22 de julio de 2010

AYAY YANACOCHA SECÓ 3 MANANTIALES


Moradora de Porcón, Nélida Ayay, refirió que desde en el 2005 se percataron que las actividades mineras disminuyó el agua que consumía la población

El pasado martes 20 de julio funcionarios de la administración local del agua, del gobierno regional y representantes de Minera Yanacocha, realizaron por quinta vez una inspección al centro poblado de Porcón para verificar la disminución del agua para consumo de la población posiblemente por un pozo tubular que construyó en la zona la empresa aurífera

Desde el 2007 venimos reclamando por las aguas que vinieron desapareciendo con las actividades extractivas de Minera Yanacocha, pero la empresa no quiere asumir su responsabilidad, recién el martes en la inspección informaron que están utilizando el agua para consumo humano y para los servicios higiénicos que utilizan 450 personas manifestó Nélida Ayay Chilón, moradora de Porcón
Relato que en el 2005 se percataron de la disminución del agua que ellos consumían, hasta que en el 2007 el abastecimiento del líquido elemento se secó totalmente, en reiteradas ocasiones invitaron a representantes de Minera Yanacocha para que explique porque la desaparición de los tres manantiales, pero los funcionarios mineros no dieron respuesta alguna, “es ahí cuando los pobladores protestamos y hubo enfrentamientos con la policía luego denuncias judiciales contra los dirigentes”, señaló

Recién ayer nos informaron que Minera Yanacocha tiene una resolución del entonces distrito de riego (ahora Administración Local del Agua) que esta autorización data del año 2001 pero nosotros no teníamos conocimiento de todo esto, por eso les dije a los del ALA y a los representantes de Minera Yanacocha, con que autorización se tomaron la libertad de construir un pozo tubular que afecta al agua que abastece a la población de Porcón, peor no me respondieron, acotó la ciudadana Nélida Ayay

Critico la incompetencia de las autoridades porque ne la inspección que hicieron solamente observaron, pero no dijeron que anularán la resolución y/o devuelven el agua de los tres manantiales que se secó con el pozo tubular que abastece a las de 300 usuarios

Yanacocha se comprometió en esta inspección en entregar en e lapso de tres días un expediente respecto al uso de la cantidad del agua, luego el ALA hará un estudio técnico, mientras tanto no tenemos una respuesta clara, y cuando reclamamos Yanacocha y las autoridades lo único que hacen es denunciar a los dirigentes, porque en las inspecciones tomaron fotos, filmaron y otros además de burlarse amenazaron a los que reclamamos, indicó Nélida Ayay Chilón

Este domingo sostendrán una reunión los pobladores de Porcón, posiblemente acuerden tomar medidas de protesta si la Autoridad Local del Agua no da una solución acorde con la petición de los usuarios, esto es que devuelvan la cantidad de agua que tenían antes que Yanacocha construya el pozo tubular

Diario El Clarín-Cajamarca 22/07/2010





PORCÓN ACUSA HABERSE QUEDADO SIN AGUA POR CULPA DE YANACOCHA


Pobladores de Porcón mostraron estar muy mortificados ante la inoperancia de las autoridades del Ministerio de Agricultura para investigar la reducción en el abasteciendo de agua en el caserío de Porcón Bajo, que ha perjudicado a 300 usuarios de un canal de regadío, según los pobladores, dicho desabastecimiento es causa de la construcción de un pozo tubular, en el que almacenan agua, y el que ha sido construido alrededor de los manantiales que abastecen de agua a esta comunidad

Para determinar si dicho pozo es la causa del desabastecimiento La Administración Local del Agua (ALA) órgano del ministerio de agricultura, destacó una visita con sus técnicos, sin embargo los pobladores dieron a conocer que después de la visita, los funcionarios del ALA, concluyeron en que no se puede determinar nada, lo lamentable es que se trata de la quinta visita con el mismo fin y no hay ninguna conclusión, mientras la población sigue siendo perjudicada

Nélida Ayay, pobladora de Porcón Bajo, dijo que durante la reunión pidió explicaciones a los funcionarios asistentes, de por qué Yanacocha, o el ministerio de Agricultura no hizo un estudio previo de cómo encontraron los manantiales, ni tampoco pidieron autorización a los pobladores para que usen los manantiales que suponen son absorbidos al pozo tubular

Según algunos pobladores antes de la construcción del pozo, el canal que proviene de los manantiales abastecía con 8 litros de agua por segundo, mientras que ahora el canal está seco, perjudicando a quienes riegan sus pastos o siembran con esa agua, la mayoría de ellos no tienen otra actividad a que dedicarse

“Las autoridades no se quieren preocupar por el tema y desgraciadamente esta que gente esta desamparada”, aseguró Mirtha Vásquez directora ejecutiva de Grufides, quien comento también que varios pobladores de la zona han sido sentenciados por protestas contra Yanacocha, mientras que la empresa minera no tiene ninguna sanción por agraviar a los pobladores de las zonas aledañas a la misma

Los comuneros advirtieron que de no tener solución a sus reclamos en cualquier momento saldrán volverán a protestar sin miedo a las denuncias, y la primera medida que tomaran es tomar las carreteras, ya que es la única forma que las autoridades hagan caso y no se burlen de ellos, como algunos funcionarios que acudieron a la inspección y sin ningún tipo de respeto fumaban mientras se hacia el acta o hacían gestos burlescos

Diario El Mercurio-Cajamarca 22/07/2010





RECURSOS NATURALES Y CALIDAD DE VIDA


En un notable comunicado publicado en La República el 19/7/2010, el Grupo Basadre llama la atención sobre la forma irresponsable y desordenada como se vienen explotando nuestros recursos naturales. La contaminación de diversas cuencas con relaves mineros, la exportación injustificada del gas, el debilitamiento del sistema de fiscalización ambiental en minería y energía, la falta de transparencia sobre las concesiones en la Amazonía y la concentración excesiva de las tierras de cultivo, son algunas expresiones visibles de una política que parece más orientada a la protección de intereses particulares, que al interés general de la sociedad.

Una teoría con sólido sustento empírico, conocida como “la maldición de los recursos naturales”, postula que los países ricos en estos recursos pero pobres en instituciones, están condenados al subdesarrollo. La apropiación de las rentas obtenidas por las industrias extractivas, genera mecanismos que pervierten el proceso político: las autoridades ceden a la corrupción y al clientelismo, en lugar de construir instituciones sólidas y funcionales al desarrollo humano. La consecuencia es un Estado débil y un crecimiento económico inestable, sin incentivos a la innovación. Una explicación complementaria –conocida como “la enfermedad holandesa” – sostiene que al aumentar las exportaciones en base a recursos naturales, se fortalece la moneda local y se debilita el desarrollo industrial, aun si los productores locales operan con estándares tecnológicos internacionales.

Algunos países ricos en recursos naturales han superado exitosamente estos males. Para lograrlo adoptaron políticas macroeconómicas responsables y efectivas en evitar la apreciación de su moneda local, lo que hizo posible que sus empresas eficientes puedan competir, internamente y a escala global. Gravaron con mayores impuestos a las actividades causantes de “la enfermedad holandesa”, y algunos de ellos usaron estos ingresos para constituir fondos soberanos de estabilización o compensación, los cuales permitieron amortiguar el impacto de las fluctuaciones en los precios de los commodities, asegurando al mismo tiempo una mayor equidad intergeneracional. También utilizaron las rentas generadas por la explotación de recursos no renovables, en fortalecer sus sistemas de educación e innovación tecnológica y en financiar sus políticas de desarrollo productivo.

El principal obstáculo para adoptar estas medidas en el Perú es la resistencia irracional de las empresas extractivas. Los contratos de concesión suscritos por el Estado les ofrecen condiciones excesivamente generosas, lo cual se justificó con el argumento de que era necesario compensar a los inversionistas por sus percepciones de riesgo de expropiación. Pero estas condiciones son insostenibles pues limitan el desarrollo de otras actividades productivas, generan una distribución muy desigual de las rentas, y provocan el cuestionamiento social y político de los contratos, socavando su legitimidad. Esto agudiza la percepción de riesgo, dando lugar a un círculo vicioso de depredación e inseguridad.

Por ello es urgente adoptar un régimen de explotación sostenible de nuestros recursos naturales, que ofrezca condiciones atractivas a la inversión privada, y que al mismo tiempo proteja el medio ambiente y asegure una distribución racional de las rentas generadas, por ejemplo mediante la creación de un fondo similar al utilizado en otros países. Un régimen de este tipo nos libraría de la “prosperidad falaz” denunciada por Jorge Basadre, reduciría los conflictos y elevaría la calidad de vida en nuestro país.

Diario La República-Lima 22/07/2010





INFORME DE LA DEFENSORÍA DENUNCIA QUE EL PAÍS PIERDE 150 MIL HECTÁREAS DE BOSQUES AL AÑO


Debido a la tala ilegal, la agricultura migratoria y el desarrollo desordenado el Perú pierde anualmente 150 mil hectáreas de bosques.

Así lo denunció la Defensoría del Pueblo, en el informe “La Política Forestal y la Amazonía Peruana: Avances y obstáculos en el camino hacia la sostenibilidad” que se puede descargar en formato pdf y que consta de 299 páginas.

La cantidad de área deforestada cada año equivale a diez veces la superficie de toda la Provincia Constitucional del Callao.

El documento se elaboró con el objetivo de dar cuenta de la situación real en la que se encuentran los bosques naturales y cuáles son las limitaciones y avances del Estado peruano para su preservación.
La Defensoría del Pueblo reconoce el gran potencial de desarrollo sostenible que los recursos forestales podrían brindar al país si se implementará una adecuada política forestal.

La Dra. Beatríz Merino, Defensora del Pueblo, afirmó que tras la supervisión se detectaron serias deficiencias en la mayoría de oficinas de control forestal. Solo tres poseen camionetas operativas y una de ellas conserva un bote operativo.

“Se ha encontrado muy poco personal. En promedio tres personas por cada oficina, que para las enormes extensiones del territorio a resguardar es insuficiente. Pareciera responder a un diseño establecido para que no funcione ni se controle nada”, manifestó Merino.
El informe

El primer capítulo evalúa la Política Nacional Forestal, la legislación forestal, la Estrategia Nacional Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal.

Además, de la Estrategia Nacional Forestal, la Política Nacional del Ambiente y la institucionalidad actual del sector forestal.
El segundo capítulo revisa la reforma de la política forestal, el proceso de revisión y actualización de la legislación forestal y de fauna silvestre, el proceso de descentralización de funciones en materia forestal y la transparencia y acceso a la información pública.

En el tercer capítulo se exponen los resultados de la segunda supervisión forestal, las sedes y puestos de control, las jefaturas de áreas protegidas, los gobiernos regionales y oficinas desconcentradas del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre.
Pueblos Indígenas deben participar del debate de la Ley Forestal

El informe finalmente exhorta al Congreso de la República a priorizar el debate de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre presentada por el Poder Ejecutivo.

Recomienda al Congreso incorporar a los pueblos indígenas en el debate mediante sus instituciones representativas, tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Asimismo, recomienda a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio del Ambiente elaborar un proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial que integre el ordenamiento forestal con otras actividades como la turística, las áreas protegidas, entre otras.

También, exhorta al Ministerio de Agricultura culminar la elaboración y aprobar la Política Nacional Forestal e implementar el Plan Nacional Anticorrupción del Sector Forestal en el marco de una plataforma como la Comisión Nacional de Lucha contra la Tala Ilegal.

Entre otras recomendaciones, pide al Ministerio de Agricultura, al Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Indepa) y a los Gobiernos Regionales fortalecer las capacidades de las comunidades nativas para el aprovechamiento sostenible y comercialización de los recursos forestales.

Además, demanda al Ministerio de Economía y Finanzas transferir los recursos necesarios a los Gobiernos Regionales de San Martín, Loreto, Ucayali y Madre de Dios para que tales funciones sean debidamente ejecutadas.

