MINERÍA ¿A DÓNDE NOS LLEVA?
Hace unos días el Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley que pide declarar "de interés nacional" 20 proyectos mineros en todo el país. La iniciativa ha causado gran inquietud en sectores que abogan por la inversión responsable: se avizora un radical respaldo del gobierno a esta actividad extractiva, normas más flexibles para las empresas y, sobre todo, nuevos conflictos con las comunidades.
Por Raúl Mendoza
El proyecto de ley número 1640, con apenas media página de exposición de motivos y tres artículos, llegó a mesa de partes del Congreso los últimos días de setiembre. Lo enviaba el Ejecutivo y, a pesar de su breve extensión, era un proyecto cargado de pólvora: planteaba declarar "de interés nacional la ejecución de (veinte) proyectos de inversión en la actividad minera" ubicados en doce regiones del país. El documento llegó acompañado de un oficio, firmado por el presidente Alan García y el jefe del gabinete Jorge del Castillo, donde se le pedía al titular de ese poder del Estado disponer su trámite "con carácter de urgente".
Por ahora el proyecto de ley está en compás de espera. Algunos congresistas de provincias pusieron el tema en la agenda noticiosa y entonces saltaron las preguntas. La principal es: ¿Qué significa declarar ‘de interés nacional’ cierto número de proyectos mineros? En su exposición de motivos, el Ejecutivo intenta explicarlo: "Al ser declarados de interés nacional, los citados proyectos de inversión podrán ser agilizados en sus fases de concesión, diseño, ejecución, planeamiento y construcción". El proyecto, además, plantea incorporar a la primera relación "otros proyectos de inversión" más adelante. Sobre las comunidades y el diálogo no dice nada.
El presidente Alan García y el ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, están más cercanos a la inversión minera que a los intereses de las comunidades.
Todo indica que el gobierno ha tomado abierto partido por la inversión minera y este es el punto de inflexión. Por eso las voces discrepantes no han faltado. Para Ana Leyva, secretaria ejecutiva de
Teniendo en cuenta los problemas del pasado con las comunidades que se han sentido violentadas por la actividad minera y el reciente conflicto en la sierra piurana con Majaz, el Ejecutivo no está ‘leyendo’ bien la coyuntura. La lección dejada por el enfrentamiento en Piura –y antes en Tambogrande– fue bien clara: cualquier proyecto que involucre tierras comunales, fuentes de agua, la eventual destrucción o contaminación de tierras de cultivo, debe concertarse con la población y no imponerse. ¿No sirvió de nada esa experiencia? "Para el gobierno parece que la minería es buena per se y se ha lanzado a promoverla sin reparos", dice Ana Leyva.
CONFLICTO A
Los relaves mineros que pasan por el túnel Kingsmil contaminan el río Yauli.
El proyecto de ley 1640 augura entonces un panorama de conflictos. Sobre el tema, José Luis López Follegati, coordinador ejecutivo del Grupo Diálogo Minero –un espacio que reúne a empresarios mineros, comunidades, ONGs y al Estado– explica: "Si un proyecto minero tiene que probar que no tendrá impacto social y que se desarrollará bien, esta premura de declarar ‘de interés nacional’ varios proyectos parece decir ‘sea lo que sea, salga lo que salga en el estudio de impacto ambiental, igual va a ser implementado’. Y esta imposición genera conflictos ¿Quién nos asegura que mañana (en el futuro) las comunidades de estas zonas no se reúnan y den una respuesta nacional? ¿Se les va a dominar con tanques y policías?".
A veces la historia se repite y López Follegati recuerda que iniciativas parecidas ya ocurrieron en los años 70. "Velasco solía declarar ‘de interés nacional’ varias cosas y debido a eso hemos vivido, por ejemplo, el mayor desastre urbano ocurrido en una ciudad con el tajo abierto en Cerro de Pasco. También ocurrió lo mismo con Cuajone, en Moquegua, donde se invirtió la prioridad sobre el agua: primero agua para la minería y después para la agricultura. Eso ocasionó graves problemas hídricos en Tacna y Moquegua e impactos por el relave". ¿Hay ahora un sesgo autoritario en la propuesta hecha por Alan García al Congreso? Por supuesto.
