RED CIVIL DE PERÚ ACHACA CONFLICTOS MINEROS A DÉBIL INSTITUCIONALIDAD ESTADO
Los conflictos entre las comunidades peruanas y las empresas mineras responden a una débil institucionalidad del Estado, que no protege los derechos de sus pobladores a la tierra, al agua, a la salud y al trabajo, afirmó hoy la organización civil Red Muqui.
Perú tiene actualmente 189 conflictos sociales, según datos de la Defensoría del Pueblo, y aproximadamente 66 de ellos responden a diferencias entre comunidades y empresas dedicadas a la minería.
Esta situación puede responder al hecho de que el Estado peruano "no garantiza la protección del derecho de las poblaciones" a decidir sobre su tierra, y tampoco está priorizando el uso del agua para consumo humano ni agropecuario, declaró Marco Arana, representante de la organización Grufides, integrante de la red.
Arana recordó el caso de los canales de agua en el cerro Quilish, en el departamento de Cajamarca, rico en yacimientos de oro, que fueron otorgados a la empresa Yanacocha, propiedad de la estadounidense Newmont, a pesar del reclamo de los pobladores, que se quedaron sin líquido para el consumo humano y para regar sus campos.
El conflicto ha llegado hasta los tribunales, pues 32 campesinos que protestaron por la medida han sido condenados a seis años de cárcel y al pago de una millonaria indemnización a la firma.
Yanacocha es una de las empresas con mayor número de conflictos pues a ese caso se suman también las acusaciones en su contra por la presunta precariedad laboral de sus trabajadores, la contaminación con mercurio y la aparente apropiación de un canal de manantiales en la zona de La Ramada que afecta a la comunidad campesina de Porcón.
Perú tiene 17 millones de hectáreas concesionadas en su territorio para proyectos de exploración y explotación minera, lo cual representa el 13 por ciento de la superficie total del país.
La cartera de proyectos mineros asciende a 16.659 millones de dólares y el año pasado las utilidades netas de las siete mayores mineras asentadas en Perú fueron de 4.866 millones de dólares.
No obstante, el 70 por ciento de los 120.000 trabajadores mineros en el país "no tiene una relación directa con la compañía", no tiene beneficios sociales, ni derecho a la sindicalización, dijo José de Echave, director de CooperAcción, otra entidad civil integrante de la Red Muqui.
El pasado lunes falleció un policía en la sierra de Lima producto de un golpe en la cabeza con una enorme piedra lanzada por trabajadores de la mina Casapalca, que reclaman mejoras laborales.
De Echave agregó que, en los últimos dos años, el tema laboral está entrando con fuerza en los conflictos mineros y "lo de Casapalca muestra que la situación está en el límite".
Otro integrante de la red, Javier Jahncke, de la organización Fedepaz, criticó que se permita el desarrollo del proyecto de cobre Río Blanco, de las empresas china Zijin y la inglesa Monterrico Metals, que afectaría directamente a la población de Huancabamba en la región Piura.
La compañía ha denunciado a más de 300 pobladores por cargos de terrorismo, secuestro y desórdenes, por oponerse a sus planes de instalar un distrito minero en Huancabamba.
Los analistas comentaron que, ante la crisis financiera global que amenaza con detener el ritmo de la economía, es recomendable hacer un cambio en las reglas de juego porque no están funcionando.
Las expectativas de inversiones en el sector minero, por encima de los 10.000 millones de dólares en el próximo quinquenio, van a caer, como consecuencia de la actual crisis, pero probablemente no tanto como en la de 1997, apuntó De Echave.
http://noticias.terra.com 27/11/2008
Los conflictos entre las comunidades peruanas y las empresas mineras responden a una débil institucionalidad del Estado, que no protege los derechos de sus pobladores a la tierra, al agua, a la salud y al trabajo, afirmó hoy la organización civil Red Muqui.
Perú tiene actualmente 189 conflictos sociales, según datos de la Defensoría del Pueblo, y aproximadamente 66 de ellos responden a diferencias entre comunidades y empresas dedicadas a la minería.
Esta situación puede responder al hecho de que el Estado peruano "no garantiza la protección del derecho de las poblaciones" a decidir sobre su tierra, y tampoco está priorizando el uso del agua para consumo humano ni agropecuario, declaró Marco Arana, representante de la organización Grufides, integrante de la red.
Arana recordó el caso de los canales de agua en el cerro Quilish, en el departamento de Cajamarca, rico en yacimientos de oro, que fueron otorgados a la empresa Yanacocha, propiedad de la estadounidense Newmont, a pesar del reclamo de los pobladores, que se quedaron sin líquido para el consumo humano y para regar sus campos.
El conflicto ha llegado hasta los tribunales, pues 32 campesinos que protestaron por la medida han sido condenados a seis años de cárcel y al pago de una millonaria indemnización a la firma.
Yanacocha es una de las empresas con mayor número de conflictos pues a ese caso se suman también las acusaciones en su contra por la presunta precariedad laboral de sus trabajadores, la contaminación con mercurio y la aparente apropiación de un canal de manantiales en la zona de La Ramada que afecta a la comunidad campesina de Porcón.
Perú tiene 17 millones de hectáreas concesionadas en su territorio para proyectos de exploración y explotación minera, lo cual representa el 13 por ciento de la superficie total del país.
La cartera de proyectos mineros asciende a 16.659 millones de dólares y el año pasado las utilidades netas de las siete mayores mineras asentadas en Perú fueron de 4.866 millones de dólares.
No obstante, el 70 por ciento de los 120.000 trabajadores mineros en el país "no tiene una relación directa con la compañía", no tiene beneficios sociales, ni derecho a la sindicalización, dijo José de Echave, director de CooperAcción, otra entidad civil integrante de la Red Muqui.
El pasado lunes falleció un policía en la sierra de Lima producto de un golpe en la cabeza con una enorme piedra lanzada por trabajadores de la mina Casapalca, que reclaman mejoras laborales.
De Echave agregó que, en los últimos dos años, el tema laboral está entrando con fuerza en los conflictos mineros y "lo de Casapalca muestra que la situación está en el límite".
Otro integrante de la red, Javier Jahncke, de la organización Fedepaz, criticó que se permita el desarrollo del proyecto de cobre Río Blanco, de las empresas china Zijin y la inglesa Monterrico Metals, que afectaría directamente a la población de Huancabamba en la región Piura.
La compañía ha denunciado a más de 300 pobladores por cargos de terrorismo, secuestro y desórdenes, por oponerse a sus planes de instalar un distrito minero en Huancabamba.
Los analistas comentaron que, ante la crisis financiera global que amenaza con detener el ritmo de la economía, es recomendable hacer un cambio en las reglas de juego porque no están funcionando.
Las expectativas de inversiones en el sector minero, por encima de los 10.000 millones de dólares en el próximo quinquenio, van a caer, como consecuencia de la actual crisis, pero probablemente no tanto como en la de 1997, apuntó De Echave.
http://noticias.terra.com 27/11/2008