Recomienda al Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre diseñar e implementar un programa especial dirigido a fortalecer las capacidades de los funcionarios asignados a sus oficinas.

Servindi-Lima 22/07/2010





INVOCAN AL GOBIERNO A MITIGAR DEFORESTACIÓN EN LA AMAZONÍA


Las autoridades ambientales deben mitigar la deforestación quien aqueja a nuestro país, pero no por un tema de cantidad, sino por lo que esta nefasta actividad representa para el desarrollo.

Así lo indicó el miembro de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Hugo Che, quien explicó que, en comparación con otro países, Perú tiene cifras menores de deforestación, por lo cual esta problemática debe ser canalizada en función a los niveles de afectación a la población.

“Estos ecosistemas, que son sustento de muchas comunidades pues los bosques dan alimentos y recursos, se pierden poniendo en riesgo la seguridad alimentaría”, refirió a través de CNR.

Así mismo, refirió que esta actividad causa la pérdida de una serie de servicios ambientales, claves para el desarrollo de actividades rurales.

“La deforestación normalmente se utiliza para otras actividades que no siempre son beneficiosas. Por ejemplo, si deforestamos para la actividad agraria, esto no durará más de dos o cuatro años; luego se paraliza y se debe reforestar. El costo- beneficio es negativo”, precisó.

Ché Piu acotó que la preocupación de nuestras autoridades frente al cambio climático debe ser la adaptación, y como enfrentar a los impactos del mismo.

Cabe indicar que según el informe defensoríal “La política forestal y la Amazonía peruana”, cada año se pierden en el país 150 mil hectáreas de bosques debido a la deforestación, un área que equivale a 10 veces la superficie del distrito limeño del Callao.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 22/07/2010





OBISPOS DEFIENDEN MEDIO AMBIENTE


El presidente de la Comisión Episcopal de Acción Social (Ceas), monseñor Pedro Barreto, lamentó que la defensa del medio ambiente sea una labor “incomprendida y hasta estigmatizada” por un sector del gobierno “que parece haber perdido sensibilidad frente a la maravillosa creación de Dios: la naturaleza”.

El también arzobispo de Huancayo respaldó la labor ambientalista del religioso británico Paul Mc Auley, amenazado con ser expulsado del país por el gobierno, y criticó la contaminación de los ríos en Huancavelica por el derrame del relave de la Empresa Minera Caudalosa

Diario La Primera-Lima 22/07/2010





IMÁGENES Y CONSECUENCIAS DEL DERRAME EN EL GOLFO DE MÉXICO


Hemos recibido y compartimos una serie de imágenes que muestran la magnitud de la catástrofe ambiental iniciada el 20 de abril en el Golfo de México tras la explosión y hundimiento de la plataforma petrolera Deepwater Horizon.

La explosión de la plataforma, perteneciente a la compañía British Petroleum (BP), produjo la muerte o desaparición inmediata de once empleados de la misma empresa.

Los últimos cálculos del gobierno de Estados Unidos revelan que el derrame podría continuar hasta agosto debido al fracaso de los intentos por evitarlo.

Científicos norteamericanos afirmaron que durante las primeras semanas se estuvieron derramando hasta 40.000 barriles de crudo por día, cifra que se ha reducido por los controles, pero el derrame continúa.

Según detalla el blog Ecoosfera el derrame de petróleo ha cubierto una zona de 4,800 km2.

Cerca de 944 kilómetros del litoral estadounidense se han visto afectados. Luisiana, con 540 kilómetros, es el estado más perjudicado. Le siguen Misisipi (180 kilómetros), Florida (114 kilómetros) y Alabama (110 kilómetros).

Asimismo, ha afectado a cuatrocientos especies amenazadas, entre estos cocodrilos, venados, zorras, ballenas, atún, camarón y diversos tipos de aves.

Además, existen veinticinco millones de aves en riesgo que atraviesan diariamente la costa del Golfo de México.

Una de las consecuencias económicas del derrame es la pérdida de doce mil empleos solo en Louisiana.

Además, La zona donde los pescadores no pueden trabajar abarca una superficie de 217 kilómetros cuadrados, casi un tercio del total de las aguas territoriales de EE UU en el golfo de México.

De otra parte, un grupo de investigadores estadounidenses afirmaron el pasado miércoles que el derrame de crudo ha alterado la red alimenticia marina en vista de la contaminación y la muerte de varias especies.

También ha forzado el crecimiento de otras que se han adaptado a vivir en un hábitat alterado.

Gran parte de los organismos vivos que sirven de alimento a las tortugas marinas han muerto de forma masiva debido al vertido de petróleo.

Fuera del agua, a lo largo de la costa, se han obtenido gotas de crudo en el cuerpo de cangrejos en crecimiento que forman parte del alimento de peces, tortugas y aves marinas.

Del mismo modo aumenta considerablemente la cantidad de microorganismos que consumen parte del crudo y gas.

La BP enfrenta miles de demandas por daños y para enfrentar éstas creó un fondo de 20 mil millones de dólares. Pero el daño a la naturaleza -advierten los ecologistas- va a ser imposible de indemnizar.

Servindi-Lima 22/07/2010





PRESIDENTE REGIONAL DE LORETO DENUNCIA PENALMENTE A PLUSPETROL


El presidente regional de Loreto, Yván Vásquez, presentó una denuncia penal contra la empresa Pluspetrol por delito contra la ecología, tras comprobarse las consecuencias negativas del derrame de petróleo ocurrido en la zona de Saramuro.

El documento está dirigido al fiscal provincial especializado en materia ambiental de Loreto. Además de Pluspetrol Norte, la denuncia también implica al gerente general de la empresa "Transportes y Servicios Challenger", responsable del traslado del petróleo crudo el día que ocurrieron los hechos.

La denuncia, que lleva la firma del abogado Germán De La Cruz, hace referencia al derrame de petróleo que ocurrió en la bahía de Tiwinza, en San José de Saramuro. Señalan que las poblaciones aledañas también han sufrido los impactos del agua contaminada y la desaparición de los peces para su subsistencia.

Como se recuerda, el pasado 19 de junio la barcaza "Sanam III", de propiedad de la empresa "Transportes y Servicios Challenger", sufrió una fisura en el tanque N°4 de la banda de estribor, que originó el derrame de crudo en el río Marañón.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 21/07/2010





21 de julio de 2010

MEM VIENE A CHUGUR


En agosto realizará reunión con autoridades de la provincia de Hualgayoc sobre contaminación minera

El ministro de energía y minas, Pedro Sánchez anunció que la próxima reunión de la mesa de diálogo sobre la problemática minera en Cajamarca se realizará en el distrito de Chugur a mediados de agosto, tal como lo solicitaron las autoridades con las que se reunió ayer en su despacho

En la cita con el alcalde provincial de Hualgayoc, Esteban Campos Benavides y otros representantes provinciales, el ministro dijo que se encargará de coordinar la participación de las otras carteras ministeriales, en esta reunión que será presidida por el viceministro de Minas Fernando Gala, y contará con la participación de los técnicos del sector

En la reunión Sánchez escuchó los pedidos de las autoridades locales e informo que su despacho encargo la elaboración del estudio a nivel de perfil para la remediación ambiental de los 119 pasivos mineros de los proyectos La Tabona y El Dorado en Hualgayoc, a la empresa Proyectos, Servicio, Asesoría a la Minería y Asuntos Ambientales (Pasminaa)

Dijo que luego del informe final de dicha empresa El Ministerio de Energía y Minas (MEM) convocará la elaboración de los estudios de ingeniería y detalle y otorgará la buena pro para el inicio de los estudios del cierre de pasivos y la ingeniería de detalle para su remediación

Reiteró que con esas acciones el MEM está cumpliendo los compromisos anunciados en la mesa de trabajo con las autoridades de la provincia de Hualgayoc

Asimismo no descartó que cuando haya avances en el diálogo el pueda llegar hasta Cajamarca a presidir una reunión junto a otro ministro

Durante la reunión solicito a los participantes no romper el dialogo y evitar la toma de carreteras que termina perjudicando a terceras personas y los insta a optar por la vía legal o judicial cuando las empresas mineras incurren en incumplimientos

La reunión contó con la participación del regidor de Bambamarca, Eloy Sánchez y el representante del Frente de Defensa Provincial José Minchán

Las autoridades de chugur y hualgayoc también estuvieron invitadas pero decidieron no asistir a la reunión pese a la reiterada invitación del ministro

El MEM recordó que la próxima cita se desarrollará en chugur pese a que la última reunión de trabajo en la zona quedó frustrada por la intransigencia de los dirigentes y autoridades locales

Diario El Clarín-Cajamarca 21/07/2010





MEM LE PONE PLAZO DE 48 HORAS A DOE RUN PERÚ


La Oroya. Para entrega de documentos pendientes. Y es que la metalúrgica aún tiene pendiente la firma del contrato de garantías, la modificación del fideicomiso y otros.

Con las horas contadas. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) envió ayer una carta a Doe Run Perú (DRP) en la cual le establece un plazo máximo de 48 horas para que entregue la documentación que la autoridad pidió y que está pendiente.

Y es que según señala la carta, la empresa debe acreditar que cuenta con el financiamiento del proyecto, presentando los acuerdos y/o contratos suscritos con las entidades que los financiarán.

Asimismo, acreditar que tienen la provisión de concentrados, los acuerdos de pago firmados por los acreedores y las acciones que vienen ejecutando para el reinicio de operaciones hasta el 27 de julio.

Sumado a ello, deben presentar los contratos de garantías a suscribirse con el MEM así como la modificación del contrato de fideicomiso.

“Estamos trabajando”

José Mogrovejo, vicepresidente de asuntos ambientales de Doe Run, sostuvo que se encuentran trabajando en el proceso de reinicio de las operaciones de la metalúrgica.

“Esto es un proceso y vamos a tratar de acelerarlo. Esperamos que si no hay inconveniente deberíamos haber entregado el contrato de fideicomiso hoy (ayer) o si no en los próximos días, pero estamos trabajando en ello”, dijo.

Mogrovejo reafirmó el compromiso de reiniciar las operaciones de Doe Run en La Oroya antes de este 27 de julio.

Entretanto, los proveedores de la metalúrgica rechazan la propuesta planteada por DRP. Sostienen que la empresa les establece una serie de condiciones. Cabe precisar que esta propuesta, según Doe Run, implica el pago de las deudas y un esquema de garantías para el reinicio de operaciones.

Reinicio de DRP es difícil

Según José De Echave, experto en temas mineros, es muy difícil que la empresa reinicie sus operaciones debido al poco tiempo que le queda. Añade, además, que la empresa no llegó a ningún acuerdo con sus proveedores.

“Les queda una semana para que se cumpla la fecha de reinicio de operaciones y si no tienen concentrados no van a poder operar. El escenario es muy complicado y la credibilidad de la empresa está por los suelos”, afirmó el experto.

REACCIONES

"Estamos trabajando en el proceso de reinicio de las operaciones de la empresa. Esperamos que todo se pueda solucionar pronto”.

José Mogrovejo
Vicepresidente de asuntos ambientales DRP

"La suerte casi está echada para Doe Run ya que de no lograr un acuerdo con los proveedores será muy difícil que inicie sus operaciones”.

José De Echave
Experto en temas mineros

PRECISIONES

Trabajadores. Roiberto Guzmán, dirigente de los trabajadores de DRP, manifestó que hoy por la mañana se reunirán con el MEM para ver los avances de la metalúrgica.

Encuesta. El miércoles pasado se presentó los resultados de la encuesta “Aportes de la ciudadanía sobre el caso Doe Run”, en los que entre el 90 y 95% de los más de 4 mil encuestados están en contra de los condicionamientos de DRP.