Protesta por la contaminación del agua en el cerro Quilish, Cajamarca. El caso ha provocado varios conflictos
Son veinte los proyectos mineros declarados "de interés nacional" y en varios de ellos hay conflictos que vienen de atrás. Algunos ejemplos: en Majaz (Piura) la población se opone por el riesgo de contaminación de ríos y suelos; en Quellaveco (Moquegua) las comunidades temen la contaminación del agua y su escasez por el desvío del río Asana; en Michiquillay (Cajamarca) reclaman que la empresa destine fondos a proyectos de desarrollo; en Las Bambas (Apurímac) los pobladores exigen la reestructuración del fideicomiso que administra el fondo obtenido por su explotación; en Tía María (Arequipa) el reclamo también es por la posible contaminación del agua. En varios de los proyectos, la mina choca con la actividad agrícola.
Para el actual gobierno parece ser que sólo la minería salvará al Perú. Y sobre este aspecto los expertos llaman la atención: "El país tiene una gran biodiversidad que debe ser aprovechada. Además de la minería, no se plantea nada sobre otros sectores. Tenemos sólo un 6% de área agrícola aprovechada y no hemos asegurado la producción alimentaria. Y ahora esta óptica de apostar casi todo a la minería deja una reflexión: debemos aprovechar otras potencialidades. Parece que el gobierno no se da cuenta de que los proyectos mineros se cruzan con otros proyectos de desarrollo que existen en los mismos territorios", dice Ana Leyva, de
¿QUÉ PASARÁ?
La contaminación en
En medio de esta preocupación creciente, ¿qué dice el gobierno? El último martes el viceministro de Minas, Felipe Isasi, estuvo en el Congreso y quiso poner paños fríos sobre un tema de por sí caliente. Dijo ante los miembros de
Durante la semana hubo rumores de que el proyecto iba a pasar a debate –sin discusión en comisiones– en el Pleno del jueves. El congresista Juvenal Ordóñez, miembro de
Ordóñez ha planteado a los presidentes regionales reunirse el 13 o 14 de octubre junto con los congresistas de las doce regiones donde están los proyectos mineros para tratar el tema. Varias organizaciones medioambientales, como Conacami o
Para José Luis López Follegati la salida es un pacto social para impulsar una nueva minería. "Una en la que en forma conjunta se logren acuerdos como la consulta en las comunidades, el desarrollo de proyectos de forma coordinada, la posibilidad de que la minería no afecte la disponibilidad del agua y la responsabilidad social sea de todos. Un pacto social entre empresas, comunidades, gobiernos locales y el Estado, que debe actuar con equidad y no parcializarse". Está claro que en algunos lugares la minería puede funcionar y generar riqueza, pero hay otros en donde el desarrollo va por otra vía. El proyecto de ley 1640 es pro minero, pero puede generar la más grande respuesta anti minera. Hay que tener cuidado con eso.
Diario
“
Entrevistadora aguda y nada complaciente, Rosa María Palacios no esconde ni acomoda sus opiniones políticas. Es liberal y de derecha. Hábil para la polémica, esgrime ideas, más que prejuicios. Aquí toma posición frente al segundo gobierno de Alan García, defiende las inversiones mineras en el país –aunque admite que se han cometido graves errores– y culpa al Estado y a un sector de las ONG de los últimos conflictos socioambientales en el interior del país.
Por Nilton Torres
Esta semana en su programa "Prensa libre" se detuvo a comentar la caída del dólar y la inflación leve pero preocupante. Rosa María Palacios reconoce la preocupación de la gente ante estos asuntos que a muchos necesariamente evocan al fantasma del primer y desastroso gobierno de Alan García Pérez. En su opinión, el presidente García no es ni será el mismo del quinquenio 1985-90, ya que el mandatario, para sorpresa de muchos y aunque a la izquierda no le guste reconocerlo, ha asumido un esquema económico liberal, de derecha, que es el que hasta ahora nos ha permitido salir de la crisis.
–Se dice que tenemos un presidente de derecha, ¿compartes esa opinión?
–Yo presumo, porque hasta la fecha el presidente García no me ha querido dar una entrevista, que el terror de convertirse en ese presidente que fue en
–¿Por qué?
–El gobierno no tiene cuadros gerenciales ni una burocracia que acompañe su buena voluntad. Sólo con buena voluntad no se administra el Estado. Yo soy una persona liberal y no voy a cuestionar la disciplina fiscal, la estabilidad de los contratos, la defensa de la propiedad privada, y puedo decir que las dos grandes debilidades del gobierno son la redistribución y la corrupción. Y cuando digo corrupción no es que el gobierno sea corrupto, sino que permite la corrupción.
–Redistribuir también implica una mayor inversión social...
