La Ley Nº 30151 aprobada el 13 de enero del 2014 por
el Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, libra de culpa a
militares y policías ante muerte de civiles.
El cruel asesinato del ciudadano Fidel Flores Vásquez
(30-10-14) por efectivos de la Policía Nacional, durante un desalojo en
Cajamarca dispuesto por la juez Carmen Araujo Cachay, titular del
Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Cajamarca, ha generado
debate nacional por el uso indebido de la fuerza y las decisiones
desproporcionadas de quienes administran “justicia” en el Perú.
El
Gobierno Central, a través del ministro del Interior, Daniel Urresti,
ha tomado decisiones chavalas y coyunturales sin hacer una autocrítica
sobre los problemas de fondo, mientras ruedan las cabezas de los que
cumplen las directivas de arriba. No se ha cuestionado un ápice a la Ley
30151 aprobada por el gobierno de Ollanta Humala que libra de culpa a
militares y policías ante muerte de civiles. No se ha dicho nada sobre
leyes que responden al Modelo Neoliberal que permiten mantener el statu
quo de los poderosos y avalan la intervención impune en las protestas
sociales con la finalidad de invadir territorios y proteger la
“inversión privada” que según ellos es la “piedra angular del
crecimiento económico”.
Se ha abierto investigación preliminar contra 06 efectivos
policiales que participaron en el desalojo, así como a quienes
dirigieron el repudiable acto: el comandante Jorge Carmona Reyes y el
coronel German Carvajal Bellido, se ha rotado al general Jorge Luis
Gutiérrez Senisse, y la OCMA ha abierto investigación contra los jueces
Carmen Araujo Cachay y Eduardo Uceda Flores, el último es quien libro de
prisión preventiva al sub-oficial de tercera Nórvil Gonzáles Silva,
quien habría efectuado el disparo al infortunado Fidel Flores. Pero sólo
eso. Nada más.
Sin embargo, nadie pide investigar y sancionar a quienes
aprobaron la ley para matar. Los “opinólogos” reaccionarios mutis ante
la impunidad. Más por el contrario han salido a defender la funesta y
cruel muerte de Fidel Flores, como Aldo Mariátegui (Perú 21) que en su
columna de hoy dice: “…o que por politiquería se remueva a la jueza que
no paró ese desalojo en Cajamarca, simplemente porque no se acobardó
ante un desdichado e iracundo señor que recibió a los efectivos de la
Policía con bombas molotov, fierros y piedras. Y ya se está haciendo
demasiada demagogia con un lamentable incidente policial.” Para avalar
la impunidad descalifican la actuación de los civiles y glorifican el
salvajismo de algunos irresponsables uniformados. ¿Es demagogia y
politiquería condenar tal execrable hecho? ¿Es politiquería expresar
solidaridad con la familia? ¿En qué cabeza cabe esto? Luego dicen:
¿Dónde están las organizaciones políticas cuando éstas callan?
Es condenable por cierto que se utilice políticamente el
sentimiento de una familia. Sin embargo es necesario aclarar: no se ha
visto a ningún dirigente político y social utilizar símbolos o frases de
su agrupación en las protestas de solidaridad. Por lo tanto señor
Urresti, Cajamarca expresa su rechazo no solo a la actitud delincuencial
de algunos efectivos policiales o decisiones anticonstitucionales de
quienes administran justicia, sino a quienes aprobaron leyes que avalan
actos criminales.
¡Cajamarca exige justicia! El gobierno de Humala asesinó a 05
hermanos cajamarquinos que defendían sus tierras y el agua durante las
protestas contra Conga, sin embargo hasta el momento no hay
responsables. Asesinan salvajemente al ciudadano Fidel Flores, se
tortura a su esposa y a sus hijos del infortunado, pero a pesar de
pruebas contundentes solo hay rotación de responsables, ninguno de ellos
incluido los autores intelectuales han ido a la cárcel.
¿Cuántas muertes más para escuchar al pueblo? Desde nuestro
modesto punto de vista necesitamos leyes que respeten los derechos
humanos y las decisiones de las mayorías.
Fuente. http://segundomattacolunche.blogspot.com/