Diario La República-Lima 21/07/2010





SOBREGANANCIAS ROSADAS Y ÓBOLO MINERO


Según la reputada consultora internacional Thomson One Analytics, las utilidades de las principales empresas mineras tendrían un panorama color de rosa en el 2010 y, también, en el 2011. Entre ellas están las propietarias de la gran minería en el Perú, como BHP Billiton, Newmont, Freeport, Xstrata y Southern Perú (propiedad del Grupo México).

Así, las utilidades por acción de Southern y Xstrata aumentarían 160% y 139% en el 2011 con relación al 2009, seguidas de Teck y BHP Billiton. Algo más atrás –pero siempre por encima del 50% en el mismo periodo- vienen Barrick, Freeport y Newmont (ver cuadro). Se puede colegir que la misma “buena situación” también se dará en el Perú.

Hay que agregar que si bien el 2009 fue el año de la fuerte baja de los precios de los minerales (salvo el oro, que nunca cayó), dicha baja no llegó nunca a los precios preboom. Además, ya desde mediados de ese año comenzó la recuperación, la que se mantiene hasta la fecha y que, según Thomson, continuaría en el 2011.

Por esa razón vuelve a plantearse con toda fuerza la necesidad del impuesto a las sobreganancias (ISG) a las empresas mineras en el Perú. Recordemos que, del 2005 al 2009, las mineras más importantes (que aparecen en el cuadro) tuvieron utilidades netas por un total de US$ 19,500 millones (ver “Vuelven las ganancias extraordinarias”, www.cristaldemira.com, 2/4/10).

El ISG fue una promesa electoral del APRA pero, una vez en el poder, lo reemplazó con el tristemente célebre “óbolo minero”, oficialmente llamado Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo. Del 2007 al 2010, el “óbolo” ha recaudado S/. 1,788 millones, US$ 616 millones.

Así, el “óbolo” solo ha recaudado una pequeña parte de las utilidades, lo que ha motivado que la mayor parte de las sobreganancias se vayan a las Casas Matrices, mientras que el fisco solo ha recaudado el 30% que corresponde por impuesto a la renta. Si el ISG se hubiera fijado en el 50% de la sobreganancia, el fisco hubiera obtenido ingresos cercanos a los US$ 2,500 millones en el periodo señalado. La cuestión es que el “óbolo” vence este año y, a pesar de los pronósticos brillantes de utilidades que realizan las consultoras internacionales, ya se escuchan voces en el gobierno y (claro está) en las empresas mineras, que plantean la renovación del “óbolo” por 5 años adicionales.

Esta propuesta no debe pasar, por varios motivos. El primero es que el Estado debe recuperar su capacidad de cobrar impuestos (el “óbolo” es recaudado por la empresa, que además decide dónde se invierte). El segundo es que se debe implementar el ISG. El tercero es que, de los S/. 1,788 millones recaudados por el “óbolo” hasta ahora solo se han ejecutado S/. 847 millones (Informe # 021 elaborado por la Comisión Sectorial del MINEM, www.minem.gob.pe).

Agrega Propuesta Ciudadana que, si bien el DS-071-2006-EM establece que “al tercer año de su aplicación debiera realizarse una evaluación sobre el impacto logrado, no hemos encontrado esa información, la misma que ya debiera existir” (¿Se debe negociar un nuevo aporte voluntario?”, www.propuestaciudadana.org.pe).

Por lo expuesto, hay que retomar con fuerza el planteamiento del Impuesto a las sobreganancias mineras, porque los ingresos extraordinarios de los recursos naturales deben formar parte de una política anticíclica que permita financiar las necesidades presupuestales de los próximos años. Es hora de sentar a la mesa a las empresas mineras para renegociar los convenios.

Diario La República-Lima 21/07/2010





POBLADORES DE ESPINAR AMENAZAN CON HUELGA POR MAJES SIGUAS II


Los habitantes de la provincia cusqueña de Espinar podrían realizar una huelga indefinida, si el gobierno no accede a divulgar los resultados del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) sobre el proyecto Majes Siguas II.

Así lo advirtió el congresista Víctor Mayorga, quien exhortó al Ministerio de Agricultura (MINAG) y a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a atender las demandas de los espinarenses, quienes temen que el proyecto afecte las reservas hídricas de la zona.

El legislador nacionalista señaló que las municipalidades provinciales de Espinar y Arequipa, al igual que la agencia ProInversión, han sido marginadas en cuanto al EIA, pues los únicos que manejan los resultados -aparte del MINAG y la ANA- son los respectivos gobiernos regionales.

Mayorga dijo que existe preocupación en la población debido a que los estudios de balance hídrico señalan un déficit en el abastecimiento de agua; incluso, se menciona que la cantidad de agua disponible no alcanzaría para cumplir con la irrigación del proyecto.

Por ello, resaltó la necesidad de implementar un afianzamiento hídrico; es decir, construir reservorios para que se pueda suplir el déficit de líquido. Empero, Mayorga remarcó que si la población no es incluida, emprenderá una paralización indefinida.

Finalmente, refirió que los dirigentes de Espinar tratarían de sumar sus protestas al paro indefinido macrorregional que organizan los frentes de defensa a partir del 27 de julio. "Se trata de organizar una Marcha de los Cuatro Suyos, en la cual se sumarían a la huelga por el gas (...) el gobierno debe demostrar objetivamente que hay reservas suficientes", puntualizó.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 20/07/2010





20 de julio de 2010

APUS DEL RÍO MARAÑÓN PROTESTAN CONTRA DESATENCIÓN DE PLUSPETROL


A las 3 de la tarde de hoy 62 apus o jefes tradicionales protestarán en la ciudad de Iquitos contra la empresa Plus Petrol y el Estado Peruano por no atender a los afectados del derrame de petróleo en el río Marañón, el pasado 19 de junio.

La marcha se iniciará en la Plaza 28 de Julio y luego se dirigirá hacia el local de Plus Petrol donde se realizará un plantón con apoyo de organizaciones y redes sociales locales.

Alfonso López, presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODESPA), informó que tomaron esta medida luego una reunión con los representantes de la empresa donde no se llegó a ningún acuerdo.

El encuentro se realizó el sábado 17 de julio en las instalaciones del Vicariato de San José del Amazonas con representantes de la empresa quienes evadieron asumir compromisos.

“A pesar que les explicamos que la medicina y los alimentos no llegan, no dieron ninguna salida concreta” señaló López.

La empresa respondió que “las medicinas deben ser coordinadas con el Ministerio de Salud” y “en Iquitos no hay la cantidad suficiente de alimentos para abastecer a la zona afectada. Se tiene que traer de Lima, pero para esto se necesita de un avión del que no disponemos” informó López.

“La población está muy enferma. Hay problemas de diarrea, vómitos, dolores de cuerpo, de estómago y de cabeza. Además, hay enfermedades de la piel” y ninguna autoridad del Estado ni la empresa toma acciones concretas, agregó.

Los representantes de la empresa se excusaron en que no tienen la logística necesaria para atender a todas las comunidades afectadas.

El presidente de ACODESPA calificó de “burla para los pueblos” la actitud de la empresa que ofreció una respuesta para esta semana.

“No existe un plan de contingencia, los mismos pobladores sacaron las plantas acuáticas llenas de petróleo”, prosiguió López.

“La empresa echó unos químicos que asentaron el petróleo y que ahora recién sale a flote con el aumento del nivel del río y es jalado por la corriente” indicó.

Por ello, también exigen que no se siga utilizando el río para transportar el crudo. “Hay otros medios que se pueden emplear sin el riesgo de ocasionar esos derrames”, expresó el dirigente, quién anunció que continuarán con las denuncias y exigirán las indemnizaciones que correspondan.

Servindi-Lima 20/07/2010





DIRIGENTES INDÍGENAS INICIAN ACCIONES DE PROTESTA CONTRA PLUSPETROL


Un grupo de 72 jefes comunales de los distritos de Parinari y Urarinas (Loreto) iniciarán desde hoy acciones de protesta contra la empresa argentina Pluspetrol, responsable del derrame de crudo ocurrido el 19 de junio en Saramuro.

Alfonso López, presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca, precisó que una de las primeras acciones será una movilización hacia la oficina de Pluspetrol -ubicada en Iquitos- la misma que contará con respaldo de varias organizaciones de base de la región.

“Esta tarde nos concentraremos en la Plaza 28 de Julio junto a 72 apus y 30 pobladores provenientes del río Marañón. Vamos a marchar en protesta contra Pluspetrol, ante la falta de seriedad y apoyo respecto a las acciones que han debido tomar para evitar más contaminación en la zona del derrame de petróleo”, señaló.

El dirigente sostuvo que estas acciones de lucha se vienen implementando luego que el último fin de semana, la petrolera argentina les dijera que no tienen recursos para atender a la población afectada, lo que generó indignación entre los líderes indígenas que se encuentran en Iquitos reclamando atención para sus comunidades.

“Sólo prometen y nada más. En la reunión que tuvimos con los funcionarios de la compañía, les explicamos que la medicina no llega, ni los alimentos; entonces, indicaron que las medicinas deben ser coordinadas a través del Ministerio de Salud. Respecto a los alimentos dicen que acá en Iquitos no hay suficiente como para abastecer a toda la zona que está afectada y que tienen que traer de Lima y para eso necesitan el apoyo de un avión y que por ahora no tienen el avión, lo cual pues es una burla si tenemos en cuenta las ingentes ganancias de esta empresa”, cuestionó.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 20/07/2010





ENCUENTRO INTERDISTRITAL DE COMUNIDADES DE AYACUCHO Y HUANCAVELICA RECHAZAN MINERÍA


Las comunidades campesinas de los distritos de San José de Ticllas, Vinchos, Socos y Santiago de Pischa en Ayacucho y Santo Tomás de Pata, en Huancavelica, acordaron no suscribir ningún contrato de servidumbre para actividades mineras en sus territorios.

Señalan que la minería representa una amenaza a la agricultura, ganadería y fuentes de agua, y por el contrario impulsarán el desarrollo alternativo interdistrital haciendo realidad la forestación y reforestación total en el cerro Ccewahuillca y los cerros colindantes con los distritos Vinchos, Socos y Ticllas.

Como parte del fortalecimiento institucional acordaron concluir con el proceso de saneamiento físico y legal de sus territorios comunales, en particular, la titulación de tierras de las comunidades campesinas del distrito de San José de Ticllas.

El evento denominado II Encuentro Interdistrital Comunal Vinchos, Socos, San José de Ticllas, Santiago de Pischa, fue realizado en la cumbre del cerro Ccewahuillca, y contó con la asistencia de alrededor de 200 representantes así como de la congresista Juana Huancahuari.

La organización estuvo a cargo del Frente de Defensa de los recursos naturales y del medio ambiente de los distritos Vinchos, Socos y Ticcllas.

Por Vinchos asistieron los representantes de las comunidades de Ñaupallaccta, Opancca, Antapuna, Hatunpampa, Itanayoc, Paccha, Choccyacc y Vinchos.

Por Ticllas estuvieron presentes delegados de Campamento, Chullumpampa, Rumihuasi, Carmen Alto, Ticllas, Santa Rosa e Incapampa.

Por el distrito de Santiago de Pischa, las comunidades de Atacocha, Molinos, Titimina, Cachi, Piwan. Por Socos, Maucallaccta, Yanayaco y Pucaloma, Luyanta. También asistieron representantes de Cedro y los gobiernos locales, entre otros.

Por el distrito huancavelicano de Santo Tomás de Pata asistieron delegados de las comunidades de Patallaccta.

Los organizadores anunciaron que continuarán realizando eventos informativos y de capacitación en los distritos.

