EL PETRÓLEO DE LOS CAMPESINOS

Álvaro Vargas Llosa

El reciente conflicto entre el gobierno peruano y miles de indígenas de la Amazonía por el intento del presidente Alan García de facilitar la venta de tierras de las comunidades nativas ha despertado poca adrenalina internacional. Pero el tema ofrece grandes lecciones para un continente en el que la tensión entre modernidad y tradición es de nunca acabar.

En mayo y junio de este año, el gobierno promulgó dos decretos legislativos que redujeron el grado de consentimiento necesario para que las comunidades nativas puedan enajenar sus tierras. La ley vigente exigía el voto de dos tercios de los miembros de la comunidad, mientras que los nuevos decretos sólo exigían el consentimiento de la mitad en asamblea abierta. Los decretos abarcaban a todo el país, pero generaron una monumental rebelión en la jungla amazónica, un área rica en hidrocarburos destinada a la exploración petrolera y gasífera, y en la que trescientos mil indígenas viven en una pobreza abyecta.

Ante la presión de organizaciones no gubernamentales y líderes de movimientos indígenas, el Congreso peruano finalmente derogó los decretos, pero el gobierno procura rescatar parte de su propuesta mediante alguna negociación.

Las autoridades sostienen que una modificación de las leyes proteccionistas conducirá a la modernización de las regiones más paupérrimas del país gracias a una masiva inversión privada. Los críticos dicen que los nativos serán fácilmente manipulados por grandes empresas, cuyos proyectos energéticos harán estragos en el medioambiente y en las comunidades selváticas.

La confrontación política ha desvirtuado el verdadero problema, que es el de la propiedad del subsuelo. Como en otras partes de América Latina, el Estado peruano es desde hace siglos el propietario del subsuelo. Eso implica que, a diferencia de lo que sucede por ejemplo en los Estados Unidos, si una persona, familia o comunidad detenta la propiedad de una parcela de tierra, no es dueña de lo que está debajo.

Este conflicto de intereses provoca desastres. Cada vez que un gobierno alienta el desarrollo económico invitando a las empresas mineras y energéticas, foráneas o locales, a invertir en un proyecto, los residentes del área en cuestión o sus alrededores, por lo general campesinos, se sienten amenazados. Como la única manera que tienen de protestar eficazmente es seguir a los políticos y grupos de presión que hablan en su nombre, los comuneros se aglutinan detrás de individuos interesados, más bien, en sus ideas socialistas acerca del desarrollo o en sus carreras.

La propiedad estatal del subsuelo se basa en leyes coloniales que, según Enrique Ghersi, académico peruano que propone terminar con la propiedad estatal del subsuelo, han sido groseramente malinterpretadas. Los principios universales de propiedad que se remontan al derecho romano reconocen que los individuos que poseen un título sobre un bien inmueble prolongan su dominio por debajo de la superficie.

En el conflicto peruano, hay, además, otro tema de principios. Las normas que exigen el voto de dos tercios para que una comunidad venda sus tierras son una imposición colectivista de raíces ancestrales muy dudosas. Se retrotraen a la época colonial, cuando bajo la presión de la Iglesia Católica la corona española procuró proteger a la población nativa de las exacciones privadas de los colonos ibéricos. Ese tratamiento legal fue empeorado en épocas contemporáneas con experimentos socialistas que obstaculizaron el desarrollo de los nativos peruanos.

Los dirigentes indígenas que invocan la “tradición” para mantener el voto de los dos tercios tiemblan, por supuesto, ante la idea de permitir a su propia gente escoger libremente. En esto, el Presidente acierta cuando quiere que los comuneros tengan más libertad de elección. Pero como el Estado es dueño del subsuelo, lo que debería ser una disputa entre campesinos ansiosos de ejercer sus derechos individuales y los dirigentes comunales que se interponen en su camino se ha vuelto una lucha por la “supervivencia” del pueblo indígena contra un gobierno que pretende que las grandes corporaciones petroleras usurpen su riqueza.

Si los campesinos poseyesen el subsuelo y sus recursos, imagínense ustedes la rebelión que tendría lugar en muchas comunidades de los Andes y de la Amazonía contra los dirigentes de organizaciones como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, que ha encabezado la reciente movilización contra las autoridades. ¿Cómo le dirían a un campesino sentado sobre miles de millones de dólares de gas o petróleo y ansioso por vendérselo o dárselo en concesión a un inversor privado, o por asociarse con él para explotarlo, que la “tradición” lo obliga a permanecer miserablemente pobre?

Diario Expreso – Lima 03/09/2008

BRACK DEFIENDE NORMALIDAD DE LA ‘INSPECCIÓN FISCAL' A AIDESEP

Ministro del Ambiente recuerda que la decisión de observar o no la ley N° 2440 es exclusiva de Alan García. Hoy hay Consejo de Ministros.

Carolina Martín.

