CONCESIONES MINERAS SE INCREMENTARON EN 77.4%, AL MISMO RITMO QUE LOS CONFLICTOS
Así lo advierten organizaciones no gubernamentales que presentaron informe sobre conflictos en cinco regiones.
Milagros Salazar.
Causa y efecto. No resulta casual que al mismo tiempo que se han incrementado las concesiones mineras otorgadas por el Estado a las empresas, también se hayan intensificado los conflictos medioambientales. Entre 2002 y mayo de 2007, la cantidad de terrenos autorizados por el gobierno central para la actividad minera se disparó en 77.4%: de 7 millones 45 mil hectáreas a 13 millones 224 mil, según la ONG Cooperacción.
Al mismo tiempo, el 40% de los conflictos sociales en el país se deben a temas medioambientales, y la tendencia es que en 2008 la situación se agrave, asegura el jefe de la Unidad de Conflictos de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque.
"Hay una relación directa entre el aumento de permisos mineros que otorga el gobierno y los conflictos que se producen en estas zonas, debido a que también ha crecido la resistencia de los pobladores a este tipo de actividad por un mal manejo de la situación de las empresas y el Estado", dijo José de Echave, economista de Cooperacción.
De Echave fue uno de los expositores que presentaron el primer informe Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, elaborado por los organismos no gubermamentales Grufides, Fedepaz y Cooperacción.
CASOS EMBLEMÁTICOS
En el documento se reportan cinco casos emblemáticos en los que el conflicto ha llegado por momentos a altos niveles de violencia: Piura (donde opera Majaz), Cajamarca (centro de operaciones de la más importante aurífera de América Latina, Yanacocha), Junín (que alberga a la metalúrgica Doe Run en La Oroya, una de las diez ciudades más contaminadas del mundo), Cusco (con Tintaya, la tercera empresa de cobre en el país) y Apurímac (con la empresa suiza Xstrata y el proyecto cuprífero Las Bambas, que ha generado expectativa en los pobladores para obtener beneficios, y donde se prevén conflictos en el mediano plazo). En este último caso aún no se han reportando graves hechos de violencia.
La expansión geográfica de la actividad minera también se puede observar en estas cinco regiones debido al repunte del precio de los minerales desde 2003. En Piura, de 12.4% de territorios de la región que fueron concesionados en 2002 a las mineras, en mayo de 2007 se llegó a 17.2%. El crecimiento es más evidente en Cusco, donde la expansión casi se triplicó: de 303 mil 225 hectáreas en 2002 a 838 mil 978 en abril de este año. En Apurímac, el incremento es de 403 mil 705 hectáreas a 579 mil 632.
Y SIGUE CRECIENDO
Pese a que el Estado autoriza ca-da vez más territorios para la actividad minera al punto que falta poco para llegar a los 15 millones 597 hectáreas concesionadas en 1997 (la cifra más alta en las dos últimas décadas), la producción minera ha caído debido a que se han agotado las reservas de los minerales y en la mayoría de los casos los pobladores se oponen a que se continúe explotando nuevas zonas.
El Producto Bruto Interno (PBI) del sector minero en 1990 era de 8.60% y en 2006 descendió a 0.5%. Entre enero y setiembre de este año incluso hay un déficit de 0.16%.
"Esos territorios concesionados son otorgados para la exploración, pero en varios casos las empresas no pueden extraer los minerales (e incrementar su producción) porque tienen problemas con las poblaciones", sostiene De Echave.
En este escenario, el incremento de utilidades de la gran minería, que en 2006 llegaron a 4 mil 542 millones de dólares, se da por la bonanza del precio de los metales.
De Echave considera que, al agotarse el crecimiento minero en términos de producción, el gobierno debe pensar en cambios que le permitan recuperar gobernabilidad en las zonas de explotación, implementar efectivos mecanismos de fiscalización a las empresas, y no imponer la minería para conseguir más recursos a toda costa, sin considerar que esa actitud sólo atiza más el fuego.
Autoridad ambiental y plan territorial
Para los representantes de Grufides, Fedepaz y Cooperacción, el gobierno aprista quiere que el crecimiento económico basado en la minería continúe con un marco legal permisible que deja en un segundo plano la protección del medioambiente. Por ello se ha propuesto como meta que durante este quinquenio se inviertan 10 mil millones de dólares en este sector.
En la misma línea que la Defensoría del Pueblo, estas organizaciones no gubernamentales consideran que el gobierno debe encarar el incremento de los conflictos medioambientales considerando: la implementación de una autoridad ambiental independiente, el ordenamiento territorial de forma participativa, la elaboración de un plan de desarrollo integral y sostenible del país en el que el Estado proteja los derechos de los ciudadanos más pobres y excluidos sin priorizar los intereses de sectores empresariales, y que la información de los proyectos mineros y sus impactos se otorguen en forma transparente para que los pobladores puedan deliberar.
En el caso de Cajamarca, Patricia Rojas, especialista en temas de recursos hídricos de Grufides, señaló que la minera Yanacocha ha dañado varias fuentes de agua y que existe temor en las comunidades sobre la afectación de este recurso ante la ausencia del Estado en estas zonas.
El coordinador de la mesa técnica de apoyo al caso Majaz, Javier Jahncke, señaló que muchos productores agrícolas de zonas piuranas como Huancabamba y Ayabaca corren el riesgo de perder la certificación internacional de sus productos por la amenaza que representa Majaz.
Diario La República - Lima 29/11/2007
