearon esta principal vía de acceso demandando a la empresa Golfields más oportunidades laborales para empresarios de la zona.

Un aproximado de 150 comuneros no permitieron el paso de los vehículos de la empresa minera, por tres largas horas. La Policía los diluyó y conminó a desistir de su medida de protesta, haciéndoles entender que perjudican a otros transportistas que utilizan la vía para movilizarse y llegar a sus destinos.

Pasadas las 13:00 horas, los manifestantes despejaron la zona, recuperándose el buen tránsito en la zona, a pedido del Fiscal de la Provincia de San Miguel quien actuó en plena coordinación con la Policía Nacional. Es necesario mencionar que los protestantes incurren en un delito si obstruyen o bloquean carreteras y que podrían ser denunciados conforme lo estipula el Cógigo Penal.

Diario Panorama Cajamarquino 15/07/2010





CONTROL DEL AGUA AVIVA LOS CONFLICTOS


Alerta. Entre empresas mineras y los pueblos. Experto José De Echave advierte que el 70% de pugnas socioambientales se vincula con la minería y recomienda al gobierno seguir de cerca estos problemas.

Las constantes asperezas entre las empresas mineras y las poblaciones afectadas van en aumento. Y es que en la actualidad más del 50% de los conflictos sociales que se registran en nuestro país son de carácter socioambiental.

La Defensoría del Pueblo en su último reporte advierte que de los 250 conflictos existentes en todo el territorio nacional, 126 son de tipo socioambiental. El director de CooperAcción, José De Echave, agrega que de esa cantidad, el 70% se vincula directamente con la extracción minera.

El agua de la discordia
El experto en temas ambientales explicó que el control del agua es el principal detonante de los conflictos entre las mineras y la población. Y advierte que la falta de comunicación e información entre ambas partes solo ayudó a agudizar más la situación actual.

“Estamos en un país donde los limites máximos de contaminación son demasiado permisibles, no hay instrumentos que operen de manera eficiente, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental no funciona adecuadamente, hay que apuntar a esas reformas”, dijo.

De Echave exhortó al gobierno central a articular funciones con los gobierno regionales, para que ambos realicen una mejor fiscalización y monitoreo de los conflictos socioambientales en las zonas de influencia minera.

“Los últimos que se enteran que el territorio fue concesionado es la población, incluso las autoridades locales. Por eso hay que mejorar la información, si la gente está mejor informada estará en mejores condiciones para encontrar posibles salidas y acuerdos”, señaló.

Agenda pendiente en sector Minero
1] El sexto observatorio de conflictos mineros en el Perú señala que dentro de la agenda pendiente en el sector Minero aún se encuentra la implementación de la ley de consulta previa, el ordenamiento del territorio, la implementación del catastro no minero y la protección de fuentes de agua y ecosistemas frágiles.

2] Además señalaron que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), tal como se conoce, ha quedado desfasado y resaltaron la necesidad de contar con evaluaciones ambientales estratégicas más profundas.

3] Durante la Conferencia Anual de la Asociación de Exploradores y Explotadores Mineros (PDCA), realizada en marzo del 2010, el gobierno anunció que este año se invertirán US$ 3 mil millones.

Diario La República-Lima 15/07/2010





PELIGROSO INCREMENTO DE PROYECTOS MINEROS EN LA SELVA AGUDIZA CONFLICTOS


Los proyectos de la minería metálica se han desplazado “peligrosamente” de la sierra a la selva en donde existen reservas nacionales y parques nacionales que albergan áreas de frágiles ecosistemas.

Así lo indica el sexto y último reporte elaborado por el Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) en el Perú presentado el miércoles 14 por José De Echave de la asociación CooperAcción y Pablo Sánchez de Grufides.

La presencia de empresas mineras en estas zonas de ecosistemas frágiles como cabeceras de cuenca, páramos andinos y zonas de selva agrava la situación de los conflictos sociales.

Se cita como ejemplo, la Cordillera del Cóndor, en donde también habitan los pueblos Awajun y Wampis, que participaron en los lamentables hechos de Bagua, al defender su territorio de la explotación de la minería.