Servindi-Lima 20/07/2010





“GOBIERNO ESTÁ PARCIALIZADO CON MINERAS”


El Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, formado por las ONG CooperAcción, Grufides y Fedepaz, dio a conocer hace unos días su sexto informe, en el que se examina la situación de la minería en cinco regiones: Piura, Cajamarca, Junín, Cusco y Apurímac. José de Echave, economista y responsable del Programa Derechos Colectivos e Industrias Extractivas de CooperAcción, analiza en la siguiente entrevista la situación de la minería en el país, los conflictos sociales y ambientales que la rodean y la política del gobierno en este tema.

¿Los conflictos sociales y ambientales producidos por la minería además de haber aumentado en número, también se están incrementando en intensidad?
Sí, sin ninguna duda. Hay un crecimiento en el número y especialmente en la intensidad de estos conflictos, que se van convirtiendo en conflictos que apuntan a cambios en políticas públicas. Hay una ausencia absoluta de estrategia para enfrentar los conflictos…

¿O hay una estrategia del gobierno que se centra en desacreditar las protestas y en la represión?
Se busca criminalizar la protesta. Esa es una lógica que agudiza los conflictos. Se ha afirmado una visión profundamente autoritaria. El gobierno no reconoce las razones objetivas de los conflictos sociales y los caricaturiza. Los conflictos están planteando la necesidad de modificar las reglas de juego para que la situación sea más equilibrada…

¿La razón central de los conflictos entre las poblaciones y las empresas mineras es la exigencia por una mayor participación en las ganancias que tienen estas empresas, o el rechazo a la minería como una opción de desarrollo?

Los conflictos no son uniformes. Hay zonas, como Piura, algunas provincias de Cajamarca, algunas zonas de Cusco, donde hay un rechazo a la minería, que no forma parte de la visión de desarrollo que tienen esas poblaciones y que, por el contrario, la perciben como una actividad que los va a afectar. Sin embargo, hay poblaciones, como las de Moquegua o Tacna, que coexisten con la actividad minera y en esos escenarios la población apunta a tratar de conseguir nuevos acuerdos sociales con la minería, lo que implica mayores recursos económicos y empleo local. No todos los conflictos vinculados a la minería tienen la misma agenda.

¿Los proyectos mineros en el Perú cumplen los estándares ambientales mínimos aceptados internacionalmente?
Nuestra legislación es sumamente laxa en este aspecto. Nuestros límites máximos de emisión de fundiciones y otras operaciones mineras son demasiado permisibles. Los estudios de impacto ambiental son totalmente obsoletos…

¿Son obsoletos o están parcializados con los intereses de las empresas?
Las dos cosas. Los estudios de impacto ambiental son hechos por una consultora que es elegida y pagada por la empresa minera, y responden a los intereses de la empresa que los encarga. Y los procesos de implementación del estudio de impacto ambiental con las audiencias públicas están totalmente controlados por las empresas. Además de responder a los intereses de las empresas, estos estudios de impacto ambiental también son obsoletos, porque sus estándares están muy por debajo de los estándares internacionales mínimos planteados por organismos como el Banco mundial y el BID. Este instrumento, que es prácticamente el que decide qué proyecto minero se aprueba y cuál no, está seriamente cuestionado.

¿Cómo ve la ordenanza del Gobierno Regional del Cusco que prohíbe las concesiones mineras?
Esa decisión expresa una preocupación legítima de las autoridades regionales por el avance caótico de la minería. Por ejemplo, casi un 90% de Chumbivilcas está concesionado a la minería. Sin embargo, los gobiernos regionales no tienen facultades sobre la mediana y gran minería, y las concesiones se otorgan en Lima. Este caso del Cusco abre una interesante discusión sobre las concesiones mineras y cómo involucramos en la toma de decisiones a las autoridades regionales para buscar un desarrollo más armónico. El incremento de las concesiones mineras, ahora estamos bordeando los 20 millones de hectáreas, plantea un debate importante de cómo ordenamos el territorio para definir en qué zonas puede haber minería y en cuáles no…

¿Deben suspenderse las concesiones mineras hasta que se produzca ese ordenamiento del territorio?
Eso ayudaría a que el crecimiento de la minería sea menos caótico. Hoy en día basta que una empresa minera pida operar en un territorio que no esté concesionado para que éste se le entregue, sin tomar en cuenta si este territorio es un ecosistema sensible o si hay poblaciones en ese lugar.

¿Para desarrollar un proyecto minero, una ley de consulta debe incluir la obligación de tener el consentimiento de la población que va a ser afectada, o basta con el procedimiento de consulta?
Sin duda que se requiere el consentimiento de la población. Si no es así, el gobierno puede decir ya consulté y ahora decido qué hacer. El reto para quienes quieren hacer minería es convencer a la población, y si no lo logran deben aceptar que no hay condiciones para desarrollar la minería en esa zona y dar un paso atrás.

¿Qué efectos tendría la no promulgación de la ley de consulta o la aprobación de una ley mediatizada con las observaciones hechas por el Ejecutivo?
Las observaciones que ha planteado el gobierno, una de las cuales es no reconocer a las comunidades campesinas de la sierra y de la costa como pueblos indígenas, desnaturalizan la ley de consulta. Una ley con esas observaciones estaría muy por debajo de lo que plantea el Convenio 169 de la OIT. Sería una caricatura de consulta ciudadana que sin duda provocaría una reacción muy fuerte de las poblaciones que tenían mucha expectativa con una ley de consulta. Cuando haya más información y más consulta a la población, entonces habrá menos conflictos.

El informe del Observatorio de Conflictos Mineros señala que hay una ausencia del Estado que permite abusos de las empresas mineras. ¿El problema es una ausencia del Estado o la existencia de una política estatal que defiende los intereses de las empresas mineras sobre los derechos de las poblaciones afectadas?

Existen ambos componentes. El PNUD ha trabajado un mapa que muestra dónde está presente el Estado y dónde no lo está, y si uno cruza esa información con las zonas de las operaciones de las empresas extractivas, de minería e Hidrocarburos, en la gran mayoría de casos hay una coincidencia de esas operaciones con las zonas de ausencia del Estado. Ese es un primer problema. Pero el otro elemento es que cuando el Estado interviene, esa intervención es parcializada con la empresa y no se percibe un Estado que busque contribuir a eliminar las asimetrías (entre las empresas y las comunidades). La opción del Estado es apostar a que las industrias extractivas sigan creciendo. El problema es que estas actividades siguen creciendo sin mecanismos de control, fiscalización y regulación.

El gobierno ha anunciado para este año inversiones en minería por tres mil millones de dólares. Como están las cosas, ¿esa es una buena o una mala noticia?
Nadie dice que el país se cierre a las inversiones, pero como están las cosas, con un Estado que deja hacer, que no interviene y que cuando interviene lo hace en forma parcializada con las empresas, y viendo la evolución de los conflictos vinculados a las industrias extractivas, lo evidente es que más inversiones mineras traerán más conflictos sociales y ambientales.

¿Es un error apostar a la minería como la locomotora del desarrollo económico del país?
El Perú es un país mega diverso y se debe apuntar a tener una economía diversificada respetuosa de la diversidad del país. Dentro de eso la minería puede tener un espacio, yo no creo que se deban cerrar todas las minas o que no se puedan aprobar nuevos proyectos mineros, pero no creo que la minería deba ser el núcleo central del desarrollo. Apostar a un modelo profundamente extractivista es un error.

“El TLC protege a Doe Run”

Hace un año el gobierno amplió por segunda vez el plazo a Doe Run para que cumpla con el Programa de Adecuación Ambiental (PAMA) de la fundición de La Oroya y este 27 de julio se vence el plazo para que la empresa reanude sus operaciones. Pero hasta ahora Doe Run ha incumplido sus compromisos. ¿Qué puede pasar en La Oroya?
La opción de darle a Doe Run mayor tiempo para que cumpla con el PAMA ha sido un error, de este gobierno y del anterior. Hemos llegado a una situación límite y aparentemente la empresa no va a reiniciar sus operaciones. En ese escenario, el gobierno va a tener que tomar la opción del retiro de la empresa. Eso abre una discusión complicada sobre lo que el contrato permite. Hoy en día, a causa del capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, la empresa tiene mayores herramientas que antes para defenderse…

¿El TLC amarra al gobierno para actuar frente a una empresa como Doe Run que reiteradamente ha incumplido sus compromisos?
El TLC le pone restricciones al gobierno. No me parecería extraño que la empresa utilice el TLC para demandar al estado peruano en tribunales internacionales. El argumento, que se lo he escuchado al ex ministro Ferrero, de que el TLC no protege a la empresa no es cierto. Le recomendaría al ex ministro Ferrero que revise el artículo 10.71 del capítulo de inversiones del TLC, en el que claramente hay varios elementos que esta empresa puede utilizar a su favor. El TLC protege a las inversiones, a las buenas y a las malas.

¿La Oroya es un caso emblemático de la parcialización del Estado con las empresas y su desinterés por el medio ambiente y la población?
Sin duda. Es una evidencia de esa parcialización y también de la incapacidad del Estado.


“Islay, Cajamarca y Piura son las zonas de mayor conflictividad por la minería”

¿Cuáles son las zonas del país en las que en este momento existe una mayor conflictividad social a causa de la minería?
En Islay (Arequipa), por el proyecto minero de Tía María que está en una zona en la que hay una actividad agrícola muy intensa. El 61% de Islay, que es una provincia costeña profundamente agrícola, está concesionado a la minería. En Islay hay un conflicto muy claro entre minería y agricultura. Cajamarca, donde hay un nuevo proceso de expansión minera muy fuerte sin consulta a la población. Ahí hay conflictos con varias empresas, como Yanacocha por el proyecto Conga, Gold Fields, Anglo American. Piura es otra zona de conflicto latente.

En Piura el rechazo mayoritario a las operaciones de la empresa Río Blanco ya ha dejado varios muertos. ¿Hay una salida a la vista a este conflicto?
Hay un entrampamiento muy fuerte. Las autoridades locales y la población han pedido reinstalar la mesa de diálogo, pero aparentemente para el gobierno el diálogo está cerrado y ha respondido a las protestas anunciado la instalación de una base militar en la zona. Este es un caso emblemático donde las instancias democráticas de diálogo retroceden frente a la vocación autoritaria del gobierno.

¿Por qué Río Blanco genera tanto rechazo?
En Piura hay un rechazo mayoritario no solamente al proyecto minero de Río Blanco, sino a que esa zona, que es agrícola, se convierta en un distrito minero. Es claro que ahí la gente no quiere que haya minería. Forzar el ingreso de la minería genera una situación de mucha tensión. La población rechaza la minería porque esta zona donde está Río Blanco tiene un ecosistema muy especial, donde hay un sistema de lagunas, de páramos que recogen y distribuyen agua. Es una zona donde la población está muy vinculada a actividades de agricultura orgánica, como café. La población sabe que en esa misma zona se están intentando desarrollar otros cuatro o cinco proyectos mineros de envergadura, y que el proyecto de Río Blanco sería el primero en entrar a esa zona para convertirla en un distrito minero.

¿Un modelo de desarrollo agrícola sería más sostenible y rentable para la población de esa zona que la minería?
Sin duda que en esa zona un desarrollo basado en la agricultura y en el ecoturismo es una alternativa más viable y sostenible que la minería, y en perspectiva es económicamente más rentable para la población. Hay que generar las condiciones para desarrollar esta alternativa.

Diario La Primera-Lima 19/07/2010





MULTAN A MINERA CAUDALOSA POR CONTAMINACIÓN EN LOS RÍOS OPAMAYO Y ESCALERA


El Gobierno decidió sancionar a la empresa con 36 millones de soles por contaminar con 21 mil metros cúbicos de relaves mineros los dos ríos del departamento de Huancavelica. Nota relacionada

Según el reporte de la a Autoridad Nacional del Agua (ANA), quedó confirmado que el 100% del agua de los ríos fue contaminada por el desembalse de desechos mineros, tras ceder el pasado 26 de junio un muro de contención de un embalse que los contenía.

