Por Javier Jahncke - Secretario Ejecutivo de la Red Muqui
En medio del escándalo que remeció al gobierno de Ollanta Humala al
hacerse públicos los “cornejoleaks”, que confirmaban el lobby de las
empresas que presionan para lograr medidas y decisiones de gobierno que
las favorezcan, se hizo público el día sábado 16 de agosto en El Peruano
la creación de la Comisión Sectorial para el impulso de las inversiones en el Sector Energía y Minas.
Esta comisión tiene como finalidad la de “evaluar, identificar,
proponer y realizar el seguimiento de las medidas para fomentar las
inversiones en el sector”, es decir la de propiciar un nuevo paquete de
medidas, para no decir “paquetazo” que algunos confunden con los de
Fujimori y García y que va a flexibilizar aún más el marco normativo del
sector energía y minas, para “mejorar la gestión pública en el ámbito
de las competencias del MINEM”.
Para seguir la línea trazada por el Ministro Castilla, que es el principal impulsor de las medidas de “desregulación” de las empresas, especialmente de las industrias extractivas (minería e hidrocarburos) y de construcción, la citada comisión contará con la colaboración de funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y de PROINVERSIÓN, que siguen priorizando a la minería como “motor del desarrollo” y con ello la realización de la cartera de proyectos mineros ascendente a US$ 59,582 millones.
La citada Comisión debe instalarse a más tardar el 25 de agosto, y tiene un lapso de 6 meses, para presentar un informe con las medidas para impulsar las inversiones en el sector Energía y Minas. Es decir, podemos tener luego del paquetazo de fiestas patrias, otro por navidad y año nuevo a fines del 2014.
Un dato final interesante de la resolución ministerial N° 368-2014-MEM/DM, es que se institucionaliza el lobby que tanto ha dado que hablar es los últimos días. Y es que el Ministro Mayorga suscribe una norma que convoca a las “entidades públicas y privadas” a brindar “colaboración, opinión y aporte técnico” a la Comisión.
Para seguir la línea trazada por el Ministro Castilla, que es el principal impulsor de las medidas de “desregulación” de las empresas, especialmente de las industrias extractivas (minería e hidrocarburos) y de construcción, la citada comisión contará con la colaboración de funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y de PROINVERSIÓN, que siguen priorizando a la minería como “motor del desarrollo” y con ello la realización de la cartera de proyectos mineros ascendente a US$ 59,582 millones.
La citada Comisión debe instalarse a más tardar el 25 de agosto, y tiene un lapso de 6 meses, para presentar un informe con las medidas para impulsar las inversiones en el sector Energía y Minas. Es decir, podemos tener luego del paquetazo de fiestas patrias, otro por navidad y año nuevo a fines del 2014.
Un dato final interesante de la resolución ministerial N° 368-2014-MEM/DM, es que se institucionaliza el lobby que tanto ha dado que hablar es los últimos días. Y es que el Ministro Mayorga suscribe una norma que convoca a las “entidades públicas y privadas” a brindar “colaboración, opinión y aporte técnico” a la Comisión.
Con ello, ya no serán necesarias las llamadas o correos electrónicos
de los ex asesores de las diversas instancias de gobierno, de los
estudios de abogados que asesoran a los grupos de poder económico y
otras formas de lobby, sino que aquellos interesados en hacer “lobby”
para que sus proyectos se prioricen o las medidas que requieren para que
tengan “luz verde” o sean beneficiados, no tendrán que solicitar una
cita, pues el MINEM los va a convocar formalmente, para que presenten
sus propuestas y alternativas para las nuevas medidas “para el impulso
de las inversiones” en el sector energía y minas.
La pregunta sería, donde quedan los Gobiernos Regionales y Locales
que son autónomos según la Constitución, para establecer donde se pueden
o no realizar determinadas actividades económicas a partir del
ordenamiento territorial, y como aplican sus planes de desarrollo
concertado, si se mantiene la imposición de dichas actividades desde
Lima.
Y la otra pregunta es, como esperamos que no aumenten las cifras de
conflictos sociales en el país, especialmente ligada al incremento del
otorgamiento de concesiones y la realización de operaciones mineras, si
se siguen tomando medidas sin la participación de las poblaciones ni
consulta previa a los pueblos indígenas, que son los principales
afectados, pues son sus tierras en las que se realizan en su mayoría
éstas actividades, y son sus derechos los más afectados.
Recordemos que una de las medidas planteadas por la Ley N° 30230, la
del “paquetazo”, establece que donde se otorguen concesiones otorgadas
por el gobierno nacional anteriores o posteriores a la citada ley, o se
realicen futuros proyectos de inversión privada y pública, de interés
nacional, seguridad nacional y/o de gran envergadura, se deben aplicar
procedimientos de saneamiento físico legal de predios tanto en la zonas
de influencia directa como indirecta, independientemente del uso actual o
futuro que se le vaya a dar.
Esto posibilita que en el caso que haya predios sin título de
propiedad o con título de propiedad pero no inscrito en registros
públicos, estos predios revertirían al Estado y los podría otorgar en
propiedad nuevamente, afectando la posesión de los pueblos indígenas,
sean comunidades campesinas o nativas, la que es amparada con el mismo
nivel de la propiedad, por el Convenio 169 de la OIT, vigente en el Perú
desde 1995, y el derecho de propiedad de cualquier peruano o peruana,
amparado en la Constitución, que se encuentre en esa situación.
¿Qué otros derechos se van a afectar con las medidas del futuro “paquetazo minero”?
