GOBIERNO DEBE PARAR ABUSOS DE EMPRESAS
“La democracia no se hace a base de leyes represivas y autoritarias para favorecer los intereses de los sectores privados, como hasta ahora viene haciéndolo el gobierno del presidente Alan García, sino con el pleno respeto a los derechos humanos y los intereses de la población”, expresó ayer el padre Marco Arana.
Conocido promotor y defensor del medio ambiente en Cajamarca, el padre Arana manifestó así su rechazo al último proyecto de ley que el Ejecutivo envió al Congreso con el objetivo de modificar el Código Civil y disolver supuestas “asociaciones violentistas” que provocarían la inestabilidad del país.
El también integrante del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides), agregó que con esta iniciativa legal (2872-2008/PE aprobada por el Consejo de Ministros y presentada en el Legislativo el último miércoles 19) ya es más que evidente que el Estado ha dejado de dar seguridad y resguardo a las poblaciones del interior para defender los intereses de los sectores privados.
En lugar de pensar en los intereses de este sector minoritario, dijo el sacerdote católico, “deben limitar las acciones de las empresas privadas de seguridad que tienen permiso para realizar acciones de seguimiento, chuponeo y hasta espionaje a líderes de las organizaciones comunales, que luchan por hacer respetar sus derechos”. “Para estas empresas no hay regulaciones ni impedimentos”, expresó indignado el padre.
Diario La Primera Lima 24/11/2008
“La democracia no se hace a base de leyes represivas y autoritarias para favorecer los intereses de los sectores privados, como hasta ahora viene haciéndolo el gobierno del presidente Alan García, sino con el pleno respeto a los derechos humanos y los intereses de la población”, expresó ayer el padre Marco Arana.
Conocido promotor y defensor del medio ambiente en Cajamarca, el padre Arana manifestó así su rechazo al último proyecto de ley que el Ejecutivo envió al Congreso con el objetivo de modificar el Código Civil y disolver supuestas “asociaciones violentistas” que provocarían la inestabilidad del país.
El también integrante del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides), agregó que con esta iniciativa legal (2872-2008/PE aprobada por el Consejo de Ministros y presentada en el Legislativo el último miércoles 19) ya es más que evidente que el Estado ha dejado de dar seguridad y resguardo a las poblaciones del interior para defender los intereses de los sectores privados.
En lugar de pensar en los intereses de este sector minoritario, dijo el sacerdote católico, “deben limitar las acciones de las empresas privadas de seguridad que tienen permiso para realizar acciones de seguimiento, chuponeo y hasta espionaje a líderes de las organizaciones comunales, que luchan por hacer respetar sus derechos”. “Para estas empresas no hay regulaciones ni impedimentos”, expresó indignado el padre.
Diario La Primera Lima 24/11/2008