Sumado a la multa, la minera Caudalosa deberá presentar un plan de mitigación y restauración de la calidad del agua afectada.

Diario La República-Lima 19/07/2010





NATIVOS COCAMA CONVOCAN PROTESTAS CONTRA PLUSPETROL


Comunidades indígenas cocama afectadas por el reciente derrame de petróleo en el río Marañón, en Loreto, coordinan una serie de protestas para esta semana ante el incumplimiento de las ofertas realizadas por Pluspetrol.

Alfonso López, presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca, advirtió que las bases consideran que la postura de la empresa argentina es una burla.

El dirigente recordó que la compañía se comprometió a surtirles de medicinas, alimentos y agua; incluso, mediante sendos comunicados de prensa. Empero, a la fecha niegan haber recibido apoyo alguno.

López Tejada señaló que los dirigentes de la zona acordaron permanecer en Iquitos para conocer de cerca los avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa, aunque dijo también que paralelamente coordinan acciones de protesta si es que la empresa no cumple lo acordado.

“Hemos tenido esta primera reunión con la empresa para ver hasta dónde iba su voluntad de atendernos pero no se les ve nada. Les hemos enviado el documento pidiendo las medicinas, alimentos y agua para los afectados, pero hasta ahora no responden y eso que ellos han generado el problema en la zona. Ahora, ellos nos han escuchado y han respondido que nos pueden dar una respuesta hasta la próxima semana porque ahora no cuentan con avión, con recursos para hacer el envío, que tendrían que coordinar con Lima. ¿Cómo es eso? Eso es una burla para los pueblos. Esta es una empresa que puede cumplir, sobre todo por el daño que han causado a los pueblos y
al medio ambiente”, declaró.

Sostuvo que, hasta el momento, han podido registrar a 21 mil pobladores afectados por el derrame ocurrido el pasado 19 de junio en la zona de Saramuro, quienes atraviesan una situación difícil que la empresa no parece comprender.

“Exigimos que ya no sigan amenazando con la utilización del río para transportar el crudo. Estamos constantemente amenazados por otro posible derrame y ellos deben saber que hay otros medios que pueden utilizar para cruzar el río desde Saramuro, sin ocasionar esos derrames. Al margen seguirán su camino las denuncias existentes y las indemnizaciones que tengan que hacerse”, demandó.

Cabe indicar que el sábado último se desarrolló una reunión en la sede del Vicariato San José del Amazonas, entre dirigentes indígenas cocamas y representantes de Pluspetrol, donde no se llegaron a acuerdos pues la empresa alega que no puede cumplir sus compromisos de ayuda debido a falta de recursos y proveedores, lo que generó la reacción airada de dirigentes indígenas.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 19/07/2010





19 de julio de 2010

LLAGAMARCA RECLAMA SU AGUA A YANACOCHA


Según los mineros la minera incumple sus compromisos como la construcción del sistema de agua potable y estudio del reservorio

Junto con personal de la oficina de la administración del agua de Cajamarca, pobladores del caserío de Llagamarca del centro poblado de Santa Bárbara compresión del distrito de Baños del Inca, realizaron hoy a partir de las 9.30 de la mañana una inspección en la bocatoma del canal de la quebrada. El encajón jurisdicción de Minera Yanacocha

El tesorero del comité del canal Llagamarca, Juan Cholán Vargas, manifestó que su comunidad es más afectada porque las explotaciones mineras desaparecieron definitivamente la laguna Yanacocha de donde en 1997 iniciaron la apertura de la zanja para llegar agua a la población de la mencionada comunidad según consta en el Diario Oficial El Peruano de fecha 22 de Mayo de 1997

Precisó que cuando la empresa Minera inicia sus exploraciones el caudal del agua que afloraba de la laguna Yanacocha era de 25 litros por segundo, pero luego esta cantidad disminuyó problema que se agravo con el cierre de 7 km de zanja, sin embargo la empresa minera ofreció que al final de sus operaciones Llagamarca tendría la misma cantidad y calidad de agua que perdieron según consta en el acta del 15 de abril de 1997 documento que se firmó en presencia del entonces alcalde de Baños del Inca Alfredo León Obando

El mencionado dirigente señaló que Minera Yanacocha nunca hizo obras de apoyo social para la comunidad de Llagamarca, lo que hizo fue a cambio del canal, es por estas razonas que después de 13 años reclamamos a la empresa minera cumpla sus compromisos de lo contrario iremos hasta la corte internacional de Derechos Humanos en Cajamarca no nos hacen caso manifestó

Diario El Clarín-Cajamarca 19/07/2010





TRES HERIDOS DE BALA DEJA ENFRENTAMIENTO EN CASMA


Conflicto. Entre comuneros y policía. Mineros artesanales de la zona se oponen a la presencia de la empresa minera Santa Fe.

Durante tres horas mineros artesanales de la comunidad de Huancuy (Casma) se enfrentaron a la policía que escoltaba el ingreso de funcionarios de la mina Santa Fe en oposición al inicio de sus operaciones.

La protesta dejó como resultado tres pobladores heridos de bala, varios policías golpeados y la retención por el lapso de una hora del fiscal Julio Obregón, además de daños materiales a vehículos de la Policía y de la empresa minera.

Los enfrentamientos ocurrieron en la madrugada, en la vía de acceso al yacimiento minero Beta Colorada, donde los comuneros colocaron una tranquera.

Funcionarios de Santa Fe habían conseguido garantías de la gobernatura de Casma para ingresar al centro de operaciones de la mina, por eso llegaron al lugar con policías para despejar la zona. Esto fue tomado como una provocación por los pobladores, quienes temen un desalojo. La violencia desatada fue tal que los policías debieron pedir refuerzos.

Por la tarde las autoridades y los pobladores firmaron un acta.

Diario La República-Lima 19/07/2010





16 de julio de 2010

160 MIL TRUCHAS MUEREN ENVENENADAS EN PISCIGRANJA


Hecho ocurrió en Acopalca y desgracia se habría generado por obra de captación de agua

Más de 160 mil alevines de trucha murieron envenenados en la piscigranja del centro poblado de acopalca en el distrito de Huarí, provincia del mismo nombre

El alcalde de Acopalca Virgilio Huarta Jara, denunció ayer que la muerte masiva de los peces ha sido provocada por el uso de un auditivo tóxico que sirve para endurecer el cemento utilizado en la construcción de una obra de mejoramiento para la captación de agua en el río Purguay en la parte alta de la referida comunidad

El alcalde y el ingeniero pesquero Leonidas Amadeo Morales constataron que en la zona del río Purguay donde se viene construyendo la obra, los trabajadores están levantando muros de concreto y usan un auditivo de nombre, “sice” que acelera el fragnado del cemento peor sería tóxico

Las piscigranjas de Apocalpa- que es además un recurso turístico de la zona- se abastece con el agua del río Purguay, la misma que habría sido intoxicada provocando la muerte de los más de 161 855 alevines, que en peso alcanzan la cantidad de 26 toneladas.

La obra es financiada y ejecutada por la municipalidad provincial de Huari desde el pasado 2 de julio.

Desde ese día la muerte de alevines de trucha ocurrió de manera progresiva, pero recién ayer se pudo determinar la verdadera causa de la tragedia, muerto por envenenamiento debido al uso del aditivo tóxico

El caso fue denunciado penalmente ante la fiscal Dora Cabrera Navarrete quien no la acepto. La demanda fue derivada a la fiscalía de Prevención de contaminación ambiental de Huaraz

Diario La República-Lima 16/07/2010





MINERÍA OCUPA MÁS DE 20 MILLONES HECTÁREAS DE SUELO PERUANO


La minería atraviesa su momento de mayor expansión en la historia del país, con casi 20 millones de hectáreas concesionadas a dicha actividad, reveló el economista José De Echave, coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros del Perú.

Fue al mencionar las principales conclusiones del Sexto Informe del Observatorio de Conflictos Mineros del Perú, análisis semestral sobre los últimos acontecimientos de la problemática minera en nuestro país.

El documento recoge casos de cinco regiones (Piura, Cajamarca, Apurímac, Junín y Cusco) donde se evidencian fuertes tensiones derivadas de las actividades extractivas; y es que la minería ya no sólo abarca zonas alto andinas, sino que ahora también ocupa valles interandinos e incluso, algunas áreas de la selva.

En ese contexto, De Echave dijo que el caso de la provincia arequipeña de Islay y el conflicto no resuelto sobre el proyecto minero Tía María son un ejemplo de cómo el Estado no actúa oportunamente para prevenir enfrentamientos con la población.

Un segundo elemento clave es el ambiental; y es que situaciones como la fuga de relaves mineros en Huancavelica y el derrame de petróleo en el río Marañón (Loreto), ratifican que el Estado carece de capacidad de control y de regulación para con las empresas del rubro.

"El Estado reacciona tarde y ese es un común denominador: hay posibilidades de diálogo, pero demora y la ausencia de una estrategia adecuada que busque canalizar el conflicto por vías institucionales no es asumida. El Estado no demuestra mayor iniciativa y sigue con la actitud de apagar incendios cuando lo que le corresponde es prevenir los conflictos", anotó.

Finalmente, expresó su preocupación por la anunciada transferencia de funciones desde el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

"Ahora se trasladan funciones de OSINERGMIN a la OEFA del Ministerio del Ambiente, pero la transferencia es sin recursos", puntualizó.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 15/07/2010





COORDINAN PROTESTAS ANTE INCUMPLIMIENTOS DE PLUSPETROL


Pobladores de diversas comunidades del distrito de Parinari, en la provincia de Loreto, se reúnen hoy en la localidad de Santa Rita de Castilla para coordinar acciones de lucha ante el incumplimiento de la empresa Pluspetrol de los compromisos asumidos con los afectados por el derrame de petróleo del pasado 19 de junio.

La propuesta de los pobladores es cerrar el río Marañón como medida de presión para la empresa cumpla con entregarles alimentos, agua y medicinas tras el derrame de crudo en el río Marañón, a la altura del terminal de Saramuro de Petroperú.

El dirigente Alfonso Navarro adelantó que, entre las acciones a ser debatidas, se incluye un plantón frente a las oficinas de la empresa Pluspetrol, ubicadas en la provincia de Maynas, este lunes 19 de julio.

De igual manera, Navarro anunció que presentarán una denuncia penal contra dicha compañía ante el Ministerio Público de Loreto. También dejó abierta la posibilidad de cerrar el río Marañón contra Pluspetrol, la cual dijo trata de confundir a la opinión pública con comunicados donde afirma que ha entregado apoyo a los afectados.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 15/07/2010





MESA DE DIÁLOGO AMBIENTAL SE REUNIRÁ PARA VER CASO DOE RUN


Este viernes, la Mesa de Diálogo Ambiental de la Región Junín se reunirá este viernes para analizar la situación de la minera Doe Run, la cual no estaría en condiciones de reanudar sus operaciones en La Oroya.

"Quisiéramos equivocarnos, pero desgraciadamente Doe Run no va a cumplir (con retomar sus faenas antes del 25 de julio", afirmó Washington Mori, secretario del referido espacio de diálogo.

Mori advirtió que este hecho provocará un impacto enorme, no sólo en los más de tres mil 500 trabajadores del complejo metalúrgico de la minera, sino en la economía de la ciudad, la cual depende de las operaciones de Doe Run.

En ese sentido, adelantó que la reunión de mañana tendrá carácter ampliado y en ella participará la ex directora general del Ministerio de Energía y Minas, María Chapuís.

Cabe recordar que ayer, jueves, la Mesa de Diálogo Ambiental de Junín presentó los resultados de una encuesta aplicada a más de cinco mil personas donde se les consultó su opinión acerca de los condicionamientos planteados por DRP para reanudar sus faenas.

