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Algunos grandes proyectos deberán obtener licencia social para seguir adelante. Conga anuncia protestas.
Elízabeth Prado.
Una serie de conflictos socioambientales vinculados a importantes
proyectos mineros se vislumbra para este año en diferentes puntos del
país. Uno de ellos está en Espinar, Cusco, y podría ser provocado por el
tendido de un mineroducto que va desde Las Bambas hasta la provincia
cusqueña.
La instalación requiere de la aceptación de los campesinos para que la
empresa utilice sus tierras. El impasse surgiría si los comuneros
deciden solicitar cifras altas por el derecho de servidumbre, y si la
empresa considera que al tratarse de una inversión que traerá beneficios
y progreso a la zona se debe facilitar el tendido de tuberías.
Un segundo eventual escenario de conflicto es Kañaris, en cuanto a la
exigencia del derecho a la consulta previa. Tal posibilidad se alejaría
si la canadiense Candente no vuelve a invertir, lo cual es factible al
tratarse de una empresa junior que en la actualidad está operando solo
al 20%. Sin embargo, no se descarta que este año la minera acopie
capitales en la Bolsa de Toronto.
Otro foco de probables protestas es la Amazonía, específicamente las
cuencas del Tigre, Corrientes, y Pastaza. Se trata de áreas donde hay
exploración y explotación de hidrocarburos. En estos lugares la
población indígena no solo exige que se cumpla la Ley de Consulta, sino
que están decididos a no permitir más contaminación por derrames
petroleros.
No hay que perder de vista el reinicio del proyecto Conga. Newmont
tenía planeado conectar la explotación de cobre en Conga con el que
existe, debajo del oro, en la mina Yanacocha, a fin de constituir un
gran complejo cuprífero.
No obstante, los 5 mil millones de dólares que la minera separó para
Conga estarían destinados a la adquisición de Xstrata-Las Bambas.
Un indicio es que Newmont se ha aliado con Teck Resources para entrar a
la licitación y competir con Chinalco. Los resultados de la puja se
conocerán en enero. Aun así los comuneros de Conga ya anunciaron nuevas
protestas.
En tanto, el Estado sigue concretando alianzas con comunidades,
gobiernos regionales y empresas, lo que ha debilitado las protestas
trastocándolas en luchas por mayores beneficios mineros y petroleros
para la población adyacente.
Claves
El analista José López Follegatti señaló que las necesidades de agua,
educación, electricidad, en zonas de inversión minera son asumidas por
el Estado.
"El 2010, en el gobierno de Alan García, las empresas ponían el 90% de
los fondos sociales. El Estado ponía el 10%. Al final seguían los
conflictos. Hoy, el Estado da 70% u 80% de dichos fondos y la empresa el
20%", refirió.
Diario La República 03.01.14
