PRECIO DE ONZA DE ORO LLEGARÍA A US$ 1,500

Para setiembre, proyecta Trevor Turnbull, del Scotia Capital de Canadá. ¿Y el fisco se quedará mirando las ingentes ganancias de mineras? Reabren debate para cobrar impuesto a las sobreganancias.

José Carlos Reyes.

Al alza. Cuando la economía mundial trastabilla y el dólar baja los inversores se refugian en el oro.

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Especialistas y congresistas demandaron al gobierno establecer un impuesto a las sobreganancias mineras debido a que la tendencia al alza en el precio internacional de los diversos minerales continuará en el largo plazo.

Por ejemplo en el caso del oro, su precio internacional podría incrementarse en 50% hacia el final del año, según proyectó ayer el director de Mercados de Oro y Metales Preciosos del Scotia Capital (Canadá), Trevor Turnbull.

"El precio del oro podría bordear los US$ 1,500 en setiembre. Ello debido a la presión de factores especulativos", indicó Turnbull durante el VIII Simposio Internacional del Oro realizado en Lima.

Ayer el precio de la onza (31.10 gramos) de oro cerró en US$ 928.6 en la Bolsa Mercantil de Nueva York y se encareció en US$ 8.4 respecto a la sesión del martes. Debe indicarse que el récord de cierre de la onza de oro fue el pasado 17 de marzo, cuando el oro trepó a US$ 1,002.6 por onza.

En los últimos diez años el precio del cobre se cuadruplicó, mientras que el del oro y plata se triplicó.

José de Echave, especialista en temas mineros de CooperAcción, considera que el Perú debe beneficiarse de esta coyuntura extraordinaria de precios a través de un impuesto extraordinario a las sobreganancias mineras, tal como se aplica en otros países.

"Las empresas no se irán. No están ganando más por mayores inversiones o producción, sino por los mayores precios internacionales. Además el impuesto sería temporal debido a esta coyuntura y luego desaparecería", apuntó el experto.

PROPUESTA EN CONGRESO

El congresista de Unión Por el Perú (UPP) Juvenal Ordóñez afirmó que tanto su bancada como la del Partido Nacionalista Peruano (PNP) volverán a presentar a la Comisión de Energía y Minas del Congreso diversos proyectos para gravar con nuevos impuestos a las mayores utilidades obtenidas por las empresas mineras en los últimos años.

Una de las propuestas constituye como utilidad estándar la máxima obtenida anualmente por las mineras hasta el año 2003. Y en base a ello grava con 50% las mayores utilidades reportadas a partir de ese año. "Con ello tendríamos S/. 2 mil millones al año y en tres años S/. 6 mil millones. El aporte voluntario (léase "óbolo") que ofrece la minería es de S/. 2,500 millones en un quinquenio, al año son S/. 500 millones", recordó Ordóñez, quien advirtió que de lo contrario "la población comenzará a percibir un saqueo de nuestros recursos", señaló.

Explicó que en junio el Congreso debatirá la reforma del Estado. "Pero también incluye la reforma en la legislación para modificar los contratos de estabilidad tributaria a las mineras y estas puedan pagar más impuestos".

DATOS

Pobreza. La ONG inglesa Christian Aid destacó en un reciente informe publicado por la BBC que el Perú, pese a ser el segundo productor de plata más importante del mundo y el sexto en oro y cobre, no vio incrementar sus beneficios tanto como las empresas extranjeras que operan en el país.

Sobreganancias. La ONG Propuesta Ciudadana resaltó que solo entre 2005 y 2006 las utilidades de las mineras pasaron de US$ 13 mil millones a US$ 23 mil millones.

Diario La República – Lima 22/05/2008

Editorial

¿ADIÓS COMUNIDADES?

El Poder Ejecutivo, cada vez más decidido en su política de gobernar el país por medio de Decretos Legislativos, pasando por encima de las atribuciones del Congreso, acaba de publicar el DL 1015 que, detrás del propósito aparente de uniformizar el régimen jurídico de las comunidades costeñas, andinas y nativas, busca alterar el tradicional sistema de votación vigente en ellas y considerar solo el 51% de los presentes, abandonando el sistema que obliga a que las decisiones importantes (léase venta de terrenos o disposición de bienes comunitarios; incluso disolución o cambio de régimen de la comunidad) tengan que tomarse por mayoría calificada, y en algunos casos por dos tercios de los votos de los comuneros.

Un proyecto semejante (el número 1992) había sido presentado por medio de la CPA al Congreso hace varios meses, mereciendo un dictamen negativo de la Comisión de Pueblos Indígenas. En estos días se esperaba su pase a otras comisiones, donde el sentir de los parlamentarios era el mismo. Curándose en salud, y adelantándose a una posible derrota, el Ejecutivo ha sacado el DL 1015, que en lo esencial propone lo mismo que el polémico proyecto de ley.

No es necesario ser zahorí para adivinar cuál es el objetivo oculto de este DL, sobre todo luego de que el presidente García pusiera a las comunidades en su interminable lista de "perros del hortelano". Una vez que el mencionado DL entre en vigencia, bastará que un mínimo de comuneros presente la iniciativa de vender las tierras comunales y se declare en asamblea, para que tal acuerdo pueda ser considerado válido. Obsérvese que no es otra la táctica de "penetración" de transnacionales en las comunidades reacias a permitir la explotación minera o petrolera en sus tierras: buscan dividir a sus miembros mediante ofertas, reales o fantasistas, tal como ahora mismo viene ocurriendo en Majaz.

Creemos que el Congreso debe tomar cartas en el asunto y ejercer su facultad constitucional de revisar y corregir toda norma legislativa dictada por el Ejecutivo para modificar o derogar este DL, discutible desde varios frentes. Históricamente, las comunidades costeñas, andinas y selváticas no son lo mismo: obedecen a distintas tradiciones y costumbres y, por consiguiente, puede discutirse este intento de "uniformizarlas".

Pero, además, se trata de una norma que, sin la menor duda, va a alterar la paz social y la estabilidad jurídica del país, enfrentando entre sí a los comuneros y dando paso a interminables procesos, cuando no a la violencia. Por lo mismo, las comunidades agredidas tienen la posibilidad de defenderse: para ello basta que presenten este DL a calificación por el Tribunal Constitucional. También 30 congresistas podrían hacerlo.

Diario La República – Lima 22/05/2008