AFIRMAN QUE EJECUTIVO SÓLO RESPONDE A INTERESES DE MINERAS
La cúpula del poder político peruano está subordinada a la presión de los intereses económicos que el neoliberalismo impone para ejecutar el proyecto de la empresa Minera Río Blanco Copper S.A (antes Minera Majaz S.A.), afirmó el director de Radio Marañón de Jaén (Cajamarca), Francisco Muguiro.
En declaraciones a la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), Muguiro Ibarra repudió la denuncia por terrorismo en contra de quienes apoyaron la consulta vecinal del 16 de setiembre en las provincias de Ayabaca y Huancabamba, cuya población rechazó mayoritariamente las operaciones mineras.
En ese contexto, Muguiro Ibarra señaló que el desarrollo minero no se puede edificar sobre la base de calumnias contra sus críticos; por el contrario, destacó la necesidad de mantener un diálogo permanente, sin exacerbar, ni polarizar los ánimos de la población.
Recordó además, que la compañía Majaz pretende explotar los recursos minerales, invadiendo los terrenos de las comunidades campesinas y
sin tener los correspondientes estudios de impacto ambiental.
Finalmente, el director de Radio Marañón refirió que la consulta del año pasado fue plenamente legal; por ende, no merece los ataques de aquellos que pretenden descalificar la voluntad popular.
El 24 de marzo, la “Asociación Civil Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas” (ACFUCCSC), entidad de reciente creación, y que apoya las actividades de la empresa Minera Río Blanco Copper S.A (antes Minera Majaz S.A.), denunció a 28 personas que impulsaron la consulta vecinal en Piura y los sindican como representantes de grupos radicales de izquierda y remanentes de Sendero Luminoso (SL) y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
La denuncia, derivada en tiempo récord desde la Quinta Fiscalía Procesal Penal de Piura a la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (DINCOTE), incluye a alcaldes así como a conocidos activistas y defensores de derechos humanos en el país. Entre ellos destacan los integrantes de la Red Muqui, Javier Jahncke Benavente, Julia Cuadros y Juan Aste Daffós; Nicanor Alvarado, del Vicariato Apostólico de Jaén; Carlos Martínez, alcalde provincial de San Ignacio; así como Wilson Ibáñez del Frente de Defensa del Medio Ambiente de Huancabamba, Servando Aponte y Cenesio Jiménez, presidentes de las comunidades campesinas de Segunda y Cajas y Yanta, entre otros.
Según han denunciado diversas instituciones y organizaciones piuranas, la ACFUCCSC está compuesta por personas que no son parte de la comunidad de Segunda y Cajas, y mucho menos tienen alguna representación de las organizaciones sociales locales.
Señalan también que esta denuncia contra los defensores de los recursos naturales de Ayabaca, se da en medio de una campaña emprendida por algunos medios de prensa, empresas y por el propio gobierno, que pretenden vender la falsa idea de la existencia de una supuesta “red antisistema” que se opone a la minería y busca desestabilizar al gobierno.
Cabe precisar que, actualmente, existe un proceso penal y una investigación fiscal en el Juzgado Penal Mixto de Ayabaca y la Fiscalía Provincial Mixta de Huancabamba por delito de usurpación agravada, iniciado por las comunidades campesinas de Yanta y Segunda y Cajas contra directivos y accionistas de Minera Majaz S.A. (hoy Río Blanco Copper S.A.), por su intención de realizar actividades mineras en las tierras de las citadas comunidades, sin contar con los permisos correspondientes.
Así mismo, la empresa minera ha recibido una multa de parte del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) por incumplir compromisos asumidos en sus estudios ambientales, así como por haber generado contaminación y daños al medio ambiente.
www.cnr.org.pe – Lima 29/03/2008
REMURPE CONDENA DENUNCIA POR TERRORISMO A ORGANIZADORES DE CONSULTA VECINAL EN PIURA
A través de un pronunciamiento, la Red de Municipalidades Rurales del Perú (REMURPE) expresó su indignación y total rechazo a la denuncia penal por terrorismo que pesa en contra de los alcaldes y ambientalistas que organizaron la consulta vecinal celebrada en setiembre pasado en las provincias piuranas de Ayabaca y Huancabamba, sobre las operaciones mineras.
Wilbert Rozas Beltrán, alcalde de Anta y Coordinador Nacional de la REMURPE calificó de “absurda” la denuncia, y de ser un acto de “prepotencia y abuso” de parte de los grupos económicos mineros.
“Además de ser absurda esta denuncia, lo que deja en claro es que se trata de una respuesta prepotente y descarada de los grupos mineros, quienes hacen y deshacen en nuestro país, gracias al apoyo que les brinda el gobierno”, manifestó.
Rozas Beltrán señaló que esta denuncia atenta contra el derecho principal de todo ciudadano, que es el de expresar sus opiniones. “No todo aquel que no piense igual o siga la línea de gobierno quiere decir que sea un terrorista, eso es muy grave y dañino para el país”, agregó.
