Publicado en el Diario Uno.
Desmiente acusaciones que la relacionan con actividades violentistas y dice que sus recursos y el manejo de éstos son transparentes.
Desmiente acusaciones que la relacionan con actividades violentistas y dice que sus recursos y el manejo de éstos son transparentes.
La asociación Grufides
respondió a la agresiva campaña de políticos y medios informativos
promineros y rechazó enérgicamente que se relacione el uso de los
recursos que maneja de la cooperación internacional privada con el
financiamiento de actividades violentistas.
En un comunicado difundido ayer, Grufides declaró que es una institución respetuosa del ordenamiento legal y que el dinero que maneja proviene de fondos concursables de la cooperación internacional “que son auditados minuciosamente por las propias entidades cooperantes a través de auditorías anuales”.
Aclaró que sus actividades son informadas a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, a la que voluntariamente están suscritos.
Además de recibir la información respectiva, dichas entidades poseen las facultades de realizar acciones de fiscalización cuando lo requieran, precisa la asociación que es representada y dirigida por Mirtha Vásquez Chuquilín, directora ejecutiva de Grufides.
La ONG ambientalista reafirmó que la solución a los conflictos socioambientales pasa por afirmar canales que profundicen la democracia y permitan un diálogo respetuoso y de buena fe entre las partes, en el que se cautelen los derechos ciudadanos y se respete el estado democrático de derecho.
LA CAMPAÑA
Grufides señala que desde hace algún tiempo es objetivo de una agresiva campaña difamatoria que la pretende asociar -sin ninguna prueba- al financiamiento de actividades violentistas en la provincia de Islay, en Arequipa, y en otros lugares del país.
La campaña de desinformación también se extiende a otras asociaciones ambientalistas como Cooperacción y Red Muqui a las que se les acusa de promover directa o indirectamente el “terrorismo antiminero” y provocar el rechazo a la minería, menoscabando las causas locales de los conflictos socio-ambientales.
Las agresiones contra Grufides, dice la ONG, se reproducen de una manera multiplicada en el contexto de la región Cajamarca, donde la empresa minera Newmont-Yanacocha intenta desacreditarla en el afán de crear condiciones para hacer viable el proyecto Conga, actualmente suspendido.
Según Grufides, la guerra mediática en Cajamarca se ha visto atizada por una serie de reveses legales que viene sufriendo Newmont-Yanacocha gracias a la intervención de Grufides que contribuyó a la victoria judicial en el caso de Máxima Acuña de Chaupe y familia, frente al intento de la empresa por despojarla de su predio en Tragadero Grande.
Gracias a la asesoría directa de Mirtha Vásquez, directora de Grufides, se logró revertir la sentencia del Juzgado Penal de Celendín que condenó a dos años y 8 meses de prisión suspendida a Jaime Chaupe, Máxima Acuña, Elías Chávez e Isidora Chaupe por el delito de usurpación agravada en perjuicio de la empresa minera Yanacocha.
Otro triunfo judicial de Grufides que ha sacado de sus casillas al sector empresarial es que el Tribunal Constitucional ordenó al Poder Judicial de Cajamarca admitir a proceso la demanda de amparo que solicita proteger el derecho de vivir en un ambiente sano y adecuado, el cual se encontraría amenazado por el mega-proyecto minero Conga.
En un comunicado difundido ayer, Grufides declaró que es una institución respetuosa del ordenamiento legal y que el dinero que maneja proviene de fondos concursables de la cooperación internacional “que son auditados minuciosamente por las propias entidades cooperantes a través de auditorías anuales”.
Aclaró que sus actividades son informadas a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, a la que voluntariamente están suscritos.
Además de recibir la información respectiva, dichas entidades poseen las facultades de realizar acciones de fiscalización cuando lo requieran, precisa la asociación que es representada y dirigida por Mirtha Vásquez Chuquilín, directora ejecutiva de Grufides.
La ONG ambientalista reafirmó que la solución a los conflictos socioambientales pasa por afirmar canales que profundicen la democracia y permitan un diálogo respetuoso y de buena fe entre las partes, en el que se cautelen los derechos ciudadanos y se respete el estado democrático de derecho.
LA CAMPAÑA
Grufides señala que desde hace algún tiempo es objetivo de una agresiva campaña difamatoria que la pretende asociar -sin ninguna prueba- al financiamiento de actividades violentistas en la provincia de Islay, en Arequipa, y en otros lugares del país.
La campaña de desinformación también se extiende a otras asociaciones ambientalistas como Cooperacción y Red Muqui a las que se les acusa de promover directa o indirectamente el “terrorismo antiminero” y provocar el rechazo a la minería, menoscabando las causas locales de los conflictos socio-ambientales.
Las agresiones contra Grufides, dice la ONG, se reproducen de una manera multiplicada en el contexto de la región Cajamarca, donde la empresa minera Newmont-Yanacocha intenta desacreditarla en el afán de crear condiciones para hacer viable el proyecto Conga, actualmente suspendido.
Según Grufides, la guerra mediática en Cajamarca se ha visto atizada por una serie de reveses legales que viene sufriendo Newmont-Yanacocha gracias a la intervención de Grufides que contribuyó a la victoria judicial en el caso de Máxima Acuña de Chaupe y familia, frente al intento de la empresa por despojarla de su predio en Tragadero Grande.
Gracias a la asesoría directa de Mirtha Vásquez, directora de Grufides, se logró revertir la sentencia del Juzgado Penal de Celendín que condenó a dos años y 8 meses de prisión suspendida a Jaime Chaupe, Máxima Acuña, Elías Chávez e Isidora Chaupe por el delito de usurpación agravada en perjuicio de la empresa minera Yanacocha.
Otro triunfo judicial de Grufides que ha sacado de sus casillas al sector empresarial es que el Tribunal Constitucional ordenó al Poder Judicial de Cajamarca admitir a proceso la demanda de amparo que solicita proteger el derecho de vivir en un ambiente sano y adecuado, el cual se encontraría amenazado por el mega-proyecto minero Conga.
