31 de diciembre de 2007

AUMENTARON EN NÚMERO E INTENSIDAD LOS CONFLICTOS SOCIALES VINCULADOS A LA MINERÍA


La percepción de las comunidades afectadas es que el gobierno ha optado por ponerse del lado de las compañías mineras.


Por Milagros Salazar.


Tensión. No solo los problemas medioambientales generaron los conflictos sino también los reclamos laborales de los mineros.

Los conflictos sociales más violentos y de mayor vitrina en 2007 se concentraron dentro y fuera de los enclaves mineros. No solo se agudizó la relación de amor-odio entre las empresas mineras y las comunidades vecinas que temen por la contaminación de su ríos y tierras, sino que el descontento también se evidenció en las instalaciones de estas compañías por las demandas de mejoras laborales de sus trabajadores.

Entre enero y noviembre, los conflictos socioambientales encabezaron el ranking de los conflictos sociales del país, según los reportes mensuales de la Defensoría del Pueblo. Estos casos representaron más del 40% de los conflictos y el 70% estuvieron relacionados con la actividad minera. Estos datos revelan que las comunidades no solo evidencian una preocupación puramente ambientalista sino que sobre todo fijan una posición de resistencia ante la eventual destrucción de su medio de vida, que se sostiene principalmente en la agricultura y la ganadería.


DE ESPALDA A LOS RECLAMOS


"Al gobierno se le sigue viendo como un actor que toma partido por las empresas y no protege sus derechos por la desesperación de seguir manteniendo el crecimiento económico, incluso, acosta de alimentar la desconfianza", apuntó el economista José De Echave, responsable del programa Minería y Comunidades de la ONG CooperAcción.

La decisión de los gobiernos de turno ha ido a contracorriente de los reclamos sociales: entre 2002 y mayo de 2007, la cantidad de terrenos autorizados por el gobierno central para la actividad minera creció en 77.4%, al mismo tiempo que la convulsión social.

Si en octubre de 2006, se registraban 13 conflictos en plena ebullición (activos, según la Defensoría), un año después la cifra llegó a 34.

Los conflictos de las mineras Majaz (Piura) y Yanacocha (Cajamarca) fueron los de mayor intensidad en lo que se refiere a la relación hostil entre comunidades campesinas, empresas y Estado. Mientras que en el tema laboral, los casos de las mineras Casapalca y Los Quenuales saltaron a la primera plana con el saldo de seis muertos que dejaron los enfrentamientos entre la policía y los mineros, y el bloqueo de la Carretera Central en manos de los manifestantes, lo que perjudicó a los pasajeros con problemas de salud.


LA EVOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS.


"Los trabajadores reclaman un capitalismo con derechos, piden que así como la economía y las utilidades de las mineras crecen también se atienda sus reclamos. Pero lo único que han hecho el régimen aprista es gobernar con los ricos en desmedro de los pobres ", opinó el sociólogo Sinesio López.

Para el especialista, la población que protagoniza los conflictos sociales reclama nación". No resulta casual que el 82% de los conflictos sociales registrados por la Defensoría del Pueblo en noviembre último, tengan como escenario zonas de pobreza y que el 61% correspondan a áreas rurales, donde difícilmente se brinda servicios básicos.

Los reclamos de los trabajadores mineros también tienen que ver con el hartazgo de un escenario laboral de explotación. Un trabajador de las contratistas de Casapalca recibía (hasta julio en que los reclamos se desbordaron) una remuneración efectiva de S/. 343 al mes, a pesar de desarrollar una labor de alto riesgo.


SE IMPUSO LA VIOLENCIA


Las otras fuentes de conflictos son las gestiones municipales, regionales y de delimitación territorial, advierte la Defensoría (ver infografía). "En términos de gobernabilidad democrática habría que prestarle tanta atención a estos conflictos como a los socioambientales. El manejo oscuro del presupuesto, el copamiento partidario o familiar de los cargos públicos suelen colmar la paciencia de los ciudadanos, que, con demasiada prisa, recurren a medidas violentas", escribe el jefe de la Unidad de Conflictos de la Defensoría, Rolando Luque, en la reciente edición de la revista "Ideele".

El diálogo no ha sido el mecanismo más utilizado: de los 80 conflictos registrados en octubre, solo en 12 casos las partes enfrentadas se sentaron a la mesa a conversar.


CREARÁN UNIDAD DE CONFLICTOS


El jefe de la Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque, señaló que el Estado debe concentrarse en diseñar una estrategia de prevención de conflictos que fortalezca la institucionalidad regional y local, para lograr llegar a acuerdos.

Al respecto, el secretario de coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros, Juan Manuel Figueroa, manifestó que desde enero se instalará una unidad en la PCM que permita monitorear y prevenir los conflictos. Figueroa explicó que este año solo operó una oficina para cumplir con esta labor en apenas tres regiones con el financiamiento de PNUD.

Diario La República – Lima 31/12/2007