Mori detalló que, como resultado del estudio, un 95% de los encuestados se declaró en contra de los pedidos formulados por la empresa norteamericana, entre los que destaca su solicitud para prorrogar nuevamente el cumplimiento de su Programa de Adecuación y Manejo Medioambiental (PAMA).

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 15/07/2010





15 de julio de 2010

BLOQUEAN CARRETERA EXIGIENDO MÁS TRABAJO


Con montículos de tierra y piedras, los pobladores de “El Empalme” ubicado en el Km. 68 de la carretera Cajamarca-Bambamarca, nuevamente bloquearon esta principal vía de acceso demandando a la empresa Golfields más oportunidades laborales para empresarios de la zona.

Un aproximado de 150 comuneros no permitieron el paso de los vehículos de la empresa minera, por tres largas horas. La Policía los diluyó y conminó a desistir de su medida de protesta, haciéndoles entender que perjudican a otros transportistas que utilizan la vía para movilizarse y llegar a sus destinos.

Pasadas las 13:00 horas, los manifestantes despejaron la zona, recuperándose el buen tránsito en la zona, a pedido del Fiscal de la Provincia de San Miguel quien actuó en plena coordinación con la Policía Nacional. Es necesario mencionar que los protestantes incurren en un delito si obstruyen o bloquean carreteras y que podrían ser denunciados conforme lo estipula el Cógigo Penal.

Diario Panorama Cajamarquino 15/07/2010





CONTROL DEL AGUA AVIVA LOS CONFLICTOS


Alerta. Entre empresas mineras y los pueblos. Experto José De Echave advierte que el 70% de pugnas socioambientales se vincula con la minería y recomienda al gobierno seguir de cerca estos problemas.

Las constantes asperezas entre las empresas mineras y las poblaciones afectadas van en aumento. Y es que en la actualidad más del 50% de los conflictos sociales que se registran en nuestro país son de carácter socioambiental.

La Defensoría del Pueblo en su último reporte advierte que de los 250 conflictos existentes en todo el territorio nacional, 126 son de tipo socioambiental. El director de CooperAcción, José De Echave, agrega que de esa cantidad, el 70% se vincula directamente con la extracción minera.

El agua de la discordia
El experto en temas ambientales explicó que el control del agua es el principal detonante de los conflictos entre las mineras y la población. Y advierte que la falta de comunicación e información entre ambas partes solo ayudó a agudizar más la situación actual.

“Estamos en un país donde los limites máximos de contaminación son demasiado permisibles, no hay instrumentos que operen de manera eficiente, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental no funciona adecuadamente, hay que apuntar a esas reformas”, dijo.

De Echave exhortó al gobierno central a articular funciones con los gobierno regionales, para que ambos realicen una mejor fiscalización y monitoreo de los conflictos socioambientales en las zonas de influencia minera.

“Los últimos que se enteran que el territorio fue concesionado es la población, incluso las autoridades locales. Por eso hay que mejorar la información, si la gente está mejor informada estará en mejores condiciones para encontrar posibles salidas y acuerdos”, señaló.

Agenda pendiente en sector Minero
1] El sexto observatorio de conflictos mineros en el Perú señala que dentro de la agenda pendiente en el sector Minero aún se encuentra la implementación de la ley de consulta previa, el ordenamiento del territorio, la implementación del catastro no minero y la protección de fuentes de agua y ecosistemas frágiles.

2] Además señalaron que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), tal como se conoce, ha quedado desfasado y resaltaron la necesidad de contar con evaluaciones ambientales estratégicas más profundas.

3] Durante la Conferencia Anual de la Asociación de Exploradores y Explotadores Mineros (PDCA), realizada en marzo del 2010, el gobierno anunció que este año se invertirán US$ 3 mil millones.

Diario La República-Lima 15/07/2010





PELIGROSO INCREMENTO DE PROYECTOS MINEROS EN LA SELVA AGUDIZA CONFLICTOS


Los proyectos de la minería metálica se han desplazado “peligrosamente” de la sierra a la selva en donde existen reservas nacionales y parques nacionales que albergan áreas de frágiles ecosistemas.

Así lo indica el sexto y último reporte elaborado por el Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) en el Perú presentado el miércoles 14 por José De Echave de la asociación CooperAcción y Pablo Sánchez de Grufides.

La presencia de empresas mineras en estas zonas de ecosistemas frágiles como cabeceras de cuenca, páramos andinos y zonas de selva agrava la situación de los conflictos sociales.

Se cita como ejemplo, la Cordillera del Cóndor, en donde también habitan los pueblos Awajun y Wampis, que participaron en los lamentables hechos de Bagua, al defender su territorio de la explotación de la minería.

La minería ha aumentado en Amazonas en un 17 por ciento, concentrándose en su mayoría en la zona del Cenepa.
Observaciones desnaturalizan Ley de Consulta

José De Echave, representante de la asociación CooperAcción, señaló en la presentación que es necesario implementar mecanismos de consulta ciudadana como la Ley del Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas u Originarios, estipulada en el Convenio 169 de la OIT.

Para De Echave, las ochos observaciones presentadas por el Ejecutivo “modifican aspectos sustantivos de la ley y termina por desnaturalizarla”.

“Una de ellas señala que la consulta no puede limitar o prohibir que el Estado tome medidas en función del interés nacional. Se señala además que la ley de consulta implica el riesgo de retrasar o detener el desarrollo del país”, indicó.

En ese sentido, el especialista señala que las “observaciones del Ejecutivo representan un peligroso retroceso que afectará las relaciones entre Estado y los pueblos indígenas”.

“Habrá que esperar las reacciones que se produzcan en el Congreso y cómo las organizaciones de comunidades defienden lo avanzado”, refirió.

El Informe también destaca la evolución de los conflictos vinculados a la actividad minera en las regiones de Arequipa y Lambayeque, dos regiones en las que las poblaciones comienzan a mostrar preocupación por proyectos como Tía María y La Zanja.

El informe también resume la situación de la minería en Piura, Cajamarca, Apurimac, Junín y Cusco y estará disponible en la internet en los próximos días y se puede solicitar a la dirección: prensa@cooperaccion.org.pe

Servindi-Lima 15/07/2010





RELAVES LLEGAN A AYACUCHO


Los sedimentos de los relaves de la mina Caudalosa Chica, derramados el 25 de junio tras colapsar el dique que los contenía en el distrito de Huachocolpa, en Huancavelica, llegaron hasta el río Cachi, que cruza la provincia ayacuchana de Huanta. La contaminación minera recorrió más de 110 kilómetros de distancia.

En un informe presentado ante la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso, el presidente del consejo directivo de la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Ambiente (OEFA), Walter García Arata, mostró una fotografía que registra la presencia de sedimentos en el río Cachi, específicamente aguas arriba del puente Allccomachay, en la confluencia del río Mantaro.

García Arata señaló que la contaminación afectó suelos, flora, fauna y los cauces de los ríos Escalera, Huachocolpa, Opamayo, Lircay, Urubamba, Cachimayo, Mantaro y Cachi. La población ribereña de todos esos afluentes habría sido la más afectada.

Diario La Primera-Lima 15/07/2010





MAYORITARIO RECHAZO A CONDICIONAMIENTOS DE DOE RUN EN LA OROYA


Representantes de la Mesa de Diálogo Ambiental de la región Junín presentaron esta mañana los resultados de la encuesta: "Aportes de la ciudadanía sobre el caso Doe Run", cuyo fin fue conocer las opiniones de la población sobre la problemática económica y socio-ambiental de la empresa minera.

Washington Mori, secretario de la Mesa de Diálogo Ambiental de la Región Junín, señaló que entre del 90 y 95% de los más de cuatro mil encuestados en contra de los condicionamientos planteados por Doe Run para reanudar sus faenas en La Oroya.

Mori refirió que la empresa estadounidense solicitó, entre otras cosas, la modificación del contrato de concesión de la fundición metalúrgica; fraccionar en 670 años la deuda que mantiene con el Estado; y una nueva prórroga en el cumplimiento de su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

La encuesta fue presentada hoy en el Congreso de la República. Fue aplicada desde 8 de junio y durante un mes en Lima y en los distritos de la provincia de Huancayo, así como en otras provincias del departamento de Junín.

Cabe recordar que la empresa minera Doe Run ha incumplido en dos oportunidades con aplicar su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), el cual debió concluir en 1997.

Así mismo, se comprometió en reanudar sus operaciones a fines de mayo, luego de once meses de paralización. Sin embargo, en reuniones previas, sus representantes plantearon nuevas condiciones para retomar las actividades en su complejo metalúrgico. El plazo final vence este 27 de julio.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 15/07/2010





14 de julio de 2010

70 APUS LLEGARON A IQUITOS PARA PROTESTAR POR EL DERRAME DE PETRÓLEO


Río Marañón. Aseguran que toman agua contaminada ante indiferencia de Pluspetrol. Acusan a empresa de repartir un litro de agua por persona para una semana. Nota relacionada

R.Cárdenas y G. Muñoz. Setenta Apus de las comunidades nativas afectadas por el derrame de petróleo en el río Marañón llegaron a Iquitos para denunciar que se ven obligados a beber agua contaminada ante la indiferencia de la empresa Pluspetrol que solo les entrega un litro de este bien por persona para una semana.

El presidente de la Asociación Cocama de San Pablo de Tipishca, Alfonso López Tejada, aseguró que el agua y los alimentos repartidos por Pluspetrol no se dan de manera equitativa a todas las comunidades nativas.

"Nos han informado que atenderán primero a las comunidades más grandes, como si la vida en las comunidades pequeñas no valiera nada”, se quejó.

El dirigente aseguró que la empresa Pluspetrol sabe de esas carencias, sin embargo no les ofrecen una solución.

López Tejada pidió a todas las organizaciones sociales de Iquitos unirse a su lucha y no descartó la posibilidad de que una delegación llegue a Lima para reclamar solución al gobierno central.

Pedimos que Pluspetrol pague una indemnización por los daños causados a la ecología”, dijo.

La clave

Sin ayuda. Denunciaron que a la indiferencia de la empresa Pluspetrol se sumó la desatención del Gobierno Regional de Loreto y de las municipalidades.

Diario La República-Lima 14/07/2010





“EL ESTADO PERUANO SE ARRIESGA A UNA CONDENA SI NO CUMPLE CON LA CONSULTA PREVIA”


El Perú se arriesga a una sentencia al no cumplir con el Convenio sobre Pueblos Indígenas Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el cual se establece el derecho a la consulta previa.

Así lo sostuvo Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) en una entrevista difundida por Enlace Nacional.

“No estamos ante un tema frente al cual el gobierno tiene la libertad de decidir o no. Los derechos se cumplen sí o sí, son límites al poder político” afirmó el especialista.

“Es decir, para que una decisión de Estado sea válida tiene que respetar los derechos fundamentales. Si no los respetan es una decisión que tiene un vicio de nulidad” precisó.

“Primero, tenemos un silencio, una omisión legislativa. Ahora tenemos la observación del Estado, Ya estamos en una situación que compromete la responsabilidad internacional del Estado peruano. Si este caso llega a la Corte Interamericana nos arriesgamos a una condena”.

En ese sentido, Ruiz resaltó el cumplimiento de la consulta previa en Colombia pese a que no cuenta con una ley establecida.

“Colombia no tiene una ley de la consulta. Sin embargo, el gobierno lo ha experimentado en parte, por que la Corte Constitucional -lo que equivale a nuestro Tribunal Constitucional-, a punta de sentencias lo ha obligado a implementar” explicó.

“En consecuencia, el camino primero es que el gobierno mismo se rectifique, el Congreso insista y se apruebe” dijo respecto a la Ley de Consulta aprobada el 19 de mayo por el Congreso pero observada por el Ejecutivo.

Cabe indicar que el Tribunal Constitucional emitió un fallo en el que establece que el derecho a consulta previa no otorga derecho a veto por parte de la población indígena sobre las decisiones del Estado por lo que las observaciones al respecto no tienen asidero jurídico.

