El domingo en La República se publicó un reportaje sobre lo sucedido
en Cajamarca con las trabajadoras sexuales de los night club Alondra y
PK2 que fueron golpeadas por las rondas urbanas. A mi entender, el
reportaje adolece de confusión en relación con los que implica la
institución “rondas” y en la medida que he trabajado el tema desde hace
muchos años quería aclarar algunos puntos.
Ante todo quiero dejar constancia de mi indignación por lo sucedido:
simplemente lo que hicieron las rondas urbanas es un delito y se
tipifica de lesiones contra el cuerpo y la salud. Las fotografías de las
piernas de las lesionadas las expusieron ellos mismos y dan cuenta de
un atropello y violación de los derechos humanos de todas estas jóvenes
y, desde que sé, las rondas siempre han respetado la Constitución y la
legalidad. Me solidarizo con todas las mujeres agredidas y espero que se
inicie una investigación fiscal que termine en sanción a los culpables.
Sin embargo, creo que la percepción de esta situación en el contexto
del inminente inicio de trabajos mineros para desaguar la laguna El
Perol, así como de las declaraciones de ayer de Vladimiro Huaroc (“Si no
se rescata el Estado de derecho en Cajamarca puede devenir el
descontrol”), está siendo aprovechada por ciertos sectores para mellar
la credibilidad de las rondas campesinas y desacreditar una lucha justa
contra el Proyecto Minero Conga, que poco a poco está siendo cercada por
los contratos entre la PNP y las empresas mineras, así como por la
flexibilidad que permite a la policía y los efectivos del Ejército hacer
uso de la fuerza letal incluso si es con otras armas de fuego que no
son las reglamentarias (Ley 30151 publicada ayer en El Peruano).
El reportaje de Óscar Miranda del domingo apenas plantea una
diferencia entre las rondas urbanas y las rondas campesinas, pero ni en
Lima ni en otras ciudades del Perú se percibe la diferencia. Por la
forma como Miranda narra los hechos, se entiende que los ronderos
urbanos, con Chuquilín a la cabeza, se imponen como moralizadores
autoritarios sin, por supuesto, tener ningún tipo de acreditación para
ello. Y eso es cierto, pero los ronderos que yo conozco también perciben
esta actuación de las rondas urbanas como algo contrario al mandamiento
ronderil. Recordemos que las rondas campesinas están reconocidas en el
Art. 149 de la Constitución, y sus funciones y límites en un acuerdo de
sala plena de la Corte Suprema.
El día viernes estuve en El Tambo, en las alturas de Bambamarca, y
le pregunté a Manuel Ramos, uno de los líderes más reconocidos de las
rondas en todo el departamento, sobre su opinión de lo sucedido en el
Alondra. Ramos me dijo: “Jamás las rondas de El Tambo le han pegado a
una mujer, jamás hubiéramos actuado de esa manera. Y si tendríamos que
entrar a un lugar donde se ejerce la prostitución clandestina,
hubiéramos sancionado a los cafichos y a los explotadores, no a las
explotadas”. Entiendo que en Lima se percibe la prostitución como un
ejercicio de libertad de trabajo y de uso del cuerpo como espacio de
mercancía dentro de los anchos límites del mercado. Quizás esto sea
cierto para un porcentaje muy reducido de trabajadoras sexuales, en
términos generales en nuestro país, la prostitución implica una
situación de explotación de jóvenes mujeres, sobre todo, en zonas
alrededor de campamentos mineros legales e ilegales.
Pero el debate sobre la prostitución es otro tema. Regresando a las
rondas y sus funciones, considero que Vladimiro Huaroc y las autoridades
de este gobierno tendrán que saber que los ronderos y ronderas de
Cajamarca, Piura, Amazonas, y de otros lugares, no están “jugando a la
ronda”. Estamos hablando de una institución muy compleja que surge en
los vacíos de poder del Estado, no por ausencia como suponen muchos,
sino por corrupción entre los jueces, policías y operadores de justicia
como sucedió en Cuyumalca, Chota, en 1976. ¿Las rondas campesinas
administran justicia? Por supuesto que sí, desde hace más de veinte años
legalmente. ¿Esto implica que el Estado ha cedido el monopolio de la
administración de justicia? Claro que sí, pero en el contexto de una
realidad signada por el difícil acceso a la justicia en zonas rurales.
Las rondas campesinas son una institución con varios éxitos además
del control del abigeato y de echar a Sendero Luminoso. Por eso, lo
sucedido así como la hipótesis de que los ronderos son aliados del
narcotráfico se están blandiendo como excusa para entrar a reprimir a
fuego letal a los ronderos y otros manifestantes que luchan por las
lagunas de Conga.
Diario La República 14.01.14
