FISCALÍA INVESTIGA A POLICÍAS INVOLUCRADOS EN CONFLICTO CONGA

Ayer, a las 10: 00 de la mañana, en la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Cajamarca, las abogadas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Mirtha Vásquez y Amparo Abanto rindieron su manifestación en las denuncias interpuestas contra los policías que hicieron abuso de autoridad y cometieron actos de violencia para entorpecer la legítima defensa de los ciudadanos que habían sido detenidos el 04 de Julio del 2012 durante los incidentes del conflicto socio ambiental Conga.

La investigación registrada bajo el Caso No. 1706044502-2012-2617-0 que realiza la Segunda Fiscalía Provincial está referida a los abusos de autoridad cometidos por miembros de la policía de Cajamarca el día 04 de julio en contra de dichas abogadas que se encontraban ejerciendo legítima defensa legal en la Primera Comisaría de esta ciudad cuando fueron agredidas brutalmente. Las abogadas denunciantes manifestaron que el día de las agresiones también se encontraban en la Comisaría las abogadas Gladys Díaz y Enma Arce de la Defensoría del Pueblo quienes pudieron atestiguar algunos de los abuso de los policías que actuaban al margen de la ley y que por eso hoy afrontan denuncias a delitos de abuso de autoridad.

Las abogadas han identificado a varios de los policías que al interior de la Primera Comisaría las insultaron y agredieron ese día hasta lograr desalojarlas violentamente de las instalaciones policiales. Con ello se perpetró el delito de entorpecimiento de la legítima defensa de los ciudadanos que ese día habían sido golpeados durante su detención en las calles de la ciudad y en la provincia de Celendín el día anterior.

De modo especial las abogadas se apersonaron a la Comisaría para interesarse en el caso de Marco Arana Zegarra, quien horas antes había sido detenido sin mandato judicial y golpeado en la Plaza de Armas de la ciudad para luego ser conducido a una habitación dentro de la Comisaría policial donde fue torturado por tres policías quienes también se hallan investigados por la Fiscalía Penal de Lambayeque.

Varios policías han sido denunciados por abusos de autoridad y violencia contra las reconocidas abogadas defensoras de derechos humanos.

Entre los policías identificados que son motivo de la denuncia y la actual investigación de la Segunda Fiscalía Penal Provincial de Cajamarca se encuentran: Coronel Jaime González Cieza quien se desempeñaba como el jefe de la DIRTEPOL - CAJAMARCA. Capitán PNP Danny Bianchi Sánchez quien coordinaba y dirigía a los policías agresores dentro de la Comisaría. SOT PNP femenina de apellido Vargas quien intentó arrebatar violentamente la cámara fotográfica de la doctora Amparo Abanto en las afueras de la Primera Comisaría. Brigadier PNP de apellido Castro quien dirigió las agresiones contra las abogadas dentro de la Comisaría.

En las declaraciones vertidas por el ex sacerdote Marco Arana quien ha sido citado en calidad de testigo de las agresiones contra las abogadas, pidió que también se cite a los generales Raúl Salazar, Director Nacional de la Policía así como al General PNP, Abel Gamarra Director Nacional de Operaciones, ya que ambos se hallaban en las instalaciones de la Primera Comisaría ese día en que ocurrieron las graves violaciones de derechos humanos.

Otro de los policías denunciados es el de apellido Vela quien el día 4 de julio, fue uno de los principales agresores de las abogadas defensoras. Este mal elemento de la Policía Nacional fue uno de los que profería groserías contra las abogadas.

Otro de los policías envalentonados con las jóvenes abogadas es de apellido Ampuero quien con sus compañeros expulsaron de la dependencia policial a las abogadas e impidieron que ejerzan defensa sobre los detenidos que se encontraban dentro de la Primera Comisaría de Cajamarca.

La brutalidad policial consentida por los altos jefes impidió ese día el legítimo derecho de defensa de las personas que se hallaban detenidas, entre las cuales se encontraba el reconocido ambientalista Marco Arana Zegarra, a quien minutos antes habían torturado, dentro de la dependencia policial, específicamente en la oficina de Radio Patrulla, los policías Alberto Vásquez Becerra y el Teniente Christian Marlon Escalante Huarcaya.

En las declaraciones las doctoras ante la Segunda Fiscalía Penal Provincial se consigna que la policía femenina de apellido Vargas Tello fue quien una vez que las abogadas habían sido desalojadas, es decir fuera la dependencia policial, intentó arrebatar violentamente la cámara fotográfica de la doctora Abanto y que fue el brigadier de la policía de apellido Castro quien dirigió directamente las agresiones contras las profesionales del derecho.

El día jueves 4 de octubre a horas 10 am la Fiscalía ha citado a varios de los malos policías para rendir su manifestación de los hechos. De iniciarse el proceso judicial, los policías podrían ser dados de baja y recibir penas de cárcel de dos a cuatro años por el delito de abuso de autoridad. Por lo pronto tendrán que presentarse a rendir sus declaraciones el día jueves próximo ante la fiscalía que ve el importante caso.

OTROS PROCESOS. COMPLICADA SITUACION PARA POLICIAS ABUSIVOS

Si bien líderes ambientales y diversas autoridades viene también siendo denunciados por su defensa de las aguas amenazadas por el proyecto Minas Conga en diversas fiscalías, las denuncias hechas contra los policías en este caso darían cuenta que no solo se cometieron actos reñidos con la ley de parte de la población movilizada, sino que quienes violaron la ley fueron los propios policías quienes en vez de cumplir la ley la ignoraron.

Las denuncias que afrontan por el caso de detención arbitraria, uso desproporcionado de la violencia y tortura contra Marco Arana Zegarra se están viendo en la Fiscalía de Lambayeque y en este caso de haber acusación fiscal los jueces tendrán que juzgar sobre delitos de lesa humanidad que no prescriben. Complicada, muy complicada situación en la que se han puesto policías que actuaron al margen de la ley para apoyar la imposición de Minas Conga. En el delito de abuso de autoridad las penas pueden variar entre 2 y 4 años y entre 5 a 10 años por el delito de tortura cometido dentro y fuera de la dependencia policial.

El Mercurio -Cajamarca 03.10.2012