–La población necesita que el gobierno llegue con servicios básicos. Si la educación es pésima, si la salud es pagada, tienes un problema serio. Mientras no se emprenda una reforma del Estado en serio, no se va a poder redistribuir ni con velocidad ni con eficiencia. Y no es un tema de derecha o izquierda, sino de incompetencia. Hay que aprovechar estos años de crecimiento para redistribuir y sembrar en cosas que vas a cosechar en los próximos años. Básicamente nutrición, educación y salud. Yo veo al país con optimismo.
–Bueno, si lo comparamos con todo lo que hemos vivido...
–No estamos en el paraíso... digamos que en el purgatorio. Yo no critico que se quiera respetar los contratos con la minería, por ejemplo, porque en el mundo no puedes incumplir tu palabra ante un contrato o un tratado. Así como en el mundo no se pueden violar los derechos humanos, hay reglas de economía que no puedes violar, seas de derecha o de izquierda.
–¿Y por eso el apoyo del gobierno a las empresas mineras?
–Sí. Es falso que no paguen impuestos, pagan el 30% de todas sus rentas, y de eso la mitad se destina al canon. Lo que sucede es que los problemas que tiene el Estado a escala nacional, se repiten a escala regional y local. Una municipalidad pequeña, con cinco regidores, tiene millones para gastar, pero no lo hace de manera eficiente y en el tiempo en el que la población reclama. Pero el desprestigio no es para el gobierno ni para el alcalde, sino para la minería. Y eso es un disparate porque el minero ya contribuyó y se pregunta por qué el Estado no da el servicio que exige la población y se lo pide a él.
–Entonces asume el rol del Estado.
–Sí, entonces la empresa minera hace la escuela, la carretera. Pero luego tienes otro problema. Un país moderno tiene que establecer reglas de control ambiental, pero qué pasa, que la población no cree que el Estado las va a hacer cumplir, y por eso se oponen a la minería. Si la gente maneja en el Perú sin brevete y no pasa nada, ¿por qué la minera no va a tirar su cochinada sin que pase nada? El Estado trata de hacer consenso entre minería y población, cuando es el que debe hacer cumplir la ley, él es el actor principal.
–Y no salir a condenar una consulta vecinal en Ayabaca.
–Bueno, pero también es cierto que del lado de la protesta anti minera no hay juicio, hay prejuicio.
–¿Pero esos prejuicios no surgen precisamente porque en la mayoría de casos el empresario minero no es responsable y se zurra en las normas?
–Los que se zurran y a quienes las ONG no les dicen nada son los mineros informales, y ¿por qué? Porque pobrecitos, y entonces esos pobrecitos sí pueden contaminar. Pero además no le puedes pedir a una población que tiene una mina de oro debajo que siembre limón. ¿Qué va a hacer esa gente? Coger su pico, su lampa y ponerse a cavar. Yo lo haría. Me saqué la tinka. Pero ese es el peor modelo de explotación que puede haber. Y eso es lo que genera la falta de credibilidad en la palabra del Estado y de la empresa privada.
–¿Y cómo crees que se recupera esa credibilidad?
–Ese es su trabajo. Los peruanos tienen todo el derecho a dudar, pero además la gente le teme al cambio. Nadie quiere que le pongan un grifo o una discoteca al lado de su casa, y en el área rural pasa lo mismo. Es cierto que la minería trae riqueza económica, pero no para todos. Y esa riqueza que es más empleo y más trabajo, trae
inmediatamente un modelo de desarrollo urbano que puede ser resentido por algunos sectores. Donde hay plata, hay bares, prostíbulos, gente dedicada al lucro, y esos valores no se quieren en una población rural tranquila. Llegan los foráneos con sus valores y eso es resentido. Hay una perturbación social que pocos destacan.
–Pero el gobierno declara a esa gente enemiga del desarrollo.
–Pero ponte en los pantalones del gobierno. La renta que genera la minería es el 50% de la renta nacional. Si se la quitas no se puede aumentar a los maestros, a los policías, hacer carreteras. Hay una frase que es muy buena: "Quiero canon, pero no mina". Eso no se puede. Entonces la gran discusión es: ¿tiene una circunscripción de cinco mil habitantes el derecho
a negarle la renta que va a generarle a toda la sociedad peruana una mina? Si se puede garantizar que esa mina no va a perturbar a la larga el orden ambiental, no tiene derecho. Pero aún allí hay un tema discutible.
