PERÚ DEBE PREVENIR MUERTES
ILÍCITAS DE MANIFESTANTES
Deben cumplirse las normas
internacionales que regulan el uso de la fuerza y la jurisdicción militar
Cuando se producen hechos de
violencia durante manifestaciones públicas, las autoridades tienen la
obligación de restablecer el orden, pero deben además respetar plenamente los
derechos de los manifestantes y transeúntes por igual. Si bien su trabajo puede
ser realmente difícil, esto no justifica que actúen de manera irregular. La Policía debería recibir
las herramientas y el entrenamiento que necesita para proteger a sus miembros y
a terceros de actos de violencia, y debería rendir cuentas por su actuación
cuando sean sus propios agentes quienes apliquen la violencia de manera
ilícita.
José Miguel Vivanco,Director para
las Américas
El gobierno peruano debería
adoptar medidas para prevenir el uso ilegítimo de la fuerza letal por miembros
de las fuerzas de seguridad durante operativos de control de manifestaciones
públicas, señaló hoy Human Rights Watch en una carta dirigida al Presidente
Ollanta Humala. Durante el primer año de la presidencia de Humala 15 civiles
murieron durante protestas, aparentemente por disparos de la fuerza pública.
Una investigación llevada a cabo
por Human Rights Watch en relación a uno de los casos más graves y
recientes—vinculado con la muerte de cuatro civiles por disparos durante una
protesta el 3 de julio de 2012 en Celendín, Cajamarca— recabó evidencias que
sugieren de una manera convincente que las muertes fueron provocadas por el uso
ilegítimo de la fuerza letal por parte
de las fuerzas de seguridad.
Human Rights Watch también
manifestó su preocupación respecto de un proyecto legislativo que podría ser
aprobado por el Pleno del Congreso y que autorizaría el uso de la fuerza letal
en situaciones que no están contempladas por el derecho internacional.
“Cuando se producen hechos de
violencia durante manifestaciones públicas, las autoridades tienen la
obligación de restablecer el orden, pero deben además respetar plenamente los
derechos de los manifestantes y transeúntes por igual”, indicó José Miguel
Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. “Si bien su trabajo
puede ser realmente difícil, esto no justifica que actúen de manera irregular. La Policía debería recibir
las herramientas y el entrenamiento que necesita para proteger a sus miembros y
a terceros de actos de violencia, y debería rendir cuentas por su actuación
cuando sean sus propios agentes quienes apliquen la violencia de manera
ilícita”.
El 3 de julio, cuatro civiles
murieron y 16 resultaron heridos a causa de los disparos efectuados cuando
policías y soldados en Celendín dispersaban a un grupo de manifestantes que
repudiaba un proyecto de extracción de oro que afectaría su acceso al
suministro de agua. A pesar de que la protesta se había iniciado en forma
pacífica, los disturbios comenzaron cuando un grupo de manifestantes intentó
ingresar por la fuerza al edificio municipal. El Ministerio del Interior
anunció a través de un comunicado de prensa que un soldado y dos policías que
custodiaban la sede municipal habían recibido impactos de bala en las piernas.
Según versiones de la prensa local, los manifestantes también arrojaron piedras
y artefactos pirotécnicos de fabricación casera contra las fuerzas de
seguridad.
Conforme al derecho
internacional, el uso de armas de fuego contra los manifestantes únicamente
habría sido admisible si quienes dispararon creían razonablemente que debían
hacerlo para evitar que ellos o terceros sufrieran lesiones graves o perdieran
la vida.
Las pruebas recabadas por Human
Rights Watch sugieren de manera convincente que las fuerzas de seguridad no se
enfrentaban a una amenaza inminente en el momento en que se produjeron los
disparos mortales. Según varios testigos y la información consignada en los
registros hospitalarios, los manifestantes fueron heridos de bala más de una
hora después del momento en que el soldado y los policías habrían sido heridos.
Los residentes que presenciaron el momento en que dos de estos civiles eran
abatidos dijeron que las víctimas se encontraban en la vía pública observando
pasivamente los acontecimientos cuando fueron alcanzadas por los disparos.
Los soldados intervinieron
masivamente luego de que la policía perdiera el control de la situación en
Celendín, principalmente porque se agotaron los gases lacrimógenos, según
indicó a Human Rights Watch el más alto jefe policial de Cajamarca en ese
momento. El gobierno de Humala anunció recientemente que prevé destinar US$10
millones a la adquisición de equipos de protección y armas no letales para la Policía.
“Además de proveer equipos
adecuados, el gobierno debería asegurar que sus fuerzas armadas conozcan
debidamente las normas vigentes sobre uso legítimo de la fuerza, y dejar bien
en claro que cualquier persona que transgreda esas normas deberá rendir cuentas
por su actuación”, aseveró Vivanco.
Human Rights Watch también
expresó su preocupación por el uso de las fuerzas armadas durante operativos de
control de manifestaciones públicas. La intervención militar en actividades de
tipo policial se encuentra regulada en el Decreto 1095, adoptado en 2010
durante la presidencia de Alan García. El Decreto 1095 amplía el uso de la
jurisdicción militar a las “conductas ilícitas” del personal militar, y esta
norma podría aplicarse para evitar que la justicia penal ordinaria intervenga
en casos de violaciones de derechos humanos cometidas contra civiles por
militares.
Recientemente, el Congreso
peruano concedió al Presidente Humala facultades temporales para legislar sobre
un amplio espectro de temas relativos al rol, la estructura y las funciones de la Policía y las Fuerzas
Armadas, incluida en particular la potestad de reformar el Decreto 1095.
A partir de los resultados de la
investigación en Celendín y de entrevistas exhaustivas con altos funcionarios
del gobierno, Human Rights Watch identificó una serie de medidas clave que las
autoridades peruanas deberían adoptar para evitar que en el futuro se aplique
nuevamente la fuerza letal de manera indebida. Estas medidas incluyen:
-Investigar exhaustivamente todas las muertes
de manifestantes y transeúntes, y aplicar las sanciones correspondientes si se
determina que miembros de las fuerzas de seguridad han empleado la fuerza de
manera ilegítima.
-Asegurar que los miembros de las fuerzas de
seguridad que participen en operativos de control de manifestaciones públicas
reciban entrenamiento y equipos adecuados, y conozcan las normas sobre el uso
legítimo de la fuerza.
- Modificar el proyecto legislativo que
autorizaría el uso de la fuerza en contravención a lo dispuesto por las normas
internacionales y garantizaría la inmunidad de policías responsables por
muertes ilegítimas.
-Reformar el Decreto 1095 para asegurar que
el personal militar acusado de violaciones de derechos humanos contra civiles
sea investigado y procesado por autoridades de la justicia penal ordinaria.
Human Rights Watch 20.09.2012
