EL “CHOLO BARATO”

Carlos Castro.
Subdirector.

Hace unos meses, ante una multitud de pobladores el presidente Alan García lanzó el siguiente mensaje: Qué importa el recorte de algunos derechos laborales si hay más empleo. A ustedes les pregunto: ¿les interesa tener más un empleo o 30 días de vacaciones de un trabajo inexistente? Luego insistió en la tesis que esboza el premier Del Castillo cuando enfrenta un paro convocado por las centrales sindicales. Esto es, que los trabajadores que gozan de todos sus beneficios son una reducida porción de la masa laboral del país.

Esta semana el ministro de Economía, Luis Carranza, el más liberal del gabinete de García, puso manos a la obra y, aprovechando el debate sobre la ley para la pequeña y mediana empresa, quiso meter gato por liebre, extendiendo el régimen especial al resto de las empresas, con el manido argumento de "bajar los sobrecostos laborales". En concreto, reducir el período vacacional de los trabajadores de 30 a 15 días, bajar las gratificaciones a una, sacar la CTS del camino, eliminar la asignación familiar, limitar a solo 24 horas el descanso semanal, suprimir el derecho a utilidades y por supuesto dejar sin efecto la póliza de seguro y el pago adicional por trabajo nocturno.

En conclusión lo que el MEF propone es apostar por el "cholo barato" si queremos nuevos capitales y que el Perú alcance el famoso "grado de inversión" del que tanto nos hablan. Estudios realizados por la OIT ponen en duda que la eliminación de los llamados "sobrecostos laborales" incida en un aumento de la producción. Al contrario de la tesis que nos quiere vender el MEF, la preocupación en el mundo –salvo en los regímenes dictatoriales– es ampliar los beneficios de los trabajadores, mejorar sus remuneraciones y sus condiciones laborales. Está fuera de toda duda que un trabajador con una remuneración adecuada rendirá más y por lo tanto aumentará la producción de la empresa.

Aquí, el gobierno ha reconocido que hay un retraso en la remuneración mínima vital. El reciente aumento busca equilibrar en parte esta inequidad. No es pues la aplicación de regímenes especiales la mejor alternativa. Peor aun cuando, como lo ha señalado Humberto Campodónico en una reciente columna, la participación de los salarios en el PBI ha bajado de 25 a 21.8% en lo que va del período del 2003 al 2006. Y fíjese que son años de crecimiento económico. Un porcentaje muy distante al de los años 70 cuando la participación de los salarios era del 40% del PBI. En contraste, las utilidades de las grandes empresas han pasado, según el mismo Campodónico, del 58.7 al 62% del PBI. Lo que nos dicen estas cifras es que hasta ahora con el crecimiento económico los que ganan son los empresarios.

¿Por qué entonces tienen que ser siempre los trabajadores los que pierdan parte de sus derechos para sustentar la teoría del MEF de atraer nuevos capitales? ¿Por qué no reducir las utilidades de los empresarios, que como está demostrado son mayores?

Lo que no se dice en el MEF es que las clasificadoras de riesgo para otorgar el "grado de inversión" a un país toman en cuenta también la responsabilidad social de los gobiernos, su política remunerativa, su política de medio ambiente. No es pues el "cholo barato", que nos retrae a otras épocas, lo que sacará a este país de los niveles de pobreza que hoy padece. Los derechos de los trabajadores –no lo olviden, teóricos del MEF– están reconocidos por la Constitución.

¿Qué ocurriría si se aprueba la propuesta del MEF? Las empresas apelarían a los despidos para contratar trabajadores con el nuevo régimen. ¿Olvidan acaso en el MEF que a igual trabajo deben corresponder iguales derechos? ¿O es que desean generar situaciones como las que se presentaron últimamente en Casapalca? Hasta el próximo domingo.

Diario La República – Lima 21/11/2007