–Las mineras deben buscar a la población y comprometerse a no dañar sus tierras, pero nunca lo hacen, quieren imponer en vez de dialogar.
–Pero es que tienes grupos que no quieren que se le explique mejor al campesino ni se garantice que una explotación se va a hacer de manera correcta. Simplemente quieren que la minería no exista per se. Y eso no me lo invento yo. Hay una tendencia mundial que considera que las industrias extractivas son demoniacas, y son las ONG las que auspician esto.
–¿Y por qué las mineras no crean sus propias ONG y contradicen este discurso con argumentos?
–Yo he dicho que deben defender sus intereses, sino van a terminar como en la reforma agraria. Aquí había empresas muy modernas que pagaban puntual, pagaban sus impuestos, pero tenían formas de explotación del siglo XVI. Entonces surgió esta reforma que tenía detrás un esquema ideológico de romperle el espinazo a la oligarquía nacional. Y el sistema ideológico que está detrás de los antimineros es de profunda orientación socialista. No quieren que la empresa privada explote los recursos naturales, quiere que lo haga el Estado.
–Admite que hay una intolerancia que viene de ambos lados.
–Sí, una intolerancia que no conduce a nada, porque finalmente no puedes tener un proyecto minero donde toda la comunidad se opone. Ese es un caldo de cultivo de la protesta. Y esto se da cuando, por ejemplo, el oro en el mundo está en alza y aquí no hay mayor explotación de ese mineral.
–Pero esa desconfianza de la población es directa responsabilidad de las empresas mineras.
–Seguramente, y el Estado no dio la explicación debida. Con el tiempo Yanacocha se va a ir, ¿estarán mejor los cajamarquinos cuando eso pase? Parece que sí. Si se hubiera seguido extrayendo el oro estaríamos recibiendo más rentas. Estamos en el mejor momento del mundo para vender minerales, pero las empresas se enfrentan a la población, hacen seguimientos a los que se les oponen, cuando la conducta de la minería debería ser impecable para ser creíble.
"Yo reivindico los DDHH "
–Eres una periodista de derecha, pero no tienes reparos en pasarte a la vereda de enfrente y reclamar por barbaridades como el atentado contra el memorial "El ojo que llora".
–Pero quién le ha dicho a la izquierda que los derechos humanos son de su patimonio. Es como el folclore, dicen que es de izquierda. El derecho a la vida y a la libertad, que es un derecho fundamental, nacen de la tradición liberal. Y además la izquierda asumió como suyo el paradigma liberal que el Estado es el único violador de derechos humanos. Lo que pasa es que aquí tuvimos una fuerza como Sendero Luminoso que quiso apropiarse del Estado, pero a su vez un Estado que mató ilegalmente.
–Y en ese contexto se ubica tu modo de entender este tema.
–Yo no celebro la vida de las personas que están en "El ojo que llora" porque de repente sus vidas no merecían una celebración. No lo sé, no soy juez. Lo que sí condeno es la muerte, y eso no lo entienden algunos amigos periodistas. Condeno la muerte producida por Sendero Luminoso y la barbarie del Estado y no tiene nada que ver la forma en que condujeron sus vidas. Hayan sido autoridades, senderistas, policías o amas de casa.
¿Fujimoristas? : “Perro que ladra no muerde”
–¿Crees que con Fujimori en el Perú se polariza el país?
–A Fujimori le va a pasar lo mismo que a Vladimiro Montesinos. Va a ser una noticia importante que vamos a seguir con atención, pero un tiempo. Después la propia gente va a decir ‘ya lo condenaron, que cumpla su condena y que se vaya a su casa’. No creo que el fujimorismo tenga capacidad de movilización ni de polarizar nada. Su base económica de apoyo está encantada con Alan García, y su base popular está encantada con Ollanta Humala. Sólo tiene un grupo de gente leal, que puede ser el 10% de la población, y otro grupo al que le da pena su situación.
–Pero reclaman y amenazan a quienes exigen castigo para el ex presidente.
–Pero no pueden amenazar. Perro que ladra no muerde. Tienen 13 votos en el Congreso que sirven de adorno, aunque en algún momento pueden ser importantes porque son disciplinados, votan todos juntos. El fujimorismo se ha convertido en un clan familiar integrado por los hijos, los amigos, los empleados, como su abogado y su publicista. Nadie más. Y gente muy resentida que ha sido maltratada, que trabajó con el fujimorismo y que era honrada. Entonces sienten que al reivindicar a Fujimori, se reivindican ellos.
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