De otro lado, Raúl Cardoza Gutiérrez, presidente de la Red de Municipalidades Rurales de Piura (REMURPI) y alcalde del distrito Salitral, provincia de Morropón, expresó también su rechazo y garantizó el total respaldo de su entidad no sólo para condenar esta denuncia, sino para sacar a la luz los intereses que estarían detrás de ella.
“Esta denuncia es inconcebible, qué delito puede ser el hecho de haber realizado una consulta vecinal, que además, dejó en claro que la población rechazaba la actividad minera de Majaz, allí están los resultados oficiales, o van a decir que toda la población que dijo ‘No’ es terrorista. Esto es un absurdo, un abuso de autoridad”, remarcó.
El 24 de marzo, la “Asociación Civil Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas” (ACFUCCSC), entidad de reciente creación, y que apoya las actividades de la empresa Minera Río Blanco Copper S.A (antes Minera Majaz S.A.), denunció a 28 personas que impulsaron la consulta vecinal en Piura y los sindican como representantes de grupos radicales de izquierda y remanentes de Sendero Luminoso (SL) y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
La denuncia, derivada en tiempo récord desde la Quinta Fiscalía Procesal Penal de Piura a la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (DINCOTE), incluye a alcaldes así como a conocidos activistas y defensores de derechos humanos en el país. Entre ellos destacan los integrantes de la Red Muqui, Javier Jahncke Benavente, Julia Cuadros y Juan Aste Daffós; Nicanor Alvarado, del Vicariato Apostólico de Jaén; Carlos Martínez, alcalde provincial de San Ignacio; así como Wilson Ibáñez del Frente de Defensa del Medio Ambiente de Huancabamba, Servando Aponte y Cenesio Jiménez, presidentes de las comunidades campesinas de Segunda y Cajas y Yanta, entre otros.
Según han denunciado diversas instituciones y organizaciones piuranas, la ACFUCCSC está compuesta por personas que no son parte de la comunidad de Segunda y Cajas, y mucho menos tienen alguna representación de las organizaciones sociales locales.
Señalan también que esta denuncia contra los defensores de los recursos naturales de Ayabaca, se da en medio de una campaña emprendida por algunos medios de prensa, empresas y por el propio gobierno, que pretenden vender la falsa idea de la existencia de una supuesta “red antisistema” que se opone a la minería y busca desestabilizar al gobierno.
Cabe precisar que, actualmente, existe un proceso penal y una investigación fiscal en el Juzgado Penal Mixto de Ayabaca y la Fiscalía Provincial Mixta de Huancabamba por delito de usurpación agravada, iniciado por las comunidades campesinas de Yanta y Segunda y Cajas contra directivos y accionistas de Minera Majaz S.A. (hoy Río Blanco Copper S.A.), por su intención de realizar actividades mineras en las tierras de las citadas comunidades, sin contar con los permisos correspondientes.
Así mismo, la empresa minera ha recibido una multa de parte del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) por incumplir compromisos asumidos en sus estudios ambientales, así como por haber generado contaminación y daños al medio ambiente.
www.cnr.org.pe – Lima 29/03/2008
ADVIERTEN ALIANZA ENTRE GOBIERNO Y MINERAS PARA DESACREDITAR A ORGANIZACIONES SOCIALES
La denuncia por terrorismo presentada contra 28 personas que respaldaron la consulta vecinal en Piura para determinar la presencia de la empresa minera Majaz, se ha dado coincidentemente en el marco de la visita del presidente de la República, Alan García, a China donde se reunió con representantes de la empresa minera Zijin Mining Group, accionista mayoritario de la ahora denominda Rio Blanco Copper.
Así lo consideró el Coordinador de la Oficina del Medio Ambiente del Vicariato San Francisco Javier de Jaén (Cajamarca) Nicanor Alvarado, quien a través del programa “Análisis Nacional” de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR) aseguró que el gobierno y las empresas mineras “intentan desacreditar y terminar con todo tejido social que se les oponga”.
“El gobierno y las empresas mineras internacionales, han decidido acabar con todo lo que es el tejido social (...) hay una paranoia que intenta desacreditar a todo organismo social; el objetivo es detenernos, terminar con nosotros”, aseguró.
Alvarado Carrasco responsabilizó directamente al gobierno y a las empresas mineras de lo que pueda ocurrir tras la denuncia formulada en su contra como impulsor de la consulta vecinal del 16 de setiembre del 2007.
Finalmente, el representante de la Oficina de Medio Ambiente del Vicariato de Jaén, anunció que presentarán una querella judicial contra el diario "Correo" de Piura, por difamación.
Cabe recordar que la denuncia por terrorismo, fue presentada por la autodenominada “Asociación Civil Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas” (ACFUCCSC) y afirma que la mayoría de los implicados representan a grupos radicales de izquierda y remanentes de Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), todos ellos vinculados al Movimiento Bolivariano.
www.cnr.org.pe – Lima 29/03/2008