Apoyo. Basándose en su experiencia Antonio Brack respaldó gestión de APCI.

Usó como argumento sus años de experiencia trabajando en Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y negó que la fiscalización que inició la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) forme parte de una acción de amedrentamiento del gobierno tras la última protesta amazónica.

El ministro del Ambiente, Antonio Brack, no explicó sin embargo si las usuales fiscalizaciones a ONGs que manejan fondos internacionales se hacen a principios de cada año, o a mediados y con carácter retroactivo (APCI pidió ver documentación del manejo financiero de la asociación desde el 2006).

"Antes de ser ministro del Ambiente, también he trabajado en una ONG y estábamos supervisados y podíamos tener inspección de APCI. Eso es muy común para todos los que manejan fondos internacionales", se limitó a precisar.

Brack declaró a la prensa tras su presentación ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso, donde expuso los lineamientos de su ministerio y sus futuras acciones, así como rechazó rotundamente el uso de transgénicos en plantas específicas de la biodiversidad peruana.

ESPERAN AL CONGRESO

El ministro sorprendió a la prensa negando ser el interlocutor del ejecutivo con los indígenas ("el interlocutor es el premier", defendió), recordó que los decretos 1015 y 1073 ("con los que el Ministerio del Ambiente no tiene nada que ver") ya están derogados, y afirmó que observar o no la ley 2440 que los anula es potestad única y exclusiva del presidente Alan García, el cual se reunirá hoy con el gabinete ministerial en Palacio de Gobierno.

Igualmente, aseveró que el gobierno está a la espera de que el Congreso termine de conformar la mesa de diálogo con las organizaciones indígenas para ver cómo actuar, y confirmó el contacto entre la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y Aidesep.

"Estamos esperando que el Congreso termine de ver todos los aspectos legales de la comisión que se ha nombrado para ver estos asuntos, para definir cómo va a intervenir el Ejecutivo", dijo.

EL DATO

Poca plata. El Ministerio del Ambiente tiene un presupuesto de S/. 94 millones, menos que el del IPD. Entre bromas, Brack recordó que es más importante el aire que una "pelotita" de fútbol.

Diario La República – Lima 03/09/2008

CAJAMARCA: NECESITA UN SENTIDO DE DIRECCIÓN

Escrito por Rosa Florián

Los cajamarquinos necesitamos mirar al porvenir con una visión compartida. Esta visión, necesariamente regional debe complementarse con la visión nacional y liderada con firmeza y convicción. El Gobierno Regional, debe asumir decididamente un rol promotor y ejecutar una estrategia integral que permita generar bienestar social, a partir de la inversión privada, motor indispensable de desarrollo sostenible, de estabilidad social y de construcción de infraestructura.

En esa perspectiva, el principal reto para la autoridad regional, es saber ¿Qué deseamos ser como región, dentro de cinco, diez, quince años?.

En esta amplia tarea, el factor clave es la inversión. Una región carente de infraestructura: carreteras, telecomunicaciones, electricidad, canales, agua y saneamiento, se observa, la nimiedad en el gasto público y la falta de voluntad para promover la inversión y el fomento de la actividad empresarial en el ámbito regional.

Cajamarca, necesita encontrar el rumbo, que lo permita anclar en buen puerto, es decir, necesita un capitán de un acorazado no un capitán de chalupa, que a veces no hace correcto, lo que no debe hacerse, y terminan originando un mayor gasto al Estado.

En ese contexto, preciso algunos casos concretos de la actual administración regional, que demandan una exhaustiva investigación: a) En febrero del 2007 el Gobierno Regional de Cajamarca resolvió de manera unilateral el contrato con la Universidad Nacional de Ingeniería para la construcción (asfaltado) del segundo tramo de la carretera Cajamarca - Celendín, en entera contraposición con las normas de contrataciones y adquisiciones del Estado, trayendo por consiguiente retraso y la no ejecución de la obra, decisión que ocasionó daño a la Región, b) La celebración del contrato de mejoramiento de la Carretera Sexi – La Colmena (Santa Cruz) otorgando un adelanto de 300,000 nuevos soles de adelanto a un pseudo representante del Ejército Peruano, c) El conciliar, con la empresa Consorcio Libertad que venía ejecutando la carretera Baños del Inca – Llacanora; así a pesar de contar con la opinión negativa de la Oficina Asesoría Jurídica del Gobierno Regional, por incumplimiento de contrato y adeudos a la Sunat, un alto funcionario regional firma un acta de conciliación en detrimento de los intereses del Gobierno Regional, d) y la rendición de cuentas, de las transferencias del Fondo de Compensación Regional, Canón Minero, Regalías, Remanentes y del endeudamiento. Señor lector, puede usted sacar sus propias conclusiones. Puedo ser amiga de la autoridad regional pero soy más amiga de la verdad.