Servindi-Lima 14/07/2010





CONTAMINACIÓN EN EL MARAÑÓN SUPERA EN 100 VECES ESTÁNDARES NACIONALES


Un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) determinó que el derrame de petróleo ocurrido el pasado 19 de junio en el río Marañón sobrepasa en más de 100 veces los estándares nacionales de calidad ambiental.

Según el IIAP, las leyes peruanas establecen para las aguas de uso poblacional y recreacional, la presencia de un miligramo de sustancias tóxicas por litro de agua. Sin embargo, en el Marañón se ha detectado hasta 100 miligramos por litro de agua.

Víctor Sotero, especialista de la institución, advirtió que, con tal grado de contaminación, esas aguas no pueden ser utilizadas por la población local para sus quehaceres diarios. “Hay que monitorear el agua y hacer nuevas pruebas, a lo largo de los próximos meses, hasta que la presencia de estas sustancias llegue a cero”, señaló.

El investigador precisó que se debe hacer un monitoreo de los impactos que se podrían generar a corto y mediano plazo en el agua, sedimento, flora y fauna del área impactada, así como en las diferentes actividades socioeconómicas y en la salud y bienestar de las poblaciones ribereñas del río Marañón.

Así mismo, plantea formar una comisión técnica multisectorial para la evaluación de los impactos ambientales y socioculturales, y establecer un sistema de monitoreo permanente de la calidad del agua, de los peces y de las plantas cultivadas en el río para, así, minimizar las consecuencias de la contaminación.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo de Loreto, en las riberas del río Marañón viven cerca de siete mil pobladores y al menos cuatro mil resultaron afectados directamente por el derrame de crudo.

La empresa Pluspetrol ha enviado al lugar agua y alimentos para los damnificados. Sin embargo, habitantes de 29 comunidades indicaron que aún no han sido atendidos por la referida empresa.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 13/07/2010





ORDENAN PARALIZAR OPERACIONES DE MINERA CAUDALOSA CHICA


El Ministerio de Energía y Minas (MEM) recibió del Organismo Supervisor de la Inversión en Minería y Energía (Osinergmin) un “Acta Medida de Seguridad”, la cual ordena paralizar las actividades mineras metalúrgicas de la empresa.

Esta decisión fue tomada tras constatar y evaluar los daños causados por el derrame de relaves mineros al cauce del río Escalera, ubicado en el distrito de Huachocolpa, en la región Huancavelica, la cual figura en el “Acta Medida de Seguridad” del pasado 30 de junio.

La medida se sustenta en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 28964, que faculta - en caso existe indicios de peligro inminente- a Osinergmin “la paralización temporal de las actividades de cualquier área de trabajo de la unidad minera”.

Asimismo, una segunda “Acta Medida de Seguridad” del último 3 de julio, indica que la minera Caudalosa S.A. debe “tomar las acciones necesarias e inmediatas, para garantizar la estabilidad física de la relavera B, a fin de prevenir un colapso. También señala “tomar medidas inmediatas, a fin de evitar un nuevo evento en la relavera A.

Estas disposiciones de Osinergmin están también respaldadas en el artículo 18 del Reglamento de Procedimiento Administrativo Sancionador de Osinergmin, aprobado por la Resolución del Consejo Directivo de Osinergmin Nº 233-2009-OS/CD; así como lo dispuesto por los artículos 21º, 31º y 79º del Reglamento General del Osinergmin, aprobado por el Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM.

Diario La República-Lima 13/07/2010





DENUNCIAN “PERVERSO” ATROPELLO CONTRA DERECHOS DE PPII Y DOBLE DISCURSO DEL GOBIERNO


La Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI) denunció que el dictamen de la Comisión de la Constitución aprobado hoy responde a los intereses de las empresas mineras y petroleras y constituye un nuevo atropello e injusticia contra los pueblos indígenas u originarios.

CONACAMI señaló que el nuevo dictamen de la Ley de Consulta que acepta todas las observaciones formuladas por el gobierno “nos devuelve a la triste realidad” y confirma “que nada han aprendido los gobernantes de turno”.

La organización andina señala que la alianza del Partido Aprista, el fujimorismo y Unidad Nacional confirma su orientación política hacia los pueblos y comunidades: “el exterminio o la asimilación. No los derechos.”

Agrega que la política del gobierno se compone de “falacias, hipocresías y engaños” y recordó la postura del Estado peruano presentada ante la conferencia internacional de la OIT el 17 de junio. En esta ocasión sostuvo que la aprobación de la Ley de Consulta se hizo en consenso con los pueblos indígenas.

La Comisión de Constitución es sumisa al poder político y está sometida al poder de las multinacionales mineras, petroleras y forestales que “lucran con el negocio de la depredación, destrucción y contaminación de la Madre Tierra” continúa el pronunciamiento de la organización.

Precisamente, en las últimas semanas se han producido en el Perú graves accidentes calificados de “crímenes ambientales” en la cuenca del río Opamayo en Huancavelica o el derramamiento de crudo de petróleo en el río Marañon.

La CONACAMI sostiene que “no hay legitimidad en el gobierno ni en la Constitución”. Y la herencia constitucional fujimorista “genera exclusión social y fomentará nuevos Baguas y represiones sociales”.

La organización aboga por una Nueva Constitución Política que permita “construir un Perú unido en la diversidad, sobre la base del equilibrio entre naturaleza, sociedad y cultura” y el Vivir Bien para todos.

Respecto a la Ley de Consulta la CONACAMI demanda que los congresistas que aún conserven dignidad rechazen esta nueva versión “degenerada” de la iniciativa legal aprobada el 19 de mayo.
Conferencia de prensa

El miércoles 14 a las 12 del mediodíalas organizaciones de los pueblos indígenas realizarán una conferencia de prensa en el hall de los Pasos Perdidos del Congreso de la República para responder al acuerdo de la Comisión de Constitución y Reglamento.

La convocatoria señala que la decisión de aceptar las observaciones del Ejecutivo “bloquea un proceso de entendimiento entre el Estado y los Pueblos Indígenas que se había alcanzado en el proceso de elaboración y aprobación de la Ley el 19 de mayo”.

Dictamen de las mineras y petroleras es aprobado por la Comisión de Constitución del Congreso
Los Pueblos Indígenas andinos y amazónicos no queremos la degenerada legislación de consulta

La comisión de Constitución y Reglamento del Congreso del Perú consumó un acto más de injusticia -como tantos otros en su historia republicana- contra los pueblos indígenas originarios, que son las comunidades campesinas y nativas al aprobar por mayoría hoy martes 13 de agosto de 2010, un dictamen por el que se allana a las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo a la autógrafa del proyecto de Ley del Derecho a Consulta Previa de los Pueblos Indígenas.

La alianza política (APRA, FIJIMORI, Unidad Nacional) representados en la Comisión de Constitución del Congreso, nos confirma su orientación política respecto a las comunidades; política del Perro del Hortelano donde para los pueblos indígenas andinos y amazónicos solo cabe o el exterminio o la asimilación. No los derechos. La aplicación de estas políticas y la obsecuente intransigencia del gobierno provocaron los lamentables sucesos de Bagua. Esta decisión nos devuelve a la triste realidad que nada han aprendido los gobernantes de turno.

El poder Ejecutivo y el Congreso consagran una misma política de gobierno de falacias hipocresías y engaños, como el presentado a la comunidad internacional en su informe ante la OIT, el último 17 de junio de 2010 aseverando que la aprobación de la Ley de Consulta por el estado peruano ha tomando en cuenta consensos con los representantes de los Pueblos Indígenas. Demuestra también, que la Comisión de Constitución del Congreso es sumiso al poder político (del ejecutivo) y sometido al poder económico de multinacionales mineras, petroleras y forestales que lucran con el negocio de la depredación, destrucción y contaminación de la madre tierra como sucede con los crímenes ambientales en la cuenca del rio Opamayo en Huancavelica o derramamiento de petróleo en el río Marañon.

Este acto perverso cierra para las comunidades, la etapa del debate y la discusión por una ley; como el de la Consulta Previa y abre el camino de la lucha por nuestros verdaderos derechos como Pueblos Kechua Aymara y amazónicos. Derechos territoriales, culturales y políticos reconocidos que no alcanzaremos sino en un nuevo pacto social en el cual los pueblos indígenas seamos sujetos constitutivos del estado.

A las comunidades andinas, amazónicos a las organizaciones sociales, al pueblo peruano y a los congresistas dignos invocamos a:

No aprobar la degenerada Ley de Consulta. Es el momento de exigir al Congreso y los congresistas que si todavía les queda algo de dignidad no aprueben esta degenerada norma. Las comunidades reafirmamos que, con ley o sin ley, el Convenio 169 está vigente en el Perú y haremos cumplir su mandato. Que con todo esto, el Gobierno del Apra y de García solo agrava y profundiza su continua violación de obligaciones internacionales. No aprueben porque este es el Dictamen e interés de las todopoderosas transnacionales mineras y petroleras que operan en el país.

Convocar Nueva Asamblea Constituyente. Porque no hay legitimidad en el gobierno ni en la Constitución. La herencia constitucional fujimorista, defendida por el Apra, Unidad Nacional, Perú Posible genera exclusión social y fomentará nuevos Baguas y represiones sociales. Una Nueva Constitución nos permita construir un Perú unido en la diversidad, sobre la base del equilibrio entre naturaleza, sociedad y cultura, derechos colectivos para los pueblos, servicios públicos, derechos laborales, sociales y Vivir Bien para todos.

Respaldar la demanda y lucha de los pueblos de la Macro región sur en su acuerdo en realizar PARO MACROREGIONAL INDEFINIDO a partir del 27 de julio, en defensa del GAS y la SOBERANIA del Perú.

Servindi-Lima 13/07/2010





13 de julio de 2010

GENERA PROBLEMA ACTIVIDAD MINERA


El conflicto en Hualgayoc podría agravarse si el gobierno no decide enviar una comisión de alto nivel para resolver el problema de contaminación ambiental de las principales cuencas de esta provincia cajamarquina, denunció el presidente del Frente de Defensa, Napoleón Gutiérrez Anticona.

Aseguró que se han plegado a la lucha las bases de Bambamarca, Hualgayoc y Chugur, además de la provincia de San Miguel, cuya población también se opone a la expansión minera mientras no se termine la zonificación ecológica, económica y el reordenamiento territorial.

Gutiérrez dijo que el 26 de julio vence el plazo y los temas de agenda que se expusieron ante la Presidencia del Consejo de Ministros, el 5 de julio, son muy puntuales.

Diario La Primera-Lima 13/07/2010





EN LAGUNAS DE ALTO PERÚ SE HIZO EJERCICIO DE VALORACIÓN


Para lograr el desarrollo de una región como Cajamarca, es necesario insertar el tema biodiversidad en la planificación del desarrollo y vincular procesos regionales en marcha con la aplicación de la valoración económica del patrimonio natural.

Esa fue una de las conclusiones del seminario taller: “Valoración Económica del Patrimonio Natural en el departamento de Cajamarca”, organizado por el Ministerio del Ambiente y la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente (RENAMA) del Gobierno Regional de Cajamarca.

Este trabajo, de dos días, incluyó la visita a las Lagunas de Alto Perú, en el distrito de Tumbadén, provincia de San Pablo, donde se realizó un ejercicio de valoración económica del potencial hídrico y turístico a favor de los cajamarquinos.

La región Cajamarca posee importantes ecosistemas que suministran servicios ecosistémicos, que son el sustento de las principales actividades económicas, siendo la agricultura y la minería responsables del 21.7% y 20% del PBI regional respectivamente.

Entonces, se hace necesario formular una agenda de trabajo para incorporar la gestión de los ecosistemas y de la diversidad biológica en las políticas ambientales regionales y en el nivel programático de la región, a través de los planes de desarrollo concertado, los proyectos de inversión pública y de los financiados por la cooperación internacional.