La minería ha aumentado en Amazonas en un 17 por ciento, concentrándose en su mayoría en la zona del Cenepa.
Observaciones desnaturalizan Ley de Consulta

José De Echave, representante de la asociación CooperAcción, señaló en la presentación que es necesario implementar mecanismos de consulta ciudadana como la Ley del Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas u Originarios, estipulada en el Convenio 169 de la OIT.

Para De Echave, las ochos observaciones presentadas por el Ejecutivo “modifican aspectos sustantivos de la ley y termina por desnaturalizarla”.

“Una de ellas señala que la consulta no puede limitar o prohibir que el Estado tome medidas en función del interés nacional. Se señala además que la ley de consulta implica el riesgo de retrasar o detener el desarrollo del país”, indicó.

En ese sentido, el especialista señala que las “observaciones del Ejecutivo representan un peligroso retroceso que afectará las relaciones entre Estado y los pueblos indígenas”.

“Habrá que esperar las reacciones que se produzcan en el Congreso y cómo las organizaciones de comunidades defienden lo avanzado”, refirió.

El Informe también destaca la evolución de los conflictos vinculados a la actividad minera en las regiones de Arequipa y Lambayeque, dos regiones en las que las poblaciones comienzan a mostrar preocupación por proyectos como Tía María y La Zanja.

El informe también resume la situación de la minería en Piura, Cajamarca, Apurimac, Junín y Cusco y estará disponible en la internet en los próximos días y se puede solicitar a la dirección: prensa@cooperaccion.org.pe

Servindi-Lima 15/07/2010





RELAVES LLEGAN A AYACUCHO


Los sedimentos de los relaves de la mina Caudalosa Chica, derramados el 25 de junio tras colapsar el dique que los contenía en el distrito de Huachocolpa, en Huancavelica, llegaron hasta el río Cachi, que cruza la provincia ayacuchana de Huanta. La contaminación minera recorrió más de 110 kilómetros de distancia.

En un informe presentado ante la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso, el presidente del consejo directivo de la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Ambiente (OEFA), Walter García Arata, mostró una fotografía que registra la presencia de sedimentos en el río Cachi, específicamente aguas arriba del puente Allccomachay, en la confluencia del río Mantaro.

García Arata señaló que la contaminación afectó suelos, flora, fauna y los cauces de los ríos Escalera, Huachocolpa, Opamayo, Lircay, Urubamba, Cachimayo, Mantaro y Cachi. La población ribereña de todos esos afluentes habría sido la más afectada.

Diario La Primera-Lima 15/07/2010





MAYORITARIO RECHAZO A CONDICIONAMIENTOS DE DOE RUN EN LA OROYA


Representantes de la Mesa de Diálogo Ambiental de la región Junín presentaron esta mañana los resultados de la encuesta: "Aportes de la ciudadanía sobre el caso Doe Run", cuyo fin fue conocer las opiniones de la población sobre la problemática económica y socio-ambiental de la empresa minera.

Washington Mori, secretario de la Mesa de Diálogo Ambiental de la Región Junín, señaló que entre del 90 y 95% de los más de cuatro mil encuestados en contra de los condicionamientos planteados por Doe Run para reanudar sus faenas en La Oroya.

Mori refirió que la empresa estadounidense solicitó, entre otras cosas, la modificación del contrato de concesión de la fundición metalúrgica; fraccionar en 670 años la deuda que mantiene con el Estado; y una nueva prórroga en el cumplimiento de su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

La encuesta fue presentada hoy en el Congreso de la República. Fue aplicada desde 8 de junio y durante un mes en Lima y en los distritos de la provincia de Huancayo, así como en otras provincias del departamento de Junín.

Cabe recordar que la empresa minera Doe Run ha incumplido en dos oportunidades con aplicar su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), el cual debió concluir en 1997.

Así mismo, se comprometió en reanudar sus operaciones a fines de mayo, luego de once meses de paralización. Sin embargo, en reuniones previas, sus representantes plantearon nuevas condiciones para retomar las actividades en su complejo metalúrgico. El plazo final vence este 27 de julio.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 15/07/2010