La carencia de un Plan Estratégico Concertado Regional, de un Mapa de Potencialidades de la Geografía Económica Regional, y del nivel de Competitividad Regional, hace paradójicamente que la región más rica a su vez, sea la más pobre del país, por la pérdida de oportunidades y potencialidades. En los despachos congresales recibimos de la autoridad regional, legajos llenos de teoría, que contienen un resumen de proyectos regionales, sumando miles de millones. Sin embargo, en el referido Plan no se señala en ningún extremo metas concretas, medibles, verificables, cuantificables de mediano y largo plazo, sólo se aprecia una serie de ideas sin un adecuado plan de implementación, que terminan por confundir la realidad por un sentimiento de fe.

Un verdadero Plan Estratégico Concertado, no es una solución mágica, pero ofrece un sentido de dirección que enfoca y guía la toma de decisiones, y compromete los recursos con un futuro deseado y realizable. Ésta es una de las razones más importantes de la planificación participativa. Es sumar la inteligencia individual para multiplicarla como inteligencia colectiva y creadora.

La planificación participativa, en Cajamarca, debe graficarse en cuatro (4) importantes ejes temáticos: Desarrollo Humano (acreditar capacidades: el dinero sin ideas se pierde).

Minería (garantizar un clima social estable que promueva la inversión con responsabilidad social).

Turismo (fomentar el turismo: en el libro Encuentro Económico Cajamarca del BCR, se señala que en el año 2007 visitaron Cajamarca 10,000 turistas extranjeros a diferencia de los 150, 000 turistas que visitaron Arequipa. Los ingresos temporales del canon, se debe traducir en ingresos duraderos y definitivos, promoviendo la ejecución de grandes proyectos de infraestructura: carreteras, telecomunicaciones, electricidad agua y saneamiento, para impulsar el turismo en Cajamarca.

Agricultura (sabemos, es una tarea multisectorial, de diversos sectores: Agricultura, MTC, Energía y Minas; sin embargo, resulta importante impulsar la asociatividad agraria en Cajamarca, para darle a nuestros campesinos: asistencia técnica, créditos, una mejor cosecha y mayor capacidad negociadora).

Así, es esencial, que podamos desarrollar nuestra vocación productiva. Resulta que en cada caso es necesario identificar sobre la base de las potencialidades y capacidades de la Región, la vocación productiva que permita canalizar todas las energías necesarias, que prioricen el valor agregado, la productividad y la exportación, a partir de metas concretas.

Para mayor ilustración, cito a manera de ejemplo dos casos regionales: a) Cusco, tiene una vocación productiva sumamente clara para nosotros, el turismo. No obstante, muchos de los propios ciudadanos cusqueños piensan que su vocación fundamental es la agricultura: la falta de una visión compartida sobre su potencialidad turística hace que esta visión se abra como un abanico, y que no se focalice y priorice la utilización de recursos para el desarrollo de esta Región, b) Puno, tiene el doble de turistas que Arequipa y Cajamarca, por el Titicaca, por ser el lago navegable más alto del mundo, que constituye un gran atractivo turístico. Sin embargo, si nos fijamos bien, la gran mayoría de sus hoteles no miran al lago sino al cerro.

Es esa visión de vocación productiva la que tiene que despertarse en la clase dirigente y ciudadanos para liderar adecuadamente sus esfuerzos. Así podríamos triplicar y cuadruplicar el número de turistas. Ejemplos como este existen en cada una de nuestras regiones.

No esperemos, lo inesperado, la China, la fábrica industrial del mundo, importador de materias primas, está ad portas de celebrar el TLC con los 10 países del este asiático, ellos venden productos primarios al igual que nosotros, de darse ese tratado comercial, se pone en riesgo nuestro futuro, el valor referencial del mercado internacional del oro bajaría de manera ostensible y por consiguiente menos canon para las regiones productoras.

En resumen, ¿esperamos que una mano divina guíe nuestro destino por un buen camino o alguna teoría política permite esperar una evolución social espontánea de beneficio colectivo?. Pensemos por un momento en la renuncia a conquistar nuestro destino. La decidimos nosotros o la decide el azar, la naturaleza, el mercado o la atomización anárquica de millones de esfuerzos en miles de direcciones contrapuestas.

Si se entiende que la planificación participativa escoge el futuro, el camino seleccionado, es el sentido de dirección. Lograrlo será nuestra recompensa.

Se necesita de manera urgente trabajar una visión que nos proporcione un sentido de dirección respecto a qué tipo de Región se desea en el mediano y largo plazo. Sin embargo, también implica desarrollar una agenda específica de trabajo en el corto plazo, para dar inicio a dicho proceso. Por ello, se pueden plantear algunos objetivos y estrategias concretas que deben ser desarrollados durante este gobierno regional.

Por mi lado, considero siempre, que la política es el camino para servir a los ciudadanos, no para servirse de él.

www.cajamarcaopina.com – Cajamarca 03/09/2008