En el caso del Gobierno Regional, con la Estrategia Regional de la Biodiversidad de Cajamarca al 2021 se ha consolidado una herramienta que le otorga a los ecosistemas y biodiversidad la importancia para aprovechar de manera responsable y sostenible los recursos que nos ofrecen, acciones que ayudarán a combatir la pobreza así como nuestro medio ambiente.

“Las políticas ambientales también promueven la economía de los ecosistemas y la biodiversidad, la que pretende llamar la atención sobre los beneficios económicos globales de los ecosistemas, para poner de relieve los crecientes costos de la pérdida de biodiversidad y degradación de los ecosistemas”, expresó Sergio Sánchez, gerente de RENAMA.

Diario Panorama Cajamarquino 13/07/2010





El nivel de contaminación en el río Marañón sobrepasa los estándares de calidad ambiental y los nativos reclaman por ayuda.

APUS CONTRA PLUSPETROL


Un estudio del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana determinó que el derrame de petróleo en el río Marañón sobrepasa los estándares de calidad ambiental, afectando primero los microorganismos que viven en el agua (algas y crustáceos), luego los peces y finalmente a los humanos.

Apus de 60 comunidades indígenas de las orillas del río Marañón llegaron a Iquitos para rechazar las operaciones de Pluspetrol por contaminar los ríos de Loreto y abandonar a los pobladores afectados por un derrame de petróleo en el terminal de la estatal PetroPerú, el 19 de junio, sin que el gobierno haya tomado medidas para sancionar a los responsables.

Llegaron a la capital de Loreto los jefes de caseríos de Lisboa, Lagunillas, Parinari, Bagazán y otros, para demandar ayuda y exigir a las autoridades a adoptar acciones para evitar que se continúe con la contaminación ambiental, pues viven de la pesca y caza, así como de la naturaleza. Voceros de los Apus indicaron que pedirán declarar en emergencia toda la provincia de Loreto, a consecuencia de la explotación de Hidrocarburos, y acusan a Pluspetrol por atentar contra los indígenas y el medio ambiente.

Pluspetrol ha demorado en atender con agua y medicina a las comunidades afectadas por el derrame, pero también hubo una lentitud por parte de las autoridades para implementar un plan de contingencia, observaron.

Pluspetrol, que en los últimos años ha causado otros derrames de petróleo, sobre todo en Loreto, aseguró que “los trabajos de limpieza y remediación en el río (Marañón) concluyeron el 25 de junio” y que mantendrá el puente aéreo y fluvial para llevar víveres y agua a las poblaciones de Urarina y Parinari.

Sin embargo, pobladores de 29 comunidades del distrito de Parinari se reunirán este jueves en la localidad de Santa Rita de Castilla para tomar acciones de lucha, como impedir el pase de naves por el río Marañón, por el supuesto incumplimiento de Pluspetrol de entregar ayuda a todos los afectados por el derrame de crudo en San José de Saramuro, ocurrido hace tres semanas.

Indicaron que los representantes de Pluspetrol prometieron a los dirigentes indígenas entregar alimentos, agua y medicinas. “Es una tremenda mentira cuando Pluspetrol saca comunicados a la opinión pública diciendo que cumple con todo lo acordado cuando ellos saben que no es así”, sostuvo Mayer Curitima Caritimari, de la comunidad de Parinari.

Diario La Primera-Lima 13/07/2010





60 COMUNIDADES ARRIBAN A IQUITOS PARA PROTESTAR POR DERRAME EN EL MARAÑÓN


Aproximadamente representantes de sesenta comunidades indígenas ubicadas a orillas del río Marañón llegarán hoy en la tarde a Iquitos para protestar por el derrame de petróleo ocurrido el 19 de junio.

Las comunidades pertenecientes a diferentes etnias se encuentran afectadas por la actividad extractiva que desarrolla en la zona la empresa de origen argentina Pluspetrol, que derramó 400 barriles de crudo en el río Marañón.

Las delegaciones de comunidades y caseríos como Parinari, Lisboa, Lagunillas, Bagazán, entre otros, exigirán al Gobierno Regional de Loreto adoptar acciones inmediatas que impidan se agrave la contaminación de los ríos y atiendan a la población afectada.

Desde el derrame la población se ha visto obligada a cambiar su forma de vida y exigen se declare en emergencia toda la provincia de Loreto y se denuncie a la empresa Pluspetrol por el abandono en que los tienen.

Sin embargo, la empresa informó a través de una nota de prensa que “los trabajos de limpieza y remediación en el río concluyeron el viernes 25 de junio”.

“Hemos implementado un programa de monitoreo de calidad de aguas en el área, a fin de verificar la efectividad de estas labores”, precisó.

Un tema prioritario para Pluspetrol Norte es mantener activo el puente aéreo y fluvial establecido para continuar con la distribución de víveres y agua a las poblaciones de los distritos de Urarina y Parinari.

La nota de prensa indicando que “para Pluspetrol Norte, es fundamental colaborar y participar con las diferentes instituciones en todos los esfuerzos para el monitoreo y estudio de la calidad de las aguas, con el objetivo de darle tranquilidad y confianza a la población”.

La presencia de los Apus en Iquitos contradice todas estas afirmaciones y, según los voceros, no se retirarán de la capital loretana sino atienden sus pedidos.
Anuncian cierre del río Marañón

En tanto, los pobladores de veintinueve comunidades de Parinari, Loreto, se reunirán este jueves en la localidad de Santa Rita de Castilla para decidir qué acciones de lucha iniciarán ante el incumplimiento de la empresa Pluspetrol de entregar alimentos, agua y medicinas a todos los afectados por el derrame.

La primera propuesta escuchada por la población indígena es cerrar el río Marañón como medida de presión para la empresa que en reiteradas oportunidades incumplió con sus compromisos.

Servindi-Lima 12/07/2010





AFECTADOS POR DERRAME PROTESTARÁN POR INCUMPLIMIENTO DE PLUSPETROL


Pobladores de 29 de comunidades del distrito de Parinari, provincia de Loreto, se reunirán este jueves en la localidad de Santa Rita de Castilla para implementar acciones de lucha ante el incumplimiento de la empresa Pluspetrol de entregar alimentos, agua y medicinas a todos los afectados por el derrame de petróleo ocurrido el pasado 19 de junio en el terminal de Saramuro de Petroperú.

La propuesta de los pobladores es cerrar el río Marañón como medida de presión para la empresa que en reiteradas oportunidades incumplió con sus compromisos y por el contrario viene mintiendo a la opinión pública difundiendo comunicados donde se afirma que si se viene entregando ayuda a los afectados por el derrame.

“Hemos tenido tres reuniones con Marisol Rodríguez y Alejandro Mattos, representantes de Pluspetrol. Ellos se comprometieron a entregar alimentos, agua y medicinas pero todo quedó en nada. Es una tremenda mentira cuando Pluspetrol saca comunicados a la opinión pública diciendo que cumple con todo lo acordado cuando ellos saben que no es así”, sostuvo Mayer Curitima Caritimari, representante de comuneros de Parinari.

Por su parte, Rusbel Rimachi Canaquiri, miembro de la comisión de dialogo de Parinari, dijo que la población ha sido convocada para este jueves donde se distribuirán tareas para proceder a tomar el río Marañón pues consideran que es la única forma de evidenciar la situación en la que se encuentran.

“La intención es cerrar todo el río Marañón para que ellos vean que en verdad tenemos la necesidad de alimentos, agua y medicinas. La empresa no esta cumpliendo con esos compromisos asumidos. Por esa situación hemos llegado a Iquitos, queremos entrar a dialogar con la intermediación de las autoridades Pero nosotros creemos que por debajo de la mesa de hacen otras cosas, como pasa con el alcalde de nuestra provincia, Rene Navarro, quien se ha convertido en el vocero de Pluspetrol”, dijo el dirigente en referencia al alcalde provincial de Loreto-Nauta, Rene Navarro Dos Santos, quien el último fin de semana promovió una reunión secreta entre comuneros y representantes de Pluspetrol, la misma que fue suspendida por razones que aun se desconocen.

Los delegados rechazaron el reciente comunicado difundido hoy por Pluspetrol mediante el cual informa que, “un tema prioritario para Pluspetrol Norte es mantener activo el puente aéreo y fluvial establecido para continuar con la distribución de víveres y agua a las poblaciones de los distritos de Urarina y Parinari. A efectos de dar tranquilidad a las comunidades, esto se vienen realizando con fluidez gracias al diálogo permanente con ellas”.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 12/07/2010





DAÑOS AMBIENTALES QUE EL GOBIERNO PODRÍA EVITAR


Es necesario que se desarrollen proyectos ecológicos que garanticen que nuestros recursos naturales sean usados, pero no abusados, como sucede en la práctica

Es irónico, pero mientras países con menos recursos naturales que los nuestros han intensificado sus políticas de protección del medio ambiente, en el Perú seguimos minimizando desastres ecológicos, como los producidos hace poco en Huancavelica y en la cuenca del río Marañón.

En este último caso, como ha dado a conocer una investigación de El Comercio, los perjuicios parecen ser más graves de lo que se había imaginado. Sin embargo, hasta la fecha, el Gobierno no ha sancionado a la empresa responsable de la contaminación —Pluspetrol— ni tampoco ha tomado medidas frente a estos frecuentes “accidentes”.

Como hemos señalado siempre en esta columna, las tareas de conservación del ambiente no se reducen a actuar por reacción, cuando el daño ya se perpetró o simplemente para responder a la queja ciudadana que suelen generar estos atentados.

La salida es prevenir su ocurrencia, mediante mecanismos puntuales de riguroso cumplimiento por todos los actores involucrados, desde las mineras y las empresas petroleras, hasta la sociedad civil organizada, las comunidades amazónicas e indígenas y la población en general. Luego, producido el perjuicio, se requiere actuar de inmediato, para revertir en algo los efectos de problemas medioambientales casi siempre irreversibles y de impacto impredecible. Finalmente, se necesita desarrollar proyectos y negocios ecológicos que garanticen que nuestros valiosos —y cada vez más escasos— recursos naturales sean usados, pero no abusados, como sucede en la práctica.

En el caso de la contaminación por petróleo en el río Marañón, producida el pasado 19 de junio, nada de eso se ha cumplido.

En primer lugar, si existen antecedentes de barcazas con petróleo que se vuelcan en los ríos, Pluspetrol debió prevenir y trasladar el crudo en una nave más confiable. Lo contrario solo revela informalidad, negligencia grave y la ausencia de una política de responsabilidad social; algo por lo demás injustificable en una empresa que opera en varios países y que opera en una zona que antes estuvo en manos de Petro-Perú.

Igualmente, nada justifica la inacción después de 23 días de ocurrida la desgracia. La empresa dice que está evitando la dispersión del petróleo que, sin embargo, ha afectado ya a diez comunidades que se abastecen de las especies y de las aguas del río, y a las que ha pretendido compensar con alimentos.

El Gobierno no ha reaccionado. La Marina sigue investigando qué pasó y el actual presidente regional de Loreto distribuye bolsitas de agua entre los damnificados para hacerse propaganda camino a la reelección. Obviamente, tampoco ha habido sanción; este atentado contra la ecología sigue impune.

Sería bueno preguntarse qué habría pasado si el derrame de petróleo hubiera sucedido en otro país, más preocupado por su ecología. Aquí, en el Perú, no valoramos nuestras riquezas naturales, pues la defensa del ambiente sigue siendo una necesidad de segundo orden.

Lo que necesitamos es un Estado que priorice políticas de desarrollo sostenible, promueva la interacción de la economía, la sociedad y el ambiente, facilite la innovación tecnológica, y regule y controle el uso responsable de nuestros recursos.

Diario El Comercio-Lima 12/07/2010