Wilfredo Ardito Vega
Durante estos días, debido a que desde hace tres años trabajo en APRODEH, he recibido mensajes de solidaridad de numerosas personas. Para algunos, nada de lo que digan Lourdes Alcorta, Aldo Mariátegui o Mauricio Mulder puede ser cierto, por lo que seguramente APRODEH habrá tenido razón en lo que haya hecho o dicho. Otros coinciden con la carta enviada al Parlamento Europeo indicando que el MRTA ya no existe y elogian la valentía de APRODEH. Existen quienes también se solidarizan, pero creen que la carta fue un error que ha afectado a todo el movimiento de derechos humanos.
En cuanto a mí, he considerado siempre al MRTA como un grupo terrorista, empeñado además en brutales prácticas de "limpieza social", pero creo que la furibunda campaña contra APRODEH siembra dudas sobre la existencia en el Perú de un "proceso transicional".
Se denomina así a lo ocurrido en varios países de Centroamérica y el Cono Sur, donde se pasó de conflictos armados o dictaduras cruentas a una situación de democracia que permitía juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado. Sin embargo, el caso peruano es diferente porque el fin del conflicto armado en 1992 llevó mas bien a la afirmación del régimen de Fujimori y éste, con los sectores neoliberales, aprovecharon la situación para proclamar una Constitución donde se eliminaban las disposiciones que garantizaban los derechos sociales.
Resulta paradójico que el trascendental juicio a Fujimori se produzca en vigencia de dicha Constitución cuando, por muchos aspectos que afectan a los sectores más vulnerables, pareciera que sigue gobernando: la precariedad en que se encuentran millones de trabajadores, la ausencia de un sistema de transporte público, los abusos de
A esto se añade que durante los ocho años siguientes al fin del conflicto, Fujimori y los militares lograron generar un sentido común que todavía subsiste: "las violaciones a los derechos humanos fueron el lamentable costo a pagar para conseguir la paz y el desarrollo". Naturalmente, esta percepción convenía también al APRA y a los integrantes de Acción Popular.
Por eso, aunque tuvimos una Comisión de
Entretanto, como ocurría en los años autoritarios, la muerte de quince personas por las fuerzas de seguridad durante el régimen de Toledo quedó en la impunidad. El retorno al poder de García complica aún más el panorama, porque esa cifra luctuosa ha sido superada en menos de veinte meses. El miércoles pasado, la policía asesinó a otro campesino en Puno.
Dos elementos añadidos agravan la situación: la ausencia de pluralismo en los medios de comunicación, especialmente la televisión, y los continuos ataques del régimen y sus allegados a quienes apoyan los derechos de campesinos e indígenas (Grufides, Fedepaz o Racimos de Ungurahui).
Como queriendo confirmar que jamás hubo una transición, durante este año los voceros del régimen sostienen que aparentemente seguíamos, sin saberlo, viviendo un contexto de violencia armada: con total ligereza emplean el término terrorista para descalificar organizaciones sociales, universidades, protestas ambientales e instituciones.
Se pasa también de la difamación a la acción: en Piura, 35 autoridades, líderes campesinos e integrantes de ONG han sido denunciados como terroristas. Sin juicio ni sentencia Carmen Azparrent, Melissa Patiño y otras cinco personas, han sido sometidas al régimen carcelario más severo, aunque no existe ninguna prueba para involucrarlas como terroristas.
Resulta extraño que antes de una cumbre internacional el gobierno en lugar de generar confianza, parezca empeñado en reactivar el temor al terrorismo. Sin embargo, aún antes de ello, la situación era preocupante: se ha establecido hasta 25 años de prisión para quienes bloqueen carreteras en protestas sociales (en tiempos de Fujimori eran tres años) y se ha dispuesto la inimputabilidad de militares y policías que maten civiles.
En los peores años de la violencia, trabajar en derechos humanos implicaba afrontar riesgos, amenazas, campañas de desprestigio y, muchas veces, una sensación de soledad. En mi caso, la solidaridad que mencionaba al principio ha impedido que esta sensación aparezca; pero en los últimos días he confirmado mi percepción de que el Perú no llegó a vivir un verdadero proceso transicional.
www.lainsignia.com – Lima 12/05/2008
ANUNCIAN QUE EL TRIBUNAL DE
Camposol, Río Blanco Cooper (ex Majaz) y Bayer son los casos en Perú, dice TPP. Aseguran que los presidentes Chávez, Morales y Correa participarán en mitin de cierre del encuentro en Plaza Dos de Mayo.
Romina Mella.
Eduardo Cavero
En plena marcha. Organizadores de
Durante el desarrollo de la "Cumbre de los Pueblos", el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) –que juzga y falla sobre casos de violaciones de derechos humanos y abusos laborales para luego ser entregados a ONGs con el fin de que asuman la defensa de los demandantes y sus casos sean judicializados– evaluará el accionar de veinte empresas transnacionales que operan en Latinoamérica y que vienen cometiendo, señalaron, abusos laborales contra sus trabajadores.
Según indicó Claudia Torelli, representante de dicho tribunal, tres empresas de la lista operan en el Perú: la minera Río Blanco Cooper (ex Majaz) acusada por
Torelli, quien lideró una conferencia de prensa junto con los organizadores de la cumbre, refirió que el último día del encuentro se harán públicas las sentencias de los casos.
MITIN DE CIERRE
En otro momento, Miguel Palacín, coordinador del evento, señaló que se llevará a acabo un mitin en
RESPALDAN PARALIZACIONES
El coordinador de
De otro lado, refirió que una delegación de la cumbre alcanzará las conclusiones del encuentro al canciller José Antonio García Belaunde para que sean recogidas por los participantes de
Diario
